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Composición de Textos y

Cuadros Estadísticos

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ANÁLISIS TRIBUTARIO, es una

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2

Í n d i c e3

COYUNTURA

• Normas Internacionales de Contabilidad: Aclarando el panorama

APUNTES TRIBUTARIOS

5

• SUNAT celebra nuevos convenios interinstitucionales: Más posibilidades de fiscalización

• Deducciones al Impuesto Bruto o al Crédito Fiscal en el IGV: Precisiones que se deben tomar en cuenta

• Ajuste Integral de Estados Financieros: Factores de Actualización

• Cierre del Ejercicio: Tipo de cambio a utilizarse

• Lucha contra el contrabando: Novedades contradictorias

• Ley General de Sociedades: Prórroga de la suspensión de la vigencia de normas sobre disolución o

liquidación de sociedades.

• Acción de Amparo: Variación de la competencia jurisdiccional

• Corte Suprema de Justicia: Cambios con implicancia en materia tributaria

COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN

8

• Código Tributario: Ampliación del plazo de entrada en vigencia del Proceso Contencioso Administrativo

(Decreto de Urgencia Nº 136-2001

• Impuesto Predial: Tabla de Valores Unitarios de Edificaciones y Arancelarios

• Impuesto al Patrimonio Vehicular: Tabla de Valores Referenciales (Resolución Ministerial Nº 002-2002-

EF/15)

• Beneficios Tributarios-Facilidades para importación de vehículos

• Aduanas-Nuevo Arancel de Aduanas (Decreto Supremo Nº 239-2001-EF)

• Unidad Impositiva Tributaria: Modificación de su valor (Decreto Supremo Nº 241-2001-EF)

• SUNAT publican cronograma para el pago de obligaciones tributarias del año 2002 (Resolución de

Superintendencia Nº 144-2001/SUNAT)

• Sistema de Pensiones: Algunas novedades (Leyes Nºs. 27605 y 27617)

INFORME TRIBUTARIO

• Las Revaluaciones Voluntarias y el Impuesto a la Renta diferido: Un Enfoque distinto

11

César Rodríguez Dueñas/Carlos Valle Larrea

• Impuesto a la Renta aplicable a las operaciones de créditos con sujetos domiciliados: últimas modificaciones

15

• Beneficios Tributarios para la extracción y comercialización del atún

19

• Últimas Modificaciones al Impuesto General a las Ventas

22

• Tributación Municipal: Algunas Modificaciones a la Legislación

25

• La regla de valor de mercado, los precios de transferencia y la subcapitalización

28

Walker Villanueva Gutiérrez

CASUÍSTICA

• Plazo para solicitar la baja de comprobantes de pago en caso de extinción de la empresa

• Obligación de llevar el Libro Caja

• Ajuste por Inflación: Inversiones

JURISPRUDENCIA COMENTADA

• Principio de Causalidad en los gastos de publicidad comercial impulsados por una asociación gremial: 34

Deducibilidad y utilización del crédito fiscal por las empresas pertenecientes al gremio industrial cervecero

INDICADORES

• Calendario Tributario y de otros conceptos.

40

• Cronograma de vencimiento de pagos a cuenta semanales del ISC - Caldendario para Buenos Contribuyentes

- Cronograma para la presentación de información de Entidades Estatales sobre la adquisición

de bienes y/o servicios - Impuesto a la Renta 2002: Rentas de 4ta. y 5ta. Categorías - Tabla para

calcular el Impuesto a la Renta 2002 - Factores para el Ajuste Integral de los Estados Financieros - Valor

de la UIT aplicable de 1993 al 2002.

41

• Tasa de Interés Moratorio-SUNAT - Tasa de Interés Mensual para Devoluciones de Pagos indebidos o en

exceso - Tasa de Interés Moratorio-ADUANAS - Tasa de Interés Internacional.

42

• Dólar Norteamericano - Tasas Activa y Pasiva de Intereses.

43

• Índice de Reajuste Diario - Declaración de la base imponible en ADUANAS.

44

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

• Textos de los Principales Dispositivos Legales: Del 21 de diciembre de 2001 al 09 de enero de 2002

• Sumillas de Legislación Tributaria: Del 07 de diciembre de 2001 al 08 de enero de 2002.

NOVIEMBRE 2001

32

32

32

45

61


COYUNTURA

Normas Internacionales de

Contabilidad:

Aclarando el panorama

Felizmente, el Consejo Normativo de Contabilidad

(CNC) ha corregido el marazmo de

dudas sobre la aplicación de las Normas Internacionales

de Contabilidad (NICs) del que oportunamente

dimos cuenta.

En efecto, el mes de julio pasado, en esta

misma sección, planteamos algunas interrogantes

respecto al proceso de aplicación como dispositivos

normativos de las NICs en cuanto a la

toma en consideración de los principios de predictibilidad,

aplicación inmediata en el tiempo

y publicidad.

Aquella vez, nuestros principales cuestionamientos

se hicieron respecto a la falta de certidumbre

sobre cuales eran las NICs que se encontraban

vigentes y desde cuando, dados los

pésimos mecanismos que se utilizaron para la

aprobación de cada una de ellas.

Esos reclamos han sido escuchados por el

CNC, puesto que mediante Resolución Nº 027-

2001-EF/93.01, se han precisado los títulos, versión

y fechas de vigencia de las NICS que han

sido oficializadas, de tal modo que hoy tenemos

ya certidumbre de la vigencia de cada una de

ellas, las que presentamos en el cuadro adjunto.

Además, se ha precisado que al oficializarse

las 29 primeras NICs también está comprendida

la oficialización del «Prefacio a los Pronunciamientos

sobre Normas Internacionales de

Contabilidad» y el «Marco Conceptual para la

Preparación y Presentación de los Estados Financieros».

Ahora bien, en el caso de la NIC 7, como

sabemos, la Resolución Nº 005-94-EF/93.01

oficializa el Acuerdo consignado en la Resolución

Nº 12 del X Congreso de Contadores del

Perú que aprueba la versión original de esa NIC.

Sin embargo, el CNC ha señalado que la NIC 7

que, en su versión original llevaba el título de

«Estado de Cambios en la Situación Financiera»,

fue posteriormente sustituida por otra con el

título de «Estado de Flujos de Efectivo», la cual

está vigente internacionalmente para estados financieros

correspondientes a períodos que se

inicien a partir del 1 de enero de 1994; y que,

en el Perú, la NIC 7 (modificada en 1992) es la

oficializada por la Resolución Nº 005-94-EF/

93.01 y se titula «Estado de Flujos de Efectivo».

Respecto a la NIC 25 (Reordenada en 1994)

«Tratamiento Contable de las Inversiones», que

había sido derogada a partir del 1 de enero

del año 2002 por la Resolución Nº 023-2001-

EF/93.01, se ha precisado que se derogará

totalmente por la vigencia de la NIC 39 «Instrumentos

Financieros: Reconocimiento y Medición»,

a partir del 1 de enero de 2003. Ello

supone reconocer fácticamente que, incluso en

el año 2001, el CNC no tenía claridad sobre el

contenido y los efectos de esta NIC.

En cuanto a la NIC 32 «Instrumentos Financieros:

Revelación y Presentación», se ha precisado

que, de acuerdo con la Resolución Nº

007-96-EF/93.01, la versión original está vigente

hasta que entre en vigencia su nueva versión,

modificada en 1998 y titulada «Instrumentos

(Títulos) Financieros: Revelación y Presentación»,

para estados financieros correspondientes

a períodos que se inicien a partir del 1 de

enero de 2003.

En todos los casos, el CNC con buen criterio

ha precisado la vigencia real de cada NIC,

que evidentemente tiene que ser para todo un

período contable, a partir del primer día de

enero del año correspondiente.

Complementariamente, a través de la Resolución

Nº 024-2001-EF/93.01, el CNC también

ha aprobado la NIC 41: Agricultura, para

los Estados Financieros que cubran períodos

que se inician a partir del 1 de enero de 2003,

aún cuando puede ser usada optativamente a

partir del 1 de enero de este año.

Ahora bien, se mantiene sin solución el problema

de la publicidad de las normas pues,

hasta el momento, no se ha creado el mecanismo

adecuado para permitir que el lego, no

contador o tributarista aficionado a la lectura

de NICs, pueda conocer y obtener fácilmente

dichas normas. Aunque debe reconocerse el

esfuerzo tanto de la Federación de Colegios de

Contadores Públicos del Perú y de la Contaduría

Pública de la Nación por tratar de publicar,

a costos adecuados, las NICs.

Entonces, sigue siendo necesario que se

establezca un mecanismo para que los ciudadanos

puedan tener acceso libre a las NICs vía

su publicación en el Diario Oficial, conforme

ocurre con cualquier otra disposición normativa

en el Perú.

ENERO 2002 3


COYUNTURA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN CNC Nº 027-2001-EF/93.01

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) OFICIALIZADAS AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001 VIGENTES EN EL PERÚ

NIC Nº TÍTULO VERSIÓN

1

2

7

8

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Prefacio a los Pronunciamientos sobre Normas Internacionales de Contabilidad

y el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados

Financieros

Presentación de Estados Financieros

Existencias

Estado de Flujos de Efectivo

Utilidad o Pérdida Neta del Período, Errores Sustanciales y Cambios en las

Políticas Contables

Sucesos Posteriores a la Fecha del Balance General

Contratos de Construcción

Impuesto a la Renta

Información por Segmentos

Información que Refleja los Efectos de los Precios Cambiantes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Arrendamientos

Ingresos

Beneficios a los Trabajadores

Tratamiento Contable de los Subsidios Gubernamentales y Revelaciones

Referentes a la Asistencia Gubernamental

Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras

Combinación (Fusión) de Negocios

Costos de Financiamiento

Revelaciones sobre Entes Vinculados

Tratamiento Contable de las Inversiones

Tratamiento Contable y presentación de Información sobre Planes de Prestaciones

de Jubilación

(Modificada en 1997)

(Modificada en 1993)

(Modificada en 1992)

(Modificada en 1993)

(Modificada en 1999)

(Modificada en 1993)

(Modificada en 1996)

(Modificada en 1997)

(Reordenada en 1994)

(Modificada en 1998)

(Modificada en 1997)

(Modificada en 1993)

(Modificada en 1998)

(Reordenada en 1994)

(Modificada en 1993)

(Modificada en 1998)

(Modificada en 1993)

(Reordenada en 1994)

(Reordenada en 1994)

(Reordenada en 1994)

OFICIALIZADA POR

RESOLUCIÓN CNC Nº

005-94-EF/93.01

016-99-EF/93.01

007-96-EF/93.01

005-94-EF/93.01

007-96-EF/93.01

020-2000-EF/93.01

007-96-EF/93.01

017-99-EF/93.01

023-2001-EF/93.01

005-94-EF/93.01

023-2001-EF/93.01

020-2000-EF/93.01

007-96-EF/93.01

023-2001-EF/93.01

005-94-EF/93.01

007-96-EF/93.01

020-2000-EF/93.01

007-96-EF/93.01

005-94-EF/93.01

005-94-EF/93.01

005-94-EF/93.01

VIGENCIA PARA ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

A PERÍODOS QUE COMIENCEN

A PARTIR DEL

1 de enero de 1994

1 de enero de 2000

1 de enero de 1996

1 de enero de 1994

1 de enero de 1996

1 de enero de 2001

1 de enero de 1996

1 de enero de 2000

1 de enero de 2001

1 de enero de 1994

1 de enero de 2001

1 de enero de 2001

1 de enero de 1996

1 de enero de 2001

1 de enero de 1994

1 de enero de 1996

1 de enero de 2001

1 de enero de 1996

1 de enero de 1994

1 de enero de 1994

1 de enero de 1994

27

Estados Financieros Consolidados y Tratamiento Contable de las Inversiones

en Subsidiarias

(Reordenada en 1994)

005-94-EF/93.01

1 de enero de 1994

28

Contabilización de las Inversiones en Asociadas

(Modificada en 1998)

020-2000-EF/93.01

1 de enero de 2001

29

Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

(Reordenada en 1994)

005-94-EF/93.01

1 de enero de 1994

30

Revelaciones en los Estados Financieros de Bancos e Instituciones Financieras

Similares

(Reordenada en 1994)

007-96-EF/93.01

1 de enero de 1996

31

Información Financiera sobre Participaciones en Asociaciones en Participación

(Modificada en 1998)

023-2001-EF/93.01

1 de enero de 2001

32

Instrumentos Financieros: Revelación y Presentación

007-96-EF/93.01

1 de enero de 1996

33

Utilidades por Acción

011-97-EF/93.01

1 de enero de 1997

34

Informes Financieros Intermedios

014-98-EF/93.01

1 de enero de 1999

35

Operaciones Discontinuas

018-2000-EF/93.01

1 de enero de 2000

36

Desvalorización de Activos

020-2000-EF/93.01

1 de enero de 2001

37

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

019-2000-EF/93.01

1 de enero de 2000

38

Activos Intangibles

020-2000-EF/93.01

1 de enero de 2001

39

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición

023-2001-EF/93.01

1 de enero de 2003

40

Inversión Inmobliaria

023-2001-EF/93.01

1 de enero de 2002

41

Agricultura

024-2001-EF/93.01

1 de enero de 2003

4

ENERO 2002


APUNTES TRIBUTARIOS

Apuntes Tributarios

• SUNAT CELEBRA NUEVOS

CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES:

Más posibilidades de fiscalización

Como sabemos, de acuerdo a las Resoluciones

Nºs. 2 y 3 del Consejo Normativo

de Contabilidad – CNC (órgano

de la Contaduría Pública de la Nación)

se aprobó la metodología del Ajuste

Integral de los Estados Financieros por

efecto de la inflación, para su aplicalidad

Metropolitana de Lima (SAT) un

«Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional»

y el «Convenio Específico

N° 1 acerca del Impuesto Predial,

Impuesto Vehicular, Licencias de Funcionamiento,

Registro Único de Contribuyentes

y Domicilio Fiscal»; ello permitirá

tanto a la SUNAT y el SAT una mejora

en sus actividades correspondientes.

Finalmente, cabe referir que ADUA-

NAS también ha celebrado un Convenio

de intercambio de información con

SUNAT, por el cual esta última proporciona

la data de los domicilios fiscales

y el número de identificación tributaria

de las personas naturales, jurídicas, entidades,

organismos y demás personas

registradas para la obtención del RUC,

y recibe información sobre cualquier

procedimiento de carácter aduanero.

Para aprovechar mejor esta información,

ADUANAS ha establecido en la

R. de S. de Aduanas Nº 1356 que el

domicilio fiscal de los operadores de

comercio es el que fue fijado para la

obtención del RUC o el último fijado en

ese registro, el mismo que deberá consignarse

en todos los documentos que

se presenten a ADUANAS.

• DEDUCCIONES AL

IMPUESTO BRUTO O AL

CRÉDITO FISCAL EN EL IGV:

Precisiones que se deben tomar en

cuenta

Como sabemos, los artículos 26°, 27°

y 28° de la Ley del IGV e ISC, cuyo TUO

fue aprobado por el D. S. Nº 055-99-

EF, establecen que en determinados supuestos

deberán realizarse deducciones

al Impuesto Bruto o al Crédito Fiscal.

Entre otros supuestos, procede el

ajuste por la anulación de ventas, en el

que las deducciones se respaldan por

notas de crédito que el vendedor deberá

emitir de acuerdo con las normas

reglamentarias correspondientes.

Al respecto, el Tribunal Fiscal ha in-

Ya resulta de sentido común la idea

de que se mejora la recaudación cuando

la Administración Tributaria optimiza

su labor fiscalizadora, lo que se logra

implementando nuevos instrumentos

que originen que la verificación de

cumplimiento de obligaciones sea más

eficiente, menos costosa y más focalizada.

En ese sentido, no cabe duda de que

la SUNAT cuenta con un sistema de información

sobre el contribuyente altamente

confiable, formado –entre otros–

por la información proveniente de otras

instituciones estatales con las que celebra

convenios interinstitucionales. De

hecho, recientemente la SUNAT ha establecido

mayores vínculos institucionales

que hacen que debamos esperar

cada vez procesos de fiscalización más

focalizados, donde dicha entidad conozca

claramente la materia y situación

por fiscalizar.

Efectivamente, el 6 de diciembre pasado,

la SUNAT y el Instituto Nacional

de Estadística e Informática (INEI) suscribieron

dos convenios de cooperación

interinstitucional que permitirán el intercambio

de información (no incluida

como reserva tributaria o que tenga carácter

confidencial) entre ambas instituciones.

Se trata del «Convenio Marco

de Cooperación Interinstitucional» y del

«Convenio Específico N° 1 sobre Encuesta

Económica Anual, Capacitación

en la Asignación de la Clasificación Internacional

Industrial Uniforme (CIIU),

Código de Ubicación Geográfica, Producto

Bruto Interno, Registro Único de

Contribuyentes, Ventas y Compras Declaradas,

y Recaudación Mensual».

De otro lado, el 18 de diciembre la

SUNAT suscribió con el Servicio de Administración

Tributaria de la Municipadicado

en su Resolución Nº 705-2-2001

que en el caso de que las facturas se

hubieren anotado en el Registro de Ventas

y entregado al comprador quien las

anotó en su Registro de Compras, el vendedor

debe emitir notas de crédito a

efectos de anular dichas facturas aun

cuando el comprador devuelva las facturas

con la anotación de «anuladas»,

pues éste podría haber utilizado el crédito

fiscal. Si no se sigue el procedimiento

establecido para la anulación de operaciones

de venta, la declaración rectificatoria

presentada por el vendedor no

surtirá efectos.

De otro lado, en la Resolución del

Tribunal Fiscal Nº 213-4-2000, se ha

señalado que el ajuste al débito fiscal

por el vendedor y el correspondiente

ajuste al crédito fiscal por el adquirente

deben realizarse en el mismo mes, debiendo

el vendedor remitir oportunamente

las copias de la nota de crédito

al cliente. Si ello no se hace, el vendedor

no puede realizar el ajuste al débito

fiscal pues el comprador no pudo

efectuar el ajuste al crédito fiscal.

Finalmente, cabe recordar que el reingreso

por la devolución de las mercaderías

y el correspondiente ajuste al

Impuesto Bruto por el vendedor puede

ser sustentado no sólo con el Registro

de Inventario Permanente, sino también

con la tarjeta kardex u otro sistema equivalente

de control interno. Tal ha sido el

criterio señalado en la Resolución del

Tribunal Fiscal Nº 215-3-2000.

• AJUSTE INTEGRAL DE

ESTADOS FINANCIEROS:

Factores de Actualización

ENERO 2002 5


APUNTES TRIBUTARIOS

ción por las entidades y empresas del

sector público y privado; indicándose

que el índice de corrección monetaria

será el Índice de Precios al Por Mayor

(IPM) que publica el INEI.

A tal efecto, la referida Contaduría

Pública ha elaborado las tablas de factores

de actualización para el ajuste integral

de Estados Financieros, las mismas

que han sido aprobadas por la

Resolución Nº 147-2002-EF/93.01,

publicada el 8 de enero de 2002, que

reproducimos en los cuadros siguientes.

Cabe referir que para el caso del

ejercicio 2001 se han presentado índices

inferiores a la unidad debido a que

la economía peruana ha venido pasando

por una etapa deflacionaria (caracterizada

por un descenso generalizado

de los precios, que conlleva a la revaluación

de nuestra moneda local que es

el nuevo sol). Con buen criterio, el CNC

ha dispuesto en la Resolución Nº 025-

2001-EF/93.01 que, para mantener la

coherencia metodológica dispuesta por

las Resoluciones Nºs. 2 y 3 concordadas

con la NIC 29 (Reordenada en

1994): Información Financiera en Economías

Hiperinflacionarias, se considerará

los índices incluso cuando éstos resulten

menores a la unidad.

Ahora bien, en materia tributaria, de

conformidad con el Dec. Leg. Nº 797 y

su Reglamento, aprobado por D. S. Nº

006-96-EF, el Ajuste por Inflación del

Balance General se realiza utilizando

el mismo índice de corrección monetaria.

Al cierre de la edición, ninguna de

las entidades gubernamentales correspondientes

ha emitido pronunciamiento

alguno respecto a si deben usarse

aquellos índices que resulten menores a

la unidad, por lo que se mantienen los

supuestos expresados en el artículo

“Ajuste por Inflación en un contexto de

Deflación” publicado en Informe Tributario

Nº 127 de diciembre de 2001.

ANEXO Nº1

TABLAS DE FACTORES DE ACTUALIZACIÓN PARA UTILIZARSE EN EL AJUSTE INTEGRAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EFECTOS DE LA INFLACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2 DEL CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

Cuadro Nº 1: Para el Ajuste Inicial 1979 - 1989

MESES/ AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROMEDIO

MESES/ AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROMEDIO

81933.681

78491.840

75013.318

72581.936

70346.189

68577.475

64539.887

61735.912

59262.915

57619.360

55230.535

53540.066

65375.687

51549.813

49693.651

48195.475

46937.621

45569.892

44447.187

43512.942

41555.504

39583.339

37666.220

36311.576

34989.188

42705.712

31786.919

30027.245

28915.348

27776.542

26496.417

25930.529

25310.149

24234.732

23671.527

22593.521

21751.537

21066.004

25403.998

20381.137

19690.771

18858.412

18305.359

17564.004

16873.433

16217.724

15599.224

15019.892

14108.212

13613.942

12826.276

16252.532

11892.506

11101.722

10392065

9525.816

8897.959

8225.102

7513.966

6857.257

6316.564

5954.990

5725.193

5422.871

7625.979

5091.723

4746.801

4464.441

4199.795

3937.939

3619.806

3349.312

3140.393

3012.485

2872.584

2706.411

2514.999

3464.668

2206.663

2010.474

1801.902

1652.759

1446.370

1293.211

1159.303

1038.276

1011.244

994.354

968.428

944.166

1264.854

921.107

882.367

856.473

842.780

827.089

810.501

780.608

771.052

748.191

714.574

702.272

687.764

789.065

Cuadro Nº 2: Para el Ajuste Final 1990 - 2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

54.722

46.241

36.502

26.593

19.321

12.854

7.296

1.682

1.245

1.176

1.121

1.000

2.660

1.725

1.643

1.596

1.551

1.404

1.292

1.230

1.182

1.154

1.099

1.032

1.000

1.283

1.477

1.459

1.410

1.375

1.306

1.274

1.237

1.189

1.153

1.075

1.027

1.000

1.228

1.303

1.269

1.225

1.176

1.138

1.117

1.098

1.075

1.049

1.028

1.011

1.000

1.116

1.099

1.094

1.083

1.072

1.069

1.062

1.051

1.023

1.007

1.006

1.003

1.000

1.046

ANUAL

66.340 1.960 1.505 1.341 1.105

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

ELABORACIÓN: CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN

1.075

1.062

1.050

1.039

1.033

1.029

1.028

1.021

1.016

1.010

1.003

1.000

1.030

1.088

1.101

1.086

1.080

1.074

1.064

1.054

1.044

1.036

1.027

1.015

1.005

1.000

1.048

1.114

1.046

1.046

1.045

1.042

1.031

1.024

1.021

1.019

1.016

1.012

1.004

1.000

1.025

1.050

1.051

1.042

1.030

1.026

1.023

1.020

1.012

1.006

1.002

1.001

1.000

1.000

1.018

1.065

1.053

1.041

1.035

1.029

1.027

1.026

1.020

1.019

1.014

1.009

1.004

1.000

1.023

1.055

1.038

1.034

1.030

1.025

1.024

1.022

1.016

1.016

1.009

1.005

1.001

1.000

1.018

1.038

0.977

0.975

0.974

0.975

0.975

0.976

0.982

0.986

0.984

0.990

0.995

1.000

0.982

0.978

661.978

635.351

613.638

584.638

560.437

547.970

524.068

503.288

481.722

458.893

426.326

398.961

520.921

364.796

323.734

262.618

219.806

207.981

200.040

164.452

133.343

47.554

37.112

30.707

20.179

71.569

11.222

9.085

7.918

6.311

4.836

3.977

3.446

2.850

2.143

1.722

1.340

1.000

2.742

F. A. Total 1999

N. I. Dic. 99 149,527812

= = 1,055

N. I. Dic. 98 141,759095

F. A. Total 2000

N. I. Dic. 00 155,265783

= = 1,038

N. I. Dic. 99 149,527812

F. A. Total 2001

N. I. Dic. 01 151,871747

= = 0,978

N. I. Dic. 00 155,265783

54.722

46.241

36.502

26.593

19.321

12.854

7.296

1.682

1.245

1.176

1.121

1.000

2.660

• CIERRE DEL EJERCICIO:

Tipo de cambio a utilizarse

Desde hace varios años sostenemos

que el término “vigente a la fecha del

balance general” señalado en el inciso

d) del artículo 34º del Reglamento de la

Ley del Impuesto a la Renta (IR) para

efectos del tipo de cambio por utilizarse

al cierre del ejercicio debe ser interpretado

en el sentido de tipo de cambio

que rige, inclusive para las transacciones

que ocurren hasta las 24 horas del

día 31 y, obviamente, al tratarse de activos

y pasivos que existen al 31 de diciembre

su conversión no puede ser otra

que aquella que resulte de utilizar el valor

de la moneda extranjera al 31 de

diciembre, fecha del cierre del balance

general.

Dicha interpretación concuerda con

la naturaleza del registro de operaciones

para el IR y con lo señalado en la

NIC 21 (Modificada en 1993): Efectos

de las Variaciones de los Tipos de Cambio

de Monedas Extranjeras; y ha sido

adoptada por la SUNAT por lo menos

en los dos últimos años.

En ese sentido, para el cierre del ejercicio

2001 para efectos del IR es el del

cierre de operaciones del 31 de diciembre

de 2001, publicado el 5 de enero

de 2002, que es de S/. 3.441 para la

compra y S/. 3.446 para la venta.

• LUCHA CONTRA EL

CONTRABANDO:

Novedades contradictorias

Conforme suponíamos y anunciamos

anteriormente, mediante Ley Nº 27595

se creó una Nueva Comisión de Lucha

contra el Contrabando que suplantará

a la que recientemente se había instalado,

creada según disponía la Primera

Disposición Final de la Ley de Delitos

Aduaneros.

Esta nueva Comisión, que tiene

miembros de más instituciones estatales

y de la propia sociedad civil que la anteriormente

diseñada, se encargará de

elaborar y perfeccionar el Plan Estratégico

Nacional de lucha contra el Contrabando,

monitorear su ejecución y

desarrollo por las entidades correspon-

6

ENERO 2002


APUNTES TRIBUTARIOS

dientes, y promover campañas publicitarias

con la finalidad de crear conciencia

tributaria aduanera, entre otros.

Aunque no deja de notarse mucha

improvisación en el proceder de las autoridades

en esta materia, esperamos

que esta nueva Comisión logre significativos

éxitos, pues sin duda eso mejorará

el nivel de cumplimiento tributario

en general, permitiendo que el sistema

resulte ser más justo y equitativo para

todos los contribuyentes.

• LEY GENERAL DE

SOCIEDADES:

Prórroga de la suspensión de la

vigencia de normas sobre disolución

o liquidación de sociedades.

Mediante Ley Nº 27610, publicada

el 28 de diciembre pasado, se ha modificado

la Octava Disposición Transitoria

de la Ley General de Sociedades

(LGS), de tal manera que quedan en

suspenso hasta el 31 de diciembre del

2003, lo siguiente:

– La exigencia de que el Directorio,

cuando se sepa que el activo de la sociedad

no fuese suficiente para satisfacer

los pasivos, (i) convoque de inmediato

a la junta general para informar

de dicha situación; y (ii) dentro de los

quince días siguientes a la fecha de esta

convocatoria llame a los acreedores y

solicite, si fuera el caso, la declaración

de insolvencia de la sociedad (segundo

párrafo del artículo 176º de la LGS).

– La reducción obligatoria del capital

cuando las pérdidas hayan disminuido

éste en más del cincuenta por

ciento y hubiese transcurrido un ejercicio

sin que se haya superado tal situación

(artículo 220º de la LGS).

– La disolución de la sociedad cuando

existan pérdidas que reduzcan el patrimonio

neto a cantidad inferior a la

tercera parte del capital pagado (inciso

4 del artículo 407º de la LGS).

Como podemos ver, las disposiciones

suspendidas establecen con mayor

rigurosidad que la LGS anterior, supuestos

de declaración de insolvencia de una

sociedad o su disolución, de tal modo

que la ampliación de su suspensión se

ha hecho con la finalidad que las sociedades

puedan recuperarse y reactivarse

económicamente, evitándose que

muchas de ellas se tornen en irregulares

ante una inminente generación de

masivas declaraciones de insolvencia o

disoluciones de empresas con pérdidas,

lo que evidentemente provocaría una

crisis empresarial de gran magnitud, lo

que podría a su vez repercutir en los

ámbitos laboral y fiscal. La modificación

señalada recibió la opinión favorable

de la Confederación Nacional de Comerciantes

y de la Bolsa de Valores de

Lima, entre otros.

• ACCIÓN DE AMPARO:

Variación de la competencia

jurisdiccional

Como se recordará, en mayo de

1998, vía facultad delegada, el Poder

Ejecutivo publicó el Dec. Leg. Nº 900

que modificó los artículos 15°, 20° y 29°

de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas

Corpus y Amparo, estableciendo la

competencia de los Juzgados y Salas

de Derecho Público en la capital de la

República y en la Provincia Constitucional

del Callao, así como la de los Juzgados

Civiles, Penales o Mixtos en los

demás distritos judiciales del país.

El 27 de diciembre pasado se publicó

la Sentencia del Tribunal Constitucional

recaída en el Expediente Nº 004-

2001-I/TC, mediante la cual el referido

Tribunal declara inconstitucional el Dec.

Leg. Nº 900, debido a que ha violado

el artículo 104° de la Constitución que

señala que no puede delegarse al Poder

Ejecutivo facultades para que legisle

en materia de leyes orgánicas, lo que

ocurrió en este caso aunque la Ley Nº

23506 sea anterior a la Constitución vigente

puesto que desde la promulgación

de esta última, cualquier regulación

relativa a procesos constitucionales

debe hacerse mediante ley orgánica.

En tal sentido, en materia de amparo,

a partir del 28 de diciembre de 2001

conocen del proceso en primera instancia

cualquier juez de turno, lo que resulta

más adecuado porque el sometimiento

de las acciones a sólo dos jueces

como ocurrió en los últimos años no

sólo generó problemas de manipulación

política sino que dilató innecesariamente

los procesos de amparo que, por la

naturaleza de los derechos protegidos,

es sumarísimo.

• CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA:

Cambios con implicancia en

materia tributaria

Con motivo del cambio de año, la

Corte Suprema ha reestructurado su funcionamiento

con miras a optimizar sus

actividades durante el año 2002. En ese

contexto, se ha prorrogado por el término

de tres meses, computados desde

el 1 de enero de 2002, el funcionamiento

de las Salas Civil y de Derecho Constitucional

puesto que queda un elevado

número de causas pendientes de resolución.

Entonces, aún se han de mantener

algunas Demandas Contencioso-Tributarias

bajo trámite ante la Sala Civil

Transitoria.

De otro lado, han quedado conformadas

las Salas para el año 2002, entre

las que la Sala Civil y la de Derecho

Constitucional Tributaria seguirán conociendo

las Demandas Contencioso-Tributarias

hasta cuando entre en vigencia

la Ley que regula el Proceso Contencioso-Administrativo;

por ello, a continuación

consignamos los vocales de

dichas salas.

SALA

SALA CIVIL PERMA-

NENTE

SALA DE DERECHO

CONSTITUCIONAL Y

SOCIAL PERMANEN-

TE

MIEMBROS

José Antonio Silva Vallejo

(Presidente)

Francisco Távara Córdova

Jorge Carrión Lugo

Mario Torres Carrasco

Jorge Carrillo Hernández

Elcira Vásquez Cortez

(Presidenta)

Enrique Mendoza Ramírez

Fernando Zubiate Reina

Vicente Walde Jaúregui

Claudio Gazzolo Villata

ENERO 2002 7


COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN

Comentarios a la Legislación

Del 07 de diciembre de 2001 al 09 de enero de 2002

CÓDIGO TRIBUTARIO: Ampliación del plazo de

entrada en vigencia del Proceso Contencioso

Administrativo (Decreto de Urgencia Nº 136-

2001).

Como se sabe, el 7 de diciembre pasado se publicó la Ley

Nº 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo,

la misma que debía entrar en vigencia desde el 6 de

enero de 2002 y que modifica completamente el diseño del

Proceso Contencioso Tributario ante el Poder Judicial.

Ahora bien, el 21 de diciembre pasado se publicó el Decreto

de Urgencia Nº 136-2001 por el que se amplía en 180

días el plazo de entrada en vigencia de la referida Ley, esto

es hasta el 5 de julio de 2002. La razón para la ampliación

de la entrada en vigencia estaría en que la aplicación del

artículo 42° y del numeral 8 de la Primera Disposición Derogatoria

de la Ley podrían crear problemas financieros al

Estado, en la medida en que originarían la resolución breve

de los procedimientos en trámite de pago por parte del Estado,

sin que este haya tomado las previsiones correspondientes

para garantizar el pago que podría ordenarse en las

sentencias, lo que incluso podría generar la aplicación de

medidas cautelares sobre las cuentas del Estado en el Sistema

Financiero Nacional.

A primera vista, las razones son atendibles, por lo que la

utilización del Decreto de Urgencia como instrumento normativo

podría ser válida. Sin embargo, si tomamos en cuenta

que la Ley bajo comentario deroga los artículos 157° al

161° del Código Tributario y señala, como hemos referido,

un nuevo diseño del Proceso Contencioso Tributario, el Decreto

de Urgencia podría ser una norma violatoria de la

Constitución.

Efectivamente, si partimos del supuesto que el Código Tributario

es materia tributaria porque trata aspectos sustantivos

y procedimentales de índole tributaria, lo que resulta

confirmado por el Dec. Leg. Nº 771 que señala que dicho

cuerpo normativo forma parte del Sistema Tributario Nacional

y que explícitamente se señala en el tercer párrafo del

artículo 74° de la Constitución Política que los decretos de

urgencia no pueden contener materia tributaria, tendríamos

que concluir que el mencionado Decreto de Urgencia Nº 136-

2001 devendría en inconstitucional cuando menos en este

aspecto.

En ese sentido nos preguntamos si no habría sido más

correcto suspender la aplicación de los artículos referidos

líneas arriba, que afectarían financieramente al Estado.

IMPUESTO PREDIAL: Tablas de Valores Unitarios

de Edificaciones y Arancelarios

Como se recordará, la base imponible del Impuesto Predial

está constituida por el valor total de los predios del contribuyente

ubicados en cada jurisdicción distrital; de tal modo

que, a efectos de poder determinar el valor de los predios, se

deben considerar los valores unitarios oficiales de edificación

y los valores arancelarios aprobados por Resolución

Ministerial.

Para el ejercicio 2002, los Valores Unitarios Oficiales de

Edificaciones para la Costa, Sierra y Selva fueron aprobados

por la R. M. Nº 604-2001-MTC/15.04, publicada el 27

de diciembre de 2001. Ahora bien, cabe resaltar que mediante

R. M. Nº 605-2001-MTC/15.04 se aprobó la “Norma

para determinar los Valores Unitarios Oficiales de Terrenos

Urbanos”.

Asimismo, los valores Arancelarios de Terrenos Rústicos y

de Terrenos Urbanos de Centros Poblados Menores fueron

aprobados por la R. M. Nº 602-2001-MTC/15.04 y la R.

M. Nº 603-2001-MTC/15.04, respectivamente; ambas publicadas

el 27 de diciembre de 2001. Dichos valores serán

dados a conocer por el Consejo Nacional de Tasaciones a

las Municipalidades Provinciales para que éstas, a su vez,

los divulguen entre las Municipalidades Distritales de su jurisdicción.

Ahora, debe tomarse en cuenta que para aplicar estos

valores, los terrenos deben estar dentro de los planos básicos

arancelarios; a tal efecto, recientemente fueron aprobados

los que corresponden a áreas urbanas de la Provincia

de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao (R. M. Nº

600-2001-MTC/15.04) y de las demás provincias de Lima

y departamentos del país (R. M. Nº 601-2001-MTC/15.04).

Si los terrenos no han sido considerados en dichos planos, el

valor de los mismos será estimado por la Municipalidad Distrital

o por el Contribuyente tomando en cuenta el valor arancelario

más próximo a un terreno de iguales características.

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR: Tabla

de Valores Referenciales (Resolución Ministerial

Nº 002-2002-EF/15)

Recientemente se han realizado modificaciones al Régimen

del Impuesto al Patrimonio Vehicular mediante Ley Nº

27616, lo que se señala en un informe especial en este número.

Sin embargo, debemos indicar que el Impuesto al Patrimonio

Vehicular (IPV) es un tributo de periodicidad anual

8

ENERO 2002


COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN

que grava la propiedad de los vehículos automotores, camionetas

y station wagons, camiones, buses y ómnibuses con

una antigüedad no mayor de tres años (salvo los vehículos

nuevos que presten el servicio de transporte público), plazo

que se computará a partir de la primera inscripción en el

Registro de Propiedad Vehicular, siendo contribuyentes los

propietarios de dichos vehículos al 1 de enero del ejercicio.

La base imponible del IPV está constituida por el valor

original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio

de los bienes gravados, el mismo que no puede ser

menor al que figure en la Tabla Referencial que se apruebe

anualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el año 2002, la Tabla de Valores Referenciales fue

aprobada por R. M. Nº 002-2002-EF/15, publicada el 9 de

enero de 2002, y el plazo para el pago del Impuesto al contado

o de la primera cuota del pago fraccionado vence el

jueves 28 de febrero próximo.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Facilidades para

importación de vehículos (29.12.2001 – 214573).

Como se recordará, mediante Ley Nº 27502 se establecen

facilidades para la importación de vehículos nuevos destinados

a la prestación de servicios públicos de transporte

terrestre de pasajeros y de carga, idénticas a las otorgadas

a las empresas nacionales de aviación, según la Ley Nº

26909, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2002 por

la Ley de Aeronáutica Civil.

El beneficio consistió en la posibilidad de importar determinados

vehículos nuevos (1) con suspensión del pago de todo

tributo, bajo el régimen de Importación Temporal hasta por

un período de cinco años, pudiendo realizarse una depreciación

anual de 20 por ciento; de tal modo que al momento

de efectuar la nacionalización, para la determinación de la

base imponible de los Derechos Arancelarios y del IGV se

disminuiría del valor CIF consignado en la Declaración de

Importación Temporal la depreciación realizada.

La norma podría originar un alto costo tributario debido a

un menor cobro de los tributos por la importación, que incluso

podría llegar a ser cero si el bien ingresaba una vez que

se hubiera depreciado completamente, en cuyo caso estaríamos

en realidad frente a una nueva exoneración, pero

esta vez “camuflada dentro de un esquema de internamiento

temporal” razón por la cual ha sido derogada por Ley Nº

27612, vigente desde el 30 de diciembre de 2001.

ADUANAS – Nuevo Arancel de Aduanas (Decreto

Supremo Nº 239-2001-EF)

Por D. S. Nº 239-2001-EF, publicado el 29 de diciembre

pasado, se aprueba el nuevo Arancel de Aduanas basado

en la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros

de la Comunidad Andina – NANDINA, que rige a partir

del 1 de enero de 2002. Dicho Arancel incorpora la Tercera

Enmienda al Sistema Armonizado y la Decisión 507 de

la Comunidad Andina.

Ahora bien, ADUANAS ha señalado que en tanto se adecue

a la nueva estructura arancelaria el Sistema Integrado

de Gestión Aduanera (SIGAD) y el de los Operadores de

Comercio Exterior, para los trámites de los despachos aduaneros

se continuará utilizando las Subpartidas Nacionales

del Arancel de Aduanas aprobado por D. S. Nº 119-97-EF;

asimismo, deberá consignarse en forma impresa en el rubro

7.37 (Información Complementaria) de la DUA, la Subpartida

Nacional correspondiente al Nuevo Arancel hasta el 30

de enero próximo.

UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA:

Modificación de su valor (Decreto Supremo Nº

241-2001-EF)

Como se recordará, la Norma XV del Título Preliminar del

Código Tributario establece que el monto de la Unidad Impositiva

Tributaria (UIT) será determinado mediante Decreto

Supremo y se podrá utilizar para determinar las bases imponibles,

deducciones, límites de afectación y otros aspectos

de los tributos, además para aplicar sanciones, determinar

obligaciones contables, inscribirse en el RUC, entre otros.

Al respecto, el D. S. Nº 241-2001-EF ha establecido que

la UIT aplicable a partir del 1 de enero de 2002 como índice

de referencia de normas tributarias es de tres mil cien soles

(S/. 3,100), que representa el 33,3 por ciento con relación

al valor que tenía en el año 2001. Como consecuencia de la

modificación del valor de referencia, se han modificado diversos

montos que se calculaban sobre la base de la UIT, a

partir del 1 de enero del presente año, por ejemplo:

1. En materia del Impuesto a la Renta

– En el caso de préstamos al personal de la empresa,

no hay intereses presuntos si los prestamos por

adelantado de personal no exceden 1 UIT (ahora

S/. 3,100) o los préstamos para la adquisición o

construcción de viviendas de tipo económico que

no excedan de 30 UIT (ahora S/. 93,000).

– El límite máximo de 40 UIT (ahora S/. 124,000)

para la deducibilidad de los gastos de representación

propios del giro del negocio y los gastos recreativos

para efectos de determinar la renta neta

de tercera categoría.

– El límite máximo de 100 UIT (ahora S/. 310,000)

para la deducibilidad de los gastos sustentados con

Boletas de Venta o Tiques que no otorgan dicho

derecho para efectos de determinar la renta neta

de tercera categoría.

– El límite de 24 UIT (ahora S/. 74,400) para la

deducción como gasto en la renta de cuarta categoría

del 20 por ciento de la renta bruta.

–––––

(1) Se trata de: (i) los ómnibuses con peso seco mayor o igual a 8500 Kg., y, (ii)

los automóviles diseñados o construidos para el servicio público de taxis

bajo sujeción a las características y el equipamiento establecidos por las

municipalidades correspondientes.

