REVISTA ADMINISTRACION PÚBLICA VENEZOLANA

UNIVERSIDAD YACAMBU
ADMINISTRACION PÚBLICA
VENEZOLANA
EDICION NUMERO 01
Jesús A. Culpa Reyes
2017
C a r a c a s , J u l i o 2 0 1 7

Número y fecha de Edición:
Numero: 01
Primera Edición Julio 2017
Jesús Alberto Culpa Reyes
C.I.: 22.526.973
Universidad Yacambu
Facultad de Ciencias Políticas Y Jurídicas
Catedra: Derecho Administrativo
Derecho

INDICE DE CONTENIDOS
EDITORIAL
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
VENEZUELA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES RELATIVOS A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REPORTAJE La Administración Pública en Venezuela:
¿evolución o involución?

Editorial
Importantes
modificaciones
ha sufrido en los últimos años el
Derecho Positivo venezolano como
consecuencia de la entrada en
vigencia de la Constitución
Bolivariana de la República de
Venezuela en Diciembre de 1.999.
En su parte orgánica, la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela introduce
profundos cambios en la estructura
de la Organización Administrativa
de la Administración Pública. En
este sentido, en el ámbito de la
Administración Pública Nacional: se
crean nuevos órganos que
conforman el Poder Ejecutivo; se
establecen inéditos órganos
Consultivos; y se les otorga
Autonomía Funcional a órganos
que, hasta este momento se
apreciaban como órganos de rango
constitucional pero de difícil
ubicación en la estructura general
organizacional de la Administración
Pública. Se configura también una
Administración
Nacional
Descentralizada, que desde el punto
de vista funcional, luce novedosa,
ya que permite la descentralización
de órganos tan centralizados como
los que integran el Poder Judicial.
Desde 1.858, las Constituciones
promulgadas en nuestro país, con
algunas modificaciones, y como
consecuencia de la forma federal de
Estado que hemos adoptado, han
consagrado una distribución vertical
de Poder Público en tres niveles:
Nacional, Estadal y Municipal, en
consecuencia tres niveles de
organización política.
"El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el
Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo,
Judicial, Ciudadano y Electoral" Luego, de acuerdo con esta disposición
constitucional, el Poder Público se divide en forma vertical en Poder Nacional,
Estadal y Municipal; y, en forma horizontal, el nivel Nacional, se divide en
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. A su vez el Poder
Estadal y Municipal se divide en forma horizontal en Legislativo y Ejecutivo.

En cada uno de estos niveles
existirá una Administración Pública
que funciona como el instrumento
por excelencia de la acción política
del Estado, dando lugar en
consecuencia a una Administración
Pública Nacional, una
Administración Pública Estadal y
una Administración Pública
Municipal.
Existirá entonces una organización
administrativa nacional centralizada
o descentralizada en cuyo vértice se
encuentra el Presidente de la
República;' una organización
administrativa estadal centralizada o
descentralizada en cuyo vértice se
encuentra el Gobernador del
Estado; y una organización
administrativa
municipal
centralizada o descentralizada en
cuyo vértice se encuentra el
Alcalde.
Administración Pública en términos
sencillos, enseña Jean Rivero,
designa un conjunto de órganos por
los cuales son conductas y
ejecutadas tareas públicas. A su vez
Moles Caubet, señala que la
Administración es ante todo una
función estatal, tal función, consiste
en "la actividad del Estado calificada
por su fin"
Precisaremos en primer lugar lo que
hemos de entender por
Administración Pública Nacional.
A tal efecto hemos tomado el
concepto de Allan Brewer Carias:
"Conjunto de órganos que ejercen el
Poder Nacional o que se han
constituido en ejercicio de este
último por los órganos de la
República, está integrada por tres
grandes grupos de órganos: la
Administración Central, las
administraciones con autonomía
funcional y la administración
Descentralizada funcionalmente"
(Allan Brewer Carias R.: 1.994: 94)
Tal clasificación la adopta el autor
tomando una Sentencia de la Sala
Política Administrativa de la Corte
Suprema de Justicia de fecha 28 de
Noviembre de 1.988.
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA
Niveles de la Administración Pública
1. Administración Pública Nacional
Se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Publica, esta Ley creada con la finalidad de ampliar y organizar la
administración del Estado atendiendo a la organización y competencia de los
poderes públicos, establecidos en la Constitución de forma descentralizada,

