Ideas 20180923

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6 Domingo 23 de septiembre de 2 018 Página SIETE
En mérito al Art. 228 de la
Constitución Política
del Estado, el Fiscal General
del Estado concluyó
con el período de sus funciones,
dando lugar a la respectiva
convocatoria para postulantes
por el siguiente periodo constitucional.
La Ley No. 260 de 11 de julio de
2012 legisla sobre una de las instituciones
que, por su naturaleza,
finalidades y trascendencia jurídicas
en el concierto del sistema
judicial del país, merece especial
atención, marginando la errada y
maliciosa creencia de que por tratarse
del Ministerio Público se
trata de un apéndice o simple auxiliar
del servicio de justicia, e incondicional
ejecutor de las órdenes
del gobierno central.
Curiosamente, muy poco se ha
escrito acerca de la trascendencia
que importa esta elevada función
de control y fiscalización de
los roles que desempeña su titular;
da ahí que, en más de las veces,
no se repare en la magnitud y
consecuencias de tal actuación
estrechamente relacionada con
el Estado y la sociedad.
Por este destacado antecedente,
es conveniente referirse a la
Revista Boliviana de Derecho,
No. 2 de 2009 de la ciudad de
Santa Cruz, que registra un interesante
estudio de los A spectos
históricos del Ministerio Público, cuya
autoría es el meritorio jurista
William Herrera Áñez.
En su contexto, se evidencia la
rica historia de este instituto
desde que el Derecho Español
fuera impuesto en el entonces
Alto Perú junto “a sus costumbres,
su idioma, su religión y la
cultura e instituciones jurídicas
que imperaban en la monarquía
española”, pasando por las funciones
y responsabilidades que
integraban las labores del fiscal
de la Corona, llegando al fiscal
de la Real Audiencia y, posteriormente,
al Fiscal Republicano,
época en que se expide el decreto
de 27 de abril de 1825 del Mariscal
Antonio José de Sucre que
crea a la Corte Superior de Chuquisaca”.
Creado el Ministerio Público
con los mejores auspicios, bien
pronto se estuvo ante un evidente
destierro de la ética pública que
“se encuentra cuestionada y se evidencia
un real y permanente deterioro
en la clase política con la consiguiente
debilidad creciente de
las instituciones públicas”.
A estas certeras expresiones de
la jurista Sonia Picado, presidenta
del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos de Costa Rica,
habría que agregar su reflexión sobre
el pensamiento de Platón, para
quien “la política era el arte por excelencia,
privilegio de los filósofos
gobernantes, no existiendo duda
que hoy en día se percibe al político
más bien como el personaje de Maquiavelo,
hábil, astuto y falso”.
“Toda sociedad jurídica y políticamente
organizada debe contar
con mecanismos idóneos para
su defensa y preservación, en
el entendido de que para que una
sociedad sea sana, progresista y
J u st i c i a
Otra curiosa
p o st u l a c i ó n
l Tal como están el Órgano Judicial y el Ministerio Público, la debacle en
la Fiscalía General del Estado cobrará más desencanto y frustraciones.
G a st ó n
Ledezma
Ro j a s
Ab o ga d o ,
d o c e n te
universitario y
árbitro de la
CNC
“Toda
sociedad
jurídica y
política -
mente organiz
ada
debe contar
con mecanismos
idóneos para
su defensa
y preservación
contra
las agresiones
de
todo géner
o”.
justiciera, debe estar protegida,
en primer lugar, contra las agresiones
de todo género, provengan
éstas del poder constituido o
de la sociedad civil”, concepto
del reconocido tratadista Pablo
Dermizaky Peredo en su obra De -
recho Constitucional.
Este concepto se encuentra debidamente
engarzado en Estudio
Crítico que destacados juristas formularon
en 1988, publicado por la
Fundación Konrad Adenauer.
En el contexto de este estudio
y en conexión concreta con los
delicados temas de la promoción
de la acción de la justicia, se proclama
la defensa de la legalidad
en todos las órdenes de la Constitución,
y la defensa de los intereses
del Estado y de la sociedad
en la pretensión de constituir el
Ministerio Público –llámese Ministerio
Fiscal también–el vigía
de la seguridad jurídica del país,
sin reserva alguna para dar pie y
base a excusas que permitan excepciones
que vayan contra el
imperio de la democracia.
No todos los juristas doctrinarios
son coincidentes en reconocer
los roles que corresponden al
Ministerio Público; unos les reconocen
ciertas atribuciones
que lindan con potestad jurisdiccionales,
mientras los más,
asumiendo posiciones ortodoxas
niegan tales “permisiones”
APG
limitando sus facultades no más
allá de su calidad de auxiliar del
órgano jurisdiccional; todo ello
sin desconocer su esencia de ser
defensora a ultranza del Estado y
la sociedad.
Cabanellas, en su Diccionario de
Derecho Usual, por no citar otros autores
más, consigna el estudio de
Ministerio Público y de Ministerio
Fiscal como institutos jurídicos similares,
empero, abrigan peculiaridades
diferentes acorde con las
finalidades de cada uno de éstos.
Dice este autor que el Ministerio
Fiscal se erige en “el baluarte
más firme de los ciudadanos y de
las instituciones públicas, ante
toda agresión al individuo, a la
colectividad o al Estado, agregando
que al estrago de la perversidad
en acción debe oponer
resueltamente el saludable rigor
de la terapéutica legal, no sin
motivo llamada por algunos la
dinámica ofensiva”.
Para alcanzar el cumplimiento
de estos postulados, no es menos
cierto que la sociedad reclama
que juristas de prestigio, de antecedentes
intachables, y de reconocida
preparación profesional,
comulguen con el propósito
del Estado para el saneamiento
coadyuvante del órgano judicial
que no deja, las más de las veces,
señalar al Ministerio Público como
el desequilibrante de principios
de probidad que, en vano, se
intenta imprimir.
Las postulaciones
Como colofón de lo expresado
y con el beneficio que merezca la
opinión pública, corresponde
tratar aunque sea brevemente
las postulaciones para la Fiscalía
General del Estado.
Sin darle la significación semántica
en su justo alcance al vocablo
postulación (postular = ver
Diccionario de Sinónimos, Autor: Corripio,)
los órganos de prensa registran
53 aspirantes al cargo, con
50 impugnaciones, con solo 14 que
obtienen “bajos puntajes”y obtuvieron
“menos de la mitad”.
Un análisis objetivo demuestra
que muchos aspirantes no solo
que consideran que la ruleta
“par tidista”es suficiente justificación
para lograr el favoritismo
de los votos a obtener, esto es,
excepción hecha de aquellos pocos
que tienen particulares merecimientos
y que su participación
en la convocatoria se encuentra
plenamente justificada.
Así no se puede pretender que
el órgano judicial tenga un conjunto
de coadyuvantes que no
gozan de independencia ni imparcialidad.
Tal como están el
Órgano Judicial y el Ministerio
Público la debacle cobrará más
desencanto y frustraciones.