La gestion de la pesca

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Con un marco legal macro se definen los parametros de gestion y regulacion de las pesquerias

LA GESTION DE LA PESCA EN

PERU

La gestión comprende el marco jurídico e institucional que debe garantizar que la pesca desempeñe la

función que el Estado considera adecuada y que satisfaga las necesidades de las mayorías. La gestión

debe establecer también las normas que garanticen eficiencia dentro del sector, inocuidad de sus

productos, un acceso equitativo a los recursos, protección del ambiente y provisión de proteína de

origen hidrobiológico al consumir peruano. La obligación de la autoridad es velar por la preservación

del ecosistema, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el bienestar de las mayorías

nacionales.

La asignación de determinados derechos de acceso, de límites máximos de captura o de cuotas

individuales de pesca no necesariamente resuelve toda la problemática pesquera. Aborda parte de la

actividad extractiva. Es un paso, mas no lo es todo.

La administración de la actividad pesquera debe conciliar los intereses de muchas partes. Supone

también reconocer que la eficiencia y la aplicabilidad de las medidas de ordenación dependen en gran

medida del apoyo conseguido entre las partes interesadas. Porque la intervención de la autoridad

sobre la actividad pesquera, generalmente crea resistencia por parte de los administrados, en especial

cuando consideran que se les perjudica. Esta resistencia puede tomar como argumento central la

defensa del derecho de propiedad; pero en el supuesto mal entendido de que los recursos pesqueros

pueden ser concedidos por el Estado a un tercero en calidad de propiedad. Las cuotas individuales de

pesca no constituyen la asignación de un derecho de propiedad.

Las diferencias que pudiesen presentarse entre los administrados y la autoridad de pesquería en

relación al volumen de extracción de una pesquería, deben ser resueltas por el organismo científico

en forma técnica y no politizada.

La pesca tiene que estar sujeta a regulación por parte del gobierno con el objeto de impedir la

sobreexplotación de los recursos pesqueros, porque se puede generar una sobrepesca. Al no existir

derechos de propiedad sobre los peces, los pescadores tratarán de pescar lo máximo posible, ya que

lo que ellos no pescan será pescado por un competidor, sin preocuparse de la sostenibilidad del

recurso. Ello puede conducir a que el recurso se agote ya que se podría pescar más allá del límite

biológico necesario para mantener el recurso disponible en el futuro, generándose un costo social si

las futuras generaciones del país podrían no tener acceso a algunas pesquerías debido a su

agotamiento. La existencia de ese riesgo justifica la regulación estatal para impedir la

sobreexplotación. Pero ni la regulación ni un sistema de cuotas actúan sobre el mercado ni las

necesidades alimentarias de la población, hasta ahora.

Artículo 66º de la Constitución Política. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son

patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan

las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su

titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Artículo 73º de la Constitución Política. Los bienes de dominio público son inalienables e

imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley,

para su aprovechamiento económico.

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En base a dicho marco constitucional, la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible

de los Recursos Naturales, fija la extensión del dominio del Estado y, el modo de acceso:

Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables,

son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la

forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos

sobre ellos.

Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a

los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso

natural. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los

frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún titulo a los particulares.

Artículo 21.- La Ley especial dictada para el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural

precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos,

incluyendo los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento, el

mantenimiento del derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro

correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre particulares.

Artículo 23.- La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para

el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las

limitaciones que establezca el título respectivo

Es imposible disimular el hecho que los desembarques de las especies más populares destinadas al

consumo humano nacional, objetivo principal de los pescadores artesanales, están en niveles

bajísimos debido a la reducción de las respectivas biomasas. Sin embargo esto último es una

deducción de lo que se observa, puesto que se desconoce la existencia de informes científicos que

muestren el estado de salud de esas poblaciones de peces.

Las especies como la cojinova, corvina, lenguado, congrio, mero, chita, etc. escasean, aumenta el

costo de la faena, sube el precio al consumidor y consecuentemente baja o desaparece la rentabilidad

del esfuerzo pesquero (y la del pescador).

Tampoco se puede ocultar que el número de personas que pescan ha aumentado y que éstas están

cada vez mejor equipadas a nivel de flota y de aparejos tecnificados. A ello se le define como

aumento o crecimiento del esfuerzo pesquero.

Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo siguen el camino inverso, éstas se reducen y

por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la

pesquería. Pescar debe ser considerado un privilegio. El privilegio de unos pocos que se obliguen a

sacar la cantidad justa que garantice la sostenibilidad de las especies al menor costo, en beneficio de

la alimentación nacional. El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Las normas

deben volverse regulatorias, limitativas y exclusivistas. (Aún cuando aquello parezca impopular).

