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Boletín compilado #11

El presente boletín es una publicación de Humanidad Vigente que incluye una selección de noticias, artículos de análisis, recomendados y comunicados relacionados con las líneas de trabajo institucionales, – Tierra y Territorio – Derechos Humanos y Lucha Contra la Impunidad – Niños, Niñas, Jóvenes y Mujeres – Construcción de Paz y Memoria – compilados por el área de comunicación e incidencia entre octubre y diciembre de 2018. Compartimos esta compilación de información construida por el equipo de trabajo de Humanidad Vigente, la cual se apoya en diversas fuentes periodísticas para evidenciar la situación de derechos humanos en Colombia. Nota: La información publicada en el presente boletín es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún momento representa la opinión de las agencias que apoyan nuestro trabajo.



El presente boletín es una publicación de Humanidad Vigente que incluye una selección de noticias, artículos de análisis, recomendados y comunicados relacionados con las líneas de trabajo institucionales, – Tierra y Territorio – Derechos Humanos y Lucha Contra la Impunidad – Niños, Niñas, Jóvenes y Mujeres – Construcción de Paz y Memoria – compilados por el área de comunicación e incidencia entre octubre y diciembre de 2018.

Compartimos esta compilación de información construida por el equipo de trabajo de Humanidad Vigente, la cual se apoya en diversas fuentes periodísticas para evidenciar la situación de derechos humanos en Colombia.

Nota: La información publicada en el presente boletín es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún momento representa la opinión de las agencias que apoyan nuestro trabajo.

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BOLETÍN #11

Octubre - Diciembre

de 2018

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

es una organización no gubernamental

de derechos humanos, sin ánimo de lucro,

fundada en 1996, conformada por un

equipo interdisciplinario de profesionales

de distintas áreas del conocimiento, con alto

compromiso social que trabaja por

la defensa y protección de los derechos

humanos integrales, con énfasis

en los derechos de mujeres,

niños, niñas, adolescentes, jóvenes

y víctimas del conflicto en Colombia.

Derechos Humanos y Lucha

contra la impunidad

Colombia se raja en derechos humanos,

- Consejo de Estado declara responsable al

Ejército concluyen Nacional 500 por organizaciones la ejecución extrajudicial sociales del

campesino Guillermo León Benítez

- Exigimos

Solidaridad

respeto por

con

el principio

la defensora

de centralidad

de

de

DD.HH.

las víctimas

María Ruth Sanabria Rueda, víctima de

- Humanidad un atentado Vigente contra rechaza su allanamiento vida Arauca de la Fiscalía a

la Jurisdicción Especial para la Paz

Tierra y Territorio

- Acceso a la justicia y restitución de tierras

- El futuro de las consultas populares y la importancia

de la participación ciudadana

- Foro Académico: análisis al proceso de restitución

de tierras en Meta

Construcción de paz y

Memoria

- Las y los jóvenes identifican herramientas

para la exigibilidad de sus derechos

- Estado Colombiano reconoce responsabilidad por

ejecuciones extrajudiciales en Saravena, Arauca

Niñas, Niños, Jóvenes y

Mujeres

-Ni un minuto de silencio, una vela por

los líderes y lideresas asesinados.

- La verdad es esencial para construir

una paz estable y duradera


DERECHOS HUMANOS Y

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Consejo de Estado declara responsable al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial

del campesino Guillermo León Benítez

Escrito por : Humanidad Vigente

Foto tomada de: eltiempo.comco

El señor Guillermo León Benítez, era un campesino

humilde y trabajador habitante de la vereda el

Tamar del municipio de Remedios, Antioquia, padre

de 6 hijos y dedicado a las labores de la agricultura, la

cual era el sustento para él y su familia. El día 25 de

noviembre del 2006, el señor Benítez habría salido

de su casa rumbo a la vereda La Bodega en

Remedios, para mercar y hacer un negoción con

madera; pero su familia, desde ese día no volvió a

tener noticias de él, hasta cuando su compañera

permanente después una búsqueda incesante lo

encontró enterrado en el cementerio de Remedios

como NN .