egulando políticas administrativas y estableciendo normas básicas sobre los
archivos y registros públicos.
La Administración Publica, es una organización que está conformada por las
personas jurídicas estatales (entes) y por sus órganos, como lo precisa la Ley
Orgánica de la Administración Pública Art 15
2 .Administración Pública Central
Según el Artículo 45.de La Ley Orgánica de la Administración Publica
Son órganos superiores de dirección de la administración pública Central, El
Presidente o Presidenta de la Republica, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vice
Presidenta Ejecutiva, El Consejo de Ministros ,los ministros o ministras y los
viceministros o viceministros.
Son Órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, La
Procuraduría General de la Republica, El
Consejo de Estado, l Consejo de Defensa
de la Nación, los gabinetes sectoriales y
los gabinetes ministeriales.
Administración Pública de los
Municipios
La administración de los municipios
corresponde al Alcalde, el control y
vigilancia de los ingresos y gastos
corresponde al Contralor municipal, los
cuales gozan de autonomía orgánica según la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, el poder legislativo, corresponde al concejo integrado por los
concejales.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Entre los principios fundamentales relativos a la Administración Pública, se
destacan aquellos que son comunes a todos los órganos que ejercen el Poder
Público, entre los cuales deben mencionarse: el principio de legalidad, el
principio de la responsabilidad de los funcionarios y del Estado, y el principio de
finalidad de la Administración Pública.
El principio de la legalidad: El primer principio relativo a la Administración
Pública y a todos los órganos del Estado en general, es el principio de legalidad
que deriva del artículo 137 de la Constitución, que dispone: La Constitución y la
Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a

las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Esta norma recoge el
principio del artículo 117 de la Constitución de 1961, pero con una nueva
redacción, de la cual se debe destacar que no se habla de “atribuciones del
Poder Público”, lo cual era impropio, ya que el Poder Público es una potestad
constitucional y no un órgano; sino de “las atribuciones de los órganos que
ejercen el Poder Público”, cuyas actividades son las que deben sujetarse a la
Constitución y a las leyes. Este principio de legalidad o de actuación en
conformidad con el derecho, por tanto, implica que las actividades que realicen
todos los órganos que ejercen el Poder Público y no sólo los que conforman la
Administración Pública, deben someterse a la Constitución y a las leyes.
En relación con la Administración Pública, la LOAP expresa formalmente el
principio vinculándolo a la competencia, para lo cual, además, precisa la
jerarquía de las fuentes del derecho aplicable a la Administración, así: Artículo
4º. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el
principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus
competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo,
dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de
las libertades públicas que consagra el régimen democrático a las personas. Se
destaca de esta norma, como se dijo, la indicación formal de la jerarquía de las
fuentes del derecho: 1) la Constitución, 2) las leyes y 3) los actos
administrativos normativos; y la referencia al principio teleológico de la
sumisión a la ley, cuyo fin es la garantía y protección de las libertades públicas
propias del régimen democrático. Las fuentes del derecho, además, para ser
tales, deben haberse dictado formal y previamente a la actividad que se regule,
lo que implica la proscripción de la retroactividad de la ley.
El principio de la
responsabilidad
individual de los
funcionarios
públicos en el
ejercicio del Poder
Público. Dispone
dicha norma que: El
ejercicio del Poder
Público acarrea
responsabilidad
individual por abuso o
desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley. Esta
norma recoge el principio del artículo 121 de la Constitución de 1961, pero
agregando a la desviación de poder dentro de los supuestos que generan
responsabilidad del funcionario. En consecuencia, la responsabilidad de los

