DIEGO POMAREDA - El ciudadano frente a la ley YUMPU

EL CIUDADANO FRENTE A LA LEY
La legitimación popular en el
proceso de inconstitucionalidad

Diego Alonso Pomareda Muñoz
EL CIUDADANO FRENTE A
LA LEY
La legitimación popular en el
proceso de inconstitucionalidad
Palestra Editores
Lima — 2019

342.4
P76
Pomareda Muñoz, Diego
El ciudadano frente a la ley. La legitimación popular en el proceso de inconstitucionalidad
/ Diego Pomareda Muñoz, 1a ed. – Lima: Palestra Editores, 2019.
276 p.; 20.5 cm. (Tesis & Monografías, 23)
D.L. 2019-10068
ISBN: 978-612-325-085-0
1. Derecho Constitucional 2. Tribunal Constitucional 3. Participación ciudadana 4.
Acciones constitucionales 5. Tesis universitaria
Comité de Dirección
Samuel Abad Yupanqui, Alfredo Bullard González, Carlos Caro Coria,
Gorki Gonzales Mantilla, César Landa Arroyo, Juan Morales Godo
Editor
Pedro P. Grández Castro
EL CIUDADANO FRENTE A LA LEY.
La legitimación popular en el proceso de inconstitucionalidad
Diego Alonso Pomareda Muñoz
Primera edición: septiembre de 2019
© Diego Alonso Pomareda Muñoz
© 2019: Palestra Editores S.A.C
Plaza de la Bandera 125 Lima 21 - Perú
Teléfonos: (511) 6378902 / 6378903
palestra@palestraeditores.com / www.palestraeditores.com
Impresión y encuadernación:
Aleph Impresiones S.R.L.
Jr. Risso 580 - Lince
Septiembre, 2019
Diagramación:
Gabriela Zabarburú Gamarra
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2019-10068
ISBN: 978-612-325-085-0
Tiraje: 500 ejemplares
Impreso en el Perú | Printed in Peru
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, bajo
ninguna forma o medio, electrónico o impreso, incluyendo fotocopiado, grabado o almacenado
en algún sistema informático, sin el consentimiento por escrito de los titulares del Copyright.

“La existencia de una nación es un plebiscito de todos los días,
así como la existencia individual es una afirmación perpetua de vida”
Ernest Renan
“De la sociedad cerrada de los intérpretes constitucionales a la
interpretación constitucional a través y para la sociedad abierta”
Peter Häberle

Índice general
§ PRESENTACIÓN................................................................................11
§ PRÓLOGO.........................................................................................15
§ INTRODUCCIÓN..............................................................................21
§ CAPÍTULO PRIMERO
Fundamento de la legitimación activa popular
1.1. La acción popular y la democracia participativa.............................27
1.1.1. Incidencia de la actio popularis en la
democracia participativa......................................................32
1.2. Derecho político y participación ciudadana en la
acción popular de inconstitucionalidad..........................................45
1.2.1. La Acción Popular de Inconstitucionalidad
como derecho político.........................................................53
1.3. La actio popularis en defensa de la supremacía
constitucional y de los derechos de la colectividad........................60
1.4. La actio popularis en el proceso de
inconstitucionalidad como deber ciudadano .................................71

