elementos básicos del derecho administrativo

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regula la organización y la actividad
de la administración pública.
Es una rama del derecho público referida al funcionamiento de las distintas entidades
del Estado y a sus relaciones con los administrados. Uno de los temas más importantes
que trata es el relativo a la prestación de los servicios públicos, toda vez que la
administración pública tiene como una de sus funciones esenciales satisfacer las
necesidades de la colectividad.
Los principios del Derecho Administrativo constituyen la base de esta rama del derecho.
Son constantes subyacentes en el ordenamiento jurídico que deben ser tenidas como guías
para la interpretación y aplicación de las normas del Derecho Administrativo, y
deben ser aplicados en caso de ausencia de norma legal.
Los principios del Derecho Administrativo son los siguientes:
a. Principio de Interés Público: El interés público predomina sobre el interés particular. El
fundamento de este principio está dado por el carácter solidario del Estado peruano.
En este marco, la actuación de la administración pública debe dirigirse hacia la
obtención del bien común.
b. Legalidad: Toda actuación del Estado y de las entidades que componen la
administración pública debe fundamentarse en las disposiciones legales. En ningún
caso la autoridad administrativa puede actuar de manera arbitraria y sin fundamento
legal.
c. Actuación de oficio: El Estado puede, por propia iniciativa, iniciar y desarrollar
procedimientos administrativos. Asimismo, debe continuar los procedimientos
iniciados por los administrados sin que sea necesario que ellos los activen.
d. Publicidad: Los administrados tienen derecho a acceder a la información referida a los
procedimientos en los que son parte.
e. Doble instancia: En todo procedimiento administrativo el interesado tiene derecho a
recurrir a una instancia superior a fin de que revise o revoque la resolución emitida por
la instancia inferior.
f. Doble Vía: Las resoluciones emitidas por la administración pueden ser impugnadas
ante el Poder Judicial.
g. Presunción de Veracidad: Se presume que las afirmaciones de los administrados se
ajustan a la verdad, lo cual no excluye que puedan ser materia de fiscalización.
h. Eliminación de exigencias y formalidades: El Estado debe eliminar los gastos y
formalidades innecesarios que puedan constituirse en un obstáculo para que el
administrado pueda hacer efectivos sus derechos frente a la administración o frente a
terceros.