Edición especial Acuerdo de la habana

fche.un

2d2t05Z

N.º 203 / septiembre 2016

ISSN 1657-0987

www.unperiodico.unal.edu.co

unperiodico_bog@unal.edu.co

Bogotá, Colombia

Edición especial Acuerdo de la habana

10

Política agraria

omite lo acordado

en La Habana

11

Participación

política exigirá

rediseño del Estado

12

Fin del conflicto

armado, un proceso

irreversible

13

Drogas ilícitas:

un acuerdo con

sentido común

14

Los derechos de las

víctimas en el contexto

del proceso de paz

15 16

Un acuerdo con

posibilidades reales

de implementación

La justicia

de la paz


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 2

Universidad Nacional de Colombia,

patrimonio de todos los colombianos

Ignacio Mantilla Prada, rector

Universidad Nacional de Colombia

Nuestra historia nos

ha entregado la mayor

responsabilidad en una

sociedad: liderar

su educación, influir

con el ejemplo y la cátedra

en el destino de la Nación.

La institución de educación superior

más importante del país se prepara

para la celebración del sesquicentenario

de su creación. Por espacio de un año,

la Universidad llevará a cabo diversos eventos

conmemorativos que presentan tanto

sus legados como los aportes de hoy

y su visión de futuro.

Después de muchas décadas de conflicto armado entre el Estado

y la guerrilla de las farc, hoy vemos cerca el fin de esta guerra que

nos dedesolación, muerte y una gran división entre hermanos. Finalmente,

podremos concentrarnos en lo importante, en los asuntos

que harán de este país el mejor lugar para que nuestros hijos y nietos

crezcan, nuestros jóvenes desarrollen su imaginación sin límites y

construyan con ella una nueva sociedad, así podremos morir de viejos

en una tierra de paz.

Estoy convencido del papel de la educación de calidad como

columna vertebral en la construcción de la paz. Porque educar para

la paz es superar la mera enseñanza de contenidos, es preparar a

los individuos para que logren su equilibrio personal, profesional

y familiar. También, es educar a la sociedad para que solucione sus

conflictos mediante el diálogo, la reflexión y la imaginación.

Es en este sentido, en el que creo que la sociedad debe marcar

un objetivo común para la construcción de una paz duradera, que

solo será sostenible si ubicamos la educación de nuestras próximas

generaciones en el centro de todo un proyecto social de prosperidad,

equidad, diversidad y tolerancia. Una educación con fundamentos

éticos y humanistas, una educación de calidad que se extienda por

todos los rincones de Colombia y que toque las mentes y corazones

de los estudiantes para que su visión de la realidad les permita aspirar

a una vida próspera y feliz donde quepamos todos.

La Universidad Nacional de Colombia, ya desde sus inicios, ha

estado comprometida con este gran objetivo social. Somos hijos del

ratorios, bibliotecas, talleres y auditorios de la Universidad Nacional,

han pasado jóvenes inquietos, ávidos de conocimiento, creativos que

sueñan al país y han contribuido a transformar nuestra sociedad.

En medio de tensiones políticas, guerras civiles, escasez económica

y conflictos sociales, típicos de un país en formación que busca ser

libre, autónomo y mayor de edad, hemos logrado consolidarnos como

la mejor Institución de Educación Superior de Colombia. Nuestra

historia nos ha entregado la mayor responsabilidad en una sociedad:

liderar su educación, influir con el ejemplo y la cátedra en el destino

de la Nación.

Cada una de nuestras escuelas y áreas del conocimiento han

aportado y aportan con empeño y gran responsabilidad a nuestra

sociedad. Desde mediados del siglo XIX en la Universidad se organizaron

seis escuelas de gran alcance intelectual. La Escuela de Jurisprudencia,

de Medicina, de Ciencias Naturales, de Filosofía y Letras

y, posteriormente, la de Artes y Oficios. Desde estas escuelas se ha

forjado la modernización de la Nación con la tecnificación del país,

la construcción de ciudades y vías de comunicación, con desarrollos

científicos de gran importancia para la salud de

la humanidad, la creación y puesta en marcha de

nuevos programas para el cultivo de las ciencias

humanas y sociales, el perfeccionamiento de la

justicia, el estímulo a las artes y la difusión de

la cultura, así como también la preservación de

nuestro patrimonio natural.

La Universidad Nacional no es solo historia,

que de por sí es muy rica y ha sido esencial para el

país, es también presente vivo y ofrece un futuro

promisorio. Por ejemplo, las sedes de presencia

nacional, que con su juventud logran ensanchar

la academia con calidad, aprenden de los saberes

pensamiento libre y la construcción de una nación

que bajo una misma bandera quiso terminar con los

conflictos entre pueblos y estados soberanos. La

creación de la Universidad de los Estados Unidos de

Colombia a mediados del siglo XIX fue un proyecto

de profundas motivaciones pacifistas, que pretendió

formar en su seno a jóvenes provenientes de cada

rincón del país recién constituido. Un proyecto

de universidad para toda la Nación y de todos los

colombianos en donde nuestros jóvenes debían

encontrar verdaderas posibilidades para desarrollarse

personalmente y, a partir de allí, llevar progreso a sus regiones;

este fue el proyecto que dio vida a nuestra Institución hace 149 años.

Gracias a esto nuestra Institución ha influido hondamente en la

conformación de la Nación y su desarrollo. El aporte más importante

que la Universidad ha entregado al país no solo está relacionado con

la infinidad de investigaciones pertinentes, desarrolladas en nuestros

laboratorios, o los proyectos de extensión social que han mejorado el

bienestar de muchas comunidades, ha sido, y sigue siendo, la formación

integral de miles de jóvenes colombianos como profesionales y

ciudadanos ejemplares. Por cerca de siglo y medio, en las aulas, labopalabras

clave: sesquicentenario,

Universidad Nacional, educación,

posacuerdo. Consúltelas en

www.unperiodico.unal.edu.co

Gracias a la confianza

que genera la Universidad

en cada uno de los equipos

negociadores y la seriedad

que la sociedad le reconoce,

la Institución actuará como

veedora de los acuerdos

de paz.

locales y aportan al bienestar de las regiones junto con el conocimiento

universal. Estas sedes son una exuberante mezcla de conocimientos,

vivencias y visiones de mundo que encuentran en su diversidad la

fortaleza de una nación en constante cambio y desarrollo.

Esta época de grandes esperanzas para el país, con la solución al

conflicto armado que por varias décadas ha desangrado a nuestra

sociedad, se convierte en otra oportunidad para que la Universidad

Nacional de Colombia aporte fundamentalmente su conocimiento

y experiencia para la construcción de una paz sostenible y duradera.

Desde el inicio del proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla

de las farc, la Universidad ha cumplido un papel importante

como mediadora y organizadora de los diálogos de la sociedad civil

toda para alimentar la información en la Mesa de Negociaciones en

La Habana. Gracias a la confianza que genera la Universidad en cada

uno de los equipos negociadores y la seriedad que la sociedad le reconoce,

la Institución actuará como veedora de los acuerdos de paz.

La Universidad Nacional de Colombia es de todos y ha sido construida

gracias al aporte, el apoyo y el cariño de cada colombiano.

Invito al país entero a que se una a la celebración del sesquicentenario

de la Universidad Nacional, que conmemoraremos en el mes

de septiembre de 2017. A partir de ahora y por espacio de un año, la

Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, llevará

a cabo diversos eventos conmemorativos que presentan tanto sus

legados como los aportes de hoy y su visión de futuro.


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 3

investigación & creación

30 días

en la Universidad

Bogotá. Menor porcentaje de

carbono y cromo en acero utilizado en

industria petrolera evita corrosión.

Bogotá. Ocho de 19 harinas

de maíz comercializadas en

Bogotá contienen de uno a tres

organismos genéticamente

modificados para resistir las

plagas y tolerar el glifosato, pero

no lo mencionan en sus etiquetas.

La Universidad Nacional

d e

i a

C o l o m b

Medellín. Aprovechar el bore para producir biocombustible de bajo

costo fue la propuesta de un ingeniero químico, finalista en la Feria de la

Ciencia promovida por Google.

Bogotá. Niños con epilepsia

podrían superar dificultades de

aprendizaje.

Bogotá. Neutralizan resistencia

antibiótica de Acinetobacter

baumannii, bacteria hospitalaria.

Bogotá. Colectores solares y

bandejas de polisombra secan

maíz en menos tiempo.

Manizales. Una fórmula

matemática permite detectar

los ganglios basales, estructuras

subcorticales ubicadas en los

hemisferios cerebrales, lo cual

facilitaría la identificación del

párkinson.

Bogotá. Panelita es el prototipo de un carro a pequeña escala que se

desplaza por medio de reacciones químicas controladas.

Bogotá. Etileno (hormona

vegetal) y atmósferas modificadas

extienden vida útil de la albahaca.

Bogotá. Las parcelas de

Investigación Participativa

Agropecuaria (Pipas) aumentaron

un kilo la producción por planta

de tomate en Cundinamarca; de 4

kilos se pasó a 6 k.

Manizales. ClicSalud es la

aplicación móvil diseñada para

que los colombianos informen al

Estado sobre las deficiencias en el

servicio de salud.

Bogotá. Flor de machiguá (Petrea

volubilis) inspiró modelo de

turbina eólica para bombear agua.

Bogotá. El blindaje del virus responsable de la diarrea con tejido del paciente,

podría convertirse en una estrategia para atacar los tumores cancerígenos.

Bogotá. Deterioro del

ecosistema y escaza alimentación

que amenaza su supervivencia,

determinó análisis estomacal

de 24 especies de anfibios en el

piedemonte llanero.

Bogotá. Chapoda gaitana, Chapoda sanlorenzo y Chapoda suaita son las nuevas

arañas saltarinas encontradas en Tolima, Magdalena y Santander.

Medellín. Ecuación calcula

evapotranspiración en el Amazonas.

Bogotá. Avanza diseño de

microorganismo capaz de

identificar explosivos enterrados.

Manizales. Prototipo Wireless

terra enciende bombillos led

gracias a la energía de las plantas.

Bogotá. Tras evaluar

muestras de suelo, se identificó

Propionibacterium avium cepa

P29, microorganismo endémico

de Colombia que podría reducir

impacto negativo del arsénico.

Bogotá. Un sistema de control

automático en una bicicleta

estabilizó la posición vertical de

este vehículo cuando se desplaza

sin conductor.

Bogotá. La proteína miosina B

generaría resistencia al parásito

transmisor de malaria.

Más información en www.agenciadenoticias.unal.edu.co

Premio Nacional al Mérito Científico 2015 ACAC

Director: Fredy Chaparro S.

Coordinación editorial: Blanca Nelly Mendivelso Rodríguez • Coordinación periodística: Diana Manrique Horta

Comité editorial: Astrid Ulloa, Jorge Echavarría Carvajal, Horacio Torres, Luis Carlos Colón, André-Noël Roth, Juan Álvaro Echeverri y Álvaro Zerda

Corrección de estilo: Angela Bernal Larrotta • diagramación: Ricardo González Angulo • Impresión: ceet, Casa Editorial El Tiempo

Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 4

Política

& Sociedad

Estados Unidos y la construcción

de paz en Colombia

Diana Marcela Rojas, profesora, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri)

Universidad Nacional de Colombia

Con el Plan Colombia, el país

fue el principal receptor

de la ayuda estadounidense

en Latinoamérica

y modelo de una forma

de intervención orientada

al fortalecimiento del Estado.

Ahora, el programa Paz Colombia

creará condiciones

para el posconflicto.

A principios de 2016 se conmemoraron los 15

años del Plan Colombia, a través de esta estrategia

el gobierno colombiano buscó finalizar el conflicto

armado interno con el respaldo político, económico

y militar de Estados Unidos (ee. uu.). Hoy se

plantea la continuidad de esta alianza a través de

Paz Colombia, programa con el que Washington

reafirmaría su apoyo al proceso de paz y la etapa

de posconflicto que seguiría. ¿En qué consiste esta

nueva fase de la estrategia?, ¿cuáles son los temas

clave? y ¿qué factores inciden en la aprobación ante

el congreso estadounidense?

Con el objetivo de enfrentar por vía militar a

la guerrilla, el Plan Colombia fue concebido, inicialmente,

en el gobierno de Andrés Pastrana y

el respaldo de la administración de Bill Clinton,

como una intensificación de la lucha antinarcóticos;

rápidamente, asumió la forma de una estrategia

contrainsurgente legitimada a través de la lucha

global contra el terrorismo declarada por el presidente

George W. Bush después de los atentados

del 11 de septiembre de 2001.

Después, el Plan sería la base de la política de

seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe

Vélez y, más recientemente con el gobierno de Juan

Manuel Santos, la estrategia contribuirá a crear las

condiciones para el proceso de negociación con

las farc. Una ayuda calculada en cerca de 10.000

millones delares para el conjunto de la estrategia,

convirtió al país en el principal receptor de

ayuda estadounidense en la región y el show case

(modelo) de una forma de intervención orientada

a la reconstrucción estatal.

Tres lustros después, el balance del Plan Colombia

no es unívoco. De un lado, el proceso de paz es en

parte resultado del debilitamiento de la guerrilla en el

campo militar y político. La disminución en algunos

de los índices de violencia, así como la recuperación

de condiciones de seguridad en varias regiones

del país son avances por destacar. La percepción

internacional sobre el país también ha cambiado

y de manera favorable. Además, el espaldarazo de

Washington fue decisivo a la hora de crear consensos

entre las élites colombianas y legitimar la política

de pacificación ante la ciudadanía.

Por otro lado, sin embargo, los factores que han

contribuido a la perpetuación del conflicto armado

están aún presentes, como la lucha contra las drogas,

que sigue siendo la guerra fallida que alimenta

diversas formas de violencia; o las llamadas bandas

criminales o bacrim, resultado del reciclaje de guerrillas

y paramilitares.

De igual manera, las fallas institucionales así

como las prácticas políticas corruptas son elementos

que promueven la ineficiencia y la debilidad del

sistema democrático; las condiciones de pobreza y

subdesarrollo constituyen el sustrato de la injusticia

social y el malestar de una parte significativa de la

población. Así, sin llegar a instituir la panacea de

todos los males del país y con resultados contrastados,

el Plan Colombia contribuyó a sentar las bases

del fin de la guerra*.

Recursos para el posconflicto

Con el inicio de los diálogos en La Habana, el Plan

entró en una nueva fase y ee. uu. manifestó su

respaldo decidido al proceso de paz. Muestra de

ello fue el nombramiento de Bernie Aronson como

enviado especial para las negociaciones con las farc.

Pese al perfil discreto que han mantenido sus

funcionarios y diplomáticos, ese país ha cumplido

un papel central en el actual proceso de paz; además

de servir como mediador entre las partes, le

conciernen directamente temas sustanciales de la

agenda de negociaciones, como la política antinarcóticos,

la extradición de los jefes guerrilleros y la

reorientación de las Fuerzas Militares de Colombia

hacia el posconflicto.

Paz Colombia promete contribuir en la creación

de las condiciones en esta nueva etapa a través de

la financiación de programas con ayuda externa

estadounidense. Para el año fiscal 2017, el gobierno

de Barack Obama solicitó 450 millones delares,

distribuidos en torno a cuatro elementos principales.

El primero de ellos está dirigido a financiar la paz

territorial. Esto es el fortalecimiento de la presencia

del Estado en zonas históricamente abandonadas

y los programas de atención a las víctimas, las minorías

étnicas, la justicia, los derechos humanos y

los proyectos de construcción de paz. La Agencia

de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(Usaid) está a cargo de tales programas.

El segundo corresponde a los recursos destinados

a la lucha contra las drogas. Además de subvencionar

la erradicación manual de la coca y la interdicción

marítima y aérea, estos recursos promueven una

mayor presencia de la policía en las zonas rurales,

así como patrocinar la cooperación técnica en materia

antinarcóticos con otros países de la región.

El tercer elemento corresponde a la ayuda militar

para respaldar las fuerzas militares colombianas y,

así, consolidar los avances en el campo de la seguridad

que fueron alcanzados con el Plan Colombia.

En este rubro se subvencionan los programas de

inteligencia y entrenamiento.

El último componente corresponde a los programas

de No proliferación, Antiterrorismo y Desminado

(nadr, por sus siglas en inglés). A través de

estos recursos se financiaría el programa multilateral

de desminado.

A diferencia de lo ocurrido en el Plan Colombia,

pues la mayor parte (80 %) de la ayuda estadounidense

era de carácter militar, en el presupuesto

para el año entrante se hace mayor énfasis en la

asistencia de carácter económico y social (cerca

del 50 %). Mientras se afianza el proceso de posconflicto,

se espera que estos programas aumenten su

participación en el total de la ayuda otorgada por

Washington en los años venideros.

En cuanto a la aprobación del nuevo paquete

de ayuda, por parte del Congreso estadounidense,

no existen mayores dificultades dado el sostenido

respaldo bipartidista que ha tenido la política hacia

Colombia desde 2000. Sin embargo, el gobierno

de Obama está muy atento a los resultados del

plebiscito para la refrendación de los acuerdos

de paz, así como a los compromisos para su implementación.

Asimismo, factores externos pueden incidir de

manera negativa en la continuidad de la ayuda estadounidense

teniendo en cuenta la proliferación

de conflictos armados en países de Oriente Medio

y África, y las demandas por mayores recursos ante

la necesidad de atender crisis internacionales, entre

ellas la de los refugiados y los desastres naturales

debidos al cambio climático.

Con su actual política, Estados Unidos parece

estar tan comprometido en la construcción de la

paz como lo estuvo en la que esperamos haya sido

la última etapa de la guerra en Colombia.

* Para un análisis detallado del tema consulte el libro El

Plan Colombia: la intervención de Estados Unidos en Colombia

1998–2012. Bogotá, de la autoría de la profesora Diana

Marcela Rojas del Iepri.

palabras clave: Plan Colombia,

Paz Colombia, posconflicto, lucha

contra las drogas. Consúltelas en

www.unperiodico.unal.edu.co

foto: El Tiempo

Parte de los recursos se destinarán a programas de erradicación, No proliferación, Antiterrorismo y Desminado.


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 5

Política

& Sociedad

Frontera requiere acciones de fondo

Socorro Ramírez, politóloga

Universidad Nacional de Colombia

Para combatir la corrupción

y la informalidad laboral se deben

impulsar proyectos que generen

empleo e ingresos formales,

así como depurar las instituciones

civiles y militares de ambos lados.

El acompañamiento de la onu,

oea, Celac y Unsaur es esencial

para garantizar el reacercamiento

intergubernamental.

Desde el 13 de agosto comenzaron a funcionar

seis pasos peatonales. Entre tanto, los gobiernos

de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro intentan

poner en marcha lo acordado en las mesas de trabajo

binacional.

Migración Colombia y su homólogo venezolano,

el Servicio Administrativo de Identificación, Migración

y Extranjería (Saime), trabajan en una tarjeta o

cédula fronteriza que, además de la identificación

de cada ciudadano, indicará dónde reside y la actividad

que desarrolla.

Como medidas anticontrabando, para abrir el

paso vehicular, se hará un censo de automóviles y

motos con placa venezolana en Colombia. Además,

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

(dian) y su homólogo, el Servicio Nacional Integrado

de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat),

construyen un esquema de regulación conjunta del

tránsito de mercancías, topes y frecuencias de una

cesta básica que la gente de frontera podrá adquirir

en uno u otro lado.

