REVISTA PESCA JULIO 2017

A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los
pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan.
Además, no tienen un propietario, pues aunque teóricamente
lo es la Nación, esto resulta un concepto abstracto.
El pescador artesanal extrae los recursos sin regulación
y sin pagar ningún derecho por hacerlo. La captura
va al CHD, mayormente y recibe un pago insuficiente.
La política pesquera debería lograr gradualmente una
pesca sostenible que alcance objetivos de desarrollo tales
como el mantenimiento de la calidad, diversidad y
disponibilidad de recursos en el contexto de la seguridad
alimentaria y la mitigación de la pobreza. La política
debiera regular la tributación a niveles más convenientes
para el país y compensarlo por el impacto ecosistémico
que ocasiona.
Para colocar la actividad pesquera en un contexto de
desarrollo sostenible se deben afrontar las relaciones
recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta
al agotamiento de los recursos, así como a los
efectos perjudiciales de la actividad pesquera y el vertido
de residuos sobre el ecosistema marino, fluvial y lacustre.
Si bien los ministerios son los responsables en el
rol del Estado para promover este desarrollo, no son los
únicos.
La forma de gestión fragmentada y sectorializada entre
el Ejecutivo y los GOREs tiene como expresiones concretas
una alta desestructuración entre las instancias que
propician: duplicidad de esfuerzos, preocupación por
intereses institucionales específicos, poca capacidad de
prevenir conflictos, escaso conocimiento del valor de los
daños y perjuicios, y sub valoración de la participación
ciudadana (haciéndola más vulnerable a los grupos de
presión).
La definición de una política de Estado en el corto, mediano
y largo plazo requiere una base sólida diseñada
por todos sus sectores y todos los agentes de la pesquería.
Una política pesquera debe ser parte de una estrategia
general de desarrollo sostenible, y su éxito debe
basarse en un proceso de planificación integrado para
armonizar valores (culturales, económicos, ambientales)
y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo
económico.
Es sobre la pesca artesanal donde se impone la necesidad
de este cambio de modelo. Y es que hoy, irónicamente,
ésta es la menos beneficiada. El nuevo modelo
debe estar orientado a que el sector pesquero artesanal
tenga una infraestructura de desembarque adecuada,
una flota que asegure la trazabilidad, calidad y una capacitación
que le asegure mayores márgenes al permitirles
estructurar cadenas productivas y de comercialización.
Todo esto no solo dentro de un marco sanitario de
estándares elevados, sino de una política que priorice el
consumo nacional.
La industria pesquera que destina la anchoveta a su reducción
en harina es la mejor ordenada y regulada y si
bien es cierto constituye un importante aporte al PBI,
también es cierto que contribuye con el impuesto a la
renta de tercera categoría y una tasa de derechos de
pesca en una proporción injustamente baja y que causa
un impacto serio al medio ambiente, que es visible y
evidente en todas las ciudades donde se encuentran
plantas procesadoras de harina de pescado.
El sector industrial pesquero es el segundo productor de
divisas después de la minería en el Perú. Sin embargo,
su nivel de tributación por renta de tercera categoría es
el 0.69% del total de contribuciones al Estado en 2016.
La complejidad del tema pesquero, la importancia de la
pesca desde el punto de vista de la soberanía alimentaria,
el futuro de la pesquería peruana como reserva
mundial de alimentos, la existencia de cambios climáticos
que afectan a los ecosistemas marinos, la importante
contribución de la pesquería al PBI, su alto grado de
manejo especializado y lo sensible del manejo industrial
desde el punto de vista del empleo y la conservación del
medio ambiente, hacen necesario que el sector disponga
de una política de Estado de largo plazo.
En general, los grandes beneficios económicos del sector
pesquero alcanzan a una fracción mínima del empresariado
pesquero y genera rentas mínimas al Estado
que no permiten el financiamiento adecuado de programas
sociales o la investigación y programas de monitoreo,
control y supervisión necesarios para el manejo
sostenible de los recursos. No genera beneficios para la
gran mayoría de la población ni provee alimentación a
los sectores de menores recursos, especialmente los
alejados de la costa.
Un nuevo modelo deberá procurar instrumentar en el
mediano y largo plazo mecanismos más adecuados para
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