En Obra - La incidencia del delito fiscal como precedente del lavado en la debida diligencia del sector inmobiliario

REVISTA OFICIAL DE APPCU / ABRIL 2019
Editorial
LA TECNOLOGÍA Y LA OBRA...
POR ANÍBAL DURÁN
AÑO 24
177
LAVADO DE ACTIVOS
Las obligaciones del sector
inmobiliairo por Dr. Juan Diana,
Dra. Paula Garat y Florecia Capelli
PPP EN
URUGUAY
El atractivo de
la contratación
por Dra. Flavia
Mazzuco
OIT
Ocupaciones
y negociación
colectiva por
Dr. Larrañaga Zeni
LABORAL
Relaciones laborales
y economía por
Matías Pérez del
Castillo
COMPETITIVIDAD
Tabla de
posiciones a nivel
mundial, por Mag.
Micaela Camacho
DERECHO
Arbitraje Comercial
Internacional
por Dra. Romina
Maderni
FONDO
Nueva ley de fondos
de garantías de
créditos laborales
por Dra. Cecilia de
Marco y Dra. María
Fernández Fasciolo
SEGURIDAD
Servicio de Prevención
y salud en el trabajo
por Téc. Prev.
Angel Dobrich
Trazabilidad en
los elementos de
protección, colectivo y
personal por
Téc. Prev. Julio
Camarano

OBLIGACIONES
El pasado 26 de marzo se realizó en la sede de APPCU una conferencia sobre las obligaciones de los desarrolladores
inmobiliarios frente a la ley de Lavado de Activos.
En la foto los Dres. Juan Diana y Leonardo Costa del Estudio Brum & Costa Abogados, acompañados por el Presidente
y el Gerente Ejecutivo de APPCU Dr. Daniel Zulamian y Aníbal Durán.
La incidencia del delito fiscal
como precedente del lavado en la debida
diligencia del sector inmobiliario
por Dr. Juan Diana / Dra. Paula Garat / Florencia Capelli de Brum & Costa Abogados
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I.- Introducción
El 10 de enero de 2018 entró en vigencia
la nueva Ley No. 19.574, denominada
“Ley Integral contra el Lavado de Activos”
(en adelante la “Ley”). Fue la norma
que unificó la legislación habida hasta el
momento sobre el tema y que, además,
perfeccionó ciertos aspectos del sistema
preventivo. La regulación se basa en las
recomendaciones que el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) efectuó
a Uruguay, a los efectos de fortalecer su
sistema de prevención del lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo
(en adelante “LA/FT”).
Parte de la regulación trata acerca de
los delitos precedentes al LA, dentro de
los cuales se destaca la inclusión del llamado
“delito fiscal”, cuya incidencia en la
debida diligencia de los sujetos obligados
del sector inmobiliario analizaremos a
continuación.
II.- La defraudación tributaria como
delito precedente
El artículo 34 de la Ley enumera cuáles
son los delitos precedentes al delito de
lavado de activos. Dentro de la nómina
fue incluido el delito de defraudación
tributaria (art. 110 del Código Tributario),
cuando el monto de los tributos defraudados
en cualquier ejercicio fiscal sea
superior a:
A) 2.500.000 UI (dos millones quinientos
mil unidades indexadas) para
los ejercicios iniciados a partir del 1° de
enero de 2018.
B) 1.000.000 UI (un millón de unidades
indexadas) para los ejercicios iniciados
a partir del 1° de enero de 2019.
No obstante lo anterior, dichos montos
mínimos no serán exigibles en los casos
de utilización total o parcial de facturas
o cualquier otro documento, ideológica o
materialmente falsos, con la finalidad de
disminuir el monto imponible u obtener
devoluciones indebidas de impuestos.
En efecto, y salvo que se configure la
hipótesis que se viene de mencionar (falsificación
documental), la defraudación
tributaria solo será considerada delito
precedente cuando se superen los montos
establecidos por la norma para cada ejercicio
fiscal. Por el contrario, tratándose
de cifras menores, si bien se podría haber
configurado el delito de defraudación
tributaria, la conversión o transferencia
de las sumas defraudadas no generarán
luego la comisión del delito de LA.
III.- Incidencia en la DDC aplicada
por los sujetos obligados del sector
inmobiliario
Como se verá, la incorporación de
la defraudación tributaria como delito

OBLIGACIONES
precedente produjo un leve incremento en los controles que
deben aplicar los sujetos obligados del sector inmobiliario,
a la hora de realizar la debida diligencia de clientes (en adelante
“DDC”) y, principalmente, en aquellas operaciones que
impliquen traspaso de fondos respecto de los aportantes de
los mismos.
En este sentido el Capítulo IV del Decreto Nro. 379/018 (reglamentario
de la Ley) dispone, en primer término, la obligación
de calificar al cliente u operación según el riesgo de LA/
FT, de acuerdo a los factores cliente, geográfico y operacional.
En función de ello, el sujeto obligado deberá aplicar una DDC
simplificada, normal o intensificada.
Para los supuestos en que corresponda una DDC intensificada,
entre otros controles, el Decreto exige la obtención de
declaración de regularidad fiscal.
Lo anterior surge del artículo 34 del que dispone:
“B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar para
determinar el origen de los fondos, el sujeto obligado deberá
obtener además una declaración jurada del cliente o su representante,
manifestando que está en cumplimiento con sus
obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.
Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la presentación
de copias de las declaraciones juradas presentadas
ante la administración tributaria correspondiente, o con una
constancia emitida por esta que establezca que el cliente se
encuentra al día con sus obligaciones tributarias, en caso de
que esto último no sea posible, se admitirá una carta emitida
por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación”.
Esto último implica una flexibilización considerable del
requisito, puesto que no necesariamente el sujeto obligado
deberá acreditar la regularidad fiscal del cliente con una copia
de la declaración jurada ante la administración tributaria
correspondiente, sino que podrá utilizar los mecanismos
alternativos (más simples) previstos en el Decreto.
Finalmente, cabe destacar que no se previeron requisitos
de índole fiscal en la DDC simplificada ni en la normal, aunque
en esta última (y siempre que sea posible) es recomendable
incluir igualmente la antedicha declaración, dada la
importancia que revisten estos temas en la actualidad y asimismo
por temas de riesgo reputacional del sujeto obligado.
IV.- Conclusión
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Tomando en consideración la inclusión del delito fiscal
como antecedente del LA de la Ley N°19.574, así como la reglamentación
del sector inmobiliario del Decreto N°379/018,
los sujetos obligados pertenecientes a dicho sector (entre
otros, los promotores asociados a la APPCU), deberán incluir
como requerimiento una declaración de regularidad fiscal
de sus clientes, en todos aquellos casos en que de acuerdo al
nivel de riesgo identificado del cliente u operación, corresponda
la aplicación de una DDC intensificada (esto
es, riesgo alto).
De esta manera, el sujeto obligado deberá tener
en cuenta asimismo dicha información fiscal para
evaluar la licitud de los fondos involucrados en la
operación o, en su caso (y de corresponder), para
realizar el reporte de operación sospechosa (ROS).
Las imágenes
corresponden
a parte de la
concurrencia de
la conferencia
brindada por el
Estudio Brum &
Costa Abogados.