Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial - Coloquios

CENTRUMCatolica

Los folletos de actualidad de CENTRUM Católica presentan resúmenes de investigaciones y estudios realizados por investigadores de CENTRUM Católica y socios estratégicos, se investigan temas de diversos sectores de la producción y desarrollo económico y social del país y del mundo. Se presentan rankings de competitividad y de progreso social, así como principio de Responsabilidad Social. Estas publicaciones se realizan en formato impreso y digital y está dirigido a la opinión pública.

Institucionalidad

de Organismos Reguladores,

Fiscalizadores y Supervisores

de la Actividad Empresarial

Santiago Dávila

Hugo Gómez

Fernando Momiy

Eduardo Quintana

Jesús Tamayo

Hebert Tassano

José Távara

Colección CENTRUM Futuro


Institucionalidad de Organismos

Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores

de la Actividad Empresarial

Santiago Dávila

Hugo Gómez

Fernando Momiy

Eduardo Quintana

Jesús Tamayo

Hebert Tassano

José Távara

Colección CENTRUM Futuro


Institucionalidad de Organismos

Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores

de la Actividad Empresarial

Coloquio realizado el 3 de noviembre de 2015


Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad

Empresarial

Una publicación de CENTRUM Católica Graduate Business School - Pontificia Universidad

Católica del Perú.

Autores:

Santiago Dávila

Hugo Gómez

Fernando Momiy

Eduardo Quintana

Jesús Tamayo

Hebert Tassano

José Távara

CENTRUM Publishing

Carolina Pretell

Gerente Editorial

Aída del Rocío Vega

Editora Ejecutiva

Esta publicación es parte de la iniciativa implementada por CENTRUM Católica a través de la

Dirección de CENTRUM Futuro.

Director:

Luis Del Carpio

Editor de Contenido:

Santiago Dávila

Asistente de Contenido:

Kristell Castillo

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad

Empresarial

Primera edición digital, mayo 2016

© CENTRUM Católica-Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Jr. Daniel Alomía Robles 125-129, Los Álamos de Monterrico

Santiago de Surco, Lima 33, Perú

Teléfono: 0051-1-6267100 anx 7124

Correo electrónico: centrumpublishing@pucp.edu.pe

Dirección URL: www.centrum.pucp.edu.pe

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso

expreso de los editores.

Publicación electrónica disponible en http://centrum.pucp.edu.pe/

© Derechos reservados

Formato Ebook

ISBN N° 978-612-4139-39-0

Diseño:

Ciento Uno Estudio Gráfico E.I.R.L.

R.U.C. 20537404648

Calle Manuel Candamo 350, of. 401, Lince


Tabla de Contenidos

Presentación 15

Primera Etapa del Conversatorio

Recursos Humanos en los Organismos Reguladores 19

Percy Marquina, Profesor e Investigador de CENTRUM Católica 20

Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de CENTRUM Católica 20

José Távara, Profesor Principal y Director Académico de Economía de la PUCP 21

Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo del Indecopi 24

Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA 26

Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin 29

Eduardo Quintana, Socio del Estudio Bullard 30

Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS 33

Segunda Etapa del Conversatorio

Presupuesto Institucional y la Ley SERVIR 37

Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de CENTRUM Católica 38

José Távara, Profesor Principal y Director Académico de Economía de la PUCP 38

Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo del Indecopi 40

Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA 41

Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin 43

Eduardo Quintana, Socio del Estudio Bullard 44

Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS 45


Fernando D´Alessio

Director General

CENTRUM Católica Graduate Business School

Los organismos reguladores de la actividad privada, en particular de las

empresas prestadoras de servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad,

agua potable) e infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras

y ferrocarriles) se establecieron en la década de los noventa, con el inicio de los

procesos de privatización y el otorgamiento de concesiones. Más recientemente,

en el último decenio, los sucesivos gobiernos han seguido creando nuevos organismos

públicos, que si bien ya no regulan tarifas, actúan igualmente supervisando y fiscalizando

la actividad empresarial en ámbitos como el medioambiente, la salud, las condiciones

laborales, la calidad de productos, la calidad educativa, entre otros.

Estas instituciones públicas, a las que nos referimos de manera general como “organismos

reguladores, supervisores y fiscalizadores de la actividad empresarial”, tienen un rol

determinante en el éxito o fracaso de la actividad empresarial, especialmente privada, a la

que regulan, supervisan y fiscalizan. Sin duda, la autonomía, independencia y transparencia

con la que estos organismos funcionan, tienen un impacto en la atracción de inversiones y

en la competitividad del país.

Bajo esta premisa, en CENTRUM Católica hemos querido abordar este tema de vital

importancia para el sector empresarial, invitando a connotados representantes del

sector público y privado especialistas en la materia, actuales presidentes de organismos

reguladores, especialistas académicos de esta casa de estudios y representantes del

sector privado.

El tema central analizado por los panelistas de este coloquio fue el de la “institucionalidad

regulatoria”, específicamente la autonomía e independencia de estos organismos

públicos frente al poder político y empresarial, así como el análisis de sus fuentes

de financiamiento y la carencia de los recursos humanos para hacer frente al reto de

supervisar la actividad empresarial.

Estamos convencidos que esta publicación, brindará al lector, empresarios, funcionarios

públicos y académicos, en especial en este nuevo periodo de gobierno, ideas e instrumentos

de política pública que permitan mejorar la institucionalidad en la que se desenvuelven

estos organismos reguladores, en beneficio de los consumidores, la comunidad empresarial

y la sociedad en su conjunto.


Luis Del Carpio

Director de CENTRUM Futuro

A

diario nos enteramos por la prensa de la actividad del Estado en su rol

regulador y fiscalizador de la actividad empresarial. Al mismo tiempo, es

común escuchar al empresariado quejarse, muchas veces con razón, de la

forma en que los organismos del Estado vienen ejerciendo sus funciones de

regulación, fiscalización y supervisión de la actividad empresarial.

En CENTRUM Futuro, la unidad de investigación aplicada de CENTRUM Católica,

queremos contribuir con la presente publicación a la discusión y solución de los principales

problemas que aquejan a la actividad empresarial. Sin duda alguna, la regulación,

supervisión y fiscalización de la actividad empresarial por parte de organismos públicos

es uno de los temas más importante de la agenda nacional.

Esta publicación presenta una profunda reflexión sobre la regulación empresarial,

desde el punto de vista de los propios actores involucrados en ella. Se discute aquí si

los organismos públicos encargados de regular la actividad empresarial son autónomos

e independientes del poder ejecutivo de turno y si lo son también de los sectores

empresariales a los que fiscalizan. La conclusión a la que se arriba es que, a pesar de

algunos avances significativos hasta el 2006, en adelante la institucionalidad regulatoria

se ha ido debilitando, con el consecuente riesgo que esto supone para el desarrollo de la

competitividad nacional.

No existe país en donde la actividad empresarial no esté sujeta a algún tipo de

supervisión. Lo que queremos proponer desde aquí, con este y otros coloquios que se

harán sobre la regulación empresarial, es que el Estado en su rol regulador, actúe de

forma independiente y proporcional, protegiendo los intereses de los ciudadanos y

consumidores, sin constituirse en una traba para el desarrollo empresarial.


Coloquio

Institucionalidad de Organismos

Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores

de la Actividad Empresarial

Percy Marquina

Director de CENTRUM Futuro

Santiago Dávila

Director del Centro de Competencia

y Regulación de CENTRUM Católica

José Távara

Profesor Principal y Director

Académico de Economía de la PUCP

Hebert Tassano

Presidente del Consejo Directivo

del Indecopi

Hugo Gómez

Presidente del Consejo Directivo

del OEFA

Jesús Tamayo

Presidente del Consejo Directivo

de Osinergmin

Eduardo Quintana

Socio del Estudio Bullard

Fernando Momiy

Presidente del

Consejo Directivo SUNASS


Institucionalidad de Organismos

Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores

de la Actividad Empresarial

Percy Marquina

Profesor e Investigador de CENTRUM Católica

Santiago Dávila

Director del Centro de Competencia

y Regulación de CENTRUM Católica

José Távara

Profesor Principal y Director Académico

de Economía de la PUCP

Hebert Tassano

Presidente del Consejo Directivo del Indecopi

Hugo Gómez

Presidente del Consejo Directivo del OEFA

Jesús Tamayo

Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin

Eduardo Quintana

Socio del Estudio Bullard

Fernando Momiy

Presidente del Consejo Directivo SUNASS


Santiago Dávila

Director del Centro de Competencia

y Regulación de CENTRUM Católica

Presentación

Tanto el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF) como el del IMD

de Suiza indicaron que el Perú tiene un serio déficit de inversión y satisfacción en los

sectores de infraestructura y servicios públicos. Según cifras de la Asociación para el

Fomento de la Inversión en Infraestructura, AFIN (2015), la brecha de infraestructura en

el Perú para el periodo 2016-2025 asciende a US$ 159,549 millones delares.

El Índice de Competitividad del World Economic Forum mide la calidad de la

infraestructura del transporte (puertos, aeropuertos, entre otros) y de infraestructura de

electricidad y telecomunicaciones. En el indicador compuesto de ambas infraestructuras,

el Perú ocupó el puesto 89 de 140 países. Este indicador del WEF coincide con el Índice de

Competitividad del IMD, que situó al Perú en el último lugar de una muestra de 60 países

en cuanto al Pilar Infraestructura.

¿Qué es lo que ha pasado? Este resultado hay que leerlo en combinación con otros

indicadores de competitividad, como el que mide el nivel de institucionalidad del país,

en donde el Perú también aparece en un puesto muy bajo (116 de 140 países en el Índice

WEF). Y es que la institucionalidad de los organismos reguladores, es decir su autonomía

e independencia respecto al Poder Ejecutivo y a las empresas que regulan, es un factor

imprescindible para atraer inversiones.

Sin embargo, desde el 2006 lo que se observó, es un debilitamiento constante de la

institucionalidad de estos organismos reguladores, fiscalizadores y supervisores de la

actividad empresarial.

Desde esa fecha hasta la actualidad, y tomando como ejemplo solo el caso de los organismos

reguladores de servicios públicos, se observó que operan con consejos directivos

incompletos y que tienen tribunales de resolución de controversias inoperativos desde

hace varios años, sencillamente porque el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de nombrar a

sus miembros.

En otros casos, en donde sí se han efectuado nombramientos, estos se han hecho de

forma tardía y/o privilegiando a personas allegadas al gobierno de turno o a funcionarios

públicos con escaso conocimiento previo en las materias de estos organismos.


¿Qué podemos hacer? Cualquiera sea el próximo gobierno del Perú en el quinquenio 2016-

2021 este deberá emprender una profunda reforma regulatoria y revisar la variopinta

privada que se han creado en la última década, pero que carecen de la autonomía e

independencia necesarias.

El próximo gobierno deberá diseñar un mecanismo que le permita cubrir los puestos de

manera técnica e independiente.

públicos, que hoy se hace a través de tasas, aportes por regulación y multas, con

considerables diferencias entre organismos, así como también al problema que ha generado

la Ley SERVIR, en particular para los organismos que durante las últimas dos décadas y

media operaron bajo el régimen laboral de la actividad privada.

El presente coloquio buscó poner en la agenda pública la problemática institucional

empresarial, con especial énfasis en los organismos reguladores de servicios públicos y en

los organismos técnicos especializados, debido al rol clave que tienen estas instituciones

en las inversiones de infraestructura, servicios públicos y en la actividad empresarial

en general. El Coloquio Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y

Supervisores de la Actividad Empresarial tuvo lugar el día 3 de noviembre de 2015 y contó

con la participación de: 1

- Percy Marquina, Director de CENTRUM Futuro hasta febrero de 2016

- Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de

CENTRUM Futuro

- Jose Távara, Profesor Principal y Director Académico de Economía de la PUCP

- Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo de Indecopi

- Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA

- Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin

- Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS

- Eduardo Quintana, socio del Estudio Bullard

El coloquio tuvo dos partes. El tema central de la primera parte del coloquio fue la

problemática relacionada con el nombramiento y remoción de los principales funcionarios

de los organismos reguladores y el riesgo que la falta de un procedimiento adecuado de

nombramiento y remoción de altos funcionarios genera en la institucionalidad de estos

organismos.

En la segunda parte del coloquio se debatió el tema presupuestario y en el impacto que

tendría la Ley SERVIR sobre la autonomía e independencia de estos organismos.