ENERO 2002 9


COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN

– La deducción de 7 UIT (ahora S/. 21,700) de las

rentas de cuarta y quinta categoría

– Los límites para la aplicación de alícuotas diferenciadas

del Impuesto a la Renta de personas naturales

domiciliadas que ahora son: 27 UIT (ahora

S/. 83,700) para la alícuota del 15 por ciento,

entre más de 27 UIT (ahora S/. 83,700) hasta 54

UIT (ahora S/. 167,400) para la alícuota de 21

por ciento, y más de 54 UIT (ahora S/. 167,400)

para la alícuota de 27 por ciento.

2. En materia del Impuesto General a las Ventas ha variado

el límite para gozar de la exoneración por la

primera venta de inmuebles que realicen los constructores

de los mismos destinadas exclusivamente a vivienda

(35 UIT en el valor de venta del inmueble: ahora

S/. 108,500).

3. En materia de Impuesto Predial

– Ha variado la escala progresiva acumulativa para

su cálculo (hasta 15 UIT de tramo de autoavalúo

–ahora S/. 46,500– la alícuota es de 0.2 por ciento;

por el exceso de dicho monto hasta 60 UIT

–ahora S/. 186,000– es 0.6 por ciento y más de

este último monto es de 1 por ciento).

– Ha variado el monto de la deducción de la base

imponible para los pensionistas propietarios de un

solo inmueble (50 UIT que ahora significa

S/. 160,000).

4. En materia de Código Tributario ha variado el valor

de aquellas sanciones previstas en base a la UIT.

Ahora bien, conforme a la variación de la UIT, deberá

actualizarse el parámetro de la UIT en el PDT siguiendo las

siguientes instrucciones:

a) Debe ingresarse a la opción «Utilitarios» del menú

principal y elegirse «Actualización de Parámetros».

b) A continuación aparecerá la ventana «Actualización

de Parámetros», en la cual deben colocarse los siguientes

valores:

Código : 404

Argumento : 20020101

Descripción : 00003100.00

Correlativo : 0

Verificador : 12570910105

c) Debe verificarse el correcto llenado y grabarse. De haberse

ingresado correctamente todos los datos, se mostrará

una pantalla en la que se indicará que el parámetro 404 fue

actualizado satisfactoriamente.

SUNAT: Publican cronograma para el pago de

obligaciones tributarias del año 2002 (Resolución

de Superintendencia Nº 144-2001/SUNAT).

El 29 de diciembre pasado fue publicada la R. de S. Nº

144-2001/SUNAT que establece el cronograma para el pago

de las obligaciones tributarias recaudadas por la SUNAT para

los períodos tributarios de enero a diciembre de 2002.

El cronograma para el pago por parte de los deudores

tributarios, incluyendo los del RUS y ESSALUD y el Impuesto

a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, ha sido

detallado en el Anexo Nº 1 de dicha Resolución (ver pág. 57

de esta edición), mientras que el cronograma para el pago a

cuenta semanal por parte de los deudores afectos al Impuesto

Selectivo al Consumo se consigna en el Anexo Nº 2 de la

Resolución (aunque para la regularización mensual se aplicará

el Anexo Nº 1).

SISTEMA DE PENSIONES: Algunas novedades

(Leyes Nºs 27605 y 27617)

Mediante Ley N° 27605, publicada el 22 de diciembre

de 2002, se ha señalado que cada empleador debe entregar

a las entidades que administran las aportaciones y retenciones

previsionales una Liquidación Anual de los aportes

y retenciones de cada asegurado.

En ese sentido, dada la centralización de la información

del Sistema de Salud y del Sistema Nacional de Pensiones

(SNP) por la SUNAT y que el Sistema Privado de Pensiones

(SPP) es esencialmente mecanizado, nos preguntamos ¿cuál

es la finalidad de que los empleadores entreguen una Liquidación

Anual, si mensualmente presentan una liquidación

de cada afiliado, tanto a la SUNAT como a las entidades

que administran los sistemas de jubilación? Al parecer, detrás

de la norma habría un interés en proteger los derechos

de los trabajadores, puesto que la propia ley también ha

señalado que el empleador debe entregar a sus trabajadores

el certificado de retenciones correspondiente al SNP o al

SPP.

Hubiera sido más correcto, justo y eficiente que si lo que

se quería era cautelar los derechos del trabajador, se creara

la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios

para que las entidades respectivas conserven la información,

y tomarse por cierto lo manifestado por el trabajador

en caso de que esas instituciones pierdan dicha información.

Finalmente, cabe referir que mediante Ley Nº 27617 se

dispone la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones

del Decreto Ley Nº 19990 y se modifica el Decreto Ley

Nº 20530 y la Ley del Sistema Privado de Administración de

Fondos de Pensiones. Debe también tomarse en cuenta que

hay una fe de erratas de esta norma que se publicó el 5 de

enero de 2002 en la pág. 215098.

10

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

Las Revaluaciones Voluntarias y el

Impuesto a la Renta diferido

Un Enfoque Distinto

César Rodríguez Dueñas (*)

Carlos Valle Larrea (**)

INTRODUCCIÓN

Ante la aparición de respetables opiniones de profesionales

contables respecto a que las revaluaciones voluntarias de activos,

sin efecto tributario, no generan impuesto a la renta diferido (y en

su caso, participaciones diferidas de los trabajadores en las utilidades)

nos toca exponer nuestros argumentos a quienes (basándonos

en nuestra propia lectura y análisis de la Norma Internacional de

Contabilidad NIC 12: Impuesto a la Renta) opinamos lo contrario.

Lo tratado en el presente artículo tiende a ser bastante árido por

lo complejo y poco difundido que se encuentra el tema, por lo que

rogamos al lector disculpar la simplicidad de los números y supuestos

de nuestros ejemplos. Las simplificaciones, en la medida que

permitan demostrar la esencia de la exposición, son justificables.

En primer lugar, antes de entrar al tema en si mismo, recordemos

que la NIC 12 requiere que una empresa reconozca un activo

o pasivo tributario diferido, según corresponda y con ciertas excepciones,

cuando sea probable que la recuperación o liquidación de

un activo o un pasivo ocasione futuros pagos tributarios, mayores o

menores de los que hubieren sido sin efectos tributarios.

En segundo lugar la NIC 12 original permitía, pero no requería,

que una empresa reconociera un pasivo tributario diferido cuando

se efectuaba una revaluación de activos que no tenía efectos

tributarios.

De la sola lectura de la NIC 12 modificada en 1996 (vigente en

el Perú a partir del año 2000 y a la cual nos referimos en todo el

artículo, salvo indiquemos lo contrario) 1 se puede apreciar que ésta

señala claramente que las revaluaciones voluntarias sin efecto tributario

generan diferencias temporales. Así, el párrafo 18 de la

NIC 12 indica que también surgen diferencias temporales cuando

“los activos son revaluados, pero sin hacer ningún ajuste equivalente

para efectos tributarios”. Más adelante el párrafo 20 señala “(…..)

En ciertos países, la revaluación o reexpresión de un activo no afecta

la utilidad gravable del período al que corresponde la revaluación

o reexpresión y, por consiguiente, la base tributaria del activo no se

ajusta. No obstante, la recuperación futura del valor contable dará

lugar a un flujo gravable de beneficios económicos a la empresa y

el monto que será deducible con fines tributarios será diferente al

monto de estos beneficios económicos futuros. La diferencia entre el

valor contable del activo revaluado y su base tributaria es una diferencia

temporal y da lugar a un pasivo o activo tributario diferido.

Esto es cierto aún cuando:

(a) La empresa no se proponga disponer (enajenar o retirar)

del activo. En tal caso, el valor contable revaluado del activo será

recuperado mediante su uso y ésto generará ingresos gravables

que excederán a la depreciación permitida para fines tributarios en

períodos futuros (……)”.

Aunque es un buen punto de partida, pobre sería nuestro argumento

si solo lo fundamentamos en un acatamiento de la NIC 12 al

pie de la letra. Pasemos entonces a explicar, según nuestro entendimiento,

los fundamentos teóricos que señala la NIC 12 para afirmar

que las revaluaciones voluntarias sin efecto tributario generan

diferencias temporales.

Diferencias de periodificación

La NIC 12 original (con cuya modalidad de cálculo nos encontramos

familiarizados) centraba su atención en las partidas de conciliación

entre el resultado contable y el tributario. Es decir

visualizaba las diferencias temporales a través del estado de ganancias

y pérdidas. El Cuadro 1 nos permite de una manera sencilla

apreciar un caso típico de la determinación del impuesto a la

renta diferido conforme a la NIC 12 original.

CUADRO 1

LABORATORIO IBIS S.A.

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 1998

Utilidad contable 10,000

(+) Reparos

Sanciones administrativas fiscales

(diferencia permanente) 500

Provisión para desvalorización

de existencias (diferencia temporal) 800

Renta neta 11,300

Impuesto a la renta (tributario 30%) 3,390

–––––––

(*) Colaborador Especial de Análisis Tributario. Socio Encargado de la División

de Consultoría Tributaria de Pazos, López de Romaña, Rodríguez Sociedad

Civil, Firma Miembro de BDO International.

(**) Supervisor de la División de Auditoría de Pazos, López de Romaña,

Rodríguez Sociedad Civil, Firma Miembro de BDO International.

(1) La NIC 12 revisada en el año 2000, y aún no vigente en el Perú, no

contiene ninguna modificación en relación a este tema.

ENERO 2002 11


INFORME TRIBUTARIO

Conforme al punto de vista de la NIC 12 original, el gasto contable

por impuesto a la renta estará conformado por la utilidad

contable más (menos) las diferencias de naturaleza permanente (en

nuestro caso a la utilidad comercial de S/. 10,000 debe agregarse

las sanciones administrativas fiscales – no deducibles en ningún

ejercicio futuro – ascendentes a S/. 500, con lo cual se tiene un

impuesto a la renta contable de S/. 3,150). Por tanto, el asiento de

contabilización del gasto por impuesto a la renta del año sería

tanto el siguiente:

————— (1) ————-

Gasto por impuesto a la renta 3,150

Impuesto a la renta diferido 240

Tributos por pagar 3,390

La diferencia entre el impuesto a la renta tributario (S/. 3,390)

y el contable (3,150) lo constituye el impuesto a la renta diferido

(S/. 240, que equivale al 30 por ciento de la diferencia temporal

ascendente a S/. 800).

Dicha provisión para desvalorización se origina en las medicinas

vencidas que se encuentran en stock. Sin embargo, dicho gasto

sólo será deducible cuando se produzca la destrucción de estos

productos en presencia de un Notario Público o Juez de Paz, a falta

de aquel, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 21°

del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Si suponemos

que esto sucedió en el año 1999 y que durante el mismo no existió

ninguna otra partida reparable tendríamos el Cuadro 2:

CUADRO 2

LABORATORIO IBIS S.A.

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO

1999

Utilidad contable 8,000

(-) Deducciones

Destrucción de productos en presencia

de Notario Público (800)

Como puede apreciarse, el impuesto a la renta diferido registrado

el año anterior es revertido debido a que el gasto reparado

en 1998 se ha convertido en partida deducible en 1999.

La provisión para desvalorización de existencias, al igual que

las diferencias entre las tasas de amortización contable y tributaria

o el diferimiento para efectos tributarios de obras con duración

mayor a un año en empresas constructoras, entre otras, pertenecen

a un tipo de diferencias temporales conocido como diferencias de

periodificación (llamados por algunos diferencias temporales), definidas

en la NIC 12 como aquellas surgidas entre la utilidad contable

y tributaria de un período, para luego ser reversadas en otro.

Un nuevo método para contabilizar el impuesto a la renta

diferido - -

La metodología de determinación del impuesto a la renta diferido

a través del estado de ganancias y pérdidas que hemos visto en

el ejemplo anterior es conocido como método del pasivo del estado

de ganancias y pérdidas. Dicho método ha quedado superado

en la NIC 12 modificada. Bajo el método establecido por esta nueva

NIC (denominado “método del pasivo del balance general”) las

diferencias temporales ya no son aquellas originadas por la diferencia

entre la utilidad contable y la utilidad tributaria, sino las

diferencias entre la base tributaria de un activo o pasivo y el monto

al que éstos se encuentran registrados en el balance general (base

contable). A estos efectos se entiende por base tributaria al monto

que se le atribuye a un activo o pasivo para fines tributarios.

Para ilustrar este método veamos los cuadros que siguen:

CUADRO 3

LABORATORIO IBIS S.A.

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DEL RUBRO EXISTENCIAS

1999 1998

Productos terminados 950 1,000

Productos en proceso 410 500

Materias primas 700 600

Provisión para desvalorización

de existencias - (800)

CUADRO 4

2,060 1,300

LABORATORIO IBIS S.A.

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (IRD)

CONFORME AL MÉTODO DEL PASIVO DEL BALANCE GENERAL

Renta neta 7,200

Impuesto a la renta (tributario (30%)) 2,160

Ejercicio 1998

Base

contable

Base

tributaria

Activo

(pasivo)

diferido

IRD Activo

(pasivo) 30%

Existencias

1,300

2,100

800

240

El asiento por la contabilización del impuesto a la renta de 1999

sería:

———— (2) ———-

Ejercicio 1999

Eixstencias

2,060

2,060

----

----

Gasto por impuesto a la renta 2,400

Tributos por pagar 2,160

Impuesto a la renta diferido 240

Siguiendo con el ejemplo del laboratorio en el Cuadro 3 podemos

apreciar la composición del rubro Existencias durante los ejercicios

1998 y 1999 y en el Cuadro 4 la determinación del impuesto

a la renta diferido bajo el método establecido en la NIC 12 modificada,

también para ambos ejercicios. En 1998 la base tributaria

del rubro Existencias es mayor que su valor en libros debido a que

la provisión para desvalorización de existencias no es deducible.

Como se observa en el Cuadro 4, al no existir provisión para desvalorización

en 1999 (debido a que no existen en stock medicinas

vencidas y el saldo que había al cierre del año anterior ya fue

destruido), las bases tributaria y contable del rubro Existencias son

iguales.

La contabilización del impuesto a la renta diferido bajo el nuevo

método, si bien tendrá igual efecto que los asientos (1) y (2)

12

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

anteriores, debe hacerse de una manera distinta para apreciar más

claramente la diferencia con el método anterior (esto será más notorio

aún cuando veamos más adelante el efecto de las revaluaciones

en el IRD). Conforme a la NIC 12 el gasto por impuesto a la renta (2)

presenta 2 componentes: el gasto corriente (es decir el IR tributario)

y la variación en el impuesto a la renta diferido.

Así tenemos que los asientos para 1998 y 1999 serían como

sigue:

Año 1998

—————— (1 A) —————-

Gasto por impuesto a la renta 3,390

Tributos por pagar 3,390

—————— (1 B) —————-

Impuesto a la renta diferido 240

Gasto por impuesto a la renta 240

Año 1999

————— (2 A) ——————-

Gasto por impuesto a la renta 2,160

Tributos por pagar 2,160

————— (2 B) ————————-

Gasto por impuesto a la renta 240

Impuesto a la renta diferido 240

Viendo lo simple de nuestro ejemplo, notaremos que en el año

1999 la variación del IRD es exactamente el monto que se registró

el año anterior y ello ocurre por haberse revertido la diferencia

temporal.

Un tipo diferente de diferencia temporal

Todas las diferencias de periodificación son temporales; sin

embargo, existe otro tipo de diferencias temporales que no son de

periodificación, cuya reversión no ocurre por diferencias entre las

utilidades contables y tributaria, sino sólo a nivel de las bases contables

y tributarias de los activos y pasivos. Dentro de estas diferencias

(a las cuales la NIC 12 no les da un nombre especial) se encuentra

la originada por activos revaluados cuyo incremento por

revaluación no es deducible para efectos tributarios (caso que actualmente

corresponde a todas las revaluaciones voluntarias que se

efectúen en nuestro país, excepto las realizadas dentro de un proceso

de reorganización de sociedades, conforme al numeral 1 del

artículo 104º de la Ley del Impuesto a la Renta, así como en aquellas

empresas que revaluaron antes de las modificaciones de dicha

Ley y que tenían Convenios de Estabilidad Tributaria). (3)

Supongamos, por ejemplo, una máquina utilizada en minería

que es revaluada, manteniéndose la vida útil determinada antes de

producirse la revaluación (5 años, lo cual nos da una tasa de depreciación

anual del 20%). El incremento del valor del costo del

activo como consecuencia de la revaluación no es deducible para

efectos del impuesto a la renta, siendo los datos respecto a las bases

contable y tributaria de esta máquina al momento de contabilizarse

la revaluación los siguientes:

Ejercicio 1998

CUADRO 5

Base

contable

Costo

2,000

Depreciación acumulada (800)

Incremento neto por revaluación (4) 3,000

Costo neto

4,200

La diferencia entre las bases contable y tributaria del activo da

lugar a la existencia de un pasivo diferido por impuesto a la renta,

el cual, de acuerdo a la NIC 12 modificada, debe registrarse al

momento de contabilizarse el incremento en el costo del activo

revaluado. El asiento sería el siguiente:

——————— 1 (A) ———————-

Base

tributaria

2,000

(800)

-------

1,200

Exceso

de base

contable

---

---

(3,000)

(3,000)

Maquinaria 3,000

Pasivo tributario diferido (3,000 x 30%) 900

Excedente de revaluación (3,000 – 900) 2,100

Por la contabilización del valor revaluado de la maquinaria. (5)

Nótese que el excedente de revaluación ya no es igual al incremento

en el costo neto de la maquinaria como consecuencia de la

revaluación. La diferencia será el pasivo tributario diferido resultante

de aplicar la tasa efectiva del impuesto (en nuestro caso 30% sobre

los S/. 3,000 que corresponden al exceso de la base contable sobre

la tributaria). Dicho pasivo tributario diferido será revertido a lo largo

del plazo de depreciación del mayor costo revaluado, lo cual

dará lugar a una reducción progresiva del exceso de la base contable

sobre la base tributaria, según se puede visualizar en el Cuadro

6 y la explicación que sigue:

A partir del año 3, para la determinación del impuesto a la

renta deberá repararse la depreciación del mayor valor revaluado

(S/. 1,000 por los años 3 al 5) (6) . Podemos notar que nunca hubo

una deducción previa para la determinación de la renta imponible,

es decir, un origen en una partida conciliatoria entre la utilidad

contable y la tributaria como fue el caso de la provisión para desvalorización

de existencias que presentamos en el Cuadro 1.

––––––

(2) Resulta impropio decir que siempre el IR será gasto. Sin extendernos en

este tema debemos hacer notar al lector que en algunas circunstancias

(como por ejemplo cuando existen pérdidas tributarias que podrían compensarse

contra utilidades futuras) podemos hablar de un ingreso por impuesto

a la renta. No dudamos cuán complicado va a resultar explicarle a

los propietarios de las empresas que siguiendo a la NIC 12 el IR (gasto

bajo su entendimiento común) puede convertirse en ingreso que se excluye

en la declaración jurada por no ser gravable.

(3) Otras diferencias temporales que no son de periodificación son aquellas

que se producen, por ejemplo, en fusiones o consolidaciones y son temas

mucho más complejos que las originadas por revaluaciones, por lo que

obviamente no las vamos a tratar en el presente artículo.

(4) Conforme lo señala la NIC 16 el registro de la revaluación da lugar a que

la depreciación sea reestructurada proporcionalmente con el cambio en el

valor bruto en libros del activo o sea eliminada contra el incremento por

revaluación. En nuestro ejemplo no hemos aplicado ninguno de estos tratamientos

a efectos de hacer más simple la exposición.

(5) Con miras a simplificar nuestros ejemplos no estamos considerando las

participaciones de los trabajadores que también generan diferencias temporales.

Tampoco se está tomando en cuenta el efecto del ajuste por inflación

puesto que ciertamente no afecta las conclusiones a las que llegamos

en el presente artículo.

(6) Suponiendo que el íntegro de la depreciación o amortización es gasto del

período, ya que si ésta forma parte del costo de otro activo como las

existencias, la diferencia temporal se generaría conforme estas existencias

sean consumidas o vendidas.

ENERO 2002 13


INFORME TRIBUTARIO

CUADRO 6

Bases contables y tributaria de la máquina revaluada

Costo

bruto

CONTABLE

Depreciación

acumulada

Base

contable (1)

Costo

bruto

TRIBUTARIO

Depreciación

acumulada

Base tributaria

(2)

Diferencia

Pasivo

tributario

diferido

Fecha de revaluación

(al término del año 2)

Año 3

Año 4

Año 5

5,000

5,000

5,000

5,000

(800)

(2,200)

(3,600)

(5,000)

4,200

2,800

1,400

---

2,000

2,000

2,000

2,000

(800)

(1,200)

(1,600)

(2,000)

1,200

800

400

---

3,000

2,000

1,000

---

900

600

300

---

Entonces, si no hay una reversión en el tiempo de las adiciones

que tendrá que efectuar esta empresa por la depreciación del valor

revaluado, ¿porqué debe contabilizarse una diferencia temporal?

No sería este el caso de una diferencia permanente como ocurre

con las sanciones administrativas fiscales o los gastos sin sustento

tributario, los cuales deben sumarse a la utilidad contable para

obtener la base de cálculo del gasto corriente por impuesto a la

renta. Si se hubiera registrado como excedente de revaluación en

el asiento 1 (A) los S/. 3,000 en lugar de los S/. 2,100 contabilizados

(que están netos del efecto en el impuesto a la renta diferido),

estaríamos reconociendo un mayor patrimonio del que realmente

corresponde por la revaluación (con el detrimento que se podría

causar a futuros inversionistas que verían menguados sus beneficios

por el caso o la enajenación de un bien que en el pasado fue

materia de una revaluación sin efectos tributarios iguales a los contables),

ya que los S/. 900 constituyen impuesto a la renta que se

pagará en el futuro generando por tanto un pasivo, en vez de un

incremento en el patrimonio. Las diferencias permanentes (7) que

antes mencionamos, en cambio, se producen sólo en el ejercicio

corriente y no afectan, por tanto, el cálculo de la renta imponible de

ejercicios futuros como ocurre con las revaluaciones voluntarias. Si

se tratara la depreciación no deducible como una diferencia permanente,

entonces reconoceríamos a “cuentagotas” (S/. 300 cada

año) un pasivo por impuesto a la renta de S/. 900 que ya es conocido

desde el momento que se registró la revaluación.

Definido ya que las revaluaciones voluntarias sin efecto tributario

generan diferencias temporales, queda por definir la contabilización

que, como ya mencionamos, debe efectuarse separando el

impuesto corriente de la variación en el IRD, para evitar confusiones.

Si suponemos que en el año 3 no existían otras diferencias

temporales y que el impuesto corriente era de S/. 3,200, los asientos

serían:

—————— (b) ————————-

Gasto por IR 3,200

Tributos por pagar 3,200

Por la contabilización del IR a pagar según declaración jurada

del año 3.

————— (c) ——————

Pasivo diferido 300

Gasto por IR 300

Por la variación del IRD del año 3 respecto al 2 (S/. 900 – S/.

600).

Revaluación de terrenos

Un caso especial es el de los terrenos. La mayoría de profesionales

entendidos en el tema de las revaluaciones considera que

cuando se revalúa un terreno no debe registrarse ninguna diferencia

temporal como consecuencia de la revaluación, por cuanto el

valor contable de tal activo no será recuperado mediante su uso y

por tanto no hay depreciación contable que exceda a la tributaria.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el incremento por

revaluación no será deducible cuando se enajene el terreno. Debido

a ello, otros profesionales opinan que si bien resulta incierta la

fecha de esta enajenación (que puede suceder en última instancia

con la liquidación de la empresa), ya que se trata de activos fijos de

vida ilimitada, la diferencia temporal generada por la revaluación

es un pasivo diferido y como pasivo conocido debe ser registrado.

Al respecto, los párrafos 15 y 39 de la NIC 12 señalan las excepciones

en las cuales no corresponde registrar un pasivo tributario

diferido, ninguna de las cuales está referida a la revaluación de

terrenos.

Analizados los argumentos expresados, nos suscribimos a la

posición de no registrar un pasivo diferido por revaluaciones de

terrenos debido a que no se cuenta con la certeza de que se produzca

tal pasivo puesto que, bajo el postulado de empresa en marcha,

no se espera la liquidación de la empresa y la enajenación de

terrenos que forman parte del activo fijo de una empresa constituye

un hecho excepcional cuya ocurrencia es indeterminada.

Otros efectos de las revaluaciones en el impuesto a la renta

diferido

La NIC 16 señala que el excedente de revaluación incluido en

el patrimonio puede transferirse directamente a resultados acumulados

cuando los activos revaluados son enajenados o depreciados

mientras son utilizados por la empresa durante el curso de su vida

útil. Concordante con esto el párrafo 64 de la NIC 12 señala que

en caso la empresa opte por este tratamiento (opcional en la NIC

16), el monto del excedente de revaluación transferido a resultados

acumulados debe estar neto del impuesto a la renta diferido.

Lo dispuesto por tal párrafo de la NIC refuerza la posición de

quienes sostienen que las revaluaciones voluntarias sin efecto tributario

generan un impuesto diferido.

Finalmente, debemos mencionar que el párrafo 65 de la NIC se

pone en la circunstancia en la cual una empresa efectúa una

revaluación que únicamente tiene efectos contables y posteriormente

realiza una revaluación con fines tributarios. Tal sería el caso de

una empresa que a una fecha efectuó una revaluación voluntaria

para mejorar su patrimonio – sin implicancias tributarias – y que

posteriormente es absorbida por otra, produciéndose la revaluación

de sus activos fijos conforme al artículo 104 numeral 1 de la Ley del

Impuesto a la Renta, que le da a la misma efectos tributarios. En

esta situación los efectos del ajuste en las bases contables y tributarias

originadas por los activos revaluados se contabilizan afectando el

patrimonio neto. Si por el contrario, la revaluación tuviera únicamente

efectos tributarios, el ajuste de la base tributaria se reconoce

en el estado de resultados.

–––––

(7) Debemos mencionar también que el término diferencia permanente ha

sido abandonado por la NIC 12 modificada, hablando sólo de gasto corriente

por impuesto a la renta.

14

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

Impuesto a la Renta aplicable a las

operaciones de créditos con sujetos

domiciliados: últimas modificaciones

I. INTRODUCCIÓN

El 29 de diciembre del año 2001 fue publicada la Ley Nº 27615

que modifica nuevamente los incisos a) y e) del artículo 56º de la Ley del

Impuesto a la Renta (en adelante la Ley), cuyo TUO fue aprobado por

D.S.Nº 054-99-EF.

Esta es la tercera modificación que se realiza al tratamiento tributario

de los créditos provenientes del exterior contenido en el artículo 56º

de la Ley en el lapso de un año – si contamos la fecha de vigencia de

cada modificación - pues como se recordará, desde fines del año 2000

y hasta fines del año pasado, se han venido realizando sucesivas modificaciones

mediante la Leyes Nº 27356 (18 de octubre de 2000), Nº

27513 (28 de agosto de 2001) y Nº 27615 (29 de diciembre de 2001).

Estos cambios sucesivos han originado dudas acerca de la racionalidad

de nuestro sistema tributario e inseguridad jurídica tanto en los

contribuyentes como en los inversionistas, pudiéndose apreciar, en las

sucesivas regulaciones sobre el tema, marchas y contramarchas que

evidenciarían la ausencia de una concepción unitaria y coherente sobre

la tributación en nuestro país.

En ese sentido expondremos a continuación los diversos cambios

que ha sufrido la Ley del Impuesto a la Renta a partir del ejercicio 2000

en relación a los intereses provenientes de créditos externos, siendo el

tema principal la última modificación realizada por la Ley Nº 27615.

II. ANTECEDENTES

Como se aprecia en el cuadro Nº 1, a partir del mes de enero del

año pasado la tasa aplicable a los préstamos provenientes del exterior

aumentó de 1% a 5% siendo variada a fines de agosto de dicho

año a 4.99%, tasa que se mantiene hasta la fecha. De igual manera,

en concordancia con el nuevo tratamiento otorgado a las operaciones

realizadas con sujetos domiciliados en territorios de baja o nula

imposición (paraísos fiscales), se estableció que desde el 01 de enero

del 2001 los intereses por créditos provenientes de dichos territorios

estarían gravados con el 30%.

Sin embargo, se debe señalar que la omisión incurrida por la Ley

N° 27356, al no señalar qué territorios serían considerados como de

baja o nula imposición o bajo qué criterios podrían ser calificados

como tales mediante norma reglamentaria, generó y viene generando

controversia hasta la actualidad, en relación a la constitucionalidad

del D.S. Nº 045-2001-EF (publicado el 20 de marzo del 2001) que

subsanó la omisión incurrida por la ley al establecer la lista de territorios

considerados como de baja o nula imposición, y en relación a

la fecha de aplicación de la tasa del 30% a los intereses originados

por créditos otorgados por sujetos domiciliados en los indicados territorios,

puesto que aun cuando la ley es aplicable a partir del 01 de

enero de 2001, la lista fue publicada recién en marzo de 2001.

Por otro lado, la Ley N° 27513, además de variar la tasa a 4.99%,

a partir de agosto del año pasado, estableció dos requisitos adicionales

(numerales 3 y 4 del inciso a del artículo 56° de la Ley) que

debían cumplirse para que los intereses provenientes de los créditos

externos no sean gravados con la tasa del 30% sino del 4.99%, los

cuales se referían a que – en casos distintos a los del financiamiento

otorgado por el propio proveedor para la importación de los bienes

– (i) los préstamos sean otorgados por bancos calificados como de

“primera categoría” por el BCR y (ii) que la intervención de dichos

bancos no tenga como finalidad encubrir una operación entre empresas

vinculadas u obtener la tasa del 4.99%.

Tal como lo señaláramos en nuestra edición del mes de noviembre

del 2001, uno de los motivos principales de la incorporación de

los numerales 3) y 4) al inciso a) del artículo 56º de la Ley fue reducir

los casos de evasión y elusión tributaria que se venían presentando

sobre todo por las operaciones realizadas con empresas no domiciliadas

vinculadas y mediante la realización de operaciones de crédito

denominadas “back to back” celebradas con bancos “off shore”.

2.1. Precisiones a la Ley Nº 27513 : D.S. Nº 205-2001-EF

Estos requisitos adicionales fueron a su vez precisados por las

disposiciones complementarias del D.S. Nº 205-2001-EF publicado

el 12 de octubre del año 2000, los cuales establecieron con carácter

de “precisión” de la Ley Nº 27513 lo siguiente:

(i) Que, las modificaciones efectuadas al artículo 56º entrarían

en vigencia únicamente para las operaciones de crédito que

se celebren, renueven, prorroguen o sean renovadas a partir

del 29 de agosto del 2001. Asimismo, para el caso de las

empresas bancarias y financieras que paguen intereses por

la utilización de sus líneas de crédito en el exterior, se precisa

que la modificación entrará en vigencia únicamente para las

líneas de crédito utilizadas a partir del 29 de agosto de 2001.

El objetivo de esta precisión sería privilegiar la seguridad

jurídica y evitar un encarecimiento no previsto de los créditos,

puesto que las empresas domiciliadas tendrían que realizar

mayores desembolsos que los proyectados inicialmente,

ya que normalmente son los sujetos domiciliados quienes asumen

los impuestos por los créditos externos o en todo caso las

empresas no domiciliadas hacen un reajuste de los pagos

para afrontar el aumento de la tasa impositiva.

Sin embargo, debemos señalar que la indicada disposición

reglamentaria realiza distinciones que la ley no hace, puesto

que la Ley N° 27513 señala de manera expresa y genérica,

en su artículo 8°, que las modificaciones al artículo 56º de la

Ley del Impuesto a la Renta entrarían en vigencia al día siguiente

de su publicación, vulnerándose de esta manera lo

dispuesto por el numeral 8) del artículo 118° de nuestra Cons-

ENERO 2002 15


INFORME TRIBUTARIO

titución Política y asimismo dado a que en el caso de los

sujetos no domiciliados no estamos ante un tributo de periodicidad

anual, se vulnera lo dispuesto por el primer párrafo

de la Norma X del Código Tributario y lo establecido por la

Norma IV del Código Civil que señala que: “La Ley se aplica

a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas

existentes.” (Teoría de los hechos cumplidos).

(ii) En lo que se refiere al requisito establecido en el numeral 3

del inciso a) del artículo 56º de la Ley, referido a que los

bancos no domiciliados que otorguen los créditos tengan la

calificación de bancos de primera categoría, se precisa lo

siguiente:

a) Que, cuando el financiamiento haya sido obtenido mediante

la sindicación o agrupación de bancos, la emisión

de valores, bonos corporativos, papeles comerciales, operaciones

de titulización u otras modalidades de

financiamiento, el requisito se entenderá cumplido siempre

que:

• Uno o más bancos de primera categoría participen

como entidades estructuradoras o agentes o

suscriptores o agentes colocadores, según corresponda,

y

• los tenedores de los títulos resultantes no se encuentren

vinculados económicamente con el emisor.

Mediante esta disposición se incluyó dentro de los beneficios

de la tasa reducida a los intereses generados por operaciones

especiales de financiamiento, tomando siempre como

requisito, para evitar o reducir la posibilidad de elusión o

evasión tributaria, la participación de al menos un banco de

primera categoría.

b) Que, cuando el acreedor sea un organismo bilateral, un organismo

multilateral, una entidad de promoción de exportaciones

u organización gubernamental reconocida como tal

en su lugar de constitución, este reconocimiento tendrá los

mismos efectos que la calificación que reciben los bancos de

primera categoría y por lo tanto se tendrá por cumplido el

requisito establecido en el indicado numeral 3.

En este caso el reglamento también está extendiendo los supuestos

de la norma reglamentaria a entidades financieras

distintas de los bancos, que por sus características merecen

la misma calificación que los bancos de primera categoría.

En ese sentido se recogieron algunos de los reclamos efectuados

referidos a que la Ley modificatoria restringía excesivamente

la aplicación de la tasa reducida sólo a las entidades

bancarias, cuando muchas operaciones de crédito celebradas

por los nacionales se celebraban con distintos tipos

de entidades financieras como los organismos multilaterales

o bilaterales. Sin embargo, debemos señalar que tanto esta

precisión como las anteriores se debieron efectuar mediante

otra Ley puesto que, a nivel normativo, la interpretación de

las leyes es de competencia exclusiva del Poder Legislativo

conforme a lo señalado por el inciso 1) del artículo 102 de la

Constitución.

(iii) Que, cuando se trate de un crédito para la importación de

bienes otorgado directamente por el proveedor de los mismos,

se entenderán cumplidos los requisitos establecidos en

los numerales 3) y 4) del inciso a) del artículo 56° de la Ley,

cuando se trate de un crédito para la importación de bienes

otorgado directamente por el proveedor de los mismos siempre

que éste no se encuentre vinculado económicamente con

el deudor ni resida en un territorio de baja o nula imposición.

Esta precisión en realidad era innecesaria puesto que la Ley

Nº 27513 no derogó lo establecido en el último párrafo del

inciso a) del artículo 56º de la Ley del Impuesto a la Renta

que incluye dentro de sus alcances a los intereses de los créditos

externos destinados al financiamiento de importaciones,

siempre que se cumpla con las disposiciones legales vigentes

sobre la materia. Asimismo, por interpretación sistemática

de la norma indicada en concordancia con el inciso

e) del artículo 56º se podía entender que las operaciones de

crédito celebradas con empresas vinculadas o entidades domiciliadas

en territorios de baja o nula imposición estaban

sujetas en todos los casos a la tasa del 30%.

Debemos señalar que en los distintos proyectos de Ley presentados

para realizar la actual modificación al tratamiento

impositivo de los intereses abonados al exterior, se estableció

como justificación que, con la expedición de la Ley N° 27513,

se excluía de la aplicación de la tasa del 4.99% los intereses

generados por los financiamientos directos otorgados para

la importación de bienes, afirmación que, como hemos expuesto,

carece de fundamento.

(iv) Que, el requisito establecido en el numeral 4) del inciso a)

del artículo 56° de la ley se refiere únicamente a los casos en

que la intervención del banco de primera categoría constituye

el encubrimiento de una operación en la que el acreedor

real es una entidad económicamente vinculada con el deudor

distinta al banco que aparece como acreedor formal y en

la que, por lo tanto, la presencia del banco de primera categoría

tiene como única finalidad obtener la tasa preferencial

a que se refiere el artículo 56º.

Lo indicado por esta disposición, a diferencia de los casos

anteriores, sí se desprende de lo señalado por la Ley N°

27513. En ese sentido, lo que se pretende evitar es que mediante

operaciones de triangulación se utilicen bancos que

actúen como intermediarios entre empresas vinculadas o que

se realicen operaciones de crédito ficticias dado que en muchos

casos el costo de asumir el impuesto resultaba mucho

menor que el beneficio generado por la deducción de intereses

que en realidad nunca se pagarían.

III.- ÚLTIMA MODIFICACIÓN: LEY 27615

Mediante esta norma se modifican los numerales 3) y 4) del inciso

a) del artículo 56º de la Ley del Impuesto a la Renta ( en adelante

Ley) y asimismo se realizan modificaciones al inciso e) del indicado

artículo, las mismas que han entrado en vigencia el 30 de diciembre

de 2001, debido a que como lo hemos señalado no estamos ante un

tributo de periodicidad anual.

Fundamentos

Al respecto, debemos indicar que la intención inicial de los legisladores

era eliminar los numerales 3) y 4) del inciso a) del artículo

56º de la Ley y por ende su mención en el inciso e) del artículo 57º

de la misma Ley, puesto que los distintos grupos parlamentarios que

presentaron anteproyectos consideraban que los requisitos contenidos

en dichos numerales encarecían las operaciones de crédito celebradas

con instituciones de financiamiento distintas de los bancos de

primera categoría y con los proveedores en el caso del financiamiento

directo de las importaciones, constituyendo ello una limitación del

acceso al crédito.

En ese sentido, aun cuando sólo se modificaron los numerales 3)

y 4) del inciso a) del artículo 56º, se podrá apreciar que dicha modificación

obedece más a la necesidad de flexibilizar los requisitos

para la aplicación de la tasa del 4.99% a los intereses generados por

operaciones de crédito celebrados con entidades financieras no bancarias

o con bancos no considerados como de primera categoría

con el fin de evitar el encarecimiento de las operaciones de crédito

que se venían celebrando con dichas entidades que a combatir la

elusión tributaria.

16

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

Modificaciones

En lo que se refiere a los numerales 3) y 4) del inciso a) del

artículo 56º, sólo se amplia el campo de aplicación subjetivo de la

tasa de 4.99%, puesto que se cambia la calificación de “bancos de

primera categoría” por la de instituciones financieras” consideradas

“aptas” por el Banco Central de Reserva del Perú. Esta modificación

recogería parte de las críticas planteadas contra la norma anterior

que introdujera como requisito para la aplicación de la tasa reducida,

que los créditos sean concedidos por bancos de primera categoría,

encareciendo de esta manera, según los sectores empresariales,

las operaciones de crédito realizadas con entidades financieras distintas

como por ejemplo fondos de pensiones, fondos de inversión o

bancos de segunda categoría o no considerados de primer orden.

Al respecto debemos indicar que la lista de bancos de primera

categoría es publicada por el BCR de conformidad con lo establecido

por el artículo 216º de la Ley Nº 26702 (Ley General del Sistema

Financiero y del Sistema de Seguros y de la Superintendencia de

Banca y Seguros), en base a las publicaciones internacionales especializadas

sobre la materia. Debemos indicar que la calificación de

los bancos como de primera categoría tiene como finalidad la aplicación

de los límites establecidos en la Ley Nº 26702, respecto de las

operaciones de crédito y para determinar el riesgo crediticio de dichas

operaciones realizadas por los bancos nacionales sujetos a la

Supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que

los criterios utilizados para tal calificación dependen más de la posición

financiera del banco extranjero o de su supervisión por los organismos

respectivos de los estados extranjeros vinculados a las operaciones

bancarias, que de criterios vinculados a evitar la elusión

tributaria.

Aun así, este criterio guardaba mucho mayor objetividad que el

establecido por la actual modificación y estaba dentro de uno de los

objetivos propuestos por el Gobierno que era evitar la elusión tributaria

mediante realización de operaciones “back to back” que normalmente

se celebran con bancos “off shore”, los cuales están fuera de

la calificación de banca de primera categoría.

En ese sentido, la modificación establecida por la ley vigente, si

bien amplía el campo de aplicación de la tasa reducida del 4.99% a

los intereses generados no sólo por bancos sino por instituciones financieras

en general, debilita el aspecto antielusivo considerado en

la anterior norma al establecer conceptos imprecisos y poco objetivos

para la aplicación de la indicada tasa impositiva, pues otorga a

un organismo no tributario como es el BCR, una facultad discrecional

como es establecer las instituciones financieras que deban ser consideradas

“aptas” sin establecer los parámetros o límites a los que se

debe sujetar para efectuar tal calificación, hecho que además estaría

vulnerando el principio de legalidad establecido en el artículo 74 de

nuestra Constitución Política y desarrollado por la Norma IV del

Código Tributario que establece expresamente que sólo por Ley o

Decreto Legislativo, en caso de delegación se pueden señalar, entre

otros, el hecho generador de la obligación tributaria, la base para

su cálculo y la alícuota y el deudor tributario”.

Dado que en el presente caso la Ley deja al libre criterio del BCR

la determinación de las entidades a considerarse como “instituciones

financieras aptas”, la consecuencia será que mediante norma

infralegal y mediante un organismo que no tiene competencia ni la

especialización requerida para regular materia tributaria, se estará

determinando qué entidades estarán sujetas a la tasa del 4.99% o a

la del 30% respecto de los intereses generados por las operaciones

de financiamiento que realicen con los nacionales, vulnerándose de

esta manera normas constitucionales y legales y generándose dudas

acerca de los criterios que se utilizarán para considerar como aptas

a determinadas instituciones financieras. En ese sentido, consideramos

que mediante normas de rango legal deben delimitarse de manera

objetiva y precisa los criterios a ser empleados para la calificación

de las entidades financieras.

Por otro lado, entendemos que al haberse variado

significativamente lo establecido por la Ley Nº 27513, las precisiones

reglamentarias efectuadas a dicha norma mediante el D.S. Nº

205-2001-EF han quedado también derogadas.