En la búsqueda iniciada por sus familiares se enteran

que la última vez que se le vio fue ese día 25 de

noviembre hacia las 11 de la mañana, por la vereda

Los Bajitales y que el caballo en el que se desplazaba

fue encontrado muerto con la silla de montar picada,

y que en la zona se encontraban tropas del Ejército

Nacional adscritos a la Brigada XV, Batallón Pedro

Justo Berrio, Pelotón Bravo 1.

El martes 27 de noviembre, la compañera

permanente de la víctima se entera que el Ejército

Nacional estaba realizando el levantamiento de un

cadáver, por la zona en donde desapareció su

compañero, razón por la cual se dirige hasta donde

está la tropa para averiguar si podía ser su esposo,

pero el Ejército le impide ver el cadáver, diciéndole

que se trató de un guerrillero dado de baja.

Uno de los hermanos de la víctima que también fue

participe en la búsqueda, se entera que el 29 de

noviembre fue enterrada una persona como NN en

el cementerio de Remedios, que fue llevada por las

tropas del Ejército y que según éstas se trataba de

un guerrillero de las FARC dado de baja en combate,

en la zona en donde desapareció Guillermo Léon

Benítez, por lo cual el hermano del señor Benítez,

solicita a la Fiscalía que se exhume el cadáver ya

que podía ser su hermano, sin embargo, la Fiscalía

no accede a la petición argumentando que ese

cuerpo llego en alto grado de descomposición por

lo que sería imposible su reconocimiento. Nueve

días después –el 04 de diciembre- la compañera

permanente de Guillermo Léon Benítez acude a

hacer reconocimiento fotográfico en las

instalaciones de la Sijin, del cuerpo sin vida que

había sido llevado por el Ejército Nacional del

supuesto guerrillero dado de baja en combate,

identificando en las fotos que se trataba de su

compañero.

De la valoración de las pruebas realizadas dentro

del proceso judicial se estableció que el señor Benítez

no habría participado de ningún combate, ya

que no disparo ningún arma, no poseía zapatos y el

disparo que le habría quitado la vida fue hecho por

la espalda. De igual forma se logró ratificar que el

Ejército habría manipulado la escena del crimen a

su conveniencia, atribuyéndose funciones de

policía judicial, hecho que extralimita sus funciones

y son contrarias a la ley y a la constitución.

Por lo que el Consejo de Estado manifesto que: “Se

probó, que las actuaciones de los agentes de la

demanda obstaculizaron la pronta y real identificación

del occiso, el desinterés por el establecimiento

de la verdad sobre lo ocurrido y la intención de

eludir la acción de la justicia”.

Es por ello, que el Consejo de Estado calificó este

hecho como una grave violación a los derechos

humanos, en la modalidad de ejecución extrajudicial

(falso positivo) que reviste tal gravedad porque

constituyen un crimen de lesa humanidad. Y deplora

los argumentos que utilizo la defensa judicial del

Ministerio de Defensa al pretender justificar el

crimen del humilde campesino, haciendo una

inadecuada interpretación del DIH. Leer más

2


DERECHOS HUMANOS Y

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Exigimos respeto por el principio de centralidad de las víctimas

Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

Víctimas y familiares de graves violaciones a los

derechos humanos perpetradas por tropas del

Ejército Nacional bajo la comandancia del General (R)

Mario Montoya Uribe, así como sus representantes,

acudimos a la audiencia citada con una alta

expectativa, tras un largo camino y lucha por el

reconocimiento de los derechos a la verdad, justicia,

reparación y garantías de no repetición, esperando

en las actuaciones procesales de la JEP la posibilidad

de un trato digno y garante de estos derechos según

lo establecido en el Acuerdo Final.

actitud. El mismo rechazo y posterior retiro de la

audiencia se presentó también en Medellín.

La JEP tiene como principio rector la centralidad de

las víctimas y cada una de las Salas debe observar

detalladamente que los procedimientos al interior

de las audiencias no resulten discriminatorios y

confusos, máxime si los procesos de conocimiento

de la JEP se tratan de graves violaciones a los derechos

humanos e infracciones al DIH y busca reconocer

la pluralidad de víctimas en diferentes regiones

del país.