De igual manera, los ministerios de Comercio

examinan el trueque de productos colombianos de

primera necesidad por productos químicos o energéticos

venezolanos; también, las fuerzas policiales

y militares ponen en marcha el Centro Binacional

contra el Crimen Organizado Transnacional para

intercambiar información y coordinar el control

de ilícitos en la frontera y las 250 trochas con pasos

irregulares.

Sin embargo, tanto los asuntos tratados (migración,

comercio, aduanas y seguridad) como las

medidas antes reseñadas son insuficientes y no

atacan los problemas de fondo. Para que los distintos

ámbitos fronterizos se sustraigan de la ilegalidad hay

que impulsar proyectos de desarrollo que generen

empleo e ingresos formales y sean sostenibles en

lo social, económico y ambiental. Para combatir

exitosamente la criminalidad controlada por las

mafias del contrabando se requiere, además, derrotar

la corrupción depurando las instituciones

civiles y militares de ambos lados.

Otro punto crucial es la participación local, que

no puede ser reemplazada por los gobiernos centrales.

Los alcaldes de Ureña y Cúcuta protestaron

porque no fueron considerados, además, inicialmente

Caracas y Bogotá habían dejado por fuera

el puente Santander de la reapertura a pesar de la

gran movilidad de ese paso limítrofe.

El involucramiento de las autoridades locales también

es indispensable, como la vinculación de gremios

económicos, universidades y centros educativos,

organizaciones sociales e iniciativas humanitarias de

ambos lados de la “raya”, sectores que están en mora

de formular propuestas y abrir procesos conjuntos

para profundizar este acercamiento.

Retomar acuerdos previos ya logrados en las

recientes mesas de trabajo y en otras dimensiones

cruciales (cultura y educación, salud, agua y

La frontera colombo-venezolana es una de las más dinámicas de América.

ambiente, infraestructura, turismo y transporte,

economía y finanzas) ayudaría a salir del vacío

regulatorio debido al cierre unilateral de los pasos

limítrofes y la parálisis de toda la institucionalidad

para la vecindad. A estos se ha llegado en momentos

cooperativos, por ejemplo, para la puesta en

marcha de la Zona de Integración Fronteriza (zif),

pero han sido paralizados por las tensiones entre

los gobiernos centrales.

De hecho, el acuerdo de Santos y Maduro sobre

la reapertura de la frontera retoma la identificación

binacional establecida por el estatuto fronterizo de

1942, luego del tratado de límites terrestres, que

inició uno de los momentos más cooperativos de

la relación permitiendo regulaciones de los flujos

transfronterizos poblacionales, económicos, ambientales,

de asuntos judiciales y de seguridad. Esos

acuerdos fueron profundizados por el Tratado de

Tonchalá, de 1959, que permitió ejercer lícitamente

trabajos y residencia debido a las fuertes interacciones

fronterizas.

Hay que recuperar el tiempo perdido para regular

los intensos nexos en esa frontera, una de las más

dinámicas de América. El cierre injustificable de

los pasos fronterizos formales afectó un mercado

laboral, de bienes y servicios del ámbito andino, el

más poblado, destruyó en ambos lados la producción

y el comercio formal y agravó la situación local.

Lejos de liquidar la criminalidad, los distintos

grupos irregulares aprovecharon el contexto –el

vacío dejado por los Estados y la economía legal–

y multiplicaron las trochas para el paso de la línea

limítrofe reconfigurando su variado uso.

Retornados e inmigrantes

No es fácil lograr una regulación fronteriza sólida

entre Colombia y Venezuela por los desfases cambiarios

y precios derivados de la diferenciación de

modelos económicos y políticos de los dos países.

Las crisis venezolanas se agravan y Maduro solo

toma las medidas que, a su juicio, lo mantienen

en el gobierno. Ha postergado la solución de los

problemas económicos y de seguridad ciudadana,

FOTO: Defensoría del Pueblo

que impactan cada vez más el lado colombiano de

la frontera. El desabastecimiento es peor que antes.

La militarización del país que llega hasta la distribución

de comida no resuelve la desesperación.

Las interminables colas, riñas y atracos se incrementan

mientras se multiplican tanto bachaqueros

(revendedores de alimentos y productos básicos)

como precios.

Pasar a Colombia en busca de comida, medicinas,

ropa o repuestos es una válvula de escape. Crece el

número de colombianos, colombo–venezolanos y

venezolanos que se quedan en este lado buscando

alternativas para sobrevivir.

El país requiere medidas de emergencia para

atender la dimensión humanitaria de ese flujo poblacional

que, además, crece con el retorno de

nacionales, quienes huyeron de la confrontación

y ven que se abre una ventana de esperanza con el

fin de la guerra con las farc.

Hay que impedir el colapso de la capacidad de

respuesta local y el aumento del desempleo y el

subempleo informal fronterizo, uno de los más altos

del país. Urgen inversiones que generen proyectos

productivos, brinden empleo y reconviertan la informalidad;

además de trueques o negocios energéticos

y productivos de mutua conveniencia, con coordinación

de sistemas de cambios y precios, que anulen el

“caldo de cultivo” de la ilegalidad y violencia.

Esta frontera será crucial en la transición venezolana,

servirá de escenario para el posacuerdo con

las farc y debe ayudar a desenredar las negociaciones

con el eln. De ahí la conveniencia de que

organizaciones como Naciones Unidas, la oea, la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

(Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas

(Unasur) acompañen el proceso de reacercamiento

intergubernamental y de reapertura progresiva de

los pasos fronterizos.

palabras clave: frontera

colombo-venezolana, corrupción,

crisis de alimentos. Consúltelas en

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 6

Política

& Sociedad

Región hídrica de Bogotá,

oportunidad de gestión sostenible del agua

Ernesto Guhl Nannetti, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Disponer de agua suficiente

y con la calidad adecuada

es uno de los retos

de la capital del país.

Ante factores como

el cambio climático

y una inadecuada gestión,

se propone el concepto

de región hídrica, instrumento

para ordenar el territorio

bajo criterios hidrográficos,

político–administrativos

y ecosistémicos.

La localización y relieve del territorio

colombiano otorgan una riqueza hídrica

excepcional; sobre este llueve más del doble

del promedio mundial y 1,5 veces más del

valor estimado en Suramérica, el continente

con mayor precipitación. Aunque los promedios

anteriores esconden diferencias en

la disponibilidad regional, las carencias de

agua obedecen más a una desacertada gestión

que a una limitación natural. Además,

no ha habido un aprovechamiento de esta

riqueza, percibida como fuente de desastres

y problemas en lugar de factor de progreso

y equidad.

No obstante, esta abundancia está amenazada.

La creciente contaminación por la

falta de tratamiento de las aguas residuales

urbanas y actividades como la minería legal

e ilegal y la agroindustria, afectan la salud pública y los ríos no

pueden utilizarse en la práctica. Asimismo, el cambio climático

acentúa los extremos de lluvia y sequía y amenaza el futuro de

los páramos y sus funciones relacionadas con el agua.

Corregir esta situación requiere la adopción de una nueva

forma de gestión, el reconocimiento de la importancia de los

ecosistemas y sus servicios con relación al agua, el consumo

racional y la devolución al ambiente con las propiedades

adecuadas para garantizar la cantidad y calidad del líquido.

Las experiencias internacionales parten de entender la

integralidad del territorio y el agua como bienes públicos y

concluyen que la conservación de la riqueza hídrica está basada

en dos elementos esenciales: responsabilidad y acción

conjunta de la sociedad.

El primero es la construcción colectiva de un territorio

sostenible con una calidad de vida digna y equitativa, basada

en procesos de desarrollo socioeconómico enmarcados en

las potencialidades y límites de la naturaleza. El agua cumple

un papel fundamental en este propósito por su carácter vital,

eje articulador de los ecosistemas, además, como recurso indispensable

y limitado para las actividades socioeconómicas.

La disponibilidad de este elemento podría convertirse en un

poderoso instrumento para ordenar el territorio y definir los

usos del suelo.

La tendencia de articular la gestión del agua con la del

territorio, reconociendo su interdependencia, parte de la planificación

participativa y de una forma de gobernanza nueva,

integradora y cooperativa, que considere y negocie los intereses

y las necesidades de los diversos actores que compiten por los

usos del agua, lo que ha dado origen a la Gestión Integrada del

Agua y el Territorio (giat).

La aplicación exitosa de la giat requiere como paso inicial

la delimitación del territorio donde será realizada. La

inexistencia de una estructura territorial y administrativa

adecuada para este fin radica en la administración del agua

según un criterio que no reconoce el carácter regional del ciclo

hidrológico, ni los de las formas y ecosistemas del territorio,

RHB

Región Hídrica

del río Bogotá

Límite región hídrica

Cuenca del río Bogotá

N

Bogotá, D.C.

Río Bogotá

que son generalmente supramunicipales, es decir,

engloba varios municipios.

gobernanza integral

Hace algunos años la cuenca hidrográfica era considerada

el territorio adecuado para la gestión

sostenible del agua. Sin embargo, los límites de

los entes territoriales, actores responsables de los

servicios de acueducto y alcantarillado, no coinciden

necesariamente con los de la cuenca abastecedora

y menos con los de los ecosistemas que generan y

regulan el agua de este espacio.

Por ello, es empleado el concepto región hídrica,

cuyos límites están definidos por la interacción de

tres criterios. El primero de ellos es el hidrográfico,

que estructura e incluye el sistema hídrico

construido, como embalses, trasvases de aguas

de otras cuencas, canales, etc. El criterio político–

administrativo es un escenario de las actuaciones

del Estado con respecto al agua, donde el municipio

es célula básica de la gestión. El ecosistémico, por

último, aporta los elementos naturales, como la

estructura ecológica principal, y su conservación

y buen funcionamiento depende la disponibilidad

de este recurso líquido.

La región hídrica de Bogotá abarca casi

10.000 km 2 y está compuesta por el Distrito Capital

y 53 municipios, ubicados tanto en la cuenca del río

Bogotá como fuera de ella. Además, son incluidos

por la importancia de los servicios ecosistémicos

(beneficios que los seres humanos obtienen de los

ecosistemas) que ofrecen para garantizar la disponibilidad

de agua en la zona.

Es la región más presionada e intervenida del

país. En ella viven casi diez millones de personas,

el 25 % de la población del país, y genera un tercio

del pib nacional, por lo cual

su sostenibilidad es una

prioridad nacional. En ese

sentido, la Ley orgánica de

Ordenamiento Territorial

(loot) es un instrumento

muy útil, al establecer formas

de asociación entre

entes territoriales para realizar

proyectos y acciones

de interés mutuo con una

visión regional, mediante

la articulación de visiones

y recursos.

Respecto al segundo factor,

sobre la acción conjunta

de toda la sociedad que

implica nuevas actitudes,

se propone un sistema integral

de gobernanza para

el agua y el territorio de la

región hídrica, que supere

la visión fraccionada y de

corto plazo con que es administrada.

Este reconoce

la existencia de múltiples

entes territoriales, autoridades

ambientales y actores

del agua (involucrados

en el manejo, distribución

y uso del recurso en un territorio

determinado) públicos

y privados que deben

articularse y cooperar

para lograr un fin común, a

Fuentes: IGAC - Quinaxi saber, la gestión sostenible

del agua y el territorio.

Un sistema de este tipo

debería apoyarse en un

conjunto armónico de espacios para la participación

de los actores del agua, así como la generación y

difusión de conocimiento e información, mediante

formas de trabajo en redes, que permitan articular

los instrumentos de planificación y los recursos

humanos y financieros. El riesgo asociado con fenómenos

como la variabilidad y el cambio climático,

los fenómenos hidrometeorológicos extremos

y las actividades socioeconómicas insostenibles

requieren que la giat sea proactiva, tenga bases

científicas muy sólidas, sistemas de seguimiento

y evaluación del estado del territorio para facilitar

la toma de decisiones y reducir los riesgos.

Existe un factor especialmente favorable para

hacer realidad la región hídrica de Bogotá, este es

el fallo del Consejo de Estado sobre la descontaminación

del río Bogotá, que con una visión sistémica

y regional impone obligaciones a los diversos entes

territoriales y a otros actores para mejorar la

calidad del río.

La puesta en marcha de esta posibilidad depende

de crear el marco jurídico adecuado, que como

lo ordena el fallo debe presentar el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible al Congreso como

un proyecto de ley, lo cual lleva más de un año de

atraso. Es de esperar que el Ministerio aproveche

esta excepcional oportunidad para que la nueva

normativa inicie otra forma de gobernanza, no solo

en la región de Bogotá, sino en todo el territorio nacional.

Así, permitiría aprovechar sosteniblemente

nuestra valiosa y excepcional riqueza hídrica.

palabras clave: región hídrica, Bogotá, servicios

ecosistémicos, río Bogotá. Consúltelas en

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 7

Amazonia 2020, sin visión indígena

Medioambiente

Juan Álvaro Echeverri, profesor titular

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

Mientras para los indígenas

la naturaleza no es un recurso,

proyectos como

Visión Amazonia 2020

reducen el bosque

a un repositorio de carbono

que puede negociarse

en el mercado mundial.

Por eso, las medidas

contra el cambio climático

deberían tener en cuenta

los derechos territoriales

de las comunidades indígenas.

La deforestación y el cambio climático son temas

relevantes en la agenda política mundial. En 2014, 32

países suscribieron la Declaración de Nueva York sobre

Bosques, mediante la cual se comprometen a reducir

a la mitad la pérdida de bosques naturales en 2020 y

acabarla por completo en 2030.

Colombia forma parte de ese compromiso a través

del programa Global 2020, una responsabilidad ambiciosa

si se tiene en cuenta que la tasa de deforestación

anual es de 120 hectáreas (ha), la mayoría en Amazonia.

La firma de estos acuerdos contrasta con la intención

declarada del Gobierno de acelerar el desarrollo

económico del país, en gran medida, a expensas de los

bosques, minerales, hidrocarburos y otros recursos naturales,

contenidos en las áreas que pretende proteger.

Aun así, anunció la puesta en marcha de los programas

Visión Amazonia 2020 y Conservación de bosques

y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia,

dirigidos a la deforestación cero, el “desarrollo verde

y el desarrollo sostenible. Estas iniciativas involucran

amplios territorios de resguardos indígenas en Caquetá,

Guaviare y Amazonas y cuentan con financiación de

Alemania, Noruega y Gran Bretaña.

La implementación de los proyectos está precedida

de acciones como la ampliación de Parques Nacionales

Naturales (pnn), en particular el pnn Chiribiquete, que

pasó de 1’298.954 ha a 2’782.353 ha. La intensificación

de las políticas de protección y ampliación de las zonas

parece responder a la intención de crear capital natural

en el mercado mundial de servicios ambientales, en

particular, en los mercados de carbono. Precisamente,

esta es la visión del mecanismo redd+ (Reducción

de emisiones por deforestación y degradación) que

subyace a las estrategias de los proyectos.

El documento descriptivo del programa establece:

“El gobierno está comprometido con el mecanismo

redd+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático (cmnucc) y lo reconoce

como una de las estrategias para gestionar la pérdida

de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos”.

Asimismo, representa el primer programa piloto de

redd+ a escala subnacional en Colombia.

Los planes contra el cambio climático y la protección

de bosques tienen impactos potenciales en los territorios

de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana,

pero las comunidades locales en los resguardos y las

organizaciones locales tienen poca información sobre

las propuestas.

Demandas desatendidas

nadora Indígena de la Cuenca del Amazonas (Coica), la

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia

Colombiana (Opiac) y la Asociación Zonal Indígena de

Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera

(Azicatch). Sin embargo, los indígenas de ese resguardo

y de otros vecinos tienen información limitada sobre

la propuesta y no están conscientes de cómo puede

afectar sus tierras, bosques y modo de vida.

La ampliación del pnn Chiribiquete ha extendido

sus límites hacia los resguardos indígenas del medio

Caquetá, ubicados en el área de influencia del programa

Conservación de bosques y sostenibilidad en el Corazón

de la Amazonia, pero las promesas del Gobierno

nacional de atender sus demandas de ampliación de

los resguardos no han sido cumplidas hasta ahora.

El mencionado programa también ha generado confusión

en los resguardos afectados sobre el significado

preciso de los términos empleados en los planes y

acuerdos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente

(gef, por sus siglas en inglés), como “ordenamiento

ambiental” y “gobernanza ambiental”. Dependiendo

del diseño final y los acuerdos con las organizaciones

y comunidades locales indígenas, estas intervenciones

nacionales e internacionales podrían generar riesgos,

así como oportunidades para las comunidades.

Las concepciones indígenas del territorio, que incluye

los bosques, el subsuelo, especialmente la historia,

la vida y la memoria, tienen un fundamento vital y

espiritual. Además, son diferentes de las nociones

territoriales que subyacen a los planes y proyectos

gubernamentales.

La Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

viene acompañando un proceso de investigación del

pueblo féénemɨnaa (anteriormente conocido como

muinane) de la región del medio Caquetá. El trabajo se

concentra en el Resguardo Indígena Predio Putumayo

para fortalecer el conocimiento y derechos ancestrales

de los pueblos nativos frente a iniciativas de este tipo.

Como resultado de esos trabajos, a finales del presente

año se publicará el libro Fééne fíívo játyɨ me iyáachimɨhai

jíínɨje – Territorio primordial de vida de la descendencia del

centro: Memorias del territorio del pueblo féénemɨnaa, el cual

contiene su visión territorial indígena y es autoría de

los ancianos de esa comunidad.

Según los líderes de este resguardo, la vida define y

fundamenta el concepto de territorio, no es simplemente

un pedazo de terreno que se puede vender o explotar. “Es,

primero que todo, la vida entregada por Fíívo taadi, el

Mercado de servicios ambientales

••

La estrategia redd busca que los bosques tengan

un mayor valor sembrados que talados, puesto

que se crea un valor financiero en el carbono

almacenado en los árboles.

••

El Fondo Mundial para el Medio Ambiente

fue establecido en 1991 con el propósito de

proveer donaciones y asistencia en proyectos

sobre la protección de “beneficios ambientales

globales”. De los 182 países miembros, 39 son

países donantes.

••

El proyecto Conservación de bosques y sostenibilidad

en el Corazón de la Amazonia, llamado

informalmente Gef-Corazón de la Amazonia, será

desarrollado en los departamentos de Caquetá

y Guaviare, en un área cercana a nueve millones

de hectáreas, por un término de cinco años a

partir de 2015.

abuelo creador. Allí, él asentó los bancos de la humanidad,

los bancos de los dueños de los animales y los bancos de

los dueños mitológicos, y dejó una ley para manejarlo,

que no es una ley inventada por seres humanos –como

las leyes de los no indígena–, sino una ley que nace del

principio mismo de la vida. Esta vida y esta ley provienen

de la formación del mundo y es muy sagrada: es la ley

de origen”.

