EL MUNDO INDIGENA 2016

MEXICO Y AMERICA CENTRAL
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La CIDH otorga medidas cautelares en favor de indígenas mískitu
El 14 de octubre de 2015, la CIDH otorga las medidas cautelares solicitadas para
evitar daños irreparables de los derechos a la vida e integridad personal, a los miembros
de las comunidades indígenas Mískitu de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y
Francia Sirpi, en el territorio indígena Mískitu de Wangki Twi-Tasba Raya de la
RACCN., debido a que los ataques de colonos en contra de los indígenas se habían
recrudecido y aumentado en intensidad. Según CEJUDHCAN, del 2013 al 2015 han
sido agredidos unos 54 indígenas, de los cuales 24 fueron asesinados. Además,
cientos de personas, principalmente mujeres y niños, fueron obligadas a desplazarse
forzosamente por la situación de violencia generalizada. No obstante, según la CIDH,
hasta la fecha, “el Estado de Nicaragua no ha hecho nada para proteger a dichas
comunidades. Por el contrario, ha emprendido represalias en contra de las comunidades
beneficiarias, al suspender la implementación de proyectos de asistencia social”.
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El Estado de Nicaragua demandado ante la Corte IDH
El 1 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
autorizó iniciar la tramitación del caso María Luisa Acosta y otros, vs. Nicaragua sometido
a la CIDH. El caso versa sobre las graves irregularidades cometidas en el
proceso penal seguido por el sistema judicial nicaragüense en el asesinato de Francisco
José García Valle, esposo de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas
y afrodescendientes, María Luisa Acosta. El asesinato fue realizado por sicarios
en su casa en Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, el 8 de abril de
2002. Al momento de ocurrir los hechos, la esposa de la víctima, coordinadora del
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), era la apoderada legal de
las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas y
del territorio Rama y Kriol, perjudicadas por la venta ilegal de los Cayos Perlas y de
otras propiedades, realizadas entonces por Peter Tsokos y Peter Martínez Fox. CAL-
PI, CEJUDHCAN y El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) consideraron
pertinente acreditar su representación ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y representar a las víctimas del caso, lo que representa muchos de
los retos que Nicaragua debe afrontar en materia de protección de defensores de
derechos humanos, independencia judicial e impunidad. La Oficina del Alto Comisio-