En lo que se refiere al inciso e) del artículo 56º de la Ley del

Impuesto a la Renta, se ha suprimido la disposición que establecía

que en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en los

numerales 3) y 4) del inciso a) del artículo 56º, se aplicaría la tasa

del 30%. Sin embargo, de manera indirecta se incluye lo establecido

en el numeral 4) al señalarse, en la modificación, que se aplicará la

tasa del 30% en el caso de que los intereses que abonen al exterior

las empresas privadas del país por créditos concedidos por “un tercero

cuya finalidad en la operación es encubrir una operación de

crédito entre empresas vinculadas”. En ese sentido, la aplicación de

la tasa del 30% incluye a las operaciones de crédito celebradas con

instituciones financieras consideradas aptas pero cuyo fin sea evitar

o encubrir una operación entre empresas vinculadas, tal como lo

señala el numeral 4) del inciso a) del artículo 56º de la Ley.

Sin embargo, en lo que se refiere a las operaciones de crédito

que pudieran ser realizadas con las instituciones financieras no consideradas

aptas o en lo que se refiere a las demás actividades elusivas

o evasoras que pudieran ser realizadas con las instituciones financieras

consideradas aptas, existiría un vacío normativo puesto que si

bien los intereses generados por dichas operaciones de crédito no

están afectas a la tasa del 4.99%, tampoco estarían afectas a la tasa

del 30%, al no haberse considerado en la norma modificatoria dichos

supuestos para la aplicación de la tasa del 30%, ni siquiera se

ha establecido alguna presunción relativa para la aplicación de dicha

tasa en estos casos. Una segunda posición sobre este tema, afirma

que en los casos mencionados no existe vacío legal puesto que

estaríamos dentro del supuesto de “otras rentas”, con el que se inicia

la redacción del inciso e) del artículo 56º de la Ley del Impuesto a la

Renta.

Consideramos, que este tema debe ser aclarado mediante norma

con rango legal en aplicación de lo establecido por los artículos

74° y 102° inciso 1) de la Constitución.

Por último, la Ley Nº 27615 ha incorporado dos párrafos más al

inciso e) del artículo 56º de la Ley. En los cuales se indica lo siguiente:

1º) Que, si el sujeto domiciliado deudor del crédito del exterior,

demuestra que la participación del tercero en la operación de

crédito responde a una actividad (ver modificación mediante

fe de erratas en cuadro anexo) real de financiamiento otorgado

por dicho tercero a favor del deudor, entonces se entenderá

que no existe una operación de crédito encubierta entre empresas

vinculadas. Con dicho fin, se establece que:

– El deudor deberá presentar una declaración jurada y

– La administración tributaria procederá a la evaluación

de dicha declaración, así como de todos los hechos y

circunstancias relativas a la operación de crédito entre

ellos, el tiempo de duración de la operación, la capacidad

económica del tercero y el giro del negocio desarrollado

por el tercero.

En este punto, es evidente la necesidad una norma complementaria

en la que se indique la oportunidad de la presentación

de la declaración jurada, el contenido de la misma y si

se debe presentar en todos los casos que se celebren operaciones

de crédito con instituciones financieras no domiciliadas

en las que se deban abonar intereses. Por otro lado, se

estaría imponiendo a la administración tributaria la obligación

de evaluar los hechos y circunstancias relacionados con

todas las operaciones de crédito celebradas con los sujetos

no domiciliados, por lo que la actividad fiscalizadora en lo

que concierne a este aspecto deja de ser discrecional.

ENERO 2002 17


INFORME TRIBUTARIO

Asimismo, debemos indicar que la intención inicial del legislador,

en este tema era que la declaración jurada requerida

para demostrar qué no existía una operación encubierta entre

empresas vinculadas, se debía presentar a solicitud de la

administración tributaria, dentro de un procedimiento de verificación

o fiscalización y que dicha declaración fuera en

realidad una declaración del sujeto no domiciliado que otorga

el crédito donde conste su calidad de acreedor real de la

operación.

2º) Que, la autoridad tributaria calificará como “operación de

crédito encubierta entre empresas vinculadas” por cada tercero

que intervenga en la operación de crédito.

Esta parte de la norma ha sido redactada defectuosamente

puesto que lo que aparentemente habría querido decir el legislador

es que la calificación de la operación crediticia como

“operación de crédito encubierta entre empresas vinculadas”

se realizará respecto de cada tercero que intervenga en dicha

operación.

D. S. Nº 054-99-EF

(TUO Ley del Impuesto ala Renta)

Vigente hasta el 31/12/00

Artículo 56º.- El Impuesto a las personas jurídicas

no domiciliadas en el país se determinará

aplicando las siguientes tasas:

a) Intereses provenientes de créditos externos:

uno por ciento (1%), siempre que cumplan los

siguientes requisitos:

1) En caso de préstamos en efectivo, que se

acredite el ingreso de la moneda extranjera al

país.

2) Que el crédito no devengue un interés anual

al rebatir superior a la tasa preferencial predominante

en la plaza de donde provenga, más

tres (3) puntos.

Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos y

comisiones, primas y toda otra suma adicional

al interés pactado de cualquier tipo que se pague

a beneficiarios del extranjero.

Están incluidos en este inciso los intereses de

los créditos externos destinados al financiamiento

de importaciones, siempre que se cumpla

con las disposiciones legales vigentes sobre la

materia

Ley Nº 27356

Vigente desde el 01/01/01

hasta el 28/08/01

Artículo 56º.- El Impuesto a las personas jurídicas

no domiciliadas en el país se determinará aplicando

las siguientes tasas:

a) Intereses provenientes de créditos externos: cinco

por ciento (5%), siempre que cumplan los siguientes

requisitos:

1) En caso de préstamos en efectivo, que se acredite

el ingreso de la moneda extranjera al país.

2) Que el crédito no devengue un interés anual al

rebatir superior a la tasa preferencial predominante

en la plaza de donde provenga, más tres (3) puntos.

Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos y comisiones,

primas y toda otra suma adicional al interés

pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios

del extranjero.

Están incluidos en este inciso los intereses de los créditos

externos destinados al financiamiento de importaciones,

siempre que se cumpla con las disposiciones

legales vigentes sobre la materia

Ley Nº 27512 vigente

desde el 29/08/01(*)

hasta el 29/12/01

Artículo 56º.- El Impuesto a las personas jurídicas

no domiciliadas en el país se determinará

aplicando las siguientes tasas

a) Intereses provenientes de créditos externos:

cuatro punto noventa y nueve por ciento

(4.99%), siempre que cumplan los siguientes

requisitos:

1) En caso de préstamos en efectivo, que se

acredite el ingreso de la moneda extranjera al

país.

2) Que el crédito no devengue un interés anual

al rebatir superior a la tasa preferencial predominante

en la plaza de donde provenga,

más tres (3) puntos.

Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos

y comisiones, primas y toda otra suma adicional

al interés pactado de cualquier tipo que se

pague a beneficiarios del extranjero.

3) Que se trate de un crédito concedido por

un banco de primera categoría, calificado

como tal por el Banco Central de Reserva del

Perú

4) Que la intervención del Banco no tenga

como propósito evitar una operación entre

empresas vinculadas económicamente u obtener

la tasa prevista en el presente inciso.

Están incluidos en este inciso los intereses de

los créditos externos destinados al financiamiento

de importaciones, siempre que se cumpla

con las disposiciones legales vigentes sobre

la materia

Ley Nº 27615

Régimen vigente a partir

del 30/12/01

Artículo 56º.- El Impuesto a las personas jurídicas no

domiciliadas en el país se determinará aplicando las

siguientes tasas

a) Intereses provenientes de créditos externos: cuatro

punto noventa y nueve por ciento (4.99%), siempre

que cumplan los siguientes requisitos:

1) En caso de préstamos en efectivo, que se acredite

el ingreso de la moneda extranjera al país.

2) Que el crédito no devengue un interés anual al

rebatir superior a la tasa preferencial predominante

en la plaza de donde provenga, más tres (3) puntos.

Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos y comisiones,

primas y toda otra suma adicional al interés

pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios

del extranjero.

3) Que se trate de un crédito concedido por una

institución financiera considerada apta por el Banco

Central de Reserva del Perù

4) Que la intervención de la institución financiera

no tenga como propósito evitar una operación entre

empresas vinculadas económicamente u obtener

la tasa prevista en el presente inciso.

Están incluidos en este inciso los intereses de los créditos

externos destinados al financiamiento de importaciones,

siempre que se cumpla con las disposiciones

legales vigentes sobre la materia

Artículo 56º.-(...)

e) Otras rentas, inclusive los intereses derivados

de créditos externos, que no cumplan con

el requisito establecido en el numeral 1 del inciso

a) o en la parte que excedan de la tasa

máxima establecida en el numeral 2 del mismo

inciso, y los intereses que abonen al exterior

las empresas privadas del país por créditos

concedidos por una empresa del exterior con

la cual se encuentre vinculada económicamente,

con excepción de lo dispuesto en el inciso

b): treinta por ciento (30%

Artículo 56º.- (...)

e) Otras rentas, inclusive los intereses derivados de

créditos externos, que no cumplan con el requisito

establecido en el numeral 1 del inciso a) o en la

parte que excedan de la tasa máxima establecida

en el numeral 2 del mismo inciso, y los intereses que

abonen al exterior las empresas privadas del país

por créditos concedidos por una empresa del exterior

con la cual se encuentre vinculada económicamente,

asi como por créditos provenientes de países

o territorios de baja o nula imposición, con excepción

de lo dispuesto en el inciso b): treinta por

ciento (30%)

Artículo 56º.-(...)

e) Otras rentas, inclusive los intereses derivados

de créditos externos, que no cumplan con

el requisito establecido en los numerales 1),

3) y 4) del inciso a) o en la parte que excedan

de la tasa máxima establecida en el numeral 2

del mismo inciso; y los intereses que abonen al

exterior las empresas privadas del país por

créditos concedidos por una empresa del exterior

con la cual se encuentre vinculada económicamente,

con excepción de lo dispuesto

en el inciso b); así como por créditos provenientes

de países o territorios de baja o nula

imposición: treinta por ciento (30%)

Artículo 56º.-(...)

e) Otras rentas, inclusive los intereses derivados de

créditos externos, que no cumplan con el requisito

establecido en el numeral 1 del inciso a) o en la

parte que excedan de la tasa máxima establecida en

el numeral 2 del mismo inciso, y los intereses que

abonen al exterior las empresas privadas del país

por créditos concedidos por una empresa del exterior

con la cual se encuentre vinculada económicamente,

o por un tercero cuya finalidad en la operación

es encubrir una operación de crédito entre

empresas vinculadas , con excepción de lo dispuesto

en el inciso b); así como por créditos provenientes

de países o territorios de baja o nula imposición:

treinta por ciento (30%).

Se entiende que no existe una operación de crédito

encubierta entre empresas vinculadas cuando el

deudor domiciliado en el país pueda demostrar que

la participación del tercero en la operación de crédito

responde a una actividad(*) real de financiamiento

otorgado por dicho tercero a favor del deudor.

Para tal efecto, el deudor presentará una declaración

jurada y la administración tributaria procederá

a la evaluación de la misma, así como de

todos los hechos y circunstancias relativas a la operación

de crédito entre ellos, el tiempo de duración

de la operación, la capacidad económica del tercero

y el giro del negocio desarrollado por el tercero.

La autoridad tributaria calificará como “operación

de crédito encubierta entre empresas vinculadas”

por cada tercero que intervenga en la operación

de crédito.

(*) Sólo respecto del Art. 56

(*) Se corrigió mediante Fe de Erratas publicada el

06/01/2002. Se cambió la palabra “actitud” por

“actividad”.

18

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

Beneficios Tributarios

para la extracción

y comercialización del atún

I. EL ESCENARIO

Conforme lo había venido anunciando el Ministro de Pesquería,

con el fin de reactivar la industria nacional de conservas

y de congelado en especie de recursos hidrobiológicos altamente

migratorios como el atún, ha sido publicada con fecha 24

de diciembre del 2001, la Ley Nº 27608 que aprueba distintos

beneficios tributarios y aduaneros para la extracción y

comercialización del atún en nuestro país por las empresas no

domiciliadas y para las actividades de procesamiento y extracción

del atún por parte de las empresas nacionales.

Los fundamentos principales para otorgar estos beneficios

han sido los siguientes:

1. Hacer competitiva la industria conservera y de congelados

de atún mediante la reducción de los costos originados

por el sistema tributario: Entre los países sudamericanos

que se dedican al procesamiento y venta del Atún, el

Perú es el único país en la región que tiene una afectación

al Impuesto a la Renta para estas embarcaciones

extranjeras puesto que Ecuador, Panamá, Colombia y

Costa Rica no lo tienen. Incluso en Ecuador también hay

exoneración del IGV. Ello hace que las embarcaciones

atuneras de bandera extranjera prefieran realizar sus

desembarques de atún en dichos países y que por ello

tengamos que importar el atún tanto enlatado como para

su procesamiento.

2. El gran impacto en la generación de mano de obra que

se generaría con la reactivación de estas industrias, las

cuales tienen más del 50% de capacidad instalada ociosa

y también se generarían puestos de trabajo en industrias

conexas dedicadas al envasado, etiquetado, transporte,

de aceites y sales, etc. Conforme a la información

que al respecto tiene la Comisión de Economía del Congreso,

por cada 1,000 TM de atún desembarcado se

pueden generar 600 puestos de trabajo directos e indirectos.

Se señala que en términos económicos, esto representaría

ingresos adicionales (fundamentalmente en

mano de obra) del orden de US$ 47 millones y unos

30,000 nuevos puestos de trabajo directos.

3. Que sea posible incrementar significativamente la producción

de enlatados sin requerir mayores inversiones.

4. La generación de mayores divisas para el país, puesto

que en los últimos años prácticamente no ha habido pesca

de atún en nuestro litoral ni por embarcaciones nacio-

nales ni por embarcaciones de bandera extranjera, que

son las que suministran la mayor parte del atún a la industria

conservera nacional. Al respecto, informes de la

Comisión de Economía del Congreso indican que el 95%

de las cajas de atún que se consumen en el país provienen

de importaciones (principalmente del Ecuador), habiéndose

importado entre los años 1999 y 2001 atún

por un valor total de US$ 11 millones (3.5 millones de

dólares por año en promedio). En ese sentido el gobierno

ha señalado que, contar con una industria nacional que

pudiera proveer al mercado doméstico generaría inicialmente

un ahorro de divisas para el Perú del orden mínimo

de US$ 3,5 millones por año.

5. Por último, se ha señalado que actualmente, los niveles

de extracción del atún son ínfimos en relación con la cuota

aprobada por el Ministerio de pesquería para la pesca

de dicho insumo, por lo que en el corto y mediano plazo

no habrían problemas de sobreexplotación del atún.

De ser correcto el análisis realizado por el gobierno en relación

al sector atunero, consideramos que estas medidas son adecuadas

aunque todavía los representantes de la industria atunera

nacional están inconformes con ella puesto que señalan que

es insuficiente para generar la reactivación esperada.

II. MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO A LA

RENTA

Hasta antes de la vigencia de la presente ley, las empresas

no domiciliadas que vendieran en el país recursos hidrobiológicos

extraídos dentro del territorio nacional, estaban afectas al pago

de un Impuesto a la Renta del 30% sobre el total de los importes

que les fueran pagados o acreditados por dichas ventas, impuesto

que debía ser retenido por los sujetos domiciliados.

A partir del 25 de diciembre del 2001, mediante la adición

de un penúltimo párrafo al artículo 48° de la Ley del Impuesto a

la Renta, se ha establecido la presunción absoluta (sin admitir

prueba en contrario) de que las empresas no domiciliadas en el

Perú, que vendan recursos hidrobiológicos altamente migratorios

y de oportunidad extraídos dentro del dominio marítimo del Perú

a empresas domiciliadas en el Perú, obtienen renta neta de fuente

peruana igual al cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos

que perciban por esa venta. Sobre dicha base imponible se deberá

aplicar la tasa del 30%, siendo de 1.5% la tasa efectiva a

aplicarse sobre los ingresos brutos a las empresas no domicilia-

ENERO 2002 19


INFORME TRIBUTARIO

das para determinar el Impuesto a la Renta.

Asimismo, se señala que salvo prueba en contrario, se presumirá

que los recursos hidrobiológicos altamente migratorios y

de oportunidad vendidos a empresas domiciliadas en el Perú

han sido extraídos del dominio marítimo del Perú.

Por último, se deja en manos del Ministerio de Pesquería la

determinación periódica de la relación de dichos recursos, pero

se omite mencionar mediante que norma se regulará este aspecto.

Al respecto, debemos señalar que el objetivo principal de esta

norma es generar un mayor desembarque de atún. Conforme a lo

indicado por el Ministerio de Pesquería, el efecto de la presente

reducción de la base imponible no ocasionaría disminución en los

ingresos del Tesoro Público, por cuanto en los últimos años las

embarcaciones de bandera extranjera con permiso de pesca nacional

casi no han realizado actividades de desembarque del atún

en nuestro país, sino en los países vecinos que, como hemos señalado,

tienen establecidas exoneraciones tributarias a la

comercialización de dicho recurso. En ese sentido, se espera que

con esta norma se incentive a las embarcaciones atuneras de bandera

extranjera a vender sus productos directamente a la industria

nacional, generándose de esta manera una mayor recaudación

del Impuesto a la Renta y un suministro permanente y a menor

costo del atún para nuestra industria.

III. BENEFICIO EN EL IGV E ISC

Con el fin de hacer menos onerosa la actividad de desembarque

del atún dentro del territorio nacional por las embarcaciones

extranjeras, se ha otorgado también el beneficio de la

devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) e

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que gravan los combustibles

y lubricantes destinados a las actividades realizadas por

dichas embarcaciones, hasta el 31 de diciembre del 2003. Conforme

a lo indicado por el artículo 2° de la Ley Nº 27608 para

que dicha devolución se realice se deben cumplir los siguientes

supuestos:

– Que, el combustible sea destinado al abastecimiento de

las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que

cuenten con permiso de pesca de atún vigente otorgado

por el Ministerio de Pesquería para la descarga en establecimientos

industriales.

– Que los mencionados establecimientos industriales cuenten

con licencia de operación para el procesamiento de

conservas o congelados de pescado.

En primer lugar, podemos observar que sólo se está beneficiando

a las embarcaciones de bandera extranjera, dejándose

a un lado a las de bandera nacional sin existir un motivo aparente.

La única justificación que podríamos encontrar a esta diferenciación

sería que existiría un mayor riesgo de venta a terceros

del combustible sujeto a estos beneficios en el caso en que

también se incluya a las empresas nacionales que cuenten con

estas embarcaciones atuneras, por la falta de los recursos necesarios

para realizar una fiscalización adecuada.

Consideramos que para la adecuada aplicación de este beneficio

deberán regularse aspectos tales como los plazos máximos

para presentar la solicitud de devolución y para que el Estado

devuelva el IGV e ISC, las solicitudes y documentos que se

deben presentar y la forma de acreditar que el combustible ha

sido destinado exclusivamente para las actividades de extracción

y transporte del atún hacia la industria nacional, entre otros.

Al respecto, el gobierno debe tomar las medidas necesarias

para controlar que el combustible adquirido con estos beneficios

tributarios no se revenda a terceros o se destine a usos distintos

a los indicados por la ley y asimismo se deben complementar las

presentes medidas con acciones de control y fiscalización que

eviten una sobre explotación de nuestros recursos hidrobiológicos,

de lo contrario los beneficios esperados por la aplicación de las

presentes disposiciones serán mínimos en comparación con los

costos que a futuro se generarían por la depredación de nuestros

recursos y por la venta clandestina de los combustibles, que

podrían ser nefastas para nuestra industria pesquera en general,

la pesca artesanal y para el fisco.

IV. BENEFICIOS ADUANEROS

Con el fin de permitir que las industrias nacionales dedicadas

al procesamiento y comercialización del atún puedan extraer

por sí mismas el atún y reducir de esta manera sus costos,

el artículo 3° de la Ley Nº 27608 ha dispuesto que las empresas

nacionales podrán ingresar al país, hasta por un plazo de cinco

(5) años, embarcaciones pesqueras destinadas a la extracción

del atún, con suspensión del pago de todo tributo –lo cual comprende

los derechos arancelarios– bajo el Régimen de Importación

Temporal para Reexportación en el mismo estado regulado

en el artículo 63° de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo

Nº 809). Asimismo, se indica que las características de las

indicadas embarcaciones serán determinadas por el Ministerio

de Pesquería y aprobadas por Resolución Ministerial del Ministerio

de Economía y Finanzas.

Al respecto debemos indicar que, conforme a lo señalado

por el artículo 63° de la Ley General de Aduanas, el Régimen de

Importación Temporal para Reexportación en el mismo estado

tiene como fin permitir el ingreso temporal de mercancías extranjeras

–aprobadas mediante Resolución Ministerial del Ministerio

de Economía y Finanzas– para que sean destinadas a un

fin determinado, en un lugar específico y ser reexportadas en el

plazo establecido sin haber experimentado modificación alguna,

con excepción de la depreciación. Para ello se suspende la

aplicación de los tributos y derechos arancelarios que gravan la

importación de la mercancía y se establecen determinados requisitos.

Sin embargo, la Ley Nº 27608 (en adelante la Ley) bajo comentario

establece requisitos y plazos para el ingreso y nacionalización

(de ser el caso) de dichas embarcaciones, que son más

beneficiosos que los establecidos en la Ley General de Aduanas y

su Reglamento, conforme lo indicamos a continuación:

– En primer lugar, la Ley señala que no será exigible la

constitución de la garantía que se exige en la Ley General

de Aduanas y su reglamento para acogerse a este

Régimen Temporal. Dicha garantía, regulada por tanto el

artículo 63° de la Ley General de Aduanas como en los

artículos 108° y 109° de su reglamento, equivale al 100%

del monto correspondiente a los derechos arancelarios y

tributos que hubiera correspondido pagar por el bien ingresado

al país, y es exigida con el fin de responder en

caso de que el bien ingresado al país no sea reexportado

dentro del plazo máximo establecido.

– En segundo lugar, la presente Ley establece que el plazo

máximo para el ingreso al país de las embarcaciones

atuneras y para su nacionalización (de ser el caso) será

20

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

de cinco años. A diferencia de ello, el artículo 64° de la

Ley General de Aduanas establece como plazo máximo

para la importación temporal de las mercancías y para

solicitar su nacionalización, de ser el caso, 12 meses.

Al respecto, entendemos que tal como sucede con el régimen

de importación temporal regulado por la Ley General

de Aduanas, el plazo de cinco años, señalado en el

numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley bajo comentario, es

un plazo máximo de permanencia de las embarcaciones

ingresadas al país bajo el indicado régimen aduanero y

no un plazo de vigencia de los beneficios otorgados por

el indicado artículo 3°, concluido el cual, dichos beneficios

se extinguen (es decir que según esta segunda interpretación,

que no compartimos, el régimen de importación

temporal especial otorgado por la norma cesaría el

año 2006).

– Por último, en caso de que se proceda a la nacionalización

de la embarcación atunera, se dispone lo siguiente:

(i) Se exceptúa del pago del interés compensatorio dispuesto

por el artículo 64° de la Ley General de Aduanas.

(ii) La determinación de la base imponible de los derechos

arancelarios y el Impuesto General a las Ventas,

se efectuará tomando en cuenta el valor CIF consignado

en la Declaración de Importación Temporal deducida

la depreciación, que sólo para este caso será

de 20%. En ese sentido, al cabo de los cinco años que

dura este régimen de importación temporal, la embarcación

se nacionalizaría libre del pago del IGV y

derechos arancelarios, por cuanto el valor CIF sería

cero por efecto de la depreciación.

Por último, en la disposición final de la Ley Nº 27608 se

indica que dentro del plazo de treinta días se emitirán las

normas complementarias necesarias para la aplicación de

dicha norma. Al respecto, opinamos que también son aplicables

al presente Régimen Especial de Importación Temporal

para Reexportación en el mismo estado, regulado

por el artículo 3° de la Ley Nº 27608, las normas de la

Sección I del Capítulo V del Decreto Supremo Nº 121-96-

EF, Reglamento de la Ley General de Aduanas, que regulan

dicho Régimen Temporal para la generalidad de los

casos, en aplicación de lo dispuesto por su artículo 111°

que indica que las normas de dicho Capítulo V son aplicables

a las importaciones temporales efectuadas al amparo

de normas especiales en todo lo que no se oponga a lo

establecido en ellas. En ese sentido, consideramos que las

disposiciones del Reglamento de la Ley General de Aduanas

que serían aplicables de manera específica al presente

caso, salvo que se publique una norma reglamentaria

especial, son las siguientes:

– El artículo 102°, el cual dispone que (i) la importación

temporal será solicitada ante la autoridad aduanera

por el despachador de aduana, mediante declaración

y (ii) que el plazo de la importación temporal

se computará a partir de la fecha de la numeración

de la Declaración.

– El artículo 103°, según el cual no se deberá considerar

como modificación de la embarcación atunera a

la simple modificación de partes o piezas de manufactura

nacional que, sin alterar la naturaleza de las

embarcaciones, reemplacen las que se hubieran destruido

o deteriorado.

– El artículo 104°, que establece la posibilidad de solicitar,

dentro del plazo del régimen, la salida del país

de parte de las maquinarias y equipos importados

(en este caso serían las embarcaciones atuneras) con

la finalidad de ser reparadas, reacondicionadas o reemplazadas

en el exterior, despúes de lo cual podrán

retornar.

– En lo que se refiere al artículo 105°, su aplicación

permitiría transferir automáticamente las embarcaciones

a favor de un segundo beneficiario, previa comunicación

a ADUANAS, en la que se indique el fin, uso

y ubicación de la mercancía. Se indica, además, que

el segundo beneficiario asumirá las responsabilidades

y obligaciones derivadas del régimen. Al respecto,

la Ley Nº 27605 no establece ninguna limitación

para efectuar tal transferencia, y, mientras no se señale

nada contrario en las futuras normas reglamentarias,

consideramos que esta norma sería aplicable,

tomando en cuenta que en el numeral 3.1 de la propia

Ley Nº 26705 se indica que el ingreso de las embarcaciones

se realizará bajo el Régimen de Importación

Temporal para reexportación en el mismo estado

establecido por el artículo 64° de la Ley General

de Aduanas.

V. EXONERACIÓN ARANCELARIA: IMPORTACIÓN

DE BIENES Y EQUIPOS

Completando el paquete de beneficios para reactivar la industria

atunera nacional, el artículo 4° de la Ley Nº 27605 ha

dispuesto la exoneración, por un plazo de 180 días, del pago

de los derechos arancelarios a la importación de bienes y equipos

destinados a los establecimientos industriales pesqueros para

el procesamiento de atún en conservas y congelados. Este plazo

podría quedar corto si consideramos que el plazo esperado para

la reactivación de esta industria es de tres a cinco años y que el

sector pesquero en general está altamente endeudado. Al parecer

esta medida favorecería a las empresas que recién se constituyan,

con nuevos capitales, puesto que conforme a lo informado

por el Ministerio de Pesquería y la propia Comisión de Economía

del Congreso a través de su Dictamen, existe una capacidad

instalada ociosa de más del 50%.

Esperamos que con estas medidas se revierta la situación de

las empresas nacionales dedicadas al procesamiento, enlatado

y congelado de atún, las cuales lo venían importando de

países vecinos como Ecuador ante la ausencia de extracción de

atún en nuestro litoral durante los últimos años, y se generen los

puestos de trabajo y las divisas que nuestro país requiere. Para

que ello se cumpla se deben tomar las medidas complementarias

que hemos indicado en nuestro presente artículo, así como

se debe realizar una evaluación y seguimiento de los resultados

de estas medidas, la misma que debe ser puesta en conocimiento

de la opinión pública en concordancia con la política de

transparencia y rendición de cuentas necesaria para la consolidación

de nuestra democracia y la buena marcha de nuestra

economía.

ENERO 2002 21


INFORME TRIBUTARIO

Últimas modificaciones al

Impuesto General a las Ventas

En las últimas semanas se han aprobado varias disposiciones

normativas vinculadas al Impuesto General a las Ventas (IGV) pero

sin ninguna conexión entre ellas, lo que refleja la poca claridad del

gobierno respecto a la política tributaria de conjunto. A continuación

comentaremos las referidas modificaciones:

I. MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE

EXONERACIONES HASTA EL 31.12.2002

Mediante la Ley Nº 27614, publicada el 29 de diciembre de

2001, se ha modificado el artículo 7º de la Ley del IGV e ISC, cuyo

TUO fue aprobado por D. S. Nº 055-99-EF, de tal modo que se ha

prorrogado la vigencia de las exoneraciones contenidas en los Apéndices

I y II de la Ley del IGV hasta el 31 de diciembre de 2002. Cabe

precisar que, por un problema de técnica legislativa, la Ley ha modificado

el primer párrafo del referido artículo 7º agregando un texto

similar al que contiene el segundo párrafo que no se ha derogado.

Respecto al Apéndice I:

– Se ha precisado que los bienes contenidos en el literal A)

estarán exonerados del IGV sólo por la venta en el país, lo

que evidentemente generará un cambio en el esquema fiscal

de aquellas empresas que importan y venden dichos

productos, sobretodo en materia de crédito fiscal. Al parecer

la idea es canalizar la exoneración hacia el lado de la

producción, es decir favorecer o incentivar la producción

interna de los bienes listados, en la medida que ello significaría

mayor reactivación económica y del mercado laboral.

– Se ha señalado que en el caso de algunos bienes (ver Cuadro

Nº 1), también estará exonerada la importación. La

mayoría de los bienes referidos han sido seleccionados con

el criterio de que se trata de bienes intermedios o insumos,

necesarios para la elaboración de otros productos que forman

parte de la canasta básica familiar respecto de los cuales

la producción nacional no garantiza, actualmente, el abastecimiento

de acuerdo a la demanda existente.

CUADRO Nº1

EXONERACIÓN A LA VENTA EN EL PAÍS E IMPORTACIÓN

PRODUCTO

PARTIDA ARANCELARIA

Semen de bovino.

Trigo duro para la siembra.

Centeno para la siembra.

Cebada para la siembra.

Avena para la siembra.

Maíz para la siembra.

Arroz con cáscara para la siembra.

Sorgo para la siembra.

Mijo para la siembra.

Quinua (chenopodium quinoa) para

la siembra.

Las demás semillas y frutos oleagi-

0511.10.00.00

1001.10.10.00

1002.00.10.00

1003.00.10.00

1004.00.10.00

1005.10.00.00

1006.10.10.00

1007.00.10.00

1008.20.10.00

1008.90.10.10

1201.00.10.00/1209.99.90.00

CUADRO Nº1

BIENES RESPECTO DE LOS QUE SE ENCUENTRA EXONERADA

LA VENTA EN EL PAÍS Y LA IMPORTACIÓN

PRODUCTO

nosos, semillas para la siembra.

Libros para instituciones educativas,

así como publicaciones culturales.

Oro para uso no monetario en polvo.

Oro para uso no monetario en bruto.

Un vehículo automóvil usado de por

lo menos un año de antigüedad y de

no más de dos mil centímetros cúbicos

(2.000 c.c.) de cilindrada, importado

de conformidad con el Decreto

Ley Nº 26117.

Sólo vehículo automóvil para transporte

de personas, importado al

amparo de la Ley Nº 26983 y normas

reglamentarias.

PARTIDA ARANCELARIA

4901.10.00.00/4901.99.00.00 -

4903.00.00.00

7108.11.00.00

7108.12.00.00

8703.10.00.00/8703.90.00.90

8703.10.00.00/8703.90.00.90

– Finalmente, se ha eliminado del Apéndice I la partida arancelaria

Nº 5201.00.00 10/5201.00.00.90: sólo algodón

en rama sin desmotar. Al respecto, no hay una idea clara

de la razón fiscal o de política económica que haya originado

esta exclusión al beneficio; de hecho, el propio Ministro

de Agricultura ha señalado que la modificación en el

caso del algodón se debe a un error del Congreso pues a su

entender la eliminación no estuvo contemplada en el proyecto

del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Gobierno ha

anunciado su pronta nueva inclusión, pero respetando el

mecanismo de la ley y no incluirlo por decreto supremo.

Respecto al Apéndice II, se ha modificado el numeral 4) referido

a la exoneración de espectáculos en vivo, para incluir en la

misma a los espectáculos de circo que no gozaban del beneficio.

II. APLICACIÓN DEL IGV A LAS IMPORTACIONES

DESTINADAS A LA AMAZONÍA Y SOBRE EL

REINTEGRO TRIBUTARIO

A través de la Ley Nº 27620, publicada el 5 de enero de 2002,

se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2002 todos los plazos

y beneficios establecidos en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción

de la Inversión en la Amazonía, que vencen el 31 de diciembre del

año 2001. En concreto estamos hablando del Beneficio establecido

en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27037 referido

a que la importación de bienes que se destine al consumo en la

Amazonía se encontrará exonerada del IGV.

De otro lado, se mantiene la vigencia hasta el 31 de diciembre

22

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

del año 2002 de la aplicación del beneficio tributario de reintegro

del IGV a los comerciantes de la Región de la Selva, señalado en el

artículo 48° de la Ley del IGV e ISC. Adicionalmente se precisa que

durante la aplicación del beneficio continuarán aplicándose las normas

reglamentarias correspondientes. Al respecto, como hemos referido

en otra oportunidad, para la aplicación del referido artículo

48º es necesaria la aplicación de otras disposiciones del mismo

Capitulo XI referido a las Empresas ubicadas en la Región de la

Selva.

Curiosamente, en ambos casos, la norma se emitió luego de

culminado el año 2001 pese a que el Presidente la tenía para su

rubrica desde mediados de diciembre; este incidente seguro que

causo incertidumbre entre los beneficiados debido a que, en otro

año, la ampliación de plazos en esta materia se hizo con excesivo

retraso.

III. DEVOLUCIÓN DEFINITIVA DEL IGV E IPM

Se han aprobado tres disposiciones referidas a la devolución

definitiva del IGV e IPM que hubiere sido pagado por la utilización

de actividades gravadas con dicho impuesto en determinadas circunstancias.

El carácter es definitivo, es decir no está condicionado a ningún

tipo de razón de producción, reinversión u otras; supone entonces

un beneficio promocional extremo en la medida que el Estado ha

asumido que sin este mecanismo, la actividad beneficiada no podría

mantenerse adecuadamente.

El beneficio de devolución definitiva se ha otorgado en los siguientes

casos:

1. A las embarcaciones extranjeras con permiso de pesca de

atún

Mediante Ley Nº 27608, publicada el 24 de diciembre de 2001,

se ha otorgado hasta el 31 de diciembre de 2003 la devolución

definitiva del IGV e ISC al combustible y lubricantes destinados al

abastecimiento de las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera

con permiso de pesca de atún vigente otorgado por el

Ministerio de Pesquería para la descarga en establecimientos industriales

peruanos que cuenten con licencia de operación para el

procesamiento de conservas o congelados de pescado. Ver al respecto

el artículo correspondiente del presente número.

2. A los Titulares de la Actividad Minera durante la Fase de

Exploración

Como sabemos, la minería es el sector más importante de la

economía peruana no sólo por su participación del 50 por ciento

en los ingresos generados por la exportación ni por los montos

invertidos en la década pasada, sino también por los significativos

compromisos de inversión que teóricamente superarían los US $

9,000 millones de dólares para los próximos años. De allí la necesidad

prioritaria de asegurar que existan mayores inversiones, para

lo que se requiere proveer de mecanismos que permitan hacer atractivo

el país como centro de operaciones.

Es en esa perspectiva que, mediante Ley Nº 27623, publicada

el 8 de enero de 2001, se dispone la devolución del IGV e IPM a los

titulares de la actividad minera (1) durante la fase de exploración.

La Ley bajo comentario, que tendrá una vigencia de 5 (cinco)

años computados desde el 9 de enero pasado, tiene como objetivo

elevar la competitividad del sector minero, a través de una reducción

real de los costos de inversión en la fase de exploración de

recursos mineros en el país vía la anulación del impacto económico

que el IGV puede tener sobre las inversiones en las actividades de

exploración.

Para acogerse al beneficio, se debe celebrar un Contrato de

Inversión en Exploración con el Estado, representado por la Dirección

General Minería, que será de tipo “adhesión”, de acuerdo a

un modelo aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a través

de una Resolución Ministerial. A su vez, el Estado garantizará al

titular la estabilidad del régimen de devolución, con lo cual no se le

aplicarían los cambios que se produzcan en dicho régimen durante

la vigencia del Contrato de Inversión correspondiente.

En ese sentido, debe tomarse en cuenta que el plazo de vigencia

de la Ley no necesariamente supone el plazo de vigencia del

beneficio como tal. Efectivamente, la posibilidad de acogimiento al

beneficio vía la suscripción del contrato correspondiente es de cinco

años, luego de los cuales ningún inversionista podría suscribir

un nuevo contrato; ello no implica que la estabilidad del régimen

para los inversionistas que hubieren firmado el contrato que da

derecho al beneficio sea de cinco años, puesto que el beneficio

durará lo que dure el contrato de inversión.

Ahora bien, cabe referir que los beneficiarios tendrán derecho

a la devolución definitiva del IGV e IPM que les sean trasladados o

que paguen para la ejecución de sus actividades durante la fase de

exploración de recursos minerales en el país. La devolución podrá

solicitarse mensualmente a partir del mes siguiente a la fecha en

que las operaciones (importaciones o adquisiciones de bienes, prestación

o utilización de servicios y contratos de construcción que se

utilicen directamente en la ejecución de dichas actividades) fuesen

anotadas en el Registro de Compras.

La devolución se efectuará dentro de los 90 (noventa) días siguientes

de solicitada, mediante Nota de Crédito No Negociable,

siempre que el beneficiario se encuentre al día en el pago de los

impuestos a que esté afecto. De no ocurrir ello, el ente administrador

del tributo hará la compensación hasta donde alcance.

Nos parece adecuada la exigencia de que ocurra la compensación

contra obligaciones impositivas que tuviera el beneficiario,

lo que no creemos es que dicha compensación deba hacerse cuando

exista duda respecto a su exigibilidad porque ello haría retrasar

más aún el proceso de emisión de las referidas Notas de Crédito

Negociables.

Ahora bien, se podría sostener que hubiera sido preferible el

mecanismo de la devolución vía cheque antes que el uso de las

Notas de Crédito No Negociable puesto que los beneficiarios dado

que están en etapa de exploración lo que requieren es el recupero

inmediato de sus fondos, puesto que las referidas Notas de Crédito

No Negociables son documentos valorados que contienen obligaciones

de pago por parte de la Administración Tributaria y sirven

para compensar obligaciones de pago de los contribuyentes.

Entendemos que las normas reglamentarias y complementarias

se ocuparán de apuntalar las limitaciones que hemos referido.

3. Devolución del IGV durante la exploración de hidrocarburos

La actividad de exploración en materia petrolera es mayor que

en cualquier otro rubro debido a que de cada diez (10) pozos de

exploración realizados, solamente uno (1) resulta económicamente

comercial según la experiencia internacional, sumados a los altos

montos de inversión que representan las actividades de exploración

sea en las operaciones mar adentro en el Zócalo Continental y

la Selva.

Si a ello le agregamos que desde 1997 la responsabilidad en

la fase de exploración y explotación es enteramente privada, en

razón del redimensionamiento de la empresa estatal PetroPerú a

inicios de los años 90 y el proceso de privatización, debemos con-

–––––

(1) Se trata de los “titulares de concesiones mineras” a que se refiere el Decreto

Supremo Nº 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de

Minería,

ENERO 2002 23


INFORME TRIBUTARIO

cluir en la necesidad de establecer un régimen que permita disminuir

los costos de las empresas que invierten en ese sector.

En ese sentido, resulta adecuada la aprobación de la Ley Nº

27624, publicada el 8 de enero pasado, por la que se establece

que las empresas que suscriban los Contratos señalados en los artículos

6° y 10° de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos,

(2) tendrán derecho a la devolución definitiva del IGV e IPM que

paguen para la ejecución de las actividades directamente vinculadas

a la exploración durante la fase de exploración de los Contratos

y para la ejecución de los Convenios de evaluación técnica.

La devolución comprende el IGV E IPM correspondiente a todas

las importaciones o adquisiciones de bienes, prestación o utilización

de servicios y contratos de construcción, directamente vinculados

a la exploración durante la fase de exploración de los Contratos

y para la ejecución de los Convenios de evaluación técnica; y se

podrá solicitar mensualmente a partir del mes siguiente a la fecha

de su anotación en el Registro de Compras.

En caso que existan empresas que hubieren suscrito los Contratos

señalados líneas arriba con anterioridad a la fecha de entrada

en vigencia de la Ley, tendrán derecho a la devolución desde el

inicio del período exploratorio siguiente a aquel en que se encuentren

al 9 de enero de 2002.

Este derecho formará parte del régimen tributario sujeto a la

garantía de estabilidad tributaria en los Contratos o Convenios que

suscriban las empresas a partir de la vigencia de la presente Ley.

La devolución se efectuará dentro de los 90 (noventa) días siguientes

de solicitada, mediante Nota de Crédito No Negociable,

conforme a las disposiciones legales vigentes, siempre y cuando el

beneficiario se encuentre al día en el pago de los impuestos a que

esté afecto, caso contrario, la SUNAT hará la compensación hasta

donde alcance.

Finalmente se indica que las normas reglamentarias y complementarias

se dictarán en el plazo de 30 (treinta) días siguientes a la

fecha de entrada en vigencia de la Ley.

IV. OTRAS MODIFICACIONES

1. SOBRE OPERACIONES DE SWAP

El tratamiento de las operaciones de Swap en materia tributaria

ha sido históricamente limitado. De hecho, el numeral 2 del artículo

33º de la Ley del IGV e ISC sólo regula una modalidad de Swap, la

de exportación de productos mineros, cuyo diseño no tenía la

dinamicidad que se requería.

Por eso, mediante Ley Nº 27625 se ha sustituido el referido

numeral 2, a fin de agilizar y dinamizar las operaciones de Swap.

Con cargo a desarrollar un comentario sobre este régimen, debemos

señalar que las novedades de la norma modificada son:

– Las entidades bancarias certificarán la operación en el momento

en que se acredite el cumplimiento del abono del

metal en la cuenta del productor minero en una entidad

financiera del exterior.

– Ello se reflejará en la transmisión de esta información vía

swift a su banco corresponsal en Perú.

– El Banco local interviniente emitirá al productor minero la

constancia de la ejecución del swap, documento que permitirá

acreditar ante Sunat el cumplimiento de la exportación,

quedando expedito su derecho a la devolución del IGV de

sus costos.