Para estas comunidades, la naturaleza no es un

recurso; el monte, los árboles, los animales tienen

dueños, con los que establecen relaciones de acuerdo

con la ley de origen. Por el contrario, proyectos tipo

Visión Amazonia 2020 plantean adoptar –sin ninguna

reserva y postura crítica– mecanismos como redd+,

cuya visión reduce el bosque a un repositorio de carbono

que puede negociarse en el mercado mundial de

servicios ambientales.

palabras clave: mercados del carbono, Amazonia,

territorio indígena, cambio climático. Consúltelas en

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Un gran programa redd+ para el Resguardo Predio

Putumayo está en desarrollo. Además, cuenta con el

liderazgo del Foro Mundial para la Naturaleza (wwf–

Colombia) y Forest Trends; y en asocio con la coordi-

FOTO: Julia Miranda/Parques Nacionales

Aunque es una reserva de la biodiversidad mundial, en el PNN Chiribiquete habitan diversas comunidades indígenas.


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 8

Le quitan recursos

a investigación en salud

Educación

Dolly Montoya Castaño, vicerrectora de Investigación

Universidad Nacional de Colombia

Pese al déficit de médicos

especialistas en el país,

cabe preguntarse si es quitándole

recursos a la investigación en salud

que debe cumplirse esa necesidad.

El Proyecto de Ley de Presupuesto

General de la Nación 2017 parece

no contar con sustento jurídico,

pues el objetivo del Fondo

de Investigación en Salud

es promover la generación

de conocimiento.

En enero de 2001, a través del artículo 42 de la

Ley 643, el Congreso de la República determinó

que los dineros recaudados “por la explotación del

monopolio de juegos de suerte y azar diferentes del

lotto, la lotería preimpresa y la instantánea serán

destinados al Fondo de Investigación en Salud (fis)”,

administrado por Colciencias.

Desde ese momento hasta 2015, el fis ha destinado

más de 390.000 millones de pesos a proyectos de creación

de conocimiento para la solución de problemas

de salud de la población colombiana. Nunca antes en

la historia del país se había consolidado un programa

que a mediano plazo fortaleciera las capacidades de

creación de conocimiento en este sector.

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto

General de la Nación 2017 propone que los recursos

del Fondo sirvan, de ahora en adelante, para financiar

el programa de créditos–beca establecido en

el artículo 193 de la Ley 100, administrado entre el

Ministerio de Salud y Protección Social y el Icetex,

con el fin de formar especialistas en áreas clínicas

y quirúrgicas.

Si bien el informe del Centro de Proyectos para

el Desarrollo, Los recursos humanos de la salud en

Colombia, advirtió en 2011 que existía un déficit de

más de 2.000 médicos especialistas en el país, cabe

preguntarse si es quitándole recursos a la investigación

en el área de la salud que debe cumplirse

con la reducción de esta brecha. Por supuesto,

negar las virtudes de contar con más y mejores

especialistas sería un despropósito. No obstante,

el acceso a los recursos para su formación no debe

ir en detrimento de un sistema construido hace

más de 15 años.

El fis ha demostrado ser efectivo, eficiente y

provechoso en investigación científica, además, ha

tenido consecuencias positivas en la prevención y

el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos, en

la adquisición de competencias médicas de punta

en las regiones y en el fortalecimiento institucional

de nuestras universidades, particularmente las

públicas, gracias a la apropiación del conocimiento

que de la investigación se desprende.

Más allá de esta inquietud, cabe advertir, –como

en la comunicación remitida el 10 de agosto por la

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional

de Colombia al Congreso de la República– la

iniciativa parece no contar con el debido sustento

jurídico. Los recursos que se apropian actualmente

para el fis tienen como objetivo “promover e impartir

directrices encaminadas a fortalecer la investigación,

indagación, consecución, difusión y aplicación de los

avances nacionales e internacionales en temas como

cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud,

calidad de vida y prevención de las enfermedades”.

Es decir, en el proyecto no queda claro cómo

el otorgamiento de créditos–beca del Icetex para

formación en especialidades clínicas y quirúrgicas

aportaría, en sentido estricto, a la investigación

científica en el tema de salud, cuya base conceptual

es la generación de nuevo conocimiento.

Investigación regional y pública

El 42 % de los productos obtenidos, gracias a las

investigaciones financiadas con recursos del fis,

son materiales que tienen como objetivo la apropiación

social del conocimiento, como guías de

prácticas clínicas, cartillas y demás documentos de

uso diario para profesionales y personal asistencial

en clínicas, hospitales y centros de salud. En este

sentido, ha habido un énfasis particular en el uso e

impacto directo en la prevención y tratamiento de

los problemas de salud de los colombianos.

Los recursos del Fondo han fortalecido de manera

general el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nacional. De los 4.638 grupos de investigación

reconocidos por Colciencias, el 23,76 % pertenecen

a ciencias médicas, y de los 10.042 investigadores

registrados, el 16,16 % corresponde al área de la salud.

Además, el 28 % de los productos de investigación

obtenidos por el fis genera nuevo conocimiento,

plasmado en artículos de revistas indexadas, libros,

resultados de investigación, capítulos en publicaciones

arbitradas, tesis doctorales, etc. Es decir,

fortalece el desempeño de nuestros investigadores,

suscitando más redes de creación y circulación

del conocimiento, tanto en el interior como en el

exterior del país.

Como si fuera poco, los recursos del fis han sido

destinados con un criterio descentralizado, según

las capacidades de las regiones. De los 763.609 millones

ejecutados desde su creación, el 38 % ha sido

en Antioquia y el Eje Cafetero, el 14 % en el Pacífico

y el 6 % en el Caribe. Además de estos datos, ya dicientes,

cerca del 50 % de los recursos es asignado

a universidades públicas.

De lo anterior se desprende otra virtud del fis,

caracterizada por el fortalecimiento de la investigación

regional y pública, que por su origen impacta

Los recursos del FIS han servido para crear conocimiento en el sector de la salud.

directamente los territorios y, a su vez, pertenece

a todos los colombianos.

De nuevo conocimiento a créditos–beca

Con la intención de atender el preocupante déficit de

especialistas en las áreas de la salud, se ha propuesto

que, desde 2017, el 7 % de los recursos que los departamentos

recaudan por los impuestos relacionados

con los juegos de azar, cercanos en 2015 a 20.000

millones, ya no sean administrados por Colciencias,

sino que conformen un fondo para que el Ministerio

de Salud y Protección Social asigne créditos–beca

de formación especializada por medio del Icetex.

No cabe duda que debería fortalecerse la formación,

sin sacrificar la investigación, pues las

dos hacen parte de la misma cadena. Formar al ser

humano y, en particular a los médicos, es tarea

ineludible del Estado. Por tanto, es desde la generación

de conocimiento que nuestros médicos podrán

adquirir las competencias para el ejercicio integral

de su profesión, incluida la investigación. Para la

formación de investigadores en niveles de posgrado,

el saber requiere de puntos de referencia para la

construcción social del conocimiento científico,

que sí es la tarea de investigadores ya formados.

Consideramos necesario que el estudiante de

los más altos niveles de especialización aporte con

su dedicación y formación previas al desarrollo

científico como investigadores del más alto nivel.

El llamado de la Universidad Nacional de Colombia

supera la coyuntura legislativa de aprobación

de dicho presupuesto; se trata de ser creativos y

encontrar maneras de conciliar las evidentes necesidades

de formación con los logros en investigación

científica en la prioritaria área de la salud.

palabras clave: Fondo de Investigación en Salud,

presupuesto del Estado, médicos. Consúltelas en

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foto: Catalina Torres/Unimedios


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 9

Medicamentos:

divorcio entre precio y valor

Salud

Carolina Gómez Muñoz, abogada, Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Universidad Nacional de Colombia

Claudia Vaca González, coordinadora, Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Universidad Nacional de Colombia

Tatiana Andia Rey, profesora, Proyecto Salud Visible, Universidad de los Andes

La falta de control y los altos costos

de los medicamentos han provocado

uno de los mayores problemas

financieros del sistema de salud.

Las universidades Nacional

de Colombia y los Andes le

entregaron a MinSalud una

propuesta para definir su precio

según el aporte terapéutico.

Los sistemas de salud del mundo deben gestionar

con mayor frecuencia la "presión tecnológica" de

los nuevos medicamentos, los cuales en numerosos

casos presentan un divorcio entre precio y valor.

Por un lado, ejercen una presión enorme para

ingresar, posicionarse y aumentar la participación

de mercado; por otro, la evidencia científica sugiere

que en muchos casos no son mejores, aunque más

costosos que las alternativas ya existentes en el

mercado, con las que pretenden competir.

En Colombia esta realidad es relevante porque la

mayoría de medicamentos son pagados con recursos

públicos a través del sistema de salud. Entre el 15 %

y 20 % (unos diez billones de pesos) del presupuesto

están destinados a este rubro. Esta suma se espera

que crezca en los próximos años, pues por mandato

de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho

fundamental a la salud, el Plan Obligatorio de

Salud (pos) deberá cubrir todas las tecnologías del

mercado, excepto las específicamente excluidas.

¿Qué hacer en un contexto de recursos públicos

escasos para garantizar la inversión en rubros que

valgan la pena? Para responder a esta pregunta

fue elaborado un documento con las propuestas

prácticas sobre cómo establecer los precios de los

medicamentos según su aporte terapéutico.

El documento estuvo a cargo del Centro de Pensamiento

en Medicamentos, Información y Poder de

la Universidad Nacional de Colombia y el Proyecto

Salud Visible de la Universidad de los Andes. Para

su elaboración, fueron convocados un grupo de

profesionales en diversas disciplinas y sectores

(industria farmacéutica, ong, pacientes, operadores

logísticos, academia y consultores independientes).

El resultado fue entregado al Ministerio de Salud

y Protección Social.

El documento para la regulación de medicamentos

ofrece sugerencias sobre cómo reglamentar el

artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional

de Desarrollo (pnd), el cual formula el control de

los precios de medicamentos nuevos de acuerdo

con su aporte.

Nuevo modelo

La propuesta sugiere la utilización de una escala

muy sencilla de aporte de tal manera que, después

de analizar de forma objetiva y rigurosa el beneficio

adicional que ofrece el nuevo medicamento

con respecto a los ya existentes, sea posible

definir el precio, así:

–Para los medicamentos con alto aporte terapéutico,

un precio que los premie. Este podría

corresponder al costo internacional de referencia

(observando el precio del mismo medicamento

en 17 países).

–Para los medicamentos con aporte terapéutico

moderado, un premio entre el 10 % y el 50 % adicional

al precio del comparador (es decir, uno de los

Alrededor de diez billones de pesos de recursos públicos son destinados a la compra de medicamentos.

medicamentos ya presentes en el mercado, con

el que el medicamento nuevo entra a competir).

–Para los medicamentos sin ningún aporte terapéutico

el precio no debería superar en ningún caso el

del comparador, pues no habría justificación para

pagar un valor más alto que el del medicamento

que ya está en uso.

En la definición del aporte terapéutico y del precio,

el documento propone también el análisis del

costo de oportunidad. Ello significa evaluar no solo

la contribución para los pacientes, sino también para

el sistema de salud, ya que la financiación de nuevas

tecnologías en el sector impide invertir en otras.

Precio, consideración no sanitaria

Además, los autores ofrecen recomendaciones prácticas

sobre los criterios y las fuentes de información

para que el Ministerio de Salud y Protección Social

defina cada año los medicamentos que estarían sujetos

a esta medida, sobre plazos y procedimientos

jurídicos específicos. En esta línea la propuesta analiza

elementos de la demanda de inconstitucionalidad

que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos

de Investigación y Desarrollo (Afidro) instauró en

contra del artículo 72 ante la Corte Constitucional.

La demanda considera que ese punto viola el derecho

fundamental a la salud al bloquear o retrasar la entrada

al mercado de nuevos medicamentos, además, al establecer

el precio como requisito del registro sanitario.

La iniciativa indica que el artículo 72 dispone salvaguardas

para evitar el bloqueo de medicamentos

nuevos, pues establece que la fijación del precio

debe hacerse paralelamente al registro sanitario,

sin sobrepasar los plazos para su expedición.

El documento precisa que al no ser una consideración

sanitaria, en ningún momento deberá ser

considerado por el Instituto Nacional de Vigilancia

de Medicamentos y Alimentos (Invima) para evaluar

la calidad, seguridad o eficacia de un medicamento.

Además, recomienda que la evaluación del aporte

para tomar decisiones sobre el control de precios de

nuevas tecnologías sea usada independientemente

del resultado de la demanda de constitucionalidad.

En caso de que la demanda prospere, esto implicaría

hacer la evaluación después del ingreso al mercado

del nuevo medicamento.

Proceso transparente

foto: archivo particular

El documento es contundente en relación con la

importancia y necesidad de que el proceso de control

de precios sea transparente. Por eso, insiste en que

debe realizarse mediante referenciación internacional,

además, cualquier interesado (laboratorio

fabricante, sus competidores, pacientes y hospitales)

podrá comentar por escrito y las entidades

involucradas publicarán los aportes recibidos y

las respuestas.

Según los autores de la propuesta, la consulta

pública es un espacio que garantiza el derecho de

la industria farmacéutica a defender su posición y

evita acuerdos sobre los precios a puerta cerrada,

los cuales son inaceptables, ya que está en juego

el gasto público.

La propuesta del Centro de Pensamiento no se

aleja de las tendencias y recomendaciones técnicas

internacionales en esta materia. La posible adopción

de las recomendaciones del documento en los

asuntos polémicos de naturaleza política y jurídica,

incluida la decisión de la demanda de constitucionalidad,

dependedel balance de fuerzas y la

capacidad de influencia de los diversos grupos en

el proceso de discusión.

El texto destaca el consenso que parece existir

en esta materia. No se trata de negar o limitar el

acceso a medicamentos o tecnologías nuevas, sino

tener una medida viable para poder pagarlas de

forma responsable y equitativa.

palabras clave: medicamentos, costo, sistema de

salud. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 10

Especial

Acuerdo

de La Habana

Política agraria omite

lo acordado en La Habana

Darío Fajardo Montaña, profesor

Universidad Externado de Colombia

Lejos de modificar

la realidad del campo,

como escenario principal

del conflicto armado,

las iniciativas del Gobierno

tienden a afianzarla. Ejemplo de ello

es la Ley 1776 de 2016,

para el establecimiento

de las Zonas de Interés de

Desarrollo Rural, Económico

y Social (Zidres), que concedería

tierras a grandes proyectos

agroexportadores.

Rodeadas por las preocupantes perspectivas

económicas del país y su descomposición institucional,

las conversaciones de paz entre el Gobierno

y las farc culminaron el pasado 24 de agosto con la

firma de los acuerdos alcanzados. Acentúan estas

dificultades las decisiones tomadas por el Gobierno,

que afectan la gestión del patrimonio ambiental

y debilitan el abastecimiento alimentario, lo cual

profundiza los efectos del llamado modelo de desarrollo

agrario.

Las mencionadas determinaciones han agudizado

el descontento popular, encauzado en demandas

de distinto orden, en particular las expresadas por

la Cumbre Agraria y Popular, que coinciden en sus

contenidos fundamentales con el Acuerdo Final de

las conversaciones de La Habana.

A propósito de estas condiciones el Informe de la

Misión para la Transformación del Campo, publicado

por la Dirección Nacional de Planeación, señala:

“El área rural colombiana ha sido uno de los ejes

indiscutibles del desarrollo económico del país.

Sin embargo, al mismo tiempo, su atraso relativo

en materia económica y social muestra los sesgos

urbanos que ha tenido el desarrollo del país. El

campo ha sido, además, el escenario principal del

largo conflicto armado”.

Según el censo de 2014, de las tierras para uso

agropecuario, aquellas dedicadas a los cultivos alcanzan

poco más del 19 % de la superficie, en tanto que

el 80 % está cubierto por praderas, para un hato de

22 millones de cabezas, lo cual mantiene una proporción

de 0,7 cabezas por hectárea, similar a la de 1954.

Estas cifras revelan una estructura de la propiedad

y uso de la tierra inamovible, caracterizada por la

supremacía de la gran propiedad y la subutilización

de los suelos; un patrón reforzado a través de la

guerra, extendida por más de cinco décadas y durante

las cuales procedieron sin efectos dos leyes

de reforma agraria.

Como resultado de la vigencia de este sistema

agrario se ha restringido la producción de los bienes

agrícolas y agravado la dependencia alimentaria

del país. En la actualidad, son importados entre el

30 % y el 50 % de sus alimentos, lo cual reduce la

generación de empleo e ingresos, reproduce y amplía

la pobreza, estimada en el 47 % de la población

rural, y retrasa el desarrollo económico y social del

campo y el país, según indica el informe Colombia,

política de tierra en transición, publicado en 2004 por

el Banco Mundial.

Fondo de tierras

El primer punto del Acuerdo Final incluye la creación

del Fondo de Tierras de carácter permanente para

su entrega gratuita a campesinos

sin tierra o con disponibilidad

insuficiente de la misma.

El fondo dispondrá de tres

millones de hectáreas durante

sus primeros diez años de creación.

También, contará con la formalización

de siete millones de

hectáreas de pequeña y mediana

propiedad, que serán priorizadas

por áreas definidas en los Programas

de Desarrollo con Enfoque

Territorial (pdet), las Zonas de Reserva

Campesina (zrc) y otras que

establezca el Gobierno, además

de la financiación de sus planes

de desarrollo.

Asimismo, contempla el establecimiento

de incentivos

para la producción, dotación

de crédito, asistencia técnica e

infraestructuras (vías terciarias,

electrificación y conectividad en

comunicaciones, obras de riego y

drenaje para las economías campesinas

y comunitarias, obras de

saneamiento y salud). También,

atiende las necesidades en educación

a nivel local, protección

y seguridad social, formación y

actualización del catastro rural y

la restitución de las tierras a las

personas y comunidades víctimas

del despojo.

Convergencia de propuestas

Previo a las conversaciones de paz, varios movimientos

agrarios venían exponiendo sus demandas.

Algunas de ellas fueron recogidas el pasado 11 y 12

de junio en el Acta de acuerdos de la reunión de

los representantes de la Minga Nacional Agraria,

Étnica y Popular con el Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural.

Estos acuerdos contemplan la creación de una

figura territorial campesina que amplíe la experiencia

de las zrc; la identificación física y jurídica de tierras

productivas a campesinos sin tierras o con menos

de una Unidad Agrícola Familiar definida en la Ley

160 de 1994, con una extensión no acordada todavía

de unos dos millones de hectáreas; y la legalización

de los predios ocupados por campesinos.

De igual manera, plantean la culminación de

trámites de las zrc y su financiación; la revisión del

Convenio sobre Protección de Obtentores Vegetales,

referido al establecimiento e imposición de patentes

comerciales a modificaciones de especies vegetales;

además, los planes piloto de compras públicas de

cosechas para abastecer instituciones y programas,

así como el impulso al Fondo adaptación al Cambio

climático y vivienda rural.

Propuesta oficial

Expresada en la Ley 1776 de 2016 para el establecimiento

de las Zidres, la propuesta agraria del gobierno

descarta la titulación de baldíos a través de las

Unidades Agrícolas Familiares (uaf), establecidas

en la Ley 160 de 1994, las cuales son “flexibilizadas”

Apenas el 19 % de las tierras tienen uso agropecuario en Colombia.

foto: archivo particular

para ampliar su extensión y asignación a grandes

inversiones.

La nueva normativa facilita la legalización de

compras de tierras asignadas en uaf a través de

reforma agraria y promueve su absorción mediante

concesiones de tierras a grandes proyectos agroexportadores.