1 También participaron en el coloquio Gonzalo Ruiz (Presidente del OSIPTEL), quién posteriormente solicitó que sus declaraciones no

fueran reproducidas en este texto y el Ing. Jorge Cárdenas (Vicepresidente de OSITRAN), cuyas declaraciones no fueron incluidas en este

texto por no haber pasado por el proceso de edición y autorización del panelista, al momento de impresión.


Nota del Editor

La versión impresa de este coloquio refleja de cerca las intervenciones de los panelistas,

pero ha sido editada para facilitar su transcripción y comprensión, por lo que puede haber

diferencias entre las presentaciones de los panelistas el día del evento y la transcripción

editada final.

El proceso de edición tuvo dos etapas. En una primera etapa, el editor revisó la transcripción

de las intervenciones y produjo una versión inicial del texto. Esta versión fue luego revisada,

editada y finalmente autorizada por los panelistas.

Santiago Dávila

Director del Centro de Competencia y Regulación

de CENTRUM Católica.


18 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial


Primera Etapa del Conversatorio

Recursos Humanos

en los Organismos Reguladores

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 19


20 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Percy Marquina

Profesor e Investigador CENTRUM Católica

Como es de su conocimiento, CENTRUM Católica viene desde hace algunos años

promoviendo la agenda de competitividad, representamos al IMD en el Perú y

hemos tenido la oportunidad de presentar el Índice de Competitividad Regional

de Perú. En ese sentido, dentro de CENTRUM Futuro hemos organizado centros

de investigación que lo que buscan es analizar una serie de factores que a nuestro

juicio contribuyen o dificultan la competitividad del país.

En esta oportunidad lo que queremos es que nos ayuden a entender como la institucionalidad de los

organismos reguladores puede contribuir a mejorar la competitividad y desempeño empresarial.

Ese es el sentido y propósito de la agenda del día de hoy. Reiterándoles mi agradecimiento le doy paso

a Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de CENTRUM Católica para la

moderación del coloquio.

Santiago Dávila

Director del Centro de Competencia y Regulación

de CENTRUM Católica

El coloquio tiene como temática general debatir en torno a un tema que

desafortunadamente está fuera de la agenda pública y que solo aparece cuando hay

problemas; sin embargo, es uno de los temas de política pública más importante

desde nuestra perspectiva. Este es el tema de la institucionalidad regulatoria.

Si se observan los índices que miden la competitividad del Perú con relación a otros países, como por

ejemplo, el Índice de Competitividad del World Economic Forum o el que calcula el IMD de Suiza con

CENTRUM Católica, se nota que existe una percepción negativa en cuanto a la inversión y a la calidad

de la infraestructura y los servicios públicos.

Si estos índices se leen en paralelo con los indicadores que miden la fortaleza institucional, en

donde el Perú tampoco sale bien en los ranking, se observa que existe una correlación entre la

debilidad institucional y la baja inversión y satisfacción en infraestructura y servicios públicos,

relación que también ha sido enfatizada en

números estudios académicos.

“La institucionalidad de

los organismos reguladores,

fiscalizadores y supervisores

de la actividad empresarial

se convierte en un tema

fundamental para atraer

inversiones a los sectores de

infraestructura y servicios

públicos y en la economía

en general”.

La institucionalidad de los organismos

reguladores, fiscalizadores y supervisores de

la actividad empresarial se convierte así en un

tema fundamental para atraer inversiones a los

sectores de infraestructura y servicios públicos

y en la economía en general.

Este coloquio lo hemos dividido en dos preguntas

relacionadas con la institucionalidad regulatoria.

El primer tema es acerca de los recursos humanos

de los organismos reguladores, con especial

énfasis en la forma de que se nombran y remueven

a los miembros de los consejos directivos y otros

altos funcionarios de estas instituciones.


¿Por qué hemos planteado este tema? En primer lugar, porque observamos que en la práctica, a

procedimiento de nombramiento y remoción de sus altos funcionarios, el Poder Ejecutivo ha sido

incapaz de nombrarlos a tiempo y esto ha generado que existan organismos reguladores que operan

con consejos directivos incompletos o con tribunales que tienen que resolver controversias millonarias

sin poder hacerlo por estar incompletos.

algunos casos se hace nombrando a funcionarios que están dedicados a la función pública en otros

organismos del Estado, lo que limita su independencia.

Otro elemento que afecta la institucionalidad de los organismos reguladores es el tema salarial, que se

hace más notorio ahora por las diferencias salariales existentes entre los ministros y viceministros y los

altos funcionarios de los organismos reguladores, y entre estos y los empleados del sector privado al

que regulan y supervisan.

Las preguntas que planteamos a la mesa son las siguientes: ¿Qué se puede hacer para mejorar la

¿Qué mecanismos se pueden emplear para que el Poder Ejecutivo pueda completar a tiempo los

Consejos Directivos y los Tribunales de estos organismos reguladores?

José Távara

Profesor Principal y Director Académico

de Economía de la PUCP

La independencia y la autonomía de los organismos reguladores es un tema

esencial que va de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas.

No se puede pretender que operen con autonomía si al mismo tiempo no se

asegura el funcionamiento de mecanismos de transparencia y de rendición de

cuentas a la ciudadanía.

Los reguladores nacen en los noventas. A pesar de

que en esa década no contaban con autonomía ni

independencia formalmente establecidas, hay una

experiencia regulatoria muy rica en esa época. Por

ejemplo, el Organismo Supervisor de Inversión

Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la

Comisión de Tarifas Eléctricas, realizaban audiencias

públicas para comunicar proyectos normativos y

hasta se promulgaron Códigos de Ética, aun en el

periodo más duro de los noventa.

Luego viene la etapa de fortalecimiento del 2001 al

2006. El Decreto Supremo 032-PCM de marzo del

2001, empezó a construir el blindaje que hoy tienen

los reguladores de industrias de redes con aporte de

las empresas reguladas ya venía desde los noventa,

pero es a partir del 2001 que se adoptan nuevos

mecanismos para asegurar el acceso a la información

a todas las partes y la participación de la ciudadanía

en los procesos de decisión y en la evaluación del

desempeño de estos organismos.

“Con un cambio de gobierno

puede cambiar también

toda la planta gerencial

de los reguladores, lo

cual no ocurría bajo el

esquema adoptado con el

DS-032-PCM. Tenemos

así una vulneración muy

grave de la autonomía y

la independencia de los

reguladores frente al

gobierno de turno”.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 21


22 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

“Otra amenaza a la

autonomía de los reguladores

es la regulación vía contrato.

Algunos ministerios han

preferido ofrecer contratos

bajo condiciones distintas para

ciertos proyectos de inversión”.

Ese mismo Decreto estableció la renovación gradual

y escalonada de los Consejos Directivos, lo que

constituyó un mecanismo muy importante, pues en

principio disminuyó la incidencia del ciclo político

y el calendario electoral en la renovación de los

Consejos Directivos de los organismos reguladores.

El mecanismo consistió en que cada año se renueva

un solo miembro de estos Consejos. Esta es la mejor

etapa de los reguladores, que transcurre entre el

2001 y el 2006.

Luego viene una etapa de debilitamiento del 2006

al 2011. Apenas asumió el nuevo gobierno, en julio

del 2006, se anunció una reducción sustantiva de

sueldos y se impusieron límites máximos en las

remuneraciones de todo el personal, desde sus

presidentes hacia abajo. También, en algunos casos, se tomaron decisiones con motivación política

para repartir como botín algunos cargos públicos.

“Recuerdo que en ese momento era vicepresidente de Osiptel, y presidente en funciones porque

el anterior presidente había cesado en el cargo al vencerse su mandato de cinco años”. Cuando

se designó al nuevo presidente de Osiptel este llegó acompañado de un séquito de asesores, y

pidió que todos los cargos de confianza se pongan a disposición, que los asesores presenten sus

renuncias. Desde el Consejo Directivo de ese momento le respondimos: “acá no hay ningún cargo

de confianza”. Entonces “¿quién asesora al presidente de Osiptel?”, nos preguntó. Respondimos

que quienes asesoraban al presidente de la institución eran los propios gerentes de línea. En ese

entonces no había nada de “grasa” en el Osiptel, era un organismo muy compacto, con profesionales

de primer nivel.

Luego quiso cambiar al gerente general, pero trajo como candidato a alguien que no conocía de

telecomunicaciones. “No aceptamos a su candidato y le pedimos que proponga a otro con mejores

calificaciones”. No aceptó nuestra negativa, y lo que hizo fue gestionar un cambio en el reglamento de

los reguladores, para que sea el presidente del regulador - ya no el Consejo Directivo- quién designe al

gerente general.

Ese cambio rompió la eficacia el mecanismo de renovación escalonada, porque los presidentes de

los consejos directivos - que en algunos meses reemplazarán a los presidentes de los organismos

reguladores presentes en esta mesa - podrán tomar la decisión individual de cambiar a los gerentes

generales de estas instituciones y con ello, podrán remover luego a todos los gerentes de la institución.

Como sabemos, los mandatos de cinco años de los presidentes de los reguladores – que tienen una

función ejecutiva – vencen y se renuevan pocos meses después de cambiar el gobierno nacional.

Es decir, con un cambio de gobierno puede cambiar también toda la planta gerencial de los reguladores,

lo cual no ocurría bajo el esquema adoptado con el DS-032-PCM. Tenemos así una vulneración muy

grave de la autonomía y la independencia de los reguladores frente al gobierno de turno.

Pero sin duda la más evidente y efectiva vulneración de la autonomía de los organismos reguladores ha

sido el control de sus presupuestos y la reducción de las remuneraciones. Actualmente un viceministro,

un secretario general y hasta un director gana más que el presidente de un regulador. Como si la

estabilidad monetaria, para comparar con los sueldos del Banco Central, no fuera tan importante como

lo es el flujo continuo, confiable y seguro de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones.

El personal que trabaja en los reguladores requiere un alto grado de especialización. He visto con

pena y me he sentido realmente muy mal durante los últimos años al ver como se iban los mejores

cuadros profesionales que teníamos al sector privado, ganando el doble o más, ante la pasividad de

nuestras autoridades.


Los organismos reguladores no pueden hacer nada al respecto porque, como sabemos, a pesar de que

sus recursos provienen de los aportes por regulación de las empresas que regulan, es el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) quien tiene el control de la aprobación de sus presupuestos.

Para mí, este es el principal obstáculo que enfrenta el desarrollo de la infraestructura en nuestro país.

Cuando hablamos de captura de los reguladores, creo que también es en el MEF donde opera la captura.

Me parece inadmisible, inaudito y escandaloso que se tengan congeladas las remuneraciones de los

reguladores desde hace muchos años. “Me parece escandaloso que los funcionarios de los ministerios

estén ganando mucho más que los presidentes y los profesionales especializados de los reguladores,

porque supone un debilitamiento gravísimo de la institucionalidad”.

Felizmente los reguladores hacen todo lo que pueden, tienen sus escuelas de formación anual y

una capacidad de reproducción impresionante de sus cuadros profesionales. Gracias a eso más o

menos logran reemplazar a los funcionarios que pierden, pero todo esto tiene un límite. No es lo

mismo un profesional cuajado, con varios años de experiencia, que un profesional joven, por más

brillante que sea.

Las restricciones presupuestales, en particular la reducción y congelamiento de las remuneraciones del

personal de los reguladores - también las dietas que reciben los miembros de sus Consejos Directivos

- generan un sesgo de selección. Solo pueden integrarse a los consejos directivos – asumiendo que lo

hacen para servir al país - personas que no tienen necesidades económicas, o gente de la academia

que tiene cierta flexibilidad para dedicarse a estas funciones, solo ellos pueden sentirse motivados a

presentarse a los concursos públicos de selección de directores.

Pero esto no está bien. De hecho, los directorios de los reguladores han estado y en varios casos aún están

incompletos. En muy pocos periodos - y esto se puede documentar - los directorios de los organismos

reguladores han funcionado en pleno, con todos sus miembros. Siempre han estado incompletos, de

los seis miembros que deberían integrar el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión

en Energía y Minería (Osinergmin), hemos estado solo tres o cuatro. Hasta hoy creo que funciona con

solo cuatro. Lo mismo ocurrió en Osiptel, cuyo Consejo Directivo estuvo funcionando con solo dos o

tres directores, de los cinco que debería tener. Esto me parece muy grave, y creo que hay que señalar al

Ministerio de Economía y Finanzas como el principal responsable.