– El plazo que debe mediar entre la operación swap y la exportación

del bien, objeto de dicha operación como producto

terminado, no debe ser mayor de sesenta días útiles.

Si por cualquier motivo, una vez cumplido el plazo, el producto

terminado no hubiera sido exportado, la responsabilidad

por el pago de los impuestos corresponderá al sujeto

responsable de la exportación del producto terminado.

– Si hay algún supuesto de fuerza mayor contemplado en el

Código Civil debidamente acreditado, el exportador podrá

acogerse a una prórroga del plazo para exportar el producto

terminado por el período que dure la fuerza mayor.

– Se puede ampliar el beneficio a otras modalidades de operaciones

Swap vía decreto supremo

– Se pueden establecer requisitos y procedimiento necesarios

para la aplicación del régimen, vía decreto supremo.

2. SOBRE INAFECTACIÓN AL IGV, IPM y DERECHOS ARAN-

CELARIOS

Como se recordará, mediante Ley Nº 27450, publicada el 19

de mayo de 2001, se incorporó un inciso p) al artículo 2º de la Ley

del IGV e ISC, por el que se señala que no esta gravada con el

impuesto la venta e importación de los medicamentos y/o insumos

necesarios para la fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos

que se importan (mismo principio activo) para tratamiento

de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA, efectuados de acuerdo

a las normas vigentes.

El artículo 3º de esta Ley señaló que en 30 días debería aprobarse

la relación de medicamentos e insumos que serían objeto del beneficio,

lo que no se ha hecho sino hasta el 22 de diciembre pasado.

Efectivamente, mediante D. S. Nº 236-2001-EF se aprobó la relación

de medicamentos e insumos para el tratamiento oncológico y

VIH/SIDA, cuya venta y/o importación se encuentra inafecta del

IGV, IPM y Derechos Arancelarios (ver relación en pág. 47-48 de

la presente edición).

En el decreto supremo se ha indicado que la SUNAT y ADUA-

NAS dictarán las normas pertinentes para la mejor aplicación del

beneficio. Por ello, el 4 de enero pasado se publicó la Circular Nº

INTA.CR.01-2002 que establece disposiciones sobre el referido beneficio.

3. SOBRE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV

Como sabemos, existen circunstancias en las que los sujetos del

IGV tienen más crédito fiscal (compras) que impuesto bruto (ventas)

produciéndose en consecuencia un saldo a favor del contribuyente.

Para evitar el perjuicio financiero que implica acumular y no poder

aplicar tales saldos, la legislación vigente ha previsto regímenes

especiales del beneficio de recuperación anticipada del IGV aplicable

a las empresas que se encuentran en etapa pre-operativa.

Entre ellos, podemos mencionar el establecido a través del Decreto

Legislativo Nº 818 aplicable para las empresas que suscriban contratos

con el Estado al amparo de las leyes sectoriales, para la

exploración, desarrollo y/o explotación de recursos naturales.

Para los sujetos del Impuesto General a las Ventas que actuaran

bajo la forma de contratos de colaboración empresarial que no

llevan contabilidad independiente a la de sus socios, a través de la

Resolución de Superintendencia Nº 112-97/SUNAT, modificada por

la Resolución de Superintendencia Nº 034-98/SUNAT, se reguló el

procedimiento a seguir para acreditar el acogimiento al Régimen

de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas.

Sobre este tema, recientemente la SUNAT ha emitido la Resolución

de Superintendencia Nº 142-2001/SUNAT publicada el 27

de diciembre del 2001 a fin de brindar facilidades a los contribuyentes

para acceder al referido beneficio, resulta necesario

flexibilizar el procedimiento establecido en la norma antes mencionada.

En la próxima edición de nuestro Informe Tributario detallaremos

los cambios introducidos a este procedimiento.

–––––

(2) Es decir los contratos para la exploración de hidrocarburos y los convenios

para la evaluación técnica de áreas, previos a la celebración de un contrato

para la exploración de hidrocarburos.

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ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

Tributación Municipal

Algunas Modificaciones a la Legislación

(Primera Parte)

La Ley Nº 27616 publicada el 26 de diciembre último ha modificado

diversos artículos del Decreto Legislativo Nº 776 y de la Ley Nº 27153 en

este articulo realizaremos una primera aproximación a las modificaciones

I. INTRODUCCIÓN

Para lograr una auténtica democracia es necesario promover la

descentralización. Una medida que debe tomarse con este propósito

es brindar el apoyo suficiente a las autoridades locales y regionales,

fortaleciendo su capacidad financiera e institucional.

Lamentablemente, durante el gobierno de Alberto Fujimori este

propósito fue solamente objeto de enunciados demagógicos mas

no una opción política de gobierno que se adoptara seriamente; al

contrario, debido a los propósitos reeleccionistas de ese gobierno

y, en el intento de opacar las posibilidades de surgimiento de nuevos

líderes políticos a partir de las autoridades locales y provinciales,

se recortaron las fuentes de financiamiento y con ello las posibilidades

de decisión de dichos funcionarios. Claras manifestaciones

de este proceder fueron el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de

Tributación Municipal publicada el 25 de noviembre de 1993, y la

Ley N° 27153 referida al Impuesto a los Casinos y Máquinas

Tragamonedas, publicada el 08 de julio de 1999 que ocasionaron

la reducción de los ingresos para los Gobiernos Locales (fundamentalmente

las que correspondían a la Municipalidad Metropolitana

de Lima).

Recuérdese además que el Decreto Legislativo Nº 776 fue una

norma muy controvertida indicándose incluso que se trataba de

una norma inconstitucional básicamente por las siguientes razones:

(i) derogó o modificó normas de la Ley Orgánica de Municipalidades,

siendo esta una Ley Orgánica no podía ser objeto de modificación

por una norma de rango inferior; (ii) Legisla sobre materias

presupuestarias que no le fueron expresamente delegadas.

Pues bien, el nuevo gobierno ha decidido actuar de una manera

diferente lo que se ha concretado a través de la Ley Nº 27616

publicada el 29 de diciembre del 2001. Mediante esta norma, se

modifican tanto artículos del Decreto Legislativo Nº 776 como de la

Ley Nº 27153 restituyendo por un lado algunos recursos a los gobiernos

locales y, por otro, modificando aspectos de la hipótesis de

incidencia de algunos impuestos municipales. Veamos.

NORMAS MODIFICATORIAS DEL DEC. LEG. Nº 776

NORMA

FECHA DE PUBLICACIÓN

II. COMENTARIO PREVIO

El artículo 104º de la Constitución Política del Perú establece

que “No pueden delegarse las materias que son indelegables a la

Comisión Permanente”. Como señalábamos anteriormente, uno de

los cuestionamientos más importantes que se hacía respecto al Decreto

Legislativo Nº 776 consistía en que este era inconstitucional

debido a que modificó aspectos legislados en una Ley Orgánica

como era la Ley Nº 23853, ley Orgánica de Municipalidades. No

obstante en la Ley Nº 27616, materia de este artículo, se repite ese

mismo error puesto que se está modificando aspectos que estuvieron

inicialmente regulados en una ley orgánica. (1)

Por otro lado, si bien puede decirse de manera general que

mediante esta Ley se han repuesto con mucha justicia algunos de

los ingresos que les fueron quitados a las municipalidades, por otro

lado también debemos señalar que se han incorporado temas que

tienen que ser prontamente aclarados para que los contribuyentes

no se vean perjudicados con las interpretaciones que podrían adoptar

las más de mil municipalidades existentes en el país.

III. MODIFICACIONES A LA LEY DE

TRIBUTACION MUNICIPAL (DECRETO

LEGISLATIVO Nº 776)

TEMAS GENERALES

NORMAS MODIFICATORIAS DEL DEC. LEG. Nº 776

NORMA

FECHA DE PUBLICACIÓN

Ley N° 27180: Modifica los art. 66°, 67°, 68°,

71°, 73° y 74

Ley Nº 27305: Modifica los art. 8º, 9º, 14º y 17º

Ley Nº 27616: Modifica los art. 7º, 17º, 18º, 25º,

29º, 30º, 30-A, 37º, 41º, 54º, 57º, 68º, 86º, 89º.

05.10.99

14.07.00

29.12.01

Ley N° 26725: Modifica el art. 69° y agrega los

art. 69°A y 69°B.

Ley N° 26812 : Modifica los art. 50° y 51°

Ley Nº 26836: Incluye inciso c) al art. 18º

Ley N° 26891 : Modifica el art. 89º

26.12.96

19.06.97

09.07.97

10.12.97

Control por parte de notarios y registradores del pago de Impuesto

Predial, Vehicular y de Alcabala (Artículo 7°)

La LTM eliminó uno de los más eficientes mecanismos de fiscali-

–––––––

(1) Ver sobre este tema la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

expediente Nº 004-2001-I/TC, publicada el 27 de diciembre de 2001.

ENERO 2002 25


INFORME TRIBUTARIO

zación de la recaudación del Impuesto Predial y el de Alcabala que

era el requerimiento de los recibos de pago de los impuestos correspondientes

como requisito para la inscripción o formalización

de las transferencias de inmuebles. Esta medida ha conllevado a

elevar los índices de morosidad y de evasión tributaria que vienen

perjudicando sustancialmente las rentas de los Municipios del país.

En vista de ello, la Ley establece que, a partir de su vigencia,

para la inscripción o formalización de las transferencias de dominio,

los Registradores y Notarios Públicos deberán requerir que se

acredite el pago de los impuestos predial, vehicular y de alcabala,

cuando se transfieran los bienes gravados con dichos impuestos.

IMPUESTO PREDIAL

• Inafectaciones

Se han modificado algunas inafectaciones y se han incorporado

otras al texto:

a) Dentro de la inafectación referida al gobierno central, gobiernos

regionales y gobiernos locales se ha exceptuado a

los predios que hayan sido entregados en concesión al

amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM (TUO de las

normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión

al sector privado de las obras públicas de infraestructura

y de servicios públicos), incluyendo las construcciones

efectuadas por los concesionarios sobre los mismos, durante

el tiempo de vigencia del contrato.

b) Respecto a los predios de las sociedades de beneficencia,

se los considerará dentro de la inafectación siempre que se

destinen a sus fines específicos y no se efectúe actividad

comercial en ellos, en el texto anterior en lugar de esto último

se decía que no debían producir renta.

c) En cuanto a los predios del Cuerpo General de Bomberos,

se indica que estarán inafectos solamente si el predio se

destina a sus fines específicos.

d) Respecto a la inafectación que corresponde a las universidades

y centros educativos, debidamente reconocidos, la

Ley limita esta inafectación a sus predios destinados a sus

finalidades educativas y culturales, según indica, conforme

a la Constitución.

e) Se ha eliminado la inafectación establecida para las concesiones

mineras

f) Se han incluido las siguientes inafectaciones:

– Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos

asistenciales. Se refiere básicamente a las postas

médicos y hospitales.

– Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones

políticas como: partidos, movimientos o alianzas políticas,

reconocidos por el órgano electoral correspondiente.

– Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones

de personas con discapacidad reconocidas por el

CONADIS.

– Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones

sindicales, debidamente reconocidas por el Ministerio

de Trabajo y Promoción Social, siempre y cuando los predios

se destinen a los fines específicos de la organización.

– Predios que hayan sido declarados monumentos integrantes

del patrimonio cultural de la Nación por el INC,

siempre que sean dedicados a casa habitación o sean

dedicados a sedes de instituciones sin fines de lucro,

debidamente inscritas o sean declarados inhabitables

por la Municipalidad respectiva. Hasta antes de la modificación

estos predios gozaban de otro tipo de beneficio,

conforme al artículo 18º inciso b) (ahora derogado),

les correspondía la deducción del 50% de su base

imponible.

g) Finalmente, se indica que en el caso de las inafectaciones

establecidas respecto a las sociedades de beneficiencia, las

entidades religiosas, las entidades públicas destinadas a prestar

servicios médicos asistenciales, el Cuerpo de Bomberos,

las universidades y centros educativos, cuando estos sean total

o parcialmente utilizados con fines lucrativos, que produzcan

rentas relacionadas o no a los fines propios de las instituciones

beneficiadas, significará la pérdida de la inafectación.

Seguramente esta será una de las disposiciones que generará

mayor inseguridad a los contribuyentes dado que es totalmente

amplia e interpretable. En efecto, qué sucederá por

ejemplo ene los casos de hospitales que dentro de su edificación

tengan cafeterías o de universidades que tienen bancos

instalados dentro del campus universitario; por estas situaciones

¿perderían la inafectación?.

En principio, consideramos que es necesario que se emita

una norma que aclare como debe aplicarse esta medida. Sin

embargo, debemos pronunciarnos especialmente respecto a

lo que atañe a las universidades y centros educativos dado

que estos gozan de inmunidad constitucional para toda clase

de impuestos provenientes de bienes, actividades y servicios

propios de su finalidad educativa y cultural. En ese sentido,

para estas entidades no debería aplicarse la disposición comentada

cuando sea justificada la presencia de estos servicios.

IMPUESTO DE ALCABALA

• Eliminación de tramo inafecto (artículo 25º)

Se ha eliminado la inafectación a las primeras 25 UITs del valor

del inmueble. En consecuencia, la base imponible para el cálculo

del Impuesto es el total del valor del inmueble.

Una de las razones para esta medida es que debido a la

inafectación, la mayor parte de las transferencias que se realizan

en el Perú no tributan, sólo tributan las transferencias de predios de

gran valor y éstos no se encuentran precisamente en las municipalidades

menos favorecidas del país.

Adicionalmente, el establecimiento de tramos elevados para la

inafectación en tributos, especialmente en los que gravan el patrimonio,

induce a la subvaluación y a la evasión tributaria.

• Destino del Impuesto (artículo 29°)

El impuesto constituye renta de las Municipalidades en cuya

jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia de transferencia.

Antes de la modificación se lo asignaba a la municipalidad

distrital a que correspondía.

Asimismo, se ha creído conveniente que sea la Municipalidad

Provincial la acreedora del impuesto, en los casos que tenga constituido

un Fondo de Inversión Municipal, puesto que como entidad

de jurisdicción provincial tiene un real interés en que dichos Fondos

reciban el porcentaje que por ley les corresponde, sobretodo si

consideramos que en la actual coyuntura las Municipalidades

Distritales no transfieren o, en el mejor de los casos, lo hacen de

forma tardía, el porcentaje del impuesto que se les asigna a los

referidos Fondos de Inversión Municipal. En este contexto la municipalidad

provincial transferirá, bajo responsabilidad del titular de

la entidad y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último

día del mes en que se recibe el pago, el 50% del impuesto a la

Municipalidad Distrital donde se ubique el inmueble materia de

transferencia y el 50% restante al Fondo de Inversión que corresponda.

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ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

• Vehículos afectos al Impuesto (Artículo 30°)

Se han realizado dos cambios importantes en este artículo:

– Se grava también con el Impuesto a los buses y ómnibuses;

No obstante, como se verá más adelante, están inafectos

los destinados al transporte público masivo de pasajeros. Es

necesario que se definan las características de este tipo de

vehículos para que resulte claro cuáles estarán afectos al

Impuesto.

– Como sabemos, los vehículos gravados con el Impuesto son

aquéllos que tienen una antigüedad no mayor de tres (3)

años. Para determinar desde cuando se computaba el plazo

de tres años no teníamos ninguna definición legal y se

usaba como guía para la interpretación a la RTF Nº 873-5-

97 del 09 de mayo de 1997, la que indicaba que la antigüedad

está referida al año de fabricación. Pues bien, a

partir de la vigencia de la modificación se ha establecido

que el referido plazo, se computará a partir de la primera

inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. En consecuencia,

aún vehículos importados y fabricados hace más

de tres años ingresarán al ámbito del Impuesto computándose

el plazo desde que son registrados en nuestro país.

Una de las razones para esta modificación fue que la actual

redacción genera un desequilibrio, porque no afecta la propiedad

de autos usados que ingresan al parque automotor

mediante importaciones o a través de los CETICOS, los cuales

a pesar de estar en buenas condiciones tienen una antigüedad

de fabricación mayor a los tres (3) años que señala

actualmente la norma.

• Destino del Impuesto (Artículo 30°A)

A través de esta modificación se soluciona un problema que

existió por mucho tiempo en cuanto a la jerarquía normativa además

de que no se cumplía con el Principio de Legalidad; en efecto,

la designación del destinatario del Impuesto se realizó mediante el

Decreto Supremo Nº 22-94-EF. Sobre el particular, la Ley

modificatoria reitera como administrador del Impuesto a las Municipalidades

Provinciales en cuya jurisdicción tenga su domicilio el

propietario del vehículo. Se indica también que el rendimiento del

impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial.

•Inafectación (Artículo 37°)

En concordancia con la inclusión de los omnibuses en el ámbito

de aplicación del Impuesto, se inafecta a los vehículos de pasajeros

que pertenezcan a personas jurídicas o naturales, debidamente

autorizados por la autoridad competente para prestar servicio de

transporte público masivo. La inafectación permanecerá vigente por

el tiempo de duración de la autorización correspondiente.

IMPUESTO A LAS APUESTAS (Artículo 41º)

Se establece que solamente podrán deducirse para obtener la

base imponible mensual del Impuesto los premios efectivamente

pagados en el mismo mes a las personas que han realizado apuestas.

Nótese que antes se hacía referencia a los “premios otorgados”,

de esta manera se busca limitar, haciéndolo acorde al gasto

incurrido por la empresa, el monto que la empresa puede deducir.

Esta iniciativa legislativa tiene una historia que hemos seguido

a través de la Revista (2) . De manera suscinta, podemos referir que

el Jockey Club (único contribuyente de este Impuesto) obtuvo un

resultado favorable en la acción de amparo que planteó contra la

Municipalidad Metropolitana de Lima disminuyendo de manera importante

la recaudación que por este concepto obtenía la Municipalidad

al poder deducir no solamente los premios pagados en

efectivo, sino todos aquellos otorgados a los apostadores.

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

• Calificación por el Instituto Nacional de Cultura – INC (Artículo

54°)

En la anterior redacción de este artículo se exceptuaba del ámbito

del Impuesto a los espectáculos culturales autorizados por el

INC, en la nueva redacción se utiliza el término calificados.

Cabe señalar que la intención de quienes prestaron la iniciativa

era excluir a los espectáculos taurinos de los que son considerados

"culturales" para efectos de la inafectación, no obstante no se logró

este propósito quedando esto por definirse de acuerdo ala calificación

del INC.

• Nuevas Tasas del Impuesto (Artículo 57°)

En el Cuadro que figura a continuación pueden observarse las

nuevas tasas del Impuesto:

TASAS

ACTIVIDAD

Espectáculos taurinos

Carreras de caballos

Espectáculos cinematográficos

Otros espectáculos

ALÍCUOTA

ANTERIOR

30%

30%

10%

15%

NUEVA

ALÍCUOTA

15%

15%

10%

15%

Nuevas tasas que pueden imponer las municipalidades (Artículo

68°)

Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:

- Tasa de Transporte Público: Son las tasas que deben pagar

quienes presten el servicio público de transporte; y corresponderán

a la jurisdicción de la Municipalidad Provincial

donde se desarrolla el servicio. La recaudación por este

concepto deberá ser utilizada para la gestión del sistema

de tránsito urbano.

- Otras tasas: En cuanto a las otras tasas a las que ya se

refería el Dec. Leg. Nº 776, en la nueva redacción se ha

precisado que solo se impondrán previa autorización legislativa

conforme a lo previsto en el artículo 67º de la Ley,

exclusivamente cuando se trate de actividades sujetas a fiscalización

o control municipal extraordinario (*).

–––––

(2) Ver sobre este tema el comentario a la acción de amparo interpuesta por el

Jockey Club del Perú, en Revista Análisis Tributario de Febrero de 2001,

páginas 25 y 26. Además, sobre la historia de la iniciativa legislativa , ver

Revista Análisis Tributario de Junio de 2001 páginas 4 y 5.

(*) En nuestra próxima edición de Informe Tributario continuaremos con la

explicación de las modificaciones a la Legislación Tributaria Municipal.

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INFORME TRIBUTARIO

La regla de valor de mercado,

los precios de transferencia

y la subcapitalización

Walker Villanueva Gutiérrez (*)

I. LA REGLA DE VALOR DE MERCADO

El artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo

TUO fue aprobado por D. S. Nº 055-99-EF, indica que las

operaciones (ventas y servicios) se deben valorar “para efectos

del impuesto” por su valor de mercado y que, cuando el

valor asignado difiera del de mercado, la SUNAT procederá

a ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente.

¿Qué se pretende con esta norma? Pues sencilla y llanamente

que las partes no alteren, a su propia conveniencia e

interés, el valor de las operaciones para efectos del Impuesto.

Veamos un ejemplo de ello:

"A" mantiene el derecho a compensar pérdidas tributarias

por S/. 50,000, y conviene la venta de un vehículo a

S/. 100,000 a "B", cuando su valor de mercado es 75,000.

Con esta situación, "A" logra optimizar el aprovechamiento

de la referida pérdida y "B" consigue un ahorro fiscal del 30

por ciento de S/. 25,000.

En el mismo escenario, podría ocurrir que:

"A" en situación de beneficio fiscal, conviene la venta de

un vehículo a S/. 50,000 cuando su valor de mercado es

S/. 75,000, considerando que el comprador se encuentra

en situación de pérdida tributaria.

La sobrevaluación en el primer caso, es posible en la medida

que "A" puede absorber ese mayor precio con la pérdida

tributaria arrastrable, lo que permite, a su vez, a "B" a

depreciar sobre un mayor valor. En tanto la subvaluación,

operada en el segundo caso, le permite a "A" reducir la

carga tributaria y al comprador no le perjudica, pues el menor

coste que origina un mayor beneficio se ve absorbido

por la pérdida tributaria.

Ambos supuestos ilustran el convenio de precios simulados,

en tanto no es razonable, salvo en determinadas circunstancias

probadas, que empresas extrañas entre sí, estipulen

precios que no sean los valores vigentes en el mercado.

De ordinario ocurrirá que el precio real sea efectivamente

el de mercado y que, según los intereses de las partes, se

facture un valor diferente, sea éste subvaluado o

sobrevaluado.

Si bien ello es así en la generalidad de casos, no es menos

cierto que las partes pueden pactar un precio que no

necesariamente sea el de mercado y, en esta circunstancia,

la capacidad económica puesta de manifiesto debe adecuarse

al flujo real de renta y no a un valor objetivo, que podría

llevar a gravar sobre una capacidad económica ficticia, o en

su caso no gravar una capacidad económica real.

En efecto, en una transacción cuyo valor real pactado

esté por debajo del valor de mercado, se deberá realizar el

ajuste correspondiente hasta el valor de mercado, con lo cual

se está gravando parcialmente sobre una capacidad económica

inexistente; y, en el caso inverso, en que el precio real

pactado esté por encima del valor de mercado, se deberá

ajustar al valor de mercado, con lo cual se deja de gravar

una capacidad económica real (1) .

Por ello resulta justificada la crítica efectuada por el profesor

SIMON ACOSTA cuando, refiriéndose a la regla de

valor de mercado de la Ley del IR español, señala que ‘la

referencia al valor de mercado que ha estado presente en el

IRPF desde 1978, es una precaución, exagerada y

desproporcionada, contra la ocultación del verdadero valor

del contrato, que puede llegar a desnaturalizar el impuesto.

En la práctica, no es una norma que se use frecuentemente

pero encierra una amenaza injusta que no discrimina suficientemente

entre contribuyentes honrados y defraudadores”

(2)

Cabe agregar a lo expuesto que, en ciertas circunstancias,

la venta de bienes por un valor menor al de mercado

no es consecuencia de transacción en las que se haya

subvaluado el precio, sino por causas ajenas a la voluntad

–––––––

(*) Abogado. Master en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, España.

Miembro del Estudio Talledo.

(1) En las Ediciones Francis Lefebvre se señala con relación al valor de mercado

que “se trata de una ficción que se contenía igualmente en la anterior

LIRPF, y que es muy criticada por un importante sector doctrinal, que considera

que un impuesto personal sobre la renta debe gravar la renta realmente

obtenida por el contribuyente y, por ello, es incongruente hacer

referencia al valor objetivo o de mercado de lo transmitido”. En Ediciones

Francis Lefebvre: Tributación de Plusvalías (Ganancias y Pérdidas Patrimoniales).

Madrid, 2000, pág. 99.

(2) SIMON ACOSTA, Eugenio. El Nuevo Impuesto Sobre la Renta de las Personas

Físicas. Editorial Aranzadi, Navarra, 1998, pág. 200.

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ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

de las partes; nos referimos a las ventas por subasta judicial

o a las expropiaciones, supuestos en los cuales lo habitual

será que el valor fijado en la transacción no coincida con el

valor de mercado; no obstante lo cual, no habrá subvaluación

y, por tanto, tampoco habrá lugar al ajuste de precios dispuesto

por el artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta,

pues este precepto otorga la posibilidad de ajustar el valor

de la transacción en los casos de subvaluación, lo que no

ocurre en estos casos, y porque además no hay probabilidad

de fraude alguno, en la medida en que está probado de

modo fehaciente e indubitable el valor real de la transacción.

De otro lado, el referido artículo 32° de la norma prevé

que la SUNAT ajustará el valor pactado entre las partes,

tanto para el transferente como para el adquirente, cuando

éste difiere del de mercado. Ahora bien, si tomamos en cuenta

que la norma enfatiza que “la SUNAT procederá a ajustar”,

se podría argüir que lo que se concede es una facultad a la

administración para efectuar el ajuste, de la que en ningún

caso gozan las partes; por esta razón, no deben sujetarse al

valor de mercado para el pago del IR.

Aun cuando la redacción de la norma es imprecisa en el

sentido indicado, entendemos que la regla de valor de mercado

es una regla de valoración objetiva para efectos del

pago del Impuesto (tómese en cuenta que la norma refiere

“el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones

para efectos del impuesto”), y no tan sólo una facultad

administrativa, por lo que cabría entender que las partes

deben efectuar, de motu propio, el ajuste bilateral que corresponda.

¿Cuál es el sentido del ajuste bilateral? Aunque parezca

una reiteración evidente, lo que se busca es que se tribute

sobre el valor de mercado, sin producir una sobreimposición

a consecuencia de la aplicación de esa norma. Veamos el

ejemplo 1 señalado líneas arriba, el ajuste bilateral implica

que "A" no tribute sobre la base de S/. 100,000 sino sobre

S/. 75,000, pero al mismo tiempo, a "B" sólo se le admite la

depreciación sobre S/. 75,000. Por tanto, "A" y "B" tributan

sobre el valor de S/. 75,000, el menor monto que "A" tributa

se ve compensado con la menor depreciación en "B".

De no practicarse el ajuste bilateral, se produciría una

sobreimposición, en tanto se ajustaría sólo en cabeza de quien

causa perjuicio al fisco, que en nuestro ejemplo sería "B",

razón por la que "A" tributaría sobre S/. 100,000 y "B"

depreciaría sobre S/. 75,000. En esta situación, habría una

doble imposición económica, pues "A" tributaría sobre

S/. 100,000 (incluyendo el monto de S/. 25,000 que excede

del valor de mercado) y, a su vez, "B" tributaría sobre

esos mismos S/. 25,000 vía menores cargos por depreciación

en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Esto es lo que

ocurre precisamente en los precios de transferencia, donde

el ajuste se practica sólo en el “sujeto implicado” (ajuste unilateral),

como veremos en seguida.

II. LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Los precios de transferencia (PT) y la subcapitalización

descansan en un mismo principio: la adecuación de determinadas

transacciones entre empresas vinculadas al

principio de plena concurrencia (3) ; esto es, la valoración

de las operaciones vinculadas en función a precios de

mercado; aunque como veremos más adelante con fundamento

distinto.

La norma de PT obliga a la Administración y al contribuyente

a la sustitución del valor pactado en la transacción

entre empresas vinculadas, por el valor de mercado, cuando

aquél difiera de éste. Dicha norma no combate, como comúnmente

se cree, un problema de fraude, pues el valor fijado

en la transacción vinculada es el real, el efectivamente

pactado en la operación. No es que haya divergencia de

precios (estipulado y real), como ocurría en el caso de regla

de valor de mercado, sino que reconociendo que las partes

vinculadas han pactado un precio efectivo y real, éste no se

adecua al valor del mercado.

¿Cuál es entonces el fundamento de los PT? La

deslocalización, redistribución o desvío de rentas (4) que origina

un diferimiento o reducción de carga tributaria. Veamos

un ejemplo:

"A" vende un activo fijo a la empresa "B" a un precio

subvaluado (S/. 10,000 en lugar de S/. 20,000); de modo

que, en lugar de tributar sobre los S/. 20,000 ahora, tributará

sólo sobre S/. 10,000, pero la empresa "B" que pertenece

al mismo grupo terminará pagando los S/. 10,000

restantes durante el plazo de depreciación, pues al cargar a

gastos una menor depreciación sobre S/. 10,000 y no sobre

S/. 20,000, el grupo empresarial termina pagando lo mismo,

aunque a plazos y a una “tasa de interés cero”. La deficiencia

de la norma nacional de PT es que no condiciona su

aplicación a la reducción o diferimiento de la carga tributaria,

lo que indudablemente debería evaluarse en la situación

concreta.

El mecanismo de corrección que dispone la norma de PT

para evitar la deslocalización de rentas, es el de un ajuste de

carácter unilateral. En ese sentido, en la norma se señala

que el ajuste será únicamente respecto del sujeto “implicado”,

aunque no define que se debe entender por “implicado”,

lo que también se determinará en el caso concreto. En

––––––––

(3) Según el artículo 19-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,

incorporado por el D. S. Nº 045-2001-EF, el principio de libre concurrencia

se define como aquél por el que los precios acordados entre empresas

vinculadas deben corresponder a los precios que hubieran sido acordados

en transacciones entre sujetos no vinculados entre sí, en condiciones

similares o en un mercado abierto.

(4) Resulta ilustrativa, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo Español

del 19 de enero de 1996 que señala que los precios de transferencia

son “aquellos que utilizan o pactan entre sí sociedades sometidas al

mismo poder de decisión, circunstancia que permite, a través de la fijación

de precios convenidos entre ellas transferir beneficios o pérdidas de unas

a otras, situadas las mas de las veces en países distintos”. Citado por

HERRERO MALLOL, Carlos. Precios de Transferencia Internacionales,

Aranzadi, Navarra, 1999, pág. 25.

ENERO 2002 29


INFORME TRIBUTARIO

ciertos casos, el implicado será el transferente (como ocurría

en el ejemplo planteado), pero también lo podrá ser el

adquirente, si pensamos en una sobrevaluación donde "A"

tiene pérdidas y "B" tiene beneficios, con lo cual se logra

reducir el beneficio de "B".

Pero al margen de ello ¿Qué implica que el ajuste sea

unilateral?. Que se produce un efecto de doble imposición

económica evidente, pues en el ejemplo la Administración

ajustará mediante una diferencia permanente positiva el resultado

contable de A, pero eso NO dará derecho a B a

depreciar sobre S/. 20,000 sino sólo sobre S/. 10,000, con

lo cual sobre esos S/. 10,000 tributan tanto A (vía ajuste o

agregado al resultado contable) y también B (vía menor depreciación).

Sin perjuicio claro está de la imposición de sanciones

a la empresa A por omisión de ingresos, adicionando

los intereses moratorios del caso.

Se ve, entonces, el sesgo claramente penalizador de este

régimen, pues no basta la imposición de sanciones y la exigencia

de intereses moratorios, sino que además “oculta”

una “parasanción” que se traduce en la doble imposición de

una misma renta, en cabeza de dos empresas que pertenecen

a un mismo grupo. Así, la norma no sólo se limita a

corregir la deslocalización de rentas, va más allá, localiza la

renta donde se produjo, pero además genera una

sobreimposición que tiene como única justificación: el pacto

por un valor diferente al de mercado.

Eso no es lo más grave, si se tiene en cuenta que el artículo

32° de la Ley del IR (norma antifraude) permite un ajuste

bilateral que evita esa doble imposición económica, lo que

se traduce en la existencia de un régimen incoherente, pues

la norma de valor de mercado que es una norma general

antifraude, en tanto pretende restringir los pactos ficticios de

subvaluación o sobrevaluación, recibe un tratamiento menos

severo y perjudicial que aquella otra norma que no constituye

una norma antifraude. En otras palabras, la norma

antifraude tiene un tratamiento más beneficioso que aquella

otra que no pretende combatir un problema de fraude sino

uno distinto: el de la deslocalización de rentas.

En otro punto se ha dicho que existe una contradicción

entre el numeral 4 del artículo 32º de la Ley del Impuesto a la

Renta (operaciones vinculadas) y el artículo 26º de esa misma

Ley (presunción de intereses), en el sentido de que la

primera obliga a valorar toda operación a precios de mercado

y la segunda permite probar que el interés pactado no

existe o es menor al límite legal, y que con base a la regla de

la especialidad, se debería aplicar el artículo 26º en forma

preferente. Este argumento no es sólido, pues con mayor asidero

se puede señalar que el referido numeral 4 del artículo

32º es la regla específica entre empresas vinculadas y que el

artículo 26º es la regla general para toda operación de préstamo.

Nuestra opinión es que no existe contradicción alguna

pues si entendemos el fundamento de los PT (deslocalización

o redistribución de rentas) en los préstamos gratuitos no se

puede deslocalizar o redistribuir ninguna renta de una empresa

a otra o de una jurisdicción a otra, en tanto este tipo

de operaciones no afecta el estado de resultados, y con ello

el eventual desvío de beneficios no es posible (5) .

Por esta razón, entendemos que en los préstamos gratuitos

la norma de PT es inaplicable mientras que, si se pacta

un interés menor al de mercado, puede ser posible la

deslocalización, en cuyo caso prevalecerá la norma de PT,

pues es precisamente para esos casos para los que está pensada.

Interpretamos en el sentido indicado aplicando la ratio

legis de la norma, más allá de la literalidad que parecería

indicar lo contrario, pues el primer párrafo del artículo 32º

de la Ley del Impuesto a la Renta hace referencia a “transferencias

de propiedad a cualquier título”.

III. LA SUBCAPITALIZACIÓN

La subcapitalización alude a un fenómeno mercantil muy

concreto: la proporción elevada de financiación ajena (deuda)

con relación a la propia (capital), el excesivo

apalancamiento financiero, que desde el punto de vista fiscal

genera atención por una razón fundamental: los intereses

que retribuyen fondos ajenos son deducibles del IR; mientras

que los dividendos que retribuyen fondos propios no.

Una de las variables que normalmente se suele evaluar para

definir la estructura del capital (relación deuda/capital), es

precisamente la distinta incidencia de la retribución de los

fondos propios (capital) con relación a los ajenos a nivel

impositivo.

La desproporción entre deuda y capital no tendría por sí

misma por qué objetarse, sino fuera porque este excesivo

apalancamiento se da en circunstancias particulares: los préstamos

son concertados entre empresas vinculadas donde el

prestamista y la prestataria están sometidos a un mismo poder

de decisión y, en esa medida, dicha operación no se

corresponde con cualquier otra que, en condiciones normales

de mercado, se hubiera concertado entre partes independientes.

Por esa razón, fiscalmente se presume que la financiación

ajena encubre una financiación propia, lo que determina

la regulación de cláusula antifraude de subcapitalización,

por la que aquella proporción que exceda de la que se hubiera

logrado en condiciones normales de mercado se tratará

fiscalmente como dividendos, con lo cual se neutraliza la

deducción de “intereses” devengados del préstamo.

Aquí precisamente reside la adecuación de la

subcapitalización y PT al principio de libre concurrencia. El

nivel de endeudamiento y el precio de las transacciones entre

empresas vinculadas deben adecuarse a las que se obtendrían

en condiciones de libre competencia en el mercado

––––––

5 En el Derecho Norteamericano se ha venido planteando que “la Section

482 del Internal Revenue Code”, podría ser utilizada no sólo para

“redistribuir renta gravable entre partes vinculadas (to allocate income

between related parties) sino también para crear rentas (to create income)

en aquellas operaciones en las que no intervienen precios entre las partes

contratantes, como por ejemplo el caso de un préstamo sin interés entre

dos sociedades”. LETE ACHIRICA, Carlos. “Métodos de Valoración de las

Operaciones entre Sociedades Vinculadas”. En: Revista de Derecho Bancario

y Bursátil Nº 62, Abril-Junio 1996, pág. 399.

30

ENERO 2002


INFORME TRIBUTARIO

y entre sujetos independientes.

Ello implicaría que en la subcapitalización exista posibilidad

de probar que el nivel de apalancamiento se ha obtenido

en condiciones de libre concurrencia. Sin embargo, en

este caso, la norma nacional de subcapitalización impone

un límite objetivo (6) de que todo apalancamiento que exceda

del límite legal, no es razonable que sea un préstamo, razón

por la que se niega la deducción de intereses. Pero ¿es esto

cierto? No, puesto que no necesariamente el apalancamiento

que exceda del límite legal se aparta del principio de plena

concurrencia pues es posible que en el mercado y por las

circunstancias que rodean una transacción, se pueda obtener

un endeudamiento que pueda superar el límite legal, o

inclusive encontrarse por debajo de él.

Por tanto, la regulación de la subcapitalización, en este

extremo es deficiente, aunque nos preguntamos si cabría la

posibilidad de instar a la Administración la posibilidad de

ampliar el límite de apalancamiento mediante un Acuerdo

Previo de Transferencia (APT), que no es sino un acuerdo

entre la Administración y el contribuyente para fijar la valoración

de una concreta operación vinculada, como sucede

por ejemplo en España.

Cierto es que mientras los PT inciden en la valoración de

la retribución (los intereses en un préstamo), la

subcapitalización incide en el nivel de apalancamiento (el

monto del préstamo). Si revisamos el artículo 32º de la Ley

del Impuesto a la Renta, se ve que los APT están previstos

como métodos de valoración de las rentas derivadas de las

operaciones vinculadas (ventas y servicios), razón por la cual

entendemos que sólo será posible presentar un APT para

fijar el nivel de intereses, pero no para determinar el nivel de

endeudamiento. En suma, el mencionado artículo 32º de la

Ley hace referencia al APT como un método de valoración

de la renta y no de la fuente que la genera.

Ahora bien, habíamos indicado que, si bien los PT y la

subcapitalización descansaban en el mismo principio, tenían

un fundamento diferente. ¿Cuál es el fundamento en la

subcapitalización?. La norma de subcapitalización impone

un coeficiente máximo de apalancamiento financiero (triple

del patrimonio social) sobre cuyo límite los intereses no son

deducibles para el prestatario. Se perfila así la norma de

subcapitalización como una norma antifraude que pretende

prevenir la simulación en la financiación, consistente en proporcionar

aportes de capital, como si fuesen préstamos, con

el objeto de deducir como gasto los intereses que retribuyen

préstamos, en tanto la retribución del capital (dividendos) no

es deducible. Por tanto, dicha norma pretende combatir el

fraude de atribuir la calidad de préstamos (fondos ajenos) a

aportaciones de capital (fondos propios).

También, y como punto final, queremos destacar que la

norma de subcapitalización refleja otra deficiencia, en cuanto

la Ley del Impuesto a la Renta se limita a prever, como efecto

de dicha norma, la no deducción de los intereses que excedan

del límite de apalancamiento (inciso a del artículo 37º),

pero no RECALIFICA los mismos como dividendos, lo que

puede originar múltiples problemas de interpretación, considerando

que los dividendos están inafectos al Impuesto y los

intereses constituyen rentas de segunda o tercera categoría.

Así, si los gastos financieros que exceden del límite han sido

prestados por socios personas naturales de la empresa, la

pregunta que de inmediato surge es si todo el monto

provisionado será objeto de retención conforme lo dispone

el artículo 71º de la Ley del Impuesto a la Renta, o tan sólo se

retendrá hasta por importe equivalente a la deducción de los

intereses, en tanto el exceso recibiría el tratamiento de dividendo.

De hecho ocurre en nuestra legislación que la

subcapitalización por endeudamiento con empresas vinculadas

no domiciliadas es calificada como una distribución

indirecta de utilidades (como si fuese un dividendo) sujeto a

la tasa adicional del 4.1 por ciento por aplicación del inciso

h) del artículo 55-A de la Ley (incorporado por la Ley Nº

27513 del 28 de agosto de 2001) que dispone que se entenderá

que existe distribución de utilidades cuando “se efectúe

un desembolso que, por su naturaleza, signifique una

disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior

control tributario, que origine una adición o reparo a

efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría”.

Justamente el monto que excede del límite legal de

apalancamiento constituye una adición a la renta neta de

tercera categoría, y en tanto es pagada a un no domiciliado,

no es susceptible de posterior control tributario.

––––––

(6) El numeral 6 del inciso a) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del

Impuesto a la Renta, incorporado por el D. S. Nº 045-2001-EF del 16 de

marzo de 2001, dispone que “El monto máximo con sujetos o empresas

vinculadas, a que se refiere el último párrafo del inciso a) del artículo 37

de la Ley, se determinará aplicando un coeficiente de 3 (tres) al patrimonio

neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior”

ENERO 2002 31


CASUÍSTICA

Casos Prácticos

PLAZO PARA SOLICITAR LA BAJA

DE COMPROBANTES DE PAGO

EN CASO DE EXTINCIÓN DE LA

EMPRESA

PREGUNTA:

Un suscriptor nos consulta si en el caso

de una empresa, cuya extinción ha sido inscrita

en los Registros Públicos el mes anterior,

existe obligación de comunicar la baja

de los comprobantes de pago que no han

sido utilizados y, en ese caso, cuál sería el

plazo para presentar dicha comunicación y

si habría cometido infracción por tal incumplimiento.

RESPUESTA:

Conforme a lo indicado por el inciso f)

del numeral 4.1 del artículo 12º del Reglamento

de Comprobantes de Pago (Resolución

Nº007-99/SUNAT) existe la obligación

de presentar la declaración de baja de documentos

no emitidos en el caso de comunicarse

la baja de tributos vinculados con dichos

comprobantes. Se señala asimismo que

dicha declaración deberá ser presentada antes

o conjuntamente con la comunicación de

baja de tributos.

Por otro lado, en el procedimiento Nº19

del TUPA de SUNAT aprobado mediante

D.S. N° 061-2000-EF (26/06/200) que

regula el procedimiento para solicitar la baja

de comprobantes de pago no emitidos, se

indica también que la solicitud de baja de

comprobantes de pago se realiza mediante

el Formulario 825 y deberá ser presentada

antes o conjuntamente con la comunicación

de baja de tributos.