Al mismo tiempo, minimiza su asignación a favor

de los pequeños campesinos carentes de ellas

o con muy pequeñas posesiones, para los cuales

solamente se prevé su asociación con grandes

emprendimientos en condiciones semejantes a

la calidad de aparceros.

Por otra parte, contempla el establecimiento

de zonas francas agroindustriales (artículo 2, Ley

1776 de 2016) en el interior de las Zidres, lo cual

las convierte en territorios autónomos frente a la

legislación laboral y fomenta una precarización de

las condiciones de trabajo de los asalariados.

Ante los diagnósticos contenidos en los estudios

citados, la propuesta oficial, lejos de intentar modificar

las realidades reveladas, tienden a afianzarlas.

La dirección del Estado no solamente persiste en

las políticas que han conducido a la postración

del campo y la exacerbación de la guerra, también

omite los acuerdos establecidos dentro de las conversaciones

de paz.

palabras clave: agro, acuerdos de

paz, posacuerdo, Zidres, desarrollo

agrario. Consúltelas en

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 11

Participación política

exigirá rediseño del Estado

Carolina Jiménez Martín, profesora, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

Especial

Acuerdo

de La Habana

El segundo punto del Acuerdo Final

abre escenarios importantes

para la cualificación democrática

y la recuperación del campo

político. Su concreción depende

del despliegue de herramientas

jurídicas que permitan

materializar lo acordado.

El segundo punto del Acuerdo Final “Participación

política: Apertura democrática para construir la

paz” propone una serie de estrategias, mecanismos

y herramientas para la ampliación democrática y la

recuperación –aunque parcial– del poder político

de la comunidad. De ahí la importancia de construir

una paz estable y duradera con justicia social.

Los desarrollos propuestos parten del reconocimiento

de las limitaciones del régimen democrático.

En especial, aquellas referidas a las restricciones

y criminalizaciones a la participación popular, así

como la pretendida especialización del campo de

lo político y su eclipsamiento en el poder del gobernante.

Este carácter autoritario y delegativo del sistema

político sería, entre otros, uno de los factores

explicativos de la pervivencia y dinamización de

la confrontación armada del último medio siglo.

Por tanto, su resolución resulta inexcusable para

evitar apelar a la violencia como método de acción

política y orientarla hacia el fortalecimiento del

pluralismo, la cualificación del debate democrático

y la representatividad de los diversos horizontes

de sentido político, presentes en la sociedad en un

momento histórico específico.

Democracia delegativa

El régimen democrático en Colombia ha asumido

rasgos de lo que el politólogo argentino, Guillermo

O’Donnell, caracteriza como democracias delegativas,

las cuales “están basadas en la premisa de que

quien sea que gane una elección presidencial tendrá

derecho a gobernar como lo considere apropiado,

restringido solo por la dura realidad de las relaciones

de poder existentes y por un periodo limitado

constitucionalmente”.

Esto es, regímenes donde el campo de acción de

la política se ha restringido, “especializado” y, en

consecuencia, delegado a un grupo dominante que

controla el aparato estatal. El carácter de este tipo

de democracias eclipsa el ejercicio de la política al

juego electoral, desconoce la riqueza y complejidad

del campo político, persigue la protesta y la movilización

social y rechaza formas de regulación de

carácter comunitario y antielectoral.

Algunas veces, estas estructuras del sistema

político están soportadas en poderes clientelistas

afianzados en los territorios y con una alta capacidad

de orientar el proceso electoral en oportunidades,

apoyado en el uso de estructuras armadas. El proyecto

de dominación de clase del paramilitarismo

es ilustrativo de esta cuestión.

Justamente, teniendo como horizonte este nudo

de problemas, el Acuerdo Final propone una serie de

caminos que pretenden contribuir en su resolución.

Participación activa

El acuerdo sobre participación política prevé escenarios

importantes para la cualificación democrática

y la recuperación del campo político. Entre los

componentes que están dirigidos en esa dirección

sobresalen:

–Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición

política en general y en particular para los

nuevos movimientos que surjan luego de la firma

del acuerdo final.

–Creación de un Sistema Integral de Seguridad

para el ejercicio de la política, con especial cuidado

de los líderes de las organizaciones y los movimientos

sociales y defensores de los derechos humanos.

–Promoción de mecanismos democráticos de

participación ciudadana en los diferentes niveles

territoriales que permitan a las comunidades decidir

(construcción desde abajo) sobre asuntos de

interés público y comunitario.

–Garantías para la movilización y la protesta social

y procesos de democratización que conduzcan a la

transformación de la cultura política y promuevan la

recuperación de la legitimidad de la acción política.

–Reforma del sistema electoral y creación de una

misión electoral especial para orientar el rediseño

institucional requerido.

–Medidas efectivas para promover una mayor

participación de todos los sectores, incluyendo la

población más vulnerable, en igualdad de condiciones

y con garantías de seguridad.

–Creación de 16 Circunscripciones Transitorias

Especiales de Paz con el propósito de integrar las

zonas más afectadas por el conflicto y generar condiciones

para avanzar hacia la configuración de

órdenes territoriales más justos.

Además, es importante subrayar que el Acuerdo

Final en cada uno de los puntos hace un llamado a

la participación activa de toda la ciudadanía para la

implementación de lo acordado y la construcción

de la paz territorial.

Estos elementos problematizan el carácter

representativo y delegativo del sistema político

ilustración: Vanessa Tremain/Unimedios

colombiano, amarran la consolidación de la paz

a la ampliación democrática, reconocen la importancia

de la movilización y la protesta social para

el fortalecimiento de una sociedad pluralista y

generan condiciones para el control comunitario

de la gestión pública.

Pese a que el acuerdo no logra poner en cuestión

la disociación que construye la democracia capitalista

entre identidad civil y estatus socioeconómico,

este emprende espacios y genera garantías para las

luchas del poder popular.

Nuevas herramientas jurídicas

El desarrollo del segundo punto conducirá a un

profundo rediseño del Estado y al despliegue de una

nueva producción jurídica que genere garantías de

materialización de lo acordado. De ahí la importancia

del llamado que se hace en el Acuerdo Final para

concertar un gran acuerdo político nacional con la

participación de todos los partidos, movimientos

sociales y políticos que “definirá las reformas y

ajustes institucionales necesarios para atender los

retos que la paz demande”.

Pese a las limitaciones para transitar hacia una

radicalización democrática, el Acuerdo Final propone

caminos importantes que desplieguen e intensifiquen

la conflictividad social con amplias garantías

democráticas, en el escenario de posacuerdo.

Precisamente, es atendiendo a estas cuestiones

que el proceso de refrendación popular convocado

para el próximo 2 de octubre asume un carácter

estratégico.

palabras clave: participación

política, democracia, movimientos

sociales. Consúltelas en

www.unperiodico.unal.edu.co


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 12

Especial

Acuerdo

de La Habana

Fin del conflicto armado,

un proceso irreversible

Carlos Medina Gallego, profesor, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz

Universidad Nacional de Colombia

El punto 3 del Acuerdo, diseñado

por militares activos y comandantes

del grupo guerrillero, contempla

que las farc estarán concentradas

en 23 zonas veredales y ocho

campamentos, las armas serán

entregadas a la onu y las partes

definirán el protocolo de seguridad

para los mandos y militantes

reinsertados.

Importantes innovaciones permitieron que

antes de la firma de los acuerdos de paz fueran

adelantadas acciones para avanzar en la finalización

del conflicto armado entre Gobierno y farc.

Por ejemplo, la decisión de las farc de abandonar

la guerra determinó un cese unilateral al fuego permanente,

suspendió el reclutamiento de menores y

la compra de armas e iniciaron el acompañamiento

del proceso de desminado humanitario en la vereda

El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), y

en la vereda Santa Elena, del municipio de Mesetas

(Meta).

Estos contundentes hechos y acciones de paz

evidencian la disposición de seguir los procedimientos

necesarios para incorporarse a la vida

social, económica y política del país.

Muestra de esa voluntad explícita la constituye

el hecho de haber llegado, junto con el Gobierno, a

un acuerdo de terminación del conflicto que define

rutas, agendas, tiempos y responsabilidades precisas

para los procesos de localización, dejación de

armas, monitoreo y verificación. Todo ello, en el

marco de un amplio plan de tránsito hacia la vida

institucional y política.

El Acuerdo Final, dado a conocer el pasado 24

agosto, explicita en el punto 3 “Fin del conflicto” los

componentes procedimentales del cese al fuego y

de hostilidades, bilateral y definitivo y la dejación

de armas. A la vez, establece los relacionamientos

básicos con aspectos centrales para la seguridad

del proceso y los integrantes de las farc, una vez

se produzca su concentración e

incorporación en la vida civil en

términos de sus intereses sociales,

económicos y políticos.

Como paso preliminar para

poner en marcha aspectos esenciales,

por ejemplo, el plebiscito,

las partes anunciaron el cese bilateral

al fuego a partir del pasado

29 agosto. Por tanto, ordenaron

acabar de manera definitiva las

acciones ofensivas, así como

poner fin a las hostilidades y a

cualquier tipo de conducta que

ponga en riesgo el proceso de paz.

Verificación

de la ONU y Celac

medidas que conduzcan a una plena participación

política y ciudadana de los nuevos movimientos y

partidos resultantes de la terminación del conflicto

armado. También, la creación de un nuevo Sistema

Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política,

que garantice prácticas democráticas, evite

la criminalización, respete la dignidad humana y

los derechos humanos. Y, por último, las partes

deberán contribuir al surgimiento de una cultura

democrática que proscriba la utilización de las

armas en el ejercicio de la política y favorezca la

contrastación sana de las ideas.

Sobre la base de estos compromisos generales

inicia la fase de localización de las estructuras

guerrilleras en 23 Zonas Veredales Transitorias de

Normalización y ocho campamentos. Desde allí

serán divulgados los procesos requeridos para garantizar

el paso de los combatientes a la vida civil,

de manera que la dejación de armas se produzca

en un tiempo no mayor a 180 días.

Este proceso será adelantado por Naciones Unidas

de forma escalonada. Con el armamento colectado

se erigirán tres monumentos para la memoria de un

conflicto que no debe volver a repetirse.

Asimismo, contará con un Mecanismo de Monitoreo

y Verificación a cargo del Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas con el apoyo de

la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y

del Caribe (Celac), el Gobierno y las farc. Este

operará como un mecanismo técnico y eficaz que

proporcione seguridad y legitimidad al proceso y

resuelva en la instancia pertinente las dificultades

presentadas.

Los integrantes de las farc formarán parte de

un censo socioeconómico durante su permanencia

en las zonas veredales. En ese periodo también se

desarrollarán medidas y actividades preparatorias

para que el tránsito hacia la legalidad suceda con el

menor número de traumatismos e inconvenientes.

colectivo y articulado

Seguramente, en el conjunto de la población existirán

varias dudas, alimentadas por los delirios de

los opositores al proceso. Por ejemplo, si efectivamente

las farc desaparecerán como organización

armada, si van a fragmentarse o seguir secuestrando,

extorsionado o controlando territorios.

Como en todo proceso de paz, es posible que

haya algún sector pequeño e insubordinado. Esto

ha sucedido con el Frente Primero, profundamente

cuestionado porque el comportamiento de sus

mandos evidenció infiltración y traición durante

la Operación Jaque. Sin embargo, las farc son una

organización cohesionada y disciplinada que sigue

las orientaciones del Secretariado y del Estado

Mayor Central. Además, ya ha tomado la decisión

de irse de la guerra y si todo trascurre según lo

acordado, es un proceso irreversible.

La entrega de las armas es otra inquietud percibida

en la sociedad. Existe una hoja de ruta

para llevar a cabo esa tarea. El armamento no se

entregará al Gobierno, pues las farc no se consideran

una fuerza derrotada, por el contrario, es

una decisión esencialmente política.

Tampoco, llegarán a las ciudades como otros

desmovilizados, quienes se vincularon a otras

prácticas ilegales y aumentaron los niveles de

inseguridad; su normalización iniciará a través

de la vinculación de sus integrantes a proyectos

de desarrollo social y económico, y a labores de

construcción y desarrollo del nuevo movimiento

político. Todo esto sucedede manera colectiva

y articulada.

Igualmente, sectores sociales y políticos tienen

la incertidumbre heredada de otros procesos

sobre si su dirigencia y militancia será criminalizada

por otros actores armados y en particular

por el fenómeno paramilitar. El Gobierno tiene

el compromiso de combatir y desarticular las

organizaciones criminales, que obliga a las partes

a ajustar el sistema de seguridad sobre los

mandos y militantes reincorporados al orden

institucional.

El punto 3 del Acuerdo General, con sus respectivos

anexos operativos, es el resultado del trabajo

de la subcomisión para la terminación del conflicto

conformada por militares activos y comandantes

de las farc, quienes construyeron una propuesta

frente a la decisión de finalizar la guerra entre las

partes de manera definitiva.

palabras clave: Fin del conflicto, proceso de paz,

farc, zonas veredales. Consúltelas en

www.unperiodico.unal.edu.co

En relación con el Cese al Fuego

y de Hostilidades Bilateral y Definitivo

y Dejación de Armas, el

acuerdo parte del reconocimiento

de los compromisos del Gobierno

en tres aspectos que constituyen

prerrequisito de este punto.

El primero de ellos corresponde

a la implementación de

Arauca es uno de los 12 departamentos que albergará una zona veredal.

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 13

Drogas ilícitas: un acuerdo

con sentido común

Pedro José Arenas García, coordinador, Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (ocdi)

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

Especial

Acuerdo

de La Habana

En el punto 4

del Acuerdo Final

se definió que los

cultivos han tenido

un uso ilícito, los

campesinos son

ciudadanos sujetos de

derechos y es necesaria

una nueva política e

institucionalidad para

lograr un gran pacto de

sustitución voluntaria.

Colombia ha sido escenario

de todo tipo de acciones coercitivas,

impuestas unas veces

por convenciones internacionales,

potencias consumidoras y,

otras, por sus propias élites. En

el marco del conflicto interno se

creyó que la causa de la oposición armada estaba

sostenida por campesinos cultivadores de coca,

amapola o marihuana.

Para diseñar este punto en la agenda “Solución

al problema de las drogas ilícitas”, la Mesa de

Conversaciones convocó a discusión las premisas

relacionadas con la reducción de la oferta

de drogas.

Para ello, con el apoyo de la Universidad Nacional

de Colombia y el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (pnud), fue organizado

un foro en Bogotá que abordó las iniciativas y

alternativas dirigidas a una mejor comprensión

de la realidad de los cultivos, los asuntos de salud

que conciernen al consumo y los desafíos que

entraña el combate a los grupos criminales que se

lucran de ese mercado. En el evento participaron

delegaciones de una veintena de departamentos,

así como académicos y especialistas nacionales

y extranjeros.

Otra reunión en Guaviare facilitó el encuentro de

experiencias en materia de desarrollo regional. Allí,

las voces de organizaciones sociales, autoridades

locales, funcionarios del gobierno central y productores

de coca –algunos inmersos en programas de

sustitución– elaboraron conjuntamente una serie

de propuestas. Entre ellas, destacaron la solicitud

del fin de las fumigaciones aéreas, la erradicación

forzada y la necesidad de la concertación de los

proyectos con los directos implicados en este tipo

de agricultura, considerada ilegal.

Cuando el Gobierno y las farc alcanzaron el

acuerdo sobre drogas ilícitas reconocieron que el

conflicto armado tuvo causas ajenas y anteriores

a la aparición del narcotráfico. Señalaron que para

lograr una Colombia en paz y sin “el problema de

las drogas” es necesario alcanzar consensos con

los países consumidores. Además, precisaron,

los cultivos existen por razones de pobreza rural,

marginalidad, falta de presencia del Estado en los

territorios y carencia de servicios elementales,

En once veredas de Briceño (Antioquia) avanza un esfuerzo conjunto por la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

que permitan la garantía de derechos básicos para

los más pobres, entre otros aspectos.

Luego, las partes enlistaron las principales consecuencias

del mercado de drogas para construir

una nueva política que incorpore un tratamiento

diferenciado, basado en la evidencia científica.

Reducción de daños, la prioridad

La nueva política tendrá un enfoque de derechos

humanos y salud pública y contempla un tratamiento

especial a los “eslabones débiles” de la cadena de

drogas, es decir, a los campesinos cultivadores y las

personas que usan sustancias adictivas.

Esa nueva visión reconocerá y defenderá los usos

ancestrales y desarrollará usos médicos e industriales

basados en aquellas plantas; asimismo, fue

acordada la inclusión de los enfoques territorial, de

género y ambiental. De igual manera, en un marco de

seguridad garantizada por instituciones estatales, se

facilitará un alto nivel de participación ciudadana.

La Mesa de Conversaciones logró algo aún más

interesante: ligó el fenómeno de los cultivos con

los problemas de la tierra. Además, indica que el

punto cuatro 4 debe verse como un capítulo especial

del punto 1 “Política de desarrollo agrario

integral”. Es decir, como parte de la transformación

estructural del campo colombiano, debe fomentar

el buen vivir de las poblaciones rurales y la materialización

de los principios y normas del Estado

social de derecho. Por eso, la implementación de

los proyectos en comunidades donde hay cultivos

debe comprender programas diseñados a partir del

punto de reforma rural.

El reto de seguridad que afrontarán los territorios

cuando las guerrillas dejen sus armas fue asumido

de forma realista, lo cual es un gran desafío. El

Gobierno y las FARC reconocieron que el mercado

de drogas es una realidad que empuja a las organizaciones

criminales por las rentas que genera el

narcotráfico. Por ello, el punto 4 hace énfasis en una

persecución del delito generado por bandas que

buscan el enriquecimiento personal, a través de la

corrupción, la inseguridad en las zonas de cultivo,

tránsito y consumo y perversión del sistema político.

Este acuerdo contempla el compromiso de las

farc “de poner fin –en un escenario de fin del

conflicto– a cualquier relación que en función de

la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno”

(sic). Dicha responsabilidad ha sido destacada

por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión

Europea, así como la Organización de las Naciones

Unidas (onu).

En ese ámbito está inscrito el esfuerzo conjunto

especial de sustitución voluntaria de cultivos de uso

ilícito, adoptado por las partes para once veredas

de Briceño (Antioquia). Dentro de las acciones

prácticas que validan la decisión de avanzar en esta

dirección, también, están los programas de desminado

humanitario que cuentan con la participación

activa de la onu.

Si bien los diálogos de paz sirvieron para reconocer

que los cultivos de coca y la pasta base han

sido parte de las economías de guerra, la Mesa de La

Habana abordó este fenómeno desde la perspectiva

de reducción de daños y señaló que las acciones

inconsultas sin la participación de quienes están

directamente afectados por las políticas son una

equivocación que el país puede corregir.

El fin del conflicto es una oportunidad para ello

y la construcción de paz debe incluir la creación

de una nueva institucionalidad con el compromiso

decidido del Estado de incorporar como ciudadanos

a las personas que han cultivado materias primas

de las drogas o consumido aquellas sustancias.

palabras clave: sustitución, salud pública,

derechos humanos, combatir la delincuencia.

Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

foto: El Tiempo


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 14

Especial

Acuerdo

de La Habana

Los derechos de las víctimas

en el contexto del proceso de paz

Marco Romero, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

El proceso de paz entre el Gobierno

y las farc fue el primero

en Colombia que reconoció

los derechos de las víctimas

desde un principio de universalidad,

lo cual significa esclarecer

la responsabilidad de todos los que

participaron de manera directa

o indirecta en crímenes graves.

