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REVISTA OFICIAL DE APPCU / NOVIEMBRE 2019

Editorial

Hacia el desarrollo

POR ANÍBAL DURÁN

AÑO 24

181

DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN AL PROMOTOR

DR. IGNACIO DURÁN

Resoluciones del Poder Judicial en Lavado de Activos

ESC. STEFANIE CASTELLANO

DRA. GIOVANNA LORENZI

El régimen aplicable al corretaje inmobiliario

DRA.VICTORIA NOTARI

DRA.FLORENCIA TARRECH

Ley de Inclusión Financiera y su aplicación

en el sector de la construcción

Economía

DOS MEDIDAS QUE DEBERÍA ASUMIR

EL NUEVO GOBIERNO, ESCRIBEN:

EC. MARIA DOLORES BENAVENTE

EC. JAVIER DE HAEDO


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EDITORIAL

Hacia el desarrollo

Los países bien dirigidos y consecuentemente mejor preparados, afrontan con

otra perspectiva las situaciones adversas que suceden.

Es valor entendido, que la etapa de desarrollo de un país determinado, no equivale

estrictamente a los productos de ese desarrollo (por ejemplo, la tecnología

avanzada), sino a una condición previa: una actitud de seriedad, de responsabilidad,

de conductas probas, socialmente compartida.

Si el mundo industrializado supo diseminar las computadoras, es porque previamente

desarrolló el hábito de archivar minuciosamente sus datos en carpetas, en

bibliotecas.

Los anglosajones priorizaron algo sencillo y banal, como ser puntuales y ordenados.

Sin duda la clave del desarrollo al que tanto aspiramos, no consiste en cambiar

nuestra maquinaria, sino en cambiar nuestra conducta producto de una mente

anquilosada.

Viene a cuento otra distinción. Desarrollo y riqueza.

Un país que crece por el alto precio de sus materias primas (nos pasó) o las bajas

tasas de interés, es desarrollado?

De ninguna manera

Un país es rico, cuando obtiene altos precios por sus bienes. Esto puede depender

de circunstancias coyunturales (por ejemplo, la posesión de petróleo). Kuwait tal

vez sea rico; ¿pero es desarrollado?

Corea del Sur, seguramente sea menos rico que Kuwait, pero es desarrollado,

no porque posea bienes altamente cotizados en el mercado internacional, sino

porque ha puesto en marcha un proceso que le permite explotar al máximo sus

propias posibilidades humanas y naturales. Como los países nórdicos o Nueva

Zelanda .

Obviamente el país que comienza a desarrollarse, a la larga conseguirá la riqueza.

A los países desarrollados los afectan por cierto calamidades naturales, como la

sequía, un terremoto, o calamidades financieras, pero precisamente como son desarrollados,

consiguen minimizar el impacto a través de la organización racional

de su economía y la puesta en marcha de ciertos valores.

Los países no desarrollados, pueden beneficiarse de circunstancias excepcionales

pero justamente por no ser desarrollados, esa buena suerte es solo eso y cuando


Br. España 2122

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Past Presidents

Ricardo Weiss

Ariel Cagnoli,

Eduardo Steffen.

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Aníbal Durán Hontou

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DEL URUGUAY

Editorial

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Impresión

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El equipo editor se esfuerza

en brindar la mayor calidad

y veracidad de lo expresado

en esta revista, pero no se

responsabiliza de las opiniones

vertidas en las notas periodísticas

o entrevistas contenidas en

la misma. Fotos propiedad del

equipo editor o suministradas

por los colaboradores o adquiridas

para uso exclusivo en esta

revista en su versión impresa

y/o digital.

los abandona, los vuelve a dejar tan menesterosos como antes.

Para nosotros, subdesarrollados, el desafío es ascender cuanto antes

al nivel que han alcanzado otros países, lejos todavía de la condición

de los dioses, pero ya no sometidas a su cambiante humor.

Lo expresado viene a cuento, por la inercia de nuestro país, en

cuanto a cambios de fondo. El crecimiento será sostenido cuando

ESTRUCTURALMENTE EL PAÍS CAMBIE. Cuando se comience a

hablar todos los días de los temas que nos importan; cuando imperen

POLÍTICAS DE ESTADO en temas medulares, que trasciendan a un

período de gobierno.

Cuando establezcamos CONSENSOS, que es la forma que han adoptado

los países que hoy son desarrollados.

El cambio es cultural e imperioso. El desarrollo es en el fondo, el

diseño y la adopción de una serie de valores que modifican nuestra

conducta. La responsabilidad, la puntualidad, el orden, la buena disposición

a recibir los cambios, están entre ellos. Lo dijo Darwin: “no

es la especie más fuerte ni la más inteligente la que logra sobrevivir,

sino la que logra la mejor y más rápida adaptación al cambio “.

La verdadera riqueza de las naciones está en sus personas, para ello

es necesario crear capacidades humanas, aumentar el espectro de

actividades que las personas pueden desarrollar a lo largo de su vida.

Así las cosas, deben acceder a a los recursos necesarios para tener

una vida decorosa y digna.

Lo observado se da de bruces con la calidad educativa que determina

que estemos en las antípodas de ser un país desarrollado…

En el ínterin, deambulamos con la mediocridad, desde hace muchos

lustros, mezquino destino que no debemos legarle a las generaciones

venideras.

Corresponde abonar el campo de la esperanza y que el nuevo gobierno,

esté a la altura de las circunstancias.

Aníbal Durán


Acto electoral

El pasado 27 de noviembre y de acuerdo a Estatutos de la gremial, se realizó un nuevo comicio electoral,

saludable costumbre que se ejerce en APPCU cada dos años.

Fue ungido Presidente, el Tec. Constructor Ignacio González, director de González Conde Construcciones,

secundándolo en la vicepresidencia, el Ing Alvaro Piñeyrúa, director de Piñeyrúa Construcciones.

Dos hombres jóvenes al frente de APPCU, hombres del metier, transitan sus jornadas por la obra, pero

además empapados de los distintos problemas que aquejan al sector. Es decir, sin duda una elección

acertada de la masa social.

Además estarán muy bien acompañados, tienen allí ustedes la lista de directivos que asumirán funciones

por los próximos dos años.

Compete agradecer al Presidente saliente, Dr Daniel Zulamián, su generosidad, su tiempo, su talento en

pos de APPCU, haciendo honor una vez más a la sucesión de Presidentes que hemos tenido desde la fundación

de la Asociación, comenzando por Ricardo Weiss, Carlitos Feder, Samuel Tieger, Ariel Cagnoli,

Eduardo Steffen y el ya mencionado, Daniel Zulamián.

Nos han honrado con su gestión, cada uno con su impronta, pero con talento, responsabilidad y hombría

de bien, han sido cultores de una tradición virtuosa que no se extinguirá.

SALUD NOVELES DIRECTIVOS

Periodo Diciembre 2019 - Noviembre 2021

Presidente:

Téc. Const. Ignacio González (González Conde Construcciones)

Vicepresidente:

Ing. Alvaro Piñeyrúa (Ing.Piñeyrúa Construcciones)

Secretario General:

Arq. Matías Coll Peri (Campiglia Construcciones)

Prosecretario General:

Arq. Pablo Gejer (Gejer–Jablonka–Bartfeld)

Tesorero:

Arq. Luis Eduardo Casaretto (TDI)

Protesorero:

Arq. Gabriel Mazzucchelli (BM+M Arquitectos)

Vocales:

Arq. Elena Svirsky

Téc. Constr. Estevan Regueira (Construcciones Palma)

Arq. Santiago Cagnoli (Cagnoli Arquitectos)

Arq. Alvaro Piña (Estudio Arquitecto Piña)

Arq. Fernando Rodríguez (Basirey S.A)

Sr. Mario Bellizzi (Hidroservice SRL)

Cr. Javier Lázaro (Altius Group)

Cr. Gaetano Candia

Téc. Constr. Alejandro Boado (AB Construcciones S.A.)

Ing. Alvaro Piñeyrúa y el Téc. Constructor Ignacio González


ECONOMIA

14

María Dolores Benavente y

Javier de Haedo informan sobre

“dos” medidas económicas que debería

asumir el nuevo gobierno


INFORME DE EC. MARÍA DOLORES BENAVENTE:

Libre comercio y presupuesto base cero

1. Promover todas las formas posibles de integración

comercial a través de firma de tratados de libre comercio

con la mayor cantidad de países posible.

Un país de poco más de 3 millones de habitantes sólo puede

tener eficiencia económica si se inserta en el concierto

internacional.

En Uruguay, la relación entre la evolución del Comercio

exterior (Exportaciones más Importaciones) y el PBI es

prácticamente perfecta.

Por eso preocupa que el Coeficiente de apertura (X+M)/PBI

se encuentre en franca caída a partir del año 2008.

En efecto, en dicho año alcanzó el 49% y hoy se encuentra

en 28%, en sintonía con un “barrio” proteccionista como

es el formado por Argentina y Brasil, cuyos coeficientes de

apertura también rondan el 30%.

A un país de las dimensiones de Uruguay le va la vida en

lograr una adecuada inserción internacional.

Así lo ha entendido la Academia Nacional de Economía,

que ha dedicado nada menos que once ciclos lectivos a

este tema y varios premios, entre ellos, los más recientes:

Curbelo y Magnífico 2017 y 2018, así como jóvenes economistas

que ya brillan con luz propia como Hernán Bonilla

y Nicolás Albertoni.

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Comercio exterior y PBI

Exportaciones +

importaciones de bienes

PBI

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

60.0 %

50.0 %

40.0 %

30.0 %

20.0 %

10.0 %

0 %

Coeficiente de apertura comercial (X+M) / PBI

1955

1958

1961

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

1955

1958

1961

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2. Aplicar presupuesto base cero en todas las áreas

del gobierno de manera a racionalizar los recursos

materiales y humanos que tiene que sustentar la

sociedad para el funcionamiento del Estado

Ya en el año 2002, en el trabajo preparado para la

Red de Gestión y Transparencia del Diálogo Regional de

Política del Banco Interamericano de Desarrollo, Filgueira,

Heredia, Narbondo y Ramos señalaban que la relación

entre funcionarios estatales y población era en Uruguay de

6.8%, mientras que en el promedio latinoamericano era de

3.88%.

Esto implicaba que de los 250.000 funcionarios, había un

excedente de aproximadamente 100.000 personas.

Actualmente la cifra de funcionarios trepó a 312.565, con

lo que el problema se ha agravado aún más.

En palabras de los autores de la citada publicación: “Uruguay

nunca se caracterizó por un buen puntaje en lo que

corresponde a la dimensión de competencia neutral.

El estado uruguayo ha sido siempre “politically responsive”.

Pero lo ha sido, esencialmente, a las lógicas del poder fraccional

de los partidos.

No ha sido depredador, pero tampoco ha sido racional.

En contextos de abundancia esta combinación era tolerable.

En contextos de escasez, es inaceptable”.

A ello se agrega que junto al excesivo número de empleados

estatales, se desarrollan otros gastos no personales

igualmente importantes.

Aún respetando la cadencia natural de jubilaciones y

bajas de personal estatal (en el entorno de 7% por año), el

ahorro en salarios sería considerable: unos 450 millones de

dólares anuales(*), esto es, 0,8% del PBI. Si a ello se agrega

el ahorro en gastos de funcionamiento asociados, la cifra

trepa a casi un punto del PBI.

Como no en todos los casos se podrá aplicar la no renovación,

de allí la necesidad de ir viendo en cada área del

Estado, las verdaderas necesidades humanas y materiales,

de manera de tener una proyección de reducción de gasto

certera y efectiva en el corto y mediano plazo.

(*) Se utilizó el salario promedio del sector público de 2018 según estudio

publicado en Búsqueda https://www.busqueda.com.uy/nota/elestado-paga-mas-que-el-sector-privado-por-empleados-con-educacion-baja-o-media-pero-menos,

ajustado con el incremento salarial

público de 2019 y se estimaron gastos de funcionamiento asociados

del 20%).. A su vez, en el caso de las jubilaciones, parte de las

mismsas seguirán integrando el gasto público (por el tramo BPS).