8 DIEGO ALONSO POMAREDA MUÑOZ
§ CAPÍTULO SEGUNDO
La acción popular de inconstitucionalidad en el derecho comparado
2.1. Modelos de legitimación activa en el
proceso de inconstitucionalidad.....................................................77
2.2. Legitimación activa en el proceso de
inconstitucionalidad en Europa......................................................85
2.2.1. El caso de Portugal..............................................................85
2.2.2. El caso de España ................................................................90
2.2.3. El caso de Eslovenia.............................................................94
2.2.4. El caso de Francia................................................................96
2.2.5. El caso de Alemania ............................................................99
2.2.6. El caso de Italia .................................................................102
2.2.7. El caso de Austria .............................................................104
2.3. Legitimación activa en el proceso de
inconstitucionalidad en América Latina........................................105
2.3.1. El caso de Colombia .........................................................106
2.3.2. El caso de Venezuela ........................................................127
2.3.3. El caso de Ecuador ............................................................134
2.3.4. El caso de Bolivia ..............................................................142
2.3.5. El caso de Uruguay............................................................149
2.3.6. El caso de Paraguay ..........................................................154
2.3.7. El caso de República Dominicana,
Honduras y Costa Rica.......................................................156
2.3.8. El caso de Panamá.............................................................160
2.3.9. El caso de Guatemala........................................................164
2.3.10. El caso de El Salvador .....................................................169
§ CAPÍTULO TERCERO
Acción popular de inconstitucionalidad en el Perú
3.1. Los nuevos guardianes de la Constitución en el Perú:
los ciudadanos.............................................................................177
3.1.1. El efecto democratizador de la
actio popularis en el Perú..................................................178
3.1.2. La nueva ciudadanía en su derecho político......................179

ÍNDICE GENERAL 9
3.1.3. Defensa de la supremacía constitucional en el Perú ..........180
3.1.4. El rol primordial de un Tribunal Constitucional:
el control normativo..........................................................182
3.1.5. El mito de la sobrecarga procesal ......................................184
3.1.6. Preferencia de la actio popularis antes que el
amparo contra normas ......................................................190
3.2. Legitimación activa en el proceso de
inconstitucionalidad en el Perú ...................................................194
3.2.1. Los legitimados activos reconocidos
constitucionalmente .........................................................200
3.2.2. Proceso de inconstitucionalidad peruano en cifras.............228
3.3. La opinión de los coordinadores de la
Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y
Competenciales del Tribunal Constitucional del Perú..................234
3.4. La acción popular de inconstitucionalidad en el Perú .................241
3.4.1. Los nuevos legitimados activos en la
Constitución Política peruana ...........................................242
3.4.2. Procedimientos establecidos por ley de la
acción popular de inconstitucionalidad en el Perú.............244
§ CONCLUSIONES.............................................................................249
Capítulo 1...........................................................................................249
Capítulo 2...........................................................................................252
Capítulo 3...........................................................................................256
§ BIBLIOGRAFÍA.................................................................................259
Doctrina..............................................................................................259
Informes..............................................................................................265
Textos electrónicos .............................................................................266
Pronunciamientos judiciales................................................................267
Votos de magistrados...........................................................................272
Entrevistas...........................................................................................273

§ Presentación
E
l libro que me complace presentar es el resultado de la investigación
de Diego Alonso Pomareda Muñoz para optar
el título de Licenciado en Derecho, titulado “Democratizando el
proceso: la acción popular de inconstitucionalidad en el Perú” (que
se publica ahora bajo el título: “El ciudadano frente a la ley. La
legitimación popular en el proceso de inconstitucionalidad”). El
autor propone y desarrolla la discusión y reflexión de un tema de
la mayor importancia para el Derecho constitucional y el Derecho
procesal constitucional: la necesidad de fortalecer, en los Estados
constitucionales modernos, la participación de los ciudadanos
en los asuntos de la Constitución (que son siempre asuntos públicos).
Esto solo es posible en la medida en que se establezcan y
garanticen adecuados canales para que los ciudadanos puedan
participar activamente en los asuntos que le atañen. La concepción
de la Constitución como “proceso público” (P. Häberle, Verfassung
als öffentlicher Prozeß, Berlin: Duncker & Humblot, 3. Aufl. 1998)
es para esto premisa fundamental. A ello contribuye también,
en definitiva, la concepción del Derecho procesal constitucional
como “Derecho de la participación y del pluralismo” (J. León Vásquez,