Para terminar quisiera destacar un par de amenazas muy graves. Durante los últimos años se han

creado varios organismos públicos con funciones de regulación y supervisión, incluyendo el Organismo

de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Superintendencia de

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), la Superintendencia Nacional de

Salud (SUSALUD), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y otras varias superintendencias que

están adscritas a los ministerios. El problema es que por lo general no cuentan con recursos suficientes,

y sobre todo no cuentan con el mínimo de blindaje institucional y de autonomía requeridos para operar

con efectividad, libres de presiones. Sale el ministro y al día siguiente quien lo remplaza puede remover

a los directivos y funcionarios. O pueden caer en desgracia y los despiden. No tienen mandato de

duración definida ni protección frente a remoción arbitraria.

Otra amenaza a la autonomía de los reguladores es la regulación vía contrato. Algunos ministerios han

preferido ofrecer contratos bajo condiciones distintas para ciertos proyectos de inversión. Se crearon

así “regímenes especiales”, cada uno con sus propias reglas, distintas a las del régimen general. La

regulación se vuelve más compleja y opaca, y se aleja de los principios de competencia en igualdad de

condiciones, eficiencia y trasparencia.

Además, algunos de estos regímenes especiales otorgan tantas garantías a los inversionistas que les

generan un retorno atractivo sin arriesgar casi nada, por ejemplo mediante los mecanismos de “ingresos

garantizados” y las “garantías de red principal”. Estos regímenes especiales rompen el equilibrio y

vulneran el principio de competencia en igualdad de condiciones, también provocan que la regulación

se vuelva más engorrosa, compleja y opaca.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 23


24 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Es posible advertir que el “modus operandi” de la “regulación vía contrato” contrasta con los

mecanismos de la regulación convencional, los cuales se sujetan a estándares y procedimientos mucho

más transparentes, que incluyen audiencias públicas, obligación de publicar los proyectos normativos

con sus informes técnicos de sustento, de responder a consultas y observaciones, etc. En cambio,

los contratos de inversión se negocian entre cuatro paredes, con una opacidad muy alejada de los

estándares de transparencia con los que operan los reguladores.

Por último destaco el tema de la participación de los jueces en los procesos regulatorios. La revisión

judicial me parece fundamental en los sistemas de regulación, pues ofrece mecanismos de última

instancia para la defensa de derechos constitucionales. Es una garantía para los ciudadanos y para las

empresas, y evita que el Ejecutivo o el organismo regulador actúen arbitrariamente.

Sin embargo, la revisión judicial no puede invadir la función del regulador o interferir en sus funciones.

He sido testigo de casos en los cuales algunos jueces han venido dictando sentencias que ordenan la

aplicación de nuevos criterios y métodos para el cálculo de tarifas. Es inaudito que mediante sentencias

judiciales se establezcan criterios regulatorios distintos a los que aplica el organismo regulador, en base

a las normas del régimen general.

Como los reguladores están obligados a cumplir dichas sentencias judiciales, bajo responsabilidad

penal, al cumplirlas se crean regímenes ad hoc en beneficio de algunas empresas. Esto rompe los

principios de neutralidad y de no discriminación, y además genera incentivos para que las empresas

recurran con mayor frecuencia al poder judicial, con la finalidad de evadir e incumplir decisiones

regulatorias. La regulación se judicializa y se vuelve más opaca, con lo cual los riesgos de corrupción

inevitablemente se elevan.

La judicialización de las resoluciones regulatorias puede traer consigo que los organismos reguladores

se vean obligados a contratar más abogados, en remplazo de ingenieros y economistas. Saber cómo

operar en los pasillos del Poder Judicial será más importante que conocer los principios técnicos y

económicos de una regulación eficaz, orientada al desarrollo y al bienestar. La judicialización debilita

el sustento técnico y la racionabilidad de las decisiones desaparece, porque los jueces emiten sus

sentencias con mayor discrecionalidad, sin estar sujetos a los estándares de transparencia y rendición

de cuentas con los que operan los organismos reguladores.

Hebert Tassano

Presidente del Consejo Directivo del Indecopi

Respecto al tema del nombramiento de los presidentes de los organismos reguladores

y de otras agencias, considero que por lo menos el último proceso de selección que se

ha realizado a través de una comisión independiente en la Presidencia del Consejo

de Ministros (PCM) ha

sido adecuado. Ha sido un

procedimiento que no se

ha llevado mal. El éxito de esa elección han sido los

profesionales que se han elegido. Por lo tanto creo

que no hubo un manejo político en el tema.

Siempre el mecanismo puede mejorar, pero

podemos caer en hacer mecanismos más complejos

que luego hagan más difícil el nombramiento de

los presidentes de estos organismos y llegar a los

extremos que se pasaron para nombrar, por ejemplo,

al Defensor del Pueblo o a los magistrados del

Tribunal Constitucional, que nombra el Congreso

“La reforma de SERVIR es

una de las más importantes

que ha emprendido el Estado

en los últimos años y es

necesaria para modernizarse

y poder avanzar al ritmo de

un país desarrollado”.


de la República. Entonces creo que el mecanismo

para nombrar a presidentes es el adecuado y se

maneja obviamente de una manera profesional,

como ha sido en la última elección.

También considero que se debe generalizar

este proceso de selección y nombramiento de

presidentes para todos los organismos reguladores

y supervisores, como bien lo ha dicho el profesor

José Távara.

“Considero que el mecanismo

para nombrar a presidentes

es el adecuado y se maneja

obviamente de una manera

profesional, como ha sido

en la última elección”.

En el caso de los miembros de tribunales, donde

creo que todos los tribunales de los organismos

reguladores no funcionan porque están incompletos, lo que se debería hacer es que el nombramiento

en los tribunales sea hecho por el propio Consejo Directivo del regulador, obviamente mediante

un concurso totalmente transparente y de esa manera evitar los problemas que hoy en día se

tienen. Inclusive debería aplicarse esto sobre los Tribunales del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Respecto a la falta de nombramiento de los reemplazantes cuando vence un plazo del titular, debería

establecerse como regla que esa persona deba quedarse en el cargo hasta que se nombre al nuevo

integrante, siempre que esta persona no tenga otras obligaciones o no tenga otros compromisos.

Con relación a la reforma del servicio civil, no me cabe la menor duda de que la reforma de la Autoridad

Nacional del Servicio Civil (SERVIR) es una de las más importantes que ha emprendido el Estado en

los últimos años y es necesaria para modernizarse y poder avanzar al ritmo de un país desarrollado.

Sin embargo, también es importante reconocer que hoy en día SERVIR nos ha traído algunas

complicaciones y yo pongo un ejemplo claro. El año pasado Indecopi obtuvo el puesto número 16 en

el Perú en el ranking Great Place to Work. Esto para el Estado no es fácil, nosotros nos sentimos muy

orgullosos de haberlo logrado y se logró a partir de la inversión que hicimos en capacitar a nuestro

personal: pagar maestrías, apoyar estudios en el extranjero, mandar a nuestro personal a todos los

eventos que podíamos, además de las actividades con nuestra escuela que hoy en día tiene un local con

infraestructura propia.

Hoy en día con SERVIR solo podemos pagar capacitaciones que no superen una Unidad Impositiva

Tributaria (UIT), por lo cual la mayoría de diplomados y maestrías están fuera del alcance. Eso

obviamente nos ha afectado mucho porque no podemos competir con el salario del sector privado.

Hace poco, un abogado de una Sala del Tribunal de Indecopi que ganaba 11,000 soles se fue a un

estudio de abogados que le ofreció 18,000 soles. ¿Qué podemos hacer?, solo desearle que le vaya muy

bien. No puedes discutir frente a esa propuesta, pero la gran herramienta que nosotros teníamos era la

capacitación y poder mandar a los funcionarios a actividades en el extranjero.

Hoy en día mandar a nuestro personal a eventos internacionales a adquirir mayor conocimiento y

capacitarse lo tenemos limitado. La labor que realiza el personal de organismos reguladores, el Indecopi

o las agencias como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) son labores muy

especializadas, que en la mayoría de casos no tiene una especialización en la universidad donde se han

formado los trabajadores y se necesita darles herramientas para que estén a ese nivel de las empresas

que han de supervisar.

Respecto a las dietas de consejos directivos de los reguladores, estos fijan tarifas y eso implica

decisiones de millones de soles y ya hemos tenido un caso de conflicto de interés en un organismo

regulador. Hoy día un miembro de un consejo directivo de un regulador gana mensualmente neto

2,700 soles frente a los millones de soles que se discuten en una decisión regulatoria que tiene un

impacto en todas las personas del país.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 25


26 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Entonces son temas que hay que mejorarlos para generar los incentivos para que mejores profesionales

se presenten a los consejos directivos, así como el tema de las capacitaciones y por qué no pensar también,

para los presidentes de estos organismos, en alguna alternativa como lo tiene el Comité de Operación

Económica del Sistema Eléctrico (COES), que establece que luego de un año que el presidente de dicha

institución ha terminado su mandato, tenga un reconocimiento remunerativo por incompatibilidad.

La mayoría de personas que están hoy en día en los reguladores como presidentes, su especialidad es en

telecomunicaciones, en medioambiente o en energía. Luego de que terminen su mandato no van a poder

dedicarse a lo que se han hecho especialistas por un año. Luego tienen una total incompatibilidad. Entonces

solamente les queda enseñar, pero eso lamentablemente en el Perú no ayuda para vivir totalmente.

Hugo Gómez

Presidente del Consejo Directivo del OEFA

Todos coincidimos en que para que exista una adecuada institucionalidad debe haber

trasparencia, imparcialidad, neutralidad y rendición de cuentas. Y con respecto al

tema de la autonomía del organismo regulador, se debe evitar su captura, que puede

ser económica o política. Voy a centrarme en la captura política del regulador.

Lo que siempre se busca, en general, tanto desde adentro como desde afuera del

Poder Ejecutivo, es que los organismos reguladores y los otros organismos técnicos especializados muy

similares, no estén capturados políticamente. De ahí la exigencia de tecnicismo, apego a la ley, absoluta

imparcialidad y neutralidad y, sobre todo, el esfuerzo por querer darle el mayor blindaje posible para

que no respondan al contexto político o a alguna presión política.

Años atrás existieron propuestas para buscar ese blindaje, para que Indecopi y los organismos

reguladores tengan autonomía constitucional, porque se había pensado que esa autonomía que tiene

el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Superintendencia de Banca y

Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), debía replicarse también en los organismos

reguladores e Indecopi.

Incluso recuerdo que con Gonzalo Ruiz propusimos un proyecto de ley para que Indecopi tuviera

rango constitucional, en la medida que ahí sí tendría autonomía plena. Esa autonomía plena se puede

ver en los organismos constitucionalmente autónomos que no responden al Poder Ejecutivo.

Siempre se ha pensado esto para los organismos reguladores. Inclusive cuando hace algunos años

se cambió el estatus de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) y se

convirtió en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la primera propuesta del proyecto

de ley fue que la SMV tuviera una conformación

multisectorial de rango constitucional. Dicho

“Debe haber un tratamiento

uniforme para todos

los organismos técnicos

especializados en la medida

que lo que se busca en la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo

es la independencia

funcional de estos”.

proyecto no prosperó, porque se requería una ley

de reforma constitucional.

Lo que tenemos finalmente es que la SMV es un

organismo técnico especializado, lo mismo que

Indecopi y lo mismo que OEFA. Eso me lleva al

tema del Poder Ejecutivo, que es donde se crea

está división entre organismos públicos ejecutores,

técnicos especializados y organismos reguladores.

Se advierte claramente que por el diseño normativo

de estos organismos, el menos autónomo es

el organismo público ejecutor, porque la Ley


Orgánica del Poder Ejecutivo señala que sus

presidentes son cargos de confianza y además, de

acuerdo al Informe Nº 087-2014- SERVIR/GPGSC

del 19 de febrero de 2014 de la Autoridad Nacional

del Servicio Civil, todos ellos son funcionarios de

libre designación y remoción. En consecuencia,

en el caso de todos los organismos ejecutores, el

ministro del sector puede cambiarlos a sola firma

en el momento que pierden su confianza. Este es el

caso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE),

del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)

y de la Agencia de Promoción de la Inversión

Privada (Proinvesión).

“Es posible pensar en un

tratamiento más uniforme

entre los organismos

reguladores y los organismos

técnicos especializados,

sobre todo de aquellos que

deciden sobre derechos de

los ciudadanos, fiscalizan e

imponen sanciones”.

Luego tenemos a los organismos técnicos

especializados y a los organismos reguladores.