funcionarios cuando en ejercicio del Poder Público causen daños, puede
originarse por abuso de poder, es decir, por el llamado vicio en la causa de los
actos estatales (falso supuesto, por ejemplo); por desviación de poder, que es
el vicio en la finalidad del acto estatal, al usarse el poder conferido para
perseguir fines distintos a los establecidos en la norma atributiva de 8
competencia; y en general, por violación de la Constitución o de la Ley, es
decir, en general, por contrariedad al derecho.
El principio de la simplicidad: El artículo 12 de la LOAP dispone que la
simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los
órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que
fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que
establezca la ley correspondiente. Por ello, estando la Administración Pública al
servicio de los ciudadanos y, en general, de los particulares o administrados, la
misma, debe desarrollar su actividad y organizarse de manera que los
particulares: 1. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción
formal de documentos administrativos, y recibir información de interés general
por medios telefónicos, informáticos y telemáticos. 2. Puedan presentar
reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el
funcionamiento de la Administración Pública. 3. Puedan acceder fácilmente a
información actualizada sobre el esquema de organización de los órganos y
entes de la Administración Pública, así como a guías informativas sobre los
procedimientos administrativos, servicios y prestaciones que ellos ofrecen. (art.
6)
El principio de la información general (internet) A fin de dar cumplimiento a
los principios establecidos en la LOAP, ésta dispone (art. 12) que los órganos y
entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que

desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas.
En tal sentido, por disposición expresa de la Ley Orgánica, cada órgano y ente
de la Administración Pública debe establecer y mantener una página en la
internet, que debe contener, entre otra información que se considere relevante,
los datos correspondientes a su misión, organización, procedimientos,
normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las
personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos
órganos y entes disponible para todas las personas vía internet (art. 12). Esta
obligación debe cumplirse por todos los órganos y entes de la Administración
Pública antes del 17 de abril de 2002 (Disposiciones Transitorias Primera,
LOAP).
El principio de la eficacia La actividad de los órganos y entes de la
Administración Pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y
metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la
orientación de las políticas y estrategias establecidas por el Presidente de la
República, por el gobernador, el alcalde según el caso (art. 19).
La Administración Pública en Venezuela:
¿evolución o involución?
La Administración Pública en Venezuela ha recorrido un ciclo de vida
interesante, con pasos hacia adelante y hacia atrás, que se ha visto influido por
diversas tendencias, en algunos casos divergentes
entre ellas.La declaración de
Venezuela como un Estado
federal en la Constitución de
1999 configura de
entrada la
Administración
Pública venezolana, al
menos en teoría, puesto
que las últimas acciones
del gobierno de
turno van en contra
del modelo descentralizado que
ellos mismos promovieron
cuando iniciaron su gestión de
gobierno en 1998.
Córdova (2006) diferencia tres modelos de administración pública en
Venezuela a partir de 1958, con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y la

instauración de la democracia. A esos tres modelos los denomina: de
administración burocrática populista centralizada, de administración
descentralizada, y de administración burocrática populista centralizada con
base militar. Utilizaremos esta estructura para describir el caso venezolano,
describiendo el contexto donde se desarrolla cada modelo de administración
pública y desarrollando una breve evaluación de cada uno de ellos.
Administración Pública Centralizada
Desde el año 1958 hasta 1990
predominó en Venezuela un modelo
de administración centralizada y
burocrática, a partir del desarrollo
de la democracia representativa
planteada en la Constitución de
1961 y que estuvo vigente hasta
1999. En este modelo, la
administración pública estaba
alineada al desarrollo del Estado del
Bienestar a través del gasto público
financiado con la renta petrolera, no
con impuestos internos, lo cual hace
una diferencia notable no solamente
en términos económicos, sino
también en términos socioculturales,
pues el Estado es
percibido por la sociedad como un
benefactor.
En este período se crea a Comisión
de la Administración Pública, que
buscaba modernizar el manejo
operativo de la administración
pública, y que terminó redactando
un proyecto de Ley de Carrera
Administrativa, aprobada en 1970
(Gaceta N° 1.428 Extraordinario del
4 de septiembre de 1970) y luego
reformada en 1975 a través de
Decreto-Ley (Gaceta N° 1.475
Extraordinario del 23 de mayo de
1975), donde se incorporaron
cambios que le permitían a los
técnicos asumir posiciones de
decisión en las empresas públicas
(Ochoa, 1997). Esta Ley estuvo muy
influida por el sistema francés,
creando entre otras figuras, una
Oficina Central de Personal,
adscrita directamente a la
Presidencia de la República (De
Pedro, 2005)
Durante este período el empleo del
sector público tuvo un crecimiento
considerable, producto en primer
lugar de la estructuración del
funcionariado público y en segundo
lugar de la creación de nuevas
instituciones y empresas públicas
que buscaban el desarrollo de la
producción nacional, en el marco
del modelo de sustitución de
importaciones planteado por la
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL). El modelo
predominante es de tipo
centralizado. Si bien algunas de las
empresas y corporaciones públicas
se crearon para promover polos de
desarrollo regionales, todo ello
estaba planificado y dirigido desde
el poder nacional. Los gobernadores
de estado eran designados por el
Presidente de la República y
actuaban como agentes del poder
ejecutivo. El ingreso a la

