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ROBERTH ESCALONA

ROBERTH ESCALONA EXCLUSIVA “Hasta en las democracias más perfectas, pueden haber problemas de regímenes, legislaciones, autoridades; que lesionen algún derecho humano o un principio democrático, entonces si admitimos el sentido afirmativo del artículo 350, cualquier persona podrá desconocer a algún régimen, autoridad o legislación, que en algún momento lesione un principio democrático o derecho constitucional, lo cual puede ser factible, pero en las democracias existen los canales democráticos para remediarlos”.

Administración Publica Aimé rodríguez CJP-161100826 La expropiación es una institución de Derecho Público, en virtud de la cual la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles (nacional, estatal o municipal), con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los administrados, conforme al procedimiento determinado en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización. Según la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002), en su artículo 2 conceptualiza a la expropiación como “una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización”. Según Lares Martínez Eloy (2013) en su Manual de Derecho Administrativo expresa que la expropiación “es una institución que tiene por objeto conciliar los requerimientos de interés general de la comunidad con respeto debido al derecho de propiedad de los administrados”. El criterio doctrinario expuesto evidencia, sin duda alguna, que la expropiación es un mecanismo de Derecho Público que posibilita la conciliación del orden social entre el interés público que requiere un determinado bien y el legítimo derecho de propiedad de los administrados, en aras de la solución de las diversas diferencias que pudiesen existir entre el Estado y los administrados. El gobierno venezolano ha expropiado más de 1400 negocios privados desde 1998, incluidas constructoras y compañías de electricidad y finanzas, según el Departamento de Estado estadounidense. El expresidente Hugo Chávez usaba las expropiaciones contra empresas que no cooperaban con sus políticas; por ejemplo: en 2007 expropió los bienes de Exxon Mobil después de que esta rechazó negociar contratos. Sin embargo, Maduro se ha concentrado más en intimidar a empresa locales, como la toma de los almacenes de juguetes de la compañía caraqueña Kreisel en diciembre de 2016; los juguetes después fueron repartidos antes de Navidad frente a las cámaras de la televisora estatal. En Venezuela el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 115, en el cual está establecido como una garantía de uso, goce y disposición sobre los bienes de los cuales se detenta, la cual es aplicable al conglomerado social incluso al propio Estado que solo podrá despojar al poseedor de este derecho mediante la institución de la expropiación por causas de utilidad pública o interés social, y bajo ciertas condiciones que se deben cumplir. Fuera de este panorama anterior toda persona tiene la plena garantía de que su derecho de propiedad es inviolable. Tanto así que, en la reforma del código penal del 13 de abril de 2005, el Estado Venezolano decidió proteger el derecho de propiedad, con la sanción más enérgica con la que cuenta el derecho la cual es la sanción penal, y decimos más enérgica ya que nadie quiere verse envuelto en el incumplimiento de algún tipo penal por las sanciones establecidas que en su inmensa mayoría se tratan de penas restrictivas de la libertad. A los fines de abordar el estudio de esta figura analizaremos, en primer lugar, la utilidad pública y el interés social como fundamentos de la expropiación y la retrocesión como medio efectivo de reversión de los bienes frente al decaimiento de la causa expropiatoria. Seguidamente, examinaremos las normas que regulan la retrocesión en el ordenamiento jurídico venezolano y su tratamiento jurisprudencial. Finalmente, haremos referencia al procedimiento aplicable para lograr, por vía de retrocesión, la reversión del bien expropiado. 13

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