12 JORGE LEÓN VÁSQUEZ
Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassungsprozessrecht und Pluralismus,
Berlin: Duncker & Humblot, 2016).
Las ideas centrales de esta obra son compatibles con esta
línea de pensamiento constitucional. Desde esta perspectiva, los
procesos constitucionales se convierten también en espacios de
participación plural de los ciudadanos. Estos procesos se democratizan
desde el momento en que ya no sirven únicamente como
instrumentos de resolución de conflictos constitucionales, sino
también como “foros públicos” que legitiman al Estado constitucional
mismo. El proceso de inconstitucionalidad no es ajeno
a esta tendencia, aunque el punto de partida del autor sea una
visión clásica propuesta por H. Kelsen.
Es en dicho sentido que la presente obra reviste un aporte
académico y científico importante, al proponer la necesidad de
que en el sistema constitucional peruano se implemente un modelo
de legitimación activa del proceso de inconstitucionalidad
que incorpore la figura de la actio popularis, asumiendo como idea
fundamental la supremacía de la Constitución como un deber
que todo ciudadano tiene que defender. Se parte del contexto de
una democracia participativa, en la que se considera a la acción
popular de inconstitucionalidad como un derecho político y un
deber ciudadano. Para llegar a ello, el autor desarrolla la idea de
una participación ciudadana, consiente y reforzada, que necesita
de medios y mecanismos para proteger la supremacía constitucional.
Por esta vía se llega a considerar a los ciudadanos como
guardianes de la Constitución. Y es que, en estricto, la Constitución,
como proceso público, no solo exige una sociedad abierta
de intérpretes constitucionales, sino también una sociedad abierta
de guardianes de la Constitución. Con ello hay un replanteamiento
del rol del ciudadano en los asuntos públicos constitucionales, lo
que concuerda con el mandato constitucional del artículo 38 de
nuestra Constitución.
Por otro lado, partiendo del análisis del tema central de la
obra en las experiencias de otros países, se demuestra que la propuesta
de democratizar, de manera amplia, la legitimidad activa

PRESENTACIÓN 13
en el proceso de control normativo abstracto, no genera, necesariamente,
una sobrecarga procesal de demandas contra leyes.
Por el contrario, da lugar a un mayor control de las actividades
legislativas del Congreso de la República y algunas veces del
Poder Ejecutivo. El tratamiento otorgado al tema del libro, desde
esta perspectiva, confirma la relevancia del Derecho comparado
no solo como “quinto método de la interpretación constitucional”
(P. Häberle), sino también la importancia metodológica que
siempre ofrece la referencia analítica y crítica a otros sistemas
jurídicos. Con todo, estamos ante un libro que, definitivamente,
contribuye a superar viejos dogmas desde la perspectiva de una
concepción abierta y amplia de la Constitución y de los procesos
constitucionales mismos. El aporte de Diego Pomareda es, en este
sentido, de especial relevancia y valía para la ciencia del Derecho
constitucional peruano.
Lima, enero de 2019.
Jorge León Vásquez
Doctor en Derecho por la Universidad de Hamburgo
(Alemania)

§ Prólogo
E
l presente libro es la tesis con la cual Diego Pomareda optó el
Título Profesional de Abogado en la Pontificia Universidad
Católica del Perú, el año 2018. Resulta relevante destacar, en primer
lugar, que en el marco de la nueva Ley Universitaria (Ley N°
30220) se vuelva a requerir una tesis, si bien ya no para obtener los
grados académicos, sí para optar por el Título Profesional en las
universidades del Perú; lo cual dejó de ser una exigencia a partir
del modelo educativo empresarial del Gobierno de Fujimori, a
partir de 1993.
En ese sentido, la investigación se constituye en parte sustancial
de la currícula de estudios en las Facultades de Derecho;
aunque lo cierto es que investigar se aprende investigando. Este
último es el camino que ha seguido Diego Pomareda, en la ordenada
y meticulosa elaboración de su investigación académica. Por
cuanto se ha tomado unos tres años para elaborarla, permitiéndose
aprovechar su estancia académica en la Universidad Carlos III
de Madrid; así como visitar la Corte Constitucional de Colombia
para recopilar información de primera mano con la finalidad de
estudiar la democratización de la acción de inconstitucionalidad.