Durante la audiencia, la Sala no fue clara en precisar

los fundamentos jurídicos de la misma, derivando en

una vulneración a las garantías del debido proceso

por la inseguridad generada para las víctimas y sus

representantes. Mientras algunas resoluciones de la

Sala consideraban como fundamento de la audiencia

el artículo 75 de la Ley de Procedimiento de la JEP,

norma abiertamente inconstitucional y cuestionada

por la misma JEP, el día de ayer se indicó un

argumento y fundamento normativo

completamente distinto.

Igualmente, la Sala privilegió al General (R) Mario

Montoya al dar trámite a la firma del Acta de

Sometimiento omitiendo reconocer la calidad de

víctimas y a sus representantes que se hicieron

presentes en las dos sesiones de la audiencia.

Asimismo, relegó a un momento posterior la decisión

sobre las nulidades y los recursos planteados por los

representantes de las víctimas en la primera sesión

de la Audiencia. Ante las constantes insistencias de

los abogados y abogadas por las irregularidades con

las que avanzaba la audiencia, la Sala impidió el uso

de la palabra y rechazó las peticiones presentadas

por algunos representantes y familiares de víctimas,

constituyendo un trato abiertamente discriminatorio

a estas.

La Sala adoptó una actitud irrespetuosa con algunas

de las víctimas que acudieron con sus representantes,

lo que ocasionó la indignación y posterior retiro

de la sala de audiencia como un acto de rechazo a las

actuaciones presentadas en la audiencia y en solidaridad

con quienes recibieron directamente esta

Humanidad Vigente rechaza allanamiento de la Fiscalía

a la Jurisdicción Especial para la Paz

Escrito por : Humanidad Vigente

Humanidad Vigente Corporación Jurídica rechaza

el allanamiento por parte de la Fiscalía General de

la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los

hechos ocurrieron el día de ayer cuando un agente

de la policía judicial le notificó a la JEP que se

adelantaría un proceso de inspección en el caso

001, en consecuencia la Fiscalía tuvo acceso a una

copia digital del expediente. Leer más

Estos hechos amedrantan la independencia y autonomía

judicial del organismo naciente en el Acuerdo

firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta

guerrilla de las FARC-EP, y que demuestra una vez

más la persecución a la Jurisdicción Especial para la

Paz y sus funcionarios, por parte de la Fiscalía General

de la Nación.

Hacemos un llamado a la sociedad civil y a la Procuraduría

General de la Nación, a pronunciarse ante

estos hechos que pretenden deslegitimar el Acuerdo

de Paz y reiterar la capacidad investigativa e

independiente que tiene este nuevo organismo

judicial el cual tiene como objetivo contribuir a la

verdad y la reparación de las víctimas. A si mismo

hacemos un llamado a la comunidad internacional

a hacer un seguimiento adecuado a este tipo de

acciones que no reconocen la centralidad de las

víctimas y ponen en riesgo el proceso de paz.

3


TIERRA Y TERRITORIO

Escrito por : Humanidad Vigente

Debido al acompañamiento que

realiza Humanidad Vigente al

proceso de restitución de tierras

en el departamento del Meta y

específicamente en el municipio

de Mapiripán, se ha podido

comprobar que el principal

embudo en la restitución de

tierras se encuentra en la fase

administrativa, evidenciando el altísimo nivel de

negaciones al derecho a la restitución de tierras en

dicha fase que a nivel nacional ronda el 64% de las

solicitudes.

El pasado 27 de septiembre la Comisión Colombiana

de Juristas -CCJ- presentó el informe Cumplir metas,

negar derechos realizando un análisis de la

implementación de la fase administrativa de la

restitución en el período 2012-2017. Con rigurosidad,

la CCJ demuestra que hubo un cambio abrupto entre

un primer período 2012-2014 y un segundo período

2015-2017. Básicamente, en el segundo período la

Unidad de Restitución de Tierras dobló el

cumplimiento de sus metas. No obstante, detrás de

los “buenos resultados” se esconde un cambio

inusitado en los indicadores de cumplimiento al

tiempo que las negaciones al derecho de la

restitución aumentaron y fueron asumidas por la URT

como una forma exitosa de darle trámite a las

solicitudes. Es decir, se procesaron más rápido las

solicitudes pero hubo un incremento sustancial en

las diferentes modalidades que niegan la restitución

a los reclamantes (no inicio de estudio formal, no

inscripción en el Registro y desistimiento tácito).