15


ECONOMIA

INFORME DE EC. JAVIER DE HAEDO

Dos medidas, lo urgente y lo importante

ME PIDEN QUE EXPONGA AQUÍ Y AHORA DOS MEDIDAS QUE DEBERÍA ADOPTAR EL

NUEVO GOBIERNO, SIN DILACIÓN. Y ELIJO UNA URGENTE Y UNA IMPORTANTE.

Sobre la urgente, creo que no hay alternativas: el necesario

ajuste de las finanzas públicas.

Si nos atenemos a lo dicho por los candidatos en la campaña

electoral, no da para ser muy optimistas. Uno apostaba a que el

mero crecimiento económico lo resolvería todo, y el otro a que

bastaba con ajustar los gastos.

Un colega demostró que para que se diera lo primero, se

debía crecer a tasas chinas por una década. Por mi parte, me

he cansado de explicar que los gastos son duros de bajar y que

cuando asuma el gobierno poco podrá hacer en lo inmediato

para bajarlos de manera relevante.

Por lo tanto, creo que no hay otra alternativa que ir por el

lado del aumento de los impuestos y en ese sentido me he expresado

favorable a que sea el IVA la piedra angular del ajuste.

Esto permitiría dar una clara señal de que la tendencia alcista

del déficit se interrumpirá y que en el primer año él estará

por debajo de 4% del PIB.

Luego, con más tiempo por delante, hay que producir un

nuevo presupuesto que lo ponga todo en discusión, que no dé

por bueno lo que existe y que genere ahorros ciertos a lo largo

del quinquenio; esto sería clave para llevar lo antes posible al

déficit al objetivo de 2,5% del PIB. Este objetivo es válido en la

medida en que la inflación se mantenga en el rango habitual

con eje en el 8%. Pero si se la quisiera llevar, como debería

ocurrir, al centro del rango meta (5%), aquel objetivo debería

bajar al 2% del PIB.

idea que a los efectos de diseñar los lineamientos generales de

la reforma, primero se convocara a los técnicos de los partidos

políticos, especialistas en seguridad social, entre quienes es

posible que haya mayores consensos que entre los dirigentes

políticos.

Esta reforma debería volver a ajustar los parámetros del sistema

previsional, como se hiciera en 1996, de modo de adecuarlos

a la nueva realidad demográfica, que en un cuarto de siglo

ha tenido cambios relevantes. Sin ir más lejos, en la esperanza

de vida al llegar a la edad de retiro.

También debería corregir, en la medida de lo posible, la flexibilización

en las condiciones para el acceso a una pasividad

que dispuso la referida ley de 2008.

Dicho sea de paso, sería deseable que, en el contexto de una

nueva reforma previsional, no se dejaran por fuera del régimen

general a otros regímenes que existen dentro del sector público

y cuyos parámetros nada tienen que ver con los de aplicación

general.

Ambas medidas planteadas apuntan en definitiva a lo

mismo: a mejorar las cuentas públicas desde su situación

actual, que es insostenible. La primera es una medida urgente

y de aplicación inmediata. La segunda, por sus características,

generará resultados en forma lenta y progresiva, y entonces

no es tan urgente pero sí muy importante. Con la primera, de

algún modo, se busca apagar el incendio, y con la otra, mejorar

la estructura del edificio.

16

Sobre la importante, admito

que hay varias medidas posibles:

la reforma de la enseñanza pública,

una nueva gobernanza para las

empresas estatales, la reforma laboral

que restablezca el equilibrio en esa

área, una nueva reforma previsional

casi un cuarto de siglo después de la

última, una nueva inserción internacional,

entre otras. Y entre todas ellas

me quedo con la necesaria reforma

previsional, máxime después de los

dos goles en contra que se hicieron,

primero en 2008, con la llamada “ley

de flexibilización”, y luego en 2018,

con la de los “cincuentones”.

En este caso, el nuevo gobierno

debe procurar el consenso más amplio

que sea posible y sería una buena


18

LAVADO


Dr. Ignacio Durán

Socio de A L & C

Especialista en

Derecho Penal

Económico

ENTRE LA PRESCRIPCIÓN NORMATIVA Y LA REACCIÓN FORENSE

Cómo reacciona el

Poder Judicial con los

sujetos obligados

EL TEMA QUE NOS CONVOCA ES LO QUE PUEDE SUCEDER,

PARA UN DETERMINADO SUJETO OBLIGADO -ESCRIBANO,

INMOBILIARIO, REMATADOR, PROMOTOR O ALGUIEN

VINCULADO AL RUBRO DE LA VENTA DE INMUEBLES- CON

DETERMINADA ACCIÓN U OMISIÓN A LA HORA DE CONCRETAR

UN NEGOCIO O DE ASESORAR A UN CLIENTE.

A nivel jurisprudencial, el tipo penal que se les suele

imputar en estos casos es el delito de asistencia al lavado,

tipificado en el art. 57 del D. L. 14.294, en la redacción dada

por Ley 17.016.

Más recientemente, la Ley 19.574 de diciembre de 2017

tipifica en el art. 33 el delito de asistencia, en términos

muy similares o casi idénticos al que ya regía en la Ley

17.016. Dice la norma: «El que asista al o a los agentes de

la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente

ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el

resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de

la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus

acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento,

será castigado con una pena de doce meses de

prisión a seis años de penitenciaría».

En buen romance, comete el delito de asistencia al lavado

el que ayuda a convertir fondos o recursos provenientes

de actividades ilícitas, ocultándose su procedencia. Estos

fondos derivados del lavado de activos son los que ingresan

luego al mercado, con la apariencia de fondos lícitos, y una

vez allí, quedan legitimados para ser usados en otras actividades

legalmente constituidas en la economía del país.

19


LAVADO

20

Como operador del derecho, lo que veo

con más preocupación respecto de normativa

vigente -y de lo que nos exigen autoridades

nacionales e internacionales- son los

inconvenientes que se pueden suscitar en

torno al secreto profesional y el proactivo

accionar que se les exige a los sujetos obligados

para que, eventualmente, no queden

atrapados en el delito.

Esto afecta cada vez más la libertad de

trabajo de los profesionales, en mayor o menor

medida y cualquiera sea el sujeto obligado.

En este sentido, recibimos recurrentes

quejas de los clientes: ¿acaso somos la DGI?

Y es que la nueva normativa, cada vez

más celosa y exigente, designa a los profesionales

como sujetos obligados a colaborar

en la lucha contra el lavado de activos, lo

que supone en algunos casos la obligación

de denunciar (ROS) hasta a tu propio cliente

y en secreto, toda vez que adviertas o sospeches

que pueda haberse verificado alguna

de las hipótesis de lavado de activos. Así

me dijo una vendedora de inmuebles: «Pero,

doctor, si reporto solo porque tengo dudas,

me pierdo la comisión de la venta». Meses

después fue procesada por este delito.

Con ello, hemos advertido una suerte

de paranoia profesional, ya que al sujeto

obligado muchas veces se le exige ser tan diligente

y precavido que hasta parecería ser

que debiera subrogarse a las tareas propias

de la policía. Entonces nos preguntamos

hasta dónde debe llegar el due diligence o el

know your customer. ¿No se torna invasivo

y hasta desmedido?

Una cosa debe quedar clara: asesorar no

implica prestar asistencia material ni cualquier

otro tipo de ayuda en la conservación

u ocultamiento de los bienes.

Será el cliente, en definitiva, quien

elija qué decisión tomar, pero nadie puede

privarlo del derecho constitucional a tener

un debido asesoramiento. Porque una cosa

es lo que prescribe la norma -el texto legal

analizado de forma piedeletrista- y otra muy

distinta es cómo reacciona el poder judicial

ante una conducta de este tipo.

¿Qué supone, entonces, asistir al lavado

según el criterio de un fiscal o de un juez, y

cómo proceden en estos casos?; ¿qué debe

hacer o dejar de hacer el sujeto obligado

para no cometer la conducta atípica pasible

de reproche penal?; si hay sospechas del

cliente, ¿alcanza con una búsqueda de

información en un portal de internet o debo

acceder a una base de

datos más sofisticada?

“...hemos advertido

una suerte de paranoia

profesional,

ya que al sujeto obligado

muchas veces se le exige

ser tan diligente y

precavido

que hasta parecería ser

que debiera subrogarse

a las tareas propias de

la policía.”

Intentaré abordar y

evacuar -de forma sintética

y con referencias de

casos reales- las dudas

que surgen al respecto

en la práctica profesional

y señalar cuáles son

algunas de las reacciones

o criterios de los órganos decisores. Claro

está que después va a depender del fiscal

interviniente que por turno corresponda y,

en última instancia, de la palabra final del

magistrado.

En los últimos años, hubo dos casos emblemáticos

en la Justicia Especializada en

Crimen Organizado que merecen especial

atención:

1) El pedido de procesamiento a cargo

del fiscal en crimen organizado, Dr. Luis

Pacheco Carve, solicitado para la escribana

pública interviniente en el caso del cártel

mexicano conocido como Los Cuinis, causa

que finalmente fue archivada por resolución

de la Dra. Beatriz Larrieu.

2) El caso de la ruta del dinero K, causa


LAVADO

22

que se archiva respecto del escribano y el

agente inmobiliario interviniente.

En relación con el primer caso, desde

2009 y a partir de la sanción de la Ley

18.494, los escribanos figuran entre los sujetos

obligados a informar al Banco Central

del Uruguay las transacciones que en los

usos y costumbres de la profesión resulten

inusuales, se presenten sin una justificación

económica o se planteen con una complejidad

injustificada. El Decreto 355/010, de

2 de diciembre de 2010, reglamentó las

obligaciones de los escribanos.

Si bien la escribana indagada afirmó

haber cumplido con las reglas de la debida

diligencia -entre ellas, haber acudido a

la World Check Information-, y así lo estampa

en las sucesivas escrituras de compraventa,

de las pruebas incorporadas al

presente expediente resulta en principio

lo contrario. En efecto, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 3 del mencionado

Dec. 355/010, la escribana se

hallaba obligada a aplicar procedimientos

de debida diligencia en ocasión de

la compraventa del bien inmueble XXX,

pues así lo justificaba la importancia de la

operación y porque la profesional carecía

de información suficiente sobre el cliente.

Pero surge de sus declaraciones en sede

judicial que únicamente chequeó la

carpeta personal de la cliente en el Banco

XXX de Punta del Este, pero no acreditó

que hubiera cumplido en la oportunidad

con todas las exigencias que para la

verificación de la información pauta el

artículo 4 del Dec. 355/010, en materia de

personas jurídicas (recuérdese que en este

caso una persona jurídica era la compradora

del inmueble). […] debieron aplicarse

los procedimientos de “debida diligencia

intensificada” (arts. 7 y 8 literal b del Decreto

355), pues se trataba de una operación

de “mayor riesgo” por intervenir clientes no

residentes, por tratarse de una sociedad

anónima extranjera y por superar el monto

de la operación los USD 100.000.

No surgiendo de lo declarado por la

escribana que hubiera procedido en su

totalidad con los criterios indicadas en el

artículo 9 del Dec. 355/010, fundamentalmente

en cuanto a exigir los antecedentes

societarios, ni en lo relativo al volumen

de los ingresos, ni al origen de los fondos

manejados en la transacción, ni a la

indagatoria del beneficiario final de la

operación […] consta que posteriormente,

y hasta el año 2016, se sucedieron una

multiplicidad de negocios inmobiliarios,

creaciones de sociedades anónimas,

transferencias de acciones, compraventas

de inmuebles y vehículos por parte de los

caseros del matrimonio XXX, certificaciones

y autenticaciones varias, muchas de

ellas notoriamente inusuales, sin que constare

actividad laboral o comercial alguna

en el país por parte de los clientes de la

escribana y sin que esta actualizara la

información relativa a estos; según su propia

admisión: “Mi último chequeo había

sido en el 2012-2013”. Bastaba acudir a la

información proporcionada en cualquier

portal de búsqueda por internet (por ej.,

Google), para advertir que el apellido XXX

se hallaba vinculado a un cártel de narcotraficantes

mexicanos y las informaciones

sobre dicho clan criminal aumentan a

medida que transcurren los años.