16 CÉSAR LANDA ARROYO
En efecto, el libro plantea la tesis de democratizar la acción
de inconstitucionalidad, mediante la incorporación de la acción
popular contra las normas legales. Lo cual es un tema novedoso
apenas trabajado en el Perú, y, por tanto, hace que el objeto
materia de investigación sea innovador. Sobre todo, porque el
propósito es revitalizar la democracia gobernada, empoderando
a los ciudadanos y a sus instituciones para actuar también como
los guardianes directos de la Constitución, y no solo los poderes
e instituciones públicas y privadas legitimadas, sino también
los cinco mil ciudadanos, como señala la Constitución de 1993
(artículo 203).
La democracia gobernante requiere de instituciones procesales
que faciliten el derecho a la acción de cualquier persona
interesada en controlar los excesos legislativos de los poderes
públicos que violen la Constitución, por el fondo o por la forma,
directa o indirectamente, no solamente en colectivos de miles de
personas que ahora son cinco mil, como antes eran de cincuenta
mil ciudadanos, según la Constitución de 1979 (artículo 299).
Pero, es importante recordar que el carácter restrictivo de la
legitimación activa en el proceso de inconstitucionalidad tiene su
origen desde la aparición de la justicia constitucional en Europa
de la mano de Hans Kelsen, para quien la posibilidad de accionar
en contra de una ley emanada del Parlamento, estaba limitado a
ciertas autoridades legitimadas y, en todo caso, a los ciudadanos
que recabaran cien mil firmas.
Definitivamente, el concepto de democracia, detrás de dicho
requisito, concebía un modelo de control de las leyes con deferencia
a las minorías políticas del Parlamento, no a la ciudadanía.
Es decir, que la oposición parlamentaria fuera competente para
incoar la inconstitucionalidad de una ley; pero no por cualquier
ciudadano que quisiera participar en la vida política, a través de
una acción popular de inconstitucionalidad. Además, en el modelo
kelseniano, solo se podía demandar la inconstitucionalidad
cuando la norma legal no hubiera sido aprobado por los órganos
competentes y siguiendo los procedimientos establecidos en la

PRÓLOGO 17
Constitución; dado que, para Kelsen, la Constitución como norma
jurídica suprema, solo debía consagrar las fuentes y los modos de
producción del Derecho, entendida esta como la ley.
Asimismo, cabe resaltar que la noción de ley general, abstracta
e intemporal propia del siglo xix dejó de tener vigencia a
comienzos del siglo xx, debido al divorcio de la ley y el principio
de legalidad con la realidad; lo que generó el tránsito del Estado
de Derecho basado en la ley hacia un Estado de Derecho basado
en la Constitución.
En adelante, la potestad legislativa no solo residiría en el Parlamento,
sino que también se compartiría con el Poder Ejecutivo;
el mismo que, debido a la aparición de la cuestión social, asumió
progresivamente la responsabilidad política de emitir normas legales
singulares, concretas e incluso transitorias, mediante decretos
legislativos o de urgencia, para atender las demandas sociales y
económica de los grupos emergentes.
De modo que, frente a un modelo en crisis de la democracia
y del Derecho tradicional, era incoherente, con la democracia
emergente, el planteamiento restrictivo de la acción de inconstitucionalidad
que limitaba el derecho a la acción a los ciudadanos.
Cuando lo necesario hubiera sido una democratización de la legitimación
activa en el proceso de inconstitucionalidad.
Frente a ello, el presente trabajo se inscribe en una concepción
participativa y deliberativa de la democracia, implementando un
modelo no conservador del derecho procesal constitucional, a
través del uso de una metodología comparada para el estudio de
la acción popular de inconstitucionalidad en Europa y América
Latina; así como proponiendo una fórmula para su incorporación
en el Perú.
En ese sentido, la obra se organiza en tres capítulos. En el
capítulo primero se plantean los fundamentos de la legitimación
activa popular en base a la democracia participativa, el derecho
político y la defensa de la supremacía constitucional ciudadana. En
este sentido, el trabajo de investigación mantiene una coherencia
narrativa con los fundamentos teóricos del derecho a la acción y

