En Obra 176 - Febrero 2019

REVISTA OFICIAL DE APPCU / FEBRERO 2019
Editorial
SOPLAN VIENTOS DE ESPERANZA Y
¿SOPLAN VIENTOS DE ESPERANZA?
POR ANÍBAL DURÁN
AÑO 24
176
10 29
FLEXIBILIDAD
POR JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
EXDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
REFORMA
NECESIDAD DE UNA REFORMA LABORAL EN URUGUAY
POR MATÍAS PÉREZ DEL CASTILLO
COMPETITIVIDAD
POR MICAELA CAMACHO
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
Responsabilidad decenal
(esfuerzo conjunto de APPCU y SAU)
por Dr. Carlos Castro Casas.
“Una necesaria y esperada
actuación legislativa”
La vivienda a estrenar y el
crédito hipotecario,
por Federico Comesaña.
“Los grandes ganadores
del 2018”

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DEL URUGUAY
MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS EMPRESARIALES
Comisión Directiva
Período Dic 2017 - Nov 2019
Dr. Daniel Zulamián, Presidente
Tec. Const. Ignacio González Conde, Vice Presidente
Arq. Carolina Escamez, Secretaria General
Ing. Alvaro Piñeyrúa, Prosecretario
Arq. Gabriel Mazzucchelli, Tesorero
Arq. Luis Eduardo Casaretto, Protesorero
Past Presidents
Ricardo Weiss, Carlos Feder, Samuel Tieger, Ariel Cagnoli, Eduardo Steffen.
Vocales: Sr. Estevan Regueira, Arq. Elena Svirsky, Arq. Santiago Cagnoli,
Arq. Pablo Gejer, Arq. Matías Coll, Dr. Javier Lestido, Arq. Alejandro Parolín,
Arq. Fernando Rodríguez y Arq. Alvaro Piña
Com. Fiscal: Cr. Alfredo Kaplan, Sr. Mario Bellizzi y Sra. Analía Wainberg
Gerente / Secretario Ejecutivo: Aníbal Durán Hontou
Administración: Cecilia Escardó, Mercedes Ubilla, Andrea Méndez, Alicia Quintillán
Asesora Contable y Fiscal de APPCU: Cra. Daniela Ojeda

Editorial
/ pág 7
Soplan vientos de esperanza y
¿soplan vientos de esperanza?
por Aníbal Durán
Laboral
/ pág 10
Flexibilidad laboral: concepto, el
cambio tecnológico y su evolución
por Ec. Juan Manuel Rodríguez
Laboral
/ pág 14
Reforma Laboral en el Uruguay
por Dr. Matías Pérez del Castillo
Obligaciones
/ pág 18
¿Qué nos dejó el 2018 en materia de
cambios normativos?
por el Departamento de Asesoramiento
Tributario y Legal de KPMG
Competitividad
/ pág 28
Una nueva mirada a la
competitividad
por Mag. Micaela Camacho
Lavados activos
/ pág 30
¿Cuáles son mis derechos ante una
inspección de la SENACLAFT?
por Dra. Flavia Mazzucco
Decenal
/ pág 36
Ley 19726, modificativa del régimen
de responsabilidad decenal
por Dr. Carlos Castro Casas
Gestión
/ pág 40
La vivienda a estrenar y el crédito
hipotecario, los grandes ganadores
del 2018
por Federico Comesaña
EN OBRA
REVISTA OFICIAL DE APPCU
AÑO 24- Nº 176 / FEBRERO 2019
Bvar. España 2122, Montevideo, Uruguay
Tel.: 2410.0384 appcu@appcu.org
Consejo Editor Arq. Ariel Cagnoli, Arq. Carolina Escamez, Mario Martínez, Walter Deleón Redactor Responsable Esc. Aníbal Durán
Coordinación Mercedes Ubilla Editorial Formas MVD, 2409 8316 - formas@formasmvd.com Impresión Gráfica Mosca, Dep. Legal Nº 370.795
El equipo editor se esfuerza en brindar la mayor calidad y veracidad de lo expresado en esta revista, pero no se responsabiliza de las opiniones vertidas en
las notas periodísticas o entrevistas contenidas en la misma. Fotos propiedad del equipo editor o suministradas por los colaboradores o adquiridas para uso
exclusivo en esta revista en su versión impresa y/o digital.

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EDITORIAL
Soplan vientos de esperanza y
¿soplan vientos de esperanza?
Una frase afirma, la otra pregunta.
Se toma como verdad de Perogrullo que la esperanza es esencial para la vida. ¿Cómo
sería no tener esperanza, creer que las cosas solo pueden empeorar, esperar el fracaso
y anticipar la derrota? Eso es apenas concebible. Durante los buenos tiempos, quienes
se inclinan por el optimismo dicen que la esperanza es indicadora de tiempos aún
mejores; en los malos tiempos es consuelo, porque nos sostiene la idea del alivio o del
rescate, de una recompensa o por lo menos, de justicia.
Cerca de finales de año, en base a diálogo, respeto y sostener con firmeza ciertas posturas
hemos conseguido, como gremial, sendos logros. Apuntemos hoy a uno.
Ya es notorio que junto a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, hemos modificado
la responsabilidad decenal del Código Civil, que ha logrado que los empresarios,
constructores, arquitectos e ingenieros tengan a partir del presente, responsabilidades
prorrateadas en lo que refiere a la ejecución de un proyecto edilicio.
Sentido común y justicia con lo que venía pasando. Ahora son 10 años en caso de
defectos o vicios que afecten la estabilidad o solidez de la construcción (ruina estructural)
o lo hagan impropio para el uso pactado expresa o tácitamente o para el uso al que
normalmente se destina (ruina funcional).
Por defectos o vicios que solo afecten elementos de terminación y acabado de las obras,
la duración es de dos años y cinco años por los demás vicios, que no sean los nombrados
anteriormente.
Además los plazos de responsabilidad se cuentan desde la recepción de la obra. Luego,
una vez manifestado el vicio o defecto dentro de dichos plazos, el damnificado tiene un
tiempo de 4 años para presentar el reclamo (antes era de 20 años).
Esto, grosso modo. El Dr. Carlos Castro Casas, activo propulsor de estas reformas en
nombre de la SAU, abundará sobre el particular en nota en la presente revista.
Nuestra esperanza fundada en que sacaríamos adelante el proyecto, se basó en la buena
receptividad que tuvimos en los legisladores (la mayoría ignoraba el tema), quienes con
devoción y atenta comprensión del problema, lo fueron discutiendo, nos preguntaban
las dudas y fueron llegando a la conclusión deseada por nosotros. No se cumplió en un
cien por ciento, pero esto supuso una transacción, esto es, otorgarse recíprocas concesiones
y naturalmente tanto APPCU como SAU, supimos ceder con astucia, apuntando
al objetivo central que fue logrado.
Y va de suyo que este tema, central para los integrantes de ambas gremiales, no lo era
para los legisladores, lo que resalta aún más la gestión de éstos y su buena disposición
para tratarlo en las comisiones respectivas y luego en los plenarios de ambas cámaras.
La frase que pregunta y al título me refiero, apunta sustancialmente a la primera EXPO

REAL ESTATE que realizamos en el ENJOY de
Punta del Este, con la organización del grupo
S y G.
Primera buena experiencia, con el salón
principal colmado de expositores y con mucho
público visitante, en los dos días de la jornada.
Esta muestra exitosa por cierto, será un indicio
de tiempos aún mejores para nuestro país y
Punta del Este? ¿Se dan las condiciones para
seguir invirtiendo, teniendo en cuenta que
la Intendencia de Maldonado, hace todos los
esfuerzos posibles para que eso así suceda?
Esta Intendencia fernandina con quien tenemos
fluido contacto, se pone del lado del
inversor, valora el riesgo del mismo, le allana
el camino y dentro de la norma o con las excepciones
que competen, envía a la Junta Departamental
los proyectos, consciente de que
eso es trabajo para el departamento, creando
como siempre decimos un verdadero círculo
virtuoso.
Un inversor para poner en su horizonte un
país donde invertir exige uno que sea saludable,
con una macroeconomía ordenada, con su
institucionalidad sólida y con estímulos necesarios
para concretar su inversión. En mayor o
menor medida, esos aspectos son contemplados,
el país mantiene el grado inversor y con
los disensos que podamos tener, aquí se otorga
confianza.
Después juegan el partido nuestros vecinos;
Argentina está complicada pese a los esfuerzos
del gobierno y en el horizonte la letra K…no
termina de desaparecer. Cuesta creer.
En Brasil se está estrenando el gobierno y el
ministro de hacienda, liberal, ha asegurado
apertura comercial, control de la inflación, reducción
del déficit fiscal, sincerar las cuentas.
Luce auspicioso.
Los promotores privados, aseguran absoluta
credibilidad y cumplimiento de su tarea.
Actúan no solamente con responsabilidad sino
también con franqueza. La franqueza propia
invita a la franqueza recíproca y hace posible
los descubrimientos, el intercambio saludable,
surge la empatía.
Parte esencial del negocio y que también alienta
nuestra esperanza.
REUNIÓN DE FIN DE AÑO EN APPCU
Antes del inicio de la licencia de la construcción, personal, directivos
y los socios más allegados a la institución se reunieron en la sede de
APPCU para despedir el año.
Hizo uso de la palabra el presidente de APPCU, el Dr. Daniel
Zulamian y como colofón tuvo la actuación del comediante y
presentador Diego Delgrossi que realizó un monólogo humorístico
y sus famosas caracterizaciones de políticos y personajes de nuestra
cultura.
Aníbal Durán

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10
LABORAL

Flexibilidad Laboral.
Concepto, el cambio tecnológico
y su evolución
Por Ec. Juan Manuel Rodríguez
Consultor internacional y exdirector del
Inst. de Relaciones Laborales de la UCU
ESTABA MIRANDO LAS CAÑAS DE PESCAR.
TOMÓ UNA Y LA DOBLÓ HACIA LOS LADOS PARA VER SU
FORTALEZA. EL VENDEDOR LE DIJO “ES MUY FLEXIBLE”.
LO MIRÓ, DEVOLVIÓ LA CAÑA A SU LUGAR Y SE PUSO
A BUSCAR OTRA: LA FLEXIBILIDAD NO LE GUSTABA.
En los temas laborales hay palabras y
los conceptos que las mismas expresan,
que se convierten en tabúes, en elementos
negativos, rechazables. Hace un tiempo
era prácticamente imposible hablar de
productividad. Firmar un convenio
de productividad era considerado una
entrega de los trabajadores. Hoy pasa algo
similar con la flexibilidad.
Deberíamos analizar el proceso que
lleva a estas posturas. En el caso de la
productividad hay historias muy viejas
originadas en la guerra fría y la emulación
de los dos sistemas económicos en
pugna. También hechos más recientes y
nacionales, como algunos convenios que
se llamaron de productividad y eran de
producción o destajo. Palabras parecidas
que, sin embargo, expresan conceptos
muy diferentes. Por el destajo la remuneración
del trabajador dependía del
monto de su producción, lo que conducía
a jornadas extenuantes y frecuentemente
a accidentes laborales por la menor reacción
derivada de la fatiga. La productividad
es un indicador de eficiencia, no de
volumen de producción, aunque los dos
conceptos estén relacionados. Convenios
firmados desde la década del noventa en
el sector público y el privado, tuvieron
muy buenos resultados para los trabajadores
y ningún impacto negativo en las
condiciones de trabajo. Esto modificó
la forma de ver la productividad y, mas
allá de las dificultades operativas, hoy es
posible negociar convenios de productividad.
Aunque se acuerdan muy pocos.
Las formas de flexibilidad
La flexibilidad en cambio sigue siendo
rechazada, lo cual, no deja de ser una
limitación considerando la evolución
probable de las relaciones laborales, en
un contexto de transformaciones tecnológicas.
Para analizar este tema debemos
partir del análisis de las diversas formas
de flexibilidad. Aunque estos conceptos
están relacionados entre sí, la flexibilidad
se refiere a factores diferentes, que agruparemos
en los siguientes cuatro, aunque
hay otras clasificaciones.
a) Salarial, se refiere a una alternativa
al salario fijo asociado a un tiempo de
trabajo: mensual, diario, etc. Puede ser
variable, asociada a los resultados del
trabajo, como la productividad u otro
indicador de gestión. Esta parte variable
suele complementar un salario fijo, con
lo que los ingresos son la suma de las dos
modalidades de retribución.
b) De la organización del trabajo. Los
puestos fijos evolucionan a trabajos en
segmentos del proceso productivo que
integran varias actividades. En este caso,
el trabajador debe tener una visión mayor
del proceso total y una capacitación mas
amplia, que abarque varias habilidades
que le permitan tener una participación
activa y más abarcativa del proceso
productivo.
c) En el tiempo de trabajo. El contrato
laboral tradicional consiste en la realización
de un número fijo de horas que
11

LABORAL
12
se asocia a una remuneración. La actividad de las empresas
suele tener ciclos irregulares en el tiempo, por lo cual, los
requisitos de trabajo también son variables. Esto ha llevado
a que en Europa se recomiende una negociación de tiempo
variable donde la carga de trabajo se vincula al nivel de
producción. Esto puede determinar jornadas de extensión
diferentes. Los sindicatos negocian y aceptan estos acuerdos
logrando beneficios diversos, en compensación a la atención
de una necesidad de la empresa. No los rechazan, sino que
los negocian y obtienen logros, en salarios, en beneficios o en
el tiempo de descanso, por ejemplo.
d) En las formas de contratación. El contrato laboral típico
es vitalicio, por tiempo completo, con salario fijo, beneficios y
protección social. Por su parte el trabajo autónomo es no asalariado,
quien lo realiza es quien toma las decisiones sobre
cómo hacerlo y no hay dependencia ni subordinación.
La realidad desbordó estas dos modalidades de contratación
y se desarrollaron otras, como los llamados contratos
“atípicos”, que según OIT pueden agruparse en cuatro categorías:
empleo temporal; empleo a tiempo parcial; tercerizaciones
donde quien emplea es una empresa independiente
que aporta los trabajadores y el que podríamos denominar
“empleo ambiguo”, donde el carácter de la contratación es
dudosa, al igual que la independencia del trabajador. En este
caso el marco regulatorio y legal es de difícil aplicación. El
trabajo de las plataformas, y Uber en particular son ejemplos
de esta situación. En los tres primeros casos es claro que existe
una subordinación y por tanto son modalidades de trabajo
dependiente, mas allá de las dificultades de controlarlo y así
lo están recogiendo las legislaciones. La última modalidad es
objeto de debate mundial y las soluciones legislativas no son
uniformes.
Implicancias de la flexibilidad
¿Que implican estas diversas formas de flexibilidad para
el trabajador? Es claro que la contractual es la que genera
mayores amenazas por las posibilidades que tiene de reducir
estabilidad, condiciones de trabajo, beneficios e incluso los
ingresos. Es la modalidad más cuestionada por los sindicatos
que exigen que todas ellas tengan los beneficios y protecciones
del contrato típico, demanda que difícilmente logren, de
acuerdo a lo que está sucediendo. Claramente las legislaciones
nacionales están desbordadas. Las nuevas legislaciones
tienden a coincidir en las tres primeras de sus modalidades
de flexibilidad y a diferenciarse en la última.
Las tres primeras ofrecen riesgos y oportunidades a los
trabajadores, por ello en muchos países son aceptadas por
los sindicatos que participan en su negociación, con lo cual
inciden en sus condiciones y logran beneficios nuevos. ¿Es
negativo que una parte de la remuneración dependa del
compromiso laboral y los resultados del trabajo? El fundamento
del contrato salarial típico (remuneración por tiempo
de trabajo) tiene el supuesto que todos los trabajadores
tienen el mismo compromiso en el trabajo. ¿Es defendible
este supuesto? Se podría decir que el control que la empresa
pueda implementar podría solucionar este problema. Esto, en
primer es discutible y su eficacia más aún. ¿Pero no dignifica
más al trabajador recibir una remuneración por su esfuerzo?
En todo caso, si este sistema implica riesgos también esto
existe en el contrato típico (horas de trabajo no remuneradas,
remuneraciones mayores o menores en negro, etc). Todo deriva
entonces a la elaboración de sistemas razonables, eficaces
y justos, donde la participación activa y la negociación juega
hoy, como en el pasado un rol decisivo.
Acerca de la flexibilidad en la organización y el tiempo de
trabajo podría decirse lo mismo, implica una modificación
de la situación y los acuerdos actuales - que por otra parte,
provienen de una organización de la producción en proceso
de cambio. Pero el cambio puede ser positivo. El trabajador
tiene derecho a exigir mayor calificación, si su función en el
proceso productivo se amplía, lo que no solo implica una mayor
calificación sino mayores posibilidades de encontrar un
nuevo trabajo si perdiera el que tiene o decidiera cambiarlo.
El tiempo de trabajo variable podría permitir que el trabajador
logre más días de vacaciones o más días en la semana
para destinar a su familia, a su estudio o al ocio, si así lo
decidiera. Por eso en muchos países los sindicatos aceptan la
discusión del tema y se involucran en las decisiones, con lo
que logran mayores beneficios y más garantías en los sistemas
de trabajo, como en el tiempo de preaviso de la duración
de las jornadas, formas de cómputo de las horas de trabajo,
garantías de jornadas pagas en el año, se trabajen o no, etc.
En definitiva, nuevamente nos deriva a la negociación colectiva
y al involucramiento para lograr acuerdos consensuados.
La revolución digital
La introducción de nuevas tecnologías aumentará la
flexibilidad. En la industria, los robots, en algunos países, ya
comparten con los humanos el trabajo en la línea de producción.
Esto implica cambio de las tareas y las categorías y de
parte de los humanos un trabajo más creativo, más participativo,
priorizando los resultados y la calidad. Por otro lado
la empresa inteligente busca integrar toda la cadena de valor
desde la recepción del pedido hasta el producto final, donde
incluso el cliente puede tener una participación activa. Esto
implica que todas las áreas de la empresa están vinculadas
en una única cadena de valor. En este enfoque, las tareas fijas
dejan de tener lugar.
Por otra parte la localización física del trabajo tiende a
reducirse. Muchos controles serán automáticos, realizados
en tiempo real por medio de sensores, en lo que se denomina
Internet de las Cosas (IoT). Esto no elimina el trabajo humano,
porque siempre puede ocurrir un hecho no programado o
no previsto y por lo tanto no corregible automáticamente, que
debe solucionarlo un humano. El trabajo creativo, la solución
de los problemas atípicos, la mejora de los procesos seguirán
dependiendo de los trabajadores. El trabajo humano en los
procesos será mas activo, mas calificado, más flexible, más
creativo.
Estos procesos que son parte de la revolución digital en
curso están más avanzados en unos países que en otros.
Su promoción se explica porque elevan sustancialmente la
productividad y la competitividad. La historia indica que
una revolución tecnológica se termina generalizando a nivel
mundial porque quien se margina de ella no tiene nada que
ganar y mucho que perder. Su introducción modifica los
sistemas de producción y seguramente las instituciones y las
relaciones laborales. Pero no existe un determinismo acerca
del proceso de cambio. Nuevamente esta es una oportunidad
que tiene tanto el sistema político como empresarios
y trabajadores para involucrarse en el mismo, mejorar su
eficiencia, regular su ritmo y atender los problemas sociales y
las imprescindibles políticas compensatorias.