Los organismos reguladores son los que tienen

el mayor blindaje en el Poder Ejecutivo. Para

los organismos técnicos especializados no hay un tratamiento uniforme. En el informe de SERVIR al

que hice referencia anteriormente, se reconoce que los presidentes de algunos organismos técnicos

especializados son funcionarios de designación regular; por lo tanto, no son de libre designación y

remoción, es el caso de los Presidentes de los Consejos Directivos de Indecopi y OEFA.

No es así para los demás organismos técnicos especializados. Por ejemplo, el caso de Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). ¿Por qué el OSCE no tiene un régimen similar

Indecopi o el OEFA? ¿Qué pasa con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)

que también es un organismo técnico especializado? SUNAFIL es un organismo público disminuido en

términos de blindaje institucional si lo comparamos con el Indecopi o el OEFA.

En el caso del Indecopi, por ejemplo, cuando en el año 2008 estuvimos elaborando el anteproyecto

de su actual Ley de Organización y Funciones, el Decreto Legislativo N° 1033, queríamos que tuviera

algo similar a los organismos reguladores y se quedó en medio camino. De ahí que, por ejemplo,

para remover a un miembro del Consejo Directivo del Indecopi se requiere imputar falta grave y

siempre tienen la oportunidad de presentar sus descargos. Claro, no van a la Comisión Permanente

del Congreso a brindar explicación, como sí ocurre con los organismos reguladores, pero al menos

tienen esa situación intermedia.

En el caso del OEFA existe una situación particular; dos de los cinco miembros de su Consejo

Directivo son designados de la misma forma ocurre en el Indecopi o la SUNAFIL; es decir,

de manera directa (sin concurso) por el Presidente de la República y el ministro del sector

correspondiente, mientras que los otros tres son elegidos por concurso público, como ocurre en

los organismos reguladores.

Como puede apreciarse, se tiene un tratamiento muy diferenciado, cuando podría ser similar.

Considero que es posible pensar en un tratamiento más uniforme entre los organismos reguladores

y los organismos técnicos especializados, sobre todo de aquellos que deciden sobre derechos de los

ciudadanos, fiscalizan e imponen sanciones. Aquí es donde se reclama esa autonomía e independencia,

porque evidentemente lo que se espera es que actúen con apego a la ley.

Cuando tuvimos una conversación previa con Santiago Dávila sobre el mencionado informe de SERVIR,

que la prueba de fuego de este informe va a ser precisamente el 29 de julio de 2016, cuando los nuevos

ministros del Gobierno entrante tengan que decidir si respetan o no lo que dice el informe no solo para

los cuatro organismos reguladores, sino respecto de los ocho organismos técnicos especializados que

están mencionados en dicho informe, y específicamente para aquellos en los que se indica que el titular

ha sido designado por un plazo de cinco años.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 27


28 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Si el nuevo gobierno los quiere remover tendría que ser por falta grave, que es lo que corresponde.

Solo si alguno ha cometido falta grave puede ser removido. Vamos a ver si eso ocurre el próximo año.

Entonces, respecto de la captura política, tenemos este informe de SERVIR, que se hizo a propósito

de Recursos Humanos, ¿qué autoridades son de libre designación y remoción? y ¿cuáles tienen que

cumplir el plazo de designación?

Yo creo que debe haber un tratamiento uniforme para todos los organismos técnicos especializados en

la medida que lo que se busca en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es la independencia funcional

de estos. Es decir, si yo busco independencia funcional evidentemente tengo que empezar por la

autonomía de la designación y el respeto a esa designación realizada.

Quería terminar retomando lo que el profesor José Távara dijo sobre la revisión judicial. Sí es una

preocupación cuando el Poder Judicial se inmiscuye en temas de especialidad técnica de los organismos

reguladores, que tienen un gran componente discrecional.

domiciliarios, utilizando para tal efecto una determinada metodología para la determinación del

ser discrecional escoger la metodología más apropiada para ello, salvo que dicha metodología esté

Asumamos que está en manos de la potestad discrecional del organismo regulador escoger la

metodología más apropiada. En este contexto, ¿qué le toca al Poder Judicial? Lo que le debería hacer

el Poder Judicial, al momento de controlar la actividad discrecional de la autoridad administrativa, es

corregir la arbitrariedad; es decir, el juez no debería arrogarse la competencia del organismo regulador

El juez puede declarar la nulidad solo cuando ha habido arbitrariedad de parte del regulador, no cuando

se trata de la discrecionalidad técnica del organismo regulador para optar entre varias respuestas

razonables. El juez tiene que respetar eso, sino se convierte en un organismo regulador.

Parte de la discusión que tenemos hoy es que existan pesos y contrapesos, que haya control

jurisdiccional de la función administrativa, pero sin perder de vista que el juez no puede sustituir a

la autoridad administrativa.

Para evitar esto, sí debería quedar claro que cuando se trata de la discrecionalidad técnica, especialmente

en los temas de tarifas, el juez tiene que respetar esa discrecionalidad del organismo regulador y solo

anularla si considera que ha habido arbitrariedad. Esto implica que, si considera eso, debe anular la

tarifa, es muy importante tener claro esto.

Lo expuesto me lleva a otro tema vinculado a los procesos contencioso administrativos. Siempre ha

habido una discusión respecto de si la revisión judicial de ciertos pronunciamientos administrativos

debe empezar a nivel de juez especializado (autoridad unipersonal) o de la corte superior (autoridad

colegiada), y cuando uno observa el historial de las leyes que regulan el proceso contencioso

especializado y otras en la corte superior.

En este momento, las revisiones contencioso administrativas están a nivel de juez especializado y

después, vía apelación, pasan a la corte superior, con lo cual la demanda contencioso administrativa

puede llegar a cualquier juez especializado y pueden haber pronunciamientos dispares. La idea es

trabajar en la especialización de los jueces del contencioso administrativo. Así, jueces especializados

en temas tributarios, otros en temas de competencia y propiedad intelectual, otros en regulación

económica, otros en temas ambientales, etc.


Para concluir con el tema de las remuneraciones, felicito a Indecopi por salir en el ranking de Great

Place to Work. No obstante, existe un problema con las remuneraciones que no se condicen con lo

que se perciben en otros organismos, como la SBS o el BCR, que tienen remuneraciones más altas si

las comparamos con las de los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados. Esta

diferencia no tiene justificación.

El congelamiento de remuneraciones en el sector público tampoco tiene razón de ser. Como el sector

privado tiene la posibilidad de ofrecer mejores remuneraciones, también tiene la posibilidad de llevarse

a los mejores funcionarios de los organismos reguladores y de los organismos técnicos especializados.

Así, estos organismos se convierten en escuelas de los futuros empleados del sector privado.

Jesús Tamayo

Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin

Yo coincido con los temas que se han mencionado aquí respecto a lo que sucede

con los reguladores. Lo que podemos ver es que hay muchos elementos que no

están aportando a la institucionalidad del regulador. El ente regulador tiene que

ser un organismo con características que no sean discutibles por ningún lado,

que ninguna de las partes tenga elementos que permitan debilitar al regulador.

Hay una serie de temas que vienen debilitando a los organismos reguladores a lo largo de los

años. En el año 2006 se redujeron las remuneraciones para el Presidente pero también para el

personal y los funcionarios de alto nivel, lo que contribuyó a que los consejos directivos no se

completen oportunamente.

Cuando fui nombrado Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, éramos solamente yo y otro

Director en el Consejo Directivo. Felizmente el Poder Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo que

permitió que con dos miembros se pudiera regular tarifas, mientras se hacían los concursos públicos

para seleccionar al resto de miembros del Consejo, lo cual no está bien ya que las decisiones regulatorias

dejan de ser colegiadas para ser prácticamente de una sola o pocas personas.

En el tema del presupuesto también se introdujeron normas a partir del año 2009 para el

registro de operaciones y gastos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

y se prohibieron los incrementos salariales, todo lo cual ha ido mermando de alguna manera la

institucionalidad regulatoria.

Y finalmente esta la ley SERVIR, que creo que

es una reforma muy interesante y beneficiosa

para el desarrollo del empleo público en el país

pero, en lugar de nivelar las remuneraciones

de los trabajadores de los reguladores con

las entidades públicas que mejor pagan en el

país, las ha nivelado con remuneraciones de la

administración pública.

Entonces, los que estaban en mejor posición, ahora

se encuentran frente a menores remuneraciones.

En nuestro caso, cuando hemos recibido la

propuesta de remuneraciones resulta que estas en

casi la totalidad de los casos son inferiores a las

que perciben actualmente nuestros colaboradores,

por lo que será muy difícil la transferencia a dicho

régimen laboral de empleo público.

“Hoy estamos con personal

que está de tránsito,

que está un tiempo en

el organismo regulador

y luego se recolocan en

alguna contraparte del

sector privado. Esto

ha venido mermando

la institucionalidad

regulatoria”.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 29


30 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Se ha citado el tema de la capacitación. La capacitación evidentemente es uno de los beneficios que las

reguladores hemos podido ofrecer a nuestro personal, en primer lugar para que estén debidamente

capacitados y puedan discutir al mismo nivel técnico con las contrapartes, pero también la capacitación

ha sido un incentivo para permanecer en la organización.

Lo que pasa hoy es que estamos con personal que está de tránsito, que están un tiempo en el organismo

regulador y luego se recolocan en alguna contraparte del sector privado. Esto ha venido mermando la

institucionalidad regulatoria.

Desde que empecé en el Consejo Directivo de Osinergmin encontré que había unos proyectos de ley

de 2011 para el fortalecimiento de los organismos reguladores, pero en el Congreso estos han ido

cambiando en el tiempo. Con los otros organismos reguladores hemos ido a varias sesiones en la

Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso de la República y

nos hemos reunido con asesores de los congresistas. En el tiempo se han ido desmontando diversas

propuestas hasta que finalmente lo que hay hoy en día son unos proyectos de normas que ya no

tienen vigencia.

Hay detalles tan sencillos, como la aprobación de los viajes al extranjero, que nos tienen atados de manos

para poder ejercer mejor nuestras funciones. Hoy para hacer un viaje es bastante difícil convencer a

quienes te dan la autorización de por qué se es importante el viaje. Se piensa que es algo poco necesario,

cuando el viaje es para conocer que está pasando en aspectos regulatorios en el sector energía, qué pasa

en Latinoamérica, en Europa y a nivel mundial.

Respecto al tema del nombramiento de los altos funcionarios de los organismos reguladores,

efectivamente en los últimos nombramientos ha habido una Comisión de Selección que ha sido

bastante competente para llevar a cabo los concursos. Lo que pasa es que no hay candidatos por

limitaciones económicas y para salir al extranjero. Quién mejor para trabajar en el regulador que

alguien que es un experto en la materia, pero no puede trabajar porque siempre estará ligado a

alguna de las empresas reguladas, salvo los que provengan de la misma administración pública o de

alguno de los ministerios.

Entonces, pienso que la Comisión de Selección debe ser permanente y tener la responsabilidad de

dar inicio a los concursos en forma oportuna de tal manera que los consejos directivos estén siempre

completos. Para que la Comisión de Selección tenga más credibilidad e independencia se ha propuesto

que pueda ser integrada entre otros, por el Defensor del Pueblo y por la Presidencia del Consejo de

Ministros. Lo que se busca es que esta comisión de selección tenga permanencia y la obligación de

mantener los Consejos Directivos completos.

Eduardo Quintana

socio del Estudio Bullard

Lo que yo quería resaltar es un tema que se menciona poco, pero creo que es igual

o eventualmente más importante que la autonomía del organismo regulador y

es el de la legitimidad de los organismos reguladores.

La autonomía genera incentivos a la inversión, pero la legitimidad es

lo que realmente le da institucionalidad a los organismos reguladores y

supervisores y en gran parte la legitimidad reposa en la designación, que esta sea trasparente y

objetiva. Sobre todo cuando los organismos reguladores concentran muchas funciones, que es lo

usual en este caso.

Los reguladores de servicios públicos son como pequeños Estados, que tienen las mismas

funciones: función legislativa, porque generan reglas de carácter general; función ejecutiva,


porque emiten informes de regulación y sancionan si hay incumplimientos y evidentemente

también tienen funciones similares al Poder Judicial, puesto que resuelven conflictos entre

operadores y usuarios.

Claramente estos son entes que concentran

muchas funciones, pero a la vez no son elegidos

por mecanismos democráticos, entonces ahí

es donde se genera este vacío de legitimidad,

que es necesario completar de alguna manera.

Por eso, la forma de designación de sus

altos funcionarios es vital para generar esta

legitimidad necesaria en el largo plazo de la

vida del organismo regulador.