De las normas glosadas se puede apreciar

que el plazo máximo para presentar la

indicada solicitud de baja es el momento de

la presentación de la comunicación de baja

de tributos, sin establecerse expresamente

como causal para solicitar la baja de comprobantes

de pago el supuesto de extinción

de la persona jurídica.

Sin embargo, para completar el análisis,

estas normas deben ser concordadas con

aquellas que regulan la obligación de comunicar

la baja de tributos que es el referente

para establecer el plazo máximo para

la baja de comprobantes de pago.

Al respecto, el numeral 10 inciso d) de

la Resolución de Superintendencia N° 079-

2001/SUNAT (RUC) establece la obligación

de presentar solicitud de baja o exclusión

del RUC, cuando se produzca entre otros

hechos la extinción de la persona jurídica.

Asimismo, la indicada norma señala que en

el caso de liquidaciones, la persona jurídica

se considerará extinguida en la fecha de

la inscripción de tal extinción en los Registros

Públicos, en concordancia con lo dispuesto

por el artículo 421° de la Ley General

de Sociedades.

Por otro lado, la indicada Resolución de

Superintendencia, dispone en el inciso c) de

su artículo 8º que la baja de tributos deberá

comunicarse dentro de los cinco días hábiles

de producido el supuesto que da lugar a

dicha baja.

Por último, complementando estas disposiciones,

el TUPA de SUNAT, aprobado

mediante D.S. N° 061-2000-EF (publicado

el 26 de junio del 2000) establece en su Procedimiento

Nº 14, que para solicitar la baja

de inscripción de las personas jurídicas se

debe cumplir, entre otros requisitos, con presentar

la constancia de liquidación de la persona

jurídica y exhibir, de ser el caso, el

Formulario N° 825 que se presenta para solicitar

la baja de comprobantes de pago.

De lo expuesto se puede apreciar que la

extinción de la persona jurídica es un hecho

vinculado con la obligación de presentar

solicitud de baja de comprobantes de pago

no emitidos, puesto que dicha extinción es

uno de los supuestos establecidos para solicitar

la baja de tributos, hecho este que a su

vez constituye uno de los supuestos para

solicitar la baja de comprobantes de pago.

Sin embargo, existiría la duda acerca

de si el plazo de cinco días hábiles, establecido

para comunicar la baja de tributos, también

se aplica para la presentación de la

solicitud de baja de comprobantes de pago.

Al respecto, consideramos que el Reglamento

de Comprobantes de Pago ha regulado el

plazo máximo para la presentación de la

solicitud de baja de tributos sólo en función

al momento en que se presente efectivamente

la comunicación de baja de tributos, independientemente

de que dicha comunicación

se presente dentro o fuera del plazo de los

cinco días establecido en la Resolución de

Superintendencia Nº 079-2001/SUNAT.

En ese sentido, se incurrirá en la infracción

de “No presentar otras declaraciones

o comunicaciones dentro de los plazos establecidos”

establecida en el artículo 176º

numeral 2 del Código Tributario, sancionada

con el 80% de la UIT, en el caso de que

habiéndose presentado ya la comunicación

de baja de tributos, no se hubiera presentado

en dicho momento o con anterioridad la

solicitud de baja de comprobantes de pago.

Al respecto debemos precisar que si la empresa

hubiera presentado la comunicación

de baja de tributos simultáneamente con la

solicitud de baja de comprobantes de pago

no emitidos, pero fuera del plazo de los cinco

días, no se habrá incurrido en infracción

por presentar fuera de plazo la solicitud de

baja de comprobantes de pago no emitidos

pero si existirá infracción por el hecho de

haber presentado fuera del plazo de cinco

días hábiles la comunicación de baja de tributos.

OBLIGACIÓN DE LLEVAR

EL LIBRO CAJA

PREGUNTA:

Un suscriptor nos pregunta si para efectos

tributarios, las empresas están obligadas

a llevar el libro Caja, puesto que en un

procedimiento de fiscalización la Administración

Tributaria efectuó observaciones indicando

que las operaciones de crédito celebradas

con entidades bancarias debían

estar registradas en el Libro Caja.

RESPUESTA:

Conforme a lo establecido por el artículo

65º de la Ley del Impuesto a la Renta (en

adelante Ley) las personas jurídicas están

obligadas a llevar CONTABILIDAD COM-

PLETA. Al respecto, debemos indicar que ni

en la indicada Ley ni en el Reglamento existe

una definición de lo que se entiende por

“CONTABILIDAD COMPLETA”, ni se indica

qué libros está obligado a llevar el contribuyente

para cumplir con lo establecido por el

artículo 65º de la Ley

Por otro lado, en las Resoluciones de

SUNAT sobre el tema no se ha indicado cuáles

son los libros que está obligada a llevar

la persona jurídica en aplicación de lo dispuesto

por el artículo 65º de la Ley. Sin em-

32

ENERO 2002


CASUÍSTICA

bargo, en algunas Resoluciones de Superintendencia,

al regularse los plazos máximos

de atraso para el registro de las operaciones

y la obligación de legalizar los libros

contables, si se menciona expresamente a

algunos de ellos, como lo indicamos a continuación:

a) R. de S. N° 078-98/SUNAT. Se indica

en su artículo 2° una lista de libros contables

y registros auxiliares y sus plazos

máximos de atraso, no estando incluida en

dicha lista el libro CAJA. Por otro lado, el

artículo 2° de dicha resolución señala que

para efectos de la modificación de los sistemas

de pago a cuenta del Impuesto a la Renta,

mediante la presentación del balance

respectivo, se deben tener registradas las

operaciones que lo sustenten en los libros y

registros indicados en el numeral 7 del artículo

1° de dicha Resolución, entre los que

no se encuentra el libro CAJA, sino los siguientes:

Libro Diario, Mayor, de Inventarios

y Balances, Registro de Inventario Permanente

Valorizado, Registro de Activos,

Libro Auxiliar , etc.

b) R. de S. N° 086-2000/SUNAT. En

ella, respecto al procedimiento para autorizar

libros y registros contables, no se hizo

referencia a libros o registros específicos,

señalándose solamente que "los libros y registros

contables deben ser legalizados antes

de ser usados, incluso cuando se lleven

utilizando hojas sueltas, continuas o computarizadas.

(...)"

c) R. de S. N° 132-2001/SUNAT. Norma

que deroga la Resolución 086-2000, vigente

desde el 25 de noviembre del 2001,

se indica en su artículo 2° una lista taxativa

de libros y registros a los que se señala como

vinculados a asuntos tributarios, entre los que

SÍ SE ENCUENTRA EL LIBRO CAJA.

Este tema también ha sido tratado en la

jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que en la

RTF 864-2-99, ha interpretado los alcances

del artículo 65° de la LIR indicando que el

libro CAJA es un libro obligatorio para efectos

del Impuesto a la Renta puesto que se encuentra

comprendido dentro del concepto de

"contabilidad completa" junto con los siguientes

libros y registros: Libro Diario, Mayor,

Actas, Inventarios y Balances y los indicados

en leyes especiales, como es el caso del Registro

de Compras y Ventas. Por otro lado, el

Tribunal Fiscal indicó que las operaciones con

los Bancos deben estar registradas en los

demás libros y registros contables obligatorios:

Inventarios y Balances, Diario y Mayor.

El Tribunal Fiscal llega a esta conclusión

aplicando el método de interpretación histórica,

indicando que ante la carencia de

normas que señalen lo que se debe entender

por contabilidad completa se debía recurrir

al antecedente legislativo más próximo

en el tiempo, que para este caso es el

artículo 33° del Código de Comercio (derogado

por la Segunda Disposición Final del

Decreto Ley N° 26002 del 27 de diciembre

de 1992) que clasificaba como libros obligatorios

de contabilidad los libros: Caja,

Diario, Mayor, Actas, Inventarios y Balances

y los indicados en leyes especiales, como

es el caso del Registro de Compras y Ventas,

y como libros facultativos a aquellos que

se estimarán convenientes según el sistema

de contabilidad que se adoptara. Señala el

Tribunal Fiscal que al no estar señalado expresamente

en dicha norma el Libro Bancos,

debe entenderse que el mismo es optativo

y que por ello SUNAT no puede solicitar

su exhibición.

Conforme a lo expuesto, en concordancia

con la interpretación histórica efectuadad

por el Tribunal consideramos que el Libro

Caja estaba comprendido dentro del

concepto de contabilidad completa, pero

debiéndose precisar que no existía norma

que indicara plazo para su legalización

hasta el ejercicio 2001, en el que expresamente

se ha señalado este plazo mediante

la R. De S. N° 132-2001/SUNAT.

AJUSTE POR INFLACIÓN:

INVERSIONES

PREGUNTA:

¿Cuáles son los límites para el Ajuste por

Inflación de las partidas de inversiones en

acciones no cotizadas en la bolsa de valores,

de empresas no vinculadas?

RESPUESTA:

El ajuste por inflación del Balance General

con incidencia tributaria, se encuentra regulado

por el Decreto Legislativo N° 797 publicado

el 31 de diciembre de 1995, y reglamentado

por el Decreto Supremo Nº 006-96-

EF publicado el 12 de enero de 1996. Además

debe concordarse con las normas modificatorias

del Reglamento: Decreto Supremo

Nº 125-96-EF (publicado el 27 de diciembre

de 1996) y Decreto Supremo Nº 035-99-EF

(publicado el 09 de abril de 1999).

Conforme lo señala el artículo 1º del

Decreto Legislativo N° 797, el ajuste por inflación

es la reexpresión o actualización de

todas las partidas no monetarias del balance

general, en moneda con poder adquisitivo

de la fecha de cierre de ejercicio. En ese

sentido el “Resultado por Exposición a la

Inflación” (REI) resulta del mayor valor nominal

atribuido al activo no monetario, menos

los mayores valores nominales atribuidos

al pasivo no monetario.

Las inversiones en acciones y participaciones

de otras sociedades, son consideradas

como inversiones permanentes por el

artículo 8º del Reglamento del Decreto Legislativo

N° 797. Para efectos de la aplicación

de los límites de actualización las partidas

reexpresables referidas a estas inversiones

permanentes se clasifican en: (i) Inversiones

en filiales o subsidiarias,(ii) Inversiones

en afiliadas o asociadas, (iii) Otras

inversiones en acciones que tienen cotización

bursátil, (iv) otras inversiones en acciones

que no tienen cotización bursátil.

Las inversiones en acciones no cotizadas

en la bolsa de valores estarían incluidas en el

rubro: “Otras inversiones en acciones que no

tienen cotización bursátil”, puesto que además

de su falta de cotización en la bolsa de

valores no representan el capital de empresas

vinculadas (afiliadas, subsidiarias, etc).

El ajuste por inflación de estas inversiones

tendrá como límite el valor de participación

patrimonial a la fecha de la actualización

(Decreto Legislativo N° 797 art.

1º inciso d.3). Al respecto el Decreto Supremo

N° 006-96-EF en su artículo 1º define

como valor de participación patrimonial al

valor que resulta de multiplicar el patrimonio

neto de una empresa por el porcentaje

de propiedad que en ella tiene quien haya

invertido en acciones o participaciones de

su capital. Asimismo el literal c.3 del artículo

8º del Reglamento del Decreto Supremo

Nº 006-96-EF precisa que, en estos casos,

el límite de reexpresión es el que resulte

más bajo entre el valor actualizado y el valor

de participación patrimonial a la fecha

de actualización.

Este límite de reexpresión o actualización

en ningún caso podrá ser menor a los

respectivos valores de adquisición o de ingreso

al patrimonio, conforme lo establece

el inciso e) del artículo 1° del Decreto Legislativo

N° 797. Al respecto el Reglamento del

Decreto Legislativo N° 797 establece, en el

segundo párrafo del inciso e) del artículo

2º, que en ningún caso el valor resultante

del ajuste por inflación podrá ser menor al

valor en moneda nominal de adquisición,

producción o ingreso al patrimonio de la

partida no monetaria. Esta última disposición

reglamentaria ha sido modificada por

el Decreto Supremo Nº 125-96-EF (publicada

el 26 de diciembre de 1996), señalando

que el valor resultante del ajuste por inflación

para el caso mencionado, no podrá ser

menor al valor de adquisición, producción

o de ingreso al patrimonio más los incrementos

por actualizaciones o reexpresiones

precedentes. Sin embargo, dicha modificación

sería ilegal e inconstitucional al estar

desnaturalizando lo señalado por el Decreto

Legislativo N° 797.

ENERO 2002 33


JURISPRUDENCIA COMENTADA

Principio de Causalidad en los gastos

de publicidad comercial impulsados

por una asociación gremial

Deducibilidad y utilización del crédito fiscal por las empresas

pertenecientes al gremio industrial cervecero

RTF Nº: 585-2-2000

EXPEDIENTE Nº: 2597-97

INTERESADO: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.

ASUNTO: Impuesto General a las Ventas e Impuesto

a la Renta

PROCEDENCIA: Lima

FECHA: Lima, 14 de julio de 2000

Vista la apelación interpuesta por UNIÓN DE CERVECERÍAS

PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A., contra la Resolución de

Intendencia Nº 015-4-06472, emitida el 30 de abril de 1997 por

la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en el extremo

que declara improcedente las reclamaciones formuladas contra

las Resoluciones de Determinación Nºs. 012-3-02892, 012-3-

02893 y 012-3-02894, por reparos efectuados al crédito fiscal por

concepto de publicidad del Comité de Fabricantes de Cerveza y de

servicios de vigilancia de la Asociación Civil Asistencia Social Cristal

que determinaron una omisión al pago del Impuesto General a

las Ventas de los meses de noviembre y diciembre de 1994 y enero

de 1995, y omisión al pago del Impuesto a la Renta del ejercicio

1994, así como contra las Resoluciones de Multa Nºs. 012-2-04321,

012-2-04322, 012-2-04323 y 012-2-03424, emitidas por haber

incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo

178º del Código Tributario.

CONSIDERANDO:

Que respecto al reparo por gastos de publicidad del Comité de

Fabricantes de Cerveza, es preciso anotar que el artículo 18° de la

Ley del Impuesto General a las Ventas aprobada por el Decreto

Legislativo Nº 775, norma vigente durante los períodos acotados,

establecía que el crédito fiscal está constituido por el Impuesto General

a las Ventas consignado separadamente en el comprobante

de pago, que respaldaba la adquisición de bienes, servicios y contratos

de construcción, o el pagado en la importación del bien,

precisándose que sólo otorgaban derecho a crédito fiscal las adquisiciones

que fueran permitidas como gasto o costo de la empresa,

de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando

el contribuyente no estuviese afecto a este último Impuesto, y se

destinaran a operaciones por las que se debía pagar el Impuesto:

Que el artículo 19° de la citada Ley, contenía los requisitos formales

necesarios para ejercer el derecho al crédito fiscal, entre

ellos, que los comprobantes de pago hubieran sido emitidos de

conformidad con las disposiciones sobre la materia,

Que el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta aprobada

por el Decreto Legislativo Nº 774, señala que a fin de establecer la

renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los

gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la

deducción no esté expresamente prohibida por ley;

Que la publicidad comercial es toda forma de comunicación

pública que busca fomentar, directa o indirectamente, la adquisición

de bienes o la contratación de servicios captando o desviando

las preferencias de los consumidores;

Que de la copia del documento «Campaña Imagen de la Cerveza»,

que obra en autos, elaborado por la compañía de publicidad

CAUSA, se aprecia que la campaña en referencia tenía como

objetivo «que el público consumidor de cerveza, mantenga su lealtad

al producto y que el público no consumidor, la pruebe y se

quede con ella», por lo que nos encontramos frente a un caso de

publicidad comercial habida cuenta que la finalidad de la misma

era captar la preferencia del público que no tuviera una preferencia

establecida por alguna bebida alcohólica, así como desviar la

preferencia de aquellos consumidores de bebidas de alto contenido

alcohólico hacia la cerveza, señalando para ello que este producto

facilita la moderación;

Que dicha publicidad comercial tiene relación directa con la

venta de los productos que promueve, por lo que corresponde analizar

si el hecho de que la propaganda no haga referencia a una

marca de cerveza en particular, impide que se considere que la

misma influyó –o pudo influir– en el incremento del nivel de ventas

de la cerveza producida y comercializada por la recurrente y, por

tanto, si se trata de un gasto necesario conforme a las normas de la

Ley del Impuesto a la Renta;

Que conforme consta de la copia de la Sesión de Directorio del

Comité de Fabricantes de Cerveza que obra en el expediente, los

integrantes del Comité acordaron llevar adelante una campaña con

el objeto de promover la moderación en el consumo de bebidas

alcohólicas, alertar sobre los riesgos que para la salud implica el

exceso de consumo de bebidas de alto grado alcohólico y sus consecuencias

sociales, reclamar un trato tributario equitativo en relación

a las demás bebidas alcohólicas, y aportar la inversión correspondiente

para la campaña según su participación en el mercado

de venta de cerveza, correspondiéndole a la recurrente el 51% de

la inversión;

34

ENERO 2002


JURISPRUDENCIA COMENTADA

Que el hecho de que la citada campaña publicitaria haya sido

encargada por el Comité de Fabricantes de Cerveza, no es impedimento

para que la misma buscara tener efecto directo en el consumo

de la marca de cerveza que cada uno de los miembros del

Comité produce, de modo que cada una de las empresas se vio

beneficiada con dicha publicidad, por lo que se concluye que el

gasto realizado por cada empresa en la campaña tuvo relación

directa con la generación de la renta gravada, cumpliéndose con el

principio de causalidad exigido por la Ley del Impuesto a la Renta;

y teniendo en cuenta que dicha adquisición se destinó a una operación

gravada con el Impuesto General a las Ventas, como es la

venta de cerveza, procede deducirla como gasto a efecto del Impuesto

a la Renta;

Que en cuanto a lo señalado por la Administración en el sentido

de que la recurrente no cumple con lo dispuesto en el inciso b)

del artículo 19° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, debido

a que las facturas no fueron giradas al usuario del servicio, ya que

éste fue el Comité y no la recurrente, cabe precisar, que el citado

Comité no es una entidad con personería jurídica propia, sino una

asociación gremial al interior de la Sociedad Nacional de Industrias

que no cuenta con número de Registro Único de Contribuyentes,

y que la recurrente, al igual que los demás integrantes del Comité,

es usuario del servicio, toda vez que se beneficia de la citada

publicidad, razón por la cual asume el costo de la misma en forma

proporcional a su participación en el mercado, habiéndole sido

giradas las facturas respectivas a su nombre, conforme consta del

Anexo del Requerimiento Nº 001668 que obra en el expediente;

Que respecto a los gastos por concepto de vigilancia, cabe indicar

que la recurrente tiene suscritos dos convenios, uno con la

Asociación Civil Cristal, para el uso por parte de sus trabajadores,

jubilados y familiares, de los campos deportivos, local social y lugares

de esparcimiento del Club Sporting Cristal, a cambio de un

pago mensual, y otro, con la Asociación Civil Asistencia Social Cristal,

a fin que ésta administre el Programa de Asistencia Médica

Familiar en favor de los trabajadores de la recurrente, habiendo

reparado la Administración las facturas por gastos de vigilancia

por considerar que las mismas no corresponden a la recurrente,

sino a las citadas asociaciones civiles;

Que si bien los convenios suscritos con las entidades mencionadas

no hacen referencia expresa a la vigilancia de los locales, debe

entenderse que dentro de los pagos que efectúa la recurrente, en un

caso por el uso de los locales, y el otro por el servicio de administración

del Programa de Asistencia Médica Familiar, se encuentra

incluido todo concepto, entre ellos, la vigilancia, no siendo lógico

que corra por cuenta de ella la vigilancia específica de sus trabajadores

y clientes, más aún cuando no se puede determinar la frecuencia

en la que éstos usan dichos locales; en tal sentido, la recurrente

no ha cumplido con justificar la relación de causalidad entre

el citado gasto y la producción de rentas gravadas, por lo que

corresponde confirmar el reparo formulado tanto a la base imponible

del Impuesto a la Renta como al crédito fiscal declarado por la

recurrente;

Que en cuanto a las Resoluciones de Multa Impugnadas, cabe

anotar que al haber sido emitidas por la infracción prevista en el

numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, deberán ser

reliquidadas considerando que el reparo a los gastos de publicidad

ha sido levantado en esta instancia;

De acuerdo con el Dictamen de la vocal León Huayanca, cuyos

fundamentos se reproduce;

Con las vocales Zelaya Vidal, Chau Quispe y León Huayanca.

RESUELVE:

DECLARAR NULA e INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia

Nº 015-4-06742 del 30 de abril de 1997, debiendo la Administración

emitir nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo establecido

en la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE a la Intendencia

de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria, para sus efectos.

ZELAYA VIDAL

VOCAL PRESIDENTA

CHAU QUISPE

VOCAL

LEÓN HUAYANCA

VOCAL

Amico de las Casas

Secretaria Relatora

DICTAMEN

Vocal León Huayanca

Señor:

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON

S.A. representada por Alfredo Ballón Pastor, interpone recurso de

apelación contra la Resolución de Intendencia Nº 015-4-06472,

emitida el 30 de abril de 1997 por la Intendencia de Principales

Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria, en el extremo que declara improcedente

las reclamaciones formuladas contra las Resoluciones de Determinación

Nºs. 012-3-02892, 012-3-02893 y 012-3-02894, por reparos

efectuados al crédito fiscal por concepto de publicidad del

Comité de Fabricantes de Cerveza y de servicios de vigilancia de la

Asociación Civil Asistencia Social Cristal que determinaron una

omisión al pago del Impuesto General a las Ventas de los meses de

noviembre y diciembre de 1994 y enero de 1995, y omisión al

pago del Impuesto a la Renta del ejercicio 1994, así como contra

las Resoluciones de Multa Nºs. 012-2-04321, 012-2-04322, 012-

2-04323 y 012-2-03424, emitidas por haber incurrido en la infracción

tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código

Tributario.

Argumentos de la Recurrente

Señala que no impugna la apelada en el extremo referido al

reparo por aplicación del cálculo de la proporcionalidad para la

determinación del crédito fiscal.

Respecto a los reparos por facturas emitidas a su nombre, por

concepto de publicidad del Comité de Fabricantes de Cerveza, se

remite a los argumentos esgrimidos por la propia Administración

en las Resoluciones de Intendencia Nº 015-4-04915 y 015-4-05154,

en las que se concluyó en casos similares, que los gastos de publicidad

efectuados por la recurrente cumplían con los requisitos para

su deducción como crédito fiscal.

Precisa que, el Comité de Fabricantes de Cerveza es una agrupación

gremial de las empresas cerveceras del país, organizada

por la Sociedad Nacional de Industrias, que no tiene personería

jurídica propia, siendo las empresas cerveceras integrantes las que

toman las decisiones y ejecutan los acuerdos sobre los asuntos de

interés para el gremio.

Refiere que en el segundo semestre de 1994, el citado Comité

llevó a cabo una campaña institucional que destacaba que el consumo

de bebidas alcohólicas de bajo contenido alcohólico favore-

ENERO 2002 35


JURISPRUDENCIA COMENTADA

cen la moderación cuyo propósito era fomentar el mayor consumo

de cerveza, y adicionalmente, resaltar el trato impositivo

discriminatorio que afecta la venta de dicho producto. El costo de

dicha campaña fue asumido por cada una de las empresas en forma

proporcional a su participación en el mercado.

Continúa manifestando que asumió el costo correspondiente a

dicha campaña, pagando directamente a la agencia y a los medios

de comunicación las facturas respectivas, habiéndolo deducido del

Impuesto a la Renta por ser un gasto necesario para producir y

mantener la fuente.

Asimismo, señala que utilizó el crédito fiscal correspondiente a

estos gastos publicitarios amparada en el artículo 18° del Decreto

Legislativo Nº 775, según el cual:

a) Sólo otorgan derecho a crédito fiscal, las adquisiciones de

bienes o servicios que sean permitidos como gasto o costo de la

empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta. Al

respecto precisa que la publicidad fue destinada a la protección del

mercado del producto cerveza y a su potencial expansión.

b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el

Impuesto. La venta de cerveza está afecta al Impuesto General a las

Ventas.

De igual forma refiere que ha cumplido con los requisitos formales

previstos por el artículo 19º del citado Decreto Legislativo.

Añade que la Resolución apelada incurre en un error al señalar

que el Comité de Fabricantes de Cerveza es el usuario del servicio,

toda vez que las entidades beneficiarias directamente son las empresas

cerveceras. Además, destaca que si bien la publicidad no

menciona una marca de cerveza en especial, la idea de la misma

es fomentar el consumo del producto, con independencia de la

marca.

En relación a los reparos por facturas emitidas a su nombre por

concepto de vigilancia destinada a la Asociación Civil Cristal y la

Asociación Civil Asistencia Social Cristal, señala que la Administración

considera que dicho servicio no es indispensable para producir

y mantener la fuente productora.

Al respecto indica que, tiene celebrado con la Asociación Civil

Cristal (Club Sporting Cristal), un contrato por el que éste pone a

disposición de la empresa y sus trabajadores sus instalaciones sociales

y deportivas, y otro por el que la Asociación Civil Social

Asistencia Cristal presta servicios de asistencia médica a los trabajadores.

En ambos casos requiere contar con servicios de vigilancia

que garanticen la seguridad de los asistentes a dichos ambientes,

ente los que no sólo están los ejecutivos y trabajadores de la empresa,

sino grupos de clientes, detallistas, autoridades y grupos de

opinión con el objeto de promover la imagen institucional. En resumen,

manifiesta que utiliza las instalaciones de ambas entidades

para realizar actividades propias de su giro, por lo que requiere

contar con los servicios de seguridad.

Argumentos de la Administración

En el Informe Nº 013-97-SUNAT-16-3200-FLA que sustenta la

apelada se señala:

• Respecto al reparo al crédito fiscal por facturas emitidas a

nombre de la recurrente por concepto de publicidad en favor del

Comité de Fabricantes de Cerveza:

En atención al artículo 18º de la Ley del Impuesto General a las

Ventas y 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, los gastos de publicidad

de un determinado producto, en tanto contribuyen a un posible

incremento en la venta del mismo, son necesarios para producir

renta y, por ende, son deducibles; sin embargo, en el presente caso,

los anuncios de cerveza no tienen por objeto la promoción de bienes

o servicios que constituyan el giro del negocio gravado por la

recurrente, es decir, no se trata de publicidad comercial, por lo que

no hay relación de causalidad entre el gasto incurrido y la actividad

gravada.

El acto de publicar anuncios para ejercer presión sobre la opinión

pública o el legislador tributario, pretendiendo que se reduzca

la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo, no está vinculado a la

actividad gravada de la recurrente, pues no tiene la finalidad de

incrementar el nivel de ventas del producto y el posicionamiento de

su marca en el mercado, por lo que no cumple con el requisito

sustancial del literal a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto General

a las Ventas.

De otro lado, indica que según el artículo 19° de la Ley del

Impuesto General a las Ventas, para ejercer el derecho al crédito

fiscal, debe cumplirse, entre otros, con el requisito formal de que los

comprobantes de pago hayan sido emitidos de conformidad con

las disposiciones sobre la materia. Al respecto, los incisos f) y g) del

artículo 12° del Reglamento de Comprobantes de Pago, disponía

que las facturas debían contar, entre otros requisitos mínimos, con

el nombre o razón social del adquirente o usuario y el número de

RUC del adquirente o usuario.

Señala que el Comité de Fabricantes de Cerveza es considerado

como una persona jurídica de derecho privado con personería

jurídica propia en los términos del artículo 111° del Código Civil,

por lo que siendo éste quien contrata los servicios de publicidad

con los distintos medios de difusión, es el usuario del servicio y, por

consiguiente, no corresponde a la recurrente utilizar el crédito fiscal

en cuestión.

Concluye que los gastos de publicidad contratados por el Comité

de Fabricantes de Cerveza no otorgan a la recurrente derecho

a la aplicación del crédito fiscal, por lo que se mantiene el reparo

efectuado; no obstante, debido a la dualidad de criterio originada

con la notificación de la Resolución de Intendencia Nº 015-4-04915,

en base al numeral 2 del artículo 170° del Código Tributario, se

exime a la recurrente del pago de intereses moratorios del tributo

omitido y se deja sin efecto la sanción de multa impuesta.

• Respecto al reparo al crédito fiscal por facturas emitidas a

nombre de Cervecería Backus y Johnston S.A. por concepto de vigilancia

destinada a la Asociación Civil Social Cristal y al Club

Sporting Cristal.

De acuerdo al artículo 18° de la Ley del Impuesto General a las

Ventas, sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de

bienes, servicios o contratos de construcción que sean permitidos

como costo o gasto de la empresa de acuerdo a la legislación del

Impuesto a la Renta y que se destinen a operaciones por las que se

deba pagar el impuesto. El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la

Renta señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría,

se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para

producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente

prohibida por ley. En dicho artículo se enumeran una

serie de gastos deducibles, entre los que figuran los gastos y contribuciones

destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos,

culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad

de cualquier servidor.

Al respecto, refiere que la recurrente brinda a sus trabajadores la

posibilidad de asistir al centro de esparcimiento del Club Sporting

Cristal, para lo cual ha celebrado un convenio en virtud del que el

club pone a disposición sus instalaciones a cambio de una retribución

mensual. Con la Asociación Civil Asistencia Social Cristal ha

celebrado un contrato por el que ésta se hace cargo de la administración

del Programa de Asistencia Médica Familiar a favor de los

trabajadores de la recurrente. En tal sentido, sólo son deducibles los

montos abonados a ambas asociaciones por los servicios que prestan,

mas no los abonados por concepto de vigilancia de las mismas

pues no es un servicio indispensable para producir y mantener la

36

ENERO 2002


JURISPRUDENCIA COMENTADA

fuente productora de renta de la recurrente.

• Respecto a la aplicación del cálculo de la proporcionalidad

para la determinación del crédito fiscal.

Conforme se aprecia en los fundamentos de las Resoluciones de

Determinación Nºs. 012-3.02892 y 012-3-02893, la recurrente

debió aplicar el mecanismo del prorrateo de crédito fiscal al obtener

ingresos por la venta de bonos, acciones y valores, operaciones

consideradas como no gravadas.

Según el artículo 18° de la Ley del Impuesto General a las Ventas,

el crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las

Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago que

respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción,

o el pagado en la importación del bien, siempre que cumpla

con los requisitos establecidos en los artículos 18° y 19°. El

artículo 23° señala que cuando el sujeto del impuesto realice conjuntamente

operaciones gravadas y no gravadas, deberá determinar

su crédito fiscal de acuerdo al procedimiento señalado en el

Reglamento.

Al respecto, refiere que el artículo 1° de la citada Ley establece

que el Impuesto General a las Ventas grava, entre otras operaciones,

la venta en el país de bienes muebles, especificándose en el

inciso b) del artículo 3° que se entiende por bienes muebles a los

corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos

referentes a los mismos y las naves y aeronaves. Por su parte, el

numeral 10 del artículo 2° del Reglamento de dicha Ley, aprobado

por Decreto Supremo Nº 29-94-EF, señala que no están comprendidos

en el inciso b) del artículo 3° de la Ley los bienes incorporales

o intangibles, tales como las acciones y títulos de crédito. Considerando

que la citada norma no es limitativa sino enunciativa, deben

considerarse asimismo como bienes incorporales a los bonos y valores,

en tanto su transferencia no implique la de un bien corporal,

una nave o aeronave, dado que constituyen títulos de crédito que

dan al titular el derecho a una renta monetaria o que representan

una obligación a cargo de emisor, distinguiéndose cada uno por

las características que contienen.

En tal sentido señala que, si las acciones, bonos y valores no

son considerados bienes muebles, su venta no se encuentra gravada

con el Impuesto General a las Ventas, por lo que, la recurrente

estaría en principio obligada a aplicar el prorrateo para el cálculo

del crédito fiscal.

De acuerdo al numeral 6 del artículo 6° del Decreto Supremo

Nº 136-96-EF, norma que sustituyó el Título I del Reglamento de la

Ley del Impuesto General a las Ventas, no se consideran como operaciones

no gravadas, la transferencia de bienes no considerados

muebles, de esto se colige que la recurrente sólo efectuó operaciones

gravadas, teniendo expedito el derecho de usar el 100% del

crédito fiscal en los períodos acotados.

Análisis

La Administración efectúa reparos al crédito fiscal declarado

por la recurrente respecto a las facturas por concepto de publicidad

del Comité de Fabricantes de Cerveza y por concepto de servicios

de vigilancia de la Asociación Civil Cristal y la Asociación Civil

Asistencia Social Cristal, determinando la existencia de omisiones

al pago del Impuesto General a las Ventas, así como omisión al

pago del Impuesto a la Renta al haber deducido dichos gastos pese

a no pertenecer a la recurrente.

Respecto a los gastos de publicidad del Comité de Fabricantes

de Cerveza

En relación al reparo al crédito fiscal, cabe anotar que, de conformidad

con el artículo 18° de la Ley del Impuesto General a las

Ventas aprobada por el Decreto Legislativo Nº 775, norma vigente

durante el período acotado, el crédito fiscal estaba constituido por

el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el

comprobante de pago, que respaldaba la adquisición de bienes,

servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación

del bien, precisándose que sólo otorgaban derecho a crédito

fiscal las adquisiciones que reunieran los requisitos siguientes:

a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de

acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el

contribuyente no estuviera afecto a este último impuesto; y

b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el

impuesto.

Asimismo, el artículo 19° de la citada Ley contenía los requisitos

formales necesarios para ejercer el derecho al crédito fiscal,

entre ellos, que los comprobantes de pago hubieran sido emitidos

de conformidad con las disposiciones sobre la materia.

Por su parte, la Ley del Impuesto a la Renta aprobada por el

Decreto Legislativo Nº 774, señala en el artículo 37° que a fin de

establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente,

en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley.

En el caso de autos, la Administración mediante las Resoluciones

de Determinación Nºs. 012-3-02892 y 012-3-02893 realizó

reparos al crédito fiscal declarado por la recurrente en los períodos

de noviembre y diciembre de 1994 y enero de 1995, por considerar

que los gastos de publicidad no le corresponden a la recurrente

sino al Comité de Fabricantes de Cerveza y que dicha campaña no

busca la promoción de los productos de la recurrente al no hacer

referencia a alguna marca en particular.

Al respecto, cabe anotar que la publicidad comercial es toda

forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o indirectamente,

la adquisición de bienes o la contratación de servicios

captando o desviando las preferencias de los consumidores. Por su

parte, la denominada publicidad institucional tiene como finalidad

consolidar una clientela ya ganada o informar, como es el caso de

la publicidad gubernamental.

Obra en autos copia del documento «Campaña Imagen de la

Cerveza» elaborado por la compañía de publicidad CAUSA (fojas

396 a 402), de cuyo texto se aprecia que la campaña en referencia

tenía como objetivo «que el público consumidor de cerveza, mantenga

su lealtad al producto y que el público no consumidor, la

pruebe y se quede con ella»; en tal sentido, se aprecia que nos

encontramos frente a un caso de publicidad comercial habida cuenta

de que la finalidad de la misma era captar la preferencia del público

que no tuviera una preferencia establecida por alguna bebida

alcohólica, así como desviar la preferencia de aquellos consumidores

de bebidas de alto contenido alcohólico hacia la cerveza, señalando

para ello que este producto facilita la moderación.

Al tratarse de publicidad comercial, se puede concluir que dicha

publicidad tiene relación directa con la venta de los productos

que promueve. Ahora bien, corresponde analizar si el hecho que

la propaganda no haga referencia a una marca de cerveza en

particular, impide que se considere que la misma influyó –o pudo

influir– en el incremento del nivel de ventas de la cerveza producida

y comercializada por la recurrente y, por tanto, si se trata de un

gasto necesario conforme a las normas de la Ley del Impuesto a la

Renta.

En efecto, conforme consta de la copia de la Sesión de Directorio

del Comité de Fabricantes de Cerveza que obra a fojas 392 a

395, los integrantes del Comité acordaron llevar adelante una campaña

con el objeto de promover la moderación en el consumo de

bebidas alcohólicas, alertar sobre los riesgos que para la salud

implica el exceso de consumo de bebidas de alto grado alcohólico

y sus consecuencias sociales, reclamar un trato tributario equitativo

en relación a las demás bebidas alcohólicas, y aportar la inversión

ENERO 2002 37


JURISPRUDENCIA COMENTADA

La resolución materia del presente comentario analiza el tema

de la deducibilidad de los gastos de publicidad, a efectos del

Impuesto a la Renta, provenientes de una campaña corporativa

de distintos fabricantes de cerveza, así como la aplicación del

crédito fiscal correspondiente a dichos gastos. En efecto, en el

caso la Administración Tributaria acotó a la empresa recurrente

por la deducción de dichos gastos y el crédito fiscal utilizado

alegando que la “Campaña Imagen de la Cerveza”, realizada

por una empresa de publicidad e impulsada por el Comité de

Fabricantes de Cerveza del cual forma parte, no guarda relación

con la actividad gravada de la recurrente, es decir, no se

trata de publicidad comercial dedicada en específico a la cercorrespondiente

para la campaña según su participación en el

mercado de venta de cerveza, correspondiéndole a la recurrente el

51% de la inversión.

Cabe anotar que el hecho de que la citada campaña publicitaria

haya sido encargada por el Comité de Fabricantes de Cerveza,

como señalamos anteriormente, no es impedimento para que la

misma buscara tener efecto directo en el consumo de la marca de

cerveza que cada uno de los miembros del Comité produce, de

modo que cada una de las empresas se vio beneficiada con dicha

publicidad, por lo que se puede concluir que el gasto realizado por

cada empresa en la campaña tuvo relación directa con la generación

de la renta gravada, cumpliéndose con el principio de

causalidad exigido por la Ley del Impuesto a la Renta.

En tal sentido, la adquisición del mencionado servicio de publicidad

es permitida como gasto para efectos del Impuesto a la Renta

y dicha adquisición se destina a una operación gravada con el

Impuesto General a las Ventas, como es la venta de cerveza, por lo

que se cumple con los requisitos del artículo 18° de la Ley del Impuesto

General a las Ventas antes citada.

En cuanto a lo afirmado por la Administración en el sentido de

que la recurrente no cumpliría con lo dispuesto en el inciso b) del

artículo 19º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, debido a

que las facturas no fueron giradas al usuario del servicio, ya que

éste fue el Comité y no la recurrente, cabe precisar, en primer lugar,

que el citado Comité no es una entidad con personería jurídica,

propia sino una asociación gremial al interior de la Sociedad Nacional

de Industrias que no cuenta con número de Registro Único

de Contribuyentes.

Asimismo, que la recurrente, al igual que los demás integrantes

del Comité, si es usuario del servicio, toda vez que se beneficia de

la citada publicidad, razón por la cual asume el costo de la misma

en forma proporcional a su participación en el mercado, habiéndole

sido giradas las facturas respectivas a su nombre, conforme

consta del Anexo del Requerimiento Nº 001668 que obra a fojas

65 a 72 del expediente.

En tal sentido, procede levantar el reparo realizado al crédito

fiscal declarado por la recurrente respecto a las facturas por concepto

de publicidad del Comité de Fabricantes de Cerveza.

Asimismo, en atención a que el gasto en publicidad es duducible

a fin de establecer la renta neta de tercera categoría de conformidad

con el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, se procede

a levantar el reparo realizado a la base imponible del Impuesto

a la Renta del ejercicio 1994 mediante la Resolución de Determinación

Nº 012-3-02894.

Respecto a los gastos por concepto de vigilancia

La recurrente tiene suscritos dos convenios, uno con la Asociación

Civil Sporting Cristal, para el uso por parte de sus trabajadores,

jubilados y familiares, de los campos deportivos, local social y

lugares de esparcimiento del Club Sporting Cristal, a cambio de un

pago mensual, y otro, con la Asociación Civil Asistencia Social Cristal,

a fin que ésta administre el Programa de Asistencia Médica

Familiar en favor de los trabajadores de la recurrente.

Es el caso de que la Administración ha reparado facturas por

gastos de vigilancia por considerar que las mismas no corresponden

a la recurrente sino a las citadas asociaciones civiles.

Por su parte la recurrente afirma que dichos gastos sí le corresponden

por tratarse de la vigilancia de su personal y clientela cuando

acude a los locales de las asociaciones mencionadas.

Sobre el particular, cabe anotar que en ambos casos, si bien los

convenios suscritos no hacen referencia expresa a la vigilancia de

los locales, se debe entender que dentro de los pagos que efectúa

la recurrente, en un caso por el uso de los locales, y el otro por el

servicio de administración del Programa de Asistencia Médica Familiar,

se encuentra incluido todo concepto, entre ellos, la vigilancia,

no siendo lógico que corra por cuenta de la recurrente la vigilancia

específica de sus trabajadores y clientes, más aún cuando

no se puede determinar la frecuencia en la que éstos usan dichos

locales; en tal sentido, la recurrente no ha cumplido con justificar la

relación de causalidad entre el citado gasto y la producción de

rentas gravadas, por lo que corresponde confirmar el reparo formulado

tanto a la base imponible del Impuesto a la Renta como al

crédito fiscal declarado por la recurrente.

Finalmente, en cuanto a las Resoluciones de Multa impugnadas,

cabe anotar que al haber sido giradas por la infracción prevista

en el numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario, deberán

ser reliquidadas considerando que el reparo a los gastos de

publicidad ha sido levantado en esta instancia.

Por lo expuesto, soy de opinión que el Tribunal Fiscal acuerde

declarar NULA e INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia Nº

015-4-06742 del 30 de abril de 1997, debiendo la Administración

emitir nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo establecido en

el presente dictamen.

Salvo mejor parecer

Marisol León Huayanca

Vocal Informante

COMENTARIO:

veza que él produce; es más, no se publicita ninguna marca de

cerveza en especial. Así, el usuario de este gasto –considera la

Administración– es el Comité de Fabricantes de Cerveza pero

no la empresa recurrente. Veamos.

Principio de Causalidad

Como se sabe, la deducción de los gastos en los que incurre

la empresa y que servirá para la determinación de la renta neta

tiene como base fundamental un principio que será aplicado

como filtro a fin de evitar un inadecuado ensanchamiento de

los gastos que son innecesarios para mantener y producir la

fuente productora de renta: el principio de causalidad. Y es que

si el Impuesto a la Renta posee un diseño impositivo que grava

las ganancias que la empresa obtiene, es lógico que se deduz-

38

ENERO 2002


JURISPRUDENCIA COMENTADA

ca toda erogación necesaria para su obtención, de lo contrario

aceptar conceptos que no cumplan este principio distorsionaría

el diseño tributario impositivo.