Asimismo, XXX, clienta de la escribana,

fue incluida en 2015 en la Lista de Narcotraficantes

Especialmente Designados, por

parte de la Oficina de Control de Activos

Financieros del Departamento del Tesoro

de EEUU.

No obstante ello, emerge que la

escribana XXX continuó trabajando para

sus clientes. Es recién en 2016, cuando la

escribana XXX -tardíamente- formula reportes

de operaciones sospechosas (ROS)

al Banco Central del Uruguay, una vez que

se publican en informaciones de prensa

investigaciones sobre los Panama Papers

y recibe comunicación del Estudio Mossack-Fonseca

relativa a sus clientes. […] La

actuación de la escribana se enmarca

así, a criterio del fiscal, en la conducta de

asistencia a los agentes del delito de lavado

de activos, previsto en el artículo 57 del

D.L. 14.294, en la redacción dada por Ley

17.016. Por las consideraciones expuestas,

la Fiscalía solicitó el procesamiento de la

escribana XXX y el embargo genérico a

su respecto.

El segundo caso ocurre en 2013, a partir

de una denuncia presentada por los diputados

argentinos Ocaña y Garrido, quienes

pusieron en conocimiento de la Justicia hechos

que eventualmente podían configurar

conductas delictivas perpetradas en nuestro

país, como resultado de investigaciones judiciales

que se llevaban a cabo en Argentina

respecto de presuntos delitos de defraudación

tributaria y corrupción pública.

La denuncia hace mención de una «estructura

societaria y bancaria en el exterior»

(Uruguay) montada por el Sr. Lázaro Báez,

con la finalidad de reciclar dinero de origen

ilícito.

A juicio de la Fiscalía interviniente, los

elementos de convicción obrantes en

autos no fueron suficientes para atribuir responsabilidades

penales a los indagados

el escribano XXX, el agente inmobiliario

XXX, el escribano XXX, el contador XXX y

el Sr. XXX, por lo que dispuso el archivo de

las actuaciones. En efecto, respecto de la

actuación del escribano XXX y de agente

inmobiliario XXX, quienes intervinieron en

la compra del campo El Entrevero y del

padrón Nº 706, se advierte en todo caso

un eventual incumplimiento de disposiciones

reglamentarias que previenen el

lavado de activos, que motivara inclusive

la aplicación de sanciones administrativas

impuestas por el Banco Central del

Uruguay. No obstante, es claro que las acciones

penales y administrativas son independientes

y que no todo incumplimiento

de normas reglamentarias conlleva por

sí solo la configuración de una conducta

delictiva; en el caso, no se han logrado

evidencias que demuestren la intención

de los operadores de asistir a los agentes

de la actividad delictiva, como exige el

artículo 57 del D. L. 14.294, y la conducta

meramente negligente o despreocupada

no es tipificada como delito.

Con relación a los restantes indagados,

las explicaciones brindadas en sus respectivas

declaraciones indagatorias fueron

suficientes, según el fiscal, para descartar

cualquier vínculo doloso con las maniobras

presuntamente delictivas.

Consejo profesional

Más allá de la casuística y las opiniones

con las que nos podamos encontrar en práctica

profesional, hay que tener en cuenta

que para la configuración de un delito se

debe partir de una pauta consagrada a nivel

internacional en los últimos años, que se

conoce como la willful blindness o ceguera

intencional.

Esto supone que la ley solo debe castigar

cuando se está ante una indiferencia

e irresponsabilidad intencional de los

profesionales intervinientes, quienes frente

al conocimiento del origen delictivo de los

fondos -o pudiendo preverlo- igualmente

guardan total silencio, permitiendo que los

autores incrementen su patrimonio o conviertan

los dineros o bienes de procedencia

ilícita en apariencia de licitud.

En definitiva, como dice el autor Clemente

Vásquez, la «doctrina de la ceguera intencional

es pues un método para mostrar que

el acusado realmente tenía conocimiento de

la actividad ilegal y que no tenía la posibilidad

de conocer de ella». Y la ignorancia

deliberada es la postura «de quien pudiendo

y debiendo conocer la naturaleza del acto o

colaboración que se le pide, se mantiene en

posición de no querer saber, pero no obstante,

presta la colaboración que se le pide».


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DERECHO

Por Esc. Stefany Castellano y

Dra. Giovanna Lorenzi

El régimen aplicable al corretaje

inmobiliario ¿es comercial o es civil?

Su incidencia práctica

LA DOCTRINA CIVILISTA E INCLUSO ALGUNOS AUTORES COMERCIALISTAS, ABOGAN

POR LA NATURALEZA CIVIL DEL CORRETAJE, ENTENDIDO COMO LA ACTIVIDAD

DE MEDIACIÓN REALIZADA POR UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA PONER

EN CONTACTO A DOS O MÁS PERSONAS PARA QUE CELEBREN UN DETERMINADO

CONTRATO (POR EJEMPLO DE ARRENDAMIENTO O DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES)

EN EL CUAL EL CORREDOR NO INTERVIENE A NINGÚN TÍTULO.

En el mismo sentido (de que se trata de un contrato civil), lo entiende buena parte de la

jurisprudencia siguiendo a los Dres. Gamarra y Larrañaga.

Ahora bien, paradójicamente es el Código de Comercio el que regula expresamente el

corretaje como acto de comercio (en su artículo 7 numeral 2°) y tiene también un estatuto

especial para los corredores en el cuerpo de su articulado.

Ante esta dicotomía ¿qué sucede, por ejemplo, si la comisión no es paga por el comitente

y la inmobiliaria quiere reclamar el pago? Pues justamente la solución variará según la

naturaleza que le adjudiquemos al contrato de corretaje.

Definamos los conceptos. Entendemos a la inmobiliaria como la persona física o jurídica

que se dedica profesionalmente a la mediación entre la oferta y la demanda de inmuebles

(corretaje) y que consumada esta mediación cobra de su cliente (el comitente) la comisión

pactada (la que generalmente asciende a un 3% más IVA).

A grosso modo, el ejemplo típico: el cliente (comitente) celebra un contrato con la inmobiliaria

a efectos que le “acerque” interesados en comprar su propiedad. La tarea de la

inmobiliaria es, ontológicamente, lograr ese acercamiento. La inmobiliaria tiene derecho al

cobro de la comisión cuando logró el negocio que su cliente le encomendó (en el ejemplo:

vender su casa).

24

La naturaleza del contrato de corretaje (comercial o civil) incide directamente en al

menos dos cuestiones de una dimensión práctica muy importante, como lo son a partir de

cuándo se genera el derecho a la comisión y cuál es el término de prescripción para reclamar

el cobro de la misma.

Antes de ingresar a los argumentos doctrinarios y jurisprudenciales que apoyan una u

otra posición, delimitaremos el impacto en relación a estos dos puntos señalados.


Derecho a la comisión

Si se considera que el corretaje inmobiliario

es comercial, la comisión se genera

en principio, salvo que las partes (cliente y

corredor) pacten lo contrario, una vez que

se concreta la operación definitiva (por

ejemplo, la compraventa del inmueble)

sin que los esfuerzos de mediación previa

ejecutados por el corredor sean retribuidos

si no se concreta el negocio.

Si en cambio, en base a los argumentos

que se explicitarán y que ha sostenido prestigiosa

doctrina, se entiende que el corretaje

es civil, no necesariamente se requiere el

acaecimiento del resultado definitivo ya

que estaríamos ante un arrendamiento de

servicios regulado por el artículo 1834 del

Código Civil, bajo el cual se establece en su

inciso primero que el principio es la onerosidad

“El que hiciere algún trabajo o prestase

algún servicio a otro puede demandar

el precio, aunque ningún precio o retribución

se hubiese ajustado, siempre que el

tal servicio o trabajo fuese de su profesión

o modo de vivir honesto. En este caso se

presumirá que los interesados ajustaron el

precio de costumbre para ser determinado

judicialmente, si hubiera duda”. En base

a esta norma, correspondería abonar una

retribución al corredor aún cuando la operación

no se concrete.

En efecto, se plantea la cuestión de

cuándo nace el derecho de la inmobiliaria

al cobro de la comisión, si es suficiente

la actividad desarrollada con la mayor

diligencia por parte de la inmobiliaria (obligación

de medios propia del arrendamiento

de servicios) o si se requiere el efectivo

acaecimiento de un resultado (la concreción

del negocio encomendado) y sobre este

último punto está la clave. En tanto, una

cosa es sostener que la firma del contrato

preliminar o incluso el boleto de reserva

es la que genera el derecho al cobro de la

comisión – pudiendo las partes retractarse

antes de la compraventa definitiva mediante

el pago de la pena- y otra, es sostener que

se genera con la compraventa definitiva.

Si miramos la jurisprudencia argentina,

que siempre es útil como referencia dada

la escasez casuística en nuestro país, en

un fallo dictado por la Cámara Nacional

de Apelaciones en lo Comercial, sala B,

en 2013, en los autos “Citati, Estela Luisa

Rosario c. Bologna, Gabriela Fernanda y

otro s/ordinario”, el tribunal reconoció que

la retribución del intermediario se halla

subordinada a la existencia del negocio

concluido (en consonancia con los artículos

1345 y ss. del Nuevo Código Civil y

Comercial.) (1)

En nuestro país, la tesis mayoritaria es

que la comisión se debe al momento de la

firma del compromiso de la compraventa

pero, sometida a una condición suspensiva

(tesis de Gamarra y Larrañaga en ADCU

TXVII, pág. 206 y ss.) de que se celebre el

contrato de compraventa definitivo. Esto es,

de no cumplirse la condición (otorgamiento

de la compraventa definitiva) no se debe la

comisión pactada. En este caso, debe probarse

tanto la conclusión del negocio como

el nexo causal entre dicha conclusión y la

actividad del corredor.

En esta misma línea, la Sentencia

25


DERECHO

26

N°58/2016 del Juzgado Letrado Civil

16° turno, de fecha 5/X/2016, rechaza la

reclamación de un corredor inmobiliario

por entender que la firma de un contrato

preliminar no importa concluir el negocio

principal, se trata de un acto preparatorio

o pre-negocial que no genera el derecho al

cobro de una comisión.

En conclusión, debe tenerse presente que,

si bien el pago de la comisión generalmente

se efectúa conjuntamente con el compromiso

de compraventa, el acto preparatorio o

pre-negocial no importa negocio concluido

y en el entendido de la doctrina y jurisprudencia

mayoritaria, este no genera per se

derecho al cobro de la comisión por dicho

concepto.

¿Implica esto necesariamente una

definición acerca de la naturaleza jurídica

del corretaje? Entendemos que si bien no

directamente, al menos puede inferirse que

la jurisprudencia actual no lo considera un

arrendamiento de servicios en la medida

que solamente el despliegue de los servicios

de mediación por parte del corredor, no

genera, salvo pacto en contrario, derecho

a retribución, lo que es de orden bajo el

Código Civil.

Prescripción del derecho al cobro

En caso que se arribe a la conclusión de

que el corretaje es comercial, el corredor inmobiliario

que no ve satisfecho su derecho

al cobro de la comisión, tiene un plazo de

6 meses para interponer la acción, según lo

dispone a texto expreso el artículo 1023 del

Código de Comercio.

Por el contrario, si se considera que el corretaje

inmobiliario es una operación civil,

la acción es de carácter personal por lo que

prescribiría a los 20 años, según el régimen

general.

Argumentos en uno y otro sentido

La disputa teórica viene de larga data.

Antes del año 1948, se sostenía la naturaleza

comercial del corretaje inmobiliario. Luego,

desde el año 1948 y a partir de una Sentencia

del Dr. Reyes, después refrendada por

la Suprema Corte de Justicia en el año 1952

y sustentada en gran parte hasta nuestros

días, se ha entendido que para dilucidar el

punto hay que estar a la naturaleza accesoria

del corretaje, por lo que en tanto y cuanto,

accede a un negocio principal que es civil

por antonomasia (la compraventa de inmuebles

es un acto civil por expresa disposición

del Código de Comercio en su artículo 516),

se lo debe considerar un contrato civil.