El aporte más evidente de todo proceso de paz

es frenar la cadena de hostilidades. Esa fue una de

las exigencias de las delegaciones de víctimas que

concurrieron ante la mesa de diálogo: “Que no se

levanten sin acordar la paz y que no ocurra a otros

lo que nos ha ocurrido”.

La terminación de un conflicto armado por esa

vía conlleva a la ponderación de las necesidades de

reconciliación basadas en el derecho a la paz y la

garantía de los derechos de las víctimas.

Estos derechos dependen del tipo de solución que

se da a las guerras civiles, pues cuando triunfa una

de las partes, esta impone a los vencidos su visión

de justicia y sociedad. Pero cuando son resueltos

a través de negociaciones de paz, no se reconocen

vencedores ni vencidos y se pacta la transición al

nuevo orden.

En ese sentido, las transiciones pactadas resultan

superiores en términos de democracia porque evitan

el autoritarismo, permiten mayores oportunidades

de inclusión en el sistema político y ofrecen

mejores posibilidades para el reconocimiento de

los derechos de todas las víctimas; siempre que el

compromiso no incluya una transición amnésica.

Mecanismos judiciales y extrajudiciales

El acuerdo de La Habana incorpora dos conjuntos de

medidas. El primer conjunto de acuerdos establece

un Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación

y No Repetición, compuesto por mecanismos judiciales

con funciones de investigación y sanción

(Jurisdicción Especial para la Paz); también, mecanismos

extrajudiciales complementarios como

la Comisión de la Verdad, que deben contribuir a

establecer las responsabilidades, la búsqueda de

personas desaparecidas y la reparación de los daños.

Por primera vez en Colombia, el sistema adopta

el principio de “universalidad”, esto es el reconocimiento

de la responsabilidad de todos los que

participaron de manera directa o indirecta en el

conflicto, involucrados en graves violaciones de

los derechos humanos e infracciones al Derecho

Internacional Humanitario.

Según el historiador Mario Aguilera Peña, en

Colombia se han concedido más de 180 procesos

de amnistía e indulto, sin mayor consideración

por los derechos de las víctimas, para resolver las

guerras civiles entre liberales y conservadores, y en

los años 90, entre el Estado y grupos insurgentes.

En el proceso de diálogo del expresidente Álvaro

Uribe Vélez con los grupos paramilitares se acordó

un modelo unilateral basado en la determinación

de responsabilidad de estos grupos, pero dejando

por fuera a los responsables indirectos y agentes

de Estado. En su momento, la Ley 975 del 2005 incorporó

los derechos de las víctimas y dejó atrás la

propuesta gubernamental de “alternatividad penal”

basada en la impunidad.

No obstante, los opositores del actual proceso

hablan de impunidad, pero en el fondo rechazan

el criterio de “universalidad” porque prefieren un

sistema selectivo, que excluya a empresarios, agentes

de fuerza pública, expresidentes y líderes políticos.

El segundo principio da prioridad a la justicia

restaurativa y la reparación sin descartar sanciones

retributivas, para lo cual se adopta un sistema

de condicionalidad y de incentivos, que otorga

penas especiales a quienes aporten a la verdad y la

reparación. La principal ventaja de este concepto

de justicia es que permite esclarecer los crímenes

sistemáticos y, con ello, contribuir a la verdad, uno

de los reclamos básicos de las víctimas.

Al respecto, la oposición sostiene que el nuevo

sistema erosiona las instituciones y garantías de la

justicia ordinaria nacional e internacional. Además,

deberían considerar que esta seguirá actuando

frente a quienes no concurran al sistema especial.

Asimismo, se debe reconocer que históricamente

la justicia ha sido un bien escaso para las víctimas,

pues la impunidad registra índices aberrantes superiores

al 95 % frente a delitos graves, como la

desaparición forzada, el desplazamiento forzado,

la violencia sexual contra las mujeres o el asesinato

dederes sindicales. Irónicamente, el país está

ante la probabilidad de que las víctimas tengan más

justicia con el sistema especial que con décadas de

“justicia” ordinaria.

Finalmente, el modelo ofrece seguridad jurídica

a quienes decidan acogerse al sistema especial de

justicia, como elemento de transición a la paz, pero

en función de asegurar los derechos a la verdad y

la reparación de las víctimas.

Atención y reparación de víctimas

El Acuerdo Final también prevé importantes medidas

para garantizar los derechos de las víctimas y el

tránsito a la vigencia de sus derechos ciudadanos.

De esta manera, se convino:

1) Planes de retorno para las víctimas en el exterior

y los desplazados internos, basados en principios

de dignidad, seguridad, voluntariedad y sostenibilidad.

Es previsible un alto índice de retornos, dados

los incentivos de la paz territorial, lo cual demanda

soluciones duraderas rurales y urbanas y concertación

de medidas de regularización migratoria para

los refugiados que no quieran regresar.

2) Además de la restitución de tierras, las víctimas

de desplazamiento que decidan retornar y tengan

vocación productiva tendrán acceso preferencial

al fondo de tierras, al programa de formalización

y a los sistemas de subsidio, asunto decisivo si

se considera que muchos desplazados carecen de

propiedad formal o real de tierras.

3) Las víctimas tendrán prioridad en las circunscripciones

electorales de carácter transitorio en 16

territorios afectados por la violencia.

4) Los programas de la paz territorial tendrán en

cuenta los índices de victimización, a fin de favorecer

las poblaciones y territorios más afectados.

5) Fortalecer los planes de reparación colectiva a

partidos y movimientos sociales, pueblos étnicos,

organizaciones sociales, iniciativas de mujeres, gremios

económicos y demás colectivos afectados por

el conflicto, a fin de reparar daños, reconstruir sus

capacidades y su lugar en el sistema democrático.

6) Un proceso participativo de reforma de la

institucionalidad y la normatividad vigente para la

atención y reparación de las víctimas para adecuarla

a las necesidades, la temporalidad y las oportunidades

que ofrece el proceso de paz.

7) Reconocer los derechos especiales de las mujeres

víctimas, los jóvenes y niños, los grupos lgbti,

los pueblos indígenas y afrodescendientes, etc.,

para reparar los daños con medidas diferenciadas.

Estas reformas deben asegurar la implementación

de los acuerdos sin menoscabar los derechos ya

adquiridos por las víctimas, además, demanda una

voluntad política que asegure el funcionamiento

eficaz de las nuevas instituciones, superar el desfinanciamiento

de la Ley de Víctimas advertido por

la Contraloría General de la República y resolver

el déficit de soluciones duraderas documentado

por el auto 373 de 2016 de la Corte Constitucional.

palabras clave: víctimas,

desplazamiento forzado,

reparación a víctimas. Consúltelas

en www.unperiodico.unal.edu.co

foto: El Tiempo

La impunidad en temas como desaparición forzada o violencia sexual contra las mujeres registra índices superiores al 95 %.


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 15

Un acuerdo con posibilidades

reales de implementación

Jairo Estrada Álvarez, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

Especial

Acuerdo

de La Habana

El sistema de implementación,

punto 6 del Acuerdo Final, conjuga

nueva institucionalidad, desarrollos

normativos, financiación, control

social y ciudadano y mecanismos

de participación social para

un período estimado de diez años.

Tras la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno

y las farc y de su entrada en vigor, inicia la

fase de mayor importancia: la implementación de

lo convenido.

Del desenvolvimiento de esta parte podrá inferirse

si se está en presencia de un proceso con

efectos políticos, económicos, sociales y culturales

transformadores o de una simple absorción sistémica

de la rebelión armada. Asimismo, será posible

valorar si el país está ante un hecho político que

inaugura un proceso de inflexión histórica o frente

a un acontecimiento más de la historia nacional

sin mayor significado, como lo sugieren algunos

análisis escépticos.

La implementación descansa sobre una premisa:

el Acuerdo Final es un acuerdo de mínimos para

una salida negociada al conflicto armado al mismo

tiempo un acuerdo de solución jurídica, ya que lo

convenido demandará elaboraciones que permitan

dotarlo con la correspondiente fuerza normativa

constitucional y legal.

En ello radica buena parte del fundamento para

que lo acordado sea incorporado a las políticas

públicas y los planes, además, exista la obligación

de comprometer recursos de presupuesto para su

financiación.

El sistema de implementación

Al tomar como referente la señalada premisa, es

posible tener una mejor comprensión del sistema

ilustración: Vanessa Tremain/Unimedios

de implementación y de sus componentes. En ese

sentido, las partes acordaron:

-La conformación de una “Comisión de Implementación,

Seguimiento y Verificación del Acuerdo

Final de Paz y de Resolución de Diferencias (csvr)”,

en adelante, Comisión de Implementación, de carácter

bipartito, integrada por tres representantes

de cada una de ellas.

-La discusión y aprobación de un Plan Marco

de Implementación (pmi), dentro de los cuatro

meses siguientes a la firma del Acuerdo Final. Este

“contendrá el conjunto de propósitos y objetivos,

metas y prioridades e indicadores, la recomendaciones

de política y medidas necesarias para la

implementación de todos los acuerdos, así como

su priorización y secuencia (cronograma) e instituciones

responsables”.

El pmi será adoptado mediante documento

conpes en los términos aprobados por la Comisión

de Implementación y deberá contener los recursos

indicativos para su financiación.

-La desagregación del Plan Marco en Planes

Cuatrienales de Implementación, que deberán ser

incluidos como capítulos del Plan Nacional de Desarrollo

de los próximos gobiernos.

-La vinculación de los planes de desarrollo, departamentales

y municipales, “incluyendo en los

territorios priorizados, los planes de acción para la

transformación regional de los planes de desarrollo

con enfoque territorial (pdet)”.

-La contribución a la financiación con cargo a

recursos del Sistema General de Participaciones y

del Sistema General de Regalías.

-La creación de un Sistema integrado de Información

y Medidas para la Transparencia para facilitar

el seguimiento a la implementación, prever

la corrupción y dar garantías a la ciudadanía sobre

la ejecución de los recursos.

-La promoción de la participación de organizaciones

sociales y comunitarias en la ejecución y

organizaciones de la sociedad civil en reuniones

ampliadas de la Comisión de Implementación.

En el capítulo étnico se estableció la creación de

una instancia de alto nivel con pueblos étnicos,

que actuará como consultora, representante e

interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación.

-La consideración de diferentes medidas para garantizar

la implementación, que incluyen la participación del sector

empresarial y la cooperación internacional, así como, en el

caso de la reincorporación, la medidas de contribución a la

reparación material de las víctimas, entre ellas, la contribución

de las farc.

De esta manera, el sistema de implementación conjuga

nueva institucionalidad, desarrollos normativos, financiación,

control social y ciudadano y mecanismos de participación

social para un período estimado de diez años.

Desarrollos normativos

Tal como se ha mencionado, la solución jurídica es un componente

central del Acuerdo Final, ya que además de ofrecer

seguridad jurídica a las partes, otorga a lo convenido una

fuerza vinculante y genera condiciones favorables para el

proceso de implementación.

Por esa razón, fueron establecidas las “prioridades para

la implementación” y “un calendario de implementación

normativa durante los primeros doce meses tras la firma del

Acuerdo Final”, que se llevarán a cabo según lo establecido

en el Acto legislativo 01 de 2016. Mediante dicha reforma

constitucional fue definido un procedimiento expedito para

“facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo

del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

El cumplimiento del trámite y aprobación de las prioridades

y las principales reformas constitucionales y legales

derivadas del Acuerdo Final será la primera prueba de fuego

para establecer la voluntad y la decisión política del Gobierno

y de la bancada mayoritaria en el Congreso y promover lo

convenido por las partes.

Todas las reformas por tramitar tendrán una garantía de

fidelidad con lo acordado, pues dentro de las funciones de la

Comisión de Implementación se estipuló: “constatar que el

contenido de los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que

sean necesarios para implementar el Acuerdo Final corresponda

a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados,

según sea el caso, por el presidente de la República”.

Los diseños del proceso de implementación aquí expuestos

y los acuerdos de verificación de la implementación generan

optimismo, dados los múltiples seguros que comprometen

la comunidad internacional, la veeduría y el control social

y ciudadano. No obstante, hay sombras que provienen de

la capacidad de financiación estatal de lo acordado. En este

aspecto debe preverse la apertura de otro campo de la discusión

política: las finanzas públicas.

La implementación exigirá la redefinición de la sostenibilidad

fiscal, la estructura actual del gasto público y un sistema

de tributación que castiga primordialmente a sectores

medios y pobres de la población. El esfuerzo fiscal destinado

a la victoria militar que nunca llegó deberá encauzarse a la

financiación de la implementación.

Colofón

Tras la realización del plebiscito y la esperada victoria del

sí, se asistirá a una agenda legislativa cargada de múltiples

reformas constitucionales y legales, que además de cualificar

el debate político, sentarán las bases de un inusitado ciclo

reformista.

La mayoría serán reformas aplazadas históricamente,

otras están previstas en la Constitución de 1991, pero no realizadas

tras 25 años de acción parlamentaria. A los acuerdos

de La Habana debe reconocérseles un indiscutible impulso

democratizador de la sociedad colombiana; por supuesto,

despojado de cualquier ilusión constitucional, pero advirtiendo

que habrá un nuevo marco normativo para la acción

política transformadora del orden social vigente.

palabras clave: implementación,

políticas públicas,

presupuesto. Consúltelas en

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 16

Especial

Acuerdo

de La Habana

La justicia de la paz

Rodrigo Uprimny, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

Aunque imperfecta, la jurisdicción

especial para la paz busca una difícil

armonización entre los imperativos

de la justicia y las necesidades de

una salida negociada al conflicto.

De una óptima implementación

dependerá que la paz con justicia

sea posible.

La mayor parte de quienes llaman a votar

no en el plebiscito manifiestan no estar en contra

de una paz negociada con las guerrillas, sino que

se oponen de manera específica a este acuerdo

por ser, supuestamente, una paz con impunidad.

Pero, ¿realmente el país está frente a un acuerdo

de impunidad?

Es un tema difícil. Después de décadas de un

conflicto armado cruel, en donde todas las partes

(guerrilla, paramilitares y Estado) han cometido

atrocidades, no es fácil encontrar un equilibrio entre

la búsqueda de la paz negociada y los esfuerzos por

satisfacer los derechos de las víctimas y sancionar

las atrocidades cometidas en la guerra.

La paz y la justicia pueden ir en la misma dirección

en el largo plazo, pero en el corto plazo entran en

tensión, ya que los crímenes atroces merecen penas

severas, aunque ese tipo de sanciones impiden una

paz negociada.

En ese difícil contexto, la Jurisdicción Especial para

la Paz (jep) prevista en el Acuerdo Final tiene, al menos,

seis elementos positivos que deben ser destacados.

elementos positivos

El primero destaca su dimensión moral, pues este

proceso de paz ha tomado en serio a las víctimas,

lo cual es algo único en la historia colombiana y,

tal vez, en el mundo.

El carácter holístico constituye el segundo elemento.

La jep haría parte de un sistema global

para satisfacer integralmente los derechos de las

víctimas, que incluye una comisión de la verdad,

una unidad de búsqueda de personas declaradas

desaparecidas, el fortalecimiento de los programas

de reparación y el establecimiento de garantías de

no repetición, además de la dejación de armas de

la guerrilla verificada por la onu.

Tal visión holística o integral de la justicia transicional

es recomendada por todos los expertos,

quienes señalan que estas fórmulas integrales son

las que mejor satisfacen los derechos de las víctimas

y tienen sobresalientes resultados en términos de

consolidación democrática.

El tercero está relacionado con la dimensión política.

El acuerdo prevé una amnistía amplia por delitos

políticos y conexos, lo cual reitera que esto no es un

sometimiento de las farc, sino un proceso de paz

con una guerrilla no derrotada para poner fin a un

conflicto armado con raíces históricas profundas. Por

ello, la reconciliación supone no sancionar la rebelión

como tal, a fin de reconocer la dignidad del opositor

político armado y que este tuvo sus razones, sin que

esto signifique que la rebelión estaba justificada.

El respeto del derecho internacional es el cuarto

elemento. El Acuerdo excluye de la amnistía las peores

atrocidades, como los crímenes internacionales

(genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad).

Esos crímenes serán entonces conocidos por la jep,

que tendrá distintas salas y un Tribunal para la Paz.

El quinto factor es su carácter global. La jep juzgaría

todas las atrocidades cometidas por quienes

directa o indirectamente hayan participado en el

conflicto armado, incluidos agentes estatales y

financiadores de la guerra. Esto es importante,

pues las guerrillas no han sido las únicas autoras

de atrocidades y la paz requiere un cierre jurídico

global, que incluya a los victimarios y reconozca a

las víctimas.

El último elemento es el realismo. El acuerdo

prevé que la jep se concentre en los crímenes “más

graves y representativos”, lo cual evitaría su colapso

si pretende investigar todas las atrocidades

ocurridas. Igualmente, la jurisdicción tendrá en

cuenta las sentencias e investigaciones de la justicia

colombiana, así como la información proveniente de

organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

El debate sobre la cárcel

A pesar de lo anterior, los críticos argumentan que

la jep es inaceptable por cuanto no prevé cárcel para

todos los responsables de crímenes atroces. Sin

embargo, el asunto requiere ser matizado, pues no

habrá amnistía para los crímenes internacionales,

por lo que los responsables de esas atrocidades

serán sancionados.

Según el acuerdo, aquellos que sean condenados

sin haber aceptado su responsabilidad irán a la cárcel

de 15 a 20 años; también, quienes reconozcan

tardíamente la verdad y su responsabilidad serán

encarcelados entre cinco a ocho años (igual que los

paramilitares en justicia y paz).

Aquellos que de manera inmediata reconozcan

plenamente la verdad y su responsabilidad no serán

privados de su libertad , pero tendrán una sanción

que puede llegar a ser tan dura o significativa como

ir a prisión, pues incluye la restricción efectiva

de la libertad personal de cinco a ocho años para

realizar labores reparadoras, que tiene en cuenta,

en ciertos casos, actividades como el desminado,

que podrían poner en riesgo sus vidas.

Esto muestra que el debate sobre la supuesta

impunidad del acuerdo de paz dista de ser radical,

pues los opositores no pretenden establecer una

foto: archivo Unimedios

pena de cárcel severa y proporcionada para los

responsables de crímenes atroces, sino que haya

algo de cárcel, incluso por un tiempo reducido de

pocos años. Además, el acuerdo no autoriza amnistía

para esos crímenes, por el contrario, prevé

que quienes colaboren plenamente tengan en todo

caso una sanción.

El debate está reducido a esta discusión: ¿debe

votarse no para que los responsables de crímenes

atroces, que reconozcan inmediatamente verdad

y responsabilidad, vayan en todo caso a la cárcel,

aunque eso ponga en riesgo la paz? o ¿se puede

aceptar en nombre de la paz que, es suficiente (e

incluso mejor), cumplan por un tiempo una sanción

alternativa, que bien ejecutada es significativa,

rigurosa y puede incluso ser útil?

Está claro que el acuerdo de jep dista de ser perfecto,

pero ninguna justicia transicional lo es, pues

en condiciones muy difíciles busca una armonización

difícil, casi imposible, entre los imperativos

de la justicia y las necesidades de la paz negociada.

