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) Equilibrio económico

) Equilibrio económico del contrato • Enunciado La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en decisión de fecha 14 de junio de 1983, enunció en términos generales el principio del equilibrio o intangibilidad de la ecuación económica del contrato administrativo, al señalar que en este tipo de contrataciones: Los particulares contratantes quedan, a su vez, protegidos [...] gracias a la intangibilidad de la ecuación económica del contrato, en virtud de la cual una lesión a su patrimonio derivada del incumplimiento por la administración de las cláusulas convenidas (rescisión por motivos supervinientes; “hecho del príncipe”, circunstancias imprevisibles, fuerza mayor) es compensada con la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que pudieren habérsele ocasionado. • Principios Generales Es de la esencia de toda relación contractual, y ello no escapa de ser así en el caso de los contratos administrativos que el contratante, al celebrar su contrato con la Administración Pública, lo hace con la intención o propósito de obtener un beneficio, que generalmente resulta calculado no sólo sobre la índole de la prestación que se propone realizar sino también sobre el capital a invertir. El cocontratante es un particular que busca en el contrato administrativo su interés financiero, que a su vez se concreta en una remuneración que le reconoce el contrato. • Fundamentos Jurídicos El fundamento jurídico de este derecho reconocido al cocontratante particular, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales o legales que en cada país pueden darle sustento, se encuentra en el hecho de que teniendo en cuenta los fines de interés público que dan lugar a la contratación administrativa, y el rol que en ella tiene aquél al constituirse en un colaborador activo para el logro de dichos fines, resulta justo que entre los derechos y las obligaciones del cocontratante exista una equivalencia honesta, una relación razonable, de modo que el particular no sea indebidamente sacrificado en aras de una finalidad cuya atención corresponde prioritariamente a la administración pública. 5. La teoría de los actos separables “En Francia, y durante todo el siglo XIX, se mantuvo en vigor la teoría del “tout indivisible”, según la cual, y conforme a la jurisprudencia sentada, se entendía que no era posible admitir recursos de anulación, por exceso de poder, contra los actos que habrían procedido o eran consecuencia de la conclusión de un contrato”. La doctrina más autorizada ha definido a los actos separables como decisiones administrativas unilaterales que pueden ser aisladas de la conclusión misma del contrato en el conjunto del procedimiento contractual y, por tanto, son susceptibles de ser atacadas directamente. 20 • Ruptura del equilibrio financiero El equilibrio económico-financiero del contrato puede sufrir menoscabo por tres circunstancias fundamentales: (I) Las imputables a la Administración en cuanto ésta no cumple con las obligaciones específicas o haga uso del Ius variandi; (II) por causa imputable al Estado inclusive, obviamente, a la administración pública, sea ésta o no la misma persona –en nuestro caso República, Estados y Municipios- que intervino en la celebración de contrato; y (III) por trastornos de la economía en general del contrato, debido a circunstancias externas, no imputables al Estado, y que inciden en el contrato por vía refleja.

6. Ejecución de los Contratos Administrativos. Derechos y prerrogativas de la Administración Otro factor de relevancia en la contratación administrativa es el relativo a la ejecución del contrato. Tal como lo destacó en una oportunidad la jurisprudencia nacional, «entre dos extremos -sujeción a las normas de derecho civil, expresada en el respeto a la ecuación económica del contrato; y violación de algunos de los principios del derecho privado, motivada en razones de interés públicoencuentra su adecuado y paradójico juego la peculiar teoría del contrato administrativo, cuya regulación queda sometida a reglas especiales distintas de las que rigen los pactos jurídico privados» De los variados aspectos de la contratación administrativa, es la ejecución del contrato donde más claramente queda puesta en evidencia la «violación de algunos de los principios de derecho privado» a que alude tal jurisprudencia, toda vez que, para asegurar la vigencia y cumplimiento del contrato administrativo, así como para satisfacer el propósito de servicio público que le dio origen, se reconoce que la Administración goza de una serie de derechos y prerrogativas. • Extinción Unilateral La privilegiada situación de la Administración, le otorga también facultades para extinguir unilateralmente el contrato administrativo, dotando de efecto ejecutorio su decisión. Por ello, además de los supuestos de terminación normal (vencimiento del plazo y cumplimiento del objeto) el contrato administrativo puede terminarse anticipadamente cuando la Administración contratante hace uso de esa potestad • Dirección y control del contrato Las potestades de dirección y control del contrato administrativo, se aprecian con facilidad en los contratos de concesión de servicios públicos, en los cuales la Administración concedente mantiene la competencia para organizar el servicio, supervisar la gestión del concesionario, e intervenir la concesión en caso de prestación deficiente. • Ius Variandi Esta potestad exorbitante marca una diferencia fundamental entre los contratos administrativos y los contratos de derecho privado. En estos últimos, rige el principio de intangibilidad, de manera que ninguna de las partes puede incorporar, unilateralmente, modificaciones a lo convenido, o dicho de otra manera, las variaciones al contrato solo pueden hacerse mediante el mutuo consentimiento de las partes (artículo 1.269 del Código Civil). En los contratos administrativos, en cambio, se reconoce que la Administración puede modificar las condiciones pactadas, para la mejor y más eficiente satisfacción de las necesidades públicas. 7. Normas Constitucionales Sobre Los Contratos de Interés Público. De los Contratos de Interés Público Artículo 150. ° La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías. Artículo 151. ° En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 21

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