Pero aún si se lo entendiera un contrato

civil, afloran discrepancias en cuanto a qué

contrato es y la regulación a aplicar dentro

del propio Código Civil (si la de arrendamiento

de obra o la de arrendamiento de

servicios). En efecto, se aprecian en jurisprudencia

fallos más antiguos que consideraron

al corretaje como un arrendamiento de

servicios, pasando por fallos más recientes

que lo consideran un arrendamiento de obra

y finalmente fallos de la Suprema Corte de

Justicia que lo consideran un contrato innominado,

regido por normas propias, que no

coinciden con la que regulan ninguno de los

contratos previstos en el Código Civil.

Incluso más, quienes se inclinan por

una y otra solución también presentan

discordancias entre sí, en cuanto a las notas

características de la figura. Así, por nombrar

una, para Bolaffio, el corretaje es comercial

cuando lo realiza un corredor profesional

matriculado o cuando accede a una operación

mercantil (comercialidad objetiva), posición

que nuestra jurisprudencia no respalda

(sentencia 83/2010 de TAC 1°) y tampoco

lo hacía la argentina antes del nuevo código

(si bien el viejo articulado tenía la solución

contraria, reclamando la matriculación, la

jurisprudencia por la vía de los hechos era

más benévola y no lo requería).

Es claro que no se puede desconocer la

figura del corredor de hecho y su incidencia

práctica, en tanto no existe ninguna

prohibición legal que impida a una persona

dedicarse a la actividad de mediación en

un esquema de libertades garantizadas

por nuestra Constitución (artículos 7, 36,

72). Sería también un poco absurdo hacer

depender la comercialidad de un acto a la

voluntad de la parte de someterse a dicho estatuto

mediante la elección de matricularse

o no ya que de esa forma se estaría permitiendo

a personas que desarrollan ontológicamente

la misma actividad, regirse por

leyes distintas, según deseen o no someterse

a dicho estatuto.

En base a la inclusión del corretaje dentro

de los actos comerciales mencionados en

el artículo 7, no parece acertado sostener

que la comercialidad del corretaje depende

del sujeto que realiza la actividad, máxime

el énfasis objetivo del Código de Comercio

para la calificación de comercial a un acto.

Sólo existen contratos puntuales bajo dicho

Código que requieren para que resulte

aplicable que el contrato sea celebrado entre

comerciantes (contrato de préstamo o contrato

de depósito) por lo que, como en el caso

del corretaje, cuando el legislador nada dice

mal puede incluir la mencionada limitación

el intérprete.

Nuevos tiempos

La cuestión es que, como se intentará

poner de manifiesto, existe base doctrinaria

y teórica para un eventual nuevo cambio de

giro.

Adhiriendo y trayendo a colación el análisis

que realiza el Dr. Carlos López Rodríguez

sobre el punto (2) , con esa misma lógica

de que se trata de un contrato accesorio y no

principal se podría sostener que el acto de

remate o el contrato de seguros es también

civil si recae sobre un inmueble, lo que no

parece lógico ni es la interpretación sobre la

naturaleza de dichos contratos comerciales.

Como expresa el Dr. Carlos López Rodríguez,

el contrato de corretaje es principal y

existe en sí mismo, mientras que el segundo

contrato, el que el corredor procura concretar,

puede luego realizarse o no. Y en todos

los casos el corretaje sigue existiendo aún,

y existía incluso desde antes. Por lo que la

teoría de la accesoriedad del contrato de corretaje

es a nuestro juicio también, un tanto

permeable.

Es en esta misma línea de pensamiento,

que la Sentencia N° 63/2012 del Tribunal

de Apelaciones Civil 6to turno estableció:

“…La mediación es un contrato comercial,

debió acogerse a la excepción de prescripción

fundada en las normas del Código

de Comercio sobre el corretaje mercantil

(prescripción corta de 6 meses)”. Si bien la

sentencia no analiza el fondo de la cuestión

que planteamos, claramente sí se inclina por

una solución: la comercialidad del corretaje

inmobiliario.

Esta última sentencia comentada, no tan

lejana en el tiempo, pone de manifiesto, que

la cuestión sigue dividida existiendo hasta el

momento posiciones disímiles tanto a nivel

doctrinario como jurisprudencial, cuyas teorías

han evolucionado y cambiado a lo largo

del tiempo sin que aún haya una posición

notoriamente mayoritaria, lo que genera un

espacio para los conflictos en la materia. Por

lo que habrá que seguir, necesariamente,

atentos a los desarrollos jurisprudenciales.

NOTAS:

1. Artículo publicado online el Sábado, 27 de mayo de 2017 por

Mgter., María Virgina Cáceres de Irigoyen

2. López Rodríguez, Carlos en www.derechocomercial.edu.uy/Clase

CorretajeInmobiliarias.htm


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OBLIGACIONES

Valuación y perspectivas de la

Ley de Inclusión Financiera

LUEGO DE VARIOS AÑOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY NRO. 19.210 DE INCLUSIÓN

FINANCIERA (EN ADELANTE “LIF”), CORRESPONDE REALIZAR UN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

DE SU APLICACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, LOS PROBLEMAS QUE HA

SUSCITADO, ASÍ COMO EL FUTURO DE ÉSTA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CON LA ASUNCIÓN

DE UN NUEVO GOBIERNO.

28

Por Dra. Victoria Notari

y Dra. Florencia Tarrech

Los desarrolladores, constructoras y la

canalización de la inversión inmobiliaria

entre otros, se ha visto castigada en los

últimos años, debido a que, en un corto lapso,

han cambiado las reglas del juego en cuanto

al modo en que se realizan los negocios en el

sector y obligaciones con respecto a la prevención

del lavado de activos. Tanto la inclusión

financiera como la prevención de lavado de

activos, se ha regulado de forma que, para los

operadores, ha devenido en una obstaculización

a la hora de concretar negocios.

El desarrollador se ha encontrado en una

situación que, a la hora de realizar un negocio,

debe cambiar el modo en que canaliza

la inversión, la forma en que se formaliza

la compra de insumos para las obras con

proveedores; y al mismo tiempo, ha debido

capacitarse en materia de prevención,

establecer políticas y solicitar documentación

respaldante del conocimiento del cliente,

beneficiario final y origen lícito de los fondos.

Estos cambios, no son vistos en forma

negativa por el sector, pero si se ha reclama-


do por la flexibilización de determinados aspectos, a los

efectos de potenciar al máximo sus beneficios, sin castigar

la actividad.

Aspectos preliminares. Antecedentes.

La LIF se aprueba en el año 2014 en el marco del

programa llevado adelante por el Banco Mundial y la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE), tendiente a la universalización del acceso a

productos financieros como forma de inclusión social.

La OCDE entiende la inclusión financiera como “el

proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno

y adecuado a una amplia gama de servicios y productos

financieros regulados y la ampliación de su uso hacia

todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación

de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo

actividades de sensibilización y educación financiera con

el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como

la inclusión económica y social”.

Ambos organismos tienen como pilar fundamental

mejorar las condiciones de acceso al sistema financiero con

costos mas bajos para todos los participantes en la cadena

financiera y cómo acompañar el proceso con la educación

en el uso de las diferentes herramientas financieras.

Resultan incuestionables los beneficios que la inclusión

financiera otorga, entendida como una herramienta de

inclusión social y que permita el acceso a instrumentos

financieros de personas que por su condición social, su

ubicación geográfica o su edad no puedan acceder a las

mismas. A esto se adiciona que la restricción en el uso de

efectivo supone un desestímulo de actividades de corrupción

o del crimen organizado, permitiendo un mejor

control.

Sin embargo, entendemos que la solución uruguaya, si

bien ha contemplado alguno de estos puntos, ha introducido

conceptos y elementos poco acertados para determinadas

actividades o sujetos.

En primer termino mediante la obligatoriedad del uso

de medios de pago electrónico, se restringe la voluntad de

los individuos sin dotarlos de una mínima instrucción en

relación con su uso.

Asimismo, y una de las mayores carencias que posee la

norma, es la inexistencia de normas específicas que protejan

a los consumidores ante posibles fraudes electrónicos,

manejo de datos personales y uso de la información de los

individuos quienes ven afectada su privacidad.

A esto se adiciona que si bien se ha estipulado un tope

de comisiones por operaciones con tarjeta de débito, no así

ha sucedido con las operaciones con tarjetas de crédito, lo

que supone una desventaja competitiva para los pequeños

comerciantes o sujetos de reducida dimensión económica.

Los organismos internacionales y numerosos países en

el mundo, tienen como objetivo promover la bancarización

de las operaciones y evitar el uso de efectivo, no mediante

la imposición, sino por la aplicación de políticas y beneficios

que supongan ventajas competitivas claras. Esto es, se

promueve de forma directa o indirecta, buscando que los

individuos sean conscientes de los beneficios y escojan estas

formas o sistemas de pago como una opción, y no como

una obligación, como lo es en nuestro país.

El impulso de una norma como la LIF y su obligatoriedad,

sin haber otorgado las herramientas físicas y

educativas a los ciudadanos, así como sin tener en cuenta

las realidades y operativa de determinados sectores de actividad,

ha hecho que su implementación se vea empañada,

visualizándose en forma mayoritaria los aspectos negativos

y no su potencialidad.

Obligación del uso de medios de pago electrónico. Actividades

y operaciones comprendidas. Limitaciones.

La aprobación de la LIF y los Decretos que la reglamentan,

trajo aparejada la obligatoriedad de que determinadas

operaciones o actividades se abonen mediante el uso de

dinero electrónico.

La norma define como dinero electrónico a las tarjetas

de débito, crédito, instrumentos de dinero electrónico

(tarjetas prepagas), transferencias electrónicas de fondos, y

otros medios análogos en tanto permitan pagos electrónicos

a través de cajeros automáticos, Internet u otras vías.

Las operaciones reguladas y de las que existe obligatoriedad

en el uso de los medios de pago electrónicos

detallados, corresponden al pago de remuneraciones, honorarios,

pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones

(subsidios, indemnizaciones por incapacidad, prestaciones

en alimentación, entre otros); que en muchos casos determinados

sectores de actividad tuvieron una incorporación

gradual.

Asimismo, también se prohíbe el uso de efectivo en

pagos que correspondan a operaciones o negocios cuyo importe

total sea igual o superior a las 40.000 UI (USD 5.000

aproximadamente), a lo que se ha sumado recientemente la

restricción al uso de efectivo en las estaciones de servicio.

En igual sentido, se regulan los medios de pago en operaciones

por importes iguales o superiores a las 160.000 UI

(aproximadamente USD 20.000), los que pueden realizarse

a través de medios de pago electrónico o cheques de pago

diferido cruzados no a la orden.

Las normas se aplican también a las sociedades comerciales

en relación a los ingresos y egresos que supongan

aportes de capital, reintegros, pagos de utilidades, receso,

reducción, rescate de capital, entre otras operaciones.

De forma adicional, la norma incluye como pagos

regulados, y en los que se impone el uso de los medios de

pago electrónicos cuando se supere determinado monto, a

los arrendamientos, enajenaciones y otros negocios sobre

inmuebles o vehículos motorizados.

Esta obligación supuso como forma de penalización –

además de las multas y sanciones - limitaciones en relación

al registro de las operaciones en los Registros Públicos,

así como también y de forma totalmente indebida, como

condición para iniciar proceso de desalojo, lo que resulta

totalmente abusivo y contrario a derecho.

Se extiende la obligación del uso de medios de pago

electrónico para el pago de proveedores del Estado y de los

tributos nacionales. Sin perjuicio de ello, esta obligación no

se ha extendido a la totalidad de los organismos estatales,

encontrándose aún dependencias públicas en las que solo

se acepta efectivo.