18 CÉSAR LANDA ARROYO
su expresión procesal en la legitimación, orientada por la promoción
de cada ciudadano como defensor activo de la supremacía
constitucional y la defensa de los derechos fundamentales.
En el segundo capítulo se analizan las características generales
y particulares de la acción popular de inconstitucionalidad
en países de Europa, como Portugal, España, Eslovenia, Francia,
Alemania, Italia y Austria; y en países de América Latina, como
Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay,
República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Guatemala y El
Salvador. Obteniendo comunes denominadores, diferenciando
los modelos más abiertos y menos abiertos a la acción popular
de inconstitucionalidad.
En el tercer capítulo, con los antecedentes estudiados, se
formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad
para el Perú; incorporando a los ciudadanos como nuevos guardianes
de la Constitución. Para lo cual se pasa revista crítica al
actual estado de los legitimados activos reconocidos constitucionalmente;
asimismo, se recoge la opinión de exaltos funcionarios
del Tribunal Constitucional sobre la materia para, finalmente,
formular su propuesta detallada de reforma constitucional y del
Código Procesal Constitucional.
La propuesta de la actio popularis, en el proceso de inconstitucionalidad,
se plantea como un ideal que tendría dificultades
de ser útil en la práctica, debido a la excesiva carga procesal que
traería consigo, según un sector de la doctrina. Sin embargo, en la
presente investigación, se cuestiona tal perspectiva y se propone
los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la
ciudadanía pueda cuestionar las normas legales que la regula.
En ese entendido, se propone la tesis de una nueva legitimación
activa en el Perú, a cargo de los ciudadanos respecto
de cualquier norma con rango de ley; para lo cual se establecen
determinados requisitos procesales a efectos de encontrar un
equilibrio entre una eficiente gestión en la justicia constitucional,
evitando la desmedida sobrecarga procesal, y el derecho político

PRÓLOGO 19
de acción popular de inconstitucionalidad, que se enmarca en un
sistema democrático participativo.
La tesis también tiene un fundamento empírico, según el
cual la ciudadanía y los colectivos organizados son lo que han
demostrado mayor interés en depurar el ordenamiento jurídico
peruano de las normas legales que contravienen la Constitución.
Por tanto, es la sociedad civil —antes que las instituciones públicas—
la que en la práctica es la llamada a defender la Constitución,
a través del proceso de inconstitucionalidad con la ampliación de
la legitimación activa popular.
Cabe resaltar que esta propuesta, de implementarse, significaría
un cambio estructural en la justicia constitucional en el
Perú, por cuanto brindaría la más fuerte garantía que el Tribunal
Constitucional podría recibir de los ciudadanos: someter a su
jurisdicción las normas legales a solicitud de cualquier persona.
En conclusión, el presente libro es una obra meritoria de
lectura, reflexión y discusión no solo para los académicos, sino
también para los operadores de la Constitución; particularmente,
de la jurisdicción constitucional: enriquece el debate sobre el
fortalecimiento del Estado constitucional frente a los desafíos contemporáneos
—por ejemplo, la corrupción— que requieren no solo
del ejercicio ciudadano del derecho al referéndum constitucional o
legal, sino también de la acción popular de inconstitucionalidad.
Lima, enero de 2019
César Landa Arroyo
Doctor en Derecho y expresidente del
Tribunal Constitucional