En el lanzamiento del informe, la Procuraduría

compartió algunas cifras que serán publicadas

próximamente y que coadyuvan las afirmaciones de

la CCJ. Según sus indagaciones, 23 municipios del

país tendrían un porcentaje de negación por encima

del 50%. Mapiripán es uno de ellos, cuyo índice de

negación rondaría el 77%. Es decir,

aproximadamente ocho de cada diez reclamantes de

tierras en Mapiripán no han superado la fase

administrativa.

Acceso a la justicia y restitución de tierras

El 19 de noviembre de

2018 se realizó un Foro

Académico

en

Villavicencio sobre la

restitución de tierras en

el Meta, organizado por

varias organizaciones de

víctimas y de derechos

humanos , en donde

nuevamente se puso de

presente los obstáculos que encuentran las víctimas

en el trámite ante la Unidad de Restitución. Dentro

de las causales más comunes de negación se

identifican: (i) la relación entre el

despojo/abandono con el conflicto armado; (ii) la

relación jurídica de los solicitantes con la tierra; y (iii)

los desistimientos tácitos.

Humanidad Vigente puso de presente el caso de un

reclamante de Mapiripán que fue víctima de

secuestro y tortura en una incursión previa de los

paramilitares a la Inspección de La Cooperativa y

que luego, con posterioridad a la masacre de julio

de 1997, salió desplazado de esta misma localidad.

Tan sólo dos meses después del desplazamiento,

una persona con pleno conocimiento de su

situación le ofrece comprar su tierra a lo que la

víctima accede ante la premura económica que

atravesaba.

Para la Unidad de Restitución este caso constituyó

una “libre transacción” porque el comprador no

hacía parte de los grupos armados y tampoco

amenazó o violentó a la víctima para que le vendiera

el predio. Sin embargo, esto constituye un análisis

restrictivo de la categoría de despojo que

desconoce esfuerzos previos como los de la

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y

el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de

la Población Desplazada, según los cuales el

despojo se configura con independencia del uso de

violencia directa. Específicamente categoriza un

tipo de despojo de “acto ilegal de enajenación entre

particulares” cuyo rasgo distintivo es el vicio de

consentimiento Leer más al momento de celebrar el contrato.

4


TIERRA Y TERRITORIO

El futuro de las consultas populares y la importancia de la participación ciudadana

Escrito por : Humanidad Vigente

Las organizaciones sociales y colectivos ambientales

de Fusagasugá, trabajaron en conjunto con la comunidad

y las autoridades locales del municipio, para

impulsar la consulta popular de Fusagasugá realizada

el pasado 21 de octubre, donde 39.175 personas

votaron en rechazo al fracking, mientras que 202

votaron por el sí. Entrevistamos a David Uribe quien

hace parte de Territorios de Paz –Terrepaz-, articulación

de equipos profesionales que hicieron parte del

proceso, sobre el futuro de las consultas populares y

la importancia de los resultados del 21 de octubre.

Maria Cecilia Lozano es coordinadora de la Red de

Mujeres Desplazadas del Meta e integrante de la

Mesa Departamental de Víctimas. ASOMUDEM trabaja

desde el año 2006 en la defensa de los derechos

humanos con especial énfasis en los derechos de las

mujeres víctimas, la restitución de tierras y el retorno

y la reparación colectiva.

Otro de los líderes que aparece en el panfleto es Cesar

Plata, vicepresidente de la Unión Patriótica en el

municipio de Soacha e integrante de la coordinación

de víctimas de la Corporación REINICIAR, quien fue

víctima de un atentado contra su vida el pasado 31 de

agosto de 2018, cuando un sicario irrumpió en su

residencia y lo impactó en 3 ocasiones con arma de

fuego.