OBLIGACIONES

30

Cambios propuestos. Eventual eliminación de la

obligatoriedad del uso de medios de pago electrónicos.

Si bien desde la aprobación de la LIF se iniciaron

campañas para su eventual derogación, las mismas no

lograron prosperar. De todas formas es un tema que ha

cobrado relevancia en la campaña electoral y de forma

específica porque una de las fórmulas ha propuesto

cambios en al materia.

El Partido Nacional en su programa de gobierno,

bajo el título de “Libertad Financiera” propone la

modificación de la ley eliminando “la obligatoriedad

de efectuar pagos y realizar transacciones a través del

sistema de intermediación financiera”.

La propuesta no ahonda en el tipo de medidas a implementarse

pero es de suponer que, la eliminación de

la obligatoriedad supondrá la aprobación de beneficios

que permitan a la ciudadanía elegir como opción la

utilización de este tipo de medios.

Entendemos de todas formas, que mas allá de la eliminación

de la obligatoriedad del uso de los medios de

pago electrónicos, deberían - de forma adicional y como

ya lo hemos establecido - eliminarse las trabas burocráticas

y formalidades que imposibilitan el desarrollo

normal de determinadas actividades.

Mas allá de su flexibilización, se impone para el

proximo gobierno, la adopción de cambios en este

sentido, no obligando a los sujetos que participan en las

operaciones o actividades a realizar controles que ya se

contemplan por otras normas (caso de los escribanos en

materia de origen de fondos); suprimir la limitación al

acceso a la justicia en el caso de los arrendamientos, entre

otros; dado que en definitiva la LIF no logra cumplir

con su objetivo de inclusión para transformarse más en

una forma de control estatal en relación a las actividades

de los particulares.

Evaluación y perspectivas ante esta realidad.

Debe coincidirse en que, la LIF ha sido una buena

herramienta de inclusión, pero que no logró sortear

de forma exitosa los problemas de implementación y

adecuación a determinados rubros y actividades, que

necesariamente exigían la adopción de soluciones diferenciales

y de menor complejidad operativa.

La adopción de la norma requería de forma previa,

que existieran en todas las localidades del país – mayores

a dos mil habitantes – instituciones financieras

o alguna representción de las mismas para asegurar,

entre otras cuestiones que la población pudiera elegir a

la institución que le otorgaba mayores beneficios. Esto

debió acompasarse de forma adicional con la instalación

de mayor cantidad de sucursales o corresponsalías

bancarias y cajeros automáticos, cuestión que no

solo se tuvo en consideración sino que por razones de

seguridad fueron decreciendo en número, lo que aún

complejizó aún más la operativa.

Asimismo y de mayor importancia, este proceso no

se acompañó con la educación de la ciudadanía, no solo

en relación a los productos sino también a las ventajas

que puede tener el mismo ya sea por la rebaja del IVA,

seguridad, y la potencialidad de su uso.

Debe tenerse presente que, nuestra sociedad culturalmente

siente mucho más seguridad puediendo ver y

tener a su disposición su dinero, para lo cual, el proceso

debe acompasarse con un cambio gradual en este sentido,

permitiendo que los ciudadanos puedan traducir

esta confianza en estos nuevos medios de pago.

Estos puntos hicieron que, existieran desde su implementación

importantes reclamos así como cuestionamientos

en todos los sectores de la sociedad, y que

hasta la fecha, resulta un tema de importancia.

Sin dudas que los logros han sido importantes, pero

tampoco es menos cierto que a través de la instrumentación

de la obligatoriedad se han complejizado los negocios

en el rubro de la construcción y se han impuesto

cargas adicionales para la efectivización de los mismos.

Los escribanos - actores importantes en este esquema y

para esta actividad – deben controlar que las operaciones

inmobiliarias se realicen con estos medios de pago,

dejando constancia de los mismos al momento de la

escrituración y adicionalmente esto es controlado por

el Registro.

Entendemos que, esto ha hecho a la burocratización

de la actividad, imponiendo determiandas formalidades

que por otras normas - como son las de lavado de

activos – podían asegurar la procedencia de los fondos

sin ser necesario la exigencia de otros datos o controles.

Estos controles solo pueden tener como fundamento, la

ocasión que vio el Gobierno de obtener mayor información

sobre los particulares, en tanto no hacen a los objetivos

de la inclusión financiera ni suponen un apoyo al

desarrollo de la misma.

Estos elementos han significado la pérdida de

negocios, la complejización en la canalización de las

inversiones, y el ahorro en ladrillos, así como escollos

en la cristalización de negocios que siendo total y

absolutamente lícitos, encuentran limitaciones desde el

punto de vista formal.

De este modo, y luego de varios años de aplicación

se impone mas allá de que sería deseable la eliminación

de la obligación, la flexibilización o eliminación de las

formalidades impuestas, en tanto las mismas no tienen

ningún tipo de fundamento y lo único que hacen es

entorpecer la implementación de la actividad. Al menos

esto debe ser considerado en un sector como el de la

construcción, que no solo aporta al desarrollo del país y

crea innumerables fuentes de trabajo, sino que también

es un impulsor directo e indirecto de la economía.


INVERSION

¿Por qué invertir en Uruguay?

Por qué elegir Uruguay como Hub de negocios?

EL PASADO MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE ORGANIZADO POR EL ESTUDIO

VL CONSULTORES, CON LA PRESENCIA DE BRUM COSTA ABOGADOS Y LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 90

ASISTENTES, SE CELEBRÓ EN BUENOS AIRES LA CONFERENCIA EN DONDE LA TEMÁTICA ABORDADA FUE:

"¿POR QUÉ INVERTIR EN URUGUAY? ¿POR QUÉ ELEGIR URUGUAY COMO HUB DE NEGOCIOS?”

32

Por la mañana, se realizó un desayuno

de trabajo con inversores del sector agropecuario

que nuevamente miran nuestro

país con el objetivo de mudar parte de sus

operaciones.

La presente conferencia estuvo enmarcada

en un ciclo de conferencias que tanto

el Estudio VL Consultores como de Brum

Costa Abogados han estado desarrollando

de manera independiente a lo largo del año,

tanto en Uruguay como en el exterior, cada

uno abordando temas de su especialidad,

siendo esta oportunidad la primera vez que

se realizaban de manera complementaria.

Los expositores por el estudio VL Consultores,

fueron el Cr. Federico Vuille junto al

Cr. Diego Vuille y conto con la participación

especial por parte de Brum Costa Abogados,

del Dr. Leonardo Costa y el Dr. Juan Diana.

Los temas que se analizaron fueron las

principales ventajas cualitativas y cuantitativas

que nuestro país ofrece a la hora de

radicar las inversiones. El enfoque dado en

la charla fue el de destacar aquellas ventajas

comparativas en las que nuestro se destaca.

Uruguay se destaca por considerase

por los inversores extranjeros como país

previsible y con reglas de juegos claras. También

pose otras características sumamente

relevantes que lo convierten en un destino

muy atractivo por lo cual muchas empresas

de prestigio internacional lo eligen para

desarrollar sus actividades. A continuación,

mencionamos algunas de estas ventajas que

fueron abordadas en la conferencia:

Sistema Tributario:

El Cr. Federico Vuille explicó las principales

características del sistema tributario

en Uruguay, donde la sencillez comparativa

de nuestro sistema fiscal, dado que el mismo

es un único sistema de carácter nacional en

comparación a otros sistemas de carácter

federal y a su vez con tasas nominales más

bajas, constituyen un atractivo no menor a la

hora de analizar distintas jurisdicciones de

la región en donde radicar inversiones.

Las características que posee nuestro sistema

fiscal en gravar la renta por el criterio

de la fuente (salvo excepciones) junto con

la resolución 51/997 sobre actividades de

trading generó muchas de las consultas en

los asistentes presentes en la charla sobre

los cuales se trabajaron varios ejemplos al

respecto.

Adicionalmente a esto, a cargo del Cr.

Diego Vuille, se explicaron los beneficios

fiscales sectoriales como ser la Ley VIS

(viviendas de interés social) o la ley de proyectos

de inversión que, a la hora de analizar

la tasa de retorno de un proyecto, constituyen

herramientas con un fuerte diferencial

que maximiza con creces el retorno sobre la

inversión para los accionistas.

Libertad Cambiaria:

En Uruguay no existe ningún tipo de res-


tricción a repatriar capitales o girar dividendos. Esto no es

un elemento menor en las circunstancias regionales que

muchas empresas, atraviesan principalmente en la vecina

orilla. Adicionalmente a esto, no estar obligado a liquidar

los cobros por concepto de exportaciones en dólares a moneda

nacional, genera un mejor clima para hacer negocios

desde Uruguay.

Residencia Fiscal:

Al abordar las ventajas fiscales para quienes gestionen

la residencia fiscal en nuestro país, como ser la desgravación

por un plazo de 6 años ( 5 años mas el año que se

convierte en residente) sobre las rentas de capital generadas

en el exterior, y los requisitos para tramitar la misma,

el Dr Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados,

adelanto algunos posibles cambios que flexibilizarían

dichas gestiones según lo indicado por diversos actores

políticos en esta campaña electoral, noticias que fueron

muy bien recibidas por los presentes.

Intercambios de información:

Para finalizar la conferencia, se establecieron los mecanismos

posibles de intercambio de información entre

las dos administraciones fiscales, estando hoy vigente el

convenio para intercambiar información y evitar la doble

imposición y el Intercambio Automático de Información

Financiera con fines Fiscales (CRS).

Zona Francas:

Entre los asistentes presentes estaba

el Cr. Ignacio Del, Gerente General de

WTC Free Zone quien puedo abordar

algunas inquietudes sobre el régimen

de zonas francas en nuestro país. Fue

visto con buenos ojos la posibilidad de

diversificar los negocios internacionales

con una compañía local que pueda tener

sus operaciones desde Zona France con

una desgravación total de impuestos.

La conferencia contó con el apoyo y

presencia de representantes de la Embajada

de Uruguay en la República Argentina.

Ignacio Del, Gte.

WTC; Dr. Juan

Diana del Staff

Brum Costa

Abogados; Cr.

Federico Vuillie y

Cr. Diego Vuillie,

socios de VL

Consultores; Dr.

Leonardo Costa,

socio de Brum

Costa Abogados.

En las próximas semanas VL Consultores tiene previsto

continuar con desayunos de consultas con grupos

reducidos, con el objetivo de atender inquietudes de

manera personalizadas para aquellas empresas argentinas

interesadas en radicarse en nuestro país.

Negocio

en dos tiempos

Wilder Ananikian

Presidente de la Cámara

Inmobiliaria Uruguaya

El negocio inmobiliario pasa por una etapa en dos tiempos

simultáneos y diferentes.

Por un lado la coyuntura impuso el temor por la situación

macroeconómica en Argentina, la alarma sobre la

próxima temporada, y la previsible consecuencia sobre los

inversores inmobiliarios en Uruguay, y por el otro los diferentes

actores están abordando los desafíos tecnológicos del

negocio inmobiliario actual.

Son dos procesos que discurren aparentemente por

cauces diferentes, y sin que se advierta demasiado, son dos

partes de un mismo asunto.

De la coyuntura macroeconómica de Argentina, somos

apenas tomadores pasivos de decisiones de terceros, y no

es un tema en el que el sector inmobiliario nacional pueda

incidir, y en cualquier caso podemos gestionar las eventuales

consecuencias de la misma.

Seguir la grilla económica del país vecino, ayuda a

adelantar lo que puede suceder pero no aporta certidumbres

en un escenario cenagoso por definición, e intoxicado por el

ruido electoral de allá y de acá.

Otros sectores de la economía nacional como el turismo,

a estas horas están inquietos y pensando el alternativas para

una temporada que se supone será difícil, lo que incidentalmente

se relacionará -de seguro- con el inmobiliario

uruguayo.

En cualquier caso, de a poco se vuelve realidad el escenario

previo a la llegada del presidente Mauricio Macri al poder,

con un sector de inversores argentinos que piensan en

el ladrillo uruguayo como un reaseguro a sus inversiones.