Cualquier fórmula adoptada podrá ser criticada

y dejará a algunos insatisfechos. Pero la jep, como

lo reconoció recientemente la fiscal de la Corte

Penal Internacional, Fatou Bensouda, se ajusta a

los estándares, aún en construcción, que son apropiados

para estas circunstancias extraordinarias de

los procesos de justicia transicional. En resumen,

las víctimas serán reconocidas y reparadas en forma

adecuada, la verdad será esclarecida, existirán

garantías de no repetición, y los responsables de

las atrocidades rendirán cuentas y recibirán las

sanciones apropiadas.

A pesar de ser imperfecta, la jep, si es implementada

de forma adecuada, será realmente justicia;

así, una paz con justicia será posible.

palabras clave: Jurisdicción

Especial para la Paz, justicia,

crímenes atroces. Consúltelas en

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 17

Medioambiente

Disminución de babilla,

una cuestión de piel

Vanessa Cardona, Unimedios Bogotá

El muestreo más grande realizado

en Atlántico y Bolívar evidenció que el

mayor depredador de los ecosistemas

cenagosos está disminuyendo

debido a la sobreexplotación

por la comercialización de su piel

y la reducción de su hábitat.

dos Unidos y Asia, transacción que representa unos

21 millones delares (63.000 millones de pesos),

según Estadísticas de la Asociación Colombiana de

Zoocriaderos (Azoocol).

Debido a la importancia de este comercio, desde los

años 90 vienen consolidándose zoocriaderos de ciclo

cerrado, únicos permitidos para la especie. Este consiste

en su manejo por medio de una pareja de progenitores

(pie parental), obtenida del medio silvestre, a partir de

la cual se desarrollan todas las fases del ciclo biológico.

Infortunadamente, el país es uno de los territorios

donde más se práctica el comercio ilegal de pieles. Informes

de la Convención sobre el comercio internacional

de especies amenazadas de fauna y flora silvestres

(Cites) indican que el 30 % de los cueros exportados

provienen de animales extraídos del medio silvestre.

La legislación prohíbe estas acciones y avanza en

el fortalecimiento de la regulación. En ese sentido,

pretende impulsar el ciclo mixto, es decir, el manejo

de una o varias especies, tanto en ciclo abierto como

en cerrado. Para ello, la investigación de la un fue

adelantada en alianza con el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, pues para estudiar la problemática

es importante conocer el estado del recurso y

decidir cuál es la mejor alternativa para la especie y las

comunidades que viven de su explotación.

Población joven

Para el conteo de las babillas fue utilizada la metodología

de captura–marcaje–recaptura, que consiste

en aproximarse al animal y atraparlo con lazadas de

acero. Una vez enganchados, registraron datos como

edad y sexo, luego, implantaron un microchip para

identificarlos en un muestreo posterior.

Un total de 260 avistamientos fueron realizados

en agosto de 2015, en el primer muestreo. Tres meses

después, la cifra se redujo a 179. El mayor decaimiento

sucedió en Matatigres (de 148 a 95). En Guajaro pasó de

57 a 33; en la Laguna Luruaco la cantidad se mantuvo

en ocho y en Ciénaga Grande de Magangué disminuyó

en cuatro individuos.

En tres (Matatigres, Magangué y Guájaro) de las cuatro

ciénagas no hay babillas reproductoras de tamaños

mayores a 1,5 metros, dato que contrasta con el aumento

registrado en las crías. Una situación aceptable porque

muestra una renovación de la población, fenómeno

conocido como reclutamiento.

Precisamente, ante la ausencia de ejemplares adultos,

la reproducción recae en individuos de menor tamaño

que tienen menos capacidad de poner huevos. “En los

reptiles, entre más grande sea la hembra, los huevos

son de mayor tamaño y las crías más fuertes”, destaca

el investigador Moreno.

Otro resultado mostró que los individuos que están

llegando a la adultez disminuyeron entre los dos periodos

de muestra. En esa edad son más apetecidos por los

zoocriaderos, pues han superado los 60 centímetros de

longitud y su piel es idónea para la comercialización.

Deterioro del hábitat

Los biólogos analizaron los bosques que rodean las

ciénagas, fundamentales para la reproducción de esta

especie, ya que utilizan la hojarasca para construir

sus nidos.

En Matatigres, antes, había un mosaico de bosque y

plantas acuáticas, hoy conserva un kilómetro cuadrado

de área boscosa y buena parte de la rivera está cubierta

por pastizales. Aun así, reportó un mejor estado de

conservación.

A su vez, la ciénaga Grande de Magangué no cuenta

con áreas boscosas, solo algunos árboles dispersos, y en

la laguna Luruaco tampoco hay bosque, pero conserva

formaciones de plantas acuáticas.

Para comprender la situación del caimán de anteojos

fue importante la participación de la población, que

informó sobre las actividades pesqueras y si perciben

a la babilla como amenaza.

La comunidad manifestó que la pesca era una actividad

que se hacía en cualquier momento, ahora realizan

un mayor esfuerzo para obtener la misma cantidad de

pescado. La diversidad íctica también ha disminuido,

hace años capturaban más bocachicos y bagres, pero en

la actualidad predominan menos especies entre ellas

la mojarra (especie introducida). Esta situación los ha

obligado a utilizar trasmallos, red gigante de uso ilegal

ubicada de orilla a orilla y que recoge todo a su paso.

“Las babillas se acercan al trasmallo, comen algunas

presas y al hacerlo rompen la red. Por eso, a veces hemos

tenido que matarlos”, describieron algunos entrevistados.

No contar con un relleno sanitario es otro aspecto

fundamental, ya que la contaminación es cada vez

mayor y afecta el hábitat de los caimanes de anteojos.

Asimismo, el desecamiento, antigua problemática de la

región, muestra que los ganaderos siguen extendiendo

potreros hasta el límite de las masas de agua.

Según el biólogo Moreno, quienes están dedicados a

la comercialización de babillas venden las especies más

adultas, cuya piel no es de calidad, e incluso capturan

ejemplares más pequeños, aunque su precio sea menor,

pues cada vez es más difícil encontrar individuos de

las tallas apreciadas en el mercado.

Esta es una de las razones por las que el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible pretende impulsar un

ciclo mixto de crianza y explotación, el cual permitiría

el rompimiento del inequitativo margen de ganancias

entre cazador y zoocriadero, que es el que promueve

el comercio ilegal.

Para ello, otorgaría permisos de explotación silvestre

a integrantes de la comunidad, de manera que aprovechen

el recurso de forma racional. De esta manera,

entrarían en una cadena productiva que les proveerá

ingresos económicos para afrontar los problemas de

seguridad alimentaria y calidad de vida.

foto: Willington Martínez Barreto

Se llama caimán de anteojos por la protuberancia o cresta ósea característica entre los ojos, que simulan unas gafas.

Caiman crocodilus es uno de los reptiles de amplia

distribución en el país y una especie de gran importancia

comercial y ambiental, pero es poco estudiada.

Algunas investigaciones realizadas en Cundinamarca,

en la vía Parque Isla de Salamanca, y en el río Atrato dan

cuenta de su estado de conservación aceptable o bajo,

mientras que en otras regiones, como la Orinoquia, sus

poblaciones son saludables.

Biólogos del Grupo de Conservación y Manejo de

Cocodrilos, liderados por la profesora María Cristina

Ardila del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad

Nacional de Colombia (icn–un), comprobaron

que la situación de los individuos que habitan los valles

interandinos y la costa Atlántica no es alentadora.

“Evidencia genética y morfológica indica que las

babillas de estos sitios pertenecen a una especie diferente

a la de la Orinoquia y Amazonia. Como se trata

de resultados recientes, no forman parte de las evaluaciones

sobre su estado de conservación. Además,

un promedio de las poblaciones entre las dos regiones

indica que no es una especie amenazada”, explica el

biólogo Rafael Moreno.

Tras realizar avistamientos en las ciénagas Matatigres

y Grande de Magangué (en Bolívar) y en la laguna

de Luruaco y el embalse de Guájaro (en Atlántico), los

investigadores evidenciaron que el caimán de anteojos

del Caribe está sometido a un mayor nivel de amenaza.

Colombia es uno de los principales exportadores

de cueros exóticos, entre ellos de babilla. Cada año,

envía entre 600.000 y 700.000 pieles a Europa, Estapalabras

clave: babilla, caimán

de anteojos, explotación,

ciénaga. Consúltelas en

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 18

foto: archivo particular

ciencia & tecnología

Menos agua en cultivo de pimentón

Los departamentos de Química de suelos y Producción vegetal de la Universidad de Almería

(España), a través del uso de tensiómetros y sondas de succión, lograron optimizar las condiciones

de un cultivo de pimentones, luego de ahorrar un 34 % de agua en irrigación. Para potenciar la

cosecha al máximo, hecho que se consigue tras cinco meses de irrigación, en el último mes de riego

pasaron de usar entre 3,5 a 4 millones de litros de agua a 2 y 2,55 millones de litros.

Ciencia

& Tecnología

Cuándo y cuánto regar

son interrogantes que suelen hacerse

los agricultores al momento de poner

en marcha los sistemas de riego.

La respuesta estará en el tensiómetro

para suelos agrícolas patentado por la

Universidad Nacional de Colombia (un).

Patentan tensiómetro

para riego de precisión

Héctor Veloza Cano, Unimedios Bogotá

Desde hace más de medio siglo, la información

para el riego es obtenida a partir del uso de dos

medidores de tensión que permiten, por separado,

responder a las inquietudes ¿cuándo regar? y

¿cuánto regar? La Superintendencia de Industria

y Comercio concedió la patente a la un porque su

innovación consiste en medir ambos aspectos en

un mismo aparato.

Según sus creadores, la mayoría de agricultores

suelen sentirse más seguros si riegan los cultivos en

exceso, pero demasiada humedad los afecta y habría

que fumigarlos. Esta situación acarrea sobrecostos

e impactos medioambientales por el uso excesivo

de agroquímicos.

“La utilización de este tipo de instrumentos en

la irrigación de cultivos en Colombia es muy baja,

ya que no son comunes en el comercio nacional

y su costo como equipo importado es demasiado

alto”, afirma el profesor Roberto Villalobos, líder

de la invención, obtenida con la participación del

Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y

Gestión Ambiental.

Sin embargo, el uso de herramientas como el

tensiómetro es cada vez más imperativo porque la

tendencia agrícola mundial es consolidar un riego de

precisión, independientemente del tipo de suelos,

si son francos (capacidad media de almacenamiento

de agua), arcillosos (almacenan más agua) o arenosos

(almacenan poca agua).

Parte de esta necesidad radica en que la producción

de alimentos deberá aumentar al menos

un 70 % para 2050, según estimaciones de la fao.

En 34 años el mundo albergará alrededor de 9.000

millones de personas, la mayoría vivirán en ciudades

de países en desarrollo y los fenómenos climáticos,

como los extensos periodos de sequía, serán más

variantes y extremos.

Precisión, as bajo la manga

El riego de precisión utiliza la tecnología disponible

para programar el momento, la frecuencia y el tiempo

adecuado, según las características del cultivo, la

configuración del sistema de riego, el clima y suelo

del predio. Así, es posible determinar la cantidad de

agua que necesita la planta en el momento adecuado.

Uno de los objetivos es mantener el sembrado en

un estatus de humedad óptimo llamado “capacidad

de campo” para que, a su vez, el cultivo exprese su

potencial productivo, explica el profesor Villalobos.

Mediante dicha capacidad, la planta cuenta con

suficiente humedad y disponibilidad de aire en los

poros del suelo e invertirá mínima energía en sus

procesos fisiológicos y productivos. De esta manera,

el agricultor maximiza sus cosechas en cantidad y

El nuevo tensiómetro de suelos impulsará la consolidación del riego de precisión en Colombia.

calidad. Para que eso sea posible, debe instrumentar

esas características al tomar la decisión en materia

de riego.

La pertinencia de saber cuándo regar implica

controlar la humedad en un cultivo para que su

respuesta productiva sea óptima. En relación con

cuánto regar, se vigilan los costos con beneficios,

expresados a través de indicadores como menor

consumo de energía (asociado a menos horas de uso

de motobombas) o ahorro de fertilizantes, mano

de obra y, por supuesto, agua.

En ambos casos el tensiómetro convencional,

inventado en 1959 y patentado en Estados Unidos,

opera por medio de una pieza en cerámica porosa

(deja circular el agua) en su extremo inferior. Una

vez enterrada, la herramienta capta la tensión con

la cual el suelo agrícola retiene el agua y la expresa

en valores negativos en un vacuómetro (especie

de reloj con una sola aguja) ubicado en el extremo

opuesto, a través de una medida de presión atmosférica

conocida como centibar.

Una lectura cercana o equivalente a cero sugiere

exceso de agua. Por ejemplo, 15 centibares indican

que el cultivo está en capacidad de campo o cuanto

más alejada de cero esté la aguja del medidor, más

riego requerirá el cultivo.

Asimismo, una lectura de 30 centibares en suelo

arenoso advierte preparar la logística de riego porque

muy pronto se necesitará irrigación, pero ese

mismo dato en suelo arcilloso ofrece al agricultor un

margen de maniobra de dos o tres días para regar.

Dos en uno

A diferencia del convencional, que utiliza una cerámica,

el tensiómetro desarrollado por la un posee

dos. Además, tiene una longitud de 30 centímetros

(cm), ya que los suelos pueden contener distintos

cultivos y la formación y extensión de las raíces son

distintas (profundidad radical). Por ejemplo, las

raíces de los frutales alcanzan o superan los 60 cm,

mientras que las de las hortalizas miden hasta 20 cm.

El prototipo diseñado cuenta con dos vacuómetros

que expresan los datos de tensión captados a

foto: Roberto Villalobos

través del mismo número de cerámicas, una ubicada

en la mitad y otra en la punta del tensiómetro. De

esta manera, expresa las mediciones a nivel medio

de raíces (cuándo) y la profundidad radical (cuánto).

Además, los investigadores hallaron los mejores

componentes para la constitución de las cerámicas

utilizadas y con la porosidad y conductividad hidráulica

requeridas. La mezcla en diferentes proporciones

de caolín, arcilla refractaria, carbonato de calcio,

feldespato, sílice, alúmina y talco ofrecieron los

insumos para constituir la cerámica idónea para la

función del tensiómetro. Aunque estas no fueron

patentadas.

El tensiómetro de múltiples cerámicas fue sometido

a pruebas a profundidades de 0,15 metros

y 0,30 metros en suelos de un cultivo bajo invernadero,

en comparación con los convencionales. En

las mediciones diarias, realizadas durante 18 días,

se concluyó que la invención realizada por la un

demostró ser igual de eficiente, así que la posibilidad

de fabricarlo en Colombia lo haría asequible

a los productores.

Por ejemplo, en pruebas de campo realizadas

en un cultivo de flores de exportación en Madrid

(Cundinamarca) bajo invernadero, un indicador de

reducción de costos se reflejó en la disminución de

agua irrigada, el cual pasó de 2,5 millones de litros

por hectárea, a un millón de litros para el mismo

ciclo de pompón, que dura tres meses.

Al respecto, según el profesor Villalobos, se está

trabajando en la versión digital del instrumento y

en lograr el licenciamiento de la patente para fabricarlo,

labor apoyada por la un desde la División de

Extensión de la Sede Bogotá.

Asimismo, la eficiencia del prototipo ofreció

otros valores agregados en relación con su utilización.

Por ejemplo, el tiempo de llenado disminuyó

casi a la mitad (45 %); la instalación en

campo (abertura de los orificios en terreno) fue del

42 % y prácticamente no requiere mantenimiento.

palabras clave: tensiómetro, riego de precisión,

agricultura. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 19

Desarrollo

rural

Sistemas de riego a la medida

de pequeños agricultores

María Luzdary Ayala V., Unimedios Bogotá

Aunque es esencial para

el desarrollo agrícola, el 83,1 %

de los pequeños productores

carecen de sistemas de riego

que les permitan afrontar los cada

vez mayores periodos de sequía.

Con el liderazgo de la Universidad

Nacional de Colombia se proyecta

el diseño de 51 infraestructuras

de este tipo en todo el país.

Estudiantes de maestría y doctorado, ingenieros

recién egresados y profesores forman parte

de un equipo de trabajo que se mueve desde Nariño

hasta Bolívar, en busca de datos para diseñar sistemas

de riego dirigidos a pequeños agricultores.

Con ayuda de drones se realizan levantamientos

topográficos y estudian diferentes variables climáticas,

de suelos, de infraestructura vial y de cultivos,

con el fin de diseñar el proyecto adecuado para cada

comunidad, con la coordinación de la Facultad de

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de

Colombia (un) Sede Medellín.

Uno de los viajes más recientes del profesor

Carlos Alfredo Salazar Molina fue a Tuta y Siachoque,

en Boyacá, zona de influencia de los sistemas

de riego que el Gobierno proyecta entregar a los

campesinos, ante cifras como las del último Censo

Nacional Agropecuario, según las cuales el 83,1 %

de los pequeños productores no cuenta con esta

infraestructura.

Los proyectos son ejecutados en 51 zonas rurales

del país, donde comunidades indígenas, afros, reinsertadas

y desplazadas cultivan desde dos hasta

10 hectáreas (ha) de tierra. Aunque, en conjunto,

son las mayores productoras de frutas, hortalizas y

tubérculos, según analiza el profesor Carlos Suescún,

del Centro de Investigaciones para el Desarrollo

(cid) de la un.

Para el diseño, los expertos han viajado a poblaciones

como El Salado, en Bolívar, recordada por la

masacre que perpetraron allí grupos armados, donde

cultivan tabaco, ñame, yuca, plátano, entre otros

productos. “Tuvimos que ‘trochar’ mucho, porque

no teníamos contacto con los agricultores”, recuerda

el docente. También, llegaron hasta Córdoba, en el

Quindío, donde las comunidades viven del banano,

mora, aguacate y café.

No obstante, los diseños proyectados, cada uno

con una inversión entre los 180 y 200 millones de

pesos, impactarán a no menos de 20.000 hectáreas

cultivables. Son modelos diferentes, debido a las

condiciones del terreno, la distancia de la fuente

de captación hídrica, la ubicación de las tierras y

el tipo de cultivos.

Nuevo esquema

La Facultad de Ciencias Agrarias de la un Sede Medellín

inició este ambicioso trabajo atendiendo una

convocatoria del Instituto Colombiano de Desarrollo

Rural (Incoder) –hoy en liquidación– en 2015. El

propósito es diseñar los sistemas mencionados para

los pequeños cultivadores que afrontan la pérdida

de cosechas debido a la falta de riego.

Este nuevo enfoque gubernamental apoyaría a

la población agraria, si se tiene en cuenta que en el

esquema anterior los agricultores debían contratar

los estudios y, posteriormente, gestionar

los recursos con el Incoder.

La tarea ha implicado traslados

a otros sitios donde las sequías

han arrasado con las esperanzas

de campesinos. Municipios como

Taminango y Cumbal, en Nariño,

de Mesetas y Lejanías, en el Meta,

o de Jericó y Boavita, en Boyacá,

afrontan las más prolongadas temporadas

de verano.