En esa línea ¿se podría decir que la consulta popular

de Fusagasugá si tiene validez?

Claro que la tiene. Desde la lectura política, el

gobierno tiene la intención de bloquear las consultas

populares e inclusive de tumbar las consultas

que ya se hicieron, en asuntos jurídicos siempre hay

un tramo de disputa y de interpretación, y uno

puede encontrar eso en la misma Corte, porque

antes se habían pronunciado a favor y ahora lo

hacen en contra del alcance de las consultas, pero

hay suficientes argumentos que respaldan su

validez y legitimidad.

El gobierno debe entender que hay un importante

número de gente que le está diciendo no a este tipo

de prácticas, y eso es lo que permiten ver estos

ejercicios como las consultas populares, en donde

no se ofrece ninguna dádiva por participar, ni día

hábil de trabajo, ni descuentos, ni mucho menos

partidos políticos que se presten para pagar votos o

cosas así. La gente sale a votar a conciencia. Leer más

¿Cuál es el futuro de la consulta popular de Fusagasugá

ante la decisión de la Corte Constitucional de

ponerle límites?

Para nosotros el pronunciamiento de la corte regiría a

futuro, y por lo tanto la consulta se mantiene hasta

que no se diga lo contrario, esa es una decisión ya

tomada. Pero incluso, es un pronunciamiento que

todavía no tiene plenos efectos jurídicos porque no

contamos con la sentencia, lo que se conoce es un

comunicado de la Corte en donde se da a conocer un

sentido de fallo. Por lo menos el Consejo de Estado ha

dicho que los comunicados son eso, comunicados, o

sea que tienen un efecto informativo, mientras que la

sentencia tiene el efecto jurídico vinculante.

El cumplimiento de las expectativas de las víctimas

de desplazamiento forzado frente a la restitución de

tierras es de vital importancia para la pretendida

transición hacia una paz democrática. Humanidad

Vigente está comprometida con el avance de la restitución

en el departamento del Meta y considera de

vital importancia la participación de la academia en

los espacios de diagnóstico y proyección de esta

política, identificando los retos y potencialidades, y

sumando voces para su prolongación

5


CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y

MEMORIA

A un año de la masacre en la comunidad del Tandil y agresión a la misión humanitaria

Escrito por : Humanidad Vigente

Conmemoramos y recordamos los momentos de

Angustia que se vivieron a partir del día 05 de octubre

del año 2017, estos trágicos momentos los vivieron

las comunidades campesinas, afros e indígenas del

Tandil en Tumaco, departamento de Nariño, la razón,

habían sido asesinados humildes campesinos, que

estaban exigiendo el cumplimiento de la

implementación de los acuerdos, en esa oportunidad

las comunidades estaban defendiendo y solicitando

se respetara e implementara lo pactado[1]. La

protesta contra la erradicación forzada se convirtió en

una verdadera masacre, según las versiones que se

lograron recopilar, posteriormente con las

comunidades afectadas y las víctimas directas,

quienes manifestaron que varios campesinos se

organizaron de tal manera, para no dejar a los

miembros de la Fuerza Pública y los erradicadores

que se dirigían hacia las plantaciones de coca; Sin

embargo Mientras que el Gobierno sostiene que sólo

murieron seis campesinos, los habitantes de la zona

señalan que al menos diez de sus compañeros fueron

masacrados, otros permanecen desaparecidos y más

de 15 resultaron heridos[2].

Posteriormente a los hechos acaecidos ese 05 de

octubre, desde varios escenarios entre

organizaciones sociales y entidades regionales, se

propuso una visita humanitaria con el objetivo de

acompañar a las comunidades pero también de

poder establecer lo sucedido ese día, por la gravedad

de lo ocurrido, máxime cuando existían versiones

contrarias entre la fuerza pública y las víctimas, así es

como 08 de octubre logra llegar hasta el Tandil una

misión, conformada por varias organizaciones,

entidades regionales y organismos internacionales,

destacando la presencia de delegados de la segunda

misión de verificación de ONU, delegados de la

oficina del alto comisionado de ONU, delegados de la

MAPP OEA, delegado de la defensoría del pueblo,

delegados del gobierno departamental y varias

organizaciones de la sociedad civil territoriales y

nacionales, sin embargo y pese a la presencia de las

autoridades regionales y los organismos

internacionales esta misión humanitaria fue atacada

por parte de los miembros de la fuerza pública, en

esta oportunidad no se registraron pérdidas

humanas o personas heridas[3]. Sin embargo este

ataque reflejo el desconocimiento y la falta de

respeto por los derechos humanos, pero además el

desconocimiento al orden constitucional y legal.