En paralelo, en los diversos ambientes empresariales

inmobiliarios el tema recurrente es la tecnología, no solo

porque ésta es tendencia, sino porque además estamos en

medio de un cambio del paradigma de los negocios.

Los últimas encuentros empresariales del sector, tanto

el CILA realizado este año en Montevideo como otros

encuentros hechos en la región, coinciden en apostar a las

nuevas miradas que aporta la tecnología puesta al servicio

del negocio.

Y por allí se respira una bocanada de aire fresco que los

operadores debemos saber interpretar.

La tecnológica es una ola para navegar -dirían los más

viejos- o para surfear -dirían los más jóvenes, pero que no

puede quedar fuera de los avatares de la coyuntura.

Nuestro motor debe estar encendido para gestionar la

coyuntura y nuestro espíritu dispuesto a tomar las mejores

opciones cuando se impuso un escenario de incertidumbre.

Porque en estos tiempos de novedades inciertas, nuestro

negocio se ha vuelto en una actividad a dos tiempos, con

dos grandes tormentas por las cuales simultáneamente

debemos transitar y en las que necesariamente necesitamos

avanzar.

33


36

ANALISIS


Cambio de tendencia

en la forma de acceso

a la vivienda

Por Lic. Natalie Ayçaguer

EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS SE VERIFICA EN URUGUAY UN CAMBIO DE

TENDENCIA EN LA FORMA QUE LA POBLACIÓN ACCEDE A LA VIVIENDA.

El cambio operado durante el período 2006-2018 queda en evidencia si se

analiza la composición y evolución de la forma de “Tenencia de la Vivienda”

que surge de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada por Instituto

Nacional de Estadística (INE).

La ECH categoriza la variable forma de “Tenencia de la Vivienda” según

el vínculo contractual que el ocupante tenga respecto a la vivienda y el

terreno que habita. Ya sea mediante un título de propiedad (propietarios) o

un contrato de alquiler (escrito o consensuado) en el caso de arrendatarios, o

incluso en el caso que no exista un vínculo contractual (caso de la ocupación)

la variable mencionada recoge la forma de acceso a la vivienda que tiene la

población.

La variable que analiza la forma de acceso o tenencia de la vivienda contempla

entonces las siguientes categorías:

Propietarios

Arrendatarios

Ocupantes

Otros

1) propietario que está pagando la vivienda que habita

2) propietario que ya pagó la vivienda que habita

3) propietario que está pagando el terreno que habita

4) propietario que ya pagó el terreno que habita

5) con y sin contrato

6) ocupante de la vivienda con relación de dependencia

7) ocupante por B.P.S

8) ocupante con permiso del propietario

9) ocupante sin permiso del propietario

10) Miembros de una cooperativa

A nivel país, si se compara el año 2006 con el año 2018 se puede observar

un cambio en la composición de la variable tenencia. El peso de los propieta-

37


ANALISIS

38

rios cae, aumenta la proporción de ocupantes

y de los arrendatarios según se detalla

en el siguiente gráfico.

Tenencia de la Vivienda

68%

59%

2006

2018

16%

19% 22%

16%

Propietarios Inquilinos Ocupantes

Fuente: ECH 2006 y 2018 - INE

Si se analizan los cambios a nivel de

sub categorías se advierte que el mayor

descenso se verifica en los” propietarios de

la vivienda y el terreno que están pagando

una cuota” y en “los propietarios de la

vivienda y el terreno” (sub categorías 1 y 2),

aumentan los inquilinos (Sub categoría 5) y

se registra un considerable a de “ocupantes

con permiso” (sub categoría 8).

Estos cambios, marcan diferencias

importantes en el régimen de acceso a la

vivienda que se ha verificado en los doce

años analizados. Por un lado se refleja

menor propensión a acceder a la vivienda

en propiedad y un aumento de la tendencia

a ocupar y arrendar inmuebles.

La evolución de la sub categoría de “ocupante

con permiso” merece un análisis detallado,

ya que según la ECH, son “hogares

que se encuentran con trámites de sucesión

y hogares que construyen en terreno de un

familiar”. Si se realiza el supuesto de que no

hay razón para que haya un aumento en las

sucesiones dado que el índice de mortalidad

no registra variaciones significativas;

se podría suponer que los hogares están

optando como solución habitacional ocupar

la vivienda de un familiar o conocido, o

construir en terreno de algún familiar o

conocido, aunque también se podría inferir

que se construyen y se alquilan viviendas

de manera informal .

Es importante destacar que, en esta sub

categoría no se encuentran los Asentamientos

Irregulares (AI), que es lo que se tendería

a creer por ser llamados “ocupantes”. Sólo

un 12% de los hogares relevados se encuentra

en AI y el 80% son mayormente “propietarios

de la vivienda y no del terreno” o

“propietarios de la vivienda y no del terreno

y la está pagando” (80%). Los hogares

situados en AI no han aumentado de forma

significativa en el período analizado y no

han variado sustancialmente su forma de

tenencia.

Si se analiza la realidad de Montevideo

se puede encontrar una mayor claridad en

las tendencias mencionadas, tal como surge

del siguiente gráfico:

Tenencia de la Vivienda 2006/2018

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Propietarios

Inquilinos

Ocupantes

En función de lo anterior, corresponde

preguntarse cuáles son los cambios que

justifican que en doce años, se verifique

un cambio de tendencia en el acceso a la

vivienda.

Una síntesis de los cambios socioculturales,

socio demográficos de los hogares y del

contexto económico que pueden explicarlos

es la siguiente:

• Desde la perspectiva microeconómica, se

verificaría un endurecimiento de las condiciones

de acceso a la propiedad determinada

por el ingreso y poder de compra

de los hogares, por lo que los hogares no

logran alcanzar a cumplir los determinantes

del mercado de créditos hipotecarios.

Plazo, tasa y Loan to Value se han alejado

de las posibilidades de buena parte de los

hogares. Dadas las actuales condiciones

del mercado, se puede decir que existe una

incapacidad de ahorro de los hogares, que

se explica desde varios puntos de vista,

por ejemplo, el aumento de inquilinos nos

lleva a que más hogares no puedan pagar

una cuota de alquiler y generar ahorro al

mismo tiempo.

Desde el punto de vista de los cambios

socio culturales, se han verificado cambios

en las pautas de consumo y preferencias de

la población en el corto y el largo plazo. La

falta de ahorro, también se podría justificar

por el cambio en las preferencias del consumidor.

La hipótesis detrás de esto es que los

hogares destinan sus ingresos a un mayor

consumo presente, sin tener tanto en cuenta

el largo plazo (ej.: viajar o tener acceso a bienes

de consumo no durables de satisfacción

inmediata). Junto a esta hipótesis, existen

variables como las tasas de interés pasivas

extremadamente bajas que desalientan el

ahorro en pro de ese consumo presente.

Otro factor cultural, tiene que ver con que

“El sueño de la casa propia”, hoy ya no tiene

el peso en las nuevas generaciones como

tenía antes dados los cambios en el ciclo de

vida del hogar.

94,6

147,4

133,3

160,9

144,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

138

151,8

97,6

Fuente: ECH 2006 y 2018 - INE

• Los cambios demográficos hablan de

cambios en la estructura del hogar. Hay

un aumento de hogares unipersonales

que encuentran una solución habitacional

en el arrendamiento y en la ocupación con

permiso. Estos, podrían ser los jóvenes

que se independizan del hogar de sus

padres, (aunque hoy en día esto se hace

cada vez más difícil), así como hogares

que se disuelven transformándose en

unipersonales o mono parentales, dejando

atrás los clásicos hogares biparentales con

y sin hijos, así como hogares de adultos

mayores que tienen que ver con la segunda

transición demográfica que atraviesa el

Uruguay.

La reducción del tamaño del hogar que

se verifica en el período analizado (que pasó

de más 3 a 2.7 integrantes por hogar promedio)

sumando a que la tasa de remplazo de

la población está por debajo de la unidad

(0.9), se infiere que el crecimiento de los

hogares por encima del crecimiento de la

población se debe a un proceso de fragmentación

y no de crecimiento endógeno

sustentable.

Otro factor demográfico, de menor cuantía,

que podría considerarse como explicativo

del tipo de tenencia, es la migración

interna desde el campo y ciudades con menos

de 5000 habitantes a ciudades capitales

e intermedias. Esto hace que se procure una

solución de vivienda más relacionada al alquiler

o la ocupación temporal, al menos al

inicio del proceso de instalación del mismo,

y no en régimen de propiedad.

Reflexionar sobre el régimen de tenencia

de la vivienda y su “tendencia” está relacionado

íntimamente con los cambios que se

deben registrar en el mercado inmobiliario

para dar respuesta a la demanda existente.

Se debe repensar que tipo de viviendas

construir según el perfil de la demanda, el

tamaño del hogar y los cambios en la estructura,

las posibilidades de acceso a fuentes

de financiamiento del hogar (ya sea para

compra o construcción) y el destino de las

viviendas en el mercado (alquiler o venta).

Montevideo 25 de octubre de 2019

NOTAS

1. En el año 2006 se realizó una Encuesta Nacional de Hogares

Ampliada, se representa, después de muchos años de no hacerlo,

a la totalidad del país con resultados no sólo para las localidades de

5.000 o más habitantes, sino que amplía su cobertura geográfica a

las localidades pequeñas del país (menos de 5.000 habitantes) y a

las zonas rurales.

2. Ésta última categoría es registrada a partir del año 2016. La

misma es marginal, alrededor de 1% de los hogares.

3. Los inquilinos en el departamento de Montevideo llegan a un 25%.

4. No es posible conocer si existe un aumento de alquileres

informales dado que la ECH no releva si el contrato de alquiler es

de palabra o no.

5. El 3.8 % de los hogares declara vivir en un AI (año 2018)


40

OPINION


Por Mag.

Micaela Camacho,

Dir. del Instituto de

Competitividad, UCU

La industria política en

Uruguay de cara al Balotaje

El pasado 14 de noviembre presentamos un nuevo informe elaborado por el

equipo del Instituto de Competitividad (IC) que, en esta ocasión, contó con el

apoyo de investigadores del Departamento de Administración y Finanzas de

la Universidad Católica del Uruguay.

Motivados por las distintas crisis de institucionalidad que se están viviendo

en diversas partes del mundo y, particularmente, en Latinoamérica,

el Instituto de Competitividad buscó realizar un aporte, desde su área de

conocimiento y experiencia, para entender el contexto de la situación política

que está viviendo Uruguay desde hace un par de años y, puntualmente, luego

de las elecciones internas, las de primera vuelta y de cara al balotaje.

De esta manera, se estudió la “Industria de la Política en Uruguay”, a partir

de la realización de un análisis que incorporó una nueva mirada analítica,

derivada de la microeconomía, para entender la dinámica y el desempeño del

sistema político uruguayo. La herramienta de análisis elegida fue la de “las

cinco fuerzas” de la industria, elaborada por Michael Porter. Esta herramienta

permitió establecer un orden al análisis e identificar fortalezas y debilidades,

así como también, oportunidades y amenazas derivadas del entorno de los

negocios relevante para el sector. En este artículo realizaremos un resumen de

algunos de los principales hallazgos del estudio, que se encuentra disponible

en la web del IC (www.competitividad.edu.uy).

Analizando la historia, pudo observarse que Uruguay tiene un sistema de

partidos políticos fuertemente institucionalizados que es tan longevo como el

país mismo. A lo largo de la vida democrática del país, los tres partidos líderes

(Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio) han variado su lugar

dentro de la arena competitiva de forma muy acentuada, inclusive llegando

los tres partidos al Poder Ejecutivo y pudiendo observarse varios momentos

de cambio de “bloque ideológico” en el liderazgo. De estos cambios, el más

notorio se da en 2004 cuando el Frente Amplio accede en primera vuelta a la

presidencia de la República, inclusive con mayoría de representantes en el

Parlamento.