Cuando CENTRUM Católica decidió unir

el análisis de reguladores con organismos

supervisores debo confesar que inicialmente me

pareció un poco extraño, pero evaluándolo detenidamente cada vez se ha ido viendo que hay muchas

similitudes entre estos organismos. Los organismos supervisores al final de cuentas no solo se dedican a

resolver o a sancionar infracciones.

Por ejemplo, Indecopi crea normas de carácter general. Poco a poco y cada vez más ha ido ejerciendo esta

función. Desde un inicio sus órganos funcionales; el tribunal y sus comisiones tienen la facultad de establecer

los denominados precedentes de observancia obligatoria, que son de aplicación general para todos.

Igualmente el tribunal puede establecer directivas procesales y lo ha hecho muchas veces. Las comisiones

también elaboran lineamientos de carácter general. Por ejemplo la Comisión de Libre Competencia

tiene lineamientos de tratamiento de información confidencial y hace poco una modificación legislativa

le dio facultades para establecer lineamientos en temas tan importantes como la aplicación de medidas

correctivas reparadoras.

Indecopi incluso tiene experiencia en producir propuestas legislativas con exposiciones de motivos

que usualmente se convierten en leyes. En mi opinión este conjunto de funciones termina siendo

equivalente a la función normativa de los organismos reguladores.

La situación de la OEFA es similar, tampoco se dedica solamente a sancionar incumplimientos. Como

ente rector del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental tiene facultades para crear

normas de carácter general y además está incluida

la posibilidad de tipificar infracciones y establecer

una escala de sanciones. Evidentemente esas son

normas de carácter general.

“La legitimidad es lo que

realmente le da institucionalidad

a los organismos reguladores

y supervisores y en gran parte

reposa en la designación, que

sea trasparente y objetiva. Sobre

todo cuando los organismos

reguladores concentran muchas

funciones”.

“La forma de designación

de altos funcionarios es vital

para generar esta legitimidad

necesaria en el largo plazo

de la vida del organismo

regulador”.

Otra función que también tiene la OEFA es que

puede fiscalizar y sancionar incluso a entidades

de la administración pública que deben hacer

la fiscalización ambiental en los tres niveles de

gobierno. Entonces claramente tiene funciones

muy importantes y que incluso están por encima

de otras autoridades del Ejecutivo. Lo mismo tiene

Indecopi, con la Comisión para la Eliminación

de Barreras Burocráticas, que puede incluso

sancionar a funcionarios públicos.

Entonces toda esa concentración de funciones

requiere sin duda algún tipo de mecanismo

que incremente su legitimidad. La forma de

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 31


32 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

designación es uno de los mecanismos más obvios para ganar legitimidad. Sin embargo cuando se hace

una revisión, se identifica que hay diferencias abismales en cuanto a la forma de nombramiento de los

altos funcionarios de estos organismos.

Por ejemplo, en el caso de Indecopi no puede ser que la designación de sus más altas instancias de

decisión no pase por un sistema similar al de los organismos reguladores. Su Consejo Directivo sin

duda también tendría que designarse por concurso público. No hay lógica para que este proceso de

nombramiento de altos funcionarios no esté reglamentado, más aun si la OEFA tiene un sistema similar

al de los reguladores y en cuanto a organización es muy equivalente a la de Indecopi.

Otro tema que también identifico como un problema en la designación es que hay otras instancias de

decisión dentro de estos organismos, que no son designadas a través o mediante un concurso, sino que

se trata de una designación directa.

Me refiero por ejemplo a los miembros de los tribunales especiales en el caso de Osinergmin y a los

gerentes generales de los reguladores que al final de cuentas no solo toman decisiones administrativas y

de gestión, sino también decisiones funcionales. En efecto, los gerentes generales son primera instancia

en procedimientos sancionadores, por lo que deberían ser elegidos mediante un concurso público

de similares características que los consejos directivos de los organismos reguladores, incluyendo

convocatoria pública, evaluación curricular, evaluación personal y ternas de candidatos finales.

Igualmente los miembros de las comisiones de Indecopi, también deberían ser designados por

concurso público. Evidentemente manteniendo la designación por el Consejo Directivo, pero mediante

un concurso. Todo esto, con el objetivo de brindar autonomía al organismo, pero a la vez, para darle la

legitimidad a todas las decisiones que adopten estas instancias.

Los secretarios técnicos de ciertas comisiones de Indecopi también deberían ser elegidos por concurso

público. Por ejemplo, el Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia es el que

decide si se inicia un procedimiento sancionador o no. No lo decide la comisión, lo decide el Secretario

Técnico. La decisión del Secretario Técnico no es apelable ante la comisión, sino ante el tribunal. Este

secretario técnico también negocia, dentro del marco de la Ley, los términos de compromisos de cese

de conductas infractoras, negocia los acuerdos con las empresas que deciden someterse a procesos de

colaboración eficaz, etc. Por ello, también deberían ser elegidas mediante concurso.

Igualmente en la OEFA. La Dirección de

Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

y el Tribunal de Fiscalización Ambiental también

deberían ser elegidos mediante un concurso

público, obviamente con la designación por la

autoridad que es el Presidente de la OEFA.

Todas estas instancias deberían ser nombradas

a través de un concurso público con las mismas

características con las que se selecciona a

los miembros de los Consejo Directivo de

los organismos reguladores actualmente. Su

remoción tendría que ser también con las

mismas reglas.

Tampoco parece correcto que la remoción

de funcionarios de instancias funcionales

en Indecopi pueda ser por faltas que no son

graves. En otras entidades como la OEFA y los

organismos reguladores la remoción es solo

por falta grave y mediante procedimientos

específicos, pero este no es el caso en Indecopi.

“Cada cierto tiempo se

plantean propuestas para

la fusión de los organismos

reguladores, que es también

una amenaza permanente

que implicaría que se va

a tener personas en un

consejo directivo que tiene

que saber de agua, energía,

telecomunicaciones, gas,

electricidad, infraestructura,

transporte. Esto no es así”.


Finalmente, otro problema que se ha mencionado es la incapacidad del Ejecutivo para la designación

de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y de los tribunales de solución de controversia

de los organismos reguladores. Al respecto se debe generar algún mecanismo que sustituya la

decisión del Presidente de la República cuando esta no ocurre y demora el proceso de nombramiento

de las autoridades.

Una alternativa puede ser que una vez que la comisión de selección ha establecido la lista de candidatos

aptos, la PCM presente la terna en un plazo determinado al Presidente de la República y este tenga

también un plazo máximo para seleccionar al candidato. Vencido este plazo sin nombramiento, la

Comisión de selección puede retomar funciones y designar al funcionario mediante un mecanismo

simple y transparente, como por ejemplo un sorteo ante notario público, o algún procedimiento similar,

con la finalidad que se designe al funcionario en el plazo establecido.

Alguien puede decir que esta propuesta le resta poder de decisión al Presidente de la República, pero

en realidad no es así, puesto que el Presidente ha tenido la oportunidad de decidir y ha optado por no

hacerlo. Debería generarse un mecanismo de desfogue para estas situaciones de falta de nombramiento

que, debe ser trasparente y objetivo. Estas ideas pueden plantearse como opciones para mejorar la

institucionalidad del sistema regulatorio.

Fernando Momiy

Presidente del Consejo Directivo SUNASS

Es bueno que una escuela de negocios se preocupe por la regulación porque

también es una forma de ir consolidando el sistema regulatorio. En algún momento

todos los egresados de CENTRUM Católica y de la PUCP van a tener contacto

con un organismo regulador, por lo que es bueno discutir la institucionalidad

que ocupa los organismos reguladores en el esquema institucional.

La institución regulatoria es incomprendida, como dijo el profesor José Távara, la regulación en el Perú

es de los noventa, es decir, máximo tiene 22 o 23 años y no se entiende su función. Se escriben muchos

artículos y opiniones al respecto, pero se ve que la función del organismo regulador es incomprendida.

Los reguladores deben estar en el mercado porque si no alguien que interactúa en él puede abusar de

su posición de dominio, sea el propio Estado, o los usuarios, o las empresas privadas o públicas que

prestan el servicio en condiciones monopólicas.

Se cuestiona al regulador porque tiene función normativa y a la vez hace cumplir él mismo las normas,

fiscaliza y sanciona. Impone multas y las cobra y las podría hacer suyas. Fija tarifas y resuelve las

apelaciones de los usuarios.

Hay una figura que grafica lo que es un organismo regulador dentro de la institucionalidad del Estado,

por tener características de varias instituciones. Un expositor de un regulador brasileño decía que los

reguladores son como los ornitorrincos. No se entiende su institucionalidad porque es una combinación

de varias instituciones; como los ornitorrincos que tienen un poco de diferentes animales: tienen pico

de pato, la cola de castor, el cuerpo de una nutria, ponen huevos y son mamíferos. Un ornitorrinco es

un animal raro pero eso no implica que no deba existir.

Entonces tienen una institucionalidad nueva, que tiene que ser trasmitida y comprendida. Veinte años

para una institución es muy poco. Nuestra democracia tiene 200 años, la democracia en Suiza tiene 900

años. Quizá por eso es que todavía no funcionamos como Suiza.

Hay mucho camino para recorrer, sin embargo, los reguladores nos sentimos permanentemente

atacados en los diarios y sus editoriales. Un sábado sí y otro sábado no, sale un artículo en contra de

los reguladores y el último ha sido muy ofensivo porque nos llaman “metetes parcializados”. Esto

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34 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

en realidad nos da a entender que no se entiende que es un regulador. No es que seamos un metete

o estemos parcializados. Todo lo contrario, justamente la institucionalidad regulatoria hace que el

regulador este ahí cautelando intereses del Estado, del privado y del usuario. Lo que sucede es que

el usuario nunca está representado en esta institucionalidad, siempre están el Poder Ejecutivo y la

empresa privada, pero el usuario está completamente desprotegido.

El regulador no está para defender al usuario, no somos unos defensores, pero sí estamos para

cautelar los intereses del usuario. Son dos cosas diferentes. El organismo regulador es incómodo

al poder político y al poder empresarial, justamente porque participa en equilibrar intereses. Sin el

regulador un contrato de concesión puede ser modificado subiendo las tarifas o bajando la calidad

del servicio o ampliando los plazos de entrega de obras sin que se analice el equilibrio general del

contrato de concesión o los riesgos asumidos en el mismo, perjudicando a una parte no representada

que son los usuarios.

Entonces tenemos que seguir trabajando en este tipo de discusiones para que se entienda el rol del

regulador. Algunos lo hacen obviamente con intereses, más allá de la propia opinión académica,

digamos en realidad lo que se busca es la captura y el debilitamiento de los reguladores, que es lo que

ha venido sucediendo, como también lo ha señalado el profesor José Távara desde el año 2006, primero

con tema de los salarios, después con lo del control presupuestal y así sucesivamente.

Incluso cada cierto tiempo se plantean propuestas para la fusión de los organismos reguladores,

que es también una amenaza permanente que implicaría que vamos a tener personas en un

consejo directivo que tiene que saber de agua, energía, telecomunicaciones, gas, electricidad,

infraestructura, transporte.

Pero esto no es así. Salió una noticia en El Comercio, que nos llena de alegría a los reguladores, que

señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha declarado

que la institucionalidad regulatoria del Perú - y se refiere a los cuatro reguladores de servicios

públicos - es una de las más avanzadas del mundo, comparada con la de Alemania. La verdad es

que el modelo regulatorio peruano no lo tienen otros países. Es envidiada porque las funciones

que desempeña y la forma como actúa el regulador y la fortaleza que tiene, no la tienen ellos y es

un modelo a copiar.

En cuanto a lo que tenemos que hacer para seguir construyendo la institucionalidad regulatoria, es

continuar con los concursos públicos para elegir a los presidentes de los organismos reguladores.

Este concurso público es algo pesado, hay que hacer hojas de vida, hay que pasar entrevistas, hay que

dar exámenes, hay un examen psicológico y efectivamente así debe continuar.

Yo creo que una de las garantías que nosotros teníamos en el concurso público fue que uno de los

miembros de la comisión de selección, el presidente del comité de selección, fuera un Director del

Banco Central de Reserva del Perú. De acuerdo a mi experiencia en el Estado, la institución técnica más

independiente que existe en el Perú es el BCR. Es la más autónoma que hay.

Si hubiera que hacer una propuesta yo diría que los presidentes de los cuatro organismos reguladores,

por su relevancia en el mercado deben de ser elegidos por un jurado en el cual, el Presidente debe ser

elegido por el Presidente del BCR, porque es alguien que no va a arriesgar su prestigio eligiendo a

funcionarios que no estén capacitado para el cargo y no estará sujeto a una decisión política.