El principal obstáculo para que

la mayoría de pequeños agricultores

cuente con esta herramienta

es que, por lo general, resulta más

costosa que el valor del terreno. De

acuerdo con el profesor Salazar, un

sistema pequeño de irrigación para

una parcela puede valer entre 30 y

35 millones de pesos por hectárea,

porque la fuente siempre está muy

distante de los predios y su construcción

se basa en tuberías de pvc,

también de alto precio. El valor de

una hectárea, entre tanto, puede

oscilar entre 15 y 20 millones de

pesos. De ahí que, sin ayuda del

Gobierno, no podrían contar con

esta importante herramienta.

La falta de un sistema de riego

puede arruinar cualquier cultivo

por pequeño que sea. Después de

esperar cuatro meses para obtener

los primeros frutos de siembras,

de tomate o maracuyá, y hasta un

año para plátano o yuca, la falta

de agua implica perder el tiempo

y el dinero invertido, además

de las ilusiones de una ganancia.

En zonas de Boyacá, las sequías

prolongadas reducen hasta a un

90 % la producción agrícola durante

la época de verano, advierte el

profesor Salazar.

Como no cuentan con esta importante ayuda técnica,

la única alternativa para los minifundistas es sembrar

en época de invierno. Esto representa la compra de sus

productos a unos precios tan bajos que incluso se ven

abocados a dejarlos perder, porque resulta más costosa

la tarea de empaque y envío a los centros de acopio que

lo que pagan los intermediarios, debido a la sobreoferta

de las cosechas.

Por tanto, el objetivo es proporcionar a los propietarios

de estas pequeñas fincas sistemas de riego para cultivar

en verano y, así, obtener una verdadera rentabilidad en la

venta de sus productos, señala el profesor Salazar.

Además de revisar la infraestructura vial, las áreas de

cultivo y las posibles fuentes de captación hídrica, el trabajo

de campo también contempla el análisis de suelos, el

inventario de los cultivos, la climatología y trámites como

el permiso de la respectiva corporación autónoma regional

para la captación de agua.

Con esta información es diseñada la obra, las redes de

conducción y los puntos de agua que serán entregados a cada

usuario. Asimismo, se efectúan reuniones para socializar el

proyecto e informar los costos que deben cubrir, los cuales

equivalen al 10 % del valor total del proyecto.

De ahí en adelante, el cultivador decide si riega su parcela

por el sistema de goteo, a través de mangueras con goteros

insertados y la utiliza, por ejemplo, en cultivos de fresas; o

por aspersión, que consiste en una tubería a presión.

Pequeños escollos

En el camino han encontrado algunos escollos. En una de

las zonas visitadas en el Quindío, por ejemplo, el río Verde

Los cultivos

de los pequeños

agricultores

se arruinan

con frecuencia

por falta de riego.

foto: Carlos Alfredo Salazar

es una fuente de captación, pero existen solicitudes de

concesiones para proyectos energéticos. Afortunadamente,

en estos casos, el sistema de riego tiene prioridad sobre los

proyectos hidroeléctricos.

Por otra parte, en algunas zonas de Nariño fue necesario

aplazar los desplazamientos dado los problemas de orden

público presentados, en tanto que el paro camionero también

obstaculizó otras visitas planeadas.

Hasta el momento, según el profesor Salazar, ya se cuenta

con los primeros 14 proyectos en etapa de socialización con

las comunidades y otros 28 avanzan en el diseño final. De

cada uno de estos habrá un documento para la Agencia de

Desarrollo Rural, encargada de ejecutar las obras.

Estos sistemas, concluye el profesor Salazar, aumentarán

los ingresos de los agricultores en un promedio de uno a

tres salarios mínimos, lo que, en su concepto, “no generará

riqueza, pero sí sostenibilidad y tranquilidad para estas

familias”.

La ejecución de sistemas de riego, como estos adelantados

por la un, están incluidos dentro del acuerdo de paz firmado

en La Habana, específicamente en el numeral 1.3.2.1., que

determina: “con el propósito de impulsar la producción

agrícola y la economía campesina en general, garantizando

el acceso democrático y ambientalmente sostenible al

agua, el Gobierno nacional creará e implementará el Plan

Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina

familiar y comunitaria.

palabras clave: minifundios, sistemas de riego, zonas rurales.

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Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 20

foto: Archivo particular

ciencia & tecnología

Mayor velocidad en detección para sistema Ayres

El proceso de Ayres es uno de los sistemas computarizados que detecta distorsión

arquitectural, sin embargo, tarda más de 70 minutos en ofrecer un resultado.

Por esta razón, investigadores del Instituto Tecnológico de Acapulco, en México,

establecieron un nuevo lenguaje logarítmico para que el programa corriera a mayor

velocidad y proporcionara resultados más completos.

Ciencia

& Tecnología

Herramienta detecta

lesiones ocultas en cáncer de seno

Ángela Carolina Pérez Sánchez, Unimedios Bogotá

Un sistema computarizado

aísla e identifica con un 96 % de

precisión la lesión conocida como

distorsión arquitectural, una de las

más difíciles de identificar en las

mamografías y responsable del 20 %

de falsos diagnósticos de tumores.

De acuerdo con las cifras de la Organización

Mundial de la Salud (oms), el cáncer de mama

representa el 16 % de los casos diagnosticados

en el mundo, por ello es el más frecuente en el

género femenino. De hecho, en Colombia, cada

año más de 8.686 mujeres desarrollan cáncer de

seno y mueren aproximadamente 2.649 por la

misma causa, según datos del Instituto Nacional

de Salud.

Este tipo de cáncer es el que más padecen las

mujeres y, por ello, es el que más alternativas

de tratamiento ofrece, si es detectado a tiempo.

Según la etapa de descubrimiento, puede tratarse

hasta evitar la metástasis.

El método más utilizado para detectarlo es la

mamografía, un tipo específico de toma de imágenes

de los senos que utiliza bajas dosis de rayos X.

Para el diagnóstico se tienen en cuenta tres tipos

de lesiones: masas, microcalcificaciones (depósitos

de calcio en el espesor de la glándula mamaria) y

distorsión de la arquitectura glandular (distorsión

arquitectural). Las dos primeras pueden apreciarse

fácilmente en la radiografía, pero la tercera no es

perceptible, debido a la compleja distribución de

los tejidos en la mama.

La dificultad en la identificación de la distorsión

arquitectural provoca un 20 % de falsos

diagnósticos de cáncer de mama. Esto sucede

porque “durante la toma de las imágenes la mama

se comprime y los tejidos se juntan, episodio

que puede ocultar la lesión detrás de los tejidos

o dar un falso dictamen de cáncer por la sobreposición

de los tejidos, pero sin masas”, explica

Jorge Andrés Álvarez Triana, magíster en Ingeniería

Biomédica de la Universidad Nacional de

Colombia (un).

Para optimizar el diagnóstico, el ingeniero biomédico

diseñó un sistema computarizado que

mediante un cuadro de coordenadas arroja resultados

más definidos de la lesión. “Esta es como

una estrella que tiene un punto de partida y de la

que se desprenden haces de luz que conforman

el tumor. Se trata de ramificaciones sutiles que

dificultan la detección mediante un autoexamen

y pasan desapercibidas para los radiólogos”.

Herramienta para radiólogos

En Estados Unidos existen métodos efectivos para

detectar la distorsión arquitectural, cuyo funcionamiento

consiste en aislar la lesión, o por lo menos la

sospecha de una, y estudiarla de forma virtual. Sin

embargo, una de las principales dificultades es que

no se realizan in situ por lo que extraen la imagen del

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios

En un lapso de 0,5 segundos, la herramienta determina un resultado favorable del 96 % en el descubrimiento de la

distorsión arquitectural.

cuadro de análisis, lo cual dificulta percibir todo el

panorama y arrojar diagnósticos errados.

Por tanto, por primera vez en el campo de la

biomedicina fue desarrollada una herramienta que

permite estudiar la distorsión arquitectural sin

aislarla del cuadro total de la mamografía y, así,

obtener un diagnóstico más convincente.

El magíster tomó una base de datos de 2.500

exámenes practicados a mujeres colombianas, de

los cuales 123 correspondían a falsos dictámenes

de cáncer de mama (casos donde había tumores

no detectados y casos donde se habló de un tumor

inexistente).

Para ello, dividió el total de los casos en dos

grupos. En el primero ensayó el programa con 19

casos. Inicialmente, la imagen fue aclarada, resaltó

los tejidos relevantes y trazó un marco (cuadrado)

en el punto de la lesión. Después, esta fue dividida

en coordenadas x y y, además, cada punto de lesión

fue unido con cada punto de los ejes. “El marco

reveló una red que automáticamente le otorga valores

a cada punto, dependiendo de su intensidad

lumínica”, amplía el ingeniero biomédico.

El paso siguiente consistió en organizar los valores

obtenidos, con base en la teoría de grafos (encontrar

los puntos de mayor brillo), que determina el punto

central y la dirección en la cual se encuentran los

demás puntos brillantes. “Es como tener un servidor

de un computador, que tiene su punto de inicio y

una red de sucursales, todas ellas me dan el tamaño

y las características de la lesión, además del lugar

exacto de nacimiento”, añade.

En cada uno de los exámenes de la muestra, el

estudiante analizó tres posibles resultados: tejido

normal, tejido superpuesto y distorsión estructural.

Para ello, tuvo en cuenta la dirección de las líneas

de los tejidos, si estaban dispersas o indicaban un

punto fijo. Así, estableció la existencia de tumores

que no se habían visto o en qué momento es posible

referirse a un falso positivo, lo cual facilita el

trabajo del radiólogo.

Después de esta primera parte, el siguiente paso

consistió en ensayar el programa con una muestra

grande (246 casos, 123 con lesiones y la otra mitad

con tejido normal y tejido normal superpuesto)

y esperar un rango favorable igual o mayor al de

la base de datos. “Como no es una lesión fácil de

encontrar a gran escala, porque no abundan los

casos de falsos dictámenes, hubo la necesidad de

emular varias lesiones”, menciona el investigador,

integrante del grupo Computer Imaging and Medical

Application Laboratory (Cimalab) de la un.

En un lapso de 0,5 segundos, la herramienta

determina un resultado favorable del 96 % en el

descubrimiento de la distorsión arquitectural.

Comparado con el método de Gabor, el más utilizado

actualmente para encontrar la distorsión

arquitectural, el margen de favorabilidad es del

83 %, lo cual demuestra que el método propuesto

es más eficiente.

Tras comprobar la utilidad del método diseñado,

el magíster en Biomedicina está preparando

una muestra de análisis más amplia a partir de

una base de datos con más de 5.000 radiografías,

que permita acreditar el programa, de manera que

llegue a constituir una herramienta útil para los

radiólogos del país.

palabras clave: distorsión

arquitectural, biomedicina, cáncer

de seno, mamografías. Consúltelas

en www.unperiodico.unal.edu.co


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 21

Ciencia

& Tecnología

Fórmula identifica mutaciones

genéticas de hemofilia A

María Luzdary Ayala Villamil, Unimedios Bogotá

Una estrategia que contempla

la utilización de diversas técnicas

biológicas le permitirá al país contar

con el diagnóstico molecular de

esta enfermedad rara. Al mismo

tiempo, determinar tratamientos

más eficientes y de menor costo.

Genetistas buscan crear un Centro

de Referencia Nacional en este campo.

La estudiante de la Maestría en Genética Humana

de la Universidad Nacional de Colombia (un),

Luz Karime Yunis Hazbún, se concentró durante

casi seis meses en el análisis de 37 muestras de

sangre de pacientes diagnosticados con hemofilia

A, la enfermedad huérfana o rara que más costos

genera al sistema de salud.

Enfundada en su bata blanca, desde tempranas

horas de la mañana, analizó en el laboratorio

cada uno de los 26 segmentos del factor VIII, gen

responsable de la hemofilia A, caracterizada por

hemorragias y la incapacidad del cuerpo de los

pacientes de producir coagulación.

Este gen es uno de los más difíciles de estudiar,

dada su dimensión, pues tal como lo explica el profesor

Juan José Yunis Londoño, director del grupo

de Patología Molecular del Instituto de Genética de

la un (igun), el código genético tiene tres billones

de letras y de estas solo 186.000 representan el

factor VIII.

En su detallada búsqueda, la futura magíster identificó,

en las muestras de los pacientes evaluados, las

mutaciones o alteraciones genéticas causantes de

la enfermedad, padecida en Colombia por al menos

1.600 personas, según el registro más reciente del

Ministerio de Salud y Protección Social.

Los recobros de los tratamientos requeridos

por los pacientes con esta afección provocaron

que, durante el primer semestre de 2014, el Fondo

de Solidaridad y Garantía del Sistema General de

Seguridad en Salud de Colombia (Fosyga) pagara

37.000 millones de pesos. Por eso, es considerada

la enfermedad huérfana (crónicamente debilitante,

que amenaza la vida y tiene una prevalencia menor

de 1 por cada 5.000 personas) de mayor impacto en

el sistema de salud nacional.

La hemofilia A es hereditaria y afecta en mayor

proporción a los hombres, aunque las mujeres

pueden portar, transmitir y resultar afectadas por

esta condición. Según documentación de la Biblioteca

Nacional de Medicina de Estados Unidos, los

niños nacidos de tales mujeres tienen un 50 % de

probabilidad de padecerla y las niñas, un 50 % de

probabilidad de ser portadoras. En general, todas

las hijas de hombres hemofílicos son portadoras

del gen defectuoso, explica el documento.

En Colombia, para detectarla se realiza un examen

tradicional de laboratorio a partir de una muestra

de sangre, el cual determina la presencia del factor

VIII. Sin embargo, este análisis no es suficiente para

conocer la mutación que la produce, ni las mujeres

de la familia portadoras del gen y las transmisoras.

Del total de casos existentes en el país, el 60 % de

las personas afectadas presenta hemofilia severa, es

decir, requiere mayor Factor VIII, y terapia permanente

para el suministro para evitar hemorragias que

afecten el sistema nervioso central. Además, una

situación crítica es que el 30 % de estos pacientes

desarrollan anticuerpos y generan resistencia a

dicho factor, lo cual hace más complejo y costoso

el tratamiento. Los países desarrollados cuentan

con diagnósticos moleculares para estos casos, aunque su precio

oscila entre los 2.500 (7,5 millones de pesos) y 4.000 (12 millones de

pesos) dólares por muestra.

Con este disciplinado análisis de laboratorio, la investigadora

implementó una estrategia escalonada de análisis molecular para

identificar las mutaciones. Este abordaje implicó el análisis de las

inversiones (alteraciones) 1 y 22 (regiones) del gen y el tamizaje

o filtro molecular, mediante una metodología denominada High

Resolution Melting (HRM), en todas las regiones o segmentos del

gen, en los pacientes negativos para las mencionadas inversiones.

Posteriormente, fueron secuenciadas las regiones que por el tamizaje

HRM indicaban en qué segmentos del gen podría estar la mutación

y así realizar el diagnóstico.

Este trabajo colaborativo fue coordinado por el profesor Yunis, el

Grupo de Patología Molecular de la Facultad de Medicina, el igun y el

grupo de Oncohematología Pediátrica de la un, que lidera la profesora

Adriana Linares Ballesteros; además, contó con la colaboración del

Dr. Édgar Cabrera Bernal.

Baja inversión

La profesora Linares, una de las expertas más reconocidas en hemofilia,

había comenzado esta tarea preliminarmente, pero no se había

estudiado la totalidad del gen. Fue así como decidieron continuar el

trabajo hasta perfeccionar la estrategia que les ha permitido realizar

el diagnóstico molecular, un procedimiento común en los países

desarrollados, pero hasta ahora desconocido en Colombia y en otros

países de la subregión.

Reconocidos avances en Argentina y literatura sobre el tema fueron

en un primer momento la base del estudio. De esta manera, el abordaje

escalonado permitió analizar las regiones donde posiblemente

estaba ubicada la mutación (alteración de la estructura genética).

Con los equipos disponibles en el igun, estudiaron el gen causante

de la enfermedad en cada una de las 37 muestras de pacientes en

estudio, suministradas por el

Hospital de La Misericordia y

la Clínica Infantil Colsubsidio,

organizaciones que cuentan

con programas de atención a

los pacientes con hemofilia A.

Asimismo, una inversión

de alrededor de 10 millones

de pesos en reactivos (gracias

a los aportes de la División de

Investigación de la un Sede

Bogotá) permitió implementar

la estrategia, con la que se

espera reducir los costos del

diagnóstico por paciente, a un

máximo de dos millones de

pesos, según la complejidad

de cada caso.

Asesoría genética

100%

probabilidades

de que las hijas

sean portadoras

del gen de

la hemofilia

probabilidades

de que las hijas

sean portadoras

del gen de

la hemofilia

HEMOFILIA A

Si la madre no es portadora de la

mutación del gen de la hemofilia XX

Si la madre es portadora de la

mutación del gen de hemofilia XX

50%

De los 37 pacientes estudiados,

30 presentaron hemofilia

severa; cinco, moderada y

dos leve. Al respecto, explica

la estudiante de maestría, la

alteración molecular es diferente

en cada familia, lo cual

es importante en el asesoramiento

genético, con el fin de

explicarles cómo se transmite

la enfermedad, establecer

el estado del portador y un

transmisor de esta patología

y los riesgos en cada caso.

Por ejemplo, a dos hermanas

de pacientes les informaron

que no eran portadoras de la

mutación.

Cuando el diagnóstico

muestra que alguna mujer

integrante de la familia es portadora

y como tal potencial transmisora, es posible

brindar asesoramiento genético y preconcepcional

para que la pareja tome una decisión informada al

pensar en tener un hijo, precisa la doctora Yunis.

En estos casos, cuando la madre es transmisora,

sus hijos varones tienen una alta probabilidad de

adquirir la enfermedad.

Una vez identificada la mutación, el grupo de

estudio brindó la asesoría requerida a las familias

y suministró información básica sobre el concepto

de adn, el significado de un gen y las implicaciones

de una alteración o mutación genética.

El adelanto logrado por el equipo investigador

de la un señala que el papel del genetista no ha

sido valorado suficientemente en Colombia, con

base en todo lo que puede aportar en el manejo

integral de pacientes con enfermedades genéticas

como la hemofilia.

Por tanto, los investigadores aspiran a consolidar

un grupo con herramientas modernas para diagnósticos

moleculares, como el desarrollado para

el caso de la hemofilia A, que contribuya al manejo

y control de esta y otras tantas enfermedades de

origen genético.

palabras clave: diagnóstico

molecular, gen, hemofilia A,

enfermedades huérfanas. Consúltelas

en www.unperiodico.unal.edu.co

y el padre sí tiene hemofilia XY

y el padre no tiene hemofilia XY

gráfico: Vanessa Tremain/Unimedios

0% probabilidades

de que los hijos

posean hemofilia

50% probabilidades

de que los hijos

posean hemofilia

Portadores del gen de hemofilia Posee hemofilia No posee hemofilia

CDC – Centers for Disease Control and Prevention-Hemophilia Homepage.

http://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/champs.html


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 22

foto: Archivo particular

ciencia & tecnología

Hongos de aguas contaminadas degradan antraceno, fluoranteno y pireno

Investigadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, de Venezuela, estudiaron la

biodegradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (hpa) por hongos aislados de aguas contaminadas con

petróleo, podredumbre blanca (enfermedad que afecta cultivos de frutas) y acíbar (sustancia amarillenta de la hoja

del aloe vera). Además, al evaluar la capacidad de las cepas para crecer y degradar antraceno, fluoranteno y pireno,

una de ellas mostró la mayor tasa de biotransformación de estas sustancias (entre 15 y 20 %), por tanto,

fue seleccionada para ensayos de biorremediación en suelos contaminado.