41


OPINION

55 55

52

23

Evolución de la composición del Parlamento por partido

MAYORÍA PARLAMENTARIA

0

46

27

02

39

52

28

11

43 44

41 40

06

Sin embargo, estos partidos políticos fuertes e históricamente

institucionalizados están sufriendo hoy un escenario de muy baja

confianza por parte de los ciudadanos. En 2018 solamente el 22%

de la población expresaba tener confianza en los partidos políticos,

un escenario muy similar al vivido en 2003 cuando, en un momento

post-crisis, Uruguay vivió el mínimo de confianza histórica en

los partidos políticos (17%).

La baja confianza en los partidos políticos existentes, lo que

de alguna manera está en línea con las crisis institucionales que

mencionábamos al comienzo, puede indicar que los ciudadanos

podrían estar en búsqueda de nuevas maneras de satisfacer la necesidad

de resolver problemáticas sociales aún presentes. Esto puede

manifestarse de varias maneras, siendo una de ellas las expresiones

populares que se observan en varios países de la región y el mundo.

Sin embargo, estas expresiones, a efectos del estudio, fueron consideradas

como “fuera del sistema”. Es decir, son manifestaciones que

no siguen las “reglas” del sistema político, tal y como está diseñado

hoy en día. Pero sin salir del sistema, en Uruguay, los ciudadanos

también podrían estar buscando nuevas maneras de dar solución a

los problemas a los que se enfrentan, tanto económicos como sociales

y que parecen estar muy presentes en el contexto actual.

29

52

05

47

69

13 22

39

01 02

67 66

1971 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

PARTIDO COLORADO PARTIDO NACIONAL FRENTE AMPLIO OTROS PARTIDOS

Fuente: “La Industria de la Política en Uruguay”, Instituto de Competitividad (2019)

17

42

05

Como puede observarse en el gráfico anterior, actualmente

se ve que el país se enfrenta a una situación muy particular.

Existe una muy baja aprobación de la gestión del gobierno

que se sitúa, desde hace tres años, por debajo del 50%, en un

contexto donde la percepción de la situación económica como

mala o muy mala, está muy por encima de la percepción de

la situación como buena o muy buena, sumado a todo esto,

un acuerdo creciente y en rangos altos de que la seguridad

pública es el problema más importante en el país.

El comportamiento de todas estas variables refuerza la

idea que los ciudadanos puedan querer buscar opciones por

fuera de los partidos políticos existentes, en quienes ya no

confían con la misma fuerza que antes. Así, se explicaría el

surgimiento de iniciativas como la del plebiscito “vivir sin

miedo”, que son mecanismos de democracia directa que buscan

solucionar un problema al que el sistema político en su

conjunto no está dando respuesta. Si bien la reforma no salió,

el alto porcentaje de adhesión está marcando la necesidad de

actuación en ese frente y que los ciudadanos están dispuestos

a ir por caminos adicionales a los del Parlamento para lograr

encontrar respuestas.

Por otro lado, la búsqueda de nuevas opciones por parte

de los uruguayos, puede dar cabida a la aparición de nuevos

partidos políticos en la arena competitiva. En un país donde

la democracia es tan sólida y respetada, y donde, a pesar de

la baja en la confianza, la institucionalidad de los partidos

políticos es aún fuerte, no suena extraño que la ciudadanía

haya buscado sus “nuevas opciones” dentro del “sistema

de partidos”. Esto, de alguna manera, podría estar dando

explicación al surgimiento y a la amplia votación de partidos

como Cabildo Abierto, y la incursión en el Parlamento de dos

partidos adicionales (PERI y Partido de la Gente), lo que, junto

a los cuatro que ya contaban con representación (UP era

el quinto pero pierde representación en 2019), marcará una

nueva etapa en la evolución política del país con el Parlamento

más fragmentado de la historia (con siete partidos políticos

representados).

42

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Cruce de variables: Aprobación de gobierno, situación económica

del país y precepción sobre la seguridad pública (2001-2018)*

Contexto

de crísis

Aprueba gestión del gobierno

Percepción de la situación económica buena/muy buena

Contexto internacional favorable, buen desempeño de la

economía, continuidad de un mismo partido en el gobierno

Excenario

reciente

Percepción de la situación económica mala/muy mala

Delincuencia/seguridad pública problema más importante

del país

(*) No se encontraron valores para el 2012 ni el 2014.

Fuente: “La Industria de la Política en Uruguay”, Instituto de Competitividad (2019).

Las elecciones de octubre 2019 han marcado que era

necesario un cambio, y la población ha optado por “abrir la

cancha” a nuevos jugadores que los representen. Restan aún

las elecciones de noviembre, donde se elegirá presidente y

vicepresidente. Como vimos anteriormente en el gráfico y

considerando la baja confianza en los partidos políticos ya

mencionada, estamos en un contexto que parece no satisfacer

a la población y que es muy similar a la situación vivida

en 2004 cuando se produce una modificación de “bloque

ideológico” en el gobierno con la asunción del Frente Amplio.

Todo apunta a que los ciudadanos buscan un cambio. Si el

cambio en la conformación del Parlamento fue suficiente

para los votantes o si, aún ante este este escenario, prefieren

un cambio más radical, pasando a otro “bloque ideológico”

en el gobierno, es algo que podremos saber recién el 24 de

noviembre.


INSTITUTO PARA LA CAPACITACION

EN SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION

Capacitaciones con el apoyo de:


LABORAL

¿Qué sucederá

con las propuestas

sobre relaciones laborales?

Dr. Nelson Larrañaga Zeni

CPA Ferrere

44

Esta nota fue publicada en El Observador, en su edición del 17 de octubre de 2019;

antes de conocer los resultados de las elecciones

.

En 2014 propuse 10 acciones de mejora de las relaciones

laborales. Entre otras, expuse que se debería ir por el

camino de (i) fomentar relaciones laborales cooperativas,

mediante la actuación efectiva de equipos bipartitos a todo

nivel, con el fin de armonizar intereses, aumentar la productividad

y el salario real, (ii) privilegiar la negociación

colectiva bipartita de condiciones de trabajo (incluidos los

aumentos de salarios), con participación subsidiaria del

gobierno, como garantista del salario mínimo por sectores

si no hay acuerdo, (iii) promover medios de prevención y

solución de conflictos previos a las medidas, (iv) comprometer

al gobierno a que actúe con equilibrio, y asuma su

rol legal de garantizar el ejercicio de los derechos.

Los partidos opositores señalan que el gobierno favoreció

al sector sindical, provocando que las relaciones

laborales no fueran equilibradas. El Frente Amplio no

reconoce que esto haya ocurrido. Si continúa en el poder,

debería rever su política y actuar con equilibrio cuando

sea llamado por los actores sociales. En este cambio, puede

ayudar el perfil moderado del candidato. La oposición se

compromete a mantener equidistancia entre los intereses

de los actores sociales, restablecer la confianza, practicar

el diálogo permanente, construir relaciones laborales cooperativas,

y reforzar los medios de prevención y solución

de conflictos.

Otro tema clave es qué va a suceder con la negociación

colectiva. La Ley impone una negociación tripartita obligatoria

por ramas de actividad en los Consejos de Salarios

(CS). Aquí se negocian todas las condiciones de trabajo,

con protagonismo del gobierno, que desde el inicio fija los

lineamientos de los ajustes de salarios. Varios artículos de

la Ley se contraponen a dos Convenios Internacionales del

Trabajo (CIT). Estos CIT establecen que de regla, la negociación

colectiva debe ser bipartita. Esto fue señalado por

la OIT desde el 2010 en adelante y sus recomendaciones

están pendientes de cumplimiento.

El gobierno y el actor sindical se oponen a dar curso

a lo que pide la OIT en este tema. Si algún partido de la

oposición accede al gobierno, trabajará para cumplir con

la OIT. Para ello, debería proyectar modificar la Ley en

aspectos centrales sobre la operativa de la negociación

colectiva y los CS.

Es poco factible que en el próximo tiempo se construya

un acuerdo social y político para cumplir con la OIT, tras

diez años de diálogo sin llegar a nada.

El partido oficialista, si deja de estar en el gobierno, es

probable que con el sector sindical forme una alianza para

impedir cualquier intento de la oposición de modificar la

Ley, y nuevamente tendremos confrontación.

Los actores sociales deberían superar esta situación,

pensar en el futuro de sus relaciones, y responder a esta

pregunta: ¿Están preparados para negociar en forma

bipartita en todos los sectores de actividad sin la tutela

del gobierno? Los empleadores dijeron sí y esto implica

un firme compromiso de practicar siempre la negociación

colectiva.

Del lado sindical, hay datos que apoyarían una respuesta

afirmativa: (i) experiencia de negociación colectiva de

15 años (siete rondas), con actuación de sindicatos en todas

las ramas, (ii) central sindical potente (400.000 afiliados),

con gran influencia en la sociedad, (iii) actividad sindical

promovida y protegida por la Ley 17.940 (nulidad del acto

antisindical, licencia sindical, cartelera sindical, etc.), (iv)

medidas de conflicto que nadie tiene (derecho de huelga,

huelgas articuladas, trabajo irregular, ocupaciones,

piquetes). ¿Qué más se puede pedir? La libertad sindical

funciona a pleno.

Los actores sociales deberían confiar en sí mismos y

negociar de buena fe en forma directa, como ocurre hoy

en varios sectores de actividad. Es cuestión de asumir el

desafío de extender esta práctica de negociación bipartita

a otras ramas, que hoy están ancladas en los CS. La

experiencia enseña que la gran mayoría de los acuerdos

firmados en los CS, se construyeron previamente en forma

bipartita. Los acuerdos son un éxito de los actores sociales.

Otro tema: ocupación del lugar de trabajo. El partido

oficialista, si continúa en el poder, no piensa derogar el

Decreto 165/006, que declaró que la ocupación es una modalidad

de huelga. Los partidos opositores concuerdan en

derogar dicho Decreto, porque la ocupación vulnera derechos

constitucionales (libertades de trabajo y de empresa,

derecho de propiedad).

El Decreto debería derogarse. Entiendo que no se debería

debatir sobre si la ocupación es o no una “extensión”

del derecho de huelga. Los derechos tienen un núcleo

esencial que los identifica, y no se pueden crear “extensiones”.

Ello implicaría cambiar su identidad y naturaleza.

Si la huelga es no trabajar (conducta pasiva) y esto es lo

que se protege, toda otra conducta que no encaje en este

núcleo, no es huelga.

La ocupación por esencia no encuadra dentro de la huelga

por ser una conducta activa. Es una medida que es ilegítima,

que impide el ejercicio de derechos constitucionales.

Lo mismo sucede con los piquetes. La Justicia dijo que

ambas medidas son contrarias a la Constitución.


NORMATIVAS

El atractivo uruguayo

para los emprendimientos regionales

HACE UNAS SEMANAS PARTICIPAMOS DE UN WORKSHOP EN BUENOS AIRES DONDE NUESTROS HERMANOS

VECINOS DEMOSTRARON UN ACTIVO INTERÉS POR CONOCER LAS VENTAJAS QUE REPORTA EL URUGUAY

COMO DESTINO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS A NIVEL REGIONAL, Y DESDE EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO

RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: NUESTRO SISTEMA BANCARIO, LAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS, RÉGIMEN

DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, ZONAS FRANCAS, RÉGIMEN DE PUERTO LIBRE, RESOLUCIÓN Nº 51/997,

SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR Y RESIDENCIA URUGUAYA.

46

Cra. Lucía Pérez Martínez y

Dra. Flavia Mazzucco

Es así que entendimos oportuno realizar en el presente trabajo una reseña de cuáles son las distintos aspectos

a tener en cuenta a la hora de llevar adelante un emprendimiento en Uruguay, sus aspectos normativos y

sus distintas ventajas.

Sistema bancario uruguayo

En primer lugar, uno de los mayores atractivos lo conforma el sistema bancario uruguayo, que se lo puede

caracterizar como: estable, transparente, regulado, sin limitaciones para la entrada y salida de capitales, y sin

control de cambios para operaciones de moneda extranjera.