§ Introducción
C
omo se menciona en el presente trabajo de investigación, John
Stuart Mill expresa, oportunamente, que la fuerza mental y
la moral, lo mismo que la fuerza muscular, no progresa si no se
ejercita. Esto mismo ocurre con la democracia. En un país donde
la participación ciudadana se ha supeditado a la votación de
autoridades cada cierto tiempo (democracia gobernada), lo cual
parece más bien una costumbre, resulta indispensable que el derecho
procesal constitucional brinde herramientas jurídicas con
una alta incidencia democrática y política como alternativas para
que la ciudadanía asuma un rol protagónico y participativo en la
vida pública de su país (democracia gobernante).
No hay acto más público que una ley ni garantía constitucional
más específica, para efectos de controlar la misma, que el
proceso de inconstitucionalidad. Por más que esto es así, han sido
las instituciones estatales y un grupo reducido de legitimados los
encargados de dar inicio a este proceso de vital importancia, no
solo para el cumplimiento efectivo del principio de supremacía
constitucional, sino también para la preponderancia del ciudadano
como agente activo en la sociedad.

22 DIEGO ALONSO POMAREDA MUÑOZ
En el Perú, este carácter restrictivo de la legitimación activa en
el proceso de inconstitucionalidad, como se pretende demostrar en
la presente investigación, ha impedido un cambio estructural que
haya posibilitado brindar la más fuerte garantía que un Tribunal
Constitucional podría otorgarles a sus ciudadanos: someter a su
jurisdicción las leyes a solicitud de cualquier ciudadano.
La propuesta de la actio popularis kelseniana, en el proceso
de inconstitucionalidad, se plantea como un ideal que tendría
dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva
carga procesal que traería consigo. Sin embargo, en la presente
investigación se cuestiona tal perspectiva y se proponen los beneficios
de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad
pueda cuestionar las normas que la regula.
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha
utilizado, principalmente, herramientas documentales y dogmáticas,
dado que el análisis se ha basado en normas positivas,
instituciones comparadas, doctrina y jurisprudencia nacional e
internacional. Asimismo, se han realizado entrevistas dirigidas a
los coordinadores de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad
del Tribunal Constitucional peruano para comprender la
visión de los propios operadores que han realizado una función
jurisdiccional en esta comisión especializada.
Esta investigación no busca agotar su finalidad en un reconocimiento
académico, sino que tiene la intención de generar un
impacto en nuestro ordenamiento jurídico y en la sociedad en
su conjunto. La propuesta presentada puede mantenerse en el
tiempo e irse perfeccionando hasta que los legisladores o la propia
sociedad civil vea, en esta, una oportunidad para tener un país
más democrático.
La presente investigación se divide en tres capítulos que desarrollan,
desde la democracia participativa, el derecho procesal
constitucional y la experiencia comparada, una propuesta que refleja
una auténtica acción popular de inconstitucionalidad en el Perú.
Un elemento que se encuentra presente a lo largo de la investigación
es que la acción popular de inconstitucionalidad representa