LABORAL
Reforma laboral en el Uruguay
Por Dr. Matías Pérez del Castillo
Sócio de Pérez del Castillo & Asociados
14
La “cuestión” de las reformas laborales
Si bien el concepto de reforma laboral
no es novedoso y el mundo recoge distintas
experiencias, en los últimos meses, el
tema ha retomado actualidad a partir de
los cambios que los gobiernos de Brasil,
Francia y Argentina han impulsado a
efectos de cambiar su legislación laboral,
lo cual generó un debate en el Uruguay.
Unos, a priori, tienden a atribuir a la
mera expresión “reforma laboral”, una
visión de carácter maniqueo y reducida,
asociada a una política de flexibilización
o de desregulación laboral.
Somos de la postura que procura
analizar cualquier reforma laboral en
un sentido diverso. No vinculado a una
desregulación, sino a una modernización
que atienda a una suerte de “reregulación”
laboral, compatible con
formas –consensuadas- de flexibilización.
Qué entendemos por reforma laboral
Al considerar una reforma laboral,
reflexionamos en torno a la conveniencia
de introducir cambios en la regulación
de un mercado de trabajo buscando
con ello, que sea más eficiente. Esos
cambios pueden resultar de instrumentos
convencionales (convenios colectivos
o laudos de Consejos de Salarios, por
ejemplo) y/o heterónomos (leyes o
decretos, por ejemplo).
A partir de esa aproximación, el
análisis de una reforma laboral debe considerar
tres cuestiones: (I) qué normas se
pretenden reformar; (II) qué herramientas
se pretenden utilizar a efectos de propiciar
los cambios propuestos; y (III) cuál es
la situación del mercado de trabajo que se
pretende modificar.
Oportunidad y necesidad
de una reforma laboral en Uruguay
En nuestro país, se ha hablado desde
hace ya muchos años de la necesidad de
modernizar algunos aspectos de nuestra
legislación laboral que permitan una
mejor eficiencia de nuestro mercado de
trabajo. Pero en líneas generales, no han
existido mayores cambios legislativos
que nos permitan hablar de una reforma
laboral uruguaya, a excepción de las leyes
y decretos que a partir del 2005 han dado
en los aspectos de derecho sindical.
Entiendo que el análisis de la legislación
laboral uruguaya, permite concluir
-a la luz de los tres aspectos mencionados-
que hay razones para plantear la
oportunidad y necesidad de reformar
nuestra regulación laboral.
En efecto, existen normas actualmente
vigentes que presentan cierta obsolescencia
regulatoria y otras que generan
inseguridad jurídica, según veremos.
En cuanto a las herramientas a utilizar,
la forma ideal sería una negociada
y acordada entre los actores sociales y el
Estado, y recogida en una ley.
Finalmente y en lo que tiene que ver
con el mercado de trabajo nacional, los
procesos productivos y la necesidad de
adecuarse a nuevas tecnologías y formas
de trabajo (innovar no es ya una opción
para las empresas, sino una necesidad
para sobrevivir), y los indicadores (en
particular aquellos vinculados al empleo
y a la creación de puestos de trabajo) que
parecieran mostrar algunas dificultades,
confluyen en la necesidad de posibilitar
cambios que permitan nuevas adaptaciones,
mejorar la organización del trabajo
y la productividad, pudiéndose de esa
forma, apostar a crear más empleo.

LABORAL
16
Contenidos de una reforma laboral en Uruguay
De entre los temas sobre los que podría avanzarse en
una reforma de nuestra legislación laboral, destacamos
los siguientes:
1. Tiempos de trabajo. La regulación del año 1915 estaba
pensada para una realidad absolutamente diferente.
Se echa en falta una norma que precise qué tiempos
deben considerarse a efectos del cómputo de las horas
de trabajo. En cuanto a la posibilidad de redistribución
de la jornada, sería deseable una regulación que permita
arribar a acuerdos colectivos más flexibles en tanto
respeten mínimos tiempos de descanso entre jornadas
y semanales. También convendría que se regule la jornada
de trabajo para el sector servicios, carencia que
genera una importante inseguridad jurídica a empresas
del sector.
2. Tiempo de trabajo extraordinario. Cabría analizarse
la posibilidad de compensar las horas extras trabajadas
en una jornada, con una jornada laboral reducida
otro día de trabajo o también con la imposibilidad de
compensar con descansos compensatorios acumulados.
La opción de pactar legítimamente cláusulas de
redistribución o de reducción de la jornada laboral,
también se impone. Tamibén convendría que se aclare
cómo deben calcularse las horas extras y que especifique
qué trabajadores están excluidos de la limitación
de la jornada.
3. Teletrabajo. Es hora que sea regulado adaptándose a
la instalada modalidad de trabajo a través de medios
informáticos, sustituyendo la aplicación de una ley
de trabajo a domicilio que nada tenía que ver con las
formas de teletrabajo.
4. Nuevas formas de trabajar. Se plantea la conveniencia
de regular modalidades parasubordinadas, aquellas
de trabajo formalmente autónomas pero materialmente
dependientes. El caso de los choferes de Uber
es paradigmático. Es discutible que sean empleados,
pero menos discutible es que no son autónomos en el
sentido tradicional.
5. Régimen de indemnización por despido. La flexibilización
de la estabilidad laboral podría acompañarse
de un aumento en las indemnizaciones por despido
(que en términos comparativos es barata), para lo cual
podría pensarse la posibilidad de constituir fondos de
indemnizaciones por despido, de aportación bipartita,
que permitan pagar indemnizaciones con un tope
mayor al actualmente existente. De igual forma, las
gratificaciones por egreso que pueda acordar un trabajador,
deberían estar exoneradas de IRPF.
6. Ocupación y piquetes no son huelga. Cabe derogar
los decretos que refieren a esas medidas de conflicto
como modalidades del ejercicio del derecho de huelga,
siendo que son claramente contrarios a derechos al
trabajo, la propiedad, la libre circulación y la industria
y comercio, y que espantan la inversión, todo lo cual
atenta contra la propia generación de empleos.
7. Negociación colectiva. En empresas en las que no
existe un sindicato constituido, los trabajadores no
deberían ser representados por el gremio de rama, sino
por delegados elegidos por ellos mismos. Los convenios
colectivos acordados a nivel de empresa deberían
primar por sobre los acordados a nivel de rama, y en
materia salarial reservar los Consejos de Salarios para
fijar mínimos pero no para aumentar salarios en general.
8. Sindicatos, tribunales arbitrales y huelga. En las relaciones
laborales colectivas no suele primar la justicia,
sino la fuerza, y ello es contrario a criterios de justicia
y a cómo debería operar un país democrático. Ello
empuja a establecer sistemas que promuevan que las
relaciones colectivas dependen de criterios de Derecho,
revitalizando el valor de los convenios colectivos,
que en lugar de ser incumplidos sin consecuencias,
deben ser como la ley misma. Cabe pues cumplir con
el artículo 57 de la Constitución, y dictar leyes que
exijan personería jurídica a los gremios, que creen organismos
de arbitraje con competencia específica para
dirimir conflictos colectivos, y que reglamenten de
forma completa a la huelga limitando y encuadrando
su ejercicio.
9. Cumplir con la OIT y prevención de conflictos.
Mientras se negocia una solución global las observaciones
realizadas por el Comité de Libertad Sindical
de la OIT respecto de la Ley de Negociación colectiva
y la regulación sobre las ocupaciones, puede avanzarse
en la regulación de dos temas sobre los que habría
consenso: un sistema de prevención que promueva la
autocomposición de conflictos y evite daños innecesarios,
y que establezca consecuencias claras ante su
incumplimiento.
Remate
Las reformas de los mercados de trabajo deben realizarse
con cordura. Pensar que cualquier norma laboral
resulta una rigidez que hay que eliminar puede ser tan
absurdo como peligroso. De igual modo, es peligroso y
equivocado considerar que las reformas son necesariamente
flexibilizadoras o de desregulación laboral.
A mi juicio, es posible y necesario en nuestro país
practicar una reforma de nuestra legislación laboral.
La misma debería ser parte de una estrategia de fomento
del empleo promocionando acciones tales como: el
cumplimiento de las normas y de los acuerdos (convenios
colectivos), el fomento de la negociación colectiva, de la
formación profesional durante toda la vida laboral del
trabajador, de la contratación laboral mediante formas
atípicas de contratación bajo protección social y de
colectivos de trabajadores postergados (desempleados de
larga duración; jóvenes; mujeres con familia a su cargo;
discapacitados), y la reducción de los costos de empleo.
De esta manera, reformar la legislación laboral no
debería significar confiscar derechos de nadie ni rebajar
garantías sociales, sino simplemente, encontrar mecanismos
que permitan adaptar las reglas a las nuevas realidades
de trabajo, superando rigideces laborales, facilitando
la generación de empleos, favoreciendo la innovación tecnológica
en nuevos puestos de trabajo y colaborando con
la mejora de la competitividad de las empresas. Posibilitando
en definitiva, un mercado de trabajo más eficiente,
tanto para las empresas como para los trabajadores.

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OBLIGACIONES
Material preparado por los profesionales del
Depto. de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG
A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UN REPASO SOBRE LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE
CONSIDERAMOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL AÑO 2018 Y QUE AFECTAN TANTO A EMPRESARIOS
COMO A TRABAJADORES.
Novedades en materia laboral
¿QUÉ NOS DEJÓ EL 2018 EN MATERIA DE CAMBIOS NORMATIVOS?
18
En materia laboral los principales cambios
fueron:
Pagos electrónicos de pensiones,
jubilaciones y otras prestaciones de
seguridad social
(Ley N° 19.593, artículos 1 y 2 modificativos
de artículos 17 y 18 de Ley N° 19.210,
respectivamente): El pago de beneficios
sociales, complementos salariales, subsidios
de cualquier naturaleza y otras prestaciones,
realizadas por los institutos de
seguridad social o las compañías de seguros
que se concedan a partir del 1° de enero
de 2018, deberán efectuarse a través de
acreditaciones en cuenta en instituciones de
intermediación financiera o en instrumentos
de dinero electrónico en instituciones
que ofrezcan este servicio. Cuando se trate
de prestaciones otorgadas a partir del 1° de
enero de 2018 y el beneficiario no indique la
institución en la cual cobrar, el instituto de
seguridad social o la compañía de seguros
quedan facultados a elegir por él, pudiendo
luego el beneficiario elegir libremente otra
institución.
Asimismo, quienes ya estén percibiendo
alguna de estas partidas con anterioridad
al 1° de enero de 2018, podrán optar por la
acreditación en cuentas en instituciones de
intermediación financiera o en instrumento
de dinero electrónico.
Cambios al Reglamento
de seguridad e higiene ocupacional:
El Decreto N° 7/018 de enero del 2018,
modificó algunas disposiciones del Decreto
N° 406/988 que regula el uso obligatorio de
elementos de seguridad. Entre las modificaciones
realizadas se destaca la utilización
de dispositivos de seguridad en alturas de
dos metros frente al riesgo de caídas.
Desafiliación del régimen
de jubilación de ahorro individual:
En marzo del 2018 se promulgó el Decreto
N° 71/018 que reglamentando la Ley N°
19.590 fija las condiciones de desafiliación
del régimen de jubilación por ahorro individual
obligatorio y renuncia a la jubilación
servida por el régimen mixto. Entre otras
cosas, se definen los plazos para presentarse
ante el BPS a efectos de solicitar el asesoramiento
del organismo según los tramos
etarios y otros asuntos de procedimiento.
Facilidades de pago al BPS:
La Ley N° 19.632 de junio del 2018,
faculta al BPS a extender el régimen de facilidades
de pago previsto por los artículos 1
y 2 de la Ley N° 17.963, por deudas devengadas
al 30 de abril de 2018, por concepto