Así, el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta consagra

en su primer párrafo dicho principio señalando que, a fin

de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de

la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener

su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida

por la Ley. Esto significa, además, que la relación contenida

en el artículo 37° no es taxativa, sino enunciativa, por lo que

no sólo aquellos supuestos enumerados en dicho artículo son

deducibles, sino que bastará el cumplimiento del principio de

causalidad.

Deducibilidad del gasto proveniente de la publicidad “gremial”

Antes del monopolio existente en la industria cervercera en

el Perú, el Comité de Fabricantes de Cerveza agrupaba a las

empresas productoras de esta bebida alcohólica. Tal como se

señala en el dictamen fiscal de la Resolución, en los períodos

acotados, por una decisión de política fiscal que perseguía fundamentalmente

una mayor recaudación tributaria, las tasas del

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que gravaban las bebidas

alcohólicas distintas a la cerveza (licores) eran menores a la

tasa aplicable a esta última. Este fue uno de los factores coyunturales

que impulsó a los distintos productores de este bien,

quienes agrupados en el Comité antes mencionado decidieron

lanzar la “Campaña Imagen de la Cerveza” que buscaba fomentar

en la población el mayor consumo de esta bebida así

como, indirectamente, resaltar el trato impositivo discriminatorio

frente a los demás licores.

En este sentido, el costo de dicha campaña fue asumido por

cada una de las empresas en forma proporcional a su participación

en el mercado, correspondiéndole a la empresa recurrente

el 51% de la inversión. Tanto es así, que las facturas fueron

giradas a nombre de la recurrente por concepto de publicidad

a favor del Comité de Fabricantes de Cerveza. Sin embargo, la

Administración Tributaria alega que si el usuario de este servicio

es el Comité, entonces no deberían poder ser deducidas ni

utilizado el crédito fiscal de dichas facturas por parte de la

empresa recurrente.

En relación a esto, concordamos con el Tribunal Fiscal cuando

señala que el hecho que la campaña publicitaria haya sido

encargada por el comité no impide que ésta tenga un efecto

directo en el consumo del marca de cerveza que cada uno de

los miembros de dicho Comité produce, por lo que éstos se

vieron beneficiados con la publicidad. Podría decirse que un

factor discutible es la ausencia de publicidad de alguna marca

de cerveza en específico, sin embargo consideramos que en

orden a que dicha campaña se orienta al incremento del consumo

de la cerveza éste se encuentra adecuadamente distribuido

según la participación que las empresas tiene en el mercado,

lo que sirvió como base para fijar el monto de gasto que le

correspondió a cada uno. Se equivoca pues, la Administración

Tributaria al pretender desconocer este gasto deducible a efectos

del Impuesto a la Renta, ya que sí se cumple con el princi-

pio de causalidad.

Utilización del crédito fiscal

En cuanto a la utilización del crédito fiscal, la Administración

señaló que no se cumple con lo dispuesto en el artículo

19° de la Ley del IGV del Decreto Legislativo Nº 775 vigente

en los períodos acotados, el cual señala que uno de los requisitos

formales para la utilización del crédito fiscal es que los comprobantes

haya sido girados de conformidad con las disposiciones

sobre la materia. Así, al no haber sido giradas las facturas

al usuario del servicio que era –según la Administración– el

Comité, este crédito fiscal no puede ser utilizado.

Sobre el particular debemos decir que la naturaleza jurídica

del grupo de empresas cerveceras no es la de un Comité, ya

que según el artículo 111º del Código Civil (citado por la misma

Administración) un Comité “es la organización de personas

naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación

pública de aportes destinados a una finalidad altruista” (el resaltado

es nuestro). Por tanto, es obvio que este “Comité” es en

realidad como dice el Tribunal, una asociación gremial al interior

de la Sociedad Nacional de Industrias, que no cuenta con

número de RUC. Como sabemos, estas asociaciones gremiales

buscan maximizar beneficios, impulsar políticas de desarrollo

empresarial para el sector que representan, sin llegar a ser entidades

sin fines de lucro (caso en el cual sí debería tener RUC).

En función a esto, los verdaderos usuarios del servicio son los

integrantes de esta asociación quienes se benefician de la citada

publicidad, por lo que sí procede que se utilice el crédito

fiscal proveniente de las facturas emitidas por la empresa de

publicidad a nombre de la recurrente.

Gastos que debe asumir la empresa que presta el servicio y

no quien lo recibe

Se analiza el tema de la deducción de gastos de vigilancia

asumidos por la empresa recurrente en los locales de esparcimiento

del Club Sporting Cristal y de la Asociación Civil Asistencia

Social Cristal que fueron reparados por la Administración

teniendo en cuenta que no es un servicio indispensable

para producir y mantener la fuente productora de la renta de la

recurrente. Al respecto, el Tribunal Fiscal, en opinión que compartimos,

afirma que si bien en los Convenios suscritos entre la

empresa recurrente y las Asociaciones mencionadas no se hacía

referencia alguna a la asunción de los gastos por concepto

de vigilancia de los locales del Asociación, se entiende que el

monto que mensualmente abona la empresa abarca dicho concepto

por lo que no es lógico que deba ser ella quien adicionalmente

asuma el gasto por la vigilancia específica de sus trabajadores

y clientes, asumiendo dicho gasto de manera separada

a lo que abona según Convenio. En ese sentido, el referido

gasto no cumple con los presupuestos que informan al principio

de causalidad.

ENERO 2002 39


INDICADORES

Calendario Tributario y de otros Conceptos

1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO

R. de S. Nº 144-2001/SUNAT (29.12.2001) y normas especiales

2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO

CONCEPTO 1

ÚLTIMO DÍGITO DEL R. U. C. DEL CONTRIBUYENTE (RUC DE ONCE DÍGITOS)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9

DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE. DIC. ENE.

• Declaración Jurada y Pago

del IGV e ISC (*) (**)

(Dec. Leg. Nº 821)

2

ENE.

21.01.02

FEB.

21.02.02

ENE.

22.01.02

FEB.

22.02.02

ENE.

23.01.02

FEB.

11.02.02

ENE.

10.01.02

FEB.

12.02.02

ENE.

11.01.02

FEB.

13.02.02

ENE.

14.01.02

FEB.

14.02.02

ENE.

15.01.02

FEB.

15.02.02

ENE.

16.01.02

FEB.

18.02.02

ENE.

17.01.02

FEB.

19.02.02

ENE.

18.01.02

FEB.

20.02.02

• ESSALUD (**) de Segurid

– Régimen General (1)

21.01.02

21.02.02

22.01.02

22.02.02

23.01.02

11.02.02

10.01.02

12.02.02

11.01.02

13.02.02

14.01.02

14.02.02

15.01.02

15.02.02

16.01.02

18.02.02

17.01.02

19.02.02

18.01.02

20.02.02

– Grupos Especiales (1)

21.01.02 21.02.02 22.01.02 22.02.02 23.01.02 11.02.02 10.01.02 12.02.02 11.01.02 13.02.02 14.01.02 14.02.02 15.01.02 15.02.02 16.01.02 18.02.02 17.01.02 19.02.02 18.01.02 20.02.02

• ONP (**) (1)

21.01.02 21.02.02 22.01.02 22.02.02 23.01.02 11.02.02 10.01.02 12.02.02 11.01.02 13.02.02 14.01.02 14.02.02 15.01.02 15.02.02 16.01.02 18.02.02 17.01.02 19.02.02 18.01.02 20.02.02

• Pagos a Cuenta y Retenciones

del Impuesto a la Renta, incluye

RER (**)

21.01.02

21.02.02

22.01.02

22.02.02

23.01.02

11.02.02

10.01.02

12.02.02

11.01.02

13.02.02

14.01.02

14.02.02

15.01.02

15.02.02

16.01.02

18.02.02

17.01.02

19.02.02

18.01.02

20.02.02

• IES (Ex FONAVI) (**)

21.01.02 21.02.02 22.01.02 22.02.02 23.01.02 11.02.02 10.01.02 12.02.02 11.01.02 13.02.02 14.01.02 14.02.02 15.01.02 15.02.02 16.01.02 18.02.02 17.01.02 19.02.02 18.01.02 20.02.02

• SENCICO (**)

21.01.02 21.02.02 22.01.02 22.02.02 23.01.02 11.02.02 10.01.02 12.02.02 11.01.02 13.02.02 14.01.02 14.02.02 15.01.02 15.02.02 16.01.02 18.02.02 17.01.02 19.02.02 18.01.02 20.02.02

• SENATI (2)

17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02 17.01.02 18.02.02

• APORTES A LAS AFP:

– En Cheque (3)

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

04.01.02

05.02.02

– En Efectivo (4)

08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02

– Declaración sin pago (4)

08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02 08.01.02 07.02.02

– Pago de la deuda

hasta … (5)

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

22.01.02

21.02.02

• R.U.S. (**)

21.01.02 21.02.02 22.01.02 22.02.02 23.01.02 11.02.02 10.01.02 12.02.02 11.01.02 13.02.02 14.01.02 14.02.02 15.01.02 15.02.02 16.01.02 18.02.02 17.01.02 19.02.02 18.01.02 20.02.02

• CONAFOVICER (6)

15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02 15.01.02 15.02.02

(*) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 45) (**) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos Contribuyentes»

(ver calendario en página 41)

(1) Los plazos para la presentación y/o pago de las aportaciones de Seguro Social de Salud - ESSALUD- y la Oficina de Normalización Previsional -ONP- correspondientes a los períodos tributarios a partir del período tributario de enero del

2000 son los establecidos en la R. de S. Nº 001-2000/SUNAT, la R. de S. Nº 072-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 138-2000/SUNAT. (2) Doce primeros días hábiles del mes. (3) Tres primeros días hábiles del mes. (4) Cinco primeros días hábiles

del mes. (5) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (6) Quince primeros días calendario.

40

ENERO 2002


INDICADORES

Cronograma de vencimiento de

pagos a cuenta semanales del ISC (*)

MES AL QUE

CORRESPONDE LA

OBLIGACIÓN

ENERO 2002

FEBRERO 2002

VENCIMIENTO SEMANAL

SEMANA

N° DESDE HASTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

30 Diciembre 2001

06 Enero 2002

13 Enero 2002

20 Enero 2002

27 Enero 2002

03 Febrero 2002

10 Febrero 2002

17 Febrero 2002

24 Febrero 2002

05 Enero 2002

12 Enero 2002

19 Enero 2002

26 Enero 2002

02 Febrero 2002

09 Febrero 2002

16 Febrero 2002

23 Febrero 2002

02 Marzo 2002

(*) Según Anexo 2 de la R. de S. Nº 144-2001/SUNAT publicada el 29.12.2001

Vencimiento

02 Enero 2002

08 Enero 2002

15 Enero 2002

22 Enero 2002

29 Enero 2002

05 Febrero 2002

12 Febrero 2002

19 Febrero 2002

26 Febrero 2002

Calendario para

Buenos Contribuyentes (**)

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL

TRIBUTO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FECHA DE VENCIMIENTO PARA

DECLARACIÓN Y PAGO

23 Agosto 2001

25 Setiembre 2001

24 Octubre 2001

26 Noviembre 2001

24 Diciembre 2001

24 Enero 2002

(**) Para contribuyentes expresamente considerados como tales por la SUNAT respecto a tributos

recaudados y/o administrados por esta entidad (Según D. S. Nº 100-2001-EF y R. de S. Nº

101-2001-SUNAT).

Cronograma para la presentación de información de

Entidades Estatales sobre la adquisición de bienes y/o servicios (***)

ADQUISICIONES

DEL MES DE:

0

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AGOSTO 2001

SETIEMBRE 2001

OCTUBRE 2001

NOVIEMBRE 2001

DICIEMBRE 2001

26.10.2001

26.11.2001

31.12.2001

30.01.2002

26.02.2002

26.10.2001

26.11.2001

31.12.2001

30.01.2002

26.02.2002

29.10.2001

27.11.2001

24.12.2001

31.01.2002

27.02.2002

29.10.2001

27.11.2001

24.12.2001

31.01.2002

27.02.2002

30.10.2001

28.11.2001

26.12.2001

25.01.2002

28.02.2002

30.10.2001

28.11.2001

26.12.2001

25.01.2002

28.02.2002

31.10.2001

29.11.2001

27.12.2001

28.01.2002

22.02.2002

(***) Según D. S. Nº 053-97-PCM (modificado por D. S. Nº 063-97-PCM y D. S. Nº 048-98-PCM), R. M. Nº 083-2001-EF/10 y R. de S. Nº 046-2001/SUNAT.

Impuesto a la Renta 1996 a 2002

31.10.2001

29.11.2001

27.12.2001

28.01.2002

22.02.2002

25.10.2001

30.11.2001

28.12.2001

29.01.2002

25.02.2002

25.10.2001

30.11.2001

28.12.2001

29.01.2002

25.02.2002

DEDUCCIÓN ANUAL

SOBRE LAS RENTAS DE 4TA. Y 5TA. CATEGORÍA (1)

Retenciones y Pagos a Cuenta de Personas Naturales

BASE DE

CÁLCULO

PARTIDA

DEL

MES DE:

7 UIT

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

UIT APLICABLE

S/. 2,183.00

S/. 2,400.00

S/. 2,600.00

S/. 2,800.00

S/. 2,900.00

S/. 3,000.00

S/. 3,100.00

Factores para el Ajuste Integral de los

Estados Financieros (Índice de Precios al Por Mayor)

MES DE ACTUALIZACIÓN

2001

Mar. Abr. May. Jun. Jul.

MONTO ANUAL

A DEDUCIR

S/. 15,281.00

S/. 16,800.00

S/. 18,200.00

S/. 19,600.00

S/. 20,300.00

S/. 21,000.00

S/. 21,700.00

(1) Desde el 01.01.94 no se deducen los Aportes y Contribuciones que afectan las

remuneraciones (incluidos los Aportes a las AFP).

(2) UIT promedio anual para 1996 aplicable según la R. de S. Nº 005-97/SUNAT.

(3) UIT aplicable a partir del 01.01.2002.

Ene.

1.001

1.000

AÑO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Feb.

1.004

1.002

1.000

1.004

1.003

1.001

1.000

1.003

1.002

0.999

0.999

1.000

(2)

(3)

1.003

1.002

1.000

0.999

1.001

1.000

1.002

1.001

0.999

0.998

0.999

0.999

1.000

0.996

0.995

0.992

0.992

0.993

0.992

0.994

1.000

Ago.

0.992

0.991

0.989

0.988

0.990

0.989

0.990

0.996

1.000

Set.

0.994

0.993

0.991

0.990

0.992

0.991

0.992

0.998

1.002

1.000

Oct.

0.988

0.987

0.985

0.984

0.986

0.985

0.986

0.992

0.996

0.994

1.000

TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO A LA RENTA(*)

2002

RENTA GLOBAL IMPONIBLE

Art. 53° del Dec. Leg. Nº 774

Base de Equivalencia en

Cálculo Nuevos Soles

Hasta 27

Hasta:

UIT

S/. 83,700

Más de 27 UIT

hasta 54 UIT

Más de 54 UIT

Nov.

0.983

0.982

0.980

0.979

0.980

0.980

0.981

0.987

0.991

0.989

0.995

1.000

Más de S/. 83,700

Hasta S/. 167.400

Más de S/. 167,400

PERÍODO APLICABLE

AÑO MESES

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TASA

%

15%

21%

Valor de la UIT

1993 – 2002

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Promedio

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero

Febrero - Diciembre

Promedio

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

27%

VALOR (S/.)

1, 350 (1)

1, 700 (1)

1, 525 (2)

1, 700

2, 000

2, 000

2, 200

2,183 (2)

2, 400

2, 600

2, 800

2, 900

3,000

3,100

Fórmula para

calcular el

impuesto

I = (0.15 x R)

I = (0.21 x R) –

S/. 5,022

I = (0.27 x R) –

S/. 15,066

I = Impuesto Anual. R = Renta Global Anual (*) Después de la Deducción de 7 UIT.

Dic.

0.978

0.977

0.975

0.974

0.975

0.975

0.976

0.982

0.986

0.984

0.990

0.995

1.000

BASE LEGAL

R. M. Nº 370-92-EF/15

R. M. Nº 125-93-EF/15

R. M. Nº 125-93-EF/15

D. S. Nº 168-93-EF

D. S. Nº 178-94-EF

D. S. Nº 178-94-EF

D. S. Nº 012-96-EF (3)

D. S. Nº 012-96-EF

D. S. Nº 134-96-EF

D. S. Nº 177-97-EF

D. S. Nº 123-98-EF

D. S. Nº 191-99-EF

D. S. Nº 145-2000-EF

D. S. Nº 241-2001-EF

(1) Aplicable para las retenciones y pagos a cuenta del IR de esos meses.

(2) Aplicable para la determinación anual del IR de ese año

(3) Vigente a partir de febrero de 1996.

ENERO 2002 41


INDICADORES

DÍA

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Tasas de Interés Internacional

FECHA

PROMEDIO JULIO

PROMEDIO AGOSTO

PROMEDIO SETIEMBRE

PROMEDIO OCTUBRE

PROMEDIO NOVIEM.

01.12.01

02.12.01

03.12.01

04.12.01

05.12.01

06.12.01

07.12.01

08.12.01

09.12.01

10.12.01

11.12.01

12.12.01

13.12.01

14.12.01

15.12.01

16.12.01

17.12.01

18.12.01

19.12.01

20.12.01

21.12.01

22.12.01

23.12.01

24.12.01

25.12.01

26.12.01

27.12.01

28.12.01

29.12.01

30.12.01

31.12.01

01.01.02

02.01.02

03.01.02

04.01.02

05.01.02

06.01.02

07.01.02

08.01.02

09.01.02

1 MES

3.818

3.636

3.158

2.476

2.130

N/P

N/P

2.106

2.091

2.044

2.043

2.023

N/P

N/P

1.941

1.920

1.898

1.896

1.910

N/P

N/P

1.920

1.933

1.931

1.931

1.930

N/P

N/P

1.926

N/P

1.926

1.930

1.874

N/P

N/P

1.874

N/P

1.860

1.866

1.860

N/P

N/P

1.853

1.840

1.840

LIBOR

3 MESES 6 MESES 1 AÑO PRIME RATE

3.752

3.568

3.019

2.395

2.110

N/P

N/P

2.008

2.000

1.981

2.020

2.004

N/P

N/P

1.930

1.900

1.870

1.895

N/P

N/P

1.901

1.910

1.903

1.903

1.900

N/P

N/P

1.904

N/P

1.904

1.909

1.881

N/P

N/P

1.881

N/P

1.864

1.876

1.870

N/P

N/P

1.870

1.843

1.844

3.791

3.573

2.981

2.339

2.113

N/P

N/P

2.001

2.000

1.999

2.106

2.086

N/P

N/P

1.984

1.930

1.909

1.918

1.960

N/P

N/P

1.996

1.997

1.980

1.980

1.980

N/P

N/P

1.983

N/P

1.983

2.008

1.981

N/P

N/P

1.981

N/P

1.963

2.000

1.983

N/P

N/P

1.980

1.933

1.943

4.000

3.717

3.093

2.498

2.379

N/P

N/P

2.341

2.353

2.358

2.591

2.570

N/P

N/P

2.441

2.358

2.309

2.316

2.410

N/P

N/P

2.459

2.423

2.390

2.393

2.399

N/P

N/P

2.424

N/P

2.424

2.441

N/P

N/P

2.443

N/P

2.400

2.455

2.441

N/P

N/P

2.430

2.345

2.371

6.75

6.67

6.28

5.53

5.10

N/P

N/P

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

N/P

N/P

5.00

5.00

4.75

4.75

N/P

N/P

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

N/P

N/P

4.75

N/P

4.75

4.75

4.75

N/P

N/P

4.75

PROMEDIO DICIEMBRE 1.958 1.929 1.994 2.425 4.84

N/P

4.75

4.75

4.75

N/P

N/P

4.75

4.75

4.75

Tasa de Interés Mensual

para Devoluciones

de Pagos indebidos o en exceso

VIGENCIA

M. N.

CONCEPTO

• Tasa de Interés Diario (1) 0.03%

• Tasa de Interés Mensual 0.90%

M.N. = Moneda Nacional.

Tasa de Interés Moratorio

ADUANAS

VIGENCIA

CONCEPTO

• Tasa de Interés Mensual

• Tasa de Interés Diario

M.N. = Moneda Nacional.

SUNAT

(R. de S. Nº

001-2001/SUNAT

del 09.01.01)

DEL 01.01.2001

AL 31.12.2001

2.2%

0.07333%

M. E.

0.46%

0.01533%

M.E. = Moneda Extranjera.

DEL 25.12.96 DEL 01.09.2000

AL 31.08.2000 (1) A LA FECHA (2)

M. N. M. E. M. N. M. E.

1.5%

0.05%

M.E. = Moneda Extranjera.

(1) Según Circ. Nº 46-49-96-ADUANAS/INTA

(2) Según R. de S. de Aduanas Nº 001326

ADUANAS

(R. de S. de Aduanas

Nº 000115

del 24.01.01)

DEL 01.01.2001

AL 31.12.2001

M. N. M. E.

0.90%

0.03%

2.2%

0.07333%

0.46%

0.01533%

(1) Según la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 116-2000/SUNAT se usa el interés

diario con cinco decimales

1.1%

0.03667

FUENTE: Bloomberg

N/P = No publicado

Tasas de Interés Moratorio - SUNAT

VIGENCIA

DEL 01.05.1994

AL 30.06.1994

DEL 01.07.1994

AL 30.09.1994

DEL 01.10.1994

AL 02.02.1996

DEL 03.02.1996

AL 31.07.2000

DEL 01.08.2000

AL 31.12.2000

DEL 01.01.2001

AL 31.10.2001

DEL 01.11.2001

A LA FECHA (3)

CONCEPTO

M. N. M. E.

M. N. M. E.

M. N. M. E. M. N. M. E.

M. N. M. E.

M. N. M. E.

M. N. M. E.

• Tasa de Interés

Mensual

3.5% 1.5% 3.0% 1.5% 2.5% 1.5% 2.2% 1.5% 2.2% 1.1% 1.8% 1.1% 1.6% (4) 0.9%

• Tasa de Interés Diario

0.1167% 0.05% 0.10% 0.05% 0.0833% 0.05% 0.07333% (2) 0.05% 0.07333% (2) 0.03667% (2) 0.06% 0.03667% (2) 0.05333% (2) 0.03%

• Interés Inicial (1) 1.05% 0.45% 0.9% 0.45% 0.75% 0.45% – . – – . – – . – – . – – . – – . – – . – – . –

ACUMULACIÓN: Los intereses acumulados al 31 de diciembre se agregarán al tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año

siguiente. Los intereses moratorios correspondientes a los anticipos y pagos a cuenta mensuales, se aplicarán hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal sin

aplicar la acumulación al 31 de diciembre.

M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.

(1) Se aplicaba por única vez, multiplicando el monto del tributo impago por el 30% de la TIM vigente el día del vencimiento de la obligación.

(2) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT a partir del 25 de febrero de 2000 se considera cinco decimales.

(3) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 126-2001/SUNAT.

42

ENERO 2002


INDICADORES

Tasas Activa y Pasiva de Interés:

(Mercado Promedio Ponderado Circular B.C.R. Nº 006 y 007-91-EF/90)

Del 01.12.2001 al 09.01.2002

FECHA

TAMN

(Moneda Nacional)

%A FD FA(1)

TAMEX

(Moneda Extranjera)

%A FD

TIPMN

(N)

TIPMEX

(N)

FA(1) %A %A

S. 01.12.01

D. 02.12.01

L. 03.12.01

M. 04.12.01

M. 05.12.01

J. 06.12.01

V. 07.12.01

S. 08.12.01

D. 09.12.01

L. 10.12.01

M. 11.12.01

M. 12.12.01

J. 13.12.01

V. 14.12.01

S. 15.12.01

D. 16.12.01

L. 17.12.01

M. 18.12.01

M. 19.12.01

J. 20.12.01

V. 21.12.01

S. 22.12.01

D. 23.12.01

L. 24.12.01

M. 25.12.01

M. 26.12.01

J. 27.12.01

V. 28.12.01

S. 29.12.01

D. 30.12.01

L. 31.12.01

M. 01.01.02

M. 02.01.02

J. 03.01.02

V. 04.01.02

S. 05.01.02

D. 06.01.02

L. 07.01.02

M. 08.01.02

M. 09.01.02

22.70

22.70

22.70

22.89

23.07

22.11

22.84

22.84

22.84

22.96

22.59

22.52

22.28

22.26

22.26

22.26

23.63

23.35

23.29

23.09

23.31

23.31

23.31

23.35

N/P

23.41

23.36

23.25

23.25

23.25

23.25

N/P

23.60

23.59

23.78

23.78

23.78

23.70

23.43

23.44

0.00057

0.00057

0.00057

0.00057

0.00058

0.00058

0.00057

0.00057

0.00057

0.00056

0.00057

0.00056

0.00056

0.00056

0.00056

0.00056

0.00059

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

N/P

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

0.00058

N/P

0.00059

0.00059

0.00059

0.00059

0.00059

0.00059

0.00058

0.00059

185.88430

185.98996

186.09568

186.20226

186.30966

186.41729

186.52384

185.63046

186.73713

186.84437

186.95011

187.05562

187.16016

187.26468

187.36925

187.47388

187.58438

187.69376

187.80295

187.91136

188.02076

188.13023

188.23976

188.34952

N/P

188.56949

188.67949

188.78908

188.89874

189.00846

188.45934

N/P

189.34069

189.45212

189.56442

189.67679

189.78923

189.90139

190.01246

190.12364

11.46

11.46

11.46

10.26

10.17

10.23

10.16

10.16

10.16

10.18

10.10

10.14

10.16

10.15

10.15

10.15

10.11

10.03

10.00

9.98

9.81

9.81

9.81

9.94

N/P

9.95

9.92

9.87

9.87

9.87

9.94

N/P

9.86

9.89

9.97

9.97

9.97

9.89

9.94

9.90

0.00030

0.00030

0.00030

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00027

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

N/P

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

N/P

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

0.00026

4.97979

4.98130

4.98280

4.98415

4.98549

4.98684

4.98818

4.98952

4.99086

4.99221

4.99354

4.99488

4.99622

4.99757

4.99891

5.00025

5.00159

5.00292

5.00424

5.00556

5.00686

5.00817

5.00947

5.01079

N/P

5.01343

5.01474

5.01606

5.01737

5.01868

5.01211

N/P

5.02262

5.02394

5.02527

5.02659

5.02792

5.02924

5.03056

5.03188

5.55

5.55

5.55

5.34

5.32

5.26

5.27

5.27

5.27

5.20

5.09

5.04

5.06

5.03

5.03

5.03

5.01

4.95

4.91

4.92

4.86

4.86

4.86

4.78

N/P

4.85

4.80

4.83

4.83

4.83

4.78

N/P

4.83

4.79

4.76

4.76

4.76

4.70

4.63

4.63

2.44

2.44

2.44

2.28

2.27

2.26

2.27

2.27

2.27

2.25

2.21

2.19

2.16

2.15

2.15

2.15

2.15

2.13

2.13

2.12

2.12

2.12

2.12

2.11

N/P

2.10

2.10

2.09

2.09

2.09

2.11

N/P

2.12

2.07

2.06

2.06

2.06

2.05

2.01

2.01

(1) Desde el 01.04.91.

FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional. TAMEX = Tasa Activa en

Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional. TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera.

(N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado.

Dólar Norteamericano (en S/.):

Del 01.12.2001 al 09.01.2002

FECHA

S. 01.12.01

D. 02.12.01

L. 03.12.01

M. 04.12.01

M. 05.12.01

J. 06.12.01

V. 07.12.01

S. 08.12.01

D. 09.12.01

L. 10.12.01

M. 11.12.01

M. 12.12.01

J. 13.12.01

V. 14.12.01

S. 15.12.01

D. 16.12.01

L. 17.12.01

M. 18.12.01

M. 19.12.01

J. 20.12.01

V. 21.12.01

S. 22.12.01

D. 23.12.01

L. 24.12.01

M. 25.12.01

M. 26.12.01

J. 27.12.01

V. 28.12.01

S. 29.12.01

D. 30.12.01

L. 31.12.01

M. 01.01.02

M. 02.01.02

J. 03.01.02

V. 04.01.02

S. 05.01.02

D. 06.01.02

L. 07.01.02

M. 08.01.02

M. 09.01.02

Promedio

Ponderado al Cierre

de Operaciones

R.C. Nº 007-91-EF/90

C V

N/P

N/P

3.431

3.432

3.430

3.429

3.428

N/P

N/P

3.429

3.429

3.430

3.429

3.431

N/P

N/P

3.430

3.434

3.436

3.445

3.441

N/P

N/P

3.438

N/P

3.441

3.438

3.440

N/P

N/P

3.441

N/P

3.440

3.439

3.441

N/P

N/P

3.443

3.445

3.455

N/P

N/P

3.434

3.434

3.431

3.430

3.431

N/P

N/P

3.430

3.430

3.432

3.431

3.432

N/P

N/P

3.433

3.437

3.439

3.446

3.445

N/P

N/P

3.443

N/P

3.445

3.441

3.442

N/P

N/P

3.446

N/P

3.443

3.441

3.443

N/P

N/P

3.444

3.447

3.457

Promedio

Ponderado

a la fecha

de publicación(*)

Libre

al

Cierre de

Operaciones

C V C V

3.434

N/P

N/P

3.431

3.432

3.430

3.429

3.428

N/P

N/P

3.429

3.429

3.430

3.429

3.431

N/P

N/P

3.430

3.434

3.436

3.445

3.441

N/P

N/P

N/P

N/P

3.441

3.438

N/P

N/P

N/P

N/P

3.440

3.440

3.439

3.438

3.441

N/P

3.441

3.443

3.445

3.435

N/P

N/P

3.434

3.434

3.431

3.430

3.431

N/P

N/P

3.430

3.430

3.432

3.431

3.432

N/P

N/P

3.433

3.437

3.439

3.446

3.445

N/P

N/P

N/P

N/P

3.445

3.441

N/P

N/P

N/P

N/P

3.442

3.443

3.441

3.441

3.446

N/P

3.443

3.444

3.447

N/P

N/P

3.430

3.420

3.430

3.420

3.420

N/P

N/P

3.425

3.425

3.425

3.425

3.423

N/P

N/P

3.430

3.435

3.435

3.440

3.435

N/P

N/P

3.430

N/P

3.440

3.440

3.440

N/P

N/P

3.440

N/P

3.440

3.445

3.445

N/P

N/P

3.445

3.445

3.450

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. C = Compra; V = Venta; N/P = No publicado

(*) En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el tipo

de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria

(numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC)

(**) En este día se publicó el Tipo de Cambio correspondiente al cierre de operaciones de dos días distintos (24 y 31 de

diciembre de 2001). Según Consulta Institucional Nº 016-2000-KC0000 la SUNAT considera que en estos casos

puede utilizarse cualquiera de ellos (ver dicha Consulta en Informe Tributario Nº 126, de noviembre de 2001, pág. 5).

(**)

(**)

(**)

(**)

N/P

N/P

3.435

3.440

3.435

3.440

3.430

N/P

N/P

3.433

3.433

3.430

3.430

3.432

N/P

N/P

3.440

3.440

3.445

3.450

3.440

N/P

N/P

3.440

N/P

3.445

3.450

3.450

N/P

N/P

3.450

N/P

3.450

3.450

3.450

N/P

N/P

3.450

3.450

3.460

ENERO 2002 43


INDICADORES

Índice de Reajuste Diario (*)

Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros

Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil

2001

Julio

5.74492

5.74482

5.74471

5.74461

5.74450

5.74440

5.74429

5.74419

5.74408

5.74398

5.74387

5.74376

5.74366

5.74355

5.74345

5.74334

5.74324

5.74313

5.74303

5.74292

5.74282

5.74271

5.74261

5.74250

5.74239

5.74229

5.74218

5.74208

5.74197

5.74187

5.74176

Días

Enero

Febrero

5.71383

5.71422

5.71461

5.71499

5.71538

5.71577

5.71616

5.71655

5.71694

5.71733

5.71772

5.71811

5.71849

5.71888

5.71927

5.71966

5.72005

5.72044

5.72083

5.72122

5.72161

5.72200

5.72239

5.72278

5.72316

5.72355

5.72394

5.72433

----

----

----

Marzo

5.72479

5.72524

5.72570

5.72616

5.72661

5.72707

5.72752

5.72798

5.72844

5.72889

5.72935

5.72981

5.73026

5.73072

5.73118

5.73163

5.73209

5.73255

5.73300

5.73346

5.73392

5.73438

5.73483

5.73529

5.73575

5.73620

5.73666

5.73712

5.73758

5.73803

5.73849

Abril

5.73946

5.74042

5.74139

5.74235

5.74332

5.74429

5.74525

5.74622

5.74719

5.74816

5.74912

5.75009

5.75106

5.75203

5.75299

5.75396

5.75493

5.75590

5.75687

5.75784

5.75881

5.75978

5.76075

5.76172

5.76269

5.76366

5.76463

5.76560

5.76657

5.76754

----

Mayo

5.76677

5.76599

5.76522

5.76444

5.76367

5.76289

5.76212

5.76135

5.76057

5.75980

5.75903

5.75825

5.75748

5.75671

5.75593

5.75516

5.75439

5.75361

5.75284

5.75207

5.75130

5.75052

5.74975

5.74898

5.74821

5.74743

5.74666

5.74589

5.74512

5.74435

5.74358

Junio

5.74363

5.74368

5.74373

5.74377

5.74382

5.74387

5.74392

5.74397

5.74402

5.74406

5.74411

5.74416

5.74421

5.74426

5.74431

5.74435

5.74440

5.74445

5.74450

5.74455

5.74460

5.74465

5.74469

5.74474

5.74479

5.74484

5.74489

5.74494

5.74498

5.74503

----

Agosto

5.74208

5.74239

5.74271

5.74302

5.74334

5.74366

5.74397

5.74429

5.74460

5.74492

5.74524

5.74555

5.74587

5.74619

5.74650

5.74682

5.74713

5.74745

5.74777

5.74808

5.74840

5.74872

5.74903

5.74935

5.74966

5.74998

5.75030

5.75061

5.75093

5.75125

5.75156

Setiembre

5.75098

5.75040

5.74981

5.74923

5.74865

5.74807

5.74749

5.74691

5.74633

5.74574

5.74516

5.74458

5.74400

5.74342

5.74284

5.74226

5.74168

5.74110

5.74052

5.73994

5.73935

5.73877

5.73819

5.73761

5.73703

5.73645

5.73587

5.73529

5.73471

5.73413

----

Octubre

5.73425

5.73436

5.73448

5.73460

5.73472

5.73483

5.73495

5.73507

5.73518

5.73530

5.73542

5.73554

5.73565

5.73577

5.73589

5.73600

5.73612

5.73624

5.73636

5.73647

5.73659

5.73671

5.73682

5.73694

5.73706

5.73718

5.73729

5.73741

5.73753

5.73764

5.73776

Noviembre Diciembre

5.73783 5.73902

5.73791 5.73811

5.73798 5.73719

5.73805 5.73628

5.73812 5.73536

5.73820 5.73445

5.73827 5.73353

5.73834 5.73262

5.73841 5.73170

5.73849 5.73079

5.73856 5.72987

5.73863 5.72896

5.73870 5.72805

5.73878 5.72713

5.73885 5.72622

5.73892 5.72531

5.73899 5.72439

5.73907 5.72348

5.73914 5.72257

5.73921 5.72165

5.73928 5.72074

5.73936 5.71983

5.73943 5.71891

5.73950 5.71800

5.73958 5.71709

5.73965 5.71618

5.73972 5.71527

5.73979 5.71435

5.73987 5.71344

5.73994 5.71253

---- 5.71162

Enero

5.71144

5.71127

5.71109

5.71092

5.71074

5.71057

5.71039

5.71021

5.71004

5.70986

5.70969

5.70951

5.70934

5.70916

5.70898

5.70881

5.70863

5.70846

5.70828

5.70811

5.70793

5.70775

5.70758

5.70740

5.70723

5.70705

5.70688

5.70670

5.70653

5.70635

5.70617

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5.70501

5.70529

5.70557

5.70585

5.70613

5.70642

5.70670

5.70698

5.70726

5.70754

5.70782

5.70810

5.70838

5.70866

5.70894

5.70923

5.70951

5.70979

5.71007

5.71035

5.71063

5.71091

5.71119

5.71148

5.71176

5.71204

5.71232

5.71260

5.71288

5.71316

5.71344

(*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa días (90). No es aplicable para el

cálculo de intereses ni para determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el

artículo1236° del Código Civil.

FUENTE: Banco Central de Reserva.

Factor de conversión para Declaración de base imponible en ADUANAS

País

Alemania R. F. de

Argentina

Australia

Austria

Barbados

Bélgica

Bolivia

Brasil

Canadá

Colombia

Corea

Chile

Dinamarca

Ecuador

España

Fiji

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hong Kong

India

Indonesia

Inglaterra

Moneda

Marco

Peso

Dólar Australiano

Chelín Austriaco

Dólar de Barbados

Franco Belga

Boliviano

Real

Dólar Canadiense

Peso

Won

Peso

Corona

Sucre

Peseta

Dólar de Fiji

Marco Finés (Markka)

Franco

Dracma

Florín

Dólar

Rupia

Rupia

Libra Esterlina

Del 15.11.2001

al 09.01.2002 (1)

0.460723

1.001001

0.502900

0.065617

0.502513

0.022336

0.147210

0.371195

0.630318

0.000433

0.000778

0.001402

0.121058

0.000040

0.005428

0.434000

0.151419

0.137372

0.002642

0.408898

0.128370

0.020859

0.000096

1.455200

Equivalencia en US$

Del 10.01.2002 (2)

US$

S/.

0.455705

1.000000

0.510400

0.064784

0.501253

0.022095

0.146690

0.432807

0.628378

0.000440

0.000761

0.001512

0.119832

0.000040

0.005358

0.432600

0.149932

0.135877

0.002616

0.404449

0.128370

0.020760

0.000097

1.455700

1.569448

3.444000

1.757818

0.223116

1.726315

0.076095

0.505200

1.490587

2.164134

0.001515

0.002621

0.005207

0.412701

0.000138

0.018453

1.4489874

0.516366

0.467960

0.009010

1.392922

0.442106

0.071497

0.000334

5.013431

País

Moneda

Israel

Nuevo Shekel

Italia

Lira

Japón

Yen

Kuwait

Dinar de Kuwait

Malasia

Dólar Malasio o Ringgit

México

Nuevo Peso

Noruega

Corona

Nueva Zelanda Dólar Neozelandés

Panamá

Balboa

Pakistán

Rupia Paquistaní

Paraguay Guaraní

Portugal

Escudo

Rusia

Rublo

Singapur Dólar de Singapur

Siria

Libra Siria

Suecia

Corona

Sudáfrica, Rep. de Rand

Suiza

Franco Suizo

Taiwán

Nuevo Dólar de Taiwán

Tailandia Baht

Uruguay

Peso

Venezuela Bolívar

Comunidad Andina Peso Andino

Unión Europea Euro

Equivalencia en US$

Del 15.11.2001 Del 10.01.2002 (2)

al 09.01.2002 (1) US$ S/.