Otras de las cosas que cabe señalar es que este concurso, a pesar de ser tan exigente en cuanto a sus

requisitos, efectivamente no tiene los incentivos adecuados para que alguien se presente como son los

bajos sueldos, pero aun así hay vocación de servicio público y esto es algo que también se tiene que

valorar, porque nosotros sabíamos que efectivamente existía un tope y que ese tope era el sueldo al cual

íbamos a acceder y no esperábamos otra cosa. Sin embargo, resulta injusto que posteriormente se hayan

ajustado sueldos a ministros, viceministros, secretarios generales de ministerios y se haya postergado

a los presidentes y altos cargos de los organismos reguladores.


Por otro lado, para la legitimidad del resto de organismos supervisores que se están creando, estoy de

acuerdo con Eduardo Quintana, que la elección por concurso público es fundamental. Claro, lo que

sucede es que el presidente del BCRP no va a participar en la elección de los altos funcionarios de tantos

organismos reguladores y supervisores que hay ahora. Habría que ver cuáles son los organismos, que

por su importancia en el mercado, puedan seguir ese tipo de procesos de selección: para empezar los

cuatro organismos reguladores y el Indecopi deberían de todas maneras ser seleccionados con una

participación del Presidente del BCRP.

Ya sabemos que una elección a través del Congreso de la República puede tomar mucho tiempo, como

en el caso de la elección del Defensor del Pueblo.

Por otro lado, efectivamente las amenazas de captura son frecuentes porque, como decía antes, el

organismo regulador es incómodo al privado e incómodo al Estado. Imagínense las modificaciones

a un contrato de concesión que tienen que pasar por el organismo regulador. Por ello se le quiere

capturar, ponerle directores, hacerle bajar la cabeza.

Igualmente con la regulación tarifaria, la tarifa a veces hay que incrementarla, como en el caso del

agua. En SUNASS, a pesar de la oposición política que tenemos en los municipios y en los gobiernos

regionales, incrementamos las tarifas porque eso garantiza la sostenibilidad de las empresas de agua.

Eso no les gusta a los alcaldes, no les gusta a los presidentes regionales y tampoco a la población; sin

embargo hay que hacerlo (el incremento de tarifas), porque si no los servicios se siguen deteriorando

hasta finalmente colapsar. Esto no lo haría el Poder Ejecutivo. Obviamente estamos protegiendo al

usuario mismo, que no quiere el incremento tarifario y a las empresas, que algunas veces tampoco

quieren el incremento tarifario. Esto es algo paradójico en el sector de saneamiento, pero hay que hacer

ese trabajo porque entendemos que esto es para equilibrar los intereses y no para proteger un interés

respecto de otro.

Finalmente, está el caso de SERVIR. Una de las primeras objeciones que yo le hacía al Presidente de

SERVIR era que por qué estaban creando un nuevo sistema laboral. Ahora tenemos un régimen laboral

adicional con SERVIR. Yo le decía que lo más fácil era que todos los trabajadores sean del régimen

de la actividad privada 728, porque la experiencia del régimen laboral del sector privado había sido

excelente en los organismos reguladores. ¿Por qué estamos creando otro régimen?, ¿cuánto irá a durar

esto de los traslados de SERVIR?

Se ha querido dar incentivos salariales con la esperanza de que si el organismo regulador se pasa

al régimen de SERVIR se va a obtener un incremento de sueldo o se van a obtener capacitaciones, o

algún otro beneficio. No le puede decir a alguien que si entras al régimen de SERVIR vas a obtener

beneficios, pero si no entras no vas tener beneficios laborales. No está bien. Yo creo que mantener

el régimen del Decreto Legislativo 728 hubiera sido prioridad y tratar de incorporar a los nuevos

organismos a este régimen ya existente era el camino correcto. Los organismos reguladores ya

contaban con instrumentos de gestión como el reglamento de organización y funciones, el manual

de organización de funciones, el manual descriptivo de puestos. Ahora hay que hacer toda una

adecuación a instrumentos similares con otros nombres.

Por otro lado, es obvio que hay excepciones al régimen de SERVIR que podrían hacerse. El caso del

BCR podría ser una de ellas, pero no entiendo porque la Superintendencia Nacional de Aduanas

y de Administración Tributaria (SUNAT) por ejemplo, está excluida del régimen SERVIR. Con

este mismo criterio los organismos reguladores tendrían que estar excluidos del régimen general

SERVIR también.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 35


36 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial


Segunda Etapa del Conversatorio

Presupuesto Institucional

y la Ley SERVIR

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 37


38 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Santiago Dávila

Director del Centro de Competencia y Regulación

Comencemos el segundo tema de este coloquio. No existe autonomía si es que no

sean independientes y autónomos.

organismos reguladores

se da en el Perú principalmente a través de

recursos directamente recaudados, provenientes

del cobro de tasas, la imposición de multas y los

aportes por regulación. Con algunas excepciones,

organismos reguladores de recursos ordinarios

del presupuesto público.

La composición de los ingresos entre organismos

fuente principal de recaudación los aportes por

regulación. Otros tienen su principal fuente

de ingreso en el cobro de multas y tasas que se

cobran por procedimientos administrativos.

“La composición de los

ingresos entre organismos

Algunos tienen como fuente

principal de recaudación los

aportes por regulación, otros

su principal fuente son el

cobro de multas y tasas que

se cobran por procedimientos

administrativos”.

Recientemente ha habido una importante y constante crítica por parte del sector privado respecto a

en el pasado ha habido episodios en los que el saldo de balance de los organismos reguladores ha

sido trasladado al tesoro público y nunca retornaron al presupuesto de los reguladores. También en el

Civil (RENIEC) para el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños, según indicó la resolución

correspondiente. Con justa razón entonces, el sector privado podría reclamar que está pagando un

Evidentemente hay problema acá y hay que encontrarle una solución pronto. Las preguntas que queremos

ordinario proveniente del tesoro público? ¿Cómo deberían determinarse las multas y los aportes de

regulación para que el sector privado sienta que no está pagando un impuesto encubierto? ¿Cómo se puede

distintos a lo que están destinados?

José Távara

Profesor Principal y Director Académico

de Economía de la PUCP

reguladores. La pregunta clave es la que planteó Gonzalo Ruiz respecto a cómo

ser reconocido como un organismo al servicio de la sociedad, que protege

principalmente al ciudadano, al usuario y que administra justicia en el sentido

de colocar en el centro de su función a los derechos de los usuarios, presentes y

futuros. Justamente pensando en los usuarios futuros es que hay que promover las inversiones. Coincido


También quería destacar que vivimos en un contexto muy interesante, que es un contexto de

resurgimiento de la regulación a escala mundial. Hay un resurgimiento de la regulación en todo el

mundo, no solamente en infraestructuras y servicios públicos, sino también de la regulación en salud,

seguridad, educación, alimentos, medicamentos, entre otros. Hay regulación de diferentes tipos tanto

desde el Estado, a través de entes reguladores, como también desde la sociedad civil. Eso se ve, por

ejemplo, a lo largo de toda la cadena de la industria alimentaria mundial.

Entonces, lo que hay ahora es más bien una nueva división del trabajo, en la que los objetivos de las

políticas públicas los definen los políticos pero, el cómo lograr esos objetivos, definen los reguladores.

Los reguladores siempre retroalimentan a los políticos en la formulación de políticas públicas.

Hay una relación estrecha entre formular los objetivos de políticas y hacer todo lo posible para

conseguir esos objetivos. Hay un espacio legítimo que se han ganado un conjunto de profesionales

al servicio de su sociedad, que operan con bastante autonomía y que además forman parte de redes

internacionales de expertos.

Esto lo digo en reacción a lo que comentó Eduardo Quintana acerca de que los reguladores son

como “pequeños Estados” que tienen varias funciones: normativas, de resolución de conflictos, entre

otras y que no han sido elegidos por mecanismos democráticos y por lo tanto, su legitimidad estaría

cuestionada. Yo no estoy tan de acuerdo con este argumento.

Para empezar, el diagnóstico debería incluir también al poder corporativo y el rol que actualmente

juega, vía estudios de abogados, vía lobbys en el Congreso de la República, vía al propio Poder Ejecutivo

y el Poder Judicial, en la formulación de políticas públicas. Creo que no podemos entender lo que

viene ocurriendo, sin examinar cabalmente la incidencia que tiene el poder corporativo y el contrapeso

que requerimos a este poder corporativo, mediante un Estado fuerte, autónomo, moderno, eficiente y

honesto al servicio de su sociedad.

En relación al financiamiento, coincido plenamente con Eduardo Quintana. Me pareció muy importante

su reflexión sobre los mecanismos de selección de funcionarios. No solamente los cargos de dirección,

sino también los de otros funcionarios con funciones claves deben ser nombrados por concurso público.

Nadie debería entrar a trabajar al Estado y buscar una plaza pública sino es a través de un mecanismo

de selección muy rigurosa, con exámenes y en base a méritos.

Por el lado del financiamiento, ya mencionó Santiago

Dávila las principales fuentes: financiamiento por

el tesoro público y los aportes por regulación. De

acuerdo con la teoría de finanzas públicas, cuando

los beneficiarios de la actividad pública son todos

los ciudadanos, lo puedo financiar con los recursos

del tesoro, pero cuando hay un grupo de usuarios

específicos, los aportes de la regulación son el

mecanismo más eficiente para evitar distorsiones

en el sistema de precios generados por estas tasas

y aportes por regulación.

“Los reguladores siempre

retroalimentan a los políticos

en la formulación de políticas

públicas. Hay una relación

estrecha entre formular los

objetivos de políticas

y hacer todo lo posible para

conseguir esos objetivos”.

Creo que es efectivamente cuando, como señaló

Santiago Dávila, se ha roto con el principio al cual

me acabo de referir, que una parte de los aportes

se convierte en un impuesto. Ahí es cuando las empresas, con toda legitimidad, van a decir “¡Oiga!

Yo pago 0.5% de mis ingresos para que vayan al regulador y Ud. Estado destina una parte de estos

ingresos para otros fines, por lo cual es un impuesto”.

Y aquí el principal responsable es el MEF y está poniendo en riesgo el financiamiento y la sostenibilidad

del funcionamiento de los reguladores al apropiarse del recurso que corresponde al regulador.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 39


40 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Esto viene directamente de la mano con algunas ideas que debemos adoptar. Eficiencia del gasto. Yo

cuando estaba en el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería (TASTEM)

del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, veíamos una duplicación

y hasta triplicación de funciones impresionante. Iban los equipos de supervisión de Osinergmin a

minas bien alejadas en zonas rurales, lo cual cuesta bastante al regulador y luego también iban equipos

de supervisión del tema laboral (SUNAFIL) y luego de temas de la OEFA. Ahí solamente ya se partió

en tres la supervisión de las minas: unos que veían asuntos laborales, otros que veían temas técnicos

y otros vinculados a temas ambientales. Esto es absurdo, el Estado enviando a tres equipos que no

pueden hacer supervisiones cruzadas porque se les ha privado de las competencias en esos ámbitos,

constituye una ineficiencia de gastos inaudita.

Por otro lado, coincido en que hay que romper con el incentivo perverso de que las multas que se

imponen a las empresas vayan al presupuesto para financiar sus actividades, porque obviamente hay

un conflicto de intereses. Y obviamente hay que financiar con mayores recursos a los reguladores y al

Estado en general. Yo creo que una buena reforma tributaria es una medida fundamental, se cae de

madura, sin embargo no se discute.

Por último, en relación a la autonomía, creo que hay que defenderla. Recuerdo a Jorge Kunigami

cuando, en la década de los noventa, decía que la autonomía es algo que se pelea y se gana día a día. No

es que uno anuncie que es autónomo y tiene recursos; uno día a día se juega la autonomía dependiendo

de la calidad de su trabajo. Uno nunca termina de quemar todas sus naves, siempre es importante

estar atento, apoyarse mutuamente, y hay que rendir cuentas a la sociedad para que la regulación se

fortalezca y nuestro país progrese.

Hebert Tassano

Presidente del Indecopi

Voy a hacer algunos comentarios sobre lo que se dijo en la primera parte.

Coincido con lo planteado por Eduardo Quinatana en la necesidad de que los

comisionados y vocales sean seleccionados a través de un proceso público.

Nosotros queremos poder plantear esto como una modificación antes del

término de mi mandato.