A la fecha no se ha avanzado en las investigaciones

judiciales, ni disciplinarias, tampoco existe una

respuesta eficiente por parte de la Fiscalía General de

la Nación, en este orden de ideas los hechos que

sucedieron desde el 05 al 08 de octubre del año 2017

quede en total impunidad, así mismo, no se ha tenido

una atención y reparación integral a las víctimas y

comunidades que resultaron afectadas.

Actualmente el departamento de Nariño, especialmente

en el municipio de Tumaco es una de las zonas

con más hectáreas sembradas de hoja de coca, estos

cultivos han sido históricamente la única fuente de

trabajo y sustento económico para miles de familias,

reflejando el reiterado abandono y falta de presencia

del estado, realidad que es desconocida por el actual

gobierno, a esto se suma que no se ha dado celeridad

y cumplimiento a las resoluciones y actos administrativos

donde se adjudica los predios a las comunidades

afros e indígenas, pero tampoco hay una voluntad

política y administrativa de reubicar a cientos de

familias campesinas que hace más de veinte años

llegaron al departamento en calidad de víctimas de

desplazamiento forzado. Leer más

Foto tomada de: vanguardia.com.co

6


CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y

MEMORIA

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

realiza audiencia sobre asesinatos de defensoras y defensores

en Colombia

Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

Este jueves 6 de diciembre, organizaciones de

derechos humanos [1] y el Estado colombiano

participarán en la audiencia de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, donde

se analizará el estado actual de impunidad en que se

encuentran los crímenes contra defensoras y

defensores en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación ha insistido

públicamente que ha esclarecido el 51,8 % de los

casos de homicidios contra personas defensoras, sin

embargo, dicha cifra sólo se refiere a homicidios

ocurridos a partir del año 2016, de tal manera que la

mayoría de los ataques continúa en la impunidad. A

la fecha, el 64% de los casos ocurridos antes del 2016

no muestra ningún avance procesal.

Comunicamos a la opinión pública

nacional e internacional

Escrito por : Humanidad Vigente

Humanidad Vigente exige al Estado colombiano las

garantías necesarias para que las y los colombianos

ejerzan de manera libre su derecho fundamental a

protestar y manifestarse de manera pacífica, a fin de

no repetir lamentables hechos que se vienen

presentando desde el día 08 de noviembre de la

presente anualidad, cuando la fuerza pública en

cabeza de la policía nacional y el Escuadrón Móvil

Antidisturbios –ESMAD-,en un ejercicio abusivo y

desproporcionado de la fuerza, ha reprimido

marchas y manifestaciones pacíficas que adelantan

estudiantes y profesores de universidades públicas

en diferentes ciudades del país.

Con plena legitimidad, las jornadas de movilización

demandan un aumento en el presupuesto para la

educación pública en beneficio de miles de jóvenes

de escasos recursos que no poseen otra alternativa

para acceder a educación superior de calidad, al

tiempo que objetan la reforma tributaria propuesta

por el gobierno que grava con IVA la mayoría de los

productos de la canasta familiar mientras disminuye

la tarifa de renta al sector empresarial. El presidente

Duque se ha negado a dialogar con los estudiantes

y estos hechos demuestran una preocupante

ausencia de garantías para el ejercicio del derecho

fundamental a la protesta social.

En segundo lugar, es preocupante la decisión de la

Fiscalía de priorizar la investigación sobre los

homicidios, así como la falta de transparencia sobre

la actividad investigativa frente a las amenazas,

atentados, actos de violencia sexual, entre otras

agresiones contra personas defensoras o qué se

comprende por un hecho esclarecido.