0.233645

0.000465

0.008167

3.271181

0.263158

0.108015

0.112540

0.411900

1.000000

0.016340

0.000219

0.004505

0.033660

0.548847

0.019139

0.093887

0.106045

0.612595

0.029028

0.022376

0.071174

0.001346

1.000000

0.902500

0.226912

0.000460

0.007598

3.254149

0.263158

0.109290

0.111650

0.416100

1.000000

0.016694

0.000216

0.004447

0.032819

0.541712

0.021786

0.095707

0.083605

0.603027

0.028612

0.022622

0.071963

0.001320

1.000000

0.891400

0.781485

0.001584

0.026168

11.207289

0.906316

0.376395

0.384523

1.433048

3.444000

0.057494

0.000744

0.015315

0.113029

1.865656

0.075031

0.329615

0.287936

2.076825

0.098540

0.077910

0.247841

0.004546

3.444000

3.069982

(1) Según R. I. N. ADUANAS Nº 0212

(2) Según R. I. N. ADUANAS Nº 0023

FUENTE: Aduanas

44

ENERO 2002


LEGISLACIÓN

Principales Dispositivos Legales

Del 21 de diciembre de 2001 al 09 de enero de 2002

PRECISAN CRITERIOS DE APLICACIÓN DE FACTORES

DE ACTUALIZACIÓN MENORES A LA UNIDAD PARA

EL AJUSTE INTEGRAL DE ESTADOS FINANCIEROS

(13.12.2001 – 213851)

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

RESOLUCIÓN Nº 025-2001-EF/93.01

Lima, 29 de noviembre de 2001

VISTAS: Las consultas remitidas por los usuarios del Sistema Nacional

de Contabilidad respecto a la aplicación de los Factores de Actualización

menores a la unidad para el Ajuste Integral de los Estados

Financieros;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 223° de la Ley Nº 26887-Ley General de Sociedades,

vigente a partir del 1 de enero de 1998, señala que «Los

Estados Financieros se preparan y presentan de conformidad con

las disposiciones legales sobre la materia y con Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados en el país»;

Que, el Artículo 1° de la Resolución Nº 013-98-EF/93.01 del Consejo

Normativo de Contabilidad precisa que «Los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados a que se refiere el Texto del

Artículo 223° de la nueva Ley General de Sociedades comprende

substancialmente a las Normas Internacionales de Contabilidad,

oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad»;

Que, el párrafo 2 del Artículo 2° de la Resolución Nº 3 del Consejo

Normativo de Contabilidad, sobre Metodología del Ajuste Integral

de Estados Financieros por Efecto de la Inflación, señala que: «De

manera supletoria, es aplicable en las Normas Generales Específicas,

los procedimientos y criterios contenidos en la NIC 29 «Información

Financiera en Economías Hiperinflacionarias»;

Que, nuestra economía mantiene algunas de las características indicadas

en el párrafo 3 de la citada NIC 29;

Que, el párrafo 5 de la NIC 29, señala expresamente que «Los

precios, ya sean generales o específicos, cambian en el tiempo

como resultado de diversas fuerzas económicas y sociales. Las fuerzas

específicas que actúan en el mercado de cada producto, tales

como cambios en la oferta y demanda o los cambios tecnológicos,

pueden causar incrementos o decrementos significativos en los precios

individuales, independientemente de cómo se comporten los

otros precios. Además, las causas generales pueden dar como resultado

un cambio en el nivel general de precios y, por tanto, en el

poder adquisitivo general de la moneda»;

Que, mediante Resoluciones Nºs. 2 y 3 del Consejo Normativo de

Contabilidad se aprueba la Metodología de Ajuste Integral de los

Estados Financieros por Efecto de Inflación, para su aplicación por

las entidades y empresas del sector público y privado; señalándose

que el índice de corrección será el Índice de Precios al por Mayor a

nivel Nacional (IPM);

Que, el literal b) del numeral II «Definición de Términos» de la Declaración

de Principios de la Metodología del Ajuste Integral de Estados

Financieros por Efecto de la Inflación, aprobada por la Resolución del

Consejo Normativo de Contabilidad Nº 02-90-EF/93.01, la actualización

o reexpresión es el cálculo que permite volver a expresar las

cifras históricas contenidas en los estados financieros de una entidad

a valores de moneda constante;

Que, el factor de ajuste, también llamado de actualización, es el

que resulta de dividir el índice de corrección de la fecha de

reexpresión entre el índice de corrección de la fecha de origen de

la transacción y que se aplica para corregir un valor anterior,

expresándolo en términos de poder adquisitivo de la fecha de

reexpresión;

Que, es necesario mantener la coherencia metodológica respecto

al Factor de Actualización en el Ajuste Integral de los Estados Financieros

por Efecto de Inflación, por lo que se requiere precisar la

aplicación de dichos factores cuando éstos son menores a la unidad;

Estando a lo propuesto por el Comité de Asesoramiento del Consejo

Normativo de Contabilidad y el Comité Técnico de la Contaduría

Pública de la Nación; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los Artículos 2° y 13°

de la Ley Nº 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad, y estando

a lo acordado por el Consejo Normativo de Contabilidad en la

sesión de la fecha;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PRECÍSASE que para la aplicación del Ajuste Integral

de los Estados Financieros se considerarán los Factores de

Actualización elaborados y publicados por la Contaduría Pública

de la Nación, en base al índice de precios promedio mensual al por

mayor a nivel nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística

e Informática, sean éstos mayores o menores a la unidad,

a fin de mantener la coherencia metodológica dispuesta en las

Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad Nºs. 2 y 3,

concordantes con la NIC 29.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMÍREZ

Presidente Consejo Normativo de Contabilidad

OFICIALIZAN LA NORMA INTERNACIONAL DE CON-

TABILIDAD NIC 41 «AGRICULTURA» (21.12.2001 –

214272)

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

RESOLUCIÓN Nº 024-2001-EF/93.01

Lima, 29 de noviembre de 2001

CONSIDERANDO:

Que, la demanda de un idioma global de contabilidad hace necesario

continuar con el proceso de armonización de procedimientos

y políticas de contabilidad adecuados a la realidad económica y

financiera nacional, por lo que el Comité de Normas Internacionales

de Contabilidad (IASC), ha preparado y aprobado desde 1973,

Normas Internacionales que son de aceptación general en los países;

Que, el Artículo 223° de la Ley Nº 26887, General de Sociedades,

vigente a partir del 1 de enero de 1998, señala: «Los estados financieros

se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones

legales sobre la materia y con Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados en el país».

Que, el Artículo 1° de la Resolución Nº 013-98-EF/93.01 del Consejo

Normativo de Contabilidad «Precisa que los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados a que se refiere el texto del

Artículo 223° de la nueva Ley General de Sociedades comprende,

sustancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad,

oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de

Contabilidad»;

Que, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC)

ha aprobado la Norma Internacional de Contabilidad-NIC 41 «Agricultura»;

Que, el Comité de Asesoramiento del Consejo Normativo de Contabilidad,

el Comité Técnico de la Contaduría Pública de la Nación y

la Comisión Técnica Permanente de la Federación de Colegios de

Contadores Públicos del Perú y su Junta de Decanos, han revisado

la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) indicada en el considerando

anterior, y han propuesto su aprobación y aplicación en el

país; y,

En uso de las atribuciones que le confiere los Artículos 2° y 13° de

la Ley Nº 24680 –del Sistema Nacional de Contabilidad, y estando

a lo acordado por el Consejo Normativo de Contabilidad en la Sesión

de la fecha;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- OFICIALIZAR, la Norma Internacional de Contabilidad

NIC 41 «Agricultura», que forma parte integrante de la presente

Resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución rige para los estados financieros

que cubran períodos que se inician a partir del 1 de enero de

2003. Optativamente puede ser aplicada a partir del 1 de enero

de 2002.

Artículo 3°.- RECOMENDAR, que la Contaduría Pública de la Nación,

la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú y

su Junta de Decanos, los Colegios Departamentales y las Facultades

de Ciencias Contables y Financieras de las Universidades del

país, y otras instituciones competentes, efectúen la difusión correspondiente

de la norma que se oficializa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMIREZ

Presidente

OFICIALIZAN LAS INTERPRETACIONES SIC 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24 Y 25 (21.12.2001 – 214272)

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

RESOLUCIÓN Nº 026-2001-EF/93.01

Lima, 29 de noviembre de 2001

ENERO 2002 45


LEGISLACIÓN

CONSIDERANDO:

Que, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC)

constituyó el Comité Permanente de Interpretaciones (SIC) en enero

de 1997, con el propósito de intensificar la rigurosa aplicación y

comparabilidad a nivel mundial de los estados financieros preparados

conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC),

encargándose de la interpretación de temas contables que presentan

controversias o cuando no se tratan en una NIC;

Que, mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad

Nº 021-2000-EF/93.01 de fecha 18 de diciembre de 2000, se

oficializaron las interpretaciones SIC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15 y 16;

Que, el Comité de Asesoramiento del Consejo Normativo de Contabilidad,

el Comité Técnico de la Contaduría Pública de la Nación y

la Comisión Técnica Permanente de la Federación de Colegios de

Contadores Públicos del Perú y y su Junta de Decanos, han revisado

las Interpretaciones-SIC 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, y

han propuesto su aprobación y aplicación en el país;

Que, es necesario oficializar las mencionadas Interpretaciones SIC,

a fin de que las empresas apliquen adecuadamente las indicadas

normas internacionales, para que los Estados Financieros de las

empresas reflejen razonablemente la situación financiera, el resultado

de las operaciones y los flujos de efectivo, con el propósito

de cumplir con la exigencia de revelar todos los requerimientos de

las mencionadas Normas y cada interpretación aplicable emitida,

según el párrafo 11 de la NIC 1 (Modificada en 1997), Presentación

de Estados Financieros; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 2° y 13° de

la Ley Nº 24680- Del Sistema Nacional de Contabilidad, y estando

a lo acordado por el Consejo Normativo de Contabilidad en la Sesión

de la fecha;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- OFICIALIZAR las Interpretaciones SIC siguientes:

SIC 17: Patrimonio - Costos de una Transacción Patrimonial

SIC 18: Uniformidad - Métodos Alternativos

SIC 19: Moneda de Informe - Medición y Presentación de Estados

Financieros, según la NIC 21 y NIC 29

SIC 20: Método Contable de Participación Patrimonial - Reconocimiento

de Pérdidas

SIC 21: Impuesto a la Renta - Recuperación de Activos Revaluados

No Depreciables

SIC 22: Combinaciones de Negocios - Ajuste Posterior de los Valores

Razonables y Plusvalía Mercantil Inicialmente Informada

SIC 23: Inmuebles, Maquinara y Equipo - Costos importantes de

Inspección o Renovación (overhaul)

SIC 24: Utilidades por Acción - Instrumentos Financieros y otros

Contratos que pueden liquidarse con Acciones

SIC 25: Impuesto a la Renta - Cambios en la Situación Tributaria de

una Empresa o de sus Accionistas.

Artículo 2°.- La presente Resolución rige para los estados financieros

que cubran períodos que se inicien a partir del 1 de enero de

2002.

Artículo 3°.- RECOMENDAR, que la Contaduría Pública de la Nación,

la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú y

su Junta de Decanos, los Colegios Departamentales y las Facultades

de Ciencias Contables y Financieras de las Universidades del

país, y otras instituciones competentes, efectúen la difusión correspondiente

de las Interpretaciones SIC aprobadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMÍREZ

Presidente Consejo Normativo de Contabilidad

PRECISAN TÍTULOS, VERSIÓN Y FECHAS DE VIGEN-

CIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTA-

BILIDAD QUE HAN SIDO OFICIALIZADAS (21.12.2001

– 214273)

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

RESOLUCIÓN Nº 027-2001-EF/93.01

Lima, 29 de noviembre de 2001

VISTO el Informe Nº 005-2001-EF/93.11 de la Dirección General

de Investigación de la Contabilidad de la Contaduría Pública de la

Nación, sobre el estudio técnico y recomendaciones, con respecto a

la oficialización, vigencia y títulos de las Normas Internacionales

de Contabilidad.

CONSIDERANDO:

Que, por disposición de la Ley Nº 24680, compete a la Contaduría

Pública de la Nación y al Consejo Normativo de Contabilidad, según

corresponda, el estudio, análisis y emisión de las Normas de

Contabilidad que deben regir en el Perú;

Que, por Resolución Nº 13-98-EF/93.01, del 17 de julio de 1998,

el Consejo Normativo de Contabilidad estableció que los Principios

de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú, comprenden

sustancialmente las Normas Internacionales de Contabilidad que

hayan sido oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad;

Que, las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC (International

Accounting Standards), son emitidas por el Comité de Normas Internacionales

de Contabilidad (International Accounting Standards

Committee) para armonizar los principios y prácticas contables en

todo el mundo, habiéndose emitido desde 1973 hasta la fecha 41

NIC;

Que, en enero del 2001 el Comité de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASC por sus siglas en inglés) se disolvió para dar

paso al International Accounting Standards Board (IASB por sus

siglas en inglés), el mismo que en el futuro emitirá las Normas

Internacionales de Contabilidad;

Que, las NIC antes señaladas han sido adoptadas y oficializadas

por el Consejo Normativo de Contabilidad, para su aplicación en el

Perú, usando el texto de la traducción al Castellano hecha por la

Contaduría Pública de la Nación conjuntamente con la Federación

de Colegios de Contadores Públicos del Perú y su Junta de Decanos;

Que, la NIC 7, emitida originalmente con el título de «Estado de

Cambios en la Situación Financiera», fue posteriormente sustituida

por otra con el título de «Estado de Flujos de Efectivo», la cual está

vigente internacionalmente para estados financieros correspondientes

a períodos que se inicien a partir del 1 de enero de 1994. En el

Perú, al oficializar la NIC 7 mediante Resolución del Consejo Normativo

de Contabilidad Nº 005-94-EF/93.01, del 30 de marzo de

1994, se omitió su nuevo título, razón por la cual es necesario

hacer la precisión correspondiente;

Que, la NIC 25 ha sido derogada internacionalmente al haber pasado

su contenido a formar parte de las NIC 38 «Activos

Intangibles», 39 «Instrumentos Financieros: Reconocimiento y

Medición» y 40 «Inversión Inmobiliaria», por lo que se hace necesario

precisar que quedará también formalmente derogada en el

Perú en cuanto sea de aplicación la NIC 39, la cual puede ser aplicada

optativamente a partir del 1 de enero de 2001, pero entrará

obligatoriamente en vigencia esta NIC 39 para los períodos que

comiencen a partir del 1 de enero de 2003;

Que, es necesario precisar que la versión original de la NIC 32,

«Instrumentos Financieros: Revelación y Presentación», se halla

en plena vigencia a partir del 12 de agosto de 1996, ya que la

versión modificada en 1998, titulada «Instrumentos (Títulos) Financieros:

Revelación y Presentación» entrará en vigencia junto

con la NIC 39 «Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición»;

Que, el «Prefacio a los Pronunciamientos sobre Normas Internacionales

de Contabilidad» y el «Marco Conceptual para la Preparación

y Presentación de los Estados Financieros» han servido de

base para la elaboración y aprobación de las NIC por el IASC, por

lo que es necesario precisar que en la oficialización de las 29 primeras

NIC mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad

Nº 005-94-EF/93.01, por la interpretación extensiva, está

comprendida la oficialización de los indicados documentos;

Que, en el proceso de su emisión, en su versión original en inglés,

varias de las NIC han sido modificadas, reestructuradas, o han cambiado

de título y al traducir al castellano las NIC emitidas en reemplazo

de las NIC anteriores se las ha denominado indistintamente,

según el caso, como «revisada» o «modificada» o «reordenada» o

«reestructurada», por lo que es necesario uniformar los términos

usados, precisando los títulos de las NIC oficializadas, la versión,

así como las fechas de su vigencia;

Estando a lo propuesto por el Comité Técnico de la Contaduría Pública

de la Nación y por el Comité de Asesoramiento del Consejo

Normativo de Contabilidad; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los Artículos 2° y 13°

de la Ley Nº 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad, y estando

a lo acordado por el Consejo Normativo de Contabilidad en su

sesión de la fecha;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Precisar que la NIC 7, modificada en 1992 y

oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante la

Resolución Nº 005-94-EF/93.01, se titula «Estado de Flujos de Efectivo»

y sustituye a la versión original de 1977, que se titulaba

«Estado de Cambios en la Situación Financiera».

Artículo 2°.- Precisar que la NIC 25 (reordenada en 1994) «Tratamiento

Contable de las Inversiones», se derogará totalmente por

la vigencia de la NIC 39 «Instrumentos Financieros: Reconocimiento

y Medición», a partir del 1 de enero de 2003.

Artículo 3°.- Precisar que de acuerdo con la Resolución del Consejo

Normativo de Contabilidad Nº 007-96-EF/93.01, la versión original

de la NIC 32 «Instrumentos Financieros: Revelación y Presentación»,

está en plena vigencia a partir del 12 de agosto de 1996, y que, de

conformidad con la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad

Nº 023-2001-EF/93.01, su nueva versión, modificada en 1998

y titulada «Instrumentos (Títulos) Financieros: Revelación y Presentación»,

sólo entrará en vigencia conjuntamente con la NIC 39 para

estados financieros correspondientes a períodos que se inicien a partir

del 1 de enero de 2003.

Artículo 4°.- Precisar que al oficializarse las 29 primeras NIC por

Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº 005-94-EF/

93.01 está comprendida la oficialización del «Prefacio a los Pronunciamientos

sobre Normas Internacionales de Contabilidad» y

el «Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los

Estados Financieros».

Artículo 5°.- Precisar que los títulos de las NIC oficializadas, su

versión, así como las fechas de su vigencia son las que se detallan

en el Anexo adjunto, el cual es parte integrante de la presente

Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ARTURO PAJUELO RAMIREZ

Presidente

LEY QUE ESTABLECE LA LIQUIDACIÓN ANUAL DE

APORTES Y RETENCIONES Y EL COMPROBANTE DE

RETENCIONES POR APORTES AL SISTEMA DE PEN-

SIONES (22.12.2001 – 214321)

LEY Nº 27605

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

46

ENERO 2002


LEGISLACIÓN

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente

Artículo 1°.- De la Liquidación Anual de Aportes y Retenciones

Los empleadores que realicen aportes y retenciones por concepto de

prestaciones previsionales y de salud de sus trabajadores están obligados

a presentar ante las entidades administradoras de las contribuciones

correspondientes, bajo responsabilidad, una Liquidación

Anual de Aportes y Retenciones de la Seguridad Social, por cada uno

de los asegurados o afiliados, en el mes de enero del año siguiente al

que corresponde la contribución, aun cuando el trabajador haya laborado

por período menor de doce meses.

Artículo 2°.- Del Comprobante de Retenciones por Aportes

al Sistema de Pensiones

Los empleadores que realicen aportes y retenciones por concepto

de prestaciones previsionales están obligados a entregar al trabajador

el Comprobante de Retenciones por Aportes al Sistema de

Pensiones, conjuntamente con el Certificado de Retenciones de

Rentas de Cuarta y Quinta Categoría del Impuesto a la Renta, sin

perjuicio de la presentación de la Liquidación Anual de Aportes y

Retenciones, a que hace referencia el Artículo 1° de la presente

Ley; y que en caso de la administración pública tiene carácter de

declaración jurada, con las responsabilidades administrativas, civiles

y penales consiguientes.

Artículo 3°.- Del Registro de Aportes y Retenciones

Las Liquidaciones Anuales de Aportes y Retenciones son incorporadas

en la base de datos del Registro de Aportes y Retenciones que

deben implementar las entidades administradoras previsionales y

de salud correspondientes, en el que consta la información

individualizada del asegurado o afiliado.

Artículo 4°.- Del cómputo del período de aportes

Precísase que el período de aporte para la determinación de la

pensión a que se refieren las normas previsionales, sin excepción,

se contabiliza como años calendarios completos, o en años que

resulten de la sumatoria de los meses de aportación debidamente

comprobada.

Artículo 5°.- De la responsabilidad y sanciones

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, mediante decreto supremo,

la responsabilidad y sanciones aplicables a las entidades

empleadoras y a las entidades previsionales y de salud que

incumplan las obligaciones que la presente Ley establece.

Artículo 6°.- De la derogatoria

Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las disposiciones

que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil

uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del

Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de

diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE

Ministro de Trabajo y Promoción Social

APRUEBAN RELACIÓN DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y

VIH/SIDA, PARA EFECTOS DE LIBERACIÓN DE PAGO

DE IGV Y DERECHOS ARANCELARIOS (22.12.2001 –

214326)

DECRETO SUPREMO

Nº 236-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 27450, se aprobó la Ley que exonera del

pago del Impuesto General a las Ventas y de los Derechos Arancelarios

a los medicamentos para tratamiento oncológico y VIH/SIDA;

Que el Artículo 3° de la Ley No. 27450, establece que el Poder

Ejecutivo aprobará mediante Decreto Supremo, a propuesta del

Ministerio de Salud, la relación de medicamentos e insumos que se

utilizan para la fabricación nacional de equivalentes terapéuticos

para el tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA,

los cuales quedarán liberados del pago del Impuesto General a las

Ventas y de los derechos arancelarios;

Que el Ministerio de Salud ha remitido la mencionada relación de

productos, los cuales corresponden que sean aprobados mediante

el presente dispositivo legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 27450 y por el

inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase la relación de medicamentos e insumos

para el tratamiento oncológico y VIH/SIDA, contenida en el anexo

del presente Decreto Supremo, para efecto de la liberación del

pago del Impuesto General a la Ventas y de los Derechos Arancelarios,

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 27450.

Artículo 2°.- La Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria - SUNAT y la Superintendencia Nacional de Aduanas -

ADUANAS dictarán las normas pertinentes para la mejor aplicación

del beneficio dispuesto por la Ley No. 27450

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y

será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro

de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes

de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA

Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

LUIS SOLARI DE LA FUENTE

Ministro de Salud

1. ALDESLEUKINA

2. ACLARUBICINA

ANEXO

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

3. ALTRETAMINA

4. AMIFOSTINA

5. AMINOGLUTAMIDA

6. AMSACRINA

7. ANASTROZOL

8. ASPARAGINASA

9. BLEOMICINA

10. BUSULFANO.

11. CAPECITABINA

12. CARBOCUONA

13. CARMOFUR

14. CARMUSTINA

15. CICLOFOSFAMIDA

16. CITARABINA

17. CLADRIBINA

18. CLORAMBUCILO

19. CLORMETINA

20. CISPLATINO

21. CARBOPLATINO

22. OXALIPLATINO

23. DACARBAZINA

24. DACTINOMICINA

25. DAUNORUBICINA

26. DEMECOLCINA

27. DEXRAZOXANE

28. DOCETAXEL

29. DOXORUBICINA

30. DOXORUBICINA LIPOSOMAL

31. EPIRUBICINA

32. ESTRAMUSTIN

33. ESTREPTOZOTOCINA

34. ETOGLUCIDO

35. ETOPOSIDO

36. FILGASTRINA

37. FLUDARABINA

38. FLUOROURACILO

39. FOTEMUSTINA

40. GEMCITABINA

41. HIDROXICARBAMIDA

42. HIDROXIUREA.

43. IDARUBICINA

44. IFOSFAMIDA

45. IRINOTECAN

46. LEUCOVORINA

47. LEUPROLIDE ACETATO

48. LEVAMISOL

49. LOMUSTINA

50. LONIDAMINA

51. MANOSULFANO

52. MASOPROCOL

53. MELFALAN

54. MERCAPTOPURINA

55. MESNA

56. METOTREXATO

57. MILTEFOSINA

58. MITOBRONITOL

59. MITOGUAZONA

60. MITOMICINA

61. MITOXANTRONA

62. NIMUSTINA

63. LENOGASTRIM

64. INTERFERON ALFA

65. INTERFERON BETA

66. OPRELVEKINA

67. PACLITAXEL

68. PENTOSTATINA

69. PIPOBROMAN

70. PIRARUBICINA

71. PLICAMICINA

72. PORFIMERO SODICO

ENERO 2002 47


LEGISLACIÓN

73. PREDNIMUSTINA

74. PROCARBAZINA

75. RALTITREXED

76. RANIMUSTINA

77. RITUXIMAB

78. SEMUSTINA

79. TAMOXIFENO

80. TEGAFUR

81. TEMOZOLOMIDA

82. TENIPOSIDO

83. TIAZOFURINA

84. TIOGUANINA

85. TIOTEPA

86. TOPOTECAN

87. TOREMIFENO

88. TREOSULFANO

89. TRETINOINA

90. TRIAZICUONA

91. TROFOSFAMIDA

92. VINBLASTINA

93. VINCRISTINA

94. VINDESINA

95. VINORELBINA

96. ZORUBICINA

MEDICAMENT0S HORMONALES

ONCOLÓGICOS Y NO ONCOLÓGICOS

ESTRÓGENOS

1. DIETILETILBESTROL

2. ETINILESTRADIOL

3. FOSFESTROL

ANTIANDRÓGENOS ESTEROIDEOS

1. MEGESTROL

2. MEDROXIPROGESTERONA

3. GESTONORONA

ANTIANDRÓGENOS NO ESTEROIDEOS

1. FLUTAMIDA

2. NILUTAMIDA

3. BICALUTAMIDA

ANÁLOGOS LH-RH

1. BUSERELINA

2. LEUPROLERINA

3. GOSELERINA

4. TRIPTORELINA

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH/SIDA

1. ABACAVIR

2. DELAVIRDINA

3. DIDANOSINA

4. EFAVIRENZ

5. ESTAVUDINA

6. INDINAVIR

7. LAMIVUDINA

8. LOPINAVIR

9. LOPINAVIR + RITONAVIR

10. NELFINAVIR

11. NEVIRAPINA

12. RITONAVIR

13. SAQUINAVIR

14. ZALCITABINA

15. ZIDOVUDINA

16. ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA

17. ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA + ABACAVIR

INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

1. 5-FLUORURACILO

2. ACIDO PAMIDRÓNICO

3. TAMOXIFENO

4. MERCAPTOPURINA

INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES (VIH)

1. ZIDOVUDINA

2. LAMIVUDINA

3. ESTAVUDINA

4. DIDANOSINA

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER LA

GLOBALIZACIÓN DE LA PESQUERÍA DEL ATÚN Y EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CONSERVERA Y DE

CONGELADO DE ESTA ESPECIE (24.12.2001 –

214408)

LEY Nº 27608

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- Adición de penúltimo párrafo al Artículo 48°

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Adiciónase como penúltimo párrafo del Artículo 48° del TUO de la

Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº

054-99-EF y sus modificatorias, el texto siguiente:

«Artículo 48°.- (penúltimo párrafo)

(...)

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las empresas no

domiciliadas en el Perú, que vendan recursos hidrobiológicos altamente

migratorios y de oportunidad extraídos dentro del dominio

marítimo del Perú a empresas domiciliadas en el Perú, obtienen

renta neta de fuente peruana igual al cinco por ciento (5%) de los

ingresos brutos que perciban por esa venta. Salvo prueba en contrario,

se presumirá que los recursos hidrobiológicos

altamentamente migratorios y de oportunidad vendidos a empresas

domiciliadas en el Perú han sido extraídos del dominio marítimo

del Perú. El Ministerio de Pesquería determinará periódicamente

la relación de dichos recursos».

Artículo 2°.- Abastecimiento de combustible destinado a

las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera con

permiso de pesca de atún

Otórgase, con carácter excepcional, hasta el 31 de diciembre de

2003, la devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas

(IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible y

lubricantes destinados al abastecimiento de las embarcaciones

pesqueras de bandera extranjera con permiso de pesca de atún

vigente otorgado por el Ministerio de Pesquería para la descarga

en establecimientos industriales que cuenten con licencia de operación

para el procesamiento de conservas o congelados de pescado.

Artículo 3°.- Régimen de Importación Temporal de embarcaciones

atuneras

3.1 Las empresas nacionales podrán ingresar al país, hasta por un

plazo de cinco (5) años, embarcaciones pesqueras destinadas a la

extracción del recurso atún, cuyas características serán determinadas

por el Ministerio de Pesquería y aprobadas por resolución ministerial

de Economía y Finanzas, con suspensión del pago de todo

tributo bajo el Régimen de Importación Temporal para Reexportación

en el mismo estado, regulado en el Artículo 63° del Decreto

Legislativo Nº 809; Ley General de Aduanas.

3.2 No será exigible en el presente régimen la constitución de

garantia a que se refieren los Artículos 63° y 64° de la Ley General

de Aduanas y los Artículos 108° y 109° del Reglamento de la

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 121-

96-EF.

3.3 Dentro del plazo señalado en el numeral 3.1, las embarcaciones

atuneras antes mencionadas podrán ser nacionalizadas, exceptuándose

del pago del interés compensatorio que corresponda

en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 64° del Decreto Legislativo

Nº 809, Ley General de Aduanas.

3.4 En caso de efectuarse la nacionalización de la embarcación

atunera, la determinación de la base imponible de los derechos

arancelarios y el Impuesto General a las Ventas, se efectuará tomando

en cuenta el valor CIF consignado en la Declaración de

Importación Temporal deducida la depreciación. Para este efecto

la depreciación será del veinte por ciento (20%).

Artículo 4°.- Exoneración de Derechos Arancelarios

Exonérase, por el término de 180 (ciento ochenta) días, del pago

de los derechos arancelarios a la importación de bienes y equipos

destinados a los establecimientos industriales pesqueros para el

procesamiento de atún en conservas o congelados.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Mediante decreto supremo, refrendado por los Ministros

de Economía y Finanzas y de Pesquería, se aprobarán las normas

complementarias necesarias para la aplicación y el cumplimiento

de los objetivos de la presente Ley, en un plazo no mayor de 30

(treinta) días, contado a partir de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del

Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes

de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA

Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER REATEGUI ROSSELLO

Ministro de Pesquería

48

ENERO 2002


LEGISLACIÓN

APRUEBAN VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDI-

FICACIÓN PARA LA COSTA, SIERRA Y SELVA

(27.12.2001 – 214503) (*)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 604-2001-MTC/15.04

Lima, 21 de diciembre de 2001

CONSIDERANDO:

Que es función del Consejo Nacional de Tasaciones-CONATA, formular

los Valores Unitarios Oficiales de Edificación para la Costa,

Sierra y Selva, que son aprobados por el Ministerio de Transportes,

Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Estando a lo acordado por el Directorio del Consejo Nacional de

Tasaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº

25862, Decreto Legislativo Nº 776 y con la opinión favorable del

Viceministro de Vivienda y Construcción;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los Valores Unitarios Oficiales de Edificación

para la Costa, Sierra y Selva, los mismos que están contenidos

en los cuadros que adjuntos forman parte de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CHANG REYES

Ministro de Transportes, Comunicaciones,

Vivienda y Construcción

APRUEBAN «NORMA PARA DETERMINAR LOS VA-

LORES UNITARIOS OFICIALES DE TERRENOS URBA-

NOS» (27.12.2001 – 214503)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 605-2001-MTC/15.04

Lima, 21 de diciembre de 2001

Visto, el Oficio Nº 1786-2001-MTC-9321 de la Jefa del Consejo

Nacional de Tasaciones-CONATA, proponiendo la «Norma para determinar

los Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos»;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 063-82-VI9300, de fecha

11 de febrero de 1982, se aprobó las «Normas para determinar

los Aranceles de Terrenos Urbanos», propuesta por el Consejo Nacional

de Tasaciones-CONATA;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 444-82-VI-9310 de fecha

6 de diciembre de 1982, se modificó el Título IV de la «Norma para

determinar los Aranceles de Terrenos Urbanos» aprobados por

Resolución Ministerial Nº 063-82-VI-9300 en lo relacionado a los

«Centros Poblados Pequeños»;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 185-85-VC-9300, de fecha

24 de julio de 1985 se aprobó la modificatoria de los Títulos I,

II y III de la «Norma para determinar los Aranceles de Terrenos

Urbanos», incorporando el concepto de números arancelarios y

sus respectivos factores de actualización;

Que, el Consejo Nacional de Tasaciones-CONATA, teniendo en consideración

el tiempo transcurrido de la expedición de la norma

citada precedentemente, expresa que ésta debe ser actualizada

debiéndose tomar en cuenta factores existentes en la realidad tales

como: Categoría de Localidad, Contaminación Ambiental y Estrato

Socioeconómico, por lo que ha formulado la «Norma para

determinar los Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos»;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25862 y con la opinión

favorable del Viceministro de Vivienda y Construcción;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la «Norma para determinar los Valores

Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos», la cual consta de cuatro

(4) títulos y treinticinco (35) artículos, cuyo texto en Anexo adjunto

forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Dejar sin efecto las Resoluciones Ministeriales Nº

063-82-VI-9300, Nº 444-82-VI-9310 y Nº 185-85-VC-9300, así

como todas las disposiciones que se opongan a la presente Resolución

Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS CHANG REYES

Ministro de Transportes, Comunicaciones,

Vivienda y Construcción

ESTABLECEN PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CON-

TRIBUYENTES QUE ACTÚEN BAJO LA FORMA DE CON-

TRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, PARA

ACREDITAR ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE RECUPE-

RACIÓN ANTICIPADA DEL IGV (27.12.01 – 214515)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N° 142-2001/SUNAT

Lima, 26 de diciembre de 2001

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Legislativo Nº 818, y sus normas complementarias

y modificatorias establecieron, entre otras, disposiciones aplicables

al Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General

a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas

que suscriban contratos con el Estado al amparo de las leyes sectoriales,

para la exploración, desarrollo y/o explotación de recursos

naturales;

Que mediante Decreto Supremo Nº 084-98-EF se dictaron las normas

reglamentarias del decreto legislativo antes mencionado;

Que, la Resolución de Superintendencia Nº 112-97/SUNAT, modificada

por la Resolución de Superintendencia Nº 034-98/SUNAT,

regula el procedimiento a seguir por contribuyentes que actúen

bajo la forma de contratos de colaboración empresarial que no

llevan contabilidad independiente a la de sus socios, para acreditar

el acogimiento al Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto

General a las Ventas;

Que, a fin de brindar facilidades a los contribuyentes para acceder

al referido beneficio, resulta necesario flexibilizar el procedimiento

establecido en la norma antes mencionada;

En uso de las facultades conferidas por los Artículos 2° y 8° del

Decreto Supremo Nº 084-98-EF, el Artículo 11° del Decreto Legislativo

Nº 501, y el inciso k) del Artículo 6° del Texto Único Ordenado

del Estatuto de la Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria - SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia

Nº 041-98/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

DEFINICIONES

Artículo 1°.- Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución

de Superintendencia, se entiende por:

a) Régimen: Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto

General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, a que se

refiere el Decreto Legislativo Nº 818 y sus normas complementarias

y modificatorias.

b) Reglamento del Régimen: Decreto Supremo Nº 084-98-EF y

normas complementarias.

c) Operador: Sujeto partícipe del Contrato de Colaboración Empresarial

que no lleva contabilidad independiente, designado como

operador del mismo.

d) Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas: Decreto

Supremo Nº 029-94-EF y normas modificatorias.

e) Entidad: Ministerio del sector, organismos, empresas, o instituciones

públicas pertenecientes a éste, o sociedad de auditoría a

que se refiere el Artículo 2° de la Ley Nº 26911.

f) Participantes: sujetos partícipes del Contrato de Colaboración

Empresarial que no lleva contabilidad independiente, incluido áquel

que realiza las funciones de operador.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma a la que corresponden,

se entenderán referidos a la presente resolución.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Artículo 2°.- A efecto de aplicación del beneficio, los participantes

deberán presentar ante la SUNAT la siguiente información:

a) Formulario Nº 4949 “Solicitud de devolución”.

b) Escrito que deberá contener el monto del Impuesto General a

las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal solicitado en devolución

y que corresponde a la distribución porcentual establecida

en el contrato de colaboración empresarial, el mismo que deberá

estar firmado por el operador, en el caso de aquellos que no realizan

dicha función. Este documento tendrá carácter de declaración

jurada.

En el caso que se presente la información antes referida en forma

incompleta, o se incumpla lo establecido en el Artículo 5°, la solicitud

será denegada, quedando a salvo el derecho del contribuyente

a formular una nueva solicitud.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Artículo 3°.- Las solicitudes deberán ser presentadas por períodos

consecutivos, los cuales no podrán ser menores a un (1) mes ni

mayores a seis (6) meses, salvo que en los referidos períodos no

se alcance el monto mínimo establecido en el Artículo 6° del Reglamento

del Régimen, en cuyo caso se admitirán solicitudes que

exceden los seis (6) meses. Una vez que el contribuyente solicite la

devolución de un determinado período, no podrá presentar otra

solicitud por el mismo período o por períodos anteriores.

Sólo podrá presentarse una solicitud al mes.

EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIA-

BLES

Artículo 4°.- La SUNAT emitirá y entregará las Notas de Crédito

Negociables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

fecha de presentación de la solicitud.

El plazo antes mencionado se extenderá en quince (15) días hábiles

adicionales cuando la SUNAT disponga una fiscalización previa

a la devolución tratándose de la primera solicitud en ser presentada,

o ésta comprendiera períodos de más de seis (6) meses por no

alcanzar el monto mínimo a que se refiere el Artículo 6° del Reglamento

del Régimen o se hubiere presentado alguna inconsistencia

en la información proporcionada por el operador.

A solicitud del contribuyente, las Notas de Crédito Negociables podrán

ser redimidas en forma inmediata mediante el giro de un

cheque no negociable, el mismo que será entregado al contribuyente

en la fecha en que hubiera sido entregada la Nota de Crédito

Negociable. Dicha opción sólo podrá ejercerla en su solicitud de

devolución.

OBLIGACIONES DEL OPERADOR

Artículo 5°.- El operador deberá:

a) Llevar un Registro de Compras por cada contrato en el que se

anotarán mensualmente los comprobantes de pago, notas de débito

y/o crédito, declaraciones únicas de importación y demás documentos

emitidos por ADUANAS, así como el documento de atribución

correspondiente. Dicho registro deberá contener la información

requerida por el numeral 1 del Artículo 10° del Reglamento

de la Ley del Impuesto General a las Ventas, al cual se añadirá

una columna donde se indique el monto del impuesto sujeto al

Régimen.

b) Remitir a la SUNAT dentro de los primeros diez (10) días hábiles

siguientes de concluido el mes, la relación detallada de los comprobantes

de pago, notas de débito y crédito, y declaraciones úni-

––––––

(*) En página siguiente los cuadros de valores unitarios oficiales edificaciones

para la costa, sierra y selva.

ENERO 2002 49


LEGISLACIÓN

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES

PARA LA COSTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

R.M.Nº 604-2001-MTC/15.04 DE FECHA: 21.12.01

A

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS

(1)

ESTRUCTURAS LAMINARES CUR-

VADAS DE CONCRETO ARMADO

QUE INCLUYEN EN UNA SOLA

ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y

EL TECHO, PARA ESTE CASO NO

SE CONSIDERAN LOS VALORES

DE LA COLUMNA Nº 2.

TECHOS

(2)

LOSA O ALIGERADO DE CON-

CRETO ARMADO CON LUCES

MAYORES DE 6 M., CON SO-

BRECARGA MAYOR A 300 KG/

CM2.

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA

PISOS

(3)

MÁRMOL IMPORTADO. PORCE-

LANATO

PUERTAS Y VENTANAS

(4)

ALUMINIO PESADO CON PERFI-

LES ESPECIALES, MADERA FINA

ORNAMENTAL (CAOBA, CEDRO

O PINO SELECTO), CRISTALES

ACABADOS

REVESTIMIENTOS

(5)

MÁRMOL IMPORTADO, MADE-

RA FINA (CAOBA O SIMILAR),

BALDOSA ACÚSTICA EN TECHO

O SIMILAR.

BAÑOS

(6)

BAÑOS COMPLETOS DE LUJO

DE COLOR IMPORTADOS CON

ENCHAPE FINO (MÁRMOL O SI-

MILAR)

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

(7)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINA-

CIÓN ESPECIAL, AGUA CALIENTE Y

FRÍA, INTERCOMUNICADOR, ALAR-

MAS, PARLANTES, ASCENSOR (EQUI-

PO) DESAGÜE POR BOMBEO, GRIFO

CONTRA INCENDIO.

402.15

145.24

161.30

168.64

168.72

58.61

214.38

B

COLUMNAS Y VIGAS DE CON-

CRETO ARMADO Y/O METÁLI-

CAS.

ALIGERADOS O LOSAS DE CON-

CRETO ARMADO INCLINADAS

MÁRMOL NACIONAL O RECONS-

TITUIDO, PARQUET FINO (OLI-

VO, CHONTA O SIMILAR), CERÁ-

MICA IMPORTADA, MADERA

FINA.

ALUMINIO, MADERA FINA

(CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO

ESPECIAL, VIDRIO POLARIZA-

DO.

MÁRMOL NACIONAL, MADERA

FINA (CAOBA O SIMILAR) EN-

CHAPES EN TECHOS.

BAÑOS COMPLETOS IMPORTA-

DOS DE COLOR CON MAYÓLI-

CAS DECORATIVAS.

SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA PO-

TABLE, ASCENSOR (EQUIPO) TELÉFO-

NO, AGUA CALIENTE Y FRÍA.

222.90

122.52

77.83

139.48

123.78

40.11

116.74

C

LADRILLO O SIMILAR CON CO-

LUMNAS Y VIGAS DE AMARRE.

ALIGERADO O LOSAS DE CON-

CRETO ARMADO HORIZONTA-

LES

MADERA FINA MACHIHEMBRA-

DA, TERRAZO

ALUMINIO O MADERA FINA

(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO

POLARIZADO GRIS O SIMILAR.

SUPERFICIE CARAVISTA OBTENI-

DA MEDIANTE ENCOFRADO ES-

PECIAL, ENCHAPE EN TECHOS

BAÑOS COMPLETOS NACIONA-

LES DE COLOR, MAYÓLICA DE

COLOR.

IGUAL AL PUNTO «B» SIN ASCENSOR.

196.15

86.16

62.22

117.29

95.47

33.92

70.38

D

LADRILLO O SIMILAR

CALAMINA METÁLICA FIBROCE-

MENTO SOBRE VIGUERÍA ME-

TÁLICA

PARQUET DE GUAYACÁN, BÁL-

SAMO, LAJAS, CERÁMICA NA-

CIONAL, PEPELMA, LOSETA VE-

NECIANA 40 X 40

VENTANAS DE ALUMINIO,

PUERTAS DE MADERA SELECTA,

VIDRIO TRANSPARENTE.

ENCHAPE DE MADERA O LAMI-

NADOS, PIEDRA O MATERIAL

VITRIFICADO

BAÑOS COMPLETOS NACIONA-

LES BLANCOS CON MAYÓLICA

BLANCA.

AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, CO-

RRIENTE TRIFÁSICA, TELÉFONO.

181.29

68.03

59.13

84.52

93.32

24.96

65.37

E

MADERA

MADERA CON MATERIAL IM-

PERMEABILIZANTE

PARQUET DE 2DA, LOSETA VE-

NECIANA 30 X 30 LAJAS DE

CEMENTO CON CANTO RODA-

DO.

VENTANAS DE FIERRO, PUERTAS

DE MADERA SELECTA (CAOBA O

SIMILAR) VIDRIO TRANSPAREN-

TE.

SUPERFICIE DE LADRILLO CA-

RAVISTA

BAÑOS CON MAYÓLICA BLAN-

CA SIN TINA.

AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, CO-

RRIENTE MONOFÁSICA, TELÉFONO.

109.88

35.10

45.03

50.64

76.11

16.50

45.85

F

ADOBE, TAPIAL O QUINCHA.

CALAMINA METÁLICA FIBROCE-

MENTO O TEJA SOBRE VIGUE-

RÍA DE MADERA CORRIENTE

LOSETA CORRIENTE O TIPO COR-

CHO, CANTO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO, PUERTAS

CONTRAPLACADAS DE MADERA

(CEDRO O SIMILAR) VIDRIO

TRANSPARENTE SEMIDOBLE O

SIMPLE.

TARRAJEO FROTACHADO Y/O

YESO MOLDURADO, PINTURA

LAVABLE.

BAÑOS BLANCOS SIN TINA NI

MAYÓLICA.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA EMPOTRADA.

78.00

26.40

36.02

33.81

50.07

13.35

32.39

G

PIRCADO CON MEZCLA DE BA-

RRO.

MADERA RÚSTICA O CAÑA CON

TORTA DE BARRO.

LOSETA VINÍLICA, CEMENTO

BRUÑADO COLOREADO.

MADERA CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O BA-

RRO, PINTURA AL TEMPLE O

AGUA

SANITARIOS BÁSICOS DE FIE-

RRO FUNDIDO DE GRANITO.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA SIN EMPOTRAR.

62.41

15.84

31.30

20.35

48.38

5.82

19.44

H

SIN TECHO

CEMENTO PULIDO, LADRILLO

CORRIENTE, ENTABLADO CO-

RRIENTE.

RÚSTICAS

PINTADO EN LADRILLO RÚSTI-

CO O SIMILAR.

SIN APARATOS SANITARIOS.

SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA NI SA-

NITARIA

– – – –

0.00

18.05

10.18

19.35

0.00

0.00

I

TIERRA COMPACTADA

SIN PUERTAS NI VENTANAS.