de contribuciones especiales de seguridad
social recaudadas por dicho ente autónomo,
incluyendo aportes al Fondo Nacional de
Salud.
Salas de Lactancia:
En el mes de julio de 2018 se promulgó
el Decreto N° 234/018 que reglamenta la
Ley N° 19.530 de agosto de 2017 relacionada
a la obligatoriedad de la implementación
de salas de lactancia y de espacios de
lactancia. Además de regular los requerimientos
técnicos de las salas y/o espacios
de lactancia, actualiza la normativa
relacionada con la interrupción diaria de
la jornada de la trabajadora para la lactancia
de su hijo, regulada por el Decreto del
1° de junio de 1954, autorizándose ahora
a la trabajadora a interrumpir su trabajo
durante dos períodos de media hora cada
uno o un período de una hora a su elección
con el fin del amamantamiento, dentro de
su jornada diaria, siendo computados como
trabajo efectivo.
Incentivos para la generación de nuevos
puestos de trabajo:
En el mes de octubre se promulgó la
Ley N° 19.689 que estableció incentivos
para la generación de nuevos puestos de
trabajo y modificó algunos aspectos de la
Ley de Empleo Juvenil N° 19.133 relativos
a las diversas modalidades de contratación
juvenil y el actual régimen legal previsto
para la modalidad de “Práctica Formativa
en Empresas”, el cual a partir de la entrada
en vigencia de esta norma (lo que ocurrió
el 1° de enero de 2019), deberá ser remunerada
y con la designación de un tutor.
Asimismo, se establece la creación de un
Programa Temporal de Subsidio al Empleo
con beneficios especiales para las empresas
que contraten trabajadores mayores de 45
años de edad. Finalmente, modifica la tasa
de aportación al Fondo de Reconversión
Laboral (FRL) calculada sobre las asignaciones
computables gravadas por contribuciones
especiales a la seguridad social, la
que a partir del 1° de enero de 2019 pasó a
ser de un 0,10%.
Fondo de Garantía
de Créditos Laborales en BPS:
En octubre del 2018 se promulgó la Ley
N° 19.690, a través de la cual se crea un
Fondo de Garantía de Créditos Laborales,
con la finalidad de cubrir aquellas contingencias
generadas por la insolvencia del
empleador. Se crea una contribución especial
de seguridad social (CESS) de 0,025%
de las partidas que constituyan materia gravada
para CESS y se designa al BPS como
organismo administrador y recaudador del
Fondo. Se estableció que el Poder Ejecutivo
reglamentará esta norma dentro de los 90
días de su promulgación.
Promoción del trabajo
para personas con discapacidad:
Se promulgó en el mes de octubre de
2018 la Ley N° 19.691, que dispone el deber
para los empleadores de la actividad privada
que cuenten con 25 o más trabajadores
permanentes, de emplear a personas con
discapacidad que reúnan condiciones y la
idoneidad para el cargo.
Cambio de porcentaje en el aporte
unificado de la construcción:
Se promulgó también en el mes de
octubre el Decreto N° 341/018 que modifica
el porcentaje unificado por aportes en la
construcción, el cual pasó a ser del 71,8%,
que se desglosa de la siguiente manera: A).
Aportes jubilatorios a la seguridad social:
- Patronales: 9% - Personales: 17,9% B).
Cargas salariales: 29,9% C). Seguro Nacional
de Salud: 9.0% el que se desglosará:
- 5.5% Patronal y 3.5% Obrero D). Banco de
Seguros del Estado: 6.0%.
Seguros de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales:
La Ley N° 19.678 promulgada en el mes
de octubre de 2018 modifica el marco legal
del mercado de seguros. Especialmente
en el área laboral, se introducen importantes
cambios en cuanto a los seguros
de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, mucho de los cuales refieren
al manejo de las reservas. Uno de los
cambios más importantes a destacar refiere
al seguro del trabajador rural que ya no
se financiará con parte de la contribución
patronal por hectárea, sino con una prima
independiente como para los demás sectores
de actividad.
Ley de rendición de cuentas N° 19.670
incorporó varias modificaciones en
materia laboral, a saber:
• Licencia por enfermedad para funcionarios
públicos (art. 7 modificativo de
art. 12 Ley N° 16.104):
Cuando un funcionario no acceda a
la jubilación por imposibilidad total y
absoluta para todo trabajo el BPS lo comunicará
al organismo del cual depende
el funcionario para que el jerarca en un
plazo de 60 días corridos defina si el funcionario
puede desarrollar tareas adecuadas
a su capacidad certificada por el BPS,
recabándose previamente la aceptación
expresa del funcionario (quien cuenta
con un plazo de 20 días hábiles a partir
de su notificación). Si vencido el plazo
de 60 días no se verifica la reasignación
del funcionario dentro del organismo, el
jerarca lo declarará excedente. En caso de
que las tareas que pueda cumplir el funcionario,
ya sea en su propio organismo o
como consecuencia de su redistribución,
impliquen un cambio de escalafón, el
mismo será incluido en el último grado
ocupado del nuevo escalafón, manteniendo
su nivel retributivo.
Asimismo se dispone que en todos
aquellos casos en que el funcionario no
tuviera derecho a percibir jubilación, el BPS
le servirá como única indemnización, el
equivalente de tantos sueldos en actividad
como el número de años que hubiere
prestado servicios a la Administración
Pública, sin perjuicio de la indemnización
que pudiere corresponder en el caso que la
ineptitud provenga de un accidente en el
desempeño de sus tareas.
• Licencias especiales de funcionarios
públicos (art. 9 modificativo de art. 15
Ley N° 19.121):
◊ Licencia especial para padres y madres,
biológicos o adoptivos: aplica a
casos de nacimientos prematuros con
menos de 32 semanas de gestación y
que requieran internación. La licencia
se prolongará mientras dure la internación
con un máximo de 60 días.
◊ Licencia por tratamientos sobre reproducción
humana asistida: siempre
que la misma sea acreditada mediante
certificación médica. No se establece
un número máximo de días por lo que
habrá que estar a lo que disponga el
médico tratante en el marco de lo dispuesto
en la Ley N° 19.167 que regulo
estos tratamientos.
◊ Licencia por violencia de género: la ley
exige la debida acreditación de la situación
que da origen a la licencia. No se
disponen plazos máximos.
◊ Licencia sin goce de sueldo: se dispuso
que serán excluidos del límite de un
año, los funcionarios que deban residir
en el extranjero por cumplimiento de
cursos de posgrados, maestría, doctorado,
realización de investigaciones
sobre temas atinentes a su profesión o
especialización y que sean de interés
para el organismo por un plazo que no
exceda de 4 años.
• Intangibilidad del salario, un paso
para atrás (art. 353 sustituye art. 3
Ley N° 17.829):
Si bien la Ley N° 19.536 había establecido
un cronograma paulatino para
incrementar el porcentaje del salario que
no puede ser afectado por retenciones
hasta llegar al 50% a partir del 1/1/2021,
se da marcha atrás y se mantiene ahora
en forma indefinida el porcentaje actual
que asciende al 35% del monto nominal
de la retribución o pasividad, deducidos
los impuestos a las rentas y sus correspondientes
anticipos y las contribuciones
especiales de seguridad social.
(CONTINUA)
19

OBLIGACIONES
Novedades en materia comercial
Material preparado por los profesionales del Depto. de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG
LAS PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA COMERCIAL SE RELACIONAN CON LA NUEVA
NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROTECCIÓN DE DATOS.
20
Novedades en materia de Prevención de
Lavado de Activos:
En diciembre de 2017 se aprobó la Ley
N° 19.574 “Ley Integral contra el Lavado
de Activos” cuya publicación en el Diario
Oficial fue realizada el 10 de enero del
2018. Su objetivo principal fue lograr el
orden, sistematización y actualización
de la normativa hasta entonces vigente
en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. Algunos de
los aspectos a destacar son los siguientes:
• Sujetos obligados:
con el fin de mejorar la eficacia del
sistema de prevención se incluyeron
nuevos sujetos obligados del sector no
financiero a reportar transacciones
inusuales o sospechosas. Es así que
tanto los abogados como contadores
públicos y asociaciones civiles,
fundaciones, partidos políticos,
agrupaciones y en general cualquier
organización sin fines de lucro con o
sin personería jurídica, tendrán que
realizar determinados controles que
les permitan conocer a sus clientes de
modo de poder cumplir con su deber
de reportar. También se incorpora a los
usuarios indirectos de zona franca como
sujetos obligados y se amplía el margen
de actuación de los Escribanos Públicos.
• Actividades delictivas precedentes:
El artículo 34 de la Ley de referencia
enumera nuevas actividades que
deberán ser consideradas como delito
precedente del lavado de activos,
destacándose la defraudación tributaria.
• La esperada reglamentación:
Adicionalmente, por Decreto N°
379/2018 de fecha 12 de noviembre
de 2018, se reglamentaron las
modificaciones introducidas a la
Ley N° 19.574, estableciéndose los
procedimientos y medidas de debida
diligencia de clientes y de evaluación
de riesgos que deberán incorporar,
implementar y cumplir los sujetos
obligados no financieros, distinguiendo
entre los sectores de actividad
alcanzados a los casinos, sector
inmobiliario, abogados, escribanos y
contadores, rematadores, comerciantes
de antigüedades, obras de arte, metales y
piedras preciosas , sector zonas francas,
proveedores de servicios societarios y
organizaciones sin fines de lucro.
• Novedades
en materia de Protección de datos:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigencia
el Reglamento General de Protección
de Datos Europeo (GDPR), el cual tuvo
como objetivo principal adecuar la normativa
a la nueva realidad contemplando
los cambios tecnológicos y la globalización
que constituyen fenómenos que
impactan en el derecho a la intimidad
y en el tratamiento de datos personales
a través de Internet. En algunos casos
dicho reglamento tiene aplicación
extraterritorial pudiendo ser aplicable en
nuestro país. En esa línea, el pasado mes
de octubre se aprobó la Ley N° 19.670 de
“Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal” correspondiente al
año 2017 en el cual se incluyeron disposiciones
en la materia de protección de
datos. Específicamente los artículos 37,
38, 39 y 40 de la ley prevén las hipótesis
de extraterritorialidad de aplicación de
la ley uruguaya de protección de datos,
la obligación de informarle al titular de
los datos y a la Unidad Reguladora y de
Control de Datos Personales (URCDP)
la ocurrencia de cualquier hecho que
vulnere la seguridad de los datos, la
responsabilidad proactiva y la creación
de la figura del delegado de protección
de datos personales, el cual tendrá
dentro de sus obligaciones asesorar en
la formulación, diseño y aplicación de
políticas de protección de datos personales,
supervisar el cumplimiento de la
normativa, proponer todas las medidas
que entienda pertinentes para adecuarse
a la normativa vigente y a los estándares
internacionales en este tema, entre otras.
(CONTINUA)

OBLIGACIONES
Novedades en materia tributaria:
Ley de Rendición de Cuentas Nº 19.670
Material preparado por los profesionales del Depto. de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG
EN MATERIA TRIBUTARIA LOS PRINCIPALES CAMBIOS VINIERON DE LA MANO DE LA LEY DE
RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 19.670, LOS QUE EN FORMA RESUMIDA SON:
• Exoneración opcional en liquidación de IRAE de los rendimientos de capital o incremento
patrimonial derivados de la tenencia o transferencia de títulos de deuda pública:
La ley dispone la exoneración de los intereses de los títulos de deuda pública y cualquier otro
rendimiento de capital o incremento patrimonial derivado de la tenencia o transferencia de
dichos documentos. Dicha exención denota una extensión importante, en tanto abarca no solo
el resultado de la venta, sino también el que surge de la valorización de estos activos más los
intereses correspondientes. Asimismo, se le otorga carácter opcional por parte del contribuyente,
circunstancia que responde a que, en determinados casos, la exoneración podría paradójicamente
redundar en una mayor carga tributaria. En efecto, si se aplica la exoneración corresponderá
determinar la proporción de gastos operativos y financieros asociados a la obtención de renta no
gravada. Como los gastos financieros (básicamente intereses y diferencia de cambio de pasivos) no
deducibles depende de la proporción que guarda el promedio de los activos generadores de renta no
gravada con el promedio de los activos fiscales totales, se podría arribar a escenarios en los que esos
gastos no deducibles superen el monto de los ingresos exonerados.
22
• Dividendos fictos – Modificación en la determinación del tope por resultados contables al cierre
del ejercicio fiscal:
La norma anterior establecía que el importe gravado como dividendo ficto no podía superar los
resultados contables acumulados al cierre del ejercicio fiscal del contribuyente de IRAE, deducido
el monto de dividendos fictos ya considerados. El concepto de resultados acumulados comprendía
a las ganancias y pérdidas contables acumuladas sin asignación específica, a las reservas legales,
a las estatutarias y en general a todas aquellas creadas de acuerdo con el artículo 93 de la Ley
16.060 y las capitalizaciones de resultados acumulados que no determine una variación en el
patrimonio contable del contribuyente de IRAE. La Ley aprobada elimina a los efectos del cálculo
del tope de dividendos fictos a las capitalizaciones o cualquier otra disminución de los resultados

OBLIGACIONES
acumulados que no determine una variación en el patrimonio contable del contribuyente. A partir
de esta modificación, los contribuyentes podrán evaluar la conveniencia de capitalizar resultados y
disminuir el mencionado tope a los efectos del cálculo de dividendos fictos.
• Limitación para considerar como exportaciones la introducción de ciertos bienes a Zonas
Francas:
La Ley de Zonas Francas N° 15.921 establece que los bienes, servicios, mercancías y materias
primas que procedan de territorio nacional no franco y sean introducidos en zonas francas, serán
considerados como exportación a todos los efectos normativos de ese momento. Se dispone una
excepción al criterio: no se considerará exportación la introducción de bienes, mercancías y
materias primas desde el territorio nacional no franco a zonas francas, destinados a satisfacer el
consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar
su actividad laboral dentro de las mismas.
• Entidades financieras obligadas a informar:
La nueva ley incluye ciertos fideicomisos como entidades financieras que deben brindar
información de saldos y rentas de origen financiero a la Administración Tributaria en el marco
de la Ley N° 19.484. Se trata de fideicomisos que sean reputados entidad financiera en el país o
jurisdicción de su residencia y tengan uno u más de sus fiduciarios que sean residentes a efectos
fiscales en Uruguay, excepto cuando hubieran suministrado la información a dicho país o
jurisdicción y existiera con estos un convenio internacional vigente en materia de intercambio de
información con fines tributarios.
24
Decreto N° 321/018 Tributación del IRPF
derivada de los rescates de fondos de inversión del exterior:
Mediante el Decreto N° 321/018 se precisa que no se encuentran gravados por IRPF las restituciones
voluntarias que realicen los inversores de las participaciones en fondos y demás entidades de inversión
colectiva siempre que se verifique que: i) las participaciones del fondo hayan sido adquiridas o
integradas mediante oferta pública, o ii) otras modalidades que aseguren la libre concurrencia de
aportantes u oferentes, lo cual implica que se cumpla simultáneamente: a) que la entidad se encuentre
gestionada por un fiduciario o administrador profesional sin vinculación con los inversores y b) exista
un mínimo de 25 inversores y no exista vínculo entre ellos. Requiriéndose a tales efectos que se cuente
con estados contables auditados por firmas de reconocido prestigio de los fondos y de los fiduciarios
administradores.
Ley N° 19.637 Exoneración del software
y otros intangibles:
A través de la Ley N° 19.637 se establecen modificaciones relativas a la exoneración de software
y otros intangibles, dispuestas por la Ley N° 19.535. Con el nuevo texto legal, la exoneración de las
rentas producidas por los activos resultantes de esas actividades -que se encuentren amparados por
la normativa de protección y registro de los derechos de propiedad intelectual- resulta de aplicar el
siguiente cociente: Numerador: gastos y costos directos incurridos por el desarrollador incrementados
en un 30% (sin incluir servicios contratados con partes vinculadas no residentes ni la concesión de
uso o adquisición de derechos de propiedad intelectual), Denominador: la suma de los gastos y costos
directos totales incurridos para desarrollar cada activo, los cuales comprenden los incluidos en el
numerador sin considerar el incremento del 30%, así como los gastos y costos correspondientes a la
concesión de uso o adquisición de derechos de propiedad intelectual, y los servicios contratados con
partes vinculadas no residentes.
Por su parte, la exoneración de los servicios de investigación y desarrollo en las áreas mencionadas
así como de desarrollo de soportes lógicos y servicios vinculados se exoneran en su totalidad a
condición que la actividad se lleve a cabo en el territorio nacional. Esa situación se considera verificada
si los gastos y costos directos incurridos en el país superan el 50% de los gastos directos totales,
tomándose como base el ejercicio en que se considera la exoneración.
Reglamentación del régimen de imposición
a los servicios internacionales por medio de internet,
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares:
Se restringe el alcance de la imposición para los servicios destinados a demandantes que se
encuentren en territorio nacional, prestados desde el exterior a través de medios informáticos cuando
dichos servicios tengan como objeto un audiovisual. Asimismo, la ley dispuso que se encontrarán
gravados los servicios de mediación e intermediación cuando por lo menos el oferente o el demandante
del servicio principal se encontrase en el país. Al respecto, la reglamentación impone la condición
de que estén básicamente automatizados, requieran una intervención humana mínima y no tengan
viabilidad al margen de la tecnología de la información. Otra definición incorporada en 2018 es la
que refiere al lugar de ubicación del demandante: la localización de la dirección de IP del dispositivo

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25
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ARQUITECTURA