Rechazamos el lenguaje agresivo y estigmatizante

expresado por los medios masivos de

comunicación, que invisibilizan los objetivos de la

marcha y califican de manera generalizada a los

estudiantes como vándalos y terroristas, situación

que propicia un ambiente de animadversión y

riesgo para la ciudadanía movilizada. Leer más

La conclusión real es que sólo se han producido cinco

sentencias en relación a las agresiones a defensores y

defensoras, y dichas decisiones se concentran en

autores materiales sin que la acción judicial abarque

determinadores, beneficiarios y cómplices, es decir,

no se está contribuyendo al desmantelamiento de las

estructuras criminales ni hay sanciones reales a los

responsables. Leer más

imagen tomada de: semana.como

37


NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y

MUJERES

Ejército Nacional reconoció responsabilidad y ofreció excusas públicas

por violencia sexual contra niña de 13 años en Tame, Arauca

Escrito por : Humanidad Vigente

En cumplimiento de

las medidas de

satisfacción

otorgadas por el

Juzgado 37

Administrativo de

Bogotá, el pasado 24

de noviembre, en el

municipio de Tame,

Arauca, el Ejército

Nacional realizó un

acto público de

reconocimiento de

responsabilidad y

excusas públicas, por

los hechos ocurridos

en dicho municipio, el

02 de octubre del

2010, en la vereda Caño Camame; en donde la niña

de 13 años de edad para la época de los hechos, fue

víctima de violencia sexual por el hoy destituido y

condenado subteniente del Ejército Nacional Raúl

Muñoz Linares.

El acto fue precedido por el Brigadier General Álvaro

Vicente Pérez Durán, comandante de la Fuerza de

Tarea Quirón adscrita a la Octava División con

jurisdicción en el departamento de Arauca, quien

solicitó excusas ante la víctima, su familia y la

comunidad, por la vulneración a la integridad

personal y la libertad sexual de la niña, crimen que

calificó como reprochable, ajeno a los postulados de

Derechos Humanos y a los principios del Derecho

Internacional Humanitario, señalando que sus

palabras o cualquier otra medida de reparación, no

resarcirían la tristeza y el dolor de la víctima y su

familia.

colocó su denuncia, se

hubiese evitado el crimen

contra los hermanitos

Torres Jaimes ocurridos el

14 de octubre de ese

mismo año, a quienes

recordó.

Humanidad Vigente

Corporación Jurídica,

organización que ha

acompañado

y

representado a la víctima y

su familia ante las

instancias judiciales,

valoró positivamente el

acto, considerando que

éste aporta al

reconocimiento y dignificación de la víctima, su

familia y la comunidad. Pero así mismo, manifestó su

preocupación ante la falta de celeridad y resultados

en las investigaciones disciplinarias ordenadas por

la juez penal del caso, de los entonces comandantes

de la Octava División y del batallón, entre otras

investigaciones que se ordenaron.

Brigadier General Álvaro Vicente Pérez Durán comandante de la Fuerza de Tarea Quirón

Los hechos ocurridos el 02 y el 14 de octubre de

2010 son crímenes de lesa humanidad, ya que existe

una deuda de justicia y reparación con las niñas y los

niños cuyos derechos son prevalentes; la violencia

sexual es una de las violencias que más ha afectado

sus vidas porque además de ser sistemática y

generalizada, es invisible y silenciada, alcanzando

los índices más altos de impunidad.

Por su parte, la madre de la víctima señaló que para la

familia el acto era la oportunidad de limpiar el buen

nombre y la honra de su hija, e invitó a creer en las

palabras de las niñas y los niños, a no callar ante la

violencia sexual y salir adelante. Señaló que si las

autoridades militares y judiciales le hubieran

prestado mayor atención en el momento en que

Dora Zubieta madre de la víctima y Olga Silva Directora de Humanidad Vigente

8


NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y

MUJERES

El caso de violencia sexual contra dos niñas

y homicidio de los hermanitos

TORRES JAIMES no es de competencia de la JEP

Escrito por : Humanidad Vigente

Ante esta solicitud, Humanidad Vigente Corporación

Jurídica, manifiesta que este crimen tan repudiable,

constituye un Crimen de Lesa Humanidad que no

puede ser de competencia de la Jurisdicción Especial

para la Paz, ya que no guarda ningún tipo de relación

con el Conflicto Armado, porque violar y asesinar

niños indefensos y en situación de vulnerabilidad, no

es una acción de combate, ni representa una ventaja

militar, y muy por el contrario, son población civil y

sujetos de especial protección según las normas

básicas del DIH y del Derecho Internacional de los

Derechos Humanos.