INTRODUCCIÓN 23
el diseño de legitimación activa más garante y el cual trae consigo
más externalidades positivas para la sociedad. Asimismo, se cuestiona,
constantemente, la hipótesis que manejaba Hans Kelsen al
momento de no recomendar este diseño de legitimación activa por
el presunto desbordamiento procesal que traería consigo.
A partir de ello, en el capítulo 1, se establece el concepto
general de lo que entendemos como actio popularis en el proceso
de inconstitucionalidad. Asimismo, se profundiza en el estudio
de la democracia representativa y cómo a través de instrumentos
jurídicos se puede virar hacia una democracia más directa y
participativa. Esto antes dicho, sin dejar de lado la idea muy bien
sustentada por Eusebio Fernández, el cual determina que la democracia
directa podría llegar a ser un correctivo o complemento
de la democracia representativa, nunca su sustitución (Fernández,
1995, pág. 43).
En esta línea, se determina cuáles son los fundamentos
teóricos de la acción popular de inconstitucionalidad. En este
sentido, se desarrolla la idea primigenia de Kelsen, la incidencia
de la propuesta en la democracia representativa, los beneficios
que traería en la práctica legislativa, el impacto que generaría
en la efectividad del principio de supremacía constitucional, la
importancia del reconocimiento de esta acción como un auténtico
derecho político, lo trascendental que sería para la defensa
de los derechos de la colectividad y la prevalencia del principio
de solidaridad. Se cierra el primer capítulo, concibiendo a la actio
popularis en el proceso de inconstitucionalidad, no solo como un
derecho político, sino también como un deber ciudadano.
En el capítulo 2, se analizan los diversos modelos de legitimación
activa que se encuentran tanto en Europa como en América.
En un primer momento, se analiza, de manera general, los casos
de Hungría y del Estado Federado de Baviera (Alemania) como
ejemplos de diseños europeos que asumen una legitimación activa
amplia en el proceso de inconstitucionalidad. De la misma forma,
se desarrolla la legitimación activa restringida que asumen países
como Brasil, Chile y México.

24 DIEGO ALONSO POMAREDA MUÑOZ
Más a profundidad se analizan los diseños europeos, respecto
de la legitimación activa en el proceso de inconstitucionalidad, de
Portugal, España, Eslovenia, Francia, Alemania, Italia y Austria.
Asimismo, se ha estudiado, de manera detallada, los diseños planteados
en los países de América, tales como Colombia, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, República Dominicana,
Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador.
De tal forma, se ha podido tener un acercamiento al proceso
de inconstitucionalidad en los países mencionados y, tener así, un
panorama más claro sobre las propuestas de legitimación activa
que tienen cada uno de estos. Así pues, se ha podido analizar
realidades comparadas y el funcionamiento de la actio popularis
en el proceso de inconstitucionalidad en contextos similares al del
Perú como es el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
A partir de los sistemas normativos de estos países, de la
experiencia trascurrida con este mecanismo jurídico y de las estadísticas
de sus respectivos órganos de justicia constitucional, se
busca demostrar que esta legitimación activa se puede adecuar
a una realidad como la del Perú, siendo jurídicamente viable y
constitucionalmente deseable.
En el tercer capítulo se desarrolla la fundamentación de la
actio popularis de la legitimación activa en el proceso de inconstitucionalidad
para el caso peruano. En tal sentido, se desarrolla
el efecto democratizador que tiene esta propuesta en el Perú, se
profundiza sobre el rol primordial que tiene el Tribunal Constitucional,
desde su concepción y en el caso peruano, para efectos
de demostrar que el control normativo ha perdido prevalencia
cuantitativa en comparación a los procesos que tutelan derechos
fundamentales. Se cierra este primer extremo del tercer capítulo
asegurando que la sobrecarga procesal, a la que refería Kelsen, no
estaba debidamente sustentada y argumentando que debe haber
una clara preferencia de una acción popular de inconstitucionalidad
antes que el amparo contra normas.
En un segundo momento, el capítulo 3 analiza la actual situación
de la legitimación activa en el proceso de inconstitucionalidad

INTRODUCCIÓN 25
en el Perú, estudiando cada uno de los legitimados y detectando
las limitaciones, de este modelo, para el correcto funcionamiento
del proceso de inconstitucionalidad.
Finalmente, se propone una nueva legitimación activa en el
Perú a cargo de los ciudadanos respecto de cualquier norma con
rango de ley 1 y se establecen determinados requisitos procesales
para efectos de encontrar un equilibrio entre una eficiente gestión
en la justicia constitucional (evitando la desmedida sobrecarga
procesal), el acceso al derecho político y al sistema democrático
participativo que presupone la acción popular de inconstitucionalidad.
1
Esto, sin defecto, que en la actualidad en nuestro país encontramos un proceso
de acción popular para determinados actos infralegales.