OBLIGACIONES
utilizado para la contratación del servicio o su dirección de facturación. Sólo en caso de no poder
determinarse ninguno de esos elementos, se recurrirá al lugar de administración del medio de
pago utilizado, pudiéndose aportar prueba en contrario. Tratándose de servicios de tracto sucesivo,
la localización deberá determinarse en el momento de la contratación.Por último y a través de las
Resoluciones de DGI N° 6.409/018 y 9.270/018 se establecieron formalidades para la documentación de
estas operaciones, plazos y disposiciones referentes a las presentaciones de Declaraciones Juradas de
IVA y pago de las correspondientes obligaciones tributarias.
Precios de Transferencia – Reglamentación
“Informe País por Pais”:
Por medio de la Resolución de DGI N° 94/2019, se regulan los nuevos requerimientos de
documentación de Precios de Transferencia, con relación al “informe país por país”, según las
modificaciones incorporadas por la Ley N° 19.484 y el Decreto N° 353/018.
Los sujetos pasivos del IRAE que integren un Grupo Multinacional de gran dimensión económica,
deberán presentar anualmente el informe país por país para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2017, excepto cuando el mismo deba ser presentado por una entidad integrante del grupo
multinacional obligada a informar ante una administración tributaria de una jurisdicción con la que
nuestro país tenga vigente un acuerdo de intercambio de información con autoridades competentes de
Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales, y dicho informe pueda ser
efectivamente intercambiado con la DGI.
Adicionalmente dicho sujetos pasivos estarán obligados a informar anualmente a la DGI información
complementaria, la cual consiste en: (i) Nombre y residencia fiscal de la entidad que presentará el
informe país por país en nombre del Grupo, (ii) Nombre y residencia fiscal de la entidad controlante
final del Grupo Multinacional, y (iii) Nombre de otras entidades del Grupo en el país.
En caso de corresponder la presentación del Informe País por País ante la DGI, el mismo deberá ser
presentado dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio de informe y para la declaración
de la información complementaria tendrán plazo hasta la fecha de cierre del ejercicio del Grupo
Multinacional que integra la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, para los ejercicios finalizados entre
el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018 se otorgaron plazos transitorios, el Informe
País por País deberá ser presentado ante la DGI en un plazo de 15 meses desde el cierre del ejercicio
a informar y el plazo para comunicar la información complementaria para los ejercicios finalizados
entre el 31 de diciembre de 2017 y 28 de febrero de 2019, vence el 31 de marzo de 2019.
Limitación a la exoneración
a determinadas Zonas Francas Industriales:
Los usuarios que realicen actividades industriales, estarán exonerados de IRAE en su totalidad por
las rentas derivadas de la enajenación de los bienes que produzcan, en la medida que dichos bienes
no tengan integrados derechos de propiedad industrial, provenientes de actividades de investigación
y desarrollo amparados por las normas de protección y registro en el país o en el exterior, propiedad
de dichos usuarios. En caso de poseer los referidos derechos de propiedad intelectual, y los mismos
se encuentren integrados a los bienes producidos, se deberá cuantificar la renta correspondiente al
intangible y determinar cuánto proviene del desarrollo de la propiedad intelectual en Uruguay (de
acuerdo a un coeficiente previsto por la normativa), a los efectos de determinar la exoneración.
Enajenación de bienes
dentro de Zona Franca:
La circulación de bienes en zonas francas, estará exonerada de IVA e IMESI. No obstante a partir
de octubre de 2018 estará gravada por los citados impuestos, la circulación de bienes y la prestación
de servicios en zona franca que realicen el desarrollador o terceros no usuarios, cuando se trate de
actividades comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el consumo final de bienes y servicios
por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral.
Régimen de
promoción de inversiones:
Mediante el Decreto N° 143/018 se modificó el régimen de promoción de inversiones que se
encontraba regulado por el Decreto N° 2/012. La nueva reglamentación prevé limitación para la
obtención de beneficios a las empresas de la industria tabacalera. Asimismo, se establecieron cambios
en los plazos, la matriz de indicadores para acceder a los beneficios, márgenes de tolerancia y
ampliaciones de proyectos, entre otros.
26

GESTION
Una nueva mirada
a la “Competitividad”
Por Mag. Micaela Camacho, Directora del Instituto de Competitividad, UCU
28
COMPETITIVIDAD ES UN TÉRMINO QUE SE UTILIZA CON MUCHA FRECUENCIA, TANTO POR LA
PRENSA COMO POR LOS EMPRESARIOS Y OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD, POR LO GENERAL,
PARA REFERIRSE A LOS PRECIOS RELATIVOS, A LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO REAL O A LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS. SIN DUDAS, TODOS ESTOS ELEMENTOS JUEGAN UN PAPEL CLAVE EN LA
COMPETITIVIDAD, PERO NO SON SINÓNIMO DE ELLA. LA COMPETITIVIDAD ES UN CONCEPTO MÁS
COMPLEJO, MÁS AMPLIO Y MÁS A LARGO PLAZO QUE PODER COLOCAR HOY PRODUCTOS EN EL
MERCADO A “PRECIOS COMPETITIVOS”.

Primero, la competitividad implica
un proceso; un esfuerzo de largo
aliento, en el que los pasos que se
den hoy van a tener implicancias
directas en los resultados futuros. Un
buen resultado hoy que hipoteque los
resultados futuros habla de escasa
competitividad. Segundo, y en esta
línea, la competitividad tiene que
ver con elementos más amplios y
socialmente deseables que solo el
“ingreso por ventas” o el “Producto
Bruto Interno”. La competitividad
tiene que ver, también, con qué es lo
que se hace con el ingreso y de qué
manera fue que se logró ese ingreso
o ese producto. Involucra pasado,
presente y futuro, es un proceso
dinámico.
Puesto en otras palabras, puede
decirse que la competitividad es
el proceso de generar bienestar
sostenible. En el caso de un país, o
una región, por ejemplo, implica que
sea capaz de aumentar la calidad de
vida de las personas que viven allí de
forma sostenible en el tiempo. Para
hablar de competitividad debemos,
entonces, hablar de dos elementos
indivisibles: el proceso competitivo y
el resultado competitivo. El proceso
competitivo, implica cómo el país (o
la región) utiliza todos y cada uno de
los factores que tiene a su disposición
para desempeñarse de forma que le
permita obtener resultados finales
competitivos o, en otras palabras,
bienestar.
De esta manera, entonces, los
costos de los insumos productivos, la
política macroeconómica, o la política
de inserción internacional, entre
muchos otros, son factores clave para
la construcción de competitividad;
pero no son los únicos. Incorporar la noción de la búsqueda del
bienestar y de la sostenibilidad permite evaluar la competitividad
como un concepto más amplio que los resultados financieros y
permite poner en relieve los distintos trade offs (soluciones de
compensación) que deben hacerse en la economía y la importancia
de la correcta consideración de los costos y beneficios para la toma
de decisiones. Competitividad implica tomar decisiones en el
presente, con la información y la historia del pasado con la mirada
puesta en el futuro. Esas decisiones implican elegir qué se hace y
qué no. Qué se fomenta y qué no, a qué se apuesta y a qué no. Los
recursos son escasos. Competitividad implica también decidir qué
se hace con lo que se obtiene, cómo y a quién se destina, qué parte
se reinvierte para el bienestar futuro. Competitividad no implica
solo crecer, sino crecer con equidad. Implica aumentar el bienestar
al conjunto de la sociedad y eso siempre implica decisiones.
Por eso, cuando hablamos de costos estamos hablando
solamente de una parte de la ecuación. Para construir
competitividad existe una gran cantidad de factores que entran
en juego, desde aquellos sobre los que no tenemos control, como
la localización o el clima del país, hasta aquellos sobre los que
la intervención pública o los esfuerzos privados pueden tener
gran impacto, inclusive en el corto plazo. Vale hacer hincapié
en esto último: mejorar el conjunto de factores necesarios
para el desarrollo competitivo es una tarea que se hace con la
coordinación de las acciones públicas y privadas. Existen factores
que solamente pueden ser impulsados con la acción (o la mejora en
la acción) pública. Este es el caso, por ejemplo, de las regulaciones
del mercado laboral, el sistema impositivo o la calidad de los
servicios públicos. Otros factores, solo pueden ser impulsados
por los actores privados, o mayormente por ellos. Es sabido y
compartido que son las empresas y no los países las que compiten
en los mercados internacionales; es en las empresas donde se
genera la innovación y la mejora de la productividad; y, sobre
todo, son las empresas las que conocen dónde están los obstáculos
preponderantes para su desarrollo competitivo.
Una de las claves para la mejora de los factores que impulsan
la competitividad es la construcción de diálogos entre todos los
actores de la sociedad. Diálogo no solamente público-privado,
sino también público-público y privado-privado. El primero
de ellos, es esencial para la correcta diagramación de políticas
públicas que puedan apalancar el desarrollo competitivo. En este
sentido, por ejemplo, el diseño de incentivos para que las fallas de
mercado puedan ser superadas es esencial para la consolidación
de un entorno microeconómico que impulse la competitividad.
Encontrar cuáles son las fallas e intentar identificar cómo van
a repercutir los incentivos propuestos es un trabajo que sólo
puede hacerse en coordinación público-privada. Ya luego la
implementación de las políticas será en el ámbito público, pero
será necesario la coordinación entre los distintos actores en un
diálogo público-público, para que no se produzca duplicación de
esfuerzos u otros problemas de ineficiencias que pueden llegar a
ser, inclusive, hasta contraproducentes para el objetivo de política.
Por último, pero no menos importante, es necesaria la buena
cooperación entre los actores privados. Este es uno de los diálogos
que, quizás, mayor cambio de cultura requiere y, por lo tanto, es
una construcción de largo plazo. Aprender a competir y cooperar
es uno de los elementos más complejos del desarrollo competitivo.
La manera en la que se lleva (si se lleva) adelante este diálogo se
vuelve esencial para el proceso de construcción de competitividad.
La necesidad de cooperación y diálogo es solo un ejemplo de
todos los factores que son relevantes al proceso de construcción
competitiva y que van más allá del tipo de cambio real. Una
macroeconomía estable es condición necesaria para poder
construir competitividad. Pero sin un entorno microeconómico
sólido, donde exista cooperación y confianza, donde las
instituciones ostenten fortaleza, es muy difícil construir
competitividad. En lo micro, “se juega el partido”. Es en el
entorno microeconómico donde se generan las bases para que la
productividad pueda aumentar, donde se generan las condiciones
para que el nuevo conocimiento pueda ser puesto en práctica,
creando valor y, por lo tanto, innovación.
Pero aún cuando se haya logrado crear un entorno macro y
micro que impulse el desarrollo competitivo, hemos solo cumplido
una parte del proceso. Competitividad implica no solamente
obtener buenos resultados a partir de los insumos, sino hacer
luego buen uso de dichos resultados, con el objetivo de aumentar
el bienestar de la sociedad en su conjunto, de forma sostenida en
el tiempo. Si perdemos de vista, tanto los actores públicos como
privados y la sociedad en su conjunto, este objetivo de bienestar y
de sustentabilidad, corremos el riesgo de perder el foco y equivocar
las estrategias.
29

DEBERES
¿Cuáles son mis derechos ante
una inspección de la SENACLAFT?
Por Dra. Flavia Mazzucco, Abogada Tributarista Senior. Estudio Kaplan
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (EN ADELANTE LAFT), HA
TENIDO UNA PRODUCCIÓN NORMATIVA, CUYA MÁXIMA EXPRESIÓN HA SIDO LA LEY N° 19.574, DE FECHA
20/11/2017 “LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”, VIGENTE A PARTIR DE ENERO DE 2018, QUE
ACTUALIZÓ LAS DISPOSICIONES VIGENTES HASTA ESE ENTONCES.
30
Asimismo, el Decreto 379/2018
reglamentó la ley respecto del sector no
financiero (inmobiliarias, promotores,
empresas constructoras, abogados,
contadores, escribanos, proveedores de
servicios societarios, etc), estableciendo
definiciones generales, y especificidades
por sector.
Dicha evolución normativa en la materia
responde a una adecuación de la legislación
nacional a las 40 Nuevas Recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), que ha planteado
un nuevo escenario para el lavado de
activos, y el financiamiento del terrorismo,
con estándares mucho más exigentes y
enfocados en la efectividad.
En nuestro país existe un plan

límites de los inspectores en el curso de la
misma.
Evolución histórica
Por ley N°19.355, nace la “Secretaría
Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo
(SENACLAFT), como un órgano desconcentrado
dependiente de la Presidencia
de la República, con autonomía técnica,
facultades de investigación y fiscalización
y dentro de sus cometidos el control del
sector no financiero.
En los Artículos 49, 50 y 51, de la
mencionada Ley, se establecieron los
cometidos y facultades con la incorporación
de nuevos funcionarios procedentes de la
Dirección General Impositiva para apoyar
las tareas de fiscalización e investigación.
Finalmente en la nueva ley 19.574
en su art 4 se ampliaron los cometidos
de la SENACLAFT, y específicamente
en el literal E) se reguló el control del
cumplimiento de las normas de prevención
de LAFT por parte de los sujetos obligados,
y estableciendo que el órgano dispondrá “de
las más amplias facultades de investigación
y fiscalización”.
Y en segundo lugar: “practicar
inspecciones en bienes muebles o inmuebles
detentados u ocupados, a cualquier título,
por los sujetos obligados y por todos aquellos
sujetos que hayan tenido participación
directa o indirecta en la transacción negocio
que se esté fiscalizando o investigando.
Solo podrán inspeccionarse domicilios
particulares con previa orden judicial de
allanamiento.”
El incumplimiento por parte del sujeto
obligado a brindar la colaboración debida
apareja sanciones Art. 13 numeral 10)
de la ley 19.574 2 que deberían aplicarse
apreciando la entidad de la infracción y
antecedentes del infractor que van desde
un apercibimiento, observación, multa (de
1.000 UI a 20.000.000 UI) y suspensión
temporaria de la actividad comercial
(siempre menor a tres meses) o definitiva
previa autorización judicial. Por lo que
existe una graduación en la aplicación de
las mismas que en definitiva quedará al
arbitrio del organismo.
Dichas facultades se ejercen en el curso
de una inspección, donde el actuar de
los funcionarios está limitado, y como
contracara se encuentran los derechos de los
sujetos que están siendo inspeccionados.
estratégico de la SENACLAFT para el
período 2017/2020, donde se contemplan
las medidas a adoptar por las distintas
autoridades competentes hasta marzo del
2020, y en la misma se establece un plan
de acción para mejorar los subsistemas
de: prevención, detección e inteligencia
financiera y el de represión penal 1 .
La temática ha tenido un extenso
abordaje por parte de los profesionales,
por lo que desde el punto de vista teórico
los distintos sujetos obligados tienen las
herramientas necesarias para analizar
el riesgo individual de sus clientes,
elaborar políticas y procedimientos para
la administración del mismo, y definir e
implementar las políticas y procedimientos
de debida diligencia de clientes (DDC).
Sin embargo, ante la posibilidad de una
inspección de la SENACLAFT desconocen
cuáles son sus derechos, así como los
Cometidos de la SENACLAFT
Dentro de sus cometidos se encuentran:
1) elaborar políticas y estrategias nacionales
para combatir el LAFT, 2) coordinar y
ejecutar programas de capacitación en la
materia, 3) elaborar y difundir estadísticas
periódicas sobre el funcionamiento del sistema
de prevención del LA, 4) ejecutar las
sanciones pecuniarias que imponga, y 5)
controlar el cumplimiento de las normas de
prevención de LA por parte de los sujetos
obligados no financieros.
Facultades de la SENACLAFT para
el cumplimiento de sus cometidos
Las facultades se regulan en dos numerales
del literal E) del art 4 de la ley, y son:
en primer lugar, la SENACLAFT “podrá
exigir a los sujetos obligados y todos aquellos
sujetos que hayan tenido participación directa
o indirecta en la transacción o negocio
que se esté fiscalizando o investigando,
la exhibición de todo tipo de documentos,
propios o ajenos, y requerir su comparecencia
ante la autoridad administrativa
para proporcionar la información que ésta
solicite. La no comparecencia a más de
dos citaciones consecutivas aparejará la
aplicación de una multa de acuerdo con la
escala establecida por el artículo 13 de la
presente ley.”
Las inspecciones generan cierto
resquemor, pues mas allá de cumplir con
la normativa, no deja de ser una situación
que genera poca simpatía, por lo que
conocer sus derechos, así como los límites
de los funcionarios, brinda un manto de
seguridad jurídica.
En ocasiones la SENACLAFT y la
DGI actúan conjuntamente, por lo que
es ventajoso conocer lo derechos, y los
principios que rigen el procedimiento.
1) El derecho a ser objeto de la mínima
intromisión posible
En una inspección el sujeto tiene
derecho a ser objeto de la mínima
intromisión posible, si bien la ley establece
que el organismo está dotado de las más
amplias facultades, y en el art 4 de la ley
19.574 establece que podrá exigir a los
sujetos obligados y a todos aquellos sujetos
que hayan tenido participación directa
o indirecta en la transacción o negocio
que se esté fiscalizando o investigando, la
exhibición de todo tipo de documentos,
propios o ajenos.
En el ejemplo de un estudio profesional,
existe documentación que puede no tener
relación con la transacción que se está
investigando, y uno se pregunta donde
queda el secreto profesional en este
caso, razón por la cual la norma ha sido
cuestionada.
31