La investidura militar al momento de la comisión de

los hechos no configura ningún tipo de nexo con el

conflicto armado, y menos en este caso, en el que la

jurisdicción ordinaria mediante el fallo proferido por

el Juzgado 27 penal del circuito de Bogotá,

confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá,

estableció y probó plenamente que la conducta

criminal RECOMEDADOS desplegada por LEER: el subteniente Raúl Muñoz

Linares, se apartó de su deber constitucional y legal

de protección a la vida, integridad y honra de los

niños y niñas, contra quienes por el contrario

cometió los peores vejámenes, con lo que violó

gravemente preceptos fundamentales del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos.

Consideramos que esta solicitud de acogimiento

ante la JEP por parte del subteniente MUÑOZ

LINARES, es una maniobra para buscar beneficios a

los que no tiene derecho, entre ellos, la disminución

de la pena y el otorgamiento de la libertad. Ninguna

manifestación de su parte ante la JEP podría

contribuir a establecer la verdad de los hechos, pues

ésta ya se probó plenamente ante las instancias

judiciales competentes, en las que se le otorgaron

todas las garantías para su defensa. Por el contrario, si

su solicitud ante la JEP llegare a prosperar y se le

otorgara la libertad, se desconocerían gravemente

principios como la seguridad jurídica y se estaría muy

lejos de garantizar los derechos de las víctimas,

quienes sin duda serían revictimizadas.

Prevenir la violencia sexual debe ser una

forma de hacer justicia

Escrito por : Humanidad Vigente

En los últimos años se ha incrementado de forma

astronómica diferentes clases de violencias en contra

de las niñas, niños y adolescentes, presentándose

desde el abandono, la falta de amor hasta la violencia

sexual y el homicidio, sin embargo es preciso resaltar

que estas acciones, no ocurren de manera aislada,

por el contrario, son el resultado de una cadena de

hechos victimizantes, que por lo general, son hechos

que perfectamente en algún momento se pudiera o

hubieran podido evitar. Lo que refleja la falencia por

parte del estado en el momento de realizar acciones

tendientes a prevenir esta clase de agresiones, por

ello, se puede decir sin temor a equívocos que entre

la alegría y la tristeza un buen porcentaje de la

sociedad, pero especialmente el estado antepone la

tristeza, debido a que los desgarradores

acontecimientos que las últimas semanas, así lo

demuestran.

Casos como el de Génesis Rúa, una niña de 9 años,

que como lo ha manifestado su padre en diferentes

medios de comunicación, le apasionaba el futbol y

tenía el sueño de poder llegar a ser una futbolista

profesional, pero su vecino Alfonso Arrieta García, le

puso fin a esos sueños el pasado 29 de septiembre,

después de haberla violado sexualmente, asesinado

e incinero el cuerpo, con el objetivo de no dejar rastro

de lo sucedido. Estos hechos, reabrieron el debate

político y jurídico sobre decretar la cadena perpetua

para violadores y asesinos de niñas y niños.

Adolfo Arrieta García, quien ya aceptó su

responsabilidad por la violación y asesinato de

Génesis Rúa, tiene antecedentes por violencia

intrafamiliar, el Fiscal que fue asignado para el caso

manifestó que, “Este hombre discutía muy frecuente

con su mujer y, al parecer, llegó a hacerle disparos

con un arma de fuego Leer más

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BOLETÍN #11

Octubre - Diciembre de 2018

Equipo de redacción:

David Uribe

Erika Gómez

Oscar Pardo

Cesar Quinche

Santiago Briceño

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