EL MUNDO INDIGENA 2016

EDITORIAL
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vadas de diferentes fuentes de discriminación y marginalización. En sus “Observaciones
finales sobre la Federación de Rusia”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) expresa sus preocupaciones sobre el acceso de
las mujeres indígenas a tierras y medios de vida, su limitada representación en organismos
locales de toma de decisiones y la fala de datos desglosados sobre su situación.
Estas inquietudes quedan refrendadas por varios informes de países contenidos
en este anuario.
Aunque las mujeres indígenas sufren una serie de abusos de derechos humanos,
los sucesos de violación, violaciones en grupo e intentos de violación se mencionan
a menudo como superiores a todas las demás formas de violencia (Uganda,
Bangladesh). La mayoría de los agresores no son indígenas y las autoridades (policía,
ejército) están con frecuencia involucradas. El acceso de las víctimas a la justicia
se ve restringido generalmente por una enraizada cultura de impunidad. Un ejemplo
de esta realidad se vive en Guatemala donde el caso contra antiguos miembros del
ejército acusados de violación y esclavización de mujeres indígenas q’eqchi’ del departamento
de Alta Verapaz durante el conflicto armado interno ha progresado de
manera significativa, concluyendo eficazmente en una sentencia condenatoria a comienzos
de 2016. Representa un caso emblemático ya que es la primera vez que
antiguos soldados son llevados ante la justicia por tales delitos, abriendo así la posibilidad
a miles de mujeres víctimas de dicho conflicto de obtener justicia y reparación.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido objeto de críticas frecuentes
por su deficiente adaptación a las características culturales de los pueblos
indígenas. Un ejemplo flagrante de esta disonancia lo constituye la nueva política
“Ningún parto en casa” del Departamento de Salud de Filipinas que prohíbe y penaliza
los partos en casa asistidos por parteras tradicionales. En vez de ello, exige que
las mujeres embarazadas den a luz en hospitales y centros asistenciales. Esta política
está claramente destinada a cumplir el Objetivo 5 “Mejorar la salud materna” y
reducir la tasa de mortalidad materna incrementando la “proporción de partos atendidos
por personal sanitario especializado”. Pero en el caso de las mujeres indígenas,
esta política bien pudiera surtir el efecto contrario y aumentar su mortalidad materna
y neonatal. De hecho, las instalaciones públicas para alumbramientos son pocas y
remotas en las zonas rurales y por tanto las mujeres indígenas embarazadas tendrán
forzosamente que desplazarse largas distancias para parir en el centro sanitario más
próximo, donde además tendrán que enfrentarse a actitudes discriminatorias y falta
de sensibilidad de los proveedores de asistencia sanitaria hacia los pueblos indígenas.