DEBERES
32
La exigencia por parte de los inspectores
de “exhibir” documentación, tendría
que estar delimitada por el negocio o
transacción que se está investigando y no
más allá.
Sin embargo es discutible, ya que de
acuerdo al artículo 23 de la ley 19.574
el mismo establece una exención de
responsabilidad, basado en que “la
obligación de informar constituye la
obediencia a una norma legal dictada
en función del interés general y que por
tanto no configurara violación de secreto
o reserva profesional o mercantil. En
consecuencia, no generará responsabilidad
civil, comercial, laboral, penal,
administrativa ni de ninguna otra especie.”
2) Derecho
a estar asesorado durante la inspección
La persona tiene derecho a utilizar
el asesoramiento de un profesional
durante el curso de una inspección si así
lo desea, en efecto, la propia figura del
oficial de cumplimiento es quien actúa
como intermediario entre los organismos
competentes y los sujetos obligados, con
una formación técnica y autonomía que
facilita no solo cumplir con la normativa
del LAFT, sino facilitar que la SENACLAFT
pueda cumplir con sus objetivos.
3) Derecho a ser informado.
La inspección como procedimiento
administrativo está regida por los
principios de publicidad y buena fe:
tengo derecho a saber que estoy siendo
inspeccionado.
4) Derecho a
no declarar contra sí mismo.
El sujeto obligado debe colaborar con
la inspección, sin embargo nadie está
obligado a declarar contra sí mismo
en un procedimiento del cual puedan
surgir sanciones en su contra, por ello
últimamente han tomado mucha fuerza las
advertencias “Miranda” 3 , o reglas Miranda
en el ámbito inspectivo 4 . En nuestro país
este derecho está recogido en el artículo
20 de la Constitución 5 de la República,
principio reconocido como derecho
humano y consagrado también en el Pacto
de San José de Costa Rica.
5) Derecho
a la reserva de la información.
Se encuentran obligados a guardar
secreto tanto la Administración como
sus funcionarios de la información
suministrada por los sujetos obligados
o aquellos sujetos que hayan tenido
participación directa o indirecta en
la transacción o negocio que se esté
fiscalizando o investigando .
Los funcionarios que violaran la
obligación de reserva a que refiere el art 6
de la ley, incurrirán en el delito establecido
en el artículo 5° de la Ley N° 18.930, y serán
pasibles de ser castigados con tres meses de
prisión a tres años de penitenciaría.
6) Aplicabilidad de la
“teoría del fruto del árbol venenoso”.
Se trata de información que es obtenida
por parte de los funcionarios de manera
ilícita, por ejemplo: si ingresaran a un
domicilio particular sin una orden de
allanamiento. La ley 19.574 en su Art 4
lit. E) numeral 2), dice que: “Sólo podrán
inspeccionarse domicilios particulares con
previa orden judicial de allanamiento”.
La prueba obtenida por medios ilícitos se
encuentra viciada de nulidad así como todo
el proceso.
7) La inspección en el domicilio.
El límite al inspeccionar el domicilio
particular.
De acuerdo al art 4, literal E) numeral
2) in fine de la ley, dice que a todos los
efectos se entenderá como domicilio válido
del sujeto obligado el constituido por éste
ante la DGI (domicilio fiscal), y en caso de
sujetos obligados no inscriptos en la DGI se
estará al domicilio que se proporcione por
la Jefatura de Policía Departamental que
corresponda.
En este último caso, sería el domicilio
particular del sujeto, para lo cual los
inspectores deberán presentar una orden
judicial de allanamiento, de lo contrario, se
les puede prohibir la entrada.
La importancia de la protección del
domicilio particular ha sido destacada por
la doctrina como uno de los pilares del
Estado de Derecho 6 .
Por otra parte, la inspección en un
domicilio particular que coincide con el
fiscal debe circunscribirse exclusivamente
a la parte del inmueble dedicada al giro
del negocio del contribuyente. Por ende,
si se trata de un consultorio profesional,
la inspección no puede conducirse en un
dormitorio. Y aun, cuando los funcionarios
se encuentren ya dentro del domicilio,
el sujeto obligado puede exigirles que se
retiren, salvo que cuenten con una orden de
allanamiento, por lo que los funcionarios
deberán acatar la orden o estarán
incurriendo en el delito de violación de
domicilio.
8) El “Acta” inspectiva como garantía.
A la hora de una inspección los
funcionarios deben labrar un “acta” donde
asienten los datos del inspeccionado, o
quien los reciba, y las preguntas formuladas
con sus correspondientes respuestas. Es
un derecho del inspeccionado el de leer el
acta una vez completada, solicitar cualquier
tipo de aclaración o que se deje constancia
de determinado hecho en la misma, siendo
obligación de los funcionarios firmarla y
facilitarle una copia.
El asiento en las “actas” constituye
una garantía de los derechos de los
administrados; son documentos públicos a
través de los cuales se constatan en forma
fehaciente los hechos ocurridos 7 .
A modo de conclusión, hemos visto
que existe una evolución en las facultades
que ha ido adquiriendo la SENACLAFT,
mediante una creación normativa rigurosa,
y esta amplitud de facultades para el
cumplimiento de sus cometidos, hace
pensar y repensar sobre cuáles son los
límites, esos infranqueables para cualquier
inspector, de base constitucional, que
brinden tranquilidad a quien se ve sujeto a
un procedimiento de esta índole.
NOTAS
1. https://www.gub.uy/senaclaft/institucional/plan-estrategico
2. “dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la
infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en
apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto
obligado cuando corresponda, en forma temporaria, o con
previa autorización judicial, en forma definitiva.
Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de
tres meses.
El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000
UI (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000
UI (veinte millones de unidades indexadas) según las
circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios
habituales del infractor.”
3. Es la famosa advertencia: “Tiene el derecho a guardar
silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su
contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar
con un abogado y que un abogado esté presente durante
cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le
asignará uno pagado por el gobierno.” Establecida después
de que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera en
el caso “Miranda contra Arizona” de 1966; se ha establecido
como procedimiento policial de rutina para evitar la violación
del derecho constitucional a no auto incriminarse, garantizado
por la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados
Unidos (derecho a guardar silencio). En nuestro país tiene su
paralelo en el Art. 20 de la Constitución.
4. Sentencia N° 1067/2017 donde el TCA entendió que los
contribuyentes objeto de una inspección tienen derecho a no
declarar en su contra y a ser asistidos por abogados durante
sus declaraciones.
5. Artículo 20 “Quedan abolidos los juramentos de los acusados
en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y
prohibido el que sean tratados en ellas como reos.”
6. Art .11 de la Const.- El hogar es un sagrado inviolable. De
noche nadie podrá entrar en el sin consentimiento de su
jefe, y de día, solo de orden expresa de juez competente, por
escrito y en los casos determinados por la ley.
7. Art. 1574 cc

36
LABORAL

Responsabilidad decenal
Por Dr. Carlos Castro Casas
Asesor Legal de SAU
LEY 19.726 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018, MODIFICATIVA DEL RÉGIMEN
DE RESPONSABILIDAD DECENAL. UNA NECESARIA Y ESPERADA
ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA.
Todo agente de la construcción
que se haya enfrentado en el pasado
a un reclamo institucionalizado
por responsabilidad decenal, ha
experimentado el rigor de un estatuto
particularmente implacable, que lo
coloca en una posición de vulnerabilidad
a la hora de la defensa de sus derechos.
Hasta ahora, la responsabilidad
decenal -como se ha llamado a la
responsabilidad que regula el Artículo
1844 del C. Civil- colocaba a los agentes
de la construcción durante el término de
los diez años posteriores a la entrega de la
obra, en una rigurosa situación a la hora
de la asignación de responsabilidades,
en comparación con las reglas que se
aplican en otras actividades tan o más
riesgosas que la construcción.
El plazo de garantía de diez años
lo era para todas las situaciones que
se presentaren, fueran de ruina o de
vicios, defectos e imperfecciones que
permanecieran ocultos al momento de
la recepción, afectaren o no aspectos
esenciales del edificio.
El principal fundamento de esa
severidad, cuyo régimen proviene de
la segunda mitad del Siglo XIX, era
que la sociedad estaba interesada en la
estabilidad y solidez de los edificios,
valor claramente compartible en
todo tiempo. Ello se manifestó en la
creación de un núcleo de preceptos,
que imprimieron una particular
rigurosidad a la responsabilidad de
aquellos sujetos cuya mala praxis podía
provocar desgracias personales debido a
la ruina de los edificios; de esa manera,
se estableció un estatuto que se conoce
como “responsabilidad decenal”, que
opera a partir de la idea de garantía por
la aparición de vicios durante un período
de diez años, el cual es incorporado en
el Código Civil uruguayo que empezó a
regir el 1ro. de enero de 1869.
Sin embargo, lo que en una primera
instancia se encontraba dirigido a
proteger al usuario de la ruina del
edificio (caída o desprendimiento
de sus materiales), creado para una
realidad en que la construcción operaba
principalmente utilizando piedra y
argamasa, luego se extendió hacia
otros ámbitos, abarcando los “defectos
que en la obra se noten” como expresa
el Artículo 35 de la Ley 1.816 del año
1885 (conocida como Reglamento de
Construcciones, en tanto reproduce el
Reglamento de esa actividad aprobado el
15 de diciembre de 1878 por la Dirección
General de Obras Públicas).
Es notorio que, tanto las actividades
materiales como la trama de relaciones
jurídicas que se despliegan para contener
las prácticas sociales de la construcción,
han cambiado radicalmente en ese casi
siglo y medio.
Sin embargo, se ha insistido con
utilizar un esquema legal creado para
contener una realidad diferente a la
actual, que deparaba para los agentes de
la construcción un conjunto de severas e
inequitativas reglas que se aplicaban a la
hora de medir su responsabilidad, que no
estaban presentes en ningún otro sector
de actividad del quehacer nacional.
No se ha comprobado que ese rigor
impropio haya redundado en beneficios
para los receptores de los servicios, en
tanto ello no mejora la calidad de los
productos. Por el contrario el extenso
plazo de garantía y las condiciones
en que ésta se otorgaba, generaron
repliegues en la oferta del sector a favor
de la prestación a gran escala donde
las consecuencias financieras de la
responsabilidad se licúan con los otros
rubros componentes de los programas,
además de estimular la búsqueda de
prácticas elusivas tendientes a mitigar los
riesgos.
En definitiva, no hubo en el Uruguay
–hasta ahora- una evolución legislativa
de la responsabilidad que acompasara
los profundos cambios originados en la
actividad de proyección y construcción
de edificios, producto del avance
tecnológico y científico de los últimos
150 años.
Hace años que la Asociación de
Promotores Privados de la Construcción
del Uruguay (APPCU) y la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay (SAU) se vienen
ocupando del tema.
De diferentes formas y en distintos
momentos, cada una de las gremiales
hizo su aporte para la actualización
de una legislación que se presentaba
anacrónica e inadecuada para contener
los actos y hechos relacionados con
el fenómeno de la construcción que
pretendía regular.
En ese sentido, fue muy importante el
ámbito interinstitucional convocado por
APPCU en el año 1996, en el cual quien
esto escribe participó en representación
de la Facultad de Arquitectura. El
trabajo de esa comisión multisectorial
se prolongó durante meses, con un
régimen de sesiones plenarias periódicas
y culminó con un proyecto de ley
que fue presentado a la Cámara de
Representantes. Sin embargo, en tanto el
Instituto de Derecho Civil de la Facultad
de Derecho se pronunció en contra de la
reforma planteada, el mismo nunca llegó
a ser considerado. 1
En el año 2015 la Comisión de
Responsabilidad Profesional de SAU 2
retoma el tema, elaborando un proyecto
menos extenso que focalizaba en los
aspectos más críticos del régimen y
que pretendía superar las objeciones
planteadas veinte años atrás. Se
intentaba modificar lo menos posible
37

LABORAL
38
el Código Civil, reconociéndole su
funcionamiento sistémico, sin agregar
una ley complementaria sino efectuando
la modificación del propio artículo 1844.
SAU presentó su proyecto a APPCU
explicitando su estrategia, y luego de
incorporarse una serie de agregados
propuestos por la gremial de promotores
–la cual también venía trabajando en
el tema- se convirtió en un Proyecto
armonizado SAU-APPCU.
Desde un principio quedó claro para
ambas gremiales, que no se trataba de
una iniciativa que pretendiera despojar
a los agentes de la construcción de
sus responsabilidades inherentes a su
participación en la obra, sino situarlas
en un punto de equilibrio con la
responsabilidad de otros agentes sociales
que desempeñan actividades de igual
o mayor riesgo en el país. Y ese punto
de equilibrio implicaba mantener
toda la severidad del régimen –entre
ellas la garantía por diez años- para las
afectaciones graves, lo que nunca estuvo
en discusión.
Ya en el proceso parlamentario, y a
solicitud de la Comisión de Constitución
y Legislación de la Cámara de Senadores,
se convocó a los Institutos de Derecho
Civil de las Facultades de Derecho que
funcionan en el país. Ello trajo como
resultado la formación de un ámbito
muy calificado de análisis y critica del
proyecto, coordinado por el Prof. Dr.
Carlos De Cores, en cuyo proceso se
organizó y celebró una intensa y muy
concurrida Jornada en la Universidad
Católica del Uruguay, a la cual fueron
convocadas y participaron asimismo
la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de la
República y la Facultad de Arquitectura
de la Universidad ORT, quienes desde un
principio dieron su apoyo a la iniciativa
de reforma. También el Centro de
Relaciones de Consumo de la Facultad de
Derecho de la UdelaR estuvo presente e
hizo su aporte, legitimando el proyecto
desde su área específica.
De esa jornada surgieron ajustes al
proyecto, que luego se completaron
con otros agregados y supresiones
efectuados durante el resto de su periplo
parlamentario.
En esta oportunidad se entiende
pertinente mencionar tres aspectos
fundamentales de la reforma: 1)
la diversificación de los plazos de
garantía, 2) el acortamiento del plazo
de prescripción de la acción, y 3) la
derogación expresa de los artículos 35 y
36 de la Ley 1816 de 1885.
Respecto del punto 1), el proyecto
aprobado dispone tres plazos (de diez,
cinco y dos años), cada uno de ellos
previstos para distintas situaciones.
El de diez años permanece para
las afectaciones que pueden llamarse
graves, lo que en la terminología
anterior se denominaba la “ruina del
edificio”. La nueva formulación prevé
las hipótesis de defectos o vicios que
afecten la estabilidad o solidez, lo
hagan impropio para el uso pactado o
para el que normalmente se destina.
Estos últimos conceptos, se asimilan a
lo que en el régimen anterior, doctrina
y jurisprudencia encuadraban en el
concepto de “ruina funcional”.
Luego, el plazo de cinco años queda
reservado a todos los otros defectos y
vicios que no entren en las categorías de
afectación a la estabilidad o solidez, o que
lo hagan impropio para el uso pactado o
al que normalmente se le destina.
Finalmente, el plazo de dos años
rige para aquellos defectos o vicios que
solo afecten elementos de terminación y
acabado de las obras.
Respecto del punto 2), el proyecto
aprobado reduce significativamente
el extenso plazo de prescripción de
veinte años, situándolo a partir de
ahora en cuatro años. En relación a ello,
en la citada exposición de motivos se
expresaba que al hacerse aparente la
afectación, empieza a correr el plazo de
prescripción para plantear el reclamo, el
cual se sitúa en cuatro años desde que la
afectación se hace aparente (“...una vez
nacida la acción por haberse manifestado
el vicio, prescribe a los cuatro años...”),
lo que se consideró un período suficiente
para evaluar, meditar, y en su caso,
decidir institucionalizar un reclamo para
quien considere que debe efectuarlo,
disminuyendo el excesivo plazo de veinte
años, que mantiene una injustificada
espada de Damocles durante dos décadas
sobre los agentes de la construcción, con
todas las incertidumbres que ello genera.
Por último, respecto de la derogación
de los artículos 35 y 36 de la ley 1816
del año 1885 (punto 3), el primero de
ellos había extendido el severo régimen
de responsabilidad del artículo 1844
del C. Civil, a los meros “defectos que
en la obra se noten”, lo que determina
situaciones donde se daban las mayores
inequidades, a pesar de lo cual siendo
derecho positivo la jurisprudencia se
veía en la obligación de aplicarlo. Su
derogación se imponía, en tanto los
defectos de esa naturaleza quedaban
contemplados en el inciso segundo
de la redacción propuesta. El artículo
36 refería a una responsabilidad por
derrumbes, que ya estaba y se mantiene
subsumida en el inciso primero del
artículo 1844 por lo que no tenía sentido
que se mantuviera vigente.
Ya habrá oportunidad de desarrollar
estos y otros temas de la reforma, que
requerirán del trabajo interpretativo
de la doctrina y la jurisprudencia.
Por otro lado, hay temas que pueden
requerir una explicitación, que pueden
hacer aconsejable una reglamentación
facilitadora de su aplicación. A su vez, en
un futuro se debería retomar el análisis
de aspectos que estaban en el proyecto
original y que quedaron por el camino,
como ser la posibilidad de formular
acuerdos exoneratorios bajo ciertas
circunstancias.
Por último, se debe felicitar la
encomiable labor de SAU y APPCU en
tanto han sabido equilibrar la defensa
de sus respectivos colectivos, con su
rol de organizaciones comprometidas
con el bienestar de la sociedad en
general, logrando una mejora sustantiva
del marco jurídico que regula la
responsabilidad, sin que ello implique
rehuir aquéllas que les son propias a sus
integrantes, obteniendo un justo balance
con el interés social general.
NOTAS
1. Cámara de Representantes, Comisión de
Constitución, Códigos, Legislación General y
Administración.
2. Integrada por los Arquitectos Duilio Amándola,
Eduardo Arralde, Néstor Cubría y el Dr. Carlos
Castro Casas.
• Parte de los contenidos de este artículo han
sido extraídos de la Exposición de Motivos
redactada por el autor para el proyecto del ley
original, y de su ponencia “Diversificación de los
plazos” presentada en la Jornada sobre Responsabilidad
Decenal desarrollada en la Universidad
Católica del Uruguay en agosto de 2017.

