ndice

en el país en los últimos años, es posible cuestionar la contribución de la educación superior
al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la justicia social,
tres factores relacionados directamente con la pertinencia de las instituciones educativas y de
su oferta académica. Conviene subrayar la importancia de considerar la pertinencia en su más
amplio sentido, sin eludir el trascendental papel de la educación en la transformación de las
naciones. El planteamiento anterior genera implicaciones relevantes en las instituciones de
educación superior, ya que bajo esta perspectiva las instituciones debieran no solamente
adoptar el desafío de preparar competitivamente al capital humano que se insertará en los
procesos productivos, generando profesionistas con las competencias demandadas por el
mercado laboral; sino personas formadas integralmente, interesadas en conocer las
realidades de las comunidades en las que se encuentran inmersas y capaces de
comprometidamente proponer soluciones de mejora a las problemáticas existentes desde el
ámbito de competencia de sus propias disciplinas.
Teniendo en cuenta que es a través de procesos de evaluación que es posible conocer del
grado de cumplimiento de los objetivos formativos, misiones y visiones planteadas por las
instituciones educativas, es justamente en la evaluación en donde se identifica una
herramienta de gestión estratégica para el fortalecimiento de la educación superior en el país;
ya que como dijera en su momento el padre de la administración Peter Drucker: “lo que no
se mide no se puede mejorar”.
Particularmente en México, como lo anota Julio Rubio en su obra titulada “La política
educativa y la educación superior en México” 2 , las primeras acciones en materia de
evaluación de la educación superior datan de la década de los setenta y fueron producto de
programas gubernamentales, así como de iniciativas de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La evaluación se
institucionalizó con el Programa para la Modernización Educativa 1989 – 1994 del gobierno
federal, impulsando de esta manera la evaluación permanente como mecanismo para
promover la mejora de la calidad de los programas educativos. Particularmente relevante
resultó en 1991 la creación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) como una estrategia para sistematizar en el país la evaluación
externa, su principal objetivo es la evaluación diagnóstica de los programas educativos
ofrecidos por las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. No
obstante las contribuciones de la evaluación diagnóstica a los procesos de mejora de la
calidad en las instituciones de educación superior, era necesario dar el paso a la acreditación
de los programas académicos como una estrategia de fortalecimiento integral de los mismos,
que facilitara la cooperación e intercambio entre las instituciones a nivel nacional e
internacional. En respuesta a las tendencias internacionales, a finales del año 2000 se
conformó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) como única
instancia autorizada por la Secretaría de Educación Pública para conferir reconocimiento
2
Rubio, J. (Coord.) (2006). La política educativa y la educación superior en México. 1995 – 2006.
Un balance. México. Recuperado de: http://www.ses.unam.mx/curso 2008/pdf/Rubio2007.pdf