Ciencia

& Tecnología

Levaduras que comen hidrocarburos

Vanessa Cardona, Unimedios Bogotá

Por primera vez en el mundo son

identificadas dos especies de

levaduras (hongos microscópicos)

que habitan en ductos y tanques

de gasolina de los automóviles.

En estos espacios sobreviven y

se alimentan de hidrocarburos

contaminantes, lo cual es ideal

en procesos de limpieza de

ecosistemas.

En la producción de combustible para vehículos,

plaguicidas, herbicidas o detergentes son

utilizados hidrocarburos derivados del petróleo

que, además de contaminar la atmósfera, no se

degradan con facilidad. A esto se suman los derrames

de petróleo, resultado de los atentados a los

oleoductos que afectan los ecosistemas de varios

cauces del país.

Este panorama ha motivado la búsqueda de

alternativas para restaurar los ecosistemas contaminados,

a través de una tecnología emergente

conocida como biorremediación, es decir, el uso

de organismos vivos (plantas, algas, hongos o bacterias)

para absorber, degradar o transformar los

contaminantes en sustancias menos tóxicas.

Nathalia Catalina Delgadillo, bióloga de la Universidad

Nacional de Colombia (un), constató por

primera vez la presencia de dos levaduras del género

Rhodotorula, microorganismos que se encuentran

en el tanque de gasolina de vehículos urbanos y

tendrían el potencial de transformar la estructura

química de los contaminantes.

El hallazgo es importante, pues aunque hay más

estudios sobre 150 géneros de bacterias que contienen

especies capaces de crecer con hidrocarburos

como único proveedor de carbono, elemento fundamental

para la vida y energía, solo unos pocos

hongos (del género Penicilium) y levaduras (de los

géneros Candida y Pichia) han sido estudiados en

este sentido. De hecho, distintas investigaciones

realizadas en 1998 y 2007 constatan la presencia

de microorganismos en tanques de combustibles

empleados para la industria aeronáutica.

“Si los microorganismos que habitan esos lugares

tienen la capacidad de vivir en ambientes contaminados,

pues la presencia de una fuente de carbono

(hidrocarburo) les provee un entorno propicio para

su desarrollo y crecimiento, también lo utilizan

como alimento”, afirma la investigadora.

Crecen en tanques de gasolina

La bióloga obtuvo la muestra al frotar con copos de

algodón estéril las paredes y los tubos de ingreso

de gasolina de tres automóviles.

La aisló en tubos de ensayo y la conservó a cuatro

grados centígrados. Así comenzó a comprobar

que las levaduras encontradas, 17 en total, podían

crecer en hidrocarburos aromáticos, reconocidos

Las especies Rhodotorula calyptogenae y Rhodotorula dairenensis proliferan en tanques de gasolina de vehículos.

por sus olores intensos, normalmente agradables,

y la alta complejidad de degradación.

Los compuestos escogidos fueron naftaleno, un

sólido blanco producido naturalmente al quemar

combustibles; fenantreno, presente en el humo del

cigarrillo y conocido irritante porque aumenta la

fotosensibilización de la piel a la luz; y pireno, sustancia

potencialmente carcinógena que contienen

algunos alimentos, como carne y pescados.

Cada cepa fue incubada en alguno de los hidrocarburos

aromáticos a 27 grados centígrados y su

crecimiento estuvo vigilado entre 10 y 15 días, de

acuerdo a unos criterios (si hubo o no crecimiento).

Para los controles fueron sembradas las mismas cepas

en medios ricos en nutrientes en su ambiente normal.

El aumento más notorio corresponde a las especies

Rhodotorula calyptogenae y Rhodotorula dairenensis,

lo cual sugiere que podrían ser potenciales

degradadores de naftaleno, fenantreno y pireno.

“Las levaduras que crecieron poseen enzimas

útiles para que los hidrocarburos se fragmenten,

es decir, transformen su estructura química, sean

sustancias menos nocivas y permitan que otros

microorganismos del medioambiente puedan degradarlas

con facilidad”, explica la bióloga Delgadillo.

Para el estudio contó con la colaboración de

la empresa Corpogen, la cual aportó materiales y

reactivos fundamentales en procesos de biología

molecular, como extraer el adn (material genético)

de las cepas y los ambientes que estas requieren

para crecer.

Según la investigadora, aunque las levaduras no

registraron un crecimiento similar a las utilizadas

como controles, demostraron que utilizan los hidrocarburos

como nutrientes y fuentes de energía

para su desarrollo.

Por otra parte, la cepa de control P. anomala,

cuyo potencial degradador de fenantreno, crizeno

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios

y dibenzofurano (sustancia tóxica acumulada en suelo,

agua, aire y tejidos orgánicos) ya había sido reportado, en

esta investigación demostró que también degrada pireno.

Identificación genética

Tras comprobar la efectividad de las cepas, el paso siguiente

fue identificar el género y la especie al que pertenecían.

Para ello, se llevó a cabo la extracción de adn

de las levaduras y se analizó en un programa informático,

que confirmó que Rhodotorula calyptogenae y la Rhodotorula

dairenensis fueron las levaduras con mejor rendimiento.

Si bien esta es la primera investigación que registra la

presencia de microorganismos en tanques de gasolina de

vehículos urbanos, la profesora Jimena Sánchez Nieves,

del Departamento de Biología, directora del estudio de

Nathalia Catalina Delgadillo, y los investigadores del

grupo de Microbiología de la un continuarán evaluando

la aplicación concreta de las cepas en la biorremediación.

Sin embargo, esto dependedel ecosistema que se

descontamine. En el caso de los cauces afectados por

petróleo, habrá que determinar la cantidad de concentraciones

para aplicar un inóculo (microorganismos que

se utilizan en la incorporación de una sustancia en un

organismo) con la levadura y observar cuánto químico

puede remover.

Estrategias como esa serán de gran ayuda para la sostenibilidad

ambiental del país, pues solo en 2015 fueron

registrados más de 49 ataques contra la infraestructura

petrolera, según cifras de la Asociación Colombiana del

Petróleo, cuyo impacto ambiental afectará durante varios

años cientos de kilómetros de ríos, quebradas y ciénagas.

palabras clave: hidrocarburo, levaduras, petróleo,

biorremediación, degradación. Consúltelas en

www.unperiodico.unal.edu.co


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 23

L I B R O S u n

Recomendados

Localización, transporte

e inventarios. Tres decisiones

estructurales en el diseño

de cadenas de abastecimiento

William Ariel Sarache Castro

Marcela María Morales

Chávez

Editorial Universidad Nacional

de Colombia

Teoría consensual del derecho.

El derecho como

deliberación pública

Óscar Mejía Quintana

Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales

Valoración pedagógica

de la enseñanza del derecho

penal general. Una apuesta

por el aprendizaje activo

y colaborativo

Estanislao Escalante Barreto

Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales

En profundidad

Nutrición y cáncer. Guía para la prevención y tratamiento

del cáncer por medio de la alimentación. Segunda edición.

Elizabeth Cañón Bustos, carlos a. guerrero fonseca

Facultad de Medicina y Editorial Universidad Nacional de Colombia

Sabía usted que el consumo diario de 30 gramos de fibra

reduce un 70 % las posibilidades de padecer cualquier tipo de

cáncer o que el alimento puede usarse en forma de fármaco

para prevenir o atenuar enfermedades crónicas.

La actualización del libro de la doctora Elizabeth Cañón

Bustos responde a estos cuestionamientos y mitos sobre el

cáncer. Además, la publicación dedica un capítulo completo

al aspecto genético del asunto, mediante la profundización en

nutrigenética (relación entre los genes y la respuesta individual

a la dieta) y epigenética (rasgos hereditarios influenciados por

el medioambiente).

De acuerdo con la Asociación Americana del Cáncer, apenas

entre el 5 % y el 10 % de los casos se desarrollan por mutaciones

genéticas transmitidas de generación en generación.

Esta guía tiene como objetivo suministrar al lector las claves de

la relación entre alimentación y prevención del cáncer e informar

sobre la composición de los alimentos y cómo seleccionarlos de

tal forma que tengan una mayor concentración de antioxidantes,

fundamentales para prevenir, además, enfermedades crónicas,

como diabetes e hipertensión.

Por medio de fáciles recetas se sugieren alimentos, técnicas de

preparación que pueden contrarrestar el desarrollo del cáncer y

menús que se adaptan a la dieta colombiana. Además, demuestra

que comer sano y de forma inteligente es posible sin sucumbir

a modas o tendencias como el veganismo, muy popular en la

actualidad.

Asimismo, aborda el tratamiento nutricional para personas con

cáncer, pues muchos pacientes ignoran qué alimentos consumir

durante el desarrollo de su padecimiento y cómo disminuir,

mediante la alimentación, las molestias debido a tratamientos

médicos, como la radioterapia o quimioterapia.

Reseñas

1 3

2 4

El cuerpo hecho lienzo.

Prácticas de tatuaje en estudios

especializados de Bogotá

Carolina Romero Patiño

Facultad de Ciencias Humanas

Soberanía política y regímenes

monetarios. Experiencias históricas

Decsi Arévalo (editora)

Facultad de Ciencias Económicas

Correspondencia con los árboles

Juan David Mora Ortiz

Facultad de Artes

Retos teóricos y prácticos del

pensamiento ambiental. Hacia un

pensamiento propio y apropiado

Joaquín Molano Barrero

Instituto de Estudios Ambientales (idea)

La exploración etnográfica del

tatuaje fue desarrollada en cuatro

locales y a través de estudios

especializados en Bogotá. Tres

aspectos son analizados en esta

obra. El primero corresponde

a la práctica de aquel como un

espacio simbólico de intervención

y modificación permanente. El

segundo aspecto considera dicho

fenómeno como un ismo social y

corporal que posibilita la producción

de narrativas; y el tercero está

vinculado con el saber-hacer del oficio

y su relación con la experiencia. El

Acuerdo 103 de 2003 del Concejo

de Bogotá, “por el cual se dictan

medidas para proteger la salud de las

personas en la práctica de tatuajes

y piercing", sumado a la ausencia de

una política pública que regule esta

práctica, constituyen temas vitales

en esta investigación.

El dinero, acuñado en la forma

de billetes y monedas, no posee

valor en sí mismo. El verdadero

valor es determinado por su

grado de aceptación y confianza

entre los individuos y el

conjunto social que lo usa. Esta

aceptación y tal confianza se

traducen en oferta y demanda

monetaria, producto de la

configuración y legitimidad

de un orden institucional y

de un sistema de deudas por

parte del Estado. Los artículos

presentados en este libro se

ubican en una perspectiva

de economía política, que al

mismo tiempo reconoce que

los hechos económicos son

hechos sociales y, por tanto, los

estudios de historia económica

deben conjugar los aportes de

distintas disciplinas.

Este libro de poesía de

la Maestría en Escrituras

Creativas de la Universidad

Nacional de Colombia es una

invitación a restablecer la

comunicación íntima con esa

dimensión de la naturaleza

del ser humano, la cual se

manifiesta en la presencia

de los árboles y permite el

aprendizaje sobre las diferentes

circunstancias y procesos a los

que se enfrenta la humanidad,

desde la altura de la inocencia

hasta la triste condición de una

civilización que ha olvidado

el canto de los árboles. La

publicación se detiene en la

desnudez de la palabra y en

la intuición de su origen o del

momento de su advenimiento.

El pensamiento ambiental

constituye un reto teórico

y práctico en la actualidad.

Pensar y actuar para crear

sentimientos colectivos que

permitan preguntas y respuestas

sobre el sentido de la vida. La

problemática se recrea en esta

obra entendiendo que Colombia

ha sido un país ordenado en

el desorden, la injusticia y la

exclusión, para lo cual hay que

entender las agudas crisis por la

que pasan naturaleza, sociedad

y territorio. Las reflexiones

plasmadas en este libro

pretenden abrir caminos, superar

esquemas mentales, defender la

diversidad, rescatar el bienestar

y la armonía; así como favorecer

los afectos y el cuidado necesario

para reencantar el mundo.

Información: 3165290, extensiones 29494 y 17639 opymeditun@unal.edu.co - Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial UN


Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

septiembre 2016 | 24

Artes

& Culturas

El filósofo estadounidense Richard

Buchanan, una de las voces más

influyentes del diseño gráfico,

asegura que crear estrategias de

unión es uno de los ámbitos en los

que navega esta disciplina en la

actualidad. En su opinión, superar

52 años de conflicto armado en

Colombia implica soluciones locales

diseñadas por cada comunidad.

FOTO: Catalina Torres/Unimedios

Según Richard Buchanan, el diseño debe salir de los computadores y extenderse a las relaciones humanas.

Hace algunos años, Richard Buchanan fue

invitado a Sudáfrica para el congreso nacional de

diseñadores gráficos. En la sala de conferencias,

frente a representantes del Gobierno y empresarios,

un participante presentó Vector, un arma que

borra las huellas dactilares del gatillo, exhibida

en Berlín, Chicago y New York. Asombrados, los

asistentes discutieron durante varios minutos

sobre el propósito del diseño y la manera como

este debe velar por el bienestar de la sociedad.

Según el Ph.D. de la Universidad de Chicago

(Estados Unidos), el nuevo rol de los diseñadores

no está centrado solamente en el objeto, sino en

crear nuevas relaciones con el mundo y orientar

sus propósitos al servicio de la humanidad. “La

interacción del diseño sobrepasa la pantalla de

la computadora y se extiende a la vida personal

y social de los seres humanos”, subraya el experto

estadounidense, quien de joven soñaba

con ser astrofísico.

Por eso, como docente del Weatherhead

School of Management de Cleveland, Ohio, trabaja

en las “interacciones colectivas”, centradas

en los problemas del cambio organizacional y en

una reforma de la educación de gestión sobre el

concepto de “gestión del diseño”.

un Periódico conversó con este doctor honoris

causa de la Universidad de Montreal (Canadá)

durante su visita a Colombia, como uno de los

invitados internacionales del II Congreso Internacional

de Investigación en Diseño realizado

por la Facultad de Artes de la un.

un Periódico (UNP): desde hace algunos años

afirma que el diseño gráfico pasa por un cuarto

momento…

Richard Buchanan (R.B.): en las primeras dos

etapas los diseñadores estaban preocupados

por los símbolos y la creación de objetos; en un

tercer momento su interés estuvo centrado en

las interacciones y propusieron innovación en

servicios. Ahora, afrontan la innovación de las

relaciones, los vínculos e ideas para el ambiente

que los rodea. El nuevo diseño está centrado

en los servicios ya sean culturales, educativos,

gubernamentales y de productos. No se trata

solamente de diseñar un artefacto, sino de encontrar

la forma de llevarnos bien entre todos.

UNP: ¿qué casos existen sobre el diseño de

ideas y las nuevas relaciones?

R.B.: por ejemplo, China lo ha comprendido muy

bien y alrededor del 80 % de su economía está volcada

en los servicios de educación, alimentación

y salud; le siguen Estados Unidos (75 %) y Japón

(70 %). Australia rediseñó el sistema de impuestos

y para conseguirlo, además de un puesto central

de control, creó grupos locales que propusieron

“No se trata de crear artefactos,

sino de diseñar ideas”

Ángela Carolina Pérez Sánchez, Unimedios Bogotá

integrar a los usuarios, es decir, establecieron otras

formas de relacionarse.

UNP: ¿qué papel podrían desempeñar los diseñadores

colombianos en su tarea de tejer nuevas

relaciones tras cinco décadas de conflicto armado?

R.B.: en diseño hay dos tipos de problemas: los

“arreglables”, que están determinados y por los

cuales podemos calcular la respuesta, y los “intrigantes”,

los más emocionantes e interesantes, ya

que nos exigen pensar cómo diseñar si tenemos

diferentes propuestas y visiones del futuro. Navegar

en esas diferencias es lo que la sociedad, incluidos

los diseñadores, deben aprender para crear una

nueva Colombia. En ese sentido, cada comunidad

debe planear la manera como resolverá los problemas,

como lidiará con la justicia. Por ejemplo, su

apuesta puede estar reflejada en infraestructura o

en el diseño de políticas públicas. Si todos diseñan

estrategias de unión, podrán solventarse los problemas

del pasado.

UNP: lo que acaba de señalar está relacionado

con uno de los temas centrales de sus reflexiones,

las interacciones colectivas”.

R.B.: creo que la dignidad es el punto central

de la labor corporativa. Esta se refiere a tratar a

las personas con respeto y entender que somos

diferentes, que tenemos otros valores, deseos e

intereses. El respeto por ese pluralismo es el centro

de lo que define al diseño.

UNP: además de la reconciliación de ideas, queda

el reto de comunicarlas de forma correcta, ¿cómo

hacerlo?

R.B.: en el diseño gráfico la comunicación es una

meta evidente. Se pueden plantear grandes ideas,

pero si no se saben comunicar, no habrá éxito.

Esto exige ser inteligente y precavido a la hora de

transmitir ideas. La comunicación también es importante

en las investigaciones que llevan a cabo los

diseñadores, pues deben escuchar a las personas,

sus necesidades, los problemas y las expectativas

para plantear soluciones óptimas.

UNP: los diseñadores se enfrentan a la dicotomía

de comunicar y conseguir sustento en su

profesión. Por ejemplo, si yo tengo una idea que

puede cambiar el mundo, ¿sería egoísta venderla

al mejor postor?

R.B.: no hay una respuesta fácil para eso. Es

curioso, pero no suele comprenderse el funcionamiento

de las compañías en la sociedad y resulta

que ellas, muchas veces, son las encargadas de

masificar las ideas de diseño. Si tienes una buena

idea piensas en cómo transmitirla, ¿la imprimo en

un periódico? o ¿encuentro un socio e invierto?

Como es un proceso largo, voy a una empresa para

que esta tenga un impacto en la sociedad. Sin embargo,

una vez es compartida, la idea ya no es del

todo mía y otros participan en su desarrollo. No

puedes mantenerla escondida, debes dejarla fluir.

UNP: ¿cómo hacer para que los diseñadores se

arriesguen a proponer sus ideas, aun sin tener la

certeza de que funcionen?

R.B.: la valentía la da la confianza en tu proyecto.

Algunas veces, buenas ideas son desechadas

cuando no deberían; por eso, uno de los retos de

los diseñadores es sacarlas del estudio y arriesgarse

para que el mundo las vea.

UNP: ¿cuál cree que es el mayor reto de los

nuevos diseñadores en el mundo?

R.B.: rediseñar los entornos en los que vivimos.

Por ejemplo, los sistemas habitacionales de los

seres humanos fueron creados para una población

más pequeña y ahora somos tantos que ya no son

ni eficientes ni suficientes. Sin embargo, es un

reto de cuidado, pues se cree que los sistemas

diseñados cumplen con todas las expectativas,

lo cual es arrogante, ya que estos suelen cambiar

constantemente porque el mundo está en constante

movimiento.

palabras clave: diseño gráfico,

Richard Buchanan, innovación,

sociedad. Consúltelas en

www.unperiodico.unal.edu.co

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