GESTION
La vivienda a estrenar
y el crédito hipotecario, los
grandes ganadores de 2018
Por Federico Comesaña
Socio y Director de Briq Analytics
40
Cuando se analizan los grandes números del último año, hay
una conclusión que es inevitable: el mercado inmobiliario uruguayo
se enfrió a partir del segundo trimestre del año pasado.
Sin embargo, hay dos rubros dentro del mercado que mantienen
un importante dinamismo y que en cierta medida, ayudan a
que la caída de la actividad en compraventas no haya sido tan
pronunciada. Se trata del crédito hipotecario y de la vivienda a
estrenar, ambos muy ligados entre sí.
Empecemos por el panorama completo. Los indicadores
tempranos de actividad de BRIQ Analytics alertaron en abril
un cambio en la tendencia del mercado inmobiliario, que se
recuperaba a buen ritmo desde la última vez que tocó fondo a
finales de 2016.
El principal elemento que llevó al revés de la actividad en el
segundo trimestre del año pasado fue la suba del dólar, que hirió
profundamente la capacidad de los hogares uruguayos para
acceder a un inmueble.
En un mercado de compraventas dolarizado como el uruguayo,
un ajuste al alza del tipo de cambio como el que tuvo lugar
en abril opera del siguiente modo: a un precio dado en dólares,
los hogares reducen su capacidad de adquirir un inmueble
porque sus ingresos están en pesos, los pesos compran menos
dólares y por lo tanto, menos ladrillos. Si el mercado se arbitrara
de forma rápida y obedeciera a sus fundamentos de largo plazo,
los propietarios rápidamente bajarían los precios en dólares y el
mercado fluiría con normalidad.
Pero esto no es lo que sucede en el mercado uruguayo.
Comprar un inmueble es una decisión vinculada al ingreso,

GESTION
porque es el ingreso el que determina la
capacidad de ahorro de un hogar y lo que
puede destinar, eventualmente, a pagar
un préstamo hipotecario. Pero la venta de
un inmueble es una decisión patrimonial
y los uruguayos –lamentablemente–
tienen una percepción de su patrimonio
asociada a la moneda estadounidense.
Este desfasaje genera problemas en los
momentos en los que el dólar se dispara.
Porque a pesar de que la demanda no
esté dispuesta a comprar –o no esté en
condiciones de hacerlo– a los precios en
dólares del momento, los propietarios
son reticentes a bajarlos, porque no están
dispuestos a perder patrimonio.
¿Cómo se salda este dilema? Con
una caída de la actividad. Si bien los
propietarios mantienen sus inmuebles
publicados, virtualmente se encuentran
por fuera del mercado. Ilustremos esta
cuestión con un ejemplo concreto. Para
cumplir los requisitos estándares que
piden los bancos para acceder a un
préstamo a 25 años con una tasa del 7%
anual en UI, que le permita a un hogar
adquirir el inmueble medio que había
publicado en los portales clasificados en
marzo, necesitaba un ingreso mínimo
de $ 103.400. Seis meses después, para
acceder al inmueble medio de ese
momento, necesitaba $ 118.100. Eso
redujo sustancialmente la demanda
potencial en el mercado de vivienda.
Mientras tanto, ¿qué hicieron los
propietarios con los precios? Los
congelaron. Entre abril y setiembre los
precios de oferta de los inmuebles se
mantuvieron completamente estancados
(+0,1%) y desde entonces bajaron apenas
0,6%.
Pero hay dos segmentos que
mantuvieron un importante dinamismo
y que van muy de la mano. Por un lado, el
crédito hipotecario y por otro, la vivienda
a estrenar.
Si comparamos procesos devaluatorios
y su impacto en el mercado inmobiliario,
el de 2018 tuvo un impacto muy acotado
sobre la actividad del sector. A mediados
de 2015 y durante 2016, la caída fue
más pronunciada, incluso si se tiene
en cuenta otros elementos que también
pegaban sobre el mercado, como el parate
en el ingreso de capitales para el sector
provenientes de Argentina.
En 2018, el crédito hipotecario no
se enteró de la caída de la actividad.
La cantidad de hipotecas concedidas
durante el último trimestre del año creció
12% respecto a igual período del año
pasado, ajeno al retroceso de 12% en la
recaudación de ITP medida en UI en el
trimestre agosto-octubre.
La clave está en la obra nueva y en
particular, el segmento de vivienda
apuntada a un mercado de ingresos
medio-altos en el límite que establece
el régimen de Vivienda Promovida.
La alianza entre bancos y proyectistas
permitieron mantener el dinamismo de
la vivienda a estrenar, donde a diferencia
de la vivienda usada, los precios bajaron
y se acomodaron a la nueva capacidad
de compra de los hogares uruguayos.
Y cuando no lo hicieron, compensaron
esa diferencia con acuerdos de
financiamiento preferenciales que en los
hechos, facilitaban la adquisición.
En un escenario como el actual,
la vivienda a estrenar tiene mejores
condiciones para competir dentro
del mercado por una demanda más
restringida en sus bolsillos, más
pesimista respecto al porvenir de la
economía –aunque con relativa confianza
en la estabilidad de sus finanzas
personales– pero sobre todo, más
informada.
Los números de BRIQ Analytics
muestran un importante dinamismo en
este segmento y esa es una buena noticia
no solo para los promotores de proyectos
sino además para el mercado en su
conjunto. Porque la vivienda a estrenar
está permitiendo compensar la caída del
sector en su conjunto y facilita el ajuste de
precios, muy difícil de procesar por parte
de los propietarios de vivienda usada.
42

Expo Real Estate
Punta del Este
EL PRINCIPAL ENCUENTRO DE NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS DE
LATINOAMÉRICA DESEMBARCÓ EN EL HOTEL ENJOY PUNTA DEL ESTE LOS DÍAS 8 Y 9
DE ENERO Y APPCU FUE PATROCINADOR OFICIAL CON UN ROL PROTAGÓNICO EN LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.
Expo Real Estate Punta del Este 2019 fue ambiente propicio para que los visitantes
conozcan en detalle las ofertas del sector y evalúen las distintas alternativas que presenta
cada empresa, encontrando los mejores proyectos de inversión.
Todos los espacios y actividades están destinados a incentivar las inversiones inmobiliarias,
potenciar los negocios, el networking y reunir por única vez en el año a todo el
mercado en un solo lugar.
APPCU fue el patrocinador oficial y el evento contó con el apoyo de otras instituciones
públicas y privadas que se sumaron a esta iniciativa.
Expo Real Estate Punta del Este 2019 es una realización de GRUPO S&G, empresa líder
en servicios de conocimiento y networking en Real Estate que tiene más de 18 años en el
mercado, realiza congresos, seminarios y exposiciones internacionales más importantes de
Latinoamérica, que son citas obligadas y puntos
de encuentro de todo el mercado de Perú, México,
Colombia, Chile, Argentina y Miami.
El acto inaugural contó con la presencia la
ministra de Turismo, Lilián Kechichian, del
Intendente de Maldonado Enrique Antía, el Presidente
de Grupo S&G, Silvano Geler y el Presidente
de APPCU Daniel Zulamian siendo la ocasión
propicia para que en representación de APPCU
su gerente ejecutivo Anibal Durán realizara un
reconocimiento al contador Enrique Iglesias por
ser una personalidad uruguaya destacada a nivel
mundial.
Cr.Enrique Iglesias, Dr.Daniel Zulamián
En lo referente a la exposición, además de los stands, se destinó un sector abierto donde
se realizaron acciones y charlas relacionadas a distintos negocios y actividades. Asimismo,
el evento contó con simposios de expertos internacionales que trataron temas que van
desde cómo hacer fortuna en inversiones hoteleras, pasando por la utilización de las nuevas

LABORAL
46
tecnologías y plataformas digitales para la promoción
de los emprendimientos
Eric Trump
El tercer hijo de Donald Trump participó en la
inauguración de la feria Expo Real Estate Punta
del Este y estuvo en el stand que la torre tenía en
el evento. Por la noche, fue anfitrión de una recepción
exclusiva para compradores e inversores del
emprendimiento. “Estamos orgullosos de llevar
a cabo este proyecto, desde un primer momento
quisimos construir una torre que sea única en
toda Sudamérica y en el mundo y lo logramos.
Estamos muy entusiasmados de estar transitando
la etapa final”, indicó Eric Trump al hablar ante
los invitados. La torre será de 51.000 m2, con 24
pisos y un total de 157 apartamentos y demandará
una inversión de 100 millones de dólares.
Confianza
Enrique Antía, en el acto de inauguración de
la Expo Real Estate Punta del Este, remarcó que la
confianza en nuestro país es algo que lo enorgullece
y que no es casual la presencia de tantos
empresarios en Maldonado, donde nuevamente la
construcción se está reactivando. El intendente
agradeció la confianza en nuestro país y sostuvo
que en el departamento están aprobados más de
1.100.000 metros cuadrados de construcción. Por
su parte la Ministra de Turismo, Liliam Kechichian
destacó que desde el gobierno nacional
también se trabaja con los gobiernos departamentales
para poder cristalizar estas importantes
inversiones.
Intendente de Maldonado Ing.Agr.Enrique Antía, Senador Dr.Pablo Mieres,
Presidente de APPCU Dr.Daniel Zulamián, Intendente de Colonia Dr.Carlos
Moreira, y Gerente Ejecutivo de APPCU, Aníbal Durán
COMENTARIOS
Evaluación de la temporada esteña por Andrés Jafif, Alcalde de Punta del Este
Hace años que Punta del Este tiene temporadas con muchos propietarios, argentinos
en su mayoría, muchos uruguayos que han invertido estos últimos años en la zona,
paraguayos que siguen manteniendo sus propiedades y visitantes extranjeros de otras
latitudes.
En esta temporada 2018/19 ha habido una baja real de aproximadamente un 30% de
consumo y público.
Este panorama se percibía desde junio 2018, teniendo en cuenta la situación del dólar
en Argentina. A partir de noviembre de 2018 se pudo ser más optimista en tener una
temporada más positiva.
En el mercado inmobiliario, los alquileres de primer nivel
fueron como siempre concretados en la primera quincena
del mes de enero. Las operaciones se concretaron en su
mayoría por portales inmobiliarios, quienes han desplazado
a las inmobiliarias. Ha habido muchos alquileres
directos. Sólo un 15% fue realizado por el sector formal.
La segunda quincena de enero se caracterizó por menos
solicitudes de alquiler, desde hace muchos años, el futuro
inquilino viene en el mismo momento a concretar el alquiler,
dado que sabe que habrá una oferta importante.
En esta temporada 2018/19 se han comenzado a comercializar aproximadamente 32
proyectos de edificios nuevos, con diferente suceso. Otros, de no tener éxito en ventas
será muy difícil que puedan comenzar.
La venta de apartamentos usados ha bajado aproximadamente entre un 25y un 30%.
Ha comprado quien lo ha visto como una oportunidad y realmente quiere, y puede
tener y mantener una propiedad en Punta del Este.
En cuanto a los locales comerciales en las mejores ubicaciones y calles laterales de la
Península, se han alquilado bajando su precio aproximadamente un 10%.

Salesforce
Transit Center
LA ESPECTACULAR TERMINAL DE ÓMNIBUS
QUE HIZO EL ESTUDIO PELLI CLARKE PELLI Y
QUE DIRIGE EL ARQUITECTOS CÉSAR PELLI
CON 91 AÑOS, ROMPIÓ CON EL PARADIGMA
DEL DISEÑO EN ALTURA, LA CARACTERÍSTICA
MÁS NOTABLE DE LAS REALIZACIONES DEL
GENIAL ARQUITECTO ARGENTINO.
La página web de Pelli Clarke Pelli Architects
describe a Salesforce Transit Center como una
estación de tránsito multimodal con tecnología de
punta en el centro de San Francisco, que conecta
11 sistemas de tránsito y a la ciudad con la región,
el estado y la nación. El diseño innovador y
altamente sostenible incluye un
parque en la azotea de 2,2
hectáreas.
El nuevo Transit Center se
extiende por cinco cuadras
a lo largo de Mission Street,
una cuadra al sur del distrito
financiero de la ciudad. Una
pared suavemente ondulada,
flotando sobre la calle, es visible
desde lejos, creando
una imagen elegante,
luminosa y acogedo-

a. A nivel de la calle, las tiendas y cafés atraen a los visitantes y
energizan el vecindario circundante, mientras que en lo alto, los
árboles y las flores del parque de la azotea invitan a las personas
a regocijarse con el entorno.
El gran secreto de Pelli siempre fue el de saber vestir sus edificios
con pieles singulares.
El edificio que acaba de inaugurarse en San Francisco no es una
excepción y el Estudio Pelli Clarcke Pelli Architects revistió
los 500 metros del edificio con un muro ondulante de aluminio
perforado blanco.
Los 3.992 paneles cuentan con un patrón geométrico repetitivo
basado en variaciones del rombo desarrolladas por el físico inglés
Sir Roger Penrose en la década de 1970.
Pero el corazón del diseño del Centro de Tránsito es el parque
en la azotea. Naturaleza densa, con más de una docena de puntos

de entrada, que pueden incluir puentes a los edificios circundantes.
Los usos activos y pasivos se entrelazan en el paisaje, incluidos un anfiteatro
para 1.000 personas, cafés y un parque infantil, así como áreas tranquilas para leer,
hacer picnic o simplemente tomar un descanso. El parque presenta una amplia
variedad de flora típica de la bahía, desde robles hasta plantas de pantanos.
El parque es un símbolo del considerable compromiso de Salesforce Transit Center
con la calidad ambiental y la sostenibilidad. Se proyecta que el consumo anual
de energía del edificio sea hasta un 25% más bajo que los estándares exigidos en
Eficiencia Energética y el proyecto está en camino de recibir una certificación Gold
según el sistema de calificación LEED.
Dentro del edificio, el espacio se muestra abierto y lleno de luz gracias a altos y

Línea de tiempo del proyecto
Verano 2010
Demolición de la
Terminal Transbay
expresivos tragaluces.
Primavera 2018
Fase 1a. Plaza de
autobuses de primer
nivel
“La columna de luz” más grande (foto) forma
el elemento central del gran hall y tiene 36
metros de altura y conecta visualmente con los
cuatro niveles hasta ahora proyectados y dos por
debajo que se prevé su inicio para 2020.
La Autoridad de Poderes Conjuntos Transbay,
la entidad pública encargada de implementar el
proyecto Salesforce, ha encargado cuatro obras
de arte principales que están integradas con el
diseño del Centro de Tránsito. Actualmente en
desarrollo, cada pieza surge de una estrecha
colaboración entre los artistas y Pelli Clarke Pelli
Architects, borrando la línea entre el arte y la
arquitectura y haciendo que ambos sean más
accesibles para el público en general.
Verano 2018
Fase 1b. cubierta de
autobuses de tercer
nivel, parque de la
azotea
2019
2020 - 2025
Fase 1c. Venta al por Fase 2. Bajo tierra,
menor de segundo nivel, servicio ferroviario.
espacios de oficinas
PELLI, QUE HOY
TIENE 91 AÑOS, ES
EL ARQUITECTO
ARGENTINO MÁS
CONOCIDO DEL
MUNDO. SU FAMA
ALCANZÓ EL MÁXIMO
NIVEL CUANDO
CONSTRUYÓ LAS
TORRES PETRONAS EN
KUALA LUMPUR EN LA
CAPITAL DE MALASIA.
ESTAS TORRES
GEMELAS FUERON LAS
MÁS ALTAS DEL MUNDO
DURANTE 5 AÑOS,
ENTRE 1998 Y 2003.
EN ESE ENTONCES,
PELLI YA LLEVABA
VARIAS DÉCADAS
EN EE.UU Y HABÍA
CONSTRUIDO UNA
BUENA CANTIDAD
DE EDIFICIOS
MEMORABLES, TODAS
TORRES DE CRISTAL DE
FORMAS ATRAYENTES
Y RECONOCIBLES EN
LA TRAMA URBANA
POR SU EXPRESIVA
VANGUARDIA.

