Boletín 1-2017

Procuraduría General del Estado
CASO: ENFE
LA PGE BUSCA UNA REPARACIÓN
POR TODO LO QUE FUE UN
NEFASTO PERIODO NEOLIBERAL
PROFUNDAMENTE CONTRARIO A
LOS INTERESES DEL ESTADO
De acuerdo a la Proposición
Acusatoria de 16 de enero de
2015, cuyo contenido se recoge
en el Requerimiento Acusatorio
del Ministerio Público de 4 de marzo de
2015, el 21 de marzo de 1994 Gonzalo
Sánchez de Lozada promulgó la Ley
1544 de capitalización, que estableció el
procedimiento integral para la privatización
a largo plazo del patrimonio del Estado. En
el caso puntual de ENFE, se fraccionó la
empresa en dos Redes: Andina y Oriental
para luego, con el aporte del sector público
constituir dos Sociedades de Economía
Mixta, la Empresa Ferroviaria Andina SAM
y la Empresa Ferroviaria Oriental SAM,
con capitales del Estado y la participación
privada (extrabajadores) de acuerdo a su
valor en Libros.
El entonces ministro Sin Cartera, Alfonso
Revollo Thenier, dirigió el proceso de
capitalización de ENFE, en el que se
recomendó adjudicar las acciones de la
Empresa Ferroviaria Andina SAM a favor
de la empresa chilena Cruz Blanca S.A
que resultó preseleccionada pese a existir
irregularidades que fueron observadas.
No obstante ello, se adjudicó las acciones
de la Empresa Ferroviaria Andina SAM
a la indicada empresa chilena mediante
el Decreto Supremo 24186 de 15 de
diciembre de 1995.
Mediante Decreto Supremo 24244 de
27 de febrero de 1996, se aprobó la
ilegal reducción de capital de la Empresa
Ferroviaria Andina SAM de más del 50%
de su capital, reducción que fue aprobada
en Junta General Extraordinaria de 16
de febrero de 1996 con el objetivo de
viabilizar la adjudicación de su paquete
accionario en favor de la empresa chilena
Cruz Blanca S.A por el ínfimo monto de
Bs.66.122.400 que no guardó relación con
el valor de la empresa en libros, establecido
mediante Decreto Supremo 24165 de 23
de noviembre de 1995.
En fecha 14 de marzo de 1996 se firmó
el Contrato de Suscripción de Acciones
entre la Empresa Ferroviaria Andina SAM
y la empresa chilena Cruz Blanca S.A,
consolidando así la irregular enajenación
de una empresa estratégica boliviana
a cargo del transporte ferroviario en el
sector occidental del país.
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