En lo que no coincido es en el nombramiento, bajo este mecanismo, de los secretarios técnicos y del

Gerente General. Ahí yo creo que sí debe de haber autonomía por parte de la institución para poder

fijar estos puestos.

“Los reguladores siempre

retroalimentan a los políticos

en la formulación de políticas

públicas. Hay una relación

estrecha entre formular los

objetivos de políticas

y hacer todo lo posible para

conseguir esos objetivos”.

Pero aun así, en el caso del Indecopi, estos cargos

ya se nombran a través de concursos públicos,

en donde muchas veces se publican los avisos en

el periódico y participan candidatos externos,

cuando no se ha privilegiado a funcionarios

de carrera de la institución. Por ejemplo, hoy

día los cuatro secretarios técnicos de las cuatro

salas del Tribunal de Indecopi son funcionarios

de carrera del Indecopi. Y eso juega un papel

importante, porque los trabajadores de Indecopi

saben que hay una línea de carrera.

Sobre lo que comentaba Fernando Momiy

respecto al tema de fusiones entre organismos

reguladores, solo para mencionar que en España

hace dos años se optó por la opción de fusionar


eguladores de defensa de la competencia y hoy en día la mayoría de artículos señalan que es un

total fracaso; así que ahí tenemos una idea de lo que no debería ser.

Respeto al tema del financiamiento de los reguladores y del Indecopi, creo que el sistema de financiamiento

actual, con una recaudación directa de los recursos que genera la entidad, es la más adecuada. Indecopi

desde la década de los noventa ha tenido por su función, la facultad de financiarse con el 100% con los

ingresos que genera, no solamente a través de multas (las multas son un porcentaje reducido de lo que

implica los ingresos de Indecopi) sino también por las tasas que se cobran por todas las actividades y

servicios que brinda, por ejemplo, por los registros de marca.

En el caso de las multas, considero que está bien que sean parte de los recursos del organismo o agencia, pero

también es importante que las multas no se fijen en forma aleatoria, si no que haya un proceso transparente.

En los últimos años hemos visto que los reguladores, Indecopi y la OEFA, todos hemos trabajado para que

las multas se fijen de una manera transparente. Mientras esto sea así, creo que no hay ningún problema

en que las multas sean parte de los recursos de las entidades. De esa manera se elimina el incentivo a que

puedan ser utilizados o se busque multar más, como en un momento se insinuó, con la finalidad de tener

recursos. Creo que eso no pasa cuando hay transparencia en la forma en que establecen las multas.

Muy importante en el tema de autonomía presupuestal es también el tema de los saldos de balance.

Deberíamos estar autorizados para utilizar en forma automática nuestros saldos de balance y no esperar

una aprobación; muchas veces la aprobación demora tres o cuatro meses, con lo cual al final queda solo

el 75% del año para poder ejecutar, lo cual se hace más complicado y al final terminas corriendo entre

noviembre y diciembre.

En términos generales creo que la ventaja de la situación actual es la garantía de una mayor autonomía.

Las desventajas son obviamente que algunos reguladores no cuentan con recursos suficientes para

poder mantener todas sus actividades o todas las que quisieran realizar.

En el ámbito internacional uno de los grandes temas que se discute es justamente el financiamiento, lo

que va ligado directamente a la autonomía. La autonomía de un regulador o una agencia depende de

su financiamiento. Si depende del tesoro público definitivamente estará limitado en cuanto a las cosas

se pueda realizar.

Tenemos varios ejemplos internacionales. En Portugal por ejemplo, la agencia de competencia se

financia con ingresos que reciben de los reguladores de servicios públicos. Entonces, creo que el

sistema peruano actual es bueno y habría que ver cómo se puede trazar un mecanismo para aquellos

reguladores que por el sector que regulan no cuentan con recursos financieros.

Finalmente, en relación al tema de los nombramientos, también hay varios ejemplos internacionales.

En República Dominicana, lo que vendría ser el secretario técnico de una comisión de Indecopi, según

su norma debe ser nombrado por un concurso y al final por una resolución del Congreso de dicho país.

La consecuencia es que luego de cinco años, en República Dominicana no tienen un Secretario Técnico

y está paralizado el funcionamiento de la entidad. Entonces, hay que tener cuidado a veces con los

procesos de selección muy complejos o muy transparentes porque nos pueden llevar a la inacción.

Hugo Gómez

Presidente del OEFA

Coincido plenamente con lo que ha dicho Hebert Tassano y seguro que varios

también lo harán, en el sentido de que tanto para Indecopi, el OEFA y los reguladores,

el financiamiento no debe venir del tesoro público, sino a través de recursos

directamente recaudados. El aporte por regulación, las multas y todo derecho de

trámite, también deben ser recursos directamente recaudados por las entidades.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 41


42 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

“Estoy convencido de que

si las multas se establecen

con criterios técnicos, no

hay ningún problema en que

formen parte del presupuesto

de la entidad”.

El problema con el tesoro público son las

decisiones del Ministerio de Economía y

Finanzas, que algunas veces no son expresas,

sino implícitas. Por ejemplo, no sé si las

otras entidades públicas tienen el mismo

problema, pero al OEFA, la Dirección Nacional

de Presupuesto Público le ha limitado la

contratación del personal a través de la

Contratación Administrativa de Servicios

(CAS). Esta limitación no estaba en ninguna

norma, no hay nada publicado en el Diario El

Peruano al respecto. Simplemente es un “no te

lo voy a autorizar”, a pesar de que habían aproximadamente cien plazas presupuestadas desde el

mes de marzo del 2015. Simplemente no lo quieren autorizar. Esta es la respuesta del Ministerio de

Economía y Finanzas: altamente discrecional. Hay una suerte de “captura” por parte del Ministerio

de Economía y Finanzas.

Con respecto al tema de las multas, creo que la discusión está en si sabes aplicar bien las multas o

no. Y en efecto, todos los que estamos sentados aquí, organismos reguladores, el Indecopi y el OEFA

tenemos un tratamiento en el cual las multas no se determinan subjetiva o aleatoriamente, sino que

existe una metodología debidamente establecida y aprobada. Cada uno con sus particularidades, pero

lo que busca es que la multa cumpla su fin disuasivo y en ningún caso, por lo que he sido testigo, ni en

Indecopi ni en los reguladores ni en la OEFA, se ha buscado que las multas financien el presupuesto

de la entidad. Yo no lo he visto. Por eso me extraño muchísimo la posición que tuvo el Ministerio de

Economía y Finanzas cuando proyectó el Artículo 12° de la Ley 30230, ley cuya exposición de motivos

señaló que había entidades públicas que multaban para financiar su presupuesto. Eso no ocurre, al

menos en las entidades públicas que he conocido.

Estoy convencido de que si las multas se establecen con criterios técnicos, no hay ningún problema

en que formen parte del presupuesto de la entidad. De hecho, la literatura económica, y ustedes los

economistas lo saben muy bien, cuando se calcula el valor de la multa se tiene en consideración la

capacidad de enforcement que tiene la autoridad para detectar las infracciones.

En el caso particular del OEFA hemos tenido una discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas

porque las multas no las podemos usar para financiar el ejercicio de la potestad sancionadora. En efecto,

de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 12° de la Ley 30230, no podemos usar lo recaudado por las

multas impuestas para financiar actividades de supervisión y fiscalización, pero sí para todo lo demás.

Entonces, como el OEFA realiza también actividades que no tienen que ver con la potestad sancionadora,

como por ejemplo supervisar entidades públicas, monitorear la calidad ambiental, régimen de

incentivos, entre otras; estas actividades sí se pueden financiar con lo recaudado por las multas. Hemos

encontrado esta solución para seguir utilizando estos recursos y, además, poder transferirlos a los

organismos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente para financiar temas de gestión ambiental.

Con relación al otro punto, al del aporte por regulación, este es un elemento clave para el financiamiento

de los organismos reguladores y también para el OEFA, porque para esta entidad representa el 80%

de sus ingresos.

Esto me recuerda un proyecto de ley que proponía establecer una bolsa común entre los organismos reguladores

y el Indecopi. Por ejemplo, el caso de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

¿Qué pasa si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no paga el aporte de regulación?,

¿Cómo se van a financiar las operaciones de SUNASS? Hace algunos años atrás, Sedapal no quería pagar el

aporte por regulación. SUNASS no puede quedarse sin recursos. Esto no puede volver a ocurrir.

Por ello considero que sí podría pensarse en una fórmula en la cual todo el aporte por regulación

vaya a una bolsa común y de esa bolsa se distribuya a todos los organismos reguladores, de modo


que no se diga “yo soy Osinergmin, a mí me financian las eléctricas” o “yo soy OSIPTEL, a me

financia Telefónica”.

En esta bolsa común, Indecopi muy bien podría participar para financiar aquellas competencias que

inciden en los sectores regulados, como es el control de las barreras burocráticas, la fiscalización de los

actos de competencia desleal o la investigación de conductas anticompetitivas.

Finalmente, coincido con ustedes en que si hubiera saldos del balance, estos deberían retornar al

organismo regulador y de ninguna manera deben ser tomados por el tesoro público. Esto precisamente

para evitar que luego las empresas reguladas se quejen de que sus aportes están siendo destinados a un

fin distinto a lo establecido por la ley.

Jesús Tamayo

Presidente del Osinergmin

Yo creo que el tema del financiamiento es algo fundamental para el funcionamiento

de nuestras organizaciones, tanto del procedimiento regulatorio como del

procedimiento sancionador. Sin embargo, creo que no todas las entidades aquí

presentes regulamos sectores que sean similares o fiscalizamos actividades que

puedan compararse, en particular, con relación al tema del aporte por regulación.

En nuestro caso por ejemplo, supervisamos y regulamos cuatro subsectores. El primero es el subsector

de energía eléctrica, en donde el 100% de las multas se van al Ministerio de Energía y Minas.

En el subsector de los hidrocarburos líquidos el 100% de las multas corresponden a Osinergmin. En el

subsector de gas natural también el 100% de las multas corresponden a Osinergmin. Finalmente, en el

subsector de minería, el 30% de las multas van a los gobiernos regionales para financiar las direcciones

de energía y minería. Sin embargo, las multas en nuestro organismo no representan un alto porcentaje

de los ingresos. Creo que en ese sentido somos

bastante independientes presupuestariamente

del ingreso de las multas, por lo que este tema

del supuesto “incentivo perverso” no debería

tomarse en consideración.

Pero sí considero que existen algunos peligros con

relación al aporte por regulación. Los primeros

aportes por regulación fueron fijados en Decretos

Supremos de hace 12 o 13 años. Sin embargo,

a raíz de la separación de funciones en materia

ambiental, entre el Osinergmin y el OEFA, el

anteaño pasado se destinó una parte de los aportes

“Los organismos reguladores,

y en eso coincidimos todos,

deben tener recursos propios,

que no dependan del tesoro

público, para así garantizar

su independencia”.

por regulación para financiar las operaciones del OEFA. En ese momento no solamente se retiró una

porción del aporte de regulación que iba a Osinergmin, sino que además se fijaron los aportes solo por

tres años – hasta diciembre de 2016- y no en forma indefinida , como era anteriormente.

En el 2016 entrará un nuevo gobierno y veremos cómo se establecen los aportes por regulación: si se

ratifican los porcentajes de aportes por regulación o veremos si cambian. O podría pasar también que

se quedan sin definir. Creo que estas indefiniciones respecto al aporte por regulación si son amenazas

a la institucionalidad regulatoria.

Para terminar, ya de forma general y no solo de manera particular al sector energía y minas, creo que

es importante mencionar que los organismos reguladores, y en eso coincidimos todos, deben tener

recursos propios, que no dependan del tesoro público, para así garantizar su independencia.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 43


44 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Eduardo Quintana

Socio del Estudio Bullard

Algunos comentarios puntuales respecto al financiamiento de los organismos

reguladores. Sobre el tema de aporte por regulación, en realidad yo coincido con

los comentarios que se han hecho. Me parece que el mecanismo de financiamiento

a través de un aporte general de los operadores es lo correcto. Está bien que el

financiamiento no venga del presupuesto público.

Lo que habría que discutir, creo, en este caso

desde el punto de vista de la empresa privada,

es más bien cómo se fijan los porcentajes de los

aportes por regulación. Las normas dicen que

los aportes por regulación son hasta el 1% de la

facturación anual. Pero después se promulga

un Decreto Supremo que es el que determina el

porcentaje de manera permanente o por tres años,

como se ha hecho ahora último con OEFA.