Dra. María L. Saldún de Rodríguez 2383
Teléfono:2601 4155 - www.mc3.com.uy

01
Servicios fuera de obra
1.1 Asesorías y Consultorías / 1.2 Sistema Financiero / 1.3 Gestión Inmobiliaria
1.4 Publicidad / 1.5 Estudios de Arquitectura e Ingeniería / 1.6 Empresas Constructoras
1.3 Ananikian Negocios Inmobiliarios Wilder Ananikian José Ellauri 453 - 2711 7266 info@ananikian.com
02
Servicios en el sitio
2.1 Demolición, Pilotes, Excavación / 2.2 Movimientos de tierras / 2.3 Riego y drenaje
2.4 Insumos para obradores / 2.5 Máquinas y herramientas / 2.6 Trabajos en altura
2.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo G. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
2.1 Pilotes Victor Maia Clerc Avda. Uruguay 1562 EP - 2400.0129 info@pilotesvictor.com.uy - www.pilotesvictor.com.uy
2.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo G. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
2.2 Tramec S.A. Sandro Mazzolli I. de María 51-P. Carrasco-2604.5129 tramec@adinet.com.uy
2.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy
2.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
2.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
2.4 Cerámicas Castro Guzmán Castro Barros Arana 5510 - 5211.5575 guzmancastro@ceramicascastro.com
2.4 Pergol Maquinaria S.A. Ruben Pérez / Juan P. Pérez Vilardebó 1333 - 2209.1414 pergol@multi.com.uy - ggimenez@pergol.com.uy
2.4 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com
2.5 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy
2.5 Pergol Maquinaria S.A. Ruben Pérez / Juan P. Pérez Vilardebó 1333 - 2209.1414 pergol@multi.com.uy - ggimenez@pergol.com.uy
2.5 Tecnoandamio Nicolás López 12 de Octubre 5615 - 2513.2020 tecnoandamio@tecnoandamio.com
2.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
2.6 Vertical-Ind. Rope Access Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy
2.6 Vértice-Soluciones en Altura Arq. Mauricio Sosa Vilardebó 2174 - 2208.6126 info@vertice.net.uy - www.vertice.net.uy
03 Hormigón
3.1 Portland, acero y agregados / 3.2 Accesorios y aditivos / 3.3 Encofrados
3.4 Hormigón pre-mezclado / 3.5 Hormigón pre-moldeado / 3.6 Corte, doblado y armado de barras
3.1 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@hartigas.com.uy
3.1 Cementos del Plata S.A. Cr. Roger Apoj Cno Boiso Lanza y Vigía - 2227.2842/4 clientes@cemplata.com.uy - www.cemplata.com.uy
3.1 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com
3.1 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com
3.2 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
3.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
3.3 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy
Catálogo de Proveedores
3.4 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@cartigas.com.uy
3.4 Concrexur S.A. Cr. Morgan Martínez Ipar Paso de la Española 5200 - 2222.4939 ventas@concrexur.com.uy - concrexur@concrexur.com
3.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
3.4 Hormigones Uruguay Ignacio Daguerre Br. España 2683 ap 502 - 2708.9102 / 42252020 www.hormigonesuruguay.com
3.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
3.6 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com
04 Albañilería
4.1 Canteras de extracción / 4.2 Revoques y morteros / 4.3 Construcción en seco
4.4 Bloques modulados / 4.5 Ladrilleras / 4.6 Restauración y limpieza
4.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
4.3 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 -2200.0845 jaime@barracaparana.com
4.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
4.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
4.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
4.6 Vertical-Ind. Rope Access S.A. Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy
4.6 Vértice - Soluciones en Altura Arq. Mauricio Sosa Vilardebó 2174 - 2208.6126 info@vertice.net.uy - www.vertice.net.uy

05 Metales
5.1 Aleaciones / 5.2 Hierro fundido / 5.3 Tratamiento de metales
5.4 Metalúrgicas / 5.5 Estructuras metálicas
06
Maderas y plásticos
6.1 Barracas de maderas / 6.2 Tratamnientos para la madera / 6.3 Molduras
6.4 Laminados plásticos / 6.5 Fibra de vidrio / 6.6 Epoxis
6.1 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
6.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
6.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
6.2 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 milesi@enko.com.uy
6.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
6.4 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
07 Barreras
7.1 Impermeabilizantes / 7.2 Sobretechos y tejas / 7.3 Sellado y pegado
7.4 Aislantes térmicos y acústicos / 7.5 Barreras ignífugas
7.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
7.1 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
7.1 Pranafil S.A. Arq. Gabriel Sztryk Ciudadela 1178 - 2903.0529 hidrotec@adinet.com.uy
7.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.2 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.3 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
7.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
7.4 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
7.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
08 Cerramientos
8.1 Metálicos, Madera, PVC / 8.2 Cristales y Policarbonatos / 8.3 Herrajes, Cerrajerías
8.4 Muro cortina / 8.5 Automatismos / 8.6 Carpintería de obra
8.1 Alumex Pascual Cetraro Barros Arana 5415 - 2511.5075 alumex@alumex.com.uy - www.alumex.com.uy
8.1 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
8.1 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
8.1 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeenda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy
Catálogo de Proveedores
8.2 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.3 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.3 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.4 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
8.4 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.4 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 24870707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2209.2424 ventas@enko.com.uy
8.6 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy
09
Revestimientos y Terminaciones
9.1 Cerámicos, Cementicios / 9.2 Madera, Piedra, Yeso / 9.3 Metálicos
9.4 Plásticos y Epoxis / 9.5 Textiles / 9.6 Revestimientos texturados y pinturas
9.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
9.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
9.1 Cerámicas Castro Guzmán Castro Barros Arana 5510 - 2511.5575 guzmancastro@ceramicascastro.com
9.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com

9.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
9.3 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
9.3 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
9.4 Sika Uruguay S.A. Santiago Vidart Av. José Belloni 5514 - 2220.2227 www.sika.com.uy - sika.informa@uy.sika.com
9.5 Kalpakian Olga Mathó Av. L. A. de Herrera 1248 T. 3 of. 267 - 2628.0850 omatho@kalpakian.com
9.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
9.6 Bikova S.A. Juan Carlos Martínez L. A. de Herrera 1248 - 2628.6194 bikova@adinet.com.uy
9.6 Pinturas INCA S.A. Alejandro García de Zuñiga Carlos A. López 7897 - 2320.0891 alejandro.garciadezuniga@akzonobel.com
9.6 Sika Uruguay S.A. Santiago Vidart Av. José Belloni 5514 - 2220.2227 www.sika.com.uy - sika.informa@uy.sika.com
9.6 Suvinil Uruguay Jorge Castro Rio Negro 1617 - 2902.2606 koke@goldfarb.com.uy
10 Equipamiento
10.1 Industrial, Comercial / 10.2 Enseñanza, Cines, Teatros / 10.3 Hospitalario, Gastronómico
10.4 Informático / 10.5 Lavaderos / 10.6 Exteriores
Equipamiento para el hogar
11 11.1 Baños y cocinas / 11.2 Amoblamiento / 11.3 Electrodomésticos
11.4 TV Digital / 11.5 Tapicería y cortinados / 11.6 Decoración de interiores
11.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
11.1 Cerámicas Castro Guzmán Castro Barros Arana 5510 - 2511.5575 guzmancastro@ceramicascastro.com
11.2 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
11.2 Cerámicas Castro Guzmán Castro Barros Arana 5510 - 2511.5575 guzmancastro@ceramicascastro.com
11.3 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy
11.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
11.6 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
12
Construcciones especiales
12.1 Prefabricados / 12.2 Piscinas y saunas / 12.3 Cámaras Frías
12.4 Estructuras / 12.5 Techos Livianos
12.1 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
12.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
12.5 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
13
Equipamiento mecánico/térmico
13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción
13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores
13.1 Adamoli S.A. Ing. Juan Pablo Rios Daniel Muñoz 2117 - 2408.2655 info@adamoli.com.uy - www.adamoli.com.uy
13.1 Ascensores Otis del Uruguay Felipe Herrera Colonia 1972 - 2400.7144 otis.uruguay@otis.com - www.otis.com
Catálogo de Proveedores
13.1 Ascensores Schindler Ing. Eduardo Sellart Edif. Torre Colonia - Colonia 950 - 2901 5594 schindler.tesor@adinet.com.uy
13.4 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy
14
Instalaciones Sanitarias
14.1 Cañerías y accesorios / 14.2 Grifería y valvulería / 14.3 Bombas y accesorios
14.4 Equipamiento sanitario / 14.5 Protección contra el fuego / 14.6 Suministro de gas e insumos
14.1 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayr Gral. Urquiza 2575 - 2481 0530 anilco@anilco.com.uy
14.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy
14.4 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.5 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.6 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.6 Montevideo Gas Vannesa García 25 de Mayo 702 - 2901.7454 mbusquet@montevideogas.com.uy
14.6 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayer Gral. Urquiza 2575 - 2481.0530 anilco@anilco.com.uy
15
Instalaciones Eléctricas
15.1 Generación alta y baja / 15.2 Materiales / 15.3 Iluminación
15.4 Comunicación y seguridad / 15.5 Instaladores / 15.6 Edificios inteligentes
15.2 Vivion S.A. Ana Barragan Ejido 1690 - 2902.0314 abarragan@vivionelectric.com
Para figurar en el Catálogo de Proveedores de APPCU es necesario llenar el formulario de consentimiento que deberá ser solicitado
en secretaria: appcu@appcu.org. Solicitamos a las empresas socias que son proveedoras de Insumos y servicios, que nos hagan
llegar cómo desean figurar en estas páginas, indicando rubro e items. Le recordamos que figurarán sin costo.

INSTITUTO PARA LA CAPACITACION
EN SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION
Capacitaciones con el apoyo de:

INDICE GENERAL / COSTO CONSTRUCCIÓN - GRANDES RUBROS
General Parcial Materiales Mano
de Obra
Leyes
Sociales
Costo
Permisos General Parcial Materiales Mano
de Obra
Leyes
Sociales
Costo
Permisos
ENE / 18 627.60 622.27 495.80 827.38 668.51 397.13
ENE / 18 27941.58 25531.29 16779.76 52060.73 48141.68
FEB / 18 617.72 612.98 489.94 811.39 655.74 397.13 FEB / 18 28338.48 25918.23 16980.46 53086.69 49079.20
MAR / 18 623.79 619.48 497.51 817.78 660.19 397.13 MAR / 18 28216.14 25802.02 17039.02 52470.73 48468.38
ABR / 18 625.52 619.79 490.37 826.61 667.83 397.13 ABR / 18 28294.40 25814.94 16794.49 53037.28 49029.27
MAY / 18 629.48 624.69 500.04 826.84 668.04 397.13 MAY / 18 28473.52 26019.03 17125.67 53052.04 49044.69
JUN / 18 633.63 629.79 510.17 826.83 668.03 419.20 JUN / 18 28661.24 26231.45 17472.61 53038.56 49043.96
JUL / 18 634.77 631.23 512.59 826.88 668.03 419.20 JUL / 18 28712.81 26291.42 17555.49 53054.61 49043.96
AGO / 18 662.67 655.16 514.14 881.45 713.77 419.20 AGO / 18 29974.82 27288.13 17608.58 56555.95 52402.00
SET / 18 666.21 671.51 659.54 881.46 713.78 428.16 SET / 18 30134.94 27470.57 17919.21 56556.59 52402.73
BASE 1999
OCT / 18 668.17 661.98 528.55 881.24 713.87 428.16 OCT/ 18 30223.60 27572.20 18102.10 56542.47 52409.34
NOV / 18 668.53 661.52 527.08 881.24 717.65 428.16 NOV / 18 30239.88 27553.04 18051.75 56542.47 52868.85
DICT / 18 662.41 656.28 525.39 870.29 707.56 428.16 DIC / 18 29963.06 27334.78 17993.87 55839.90 51946.08
BASE 1989
INDICE MEDIO SUBCONTRATOS POR TIPO
BASE DICIEMBRE 1999 = 100 Mayo 89 = 100
Nov 2018 Dic 2018 Nov 2018 Dic 2018
Indice Parcial 661.52 656.28 27553.04 27334.78
Hormigón armado 730.60 722.79 26340.69 26059.11
Albañilería 705.00 698.93 32571.28 32290.85
Carpintería 655.15 664.40 26609.64 26985.34
Herrería 758.60 754.68 32219.49 32053.00
Inst. eléctricas 668.88 664.15 28660.77 28458.10
Inst. sanitarias 674.84 661.38 21949.98 21512.18
Apar. y grifería 517.35 513.38 19392.24 19243.43
Ascensor 432.19 428.99 18849.19 18709.63
Vidrios 679.44 673.82 34019.22 33737.83
Pinturas 835.58 837.25 37387.61 37462.33
INDICE GENERAL COSTO CONSTRUCCIÓN - CRONOLÓGICO
Base Mayo 1989 = 100 / Base Enero 1976 = 100
2015 2016 2017 2018
Enero 21537.88 24197.61 25972.11 27941.58
Febrero 21726.96 24547.26 26279.25 28388.48
Marzo 21744.15 24162.33 26326.29 28216.14
Abril 21890.70 24448.65 26152.59 28294.40
Mayo 22010.57 24598.83 26383.29 28473.52
Junio 22058.52 24561.74 26485.97 28661.24
Julio 22287.40 24544.10 26567.84 28712.89
Agosto 22564.68 24418.35 26617.14 29974.82
Setiem. 22305.95 24443.68 26757.37 30134.94
Octubre 24223.39 24896.01 27961.93 30223.60
Noviembre 24206.20 26034.99 28169.10 30239.88
Diciembre 24016.22 25945.43 27953.34 29963.06
MEDIANERÍA - ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS POR LEY 17.555
Setiembre 2018 Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018
Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ.
Muro de ladrillo de prensa e=25 cm 7.257,54 6.878,61 7263.56 6884.54 7267.26 6888.25 7427.09 7053.33
Muro de ladrillo de campo e = 25 cm 4.771,44 4.427,73 4777.46 4433.66 4781.16 4437.37 4732.80 4397.21
Muro de ladrillo de prensa e=12 cm 3.671,38 3.476,80 3674.39 3479.77 3676.30 3481.68 3754.90 3563.10
Muro de ladrillo de campo e = 12 cm 2.428,33 2.251,36 2431.34 2254.33 2433.25 2256.24 2407.75 2235.04
Muro de ladrillo de prensa una cara vista 4.313,01 4.033,30 4316.08 4036.32 4319.01 4039.26 4382.97 4108.24
Muro de ladrillo de campo una cara vista 3.069,96 2.807,86 3073.03 2810.88 3075.96 2813.82 3035.82 2780.18
Muros de Ticholo 12x25x25 e=12 cm. 1.584,43 1.468,84 1590.83 1475.15 1592.08 1476.40 1575.16 1462.28
Muros de ticholo 12x25x25 e=25 cm. 2.614,64 2.470,68 2628.78 2484.61 2630.21 2486.04 2613.86 2472.88
Elevación mat. de 6 a 15 m. / m3 473,87 410,15 473.87 410.15 474.62 410.90 460.86 399.22
Elevación mat. de 15 a 30 m / m3 758,20 656,24 758.20 656.24 759.39 657.43 737.37 638.75
Andamios de 6 a 30 m de altura /m2 184,40 159,73 184.40 159.73 184.69 160.03 180.10 156.13
Protecciones 6 a 30 m de altura /m2 46,10 39,93 46.10 39.93 46.17 40.01 45.02 39.03
Cim. corrido: H.cicl. 0.40x1 /ml 8.070,37 7.264,21 8085.35 7278.97 8093.74 7287.37 7941.94 7158.56