administración pública tenía
entonces una vía formal y otra
paralela, como apunta Córdova
(2006), a través de los partidos
políticos gobernantes mediante el
desarrollo de estructuras
clientelares, que reclutaban a los
funcionarios de las filas de estos
partidos, dándole una importancia
secundaria a las calificaciones
técnico-profesionales de las
personas.
Administración Pública Descentralizada
A partir del año 1990 la administración pública implementó un modelo
descentralizado, con miras a la consecución de los llamados planes regionales
y programas sectoriales de desarrollo, buscando acercar la acción de gobierno
a los ciudadanos con miras a fortalecer el sistema democrático. Para ello se
aprobó
en 1989 la elección de gobernadores y alcaldes
a través del sufragio.
Las discusiones previas a la
aprobación de la elección de
gobernadores y alcaldes estaba
centrada en si el proceso de
descentralización debía
concentrarse en los estados o en
los municipios, no sólo porque ya
éstos últimos de alguna manera ya tenían
algunas competencias fiscales, sino porque el Municipio es una herencia de la
época colonial española, que ya para esa época, en la Ordenanzas Reales y
los Códigos de Leyes de Indias, a los ayuntamientos se le asignaban funciones
muy cercanas a los ciudadanos, que luego fueron recogidas en la Constitución
Federal de Venezuela de 1811 bajo la figura de las Municipalidades (Becerra,
2009)
En 1984 se creó la Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado
(COPRE), conformada por dirigentes de los principales partidos políticos y por
independientes. En el marco de esa comisión, algunos dirigentes, como el
Presidente Lusinchi, se pronunciaron por la elección de gobernadores, mientras
que el secretario general de su partido (Acción Democrática), el sindicalista
Manuel Peñalver consideraba que se debía rescatar el Municipio como la
instancia donde los ciudadanos ejercen sus derechos democráticos, lo que de
alguna manera da muestra de la discusión interna acerca del modelo a seguir
(Mascareño, 2004)

Durante este período se aplicaron
un conjunto de medidas de carácter
macroeconómico que buscaban
darle más competitividad a la
economía, y que implicaban ajustes
severos a un conjunto de variables
económicas que estaban rezagadas
de la dinámica económica
internacional. Este proceso de
liberalización de la economía
estuvo acompañado en
el sector público de
un conjunto de
reformas
fundamentadas en
el New
Management,
lideradas por
Ministros que no
provenían del funcionariado público,
pero tampoco de la política; se
trataba de tecnócratas del mundo
académico, que promovían la
descentralización de la
administración de infraestructuras
(puertos, aeropuertos, carreteras,
hospitales) con miras a la
modernización de la administración
pública bajo el argumento de que a
mayor capacidad para establecer
cambios, mayor es la capacidad de
mantener gobernabilidad, como
plantea Córdova (2006), y con el
objetivo también de reorganizar el
gobierno central y simplificar los
procedimientos administrativos,
siguiendo el argumento de Ochoa
(1997) El cambio de
la administración pública a
la gerencia pública supone una
visión del Estado como oferente de
servicios públicos que además los
produce de forma eficiente, dándole
mayor énfasis a las finanzas
públicas (Sánchez, 2007). Supone
además, la participación
ciudadana a través de las
ONG´s, que funcionarían
como mecanismos de
control ciudadano para
garantizar la eficiencia de
la gestión pública, más
que objetivos políticopartidistas.
La transferencia de
la administración de mayores gastos
para las regiones, pero ello no
estuvo acompañado de una
transferencia de fuentes de ingresos
que financiaran tales actividades.
En este sentido, los estados
dependían aún más de las
transferencias del gobierno central,
y ello terminó contribuyendo al
debilitamiento de la gobernabilidad y
de los actores políticos de la época,
representados en los partidos
políticos tradicionales hasta 1998,
Acción
Democrática
(socialdemócrata) y Copei
(socialcristiano)
Por otra parte, la administración pública consolidada se vio reducida como
consecuencia del proceso de privatizaciones de grandes empresas públicas
deficitarias, tales como compañías telefónicas, empresas siderúrgicas, líneas
aéreas, entre otras. Este modelo termina mal, no solamente por el descuido de
los aspectos político-institucionales del enfoque del New Management, sino
también por el hecho de que su desarrollo coincidió con una caída estrepitosa
de los precios del petróleo (que llegaron a USD 6), lo que genero un choque