LA PROBLEMATICA

Es válido otorgar permisos de extracción de recursos pesqueros a empresas privadas, industriales o

artesanales, que tendrán el privilegio de ser los únicos con derecho a extraerlos, lo que si bien es

cierto les permitirá lucrar y generar utilidades, también es justo que deberán compartir la bonanza del

negocio con todos los peruanos, ya estos últimos son los dueños de dichos recursos.

Para alcanzar esta justa participación, considerando que el impuesto a la renta de tercera categoría no

es suficiente para garantizar esta participación, es prudente evaluar un nuevo procedimiento de pago

sobre la extracción pesquera, de tal forma que el sector pesquero pague un precio justo por la

utilización con fines de lucro de un recurso natural.

La tributación de renta de tercera categoría no es la mejor forma de hacer partícipe a la Nación por

cuanto se aplica sobre las utilidades, cuando el impacto que genera la extracción sobre el ecosistema

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marino es de naturaleza independiente de los niveles de eficiencia empresarial que conducen a un

resultado financiero que puede ser más o menos aceptable; pero que no genera una participación

adecuada para el Estado.

La política pesquera debe disponer, en forma equilibrada, de objetivos biológicos, económicos y

sociales.

El Estado puede asignar un derecho de acceso a una persona, empresa, o a una embarcación.

Normalmente, la asignación de derechos de acceso a personas o empresas, si se asocia con la

transferibilidad, redunda en una mayor eficiencia económica. Por ello se han asignado cuotas

individuales de pesca para algunos recursos hidrobiológicos. En otros casos, los mismos son de libre

acceso.

Cuando se dispone de información científica sobre la población objetivo de extracción, cabe estimar el

volumen adecuado de las capturas para conseguir sostenibilidad. Por lo general, el control de las

capturas supone establecer la captura total permisible, que se distribuye en cuotas individuales entre

los administrados. El efecto de una pesquería sobre otras debe ser tenido en cuenta en la

determinación de la cuota global, dentro de un enfoque ecosistémico.

El control de la extracción mediante el establecimiento de una cuota anual o la limitación del esfuerzo

total a través de vedas, permite proteger los recursos; pero no contempla la necesidad alimentaria del

país. El acceso libre tampoco contempla la necesidad alimentaria del país.

La Constitución Política del Perú en el caso de los recursos naturales, que incluye a los pesqueros,

implica la imposibilidad jurídica de que se adquiera algún tipo de propiedad sobre los mismos.

El derecho a pescar se adquiere mediante norma expresa dictada para el efecto en las condiciones,

términos, criterios y plazos que se estipulen. Es el deber del Estado garantizar el acceso a dichos

recursos en condiciones equitativas, no discriminatorias y que aseguren la conservación a largo plazo

de los mismos.

Es necesario organizar los asuntos pesqueros a través de una Política de Estado, no sólo con la

equidad social como criterio fundamental, sino también con la atención puesta en la necesidad de

hacer la pesca sostenible e inclusiva para la población peruana que debe ser priorizada en cuanto a

sus necesidades alimentarias. Esto requiere un equilibrio entre las consideraciones biológicas,

económicas y sociales a través de procesos políticos y normativos que incluyan el establecimiento de

condiciones de competitividad equilibradas y justas entre el mercado externo y el mercado nacional.

La Autoridad de Pesquería no es competente para normar en cuanto a exoneraciones o incentivos

tributarios o en materia de mercado; pero puede y debería articular con las entidades apropiadas la

evaluación de la competencia desleal que significa para el mercado peruano la existencia de privilegios

a la exportación, con el objeto de buscar fórmulas y normas que pongan a ambos mercados en

igualdad de condiciones, en especial para resolver urgencias de seguridad alimentaria.

Hasta ahora, el mercado externo dispone de privilegios y subsidios que no se conceden al mercado

peruano, haciéndolo menos atractivo para el empresario e incumpliendo un deber del Estado como es

la atención a las mayorías nacionales, en especial a los sectores más necesitados de proteína y que

acusan un alto índice de desnutrición y anemia.

El inconsciente colectivo atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino

además, la cualidad de inagotable. Ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos,

creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites

impredecibles en sus consecuencias.

La forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un enfoque precautorio

y no incurrir en incentivar mayor consumo, porque que a su vez presiona sobre mayores capturas. Los

peces son recursos naturales renovables, solo si se les deja reproducirse adecuadamente cuidando de

no reducir sus poblaciones. Esto requiere de regulación basada en información científica.

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En tanto no haya información que permita regular la captura de estos recursos, asignándoles no

solamente una cuota anual de extracción, sino estableciendo sistemas de control eficaces, no parece

que haya otra acción más sensata posible.

Elaborado por:

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la Revista Pesca

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