Con Gijón Nº3 Junio 2017

Con Gijón 4
políticas sociales
Caridad frente a derechos
sociales
Siguen rechazando programas de intervención, de inclusión y de mediación
que acaben con las situaciones de vulnerabilidad
El gobierno
cerró 2016 con
3,2 millones
de Servicios
Sociales sin
utilizar
Concejales del PSOE reunidos con representantes de entidades sociales de la ciudad en la Casa del Pueblo.
Uno de los aspectos más preocupantes
de la gestión del gobierno
de FORO, y directamente afectado
por su incapacidad para ejecutar
sus presupuestos, son sus políticas
sociales, o mejor dicho, su ausencia
de políticas sociales.
Su absoluta falta de compromiso
con quienes peor lo están pasando
queda demostrado año tras año en
la ausencia de intervención social,
con unas políticas basadas en el
“presupuesto mucho, pero no uso
nada”. Sin ir más lejos, al cierre
del pasado ejercicio los casquistas
dejaron 3,2 millones de euros de la
Fundación Municipal de Servicios
Sociales sin utilizar, y lo hacen
en una ciudad en la que las entidades
que trabajan a diario con
las personas en riesgo de exclusión
reciben tarde, mal y nunca
las subvenciones que recogen los
convenios firmados con el Ayuntamiento,
llegando al punto de tener
que pedir préstamos avalados, a
título personal, por los propios integrantes
de estas entidades.
A la incapacidad gestora se une el
rechazo de Carmen Moriyón a desarrollar
verdaderas políticas sociales
basadas en la intervención directa
en la calle, para seguir apostando
por la visión cortoplacista de los
problemas que impide buscar soluciones
a futuro para ayudar a las
personas a salir de las situaciones
de exclusión. FORO sigue apostando
por la caridad.
El PSOE presentó una iniciativa en
el primer Pleno ordinario de este
mandato, en agosto de 2015, para
que el gobierno municipal elaborase
una ordenanza reguladora
de las ayudas públicas en materia
de bienestar social, con el objeto
de revisar las ayudas existentes,
identificar las nuevas necesidades
que hayan podido ir surgiendo a
los largo de los últimos tiempos y
poner así en marcha ayudas para
atenderlas. El objetivo estaba
claro, poner en marcha programas
de intervención que permitiesen
a las personas cubrir sus necesidades
más urgentes, pero también
ayudarlas a salir de las situaciones
de exclusión. La iniciativa, aprobada
por todos los grupos municipales,
se ha quedado en el cajón.
El presupuesto de 2017 fue una
buena oportunidad para dar un
giro a las políticas sociales, si
hubiese habido interés por parte
del gobierno municipal. En ese
sentido, dentro de las propuestas
que presentó el Partido Socialista
y que el gobierno de FORO ni
siquiera quiso escuchar, estaba
un programa de intervención
social, dotado con 2 millones de
euros, que buscaba facilitar el
acceso a los servicios públicos
para familias en dificultades,
apoyar a aquellas con menores
a su cargo dentro del ámbito
escolar, prevenir las adicciones
o recuperar la mediación en la
calle. Este tipo de programas son
los necesarios para buscar soluciones
a los problemas de base,
soluciones no estigmatizantes,
que erradiquen la desigualdad y
promuevan la inclusión social de
los más vulnerables.
Los programas de
intervención son
necesarios para
acabar con las
desigualdades
Sin embargo, y haciendo gala de
la improvisación que ha venido
marcando su gestión desde
que llegaron al Ayuntamiento,
los casquistas le prometieron a
Podemos e IU la puesta en marcha
de una renta social, a cambio de
la abstención de ambos grupos
para que el gobierno pudiese sacar
adelante sus presupuestos. Una
renta social que resultó que no
era una renta, sino un sistema de
ayudas finalistas, con una duración
máxima de dos años y que suponen
un parche para una política social
inexistente, que cronifica la pobreza
y no ayuda a las personas a salir de
las situaciones de vulnerabilidad.
Y de lo que ya nadie habla es del
famoso Plan de Choque dotado con
10 millones de euros, la medida
estrella con la que comenzaba
este mandato, para atender las
necesidades más urgentes. En él
quedaban enmarcados la puesta
en marcha de planes de empleo,
ayudas a empresas, rehabilitación
de viviendas desocupadas o ayudas
energéticas y para la compra de
libros. Hoy, dos años después, la
ejecución de este Plan no alcanza ni
el 50% de su dotación total.