SIN REVESTIMIENTOS EN LA-

DRILLO, ADOBE O SIMILAR.

– – – –

– – – –

3.60

0.00

0.00

– – – –

– – – –

EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN 5% A PARTIR DEL 5 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACIÓN DETERMINADA, SE OBTIENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE CADA UNA DE LAS 7 COLUMNAS DEL CUADRO, DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS

PREDOMINANTES.

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE CUADRO.

ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL TERRITORIO SOBRE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES Y LIMITANDO: AL NORTE, POR LA FRONTERA CON EL ECUADOR; AL SUR, POR LA FRONTERA

CON CHILE; AL OESTE, POR LA LÍNEA DE BAJA MAREA DEL LITORAL; Y AL ESTE POR UNA LÍNEA QUE SIGUE, APROXIMADAMENTE, LA CURVA DEL NIVEL DE 2,000 m.s.n.m.

50

ENERO 2002


LEGISLACIÓN

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES

PARA LA SIERRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

R.M.Nº 604-2001-MTC/15.04 DE FECHA: 21.12.01

A

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS

(1)

ESTRUCTURAS LAMINARES CUR-

VADAS DE CONCRETO ARMADO

QUE INCLUYEN EN UNA SOLA

ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y

TECHO, PARA ESTE CASO NO SE

CONSIDERAN LOS VALORES DE

LA COLUMNA Nº 2.

TECHOS

(2)

LOSAS ALIGERADAS DE CON-

CRETO ARMADO CON LUCES

MAYORES A 6 M., CON SOBRE-

CARGA MAYOR A 300 KG/

CM2.

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA

PISOS

(3)

MÁRMOL IMPORTADO. PORCE-

LANATO

PUERTAS Y VENTANAS

(4)

ALUMINIO PESADO CON PERFI-

LES ESPECIALES, MADERA FINA

ORNAMENTAL (CAOBA, CEDRO

O PINO SELECTO), CRISTALES

ACABADOS

REVESTIMIENTOS

(5)

MÁRMOL IMPORTADO, MADE-

RA FINA (CAOBA O SIMILAR),

BALDOSA ACÚSTICA EN TECHO

O SIMILAR.

BAÑOS

(6)

BAÑOS COMPLETOS DE LUJO

DE COLOR IMPORTADOS CON

ENCHAPE FINO (MÁRMOL O SI-

MILAR)

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

(7)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINA-

CIÓN ESPECIAL, AGUA CALIENTE Y

FRÍA, INTERCOMUNICADOR, ALAR-

MAS, PARLANTES, ASCENSOR (EQUI-

PO) DESAGÜE POR BOMBEO, GRIFO

CONTRA INCENDIO.

484.87

167.30

185.67

178.59

199.21

78.25

226.92

B

COLUMNAS Y VIGAS DE CON-

CRETO ARMADO Y/O METÁLI-

CAS.

ALIGERADOS O LOSAS DE CON-

CRETO ARMADO INCLINADAS

MÁRMOL NACIONAL O RECONS-

TITUIDO, PARQUET FINO (OLI-

VO, CHONTA O SIMILAR), CERÁ-

MICA IMPORTADA, MADERA

FINA.

ALUMINIO, MADERA FINA

(CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO

ESPECIAL, VIDRIO POLARIZA-

DO.

MÁRMOL NACIONAL, MADERA

FINA (CAOBA O SIMILAR) EN-

CHAPES EN TECHOS.

BAÑOS COMPLETOS IMPORTA-

DOS DE COLOR CON MAYÓLI-

CAS DECORATIVAS.

SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA PO-

TABLE, ASCENSOR (EQUIPO), TELÉFO-

NO, AGUA CALIENTE Y FRÍA.

255.67

133.54

91.39

160.87

133.16

45.42

124.06

C

LADRILLO O SIMILAR CON CO-

LUMNAS Y VIGAS DE AMARRE.

ALIGERADOS O LOSAS DE CON-

CRETO ARMADO HORIZONTA-

LES

MADERA FINA MACHIHEMBRA-

DA, TERRAZO

ALUMINIO O MADERA FINA

(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO

POLARIZADO GRIS O SIMILAR.

SUPERFICIE CARAVISTA OBTENI-

DA MEDIANTE ENCOFRADO ES-

PECIAL, ENCHAPE EN TECHOS

BAÑOS COMPLETOS NACIONA-

LES DE COLOR, MAYÓLICA DE

COLOR.

IGUAL AL PUNTO «B» SIN ASCENSOR.

217.65

97.72

73.91

131.12

117.47

36.46

78.85

D

LADRILLO, SILLAR O SIMILAR

CALAMINA METÁLICA FIBROCE-

MENTO SOBRE VIGUERÍA ME-

TÁLICA

PARQUET DE GUAYACÁN, BÁL-

SAMO, LAJAS, CERÁMICA NA-

CIONAL, PEPELMA, LOSETA VE-

NECIANA 40 X 40

VENTANAS DE ALUMINIO,

PUERTAS DE MADERA SELECTA,

VIDRIO TRANSPARENTE.

ENCHAPE DE MADERA O LAMI-

NADOS, PIEDRA O MATERIAL

VITRIFICADO

BAÑOS COMPLETOS NACIONA-

LES BLANCOS, CON MAYÓLICA

BLANCA.

AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, CO-

RRIENTE TRIFÁSICA, TELÉFONO.

209.67

73.33

65.99

93.03

98.23

27.12

75.91

E

MADERA

MADERA CON MATERIAL IM-

PERMEABILIZANTE

PARQUET DE 2DA, LOSETA VE-

NECIANA 30 X 30, LAJAS DE

CEMENTO CON CANTO RODA-

DO.

VENTANAS DE FIERRO, PUERTAS

DE MADERA SELECTA (CAOBA O

SIMILAR), VIDRIO TRANSPA-

RENTE.

SUPERFICIE DE LADRILLO CA-

RAVISTA

BAÑOS CON MAYÓLICA BLAN-

CA SIN TINA.

AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, CO-

RRIENTE MONOFÁSICA, TELÉFONO.

122.26

36.51

51.87

54.37

83.14

20.82

56.24

F

ADOBE, TAPIAL O QUINCHA.

CALAMINA METÁLICA FIBROCE-

MENTO O TEJAS SOBRE VIGUE-

RÍA DE MADERA CORRIENTE

LOSETA CORRIENTE O TIPO COR-

CHO, CANTO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO, PUERTAS

CONTRAPLACADAS DE MADERA

(CEDRO O SIMILAR), VIDRIO

TRANSPARENTE SEMIDOBLE O

SIMPLE.

TARRAJEO FROTACHADO Y/O

YESO MOLDURADO, PINTURA

LAVABLE.

BAÑOS BLANCOS SIN TINA NI

MAYÓLICA.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA EMPOTRADA.

82.65

34.15

34.58

39.05

54.83

14.49

35.72

G

PIRCADO CON MEZCLA DE BA-

RRO.

SIN TECHO

LOSETA VINÍLICA, CEMENTO

BRUÑADO COLOREADO.

MADERA CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O BA-

RRO, PINTURA AL TEMPLE O

AGUA

SANITARIOS BÁSICOS DE FIE-

RRO FUNDIDO DE GRANITO.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA SIN EMPOTRAR.

57.85

0.00

33.52

23.43

46.61

6.26

21.44

H

CEMENTO PULIDO, LADRILLO

CORRIENTE, ENTABLADO CO-

RRIENTE.

RÚSTICAS

PINTADO EN LADRILLO RÚSTI-

CO O SIMILAR.

SIN APARATOS SANITARIOS.

SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA NI SA-

NITARIA

– – – –

– – – –

22.14

11.71

18.64

0.00

0.00

I

TIERRA COMPACTADA

SIN PUERTAS NI VENTANAS.

SIN REVESTIMIENTOS EN LA-

DRILLO, ADOBE O SIMILAR.

– – – –

– – – –

4.43

0.00

0.00

– – – –

– – – –

EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN 5% A PARTIR DEL 5 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACIÓN DETERMINADA, SE OBTIENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE CADA UNA DE LAS 7 COLUMNAS DEL CUADRO, DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES.

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE CUADRO.

ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA FAJA LONGITUDINAL DEL TERRITORIO LIMITADA, AL NORTE POR LA FRONTERA CON ECUADOR, AL SUR POR LA FRONTERA CON CHILE Y BOLIVIA, AL OESTE POR LA CURVA DEL NIVEL 2000

m.s.n.m. QUE LA SEPARA DE LA COSTA ESTE, POR UNA CURVA DE NIVEL QUE LA SEPARA DE LA SELVA, QUE PARTIENDO DE LA FRONTERA CON EL ECUADOR, CONTINÚA HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RÍO NOVA, AFLUENTE DEL SAN

ALEJANDRO, EN DONDE ASCIENDE HASTA LA COTA 2000 Y CONTINÚA POR ESTA HACIA EL SUR HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RÍO SANABENI, AFLUENTE DEL ENE, DE ESTE PUNTO BAJA HASTA LA COTA 1500 Y CONTINÚA HASTA

LA FRONTERA CON BOLIVIA

ENERO 2002 51


LEGISLACIÓN

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES

PARA LA SELVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

R.M.Nº 604-2001-MTC/15.04 DE FECHA: 21.12.01

A

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS

(1)

ESTRUCTURAS LAMINARES CUR-

VADAS DE CONCRETO ARMADO

QUE INCLUYEN EN UNA SOLA

ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y

TECHO, PARA ESTE CASO NO SE

CONSIDERAN LOS VALORES DE

LA COLUMNA Nº 2.

TECHOS

(2)

LOSAS O ALIGERADAS DE CON-

CRETO ARMADO CON LUCES

MAYORES DE 6 M., CON SO-

BRECARGA MAYOR A 300 KG/

CM2.

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA

PISOS

(3)

MÁRMOL IMPORTADO. PORCE-

LANATO

PUERTAS Y VENTANAS

(4)

ALUMINIO PESADO CON PERFI-

LES ESPECIALES, MADERA FINA

ORNAMENTAL (CAOBA, CEDRO

O PINO SELECTO), CRISTALES

ACABADOS

REVESTIMIENTOS

(5)

MÁRMOL IMPORTADO, MADE-

RA FINA (CAOBA O SIMILAR),

BALDOSA ACÚSTICA EN TECHO

O SIMILAR.

BAÑOS

(6)

BAÑOS COMPLETOS DE LUJO

DE COLOR IMPORTADO CON

ENCHAPE FINO (MÁRMOL O SI-

MILAR)

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

(7)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINA-

CIÓN ESPECIAL, AGUA CALIENTE Y

FRÍA, INTERCOMUNICADOR, ALAR-

MAS, PARLANTES, ASCENSOR (EQUI-

PO) DESAGÜE POR BOMBEO, GRIFO

CONTRA INCENDIO.

562.39

170.29

186.77

197.00

196.67

81.96

277.34

B

COLUMNAS Y VIGAS DE CON-

CRETO ARMADO Y/O METÁLI-

CAS.

ALIGERADOS O LOSAS DE CON-

CRETO ARMADO

MÁRMOL NACIONAL O RECONS-

TITUIDO, PARQUET FINO (OLI-

VO, CHONTA O SIMILAR), CERÁ-

MICA IMPORTADA, MADERA

FINA.

ALUMINIO, MADERA FINA

(CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO

ESPECIAL, VIDRIO POLARIZA-

DO.

MÁRMOL NACIONAL, MADERA

FINA (CAOBA O SIMILAR), EN-

CHAPES EN TECHOS.

BAÑOS COMPLETOS IMPORTA-

DOS DE COLOR CON MAYÓLI-

CAS DECORATIVAS.

SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA PO-

TABLE, ASCENSOR (EQUIPO), TELÉFO-

NO, AGUA CALIENTE Y FRÍA.

292.09

127.51

95.74

156.74

129.50

51.94

150.46

C

LADRILLO O SIMILAR CON CO-

LUMNAS Y VIGAS DE AMARRE.

CALAMINA METÁLICA, FIBRO-

CEMENTO SOBRE VIGUERÍA

METÁLICA

MADERA FINA MACHIHEMBRA-

DA, TERRAZO

ALUMINIO O MADERA FINA

(CAOBA O SIMILAR), VIDRIO

POLARIZADO GRIS O SIMILAR.

SUPERFICIE CARAVISTA OBTENI-

DA MEDIANTE ENCOFRADO ES-

PECIAL, ENCHAPE EN TECHOS

BAÑOS COMPLETOS NACIONA-

LES DE COLOR, MAYÓLICA DE

COLOR.

IGUAL AL PUNTO «B» SIN ASCENSOR.

241.37

98.12

68.52

117.07

115.83

37.59

92.02

D

MADERA SELECTA TRATADA SOBRE

PILOTAJE DE MADERA CON BASE DE

CONCRETO CON MUROS DE MADE-

RA CONTRAPLACADA O SIMILAR

MADERA SELECTA TRATADA

CON MATERIAL IMPERMEABILI-

ZANTE

PARQUET DE GUAYACÁN, BÁL-

SAMO, LAJAS, CERÁMICA NA-

CIONAL, PEPELMA, LOSETA VE-

NECIANA 40 X 40

VENTANAS DE ALUMINIO,

PUERTAS DE MADERA SELECTA,

VIDRIO TRANSPARENTE.

ENCHAPE DE MADERA O LAMI-

NADOS, PIEDRA O MATERIAL

VITRIFICADO

BAÑOS COMPLETOS NACIONA-

LES BLANCOS CON MAYÓLICA

BLANCA.

AGUA FRÍA, CORRIENTE TRIFÁSICA,

TELÉFONO.

213.03

71.50

66.89

91.94

112.60

28.19

76.07

E

LADRILLO O SIMILAR

CALAMINA METÁLICA FIBROCE-

MENTO O TEJAS SOBRE TIJERA-

LES DE MADERA CORRIENTE

PARQUET DE 2DA, LOSETA VE-

NECIANA 30 X 30, LAJAS DE

CEMENTO CON CANTO RODA-

DO.

VENTANAS DE FIERRO, PUERTAS

DE MADERA SELECTA (CAOBA O

SIMILAR), VIDRIO TRANSPA-

RENTE.

SUPERFICIE DE LADRILLO CA-

RAVISTA

BAÑOS CON MAYÓLICA BLAN-

CA SIN TINA.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA, TELÉFONO.

117.91

34.26

50.01

67.16

85.28

21.35

61.29

F

MADERA TRATADA SELECTA CON

BASE DE CONCRETO CON MU-

ROS DE MADERA TIPO CONTRA-

PLACADA O SIMILAR

TECHOS DE PALMAS (CRISNE-

JAS)

LOSETA CORRIENTE O TIPO COR-

CHO, CANTO RODADO.

VENTANAS DE FIERRO, PUERTAS

CONTRAPLACADAS DE MADERA

(CEDRO O SIMILAR), VIDRIO

TRANSPARENTE SEMIDOBLE O

SIMPLE.

TARRAJEO FROTACHADO Y/O

YESO MOLDURADO, PINTURA

LAVABLE O BARNIZADA SOBRE

MADERA

BAÑOS BLANCOS SIN TINA NI

MAYÓLICA.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA EMPOTRADA.

104.10

26.82

40.19

52.51

57.38

16.98

36.18

G

MADERA CORRIENTE

SIN TECHO.

CEMENTO BRUÑADO, COLOREA-

DO.

MADERA CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O BA-

RRO, PINTURA AL TEMPLE O

AGUA

SANITARIOS BÁSICOS DE FIE-

RRO FUNDIDO DE GRANITO.

AGUA FRÍA, CORRIENTE MONOFÁSI-

CA SIN EMPOTRAR.

72.86

0.00

33.47

40.60

48.27

7.64

21.72

H

ADOBE O SIMILAR

CEMENTO PULIDO, LADRILLO

CORRIENTE, ENTABLADO CO-

RRIENTE.

RÚSTICAS

PINTADO EN LADRILLO RÚSTI-

CO O SIMILAR.

SIN APARATOS SANITARIOS.

SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA NI SA-

NITARIA

69.22

– – – –

22.78

16.24

19.31

0.00

0.00

I

MADERA RÚSTICA

TIERRA COMPACTADA

SIN PUERTAS NI VENTANAS.

SIN REVESTIMIENTOS EN LA-

DRILLO, ADOBE O SIMILAR.

29.15

– – – –

4.56

0.00

0.00

– – – –

– – – –

J

CAÑA GUAYAQUIL, PONA O PIN-

TOC.

SIN ACABADOS

11.66

– – – –

0.00

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN 5% A PARTIR DEL 5 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACIÓN DETERMINADA, SE OBTIENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE CADA UNA DE LAS 7 COLUMNAS DEL CUADRO, DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES.

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE CUADRO.

ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LOS LÍMITES CON EL ECUADOR, COLOMBIA, BRASIL, BOLIVIA, Y LA CURVA DE NIVEL DE 1500 m.s.n.m. DE LA VERTIENTE ORIENTAL DE LOS ANDES QUE PARTIENDO DE LA FRONTERA CON EL ECUADOR CONTINÚA HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RÍO NOVA,

AFLUENTE DEL SAN ALEJANDRO, EN DONDE ASCIENDE HASTA LA COTA 2000 CONTINÚA POR ESTA HACIA EL SUR HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RÍO SANABENI AFLUENTE DEL ENE, DE ESTE PUNTO BAJA HASTA LA COTA 1500 POR LA QUE CONTINÚA HASTA LA FRONTERA CON BOLIVIA.

52

ENERO 2002


LEGISLACIÓN

cas de importación y otros documentos emitidos por ADUANAS, así

como el documento de atribución correspondiente, que respalden

las adquisiciones del mes materia del beneficio.

La SUNAT podrá requerir que la información mencionada en el

párrafo anterior sea presentada en medio magnético, para lo cual

pondrá a disposición del contribuyente el formato e instructivo que

corresponda.

c) Poner a disposición de la Entidad, en forma inmediata y en el

lugar que ésta señale, los comprobantes de pago, notas de débito

y notas de crédito, declaraciones únicas de importación y demás

documentos emitidos por ADUANAS, así como el documento de

atribución correspondiente, relacionados a las adquisiciones materia

del beneficio, del período por el cual ha informado a la SUNAT;

así como cualquier información adicional que fuera necesaria para

que la referida Entidad cumpla con lo dispuesto por el Artículo 2°

del Reglamento del Régimen.

Asimismo, el operador deberá proporcionar las copias que la Entidad

considere necesarias de la información antes mencionada.

En caso de incumplir con las obligaciones antes mencionadas, las

solicitudes de devolución presentadas por los participantes vinculadas

con los períodos a ser informados por el operador, serán

denegadas sin perjuicio que el sujeto del beneficio pueda volver a

formular una nueva solicitud.

REMISIÓN DE INFORMACIÓN POR SUNAT

Artículo 6°.- La SUNAT remitirá a la Entidad mensualmente en

medio magnético, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a

la fecha de presentación de la información proporcionada por el

operador, el detalle de las adquisiciones que han sido materia del

beneficio, a fin de que ésta cumpla con lo dispuesto en el Artículo

7°.

REMISIÓN DE INFORMACIÓN POR LA ENTIDAD

Artículo 7°.- La Entidad deberá informar mensualmente a la

SUNAT de los montos proporcionados por el operador que corresponden

a las adquisiciones materia del Régimen.

Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, la Entidad

deberá remitir a SUNAT, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes

a la fecha de recepción del medio magnético, la siguiente

información:

a) Monto mensual por el que procede la devolución.

b) Monto mensual por el que no procede la devolución, adjuntando

la relación detallada de los documentos comprendidos en dicho

monto, indicando el motivo de la improcedencia de cada uno de

los documentos.

Dicha información deberá ser proporcionada en medio magnético,

para lo cual la SUNAT pondrá a su disposición el formato e instructivo

que corresponda.

COMPENSACIÓN DE DEUDA EXIGIBLE

Artículo 8°.- En caso que el solicitante tuviera deudas tributarias

exigibles, la SUNAT podrá retener la totalidad o parte de las Notas

de Crédito Negociables a efectos de cancelar las referidas deudas.

MONTOS DEVUELTOS INDEBIDAMENTE

Artículo 9°.- En caso de determinarse la existencia de montos

devueltos indebidamente por aplicación del Régimen, éstos serán

considerados en la determinación de los montos a devolver, correspondientes

a solicitudes de devolución de períodos siguientes.

Artículo 10°.- Los participantes serán pasibles de las sanciones

correspondientes por los montos devueltos en exceso.

VIGENCIA

Artículo 11°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día

siguiente de su publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única.- Tratándose de solicitudes de devolución correspondientes

a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente

Resolución de Superintendencia, deberá tenerse en cuenta

lo siguiente:

a) El operador tendrá un plazo excepcional de quince (15) días

hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente norma,

para remitir la información señalada en el inciso b) del Artículo 5°

correspondiente a todos los períodos anteriores a la vigencia de la

presente Resolución.

b) La Entidad dispondrá de un plazo de veinte (20) días hábiles

computados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el

Artículo 6°, para informar a la SUNAT si los montos solicitados

corresponden a las adquisiciones materia del Régimen.

c) La emisión y entrega de las Notas de Crédito Negociables por

SUNAT se efectuará en un plazo de treinta (30) días hábiles computados

a partir del vencimiento del plazo señalado en el Artículo

6° previa fiscalización.

DISPOSICIONES FINALES

Única.- Deróguese la Resolución de Superintendencia Nº 112-97/

SUNAT y normas modificatorias, así como toda otra norma que se

oponga a lo dispuesto en la presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO

Superintendente Nacional

LEY QUE PRORROGA LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN

LA OCTAVA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES (28.12.2001 – 214522)

LEY Nº 27610

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo único.- Modifica la octava disposición transitoria de la

Ley General de Sociedades

Modifícase la octava disposición transitoria de la Ley General de

Sociedades, aprobada por Ley Nº 26887, en los términos siguientes:

«Octava.- Artículos suspendidos

Quedan en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2003 los efectos

de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 176°, en el

Artículo 220° y en el inciso 4) del Artículo 407° de esta Ley».

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los seis días del mes de diciembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del

mes de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA

Presidente del Consejo de Ministros

LEY QUE DEROGA LA LEY Nº 27502, LEY QUE ESTA-

BLECE FACILIDADES PARA LA IMPORTACIÓN DE VE-

HÍCULOS NUEVOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE TERRES-

TRE DE PASAJEROS (29.12.2001 – 214573)

LEY Nº 27612

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

Artículo único.- Derogatoria de la Ley Nº 27502

Derógase la Ley Nº 27502, Ley que establece facilidades para la

importación de vehículos nuevos destinados a la prestación de servicios

públicos de transporte terrestre de pasajeros.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCIA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del

mes de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

LEY QUE PRORROGA EL PLAZO DE LA EXONERACIÓN

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 7°, MODIFICA PARTI-

DAS ARANCELARIAS DEL APÉNDICE I Y EL NUMERAL

4) DEL APÉNDICE II DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO

DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, APROBADO

POR DECRETO SUPREMO N° 055-99-EF (29.12.2001

– 214574)

LEY N° 27614

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

ENERO 2002 53


LEGISLACIÓN

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la

Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- Modificación del Artículo 7° del TUO de la

Ley de IGV e ISC

Modifícase el primer párrafo del Artículo 7° del Texto Único Ordenado

de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo

al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF,

modificado por la Ley Nº 27384, en los términos siguientes:

“Artículo 7°.- Vigencia y renuncia a la exoneración

Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II tendrán vigencia

hasta el 31 de diciembre de 2002. Los contribuyentes que realicen

las operaciones comprendidas en el Apéndice I podrán renunciar

a la exoneración optando por pagar el impuesto por el total de dichas

operaciones, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

(...)”.

Artículo 2°.- Modificación de partidas arancelarias del

Apéndice I del TUO de la Ley de IGV e ISC

Elimínase del Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,

modificado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la partida arancelaria

Nº 5201.00.00 10/5201.00.00.90: sólo algodón en rama

sin desmotar(*).

Los bienes contenidos en el literal A) del Apéndice I del Texto Único

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto

Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-

EF, estarán exonerados del Impuesto General a las Ventas sólo por

la venta en el país, con la excepción de las siguientes partidas

arancelarias, que estarán exoneradas del Impuesto General a las

Ventas por la importación y la venta en el país:

0511.10.00.00 Semen de bovino. (1)

1001.10.10.00 Trigo duro para la siembra.

1002.00.10.00 Centeno para la siembra.

1003.00.10.00 Cebada para la siembra.

1004.00.10.00 Avena para la siembra.

1005.10.00.00 Maíz para la siembra.

1006.10.10.00 Arroz con cáscara para la siembra.

1007.00.10.00 Sorgo para la siembra.

1008.20.10.00 Mijo para la siembra.

1008.90.10.10 Quinua (chenopodium quinoa) para la siembra.

1201.00.10.00/ Las demás semillas y frutos oleaginosos,

1209.99.90.00 semillas para la siembra.

4901.10.00.00/ Libros para instituciones educativas, así

4901.99.00.00 como publicaciones culturales.

4903.00.00.00

7108.11.00.00 Oro para uso no monetario en polvo.

7108.12.00.00 Oro para uso no monetario en bruto.

8703.10.00.00/ Un vehículo automóvil usado de por lo

8703.90.00.90 menos un año de antigüedad y de no más

de dos mil centímetros cúbicos (2.000 c.c.)

de cilindrada, importado de conformidad

con el Decreto Ley Nº 26117.

8703.10.00.00/ Sólo vehículo automóvil para transporte

8703.90.00.90 de personas, importado al amparo de la

Ley Nº 26983 y normas reglamentarias.

Artículo 3°.- Modificación del numeral 4) del Apéndice II

del TUO de la Ley de IGV e ISC

Modifícase el numeral 4) del Apéndice II del Texto Único Ordenado

de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo

al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, con el

texto siguiente:

“4. Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música

clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados

como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de

Cultura, así como los espectáculos taurinos”.

Artículo 4°.- Norma derogatoria

Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las disposiciones

que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCIA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del

mes de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

LEY QUE MODIFICA LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL INCI-

SO A) Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 56° DEL TEXTO

ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA

RENTA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°

054-99-EF (29.12.2001 – 214575)

LEY N° 27615

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la

Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- Modificación de los numerales 3 y 4 del

inciso a) del Artículo 56° del Texto Único Ordenado de la

Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo

Nº 054-99-EF

Modifícanse los numerales 3 y 4 del inciso a) del Artículo 56° del

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado

por Decreto Supremo Nº 054-99-EF, por el siguiente texto:

“3) Que se trate de un crédito concedido por una institución financiera

considerada apta por el Banco Central de Reserva del Perú.

4) Que la intervención de la institución financiera no tenga como

propósito evitar una operación entre empresas vinculadas económicamente

u obtener la tasa prevista en el presente inciso”.

Artículo 2°.- Modificación del inciso e) del Artículo 56°

del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la

Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF

Modifícase el inciso e) del Artículo 56° del Texto Único Ordenado

de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo

Nº 054-99-EF, con el texto siguiente:

Artículo 56°.- Tasa aplicable a personas jurídicas no domiciliadas

(...)

e) Otras rentas, inclusive los intereses derivados de créditos externos

que no cumplan con el requisito establecido en el numeral 1

del inciso a) o en la parte que excedan de la tasa máxima establecida

en el numeral 2 del mismo inciso; los intereses que abonen al

exterior las empresas privadas del país por créditos concedidos

por una empresa del exterior con la cual se encuentre vinculada

económicamente o por un tercero cuya finalidad en la operación

es encubrir una operación de crédito entre empresas vinculadas,

con excepción de lo dispuesto en el inciso b); así como los intereses

por créditos provenientes de países o territorios de baja o nula

imposición: treinta por ciento (30%).

Se entiende que no existe una operación de crédito encubierta

entre empresas vinculadas cuando el deudor domiciliado en el país

pueda demostrar que la participación del tercero en la operación

de crédito responde a una actividad real de financiamiento otorgado

por dicho tercero a favor del deudor. Para tal efecto, el deudor

presentará una declaración jurada y la administración tributaria

procederá a la evaluación de la misma, así como de todos los hechos

y circunstancias relativas a la operación de crédito entre ellos,

el tiempo de duración de la operación, la capacidad económica del

tercero y el giro del negocio desarrollado por el tercero. (*)

La autoridad tributaria calificará como «operación de crédito encubierta

entre empresas vinculadas» por cada tercero que intervenga

en la operación de crédito».

Artículo 3°.- Derogatoria de normas

Derógase toda norma legal que se oponga a lo dispuesto en la

presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del Congreso

de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del

mes de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

LEY QUE RESTITUYE RECURSOS A LOS GOBIERNOS

LOCALES (29.12.2001 – 214576)

LEY Nº 27616

––––

(*) Según Fe de Erratas publicado el 6 enero de 2002.

54

ENERO 2002


LEGISLACIÓN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la

República ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE,

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- Modifica artículos de la Ley de Tributación

Municipal

Modifícanse los siguientes artículos de la Ley de Tributación Municipal,

aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, en el siguiente

sentido:

«Artículo 7°.- Los Registradores y Notarios Públicos deberán requerir

que se acredite el pago de los impuestos señalados en los

incisos a), b) y c) a que alude el artículo precedente, en los casos

que se transfieran los bienes gravados con dichos impuestos, para

la inscripción o formalización de actos jurídicos.

Artículo 17°.- Están inafectos al pago del impuesto los predios

de propiedad de:

a) El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales;

excepto los predios que hayan sido entregados en concesión al

amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado

de las normas con rango de ley que regulan la entrega en

concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura

y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y

reglamentarias, incluyendo las construcciones efectuadas por los

concesionarios sobre los mismos, durante el tiempo de vigencia

del contrato.

b) Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre

que el predio se destine a residencia de sus representantes

diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de sus

embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad

de los organismos internacionales reconocidos por el Gobierno

que les sirvan de sede.

c) Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus

fines específicos y no se efectúe actividad comercial en ellos.

d) Las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos,

conventos, monasterios y museos.

e) Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos

asistenciales.

f) El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine

a sus fines específicos.

g) Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con

excepción de las extensiones cedidas a terceros para su explotación

económica.

h) Las universidades y centros educativos, debidamente reconocidos,

respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas

y culturales, conforme a la Constitución.

i) Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al

aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones

forestales.

j) Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas

como: partidos, movimientos o alianzas políticas, reconocidos

por el órgano electoral correspondiente.

k) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de

personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS.

l) Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales,

debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción

Social, siempre y cuando los predios se destinen a los fines

específicos de la organización.

Asimismo, se encuentran inafectos al impuesto los predios que

hayan sido declarados monumentos integrantes del patrimonio

cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, siempre

que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de

instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declarados

inhabitables por la Municipalidad respectiva.

En los casos señalados en los incisos c), d), e), f) y h), el uso parcial

o total del inmueble con fines lucrativos, que produzcan rentas o

no relacionados a los fines propios de las instituciones beneficiadas,

significará la pérdida de la inafectación.

Artículo 25°.- La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo

exclusivo del comprador, sin admitir pacto en contrario.

Artículo 29°.- El impuesto constituye renta de las Municipalidades

en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia

de transferencia.

En el caso de Municipalidades Provinciales que tengan constituidos

Fondos de Inversión Municipal, éstas serán las acreedoras del impuesto

y transferirán, bajo responsabilidad del titular de la entidad

y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último día

del mes que se recibe el pago, el 50% del impuesto a la Municipalidad

Distrital donde se ubique el inmueble materia de transferencia

y el 50% restante al Fondo de Inversión que corresponda.

Artículo 30°.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad

anual, grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas,

station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una

antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará

a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad

Vehicular.

Artículo 30°A.- La administración del impuesto corresponde a

las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio

el propietario del vehículo. El rendimiento del impuesto constituye

renta de la Municipalidad Provincial.

Artículo 37°.- Se encuentran inafectos al pago del impuesto la

propiedad vehicular de las siguientes entidades:

(...)

g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de

tres (3) años de propiedad de las personas jurídicas o naturales,

debidamente autorizados por la autoridad competente para prestar

servicio de transporte público masivo. La inafectación permanecerá

vigente por el tiempo de duración de la autorización correspondiente.

Artículo 41°.- El impuesto es de periodicidad mensual y se calcula

sobre la diferencia resultante entre el ingreso percibido en un

mes por concepto de apuestas y el monto total de los premios

efectivamente pagados en el mismo mes a las personas que han

realizado apuestas.

Artículo 54°.- Créase un impuesto a los espectáculos públicos no

deportivos que grava el monto que se abona por concepto de ingreso

a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques

cerrados con excepción de los espectáculos culturales debidamente

calificados por el Instituto Nacional de Cultura.

La obligación tributaria se origina al momento del pago del derecho

a presenciar el espectáculo.

Artículo 57°.- El impuesto se aplicará con las siguientes tasas:

a) Espectáculos Taurinos: 15%

b) Carreras de caballos: 15%

c) Espectáculos cinematográficos: 10%

d) Otros espectáculos: 15%

Artículo 68°.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes

tasas:

(...)

e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo

aquél que preste el servicio público de transporte en la jurisdicción

de la Municipalidad Provincial, para la gestión del sistema de tránsito

urbano.

f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice

actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario,

siempre que medie la autorización prevista en el Artículo 67°.

Artículo 86°.- El Fondo de Compensación Municipal a que alude

el inciso 4 del Artículo 193° de la Constitución Política del Perú, se

constituye con los siguientes recursos:

a) El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal.

b) El rendimiento del Impuesto al Rodaje.

c) El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.

d) El porcentaje del 25% correspondiente al Impuesto a las Apuestas.

Artículo 89°.- Los recursos mensuales que perciban las municipalidades

por concepto del Fondo de Compensación Municipal no podrán

ser inferiores al monto equivalente a 8 (ocho) Unidades

Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de aprobación de la Ley

de Presupuesto del Sector Público de cada año. La distribución del

monto mínimo será de aplicación a las transferencias que por dicho

concepto se efectúen a partir del mes de febrero de cada año, en

base a la recaudación correspondiente al mes anterior.

Artículo 2°.- Deroga el inciso b) del Artículo 18° del Decreto

Legislativo Nº 776

Derógase el inciso b) del Artículo 18° del Decreto Legislativo Nº

776.

Artículo 3°.- Modificación de los Artículo 40°, 41°, 42°

y 43° de la Ley Nº 27153

Modifícase la Ley Nº 27153, en sus Artículos 40°, 41°, 42° y 43°,

con la siguiente redacción:

Artículo 40°.- Plazo y lugar para el pago del Impuesto

El Impuesto a los Juegos de Casino y el Impuesto a los Juegos

Tragamonedas deberán cancelarse dentro de los primeros doce (12)

días hábiles del mes siguiente que corresponda, en aquellas entidades

del sistema financiero con las que el órgano encargado de la

recaudación celebre convenios.

Artículo 41°.- Administración del Impuesto

41.1 La Superintendencia de Administración Tributaria-SUNAT constituye

el órgano administrador del Impuesto a los Juegos de Casino.

La Municipalidad Provincial, en cuya jurisdicción se ubique el establecimiento

donde se exploten máquinas tragamonedas, constituye

el órgano administrador del Impuesto a los Juegos

Tragamonedas.

Cualquiera de estos órganos administradores puede delegar las

facultades que les corresponden a través de los convenios que celebren

para tal efecto.

41.2 Sin perjuicio de la fiscalización directa que efectúen los órganos

administradores, el sujeto pasivo del Impuesto presentará

mensualmente ante dichas entidades una declaración jurada, en

la que consignará el monto total de los ingresos y comisiones diarias

percibidas en el mes por cada mesa de juegos de casino o

máquinas tragamonedas que explote, así como el total de premios

otorgados, adjuntando el recibo de pago del Impuesto. Dicha obligación

deberá cumplirse dentro de los primeros doce (12) días

hábiles del mes siguiente que corresponda pagar el impuesto.

41.2 En caso de omisión o atraso en el pago, dicho monto estará

sujeto a los intereses establecidos en el Código Tributario.

Artículo 42°.- Destino de los ingresos generados por el

Impuesto a los Juegos de Casino

Los Ingresos provenientes del Impuesto a los Juegos de Casino

establecido en la presente Ley, luego de la aplicación del porcentaje

que le corresponde a la SUNAT de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 12° del Decreto Legislativo Nº 501 y modificatorias,

se distribuirán de la siguiente manera:

a. 30% (treinta por ciento) constituyen ingresos directamente recaudados

para las Municipalidades Provinciales en las que se ubiquen

establecimientos donde se explote los juegos de casino.

b. 30% (treinta por ciento) constituyen ingresos directamente recaudados

para las Municipalidades Distritales en las que se ubiquen

establecimientos donde se explote los juegos de casino, los

mismos que deben ser destinados exclusivamente a la ejecución

de inversiones en obras de infraestructura.

c. 18% (dieciocho por ciento) constituyen ingresos directamente

recaudados por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y

Negociaciones Comerciales Internacionales, los mismos que deben

ser destinados exclusivamente a las tareas de control y fiscalización

de los juegos de casino.

d. 20% (veinte por ciento) constituyen ingresos para el Tesoro Público.

e. 2% (dos por ciento) constituyen ingresos del Instituto Peruano

ENERO 2002 55


LEGISLACIÓN

del Deporte (IPD).

Artículo 43°.- Destino de los ingresos generados por el

Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas

Los Ingresos provenientes del Impuesto a los Juegos de Máquinas

tragamonedas establecido en la presente Ley se distribuirán de la

siguiente manera:

a. 30% (treinta por ciento) constituye ingresos directamente recaudados

para las Municipalidades Provinciales en las que se ubiquen

establecimientos donde se exploten máquinas tragamonedas.

b. 30% (treinta por ciento) constituyen ingresos directamente recaudados

para las Municipalidades Distritales en las que se ubiquen establecimientos

donde se exploten máquinas tragamonedas, los mismos

que deben ser destinados exclusivamente a la ejecución de inversiones

en obras de infraestructura.

c. 8% (ocho por ciento) constituyen ingresos directamente recaudados

por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones

Comerciales Internacionales, los mismos que deben ser destinados

exclusivamente a las tareas de control y fiscalización de los juegos

de máquinas tragamonedas.

d. 28% (veintiocho por ciento) para el Tesoro Público.

e. 4% (cuatro por ciento) para el Instituto Peruano del Deporte (IPD)».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- La utilización de todos los recursos asignados que

constituyen rentas de las Municipalidades provenientes del

FONCOMUN, estarán sujetos a rendición de cuenta, la misma que

se realizará en acto público con participación vecinal y anualmente.

SEGUNDA.- Los Concejos Municipales Provinciales y Distritales, a

partir del año 2003, deberán aprobar su Plan Integral de Desarrollo.

Los recursos del Fondo de Compensación Municipal-FONCOMUN

que perciban se utilizarán para la implementación de dicho plan.

TERCERA.- La presente Ley entra en vigencia el 1 de enero de

2002.

CUARTA.- Deróganse o modifícanse las disposiciones que se opongan

a la presente Ley o limiten su aplicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su

promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del

mes de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

DETERMINAN EL VALOR DE LA UNIDAD IMPOSITIVA

TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2002 EN S/. 3,100

(29.12.2001 – 214777)

DECRETO SUPREMO

Nº 241-2001-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del

Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor

de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias,

entre otros;

Que asimismo, dispone que el valor de la UIT será determinado

mediante Decreto Supremo, considerando los supuestos

macroeconómicos;

Al amparo de lo dispuesto en la Norma XV del Título Preliminar del

Código Tributario;

DECRETA:

Artículo 1°.- A partir del 1 de enero del año 2002, el valor de la

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en

normas tributarias, es de Tres Mil Cien Nuevos Soles (S/. 3,100).

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por

el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del

mes de diciembre del año dos mil uno.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas

ESTABLECEN CRONOGRAMA PARA LA DECLARACIÓN

Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CORRES-

PONDIENTES AL AÑO 2002 (29.12.2001 – 214804)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Nº 144-2001/SUNAT (*)

Lima, 28 de diciembre de 2001

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer el cronograma de cumplimiento de las

obligaciones tributarias correspondientes a los deudores tributarios,

para los períodos de enero a diciembre del año 2002, incluyendo

a los que estén afectos al Impuesto a los Juegos de Casino y

Máquinas Tragamonedas, así como aquellos que se encuentran

comprendidos en el Régimen Único Simplificado, y a los que tengan

que efectuar las aportaciones al Seguro Social de Salud-

ESSALUD y a la Oficina de Normalización Previsional-ONP;

Que asimismo, se requiere fijar el cronograma para que los deudores

tributarios afectos al Impuesto Selectivo al Consumo cumplan

con presentar los formularios correspondientes y cancelar los

pagos a cuenta semanales durante el año 2002;

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 29° del Texto

Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo

Nº 135-99-EF y modificatorias, el Artículo 12° del Texto

Único Ordenado de la Ley del Régimen Único Simplificado, aprobado

por Decreto Supremo Nº 057-99-EF, el Artículo 30° del Texto

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e

Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo

Nº 055-99-EF y modificatorias y el Artículo 18° de la Resolución

de Superintendencia Nº 080-99/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Los deudores tributarios, incluyendo a los comprendidos

en el Régimen Único Simplificado, cumplirán con realizar el

pago de los tributos de liquidación mensual, cuotas, anticipos, o

pagos a cuenta mensuales, tributos retenidos o percibidos, así como

con presentar las declaraciones relativas a tributos a su cargo, administrados

y/o recaudados por la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria-SUNAT, correspondientes a los períodos

tributarios de enero a diciembre del año 2002, de acuerdo con el

cronograma detallado en el Anexo 1.

Artículo 2°.- Los deudores tributarios afectos al Impuesto Selectivo

al Consumo cumplirán con presentar los formularios correspondientes

y cancelar los pagos a cuenta semanales según el cronograma

detallado en el Anexo 2 de la presente resolución. Para efectos de la

regularización mensual, se deberá tener en cuenta el cronograma a

que se refiere el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO

Superintendente Nacional

LEY QUE PRORROGA LOS PLAZOS Y BENEFICIOS ES-

TABLECIDOS EN LALEY Nº 27037 Y EL REINTEGRO

TRIBUTARIO (05.01.2002 – 215097)

LEY Nº 27620

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1°.- Objeto de la ley

Amplíase hasta el 31 de diciembre del año 2002 todos los plazos y

beneficios establecidos en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la

Inversión en la Amazonía, que vencen el 31 de diciembre del año 2001.

Artículo 2°.- Reintegro tributario

2.1 Se m