adverso de demanda para la industria petrolera venezolana, y en consecuencia
la imposibilidad de financiar las viejas y nuevas estructuras creadas en la
administración pública, generando una aceleración en la acumulación de
problemas sociales, en áreas como la salud, educación, vivienda, seguridad,
estructuras salariales de los empleados públicos, etc.
Administración Pública Centralizada con base en el estamento militar
Uno de los fundamentos de este
modelo es la participación
ciudadana, entendida como lo
plantea Córdova (2006) como un
mecanismo de profundización de la
democracia enmarcado en la esfera
de lo público, pero
no en lo
estatal,
sino tres años después de iniciado
su gobierno cuando se aprueba la
Ley Orgánica de la Administración
Pública (Gaceta Oficial N° 37.305
del 17 de octubre de 2001) y la Ley
del Estatuto de la Función Pública
en el año 2002 (Gaceta Oficial N°
37.522 del 6 de
septiembre
de 2002),
que
aunque
con el
objetivo claro de
control político de las comunidades.
Para este autor, la expansión del
aparato público es un objetivo claro
de la administración del presidente
Chávez, que ha significado además
un retorno al modelo de
administración centralizada, con el
argumento de estimular la
participación ciudadana pero desde
el poder central, dejando de lado las
gobernaciones y alcaldías.
Ya en 1996 el candidato Chávez,
para ese entonces, había ofrecido
reformar la Ley Orgánica de la
Administración Central, que la
consideraba poco flexible. No es
sustituye
la Ley de
Carrera
Administrativa reformada en el año
1975. En ese mismo año 2002, se
crea por decreto la Comisión
Presidencial para la Transformación
de la Administración Pública
Nacional (Decreto 1.980, Gaceta
Oficial N° 37.530 del 18 de
septiembre de 2002) y en año 2008
se publica vía Decreto-Ley la Ley
Orgánica de la Administración
Pública (Gaceta Oficial N° 5.890
Extraordinaria del 31 de julio de
2008)
La Ley del Estatuto de la Función
Pública establece toda una
estructura de selección, ingreso,