INDICE POR TIPO Y COMPONENTE
Acumuladas
Acumuladas
Valor Mensual
Variación
mensual
Valor Mensual
2018 Ult. 12
meses 2018 Ult. 12
meses
General 668.53 0.05 8.18 7.35 662.41 -0.92 7.19 7.19
Variación
mensual
General sin impuestos 673.90 0.07 8.19 7.36 667.59 -0.94 7.18 7.18
Parcial 661.52 -0.07 8.03 7.33 656.28 -0.79 7.18 7.18
Parcial sin impuestos 666.95 -0.07 8.02 7.33 661.66 -0.79 7.17 7.17
Materiales 527.08 -0.28 8.07 7.84 -0.06 525.39 -0.32 7.72 7.72 -0.08
Mano de obra 881.24 0.00 8.01 6.78 0.00 870.29 -1.24 6.66 6.66 -0.42
Gastos generales 539.82 0.25 7.88 7.97 0.02 538.42 -0.26 7.60 7.60 -0.02
Impuestos 637.93 -0.07 8.03 7.33 -0.01 632.88 -0.79 7.18 7.18 -0.11
NOVIEMBRE 2018
Leyes sociales 717.65 0.53 8.75 7.44 0.11 707.56 -1.41 7.22 7.22 -0.29
Conexiones definitivas 178.97 0.10 3.85 3.96 0.00 179.19 0.12 3.97 3.97 0.00
Costo de permisos 428.16 0.00 7.89 7.89 0.00 428.16 0.00 7.89 7.89 0.00
DICIEMBRE 2018
EDIFICIO TIPO 1 - TORRE DE 10 PISOS CON ASCENSOR
General 661.52 0.03 8.41 7.62 656.01 -0.83 7.51 7.51
Parcial 652.48 -0.09 8.36 7.69 647.78 -0.72 7.58 7.58
Materiales 517.27 -0.32 9.26 9.01 515.33 -0.38 8.85 8.85
M. de obra 881.66 0.00 7.85 6.67 871.97 -1.10 6.66 6.66
EDIFICIO TIPO 2 -PLANTA BAJA Y TRES PISOS SIN ASCENSOR
General 667.75 0.00 8.97 8.16 661.34 -0.96 7.92 7.92
Parcial 659.99 -0.14 9.04 8.36 654.36 -0.85 8.11 8.11
Materiales 536.56 -0.45 10.72 10.56 534.02 -0.47 10.19 10.19
M. de obra 880.44 0.00 8.08 6.84 869.17 -1.28 6.69 6.69
EDIFICIO TIPO 3 - CONJUNTO DUPLEX EN TIRA
General 679.74 0.08 8.24 7.34 672.86 -1.01 7.14 7.14
Parcial 675.48 -0.04 8.06 7.30 669.63 -0.87 7.13 7.13
Materiales 537.91 -0.22 7.96 7.72 536.64 -0.24 7.70 7.70
M. de obra 882.93 0.00 8.16 6.88 870.58 -1.40 6.65 6.65
EDIFICIO TIPO 4 - CONJUNTO AISLADAS EN PLANTA BAJA
General 673.16 0.10 6.83 5.97 666.48 -0.99 5.77 5.77
Parcial 668.70 -0.02 8.29 5.56 662.97 -0.86 5.38 5.38
Materiales 535.64 -0.14 2.94 2.75 534.63 -0.19 2.74 2.74
M. de obra 877.24 0.00 8.23 6.92 864.65 -1.44 6.68 6.68
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VIVIENDA ESTANDAR VIVIENDA SUNTUARIA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Edificio de 10 pisos, 2 unidades por nivel, un ascensor,
terminaciones de nivel estándar, calefacción por
losa radiante eléctrica, garages en subsuelo
Edificio de 10 pisos, una unidad por nivel, dos ascensores,
terminaciones de nivel superior, calefacción por
losa radiante, garages en subsuelo
Edificio de 7 pisos, 4 unidades por nivel, un ascensor,
terminaciones económicas, cocheras sin techar.
Con las condiciones de la Ley de Vivienda Promovida.
Indice General Valor en m2 en $ Valor m2 en USD Indice General Valor en m2 en $ Valor m2 en USD Indice General Valor en m2 en $ Valor m2 en USD
Enero 2015 127,82 35.716 1.459 128,34 36.709 1.500 128,48 30.349 1.240
Febrero 2015 128,40 35.879 1.455 128,95 36.884 1.496 128,99 30.471 1.236
Marzo 2015 130,13 36.360 1.414 130,99 37.467 1.457 130,53 30.833 1.199
Abril 2015 131,93 36.800 1.393 132,94 37.946 1.436 132,10 31.156 1.179
Mayo 2015 132,76 37.097 1.382 133,79 38.268 1.426 132,82 31.373 1.169
Junio 2015 133,04 37.175 1.373 134,14 38.369 1.417 132,95 31.403 1.160
Julio 2015 135,49 37.860 1.327 137,02 39.192 1.374 135,14 31.921 1.119
Agosto 2015 136.02 38.006 1.329 137.56 39.348 1.376 135.71 32.056 1.121
Setiembre 2015 137.09 38.306 1.315 138.81 39.704 1.363 136.70 32.290 1.109
Octubre 2015 147.20 41.130 1.398 148.49 42.475 1.444 147.17 34.763 1.182
Noviembre 2015 147.66 41.258 1.392 149.01 42.623 1.438 147.62 34.869 1.176
Diciembre 2015 148.31 41.440 1.384 149.76 42.836 1.430 148.22 35.012 1.169
Enero 2016 150.84 42.147 1.356 152.56 43.639 1.404 150.53 35.557 1.144
Febrero 2016 153.28 42.829 1.324 155.39 44.448 1.374 152.78 36.088 1.116
Marzo 2016 152.64 42.652 1.344 154.71 44.254 1.394 152.22 35.955 1.133
Abril 2016 152.74 42.678 1.353 154.70 44.251 1.403 152.50 36.021 1.142
Mayo 2016 151.55 42.347 1.375 153.31 43.854 1.424 151.46 35.776 1.162
Junio 2016 151.51 42.335 1.383 153.21 43.823 1.431 151.45 35.774 1.168
Julio 2016 150.40 42.025 1.410 151.80 43.420 1.456 150.46 35.539 1.192
Agosto 2016 149.33 41.725 1.446 150.47 43.041 1.492 149.63 35.343 1.225
Setiembre 2016 148.82 41.582 1.462 149.83 42.857 1.507 149.21 35.246 1.239
Octubre 2016 157.02 43.874 1.548 157.43 45.031 1.589 157.96 37.311 1.317
Noviembre 2016 158.18 44.200 1.523 158.77 45.415 1.565 158.96 37.548 1.294
Diciembre 2016 158.51 44.290 1.510 159.20 45.537 1.552 159.21 37.606 1.282
Enero 2017 157.61 44.040 1.559 157.92 45.172 1.599 158.63 37.471 1.327
Febrero 2017 158.18 44.200 1.548 158.58 45.359 1.589 159.13 37.589 1.317
Marzo 2017 158.41 44.264 1.551 158.78 45.417 1.591 159.35 37.641 1.319
Abril 2017 158.25 44.219 1.572 158.70 45.395 1.614 159.16 37.595 1.337
Mayo 2017 159.08 44.450 1.571 159.56 45.640 1.613 160.01 37.796 1.336
Junio 2017 159.45 44.554 1.564 159.98 45.762 1.606 160.36 37.879 1.329
INDICE APPCU INCLUYE: Costos directos e indirectos de obra y Leyes Sociales. NO INCLUYE: Incidencia del terreno, honorarios profesionales, gastos administrativos, impuestos nacionales ni tributos municipales

EMPRESA DEL GRUPO
CEMEN TOS DE L PL ATA S. A.
VIVIENDA ESTANDAR VIVIENDA SUNTUARIA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Edificio de 10 pisos, 2 unidades por nivel, un ascensor,
terminaciones de nivel estándar, calefacción por
losa radiante eléctrica, garages en subsuelo
Edificio de 10 pisos, una unidad por nivel, dos ascensores,
terminaciones de nivel superior, calefacción por
losa radiante, garages en subsuelo
Edificio de 7 pisos, 4 unidades por nivel, un ascensor,
terminaciones económicas, cocheras sin techar.
Con las condiciones de la Ley de Vivienda Promovida.
Indice General Valor en m2 en $ Valor m2 en USD Indice General Valor en m2 en $ Valor m2 en USD Indice General Valor en m2 en $ Valor m2 en USD
Julio 2017 159.42 44.546 1.577 159.85 45.724 1.618 160.34 37.875 1.341
Agosto 2017 160.51 44.849 1.555 161.21 46.112 1.598 161.37 38.118 1.321
Setiembre 2017 160.59 44.873 1.548 161.32 46.143 1.592 161.42 38.130 1.316
Octubre 2017 167.55 46.816 1.605 168.52 48.204 1.652 168.84 39.882 1.367
Noviembre 2017 167.35 46.762 1.613 168.26 48.130 1.660 168.70 39.849 1.375
Diciembre 2017 167.02 46.668 1.620 167.89 48.022 1.667 168.39 39.776 1.381
Enero 2018 167.57 46.822 1.648 168.18 48.106 1.693 169.17 39.960 1.406
Febrero 2018 167.92 46.920 1.655 168.51 48.200 1.700 169.57 40.055 1.413
Marzo 2018 168.01 46.946 1.652 168.61 48.228 1.699 169.67 40.078 1.412
Abril 2018 168.62 47.115 1.647 169.29 48.423 1.693 170.20 40.204 1.405
Mayo 2018 173.05 48.354 1.550 174.54 49.926 1.601 174.16 41.138 1.319
Junio 2018 174.10 48.647 1.546 175.72 50.262 1.597 175.30 41.407 1.316
Julio 2018 172.95 48.326 1.582 174.27 49.848 1.632 174.43 41.203 1.349
Agosto 2018 183.08 51.155 1.582 184.84 52.872 1.635 184.53 43.589 1.348
Setiembre 2018 184.69 51.607 1.554 186.71 53.407 1.608 185.99 43.933 1.323
Octubre 2018 184.40 51.525 1.570 186.26 53.278 1.623 185.75 43.875 1.337
Noviembre 2018 183.72 51.335 1.594 185.38 53.027 1.647 185.21 43.749 1.359
Diciembre 2018 184.01 51.417 1.587 185.74 53.130 1.640 185.48 43.812 1.352
Enero 2019 184.93 51,672 1,590 186.62 53,381 1,643 186.43 44,036 1,355
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Setiembre 2019
Octubre 2019
Noviembre 2019
Diciembre 2019
INDICE APPCU INCLUYE: Costos directos e indirectos de obra y Leyes Sociales. NO INCLUYE: Incidencia del terreno, honorarios profesionales, gastos administrativos, impuestos nacionales ni tributos municipales

ASESORIAS PROFESIONALES
BPS: Sr. Radamés Ayala
Financiero: Cr. Alfredo Kaplan
Der. Laboral: Dr. Hebert Machado y Dr. Elbio Paladino.
Der. Civil (Propiedad Horizontal): Prof. Esc. Roque Molla
Inmobiliario: Sr. Julio Villamide.
Calidad: Sra. Alcira Castro.
Medianería: Arq. Julio González
Gestoría: Sra. Adriana Bertelli
Seguridad e Higiene: Técnico Prevencionista Angel Dobrich
PRINCIPALES SERVICIOS
GESTION DE CALIDAD
MEJORA CONTINUA, NORMA ISO 9000 E
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El objetivo de este servicio es caminar junto al asociado frente a las actuales exigencias del
mercado en cuanto a sistemas de calidad.
ASHA
ASESORIA EN SEGURIDAD E HIGIENE DE APPCU
Conformado por un equipo multidisciplinario, dirigido por el Técnico Prevencionista Angel
Dobrich, comprende variadas actividades que conforman un servicio integral.
- Visitas periódicas a obras.
- Elaboración de informes en obra conteniendo las medidas preventivas y correctivas sugeridas
- Capacitación en obra, coordinadas con la empresa acorde a las diferentes etapas de la misma
y/o a requerimiento específico. Para facilitar este cometido APPCU cuenta con AULA MOVIL
totalmente equipada a tal fin.
- Realización de Talleres en materia de Seguridad e Higiene Laboral, atento a un programa
definido de capacitación anual contemplando todos los aspectos involucrados en la realización
de las tareas del sector.
Dentro de las tareas administrativas del servicio: confección de planes de seguridad e higiene
(sin costo para los asociados), investigaciones de accidentes , informes específicos, etc. Presentación
ante el MTSS del libro de obra a solicitud de la empresa.
GESTION
CONTACTO
ENTES AUTÓNOMOS
Póngase en contacto con nuestra secretaría
quien derivará a la persona
en cada organismo para agilizar en
vuestro trámite en:
OSE
UTE
ANTEL
Direc. Nac. de Bomberos
Agencia Nac. de Vivienda
BSE
TODO LO QUE
NECESITA SABER
disponible en www.appcu.com.uy
CONVENIOS APPCU
UTE
Atención personalizada para socios.
Palacio de la Luz - Sra. Virginia Bustillo, tel: 22085972 o 22001352 int. 205 y Sr. Gabriel Paulós int. 207
Of. Comercial Buceo - Avda. Italia 3642, Sra. Lilián Denis, tel: 25088419
Secom
Servicio de compañía con descuento para categoría 3 y exoneración de la matrícula. Sra. Sylvia Nairac, tel: 29030610 int. 1130
Semm
Areas protegida, precios actualizados en la web. Sra. María del C. Bustillo y Sra. Isabel Colmenares, tel: 27112121 int. 306
Medicina Personalizada
Precios actualizados en la página web. Sra. Jenny Cavare, tel. 094308019 / 27070851
Abitab
Servicio de pagos de salarios y jornales, Sra. Claudia Remi, tel.: 29245825 int.517
UNIT
10% descuento en cursos, 25% en venta de normas, 10% en libros, Ing. Pablo Benia, tels.: 29012048 - 29021680
Optica Garese
Descuentos. Sra. Adriana Olivera: tel 099594207
ORT - Facultad de Arquitectura
Beneficios fiscales en la contratación de pasantes. Sra. Fernanda Puciano, tel: 27071806 int 2266.
Macromercado
Tarjeta de cliente, Sra. Estela Paladjian, epaladjian@macromercado.com.uy
El Libro de los Clasificados / El Gallito Luis
Descuento en avisos, Sr. Silvia Pérez, tel: 29089809
International House London Institute
Sra. Cristina Ramos, tel: 27096774 o 27092461. www.londoninstitute.edu.uy / internationalhouse@adinet.com.uy
Edenred
Complemento salarial con ticket alimentación. Cr. Javier Figueredo, tel: 24088080, 24026918. javier.figueredo@edenred.com
Drayser Ltda.
Descuento en ropa e insumos de trabajo. Sr. Javier Valle. Tel. 24004366
Uruware
Beneficios en facturación electrónica. Sr. Mauro Cuello. Tel: 27077778 int. 311