“Parte del perfil alto para los

reguladores es precisamente

legitimarse, no solo como

autoridad drástica sino como

autoridad equitativa y que

busque alternativas a

la sanción”.

Ahí la pregunta es ¿cómo se llega a determinar

que ese es el porcentaje que necesita el regulador?

¿Cómo se genera el proceso de determinar el

porcentaje que necesita el regulador para cubrir el financiamiento de sus actividades? Un operador

de cualquier sector podría tener la siguiente interrogante ¿Por qué se tiene que gastar la suma que se

gasta en campañas de posicionamiento del regulador o en campañas publicitarias sobre los derechos

de los usuarios de servicios públicos? Ojo que no estoy cuestionando estas campañas, no digo que sean

inválidas o inadecuadas. El tema es cómo se determina cuál es el gasto adecuado que el regulador debe

asignar a esta actividad.

Otra pregunta es si ¿existen metodologías precisas que determinen cómo se van a asignar valores a

cada una de estas actividades de los reguladores? Entiendo que no. Que esto se determina de manera

general. Obviamente con base a presupuestos previos de la entidad, pero las preguntas siguientes son

¿cómo se hicieron esos presupuestos y cómo se determinaron las necesidades específicas de este tipo de

gasto? Todas estas preguntas no tienen una respuesta explícita y seguramente tampoco sería uniforme

por parte de los organismos reguladores y supervisores.

Una vez definido el monto del aporte por regulación, el otro en discusión es el que mencionaba José

Távara referido a la duplicación y hasta triplicación de funciones entre organismos. Él mencionaba que

cuando estaba en el TASTEM de Osinergmin encontraba duplicidad en el accionar de las autoridades

regulatorias sobre una misma industria. Evidentemente esto nos está indicando que hay ineficiencia en

el gasto de las instituciones.

Lo cuestionable no es de donde proviene el financiamiento, sino cómo se determinan los gastos que

hacen los reguladores y cómo se asignan los valores que corresponden a cada actividad.

Con relación a las multas, por ejemplo en el caso de Osiptel, las multas van para Fitel. Y uno ve que

casi semanalmente se imponen multas. Esto muestra que no necesariamente hay un incentivo a percibir

los recursos de las multas para los organismos reguladores, sino que puede haber otras muchas

motivaciones que puedan determinar que se multe o no.

Sin embargo, considero que en la medida en que las metodologías sean adecuadas, objetivas,

predefinidas y claras para los agentes, no debería haber un cuestionamiento a la posibilidad que los

organismos se financien a través de multas.

El tema que debe tratarse con relación a las multas es uniformizar lo más posible los criterios de

imposición. Típicamente dentro de las metodologías de imposición de multas se señala que deben


de considerarse, entre otros factores, la probabilidad de detección y el beneficio ilícito esperado. Pero

¿cómo determinan estos criterios las entidades reguladoras? ¿Cuál es el valor que se aplica, por ejemplo,

a la probabilidad de detección en determinadas infracciones? Ahí se debería buscar cierta uniformidad

de metodologías de detalle, que entiendo no necesariamente ocurre.

Finalmente, en cuanto a lo que planteó José Távara, respecto a que no está de acuerdo conmigo en que

hay riesgos derivados de que los organismos reguladores concentren muchas funciones, ni que esto

afecte su legitimidad; en realidad, solo estoy recogiendo lo que dice la teoría regulatoria en este sentido.

El último tema que quisiera mencionar es algo que comentó Gonzalo Ruiz y que también retomó el

profesor Távara, referido a la necesidad de que los reguladores tengan un “perfil alto” para defender

el sistema regulatorio.

Si bien coincido que los reguladores necesariamente deben tener toda la capacitación necesaria y los

mejores funcionarios para plantear sus puntos de vista y defenderlos con fundamentos sólidos, veraces

y técnicos, puede preocupar cómo se asume ese “perfil alto”. Por ejemplo, si ello implica pensar que el

regulador debe mostrarse siempre severo y sancionar todo lo posible para mostrarse como un ente que

imparte justicia de la manera más rigurosa.

Nuevamente repito lo que dice la teoría regulatoria en este sentido. Se plantea que en muchos casos

es mejor buscar medidas de acercamiento con los regulados, por ejemplo implementar medidas de

pedagogía y otras opciones distintas a la sanción, opciones que no impliquen siempre un castigo, estos

son los mecanismos que se conocen como de complaince en la teoría regulatoria.

Creo que parte del perfil alto para los reguladores es precisamente legitimarse, no solo como autoridad

drástica sino como autoridad equitativa y que busque alternativas a la sanción. Para mi ese sería el

concepto más apropiado de lo que implica la legitimidad de los organismos reguladores.

Fernando Momiy

Presidente de SUNASS

La SUNASS es un organismo regulador que tiene 25 millones de soles en

presupuesto al año. Para tener un orden de magnitud, Osiptel y el Organismo

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

(Ositran) tiene más de tres veces nuestro presupuesto; Osinergmin, tiene 14 veces

nuestro presupuesto, y otros que son solo supervisores como la Superintendencia

Nacional de Salud (SUSALUD), casi el doble; Sunafil, 81 millones; el Centro

de Formación en Turismo (Cenfotur), 21 millones. Eso es un problema. Es fácil hablar de autonomía

cuando hay recursos, pero no cuando en verdad no tienes mucho de donde escoger. El pobre no puede

escoger, el pobre solo toma té todos los días, no toma leche, no toma Coca Cola. Nada de eso.

Un organismo regulador en estas condiciones

está limitado en el desempeño de sus funciones,

lo cual es un tema de fondo. Con el mismo

presupuesto todos los años, el número de acciones

de supervisión, de oficinas de atención a los

usuarios, de proyectos tarifarios estaría limitado.

Sin embargo, no hay forma de que, a pesar de

todos los pedidos que hemos hecho, nos trasladen

recursos ordinarios del tesoro público.

Eso genera problemas en la autonomía, en

el ejercicio de las funciones y también en la

“Tenemos que pasar por

institucionalizar a los

reguladores y de ahí vamos

a poder decidir, con la

cabeza fría, qué es lo que

debemos hacer”.

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 45


46 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

posibilidad de realizar incrementos salariales a los gerentes de SUNASS. Si es que el Estado en algún

momento liberara el tope máximo salarial aplicable a los servidores públicos y se pudiera pagar hasta

25 mil soles mensuales, SUNASS estaría en total desventaja frente a otros organismos reguladores, pues

estos podrían incrementar su escala y atraer a los mejores profesionales del mercado y de la propia

SUNASS, incluso en puestos de menor jerarquía y con menos responsabilidades. Los cuadros se irían

de un organismo regulador a otro. Nosotros estamos compitiendo permanentemente por personal.

Y fíjense lo que ocurriría, si es que otros reguladores sí pueden incrementar salarios porque tienen

mayor capacidad presupuestaria. Se daría una fuga de talentos masiva en la SUNASS. A pesar de esto

sin embargo, yo siempre he acompañado a los colegas presidentes de otros organismos reguladores

en sus pedidos para levantar estos límites salariales. Entonces, autonomía sin dinero o libertad sin

posibilidad de elegir no es libertad.

Escuchando a Hebert Tassano se me ha despertado interés por el caso del financiamiento de la

autoridad de competencia en Portugal, o del proyecto para crear un fondo común de ingresos

para los reguladores, que alguna vez planteó Gonzalo Ruiz cuando estaba en otra institución.

Desafortunadamente, en un esquema de financiamiento común, nuevamente el fantasma de la

fusión de reguladores sale a relucir, porque se piensa que si se empiezan a juntar los aportes por

regulación, lo siguiente es la fusión de los organismos reguladores. Esa es una amenaza que debe

desaparecer con el fin de conseguir una equidad presupuestaria.

Tenemos que pasar por institucionalizar a los reguladores y de ahí vamos a poder decidir, con la cabeza

fría, qué es lo que debemos hacer. Aunque de hecho no puede ser que el organismo regulador más

importante que es el de agua (ya que directamente el 70% del PBI depende del agua y, en el caso de

Lima, si es que se quedara sin agua, colapsaría) no tenga recursos financieros suficientes.

Entonces, sí es importante que SUNASS tenga un financiamiento adecuado. No digo proveniente de

los otros reguladores, porque también he estado en otros reguladores y entiendo que el aporte por

regulación se defiende en cada regulador, sino del propio tesoro público.

En el caso de las multas, me preguntó por qué tendrían que ir al tesoro público. Si bien el MEF dice que

las multas generan un incentivo perverso y las empresas también dicen lo mismo, hemos visto acá que

en ningún caso la multa es importante para el presupuesto del organismo regulador, por ello, menos

genera un incentivo perverso. Entonces, considero que al contrario, lo que debería suceder es que las

multas queden para el sector regulado.

Finalmente, con relación a los saldos de balance, en SUNASS nos hemos visto forzados a tener saldos de

balance en previsión de que el presupuesto del siguiente año nos quede desfinanciado. Muchas de las

acciones importantes de los últimos años se han logrado hacer gracias a la cooperación internacional,

de ONGs interesadas en los pagos por servicios ambientales y de organismos multilaterales como el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y en Banco

Mundial (BM).

Como decía anteriormente, parte de la institucionalidad es darles recursos a los organismos reguladores.

Yo creo que en el caso específico de las multas, más razonabilidad tiene que se empleen en difusión

de información para los usuarios, en los consejos de usuarios propiamente dichos y en la solución de

reclamos y apelaciones. Esto hace más lógico que el ingreso por multas termine en el tesoro público.


Coloquios CENTRUM Futuro

El presente proyecto de la Colección CENTRUM Futuro presenta este

segundo tomo sobre la Institucionalidad de Organismos Reguladores,

Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial. Este trabajo

desarrollado por CENTRUM Futuro está alineado a la visión a 2024 de

CENTRUM Católica Graduate Business School de ser una organización

modelo por su excelencia en investigación, por los valores inculcados en

nuestros estudiantes, y por nuestra contribución al desarrollo de

prácticas gerenciales éticas en la sociedad.

Un coloquio es una oportunidad de poner a discusión un tema

estructural para el desarrollo de la competitividad del país, con un panel

técnico y experto en el tema abordado. El tópico de cada producto

editorial de CENTRUM Coloquios es un tema de interés nacional. Los

coloquios buscan tener un impacto en la opinión pública, y que estos

productos editoriales sean insumo en el proceso de toma de decisiones

de nuestros líderes nacionales.

Pretendemos con estos coloquios difundir el conocimiento y propiciar el

intercambio de puntos de vista entre la academia de CENTRUM Católica,

la academia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y

expertos profesionales en las áreas propuestas. Este insumo generará un

impacto en el público objetivo nacional por cada uno de los temas de

agenda, siguiendo los pilares del Índice de Competitividad Regional del

Perú desarrollado por nuestra escuela de negocios.


En este volumen están las exposiciones que hiciera un grupo de

especialistas en regulación económica, entre presidentes de organismos

reguladores, destacados académicos y representantes del sector privado a

propósito de las siguientes interrogantes: ¿Qué se puede hacer para

mejorar la institucionalidad regulatoria y en particular, en lo que se refiere

al nombramiento de altos funcionarios de los organismos reguladores?

¿Qué mecanismos se pueden emplear para que el Poder Ejecutivo pueda

completar a tiempo los Consejos Directivos y los Tribunales de estos

organismos reguladores? ¿Cómo deberían financiarse los organismos

reguladores? ¿Cuáles son los pros y contras de que se financien con

presupuesto ordinario proveniente del tesoro público? ¿Cómo deberían

determinarse las multas y los aportes de regulación para que el sector

privado sienta que no está pagando un impuesto encubierto? ¿Cómo se

puede garantizar que estos recursos financieros no se empleen en usos

distintos a lo que están destinados?

Participaron en este coloquio Santiago Dávila, Director del Centro de

Competencia y Regulación de CENTRUM Católica, quien fue el moderador

y como expositores José Távara, Profesor Principal y Director Académico de

Economía de la PUCP; Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo

del Indecopi; Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA;

Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin; Fernando

Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS y Eduardo Quintana,

Socio del Estudio Bullard.

A poco tiempo de concluirse un periodo de gobierno caracterizado

por la creación de nuevos organismos supervisores y fiscalizadores de

la actividad empresarial y de la promulgación de una considerable

cantidad de nuevas regulaciones, esta publicación contribuirá al

debate de propuestas económicas para el nuevo gobierno respecto a

cómo mejorar la institucionalidad regulatoria y el desempeño de los

negocios regulados.

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