ascenso y clasificación de los
funcionarios públicos, y crea
además un Registro Nacional de
Funcionarios Públicos, a cargo del
Ministerio de Planificación, y elimina
la Oficina Central de Personal,
figura contemplada en
la Ley de
Carrera
indebido de recursos, cuando fuere
el caso. En algunas de estas
instituciones, los empleados son
contratados o no están amparados
bajo el régimen de la administración
pública (caso de la Madres
Procesadoras
de
Alimentos)
Todo este
esquema
de una
Administrativa.
También establece
procedimientos sancionatorios para
los funcionarios públicos, a través
del régimen disciplinario
contemplado en el derecho
administrativo (De Pedro, 2005)
En este modelo de
administración se ha realizado una
flexibilización laboral del sector
pública encubierta, a través de la
creación de una administración
paralela que atiende los mismos
problemas que los órganos
tradicionales establecidos en la
legislación, en parte porque el
gobierno actual tiene una visión
negativa de la burocracia, porque
implica procesos más largos para
hacer efectivas las decisiones
tomadas, pero implica también el
cumplimiento de un conjunto de
normas de auditoría interna o de
contraloría que permiten identificar
de una mejor manera el manejo
administración
paralela es posible
soportarlo financieramente por
el incremento de la renta petrolera
producto del alza de los precios del
petróleo en los mercados
internacionales. Es así como se
observa el surgimiento de planes
asistenciales (como el Plan Bolívar
2000 o las Misiones Sociales) que
se ejecutaban a través de
fundaciones (como la Fundación
Propatria) o la creación de fondos
(como el Fondo Miranda) que tienen
bajo su responsabilidad programas
de asistencia sanitaria, de viviendas
o alimentación, pero sin estar
adscritas a los respectivos
ministerios. Del mismo modo,
Petróleos de Venezuela (PDVSA),
la industria petrolera estatal, tiene
bajo su responsabilidad programas
de alimentación y vivienda, y los
maneja mediante la creación de
empresas filiales, como PDVAL
(Productora y Distribuidora
Venezolana de Alimentos). Buena
parte de estas fundaciones, fondos

y empresas filiales, están a cargo de
profesionales del mundo militar,
bien bajo la condición de militares
en situación de retiro, o militares
activos en excedencia o comisión
de servicio.
En este sentido, las Fuerzas
Armadas venezolanas
constituyen el gran
partido del presidente
Chávez. Su
consolidación en el
poder a partir del
año 2006, le ha
permitido aplicar
programas que no
estaban
contemplados en su
propuesta inicial, como el
socialismo del siglo XXI, que entre
otras particularidades tiene el
rechazo a los sindicatos y la no
discusión de contratos colectivos.
Muchos de los cargos públicos que
antes ocupaban los políticos ahora
los ocupan militares, puesto que la
nueva Constitución de 1999,
aunque mantiene la posición no
beligerante de las Fuerzas Armadas
que existía en la Constitución de
1961, le permite a los militares una
participación más activa en la
política venezolana. Los militares
han sido para el gobierno del
presidente Chávez lo que fueron las
Agencias, en contraposición al
Servicio Civil, en Nueva Zelanda
(Martín, 2003)
Estas estructuras paralelas le han
permitido dar respuestas eficaces,
más no eficientes, a múltiples
problemas sociales acumulados. La
vuelta del Estado benefactor bajo el
gobierno del presidente Chávez, y
que se pretendió desmontar con el
proceso de descentralización y de
liberalización de la economía, es
uno de los factores que explican el
amplio apoyo popular del gobierno
actual. Es justo decir también que
algunos servicios públicos, como
la cedulación y emisión de
pasaportes,
el
otorgamiento de
licencias de conducir y
el registro automotor,
han
mejorado
sustancialmente sin
replicar estructuras
paralelas, sino con la
inversión en tecnología.
Durante la campaña electoral para
la reciente elección presidencial el
pasado 7 de octubre, el presidente
Chávez incluyó en su oferta el
mejoramiento de la eficiencia de la
gestión pública. Luego de las
elecciones, el tema se ha mantenido
en su discurso, lo que pudiera dar
lugar a la incorporación nuevamente
de algunas ideas del New
Management, en el sentido de que
hasta ahora lo importante era la
justicia social y la independencia
nacional, términos muy relacionados
con lo que Martín (2003) denomina
democracia y equidad. De hecho,
en algunas instituciones, como la
Superintendencia de Bancos, la
contratación de personal técnico
proveniente del sector privado ha
permanecido, a pesar de la
preeminencia que pudiera
sospecharse existe para contratar
gente proveniente o recomendada

de las filas del partido de gobierno.
En el fondo, lo que se está
cuestionando nuevamente es la
burocracia estatal, su voluntad y su
talento, como lo hizo Mulroney en
Canadá (Sánchez, 2007)
Morales L. Disponible en:
http://economiaypoliticavenezuela.blogspot.com/2012/11/la-administracionpublica-en-venezuela.html