EL MUNDO INDIGENA 2016

EDITORIAL
13
dado prioridad a la puesta en marcha de las actuaciones requeridas por la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación, incluyendo la aplicación práctica de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).
Varios países también han promulgado leyes que, si aplicadas con el espíritu
correcto, podrían tener efectos positivos en la situación de los pueblos indígenas. En
Taiwán, por ejemplo, una enmienda a la Ley Básica para los Pueblos Indígenas refuerza
el estatus legal de las comunidades indígenas; la nueva Constitución de la
República Centroafricana, adoptada en diciembre de 2015, reconoce el Convenio
169 de la OIT e incluye en sus artículos 6 y 148 la protección de los derechos de los
pueblos indígenas; en India la aprobación del Proyecto de Enmienda de la Ley sobre
Castas y Tribus Reconocidas (Prevención de atrocidades) establecerá sanciones penales
más rigurosas para quienes cometan delitos contra los pueblos indígenas.
En Aotearoa, el progreso efectivo se ha constatado con la resolución de reclamaciones
maoríes interpuestas a raíz de los incumplimientos de tratados históricos. En
Sudáfrica, el Gobierno respaldó las conclusiones de un estudio sobre conocimientos
tradicionales asociados a la planta rooibos afirmando que “…los conocimientos tradicionales
pertenecen a los pueblos khoi y san de Sudáfrica…. Cualquier individuo u
organización que planee llevar a cabo un proyecto de bioprospección sobre esta
planta deberá entablar conversaciones con los pueblos khoi y san”.
La situación a nivel comunitario
Sin embargo, la mayoría de los informes específicos de los países que componen
este libro ilustran un panorama bastante sombrío de la situación de las comunidades
indígenas en el ámbito local. Al analizar diversos parámetros socioeconómicos se
evidencian escasas muestras de progreso. En algunos casos se informa incluso de
que la situación ha empeorado, como por ejemplo en México, donde desde 2012 se
ha incrementado la extrema pobreza entre los pueblos indígenas.
En este sentido, las políticas nacionales frecuentemente desentonan en nefasto
contraste con los acuerdos internacionales a los que los diversos Estados se han
comprometido –principalmente convenciones internacionales, la UNDRIP y el Convenio
169 de la OIT– pero también con las intenciones que sustentan los documentos
recientemente adoptados, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo
de París.