Como principales ventajas puede destacarse su multimoneda, en cuanto puede operarse con pesos, dólares,

euros y últimamente con renminbi; y la posibilidad de apertura de cuentas a no residentes con tiempos y

costos de transferencia razonables y la libertad en el envío y recepción de remesas de capitales o dividendos.

Estructuras jurídicas uruguayas

Uruguay como Argentina, centran sus estructuras jurídicas básicamente en tres tipos sociales: la Sociedad

de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima y las Sociedades por Acciones Simplificadas (en adelante

SRL, SA y SAS respectivamente).

En Argentina tanto la SRL como la SA están reguladas en la ley Nº 19.550 de 1984, y las SAS fueron creadas

por la ley Nº 27.349 de 2017, las homónimas uruguayas las encontramos en la ley Nº 16.060 que regula la SRL

y la SA y la Ley Nº 19.820 promulgada este año que crea las SAS uruguayas como fomento al emprendedurismo,

de la cual se espera su pronta reglamentación.

Los distintos tipos sociales se diferencian según lo señalado en el siguiente cuadro comparativo:


OBJETO

PLAZO

REPRESENTACION

DEL CAPITAL

NUMERO SOCIOS

O ACCIONISTAS

S.R.L. S.A. S.A.S

Definida la actividad

Máximo 30 años

Cuotas sociales

Mínimo 2 máximo 5

Definida la actividad

(objeto ampliado)

Se puede fijar plazo

superior a 30 años

Acciones (portador,

nominativas o escriturales

2 o más en la constitución

(permite 1 accionista)

VOTOS C/Acción derecho a 1 voto C/Acción derecho a 1 voto

Actividad lícita

indeterminada

Se puede fijar plazo

superior a 30 años

Acciones nominativas

1 o más accionistas desde

la constitución

Voto singular, o múltiple a

las clases de acciones

Debemos hacer un paréntesis y recordar, que en Argentina las

acciones son nominativas, y en Uruguay desde la ley Nº 18.930

tenemos acciones al portador que conforman un híbrido, en cuanto

se ha eliminado el anonimato de los accionistas debiendo informarse

la titularidad de las participaciones patrimoniales al portador al

BCU, con lo que se ha desnaturalizado su verdadera esencia.

TRANSFERENCIA

CUOTAS/ACCIONES

INTEGRACION

DE APORTES

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA

LUGAR DE REUNION

ASAMBLEA

RESP. OBLIG. LABO-

RALES Y TRIBUTARIAS

S.R.L. S.A. S.A.S

Libre entre socios. Vta.

a terceros 75% + de

5 socios y unanimidad

menos de 5 socios

Integración mínima por

socio del 50% en dinero

y 100% en especie.

2 años para el 100%

aporte en dinero

Cuotas sociales

Mínimo 2 máximo 5

C/Acción derecho a

1 voto

Libre

Integración del 25% y

suscribir hasta el 50%

No hay plazo para

integrar el 100%

Requiere publicación,

salvo comunicación a

domicilio, o que asista el

100% de los accionistas

Domicilio de la sociedad

Resp. limitada al aporte

Se puede prever por

estatutos restrciones a la

venta (prohibiendo la venta

hasta por 10 años)

SeC /accinista debe integrar

10% de aporte en dinero y

100% de aportes en especie.

2 años para el 100% aporte

en dinero.

Cualqueir medio. Posibilidad

de autoconvocatoria de

asambleas unánimes.

Dom. S.A. u otra con lugar c/

quórums necesarios.

Resp. limitada al aporte

Podemos ver como el nuevo tipo societario de las SAS permite que

los accionistas puedan reunirse por video llamada, Skype, u otros

medios alternativos digitales lo cual está de acuerdo con la dinámica

actual de los negocios, y en consonancia con la nueva economía

digital.

COMUNICACION DE

TITULARES Y ENEFICIARIOS

FINALES AL BCU

OFERTA PUBLICA

DE ACIONES

PUBLICACION DE

CONSTITUCION Y REFORMA

DE ESTATUTOS

TRATAMIENTO TRIBUTARIO

S.R.L. S.A. S.A.S

Si, salvo socios

ps físicas y BF

NO Si No

SI Si No

IRAE (Real o Régimen ficto en

ingresos anuales menores a

4.000.000 UI)

No paga ICOSA

SI

IRAE 25%

Paga ICOSA

SI

IRAE (Real o Rég. ficto)

No paga ICOSA

La creación de las SAS reporta una verdadera ventaja pues se

reducen de los formalismos, ya que puede realizarse por medios

digitales con firma electrónica avanzada y vía web inscribiéndose

dentro del plazo de 24 hs. y publicándose, y también puede ser un

instrumento idóneo para grandes proyectos.

Asimismo, se establece una exoneración impositiva transitoria

por el término de un año desde la vigencia de la ley para aquellas

empresas unipersonales o SRL que deseen transformarse en SAS;

respecto del impuesto a la renta, del Impuesto al valor agregado

resultante de la transferencia de los bienes derechos y obligaciones,

y del Impuesto a las transferencias patrimoniales (en adelante

IRAE, IVA e ITP respectivamente) por la transferencia de los bienes

inmuebles; para lo cual, se debe estar en situación regular de pagos

de sus obligaciones frente a BPS y DGI , y dicha transferencia debe

realizarse a título gratuito o como integración de capital.

Otros aspectos claves a la hora de invertir en Uruguay son los incentivos

y regímenes preferenciales para la inversión, que abarcan

distintos tipos de actividades:

Régimen de promoción de inversiones

El régimen de promoción de inversiones, Ley No 16.906, en su Art.

1 establece: “Declárase de interés nacional la promoción y protección

de las inversiones realizadas por inversores nacionales y

extranjeros en el territorio nacional.”

Las mismas serán admitidas sin necesidad de autorización previa

o registro y el Estado garantiza la libre transferencia al exterior de

capitales y de utilidades, efectuada moneda de libre convertibilidad.

Los beneficios se aplican a contribuyentes del IRAE y del Impuesto

a la Enajenación de Bienes Agropecuarios que realicen las actividades

previstas en la ley por inversiones específicas promovidos

por el Poder Ejecutivo. Se podrán obtener exoneraciones fiscales

dependiendo de las características del bien en el pago del IP, IVA,

tasas y tributos a la importación e IRAE.

Régimen de Zonas Francas

En relación al Régimen de Zonas Francas, el Art. 1 de la ley No.

15.921 establece “Declárase de Interés Nacional la promoción y

desarrollo de las zonas francas, con los objetivos de promover

inversiones, expandir exportaciones, incrementar la utilización

de mano de obra nacional e incentivar la integración económica

internacional”.

Las zonas francas uruguayas son áreas ubicadas dentro del territorio

nacional que cuentan con amplias exoneraciones tributarias

para las actividades industriales comerciales o de servicios.

El objeto de la sociedad debe limitarse a la realización de actividades

dentro de la zona franca y/o hacia el exterior, y es necesario

firmar un contrato de usuario y presentar un plan de negocios, todo

lo cual debe ser aprobado por el Área de Zonas Francas de la Dirección

General de Comercio dependiente del Ministerio de Economía

y Finanzas.

Las mercaderías estarán exentas de todos los tributos y recargos

aplicables a la importación o en ocasión de la misma y los usuarios

estarán exentos de todos los tributos nacionales, salvo las contribuciones

especiales de seguridad social y los impuestos sobre la renta

del personal que emplee.

Es importante señalar, que las empresas no pueden facturar más

del 5% de sus ventas a empresas ubicadas en territorio no franco

de Uruguay y debe de contar como mínimo con 75% de empleados

uruguayos (es posible solicitar una excepción al Ministerio en relación

al personal extranjero).

A lo anterior se suma, la nueva normativa aprobada por el Mercosur,

Decisión 33/2015, que establece que las zonas francas dejarán

de ser consideradas como “extrazona”. Establece que la mercadería

que ingresa a zona y luego vuelve a salir de los exclaves aduaneros

dejará de abonar arancel externo común ya que la mercadería

conservará los orígenes y sus beneficios, reduciendo así los gastos

de las empresas usuarias.

Régimen de Puerto Libre

En referencia, al Régimen de Puerto Libre, la Ley de Puertos No.

16.246 Art. 1 establece que “La prestación de servicios portuarios

eficientes competitivos constituye un objetivo prioritario para el

desarrollo del país.”

El régimen de puerto libre se enmarca en el concepto de exclave

aduanero definido en el código aduanero como la parte del territorio

del país, en cuyo ámbito geográfico las disposiciones aduaneras

no son aplicables.

Este régimen también se aplica a Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia,

Sauce y La Paloma, así como también el Aeropuerto internacional

de Carrasco.

Para gozar de los beneficios, las actividades que se cumplan en

los puertos deberán ser de: depósito, reenvasado, manipulación,

transporte, tránsito, abastecimiento de buques y demás actividades

conexas que no modifiquen la naturaleza de la mercadería.

47


NORMATIVAS

48

Durante su permanencia en el exclave, las mercaderías estarán

exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación,

así como del IVA a la circulación de bienes y a la prestación de

servicios dentro del recinto aduanero. Las empresas no residentes

que operen con mercaderías de origen extranjero estarán exoneradas

del Impuesto a la Renta cuando las mercaderías se encuentren

en tránsito y no tengan origen territorio aduanero nacional ni estén

destinadas al mismo y dichas mercaderías no están gravadas por el

Impuesto al Patrimonio.

Se debe tener presente que existe una restricción: no se pueden facturar

más del 5% de las ventas a empresas ubicadas en el territorio

no franco de Uruguay.

Resolución Nº 51/997

La Resolución Nº 51/997 establece un régimen de liquidación del

impuesto a la renta, cuando las operaciones de intermediación

realizada en el territorio nacional sean: “- Compra - venta de mercaderías

situadas en el exterior que no tengan por origen ni destino

el territorio nacional. -Intermediación en la prestación de servicios,

siempre que los mismos se presten y utilicen económicamente fuera

del referido territorio.”

La resolución establece que, a la diferencia entre el precio de venta

de las mercaderías o servicios y el costo de las mismas se aplica un

3% a efectos de determinar la renta ficta que habrá de gravarse y

sobre este resultado se aplicará la alícuota del Impuesto a la Renta

del 25%; existiendo un monto mínimo mensual a abonar según lo

establecido en el Articulo 93 del título 4.

La distribución de dividendos se establece en un gravamen del 7%

hasta la concurrencia con el monto de la renta neta fiscal gravada

por IRAE, y en la proporción que corresponda a cada socio o accionista.

Servicios prestados en el exterior

Según el Artículo 7 Título 4 del IRAE: “Se considerarán de fuente

uruguaya las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes

situados o derechos utilizados económicamente en la República,

con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de

quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración

de los negocios jurídicos.”

Por lo que los servicios prestados en el exterior no tributan Impuesto

a la Renta de las actividades económicas ya que no se encuentran

comprendidos en el hecho generador del Impuesto. Por lo que

Uruguay maneja un concepto de renta territorial.

Residencia uruguaya

En Uruguay tenemos dos tipos de residencia, la legal y la fiscal

según las condiciones que deban cumplirse para constituir una u

otra.

Residencia Fiscal

Para ser residente fiscal deben cumplirse cualquiera de las dos

circunstancias siguientes:

a) Que permanezcan más de 183 días al año, en territorio uruguayo.

Para determinar dicho período se computarán las ausencias esporádicas

–las que no excedan los 30 días corridos.

b) Que radique en territorio nacional el núcleo principal o la base de

sus actividades o de sus intereses económicos o vitales (en este caso

no es necesario permanecer 183 días).

Es menester tener presente el caso reciente de un español que solicitó

el certificado de residencia fiscal a DGI para beneficiarse de un

Convenio para evitar la doble imposición entre su país de origen y

Uruguay, ésta se lo negó por lo que solicitó la anulación de dicha resolución

del organismo ante el TCA ; éste último, por unanimidad,

fallò a favor de la DGI básicamente en razón de que: “Analizados los

movimientos migratorios del compareciente en dicho periodo surge

que la permanencia en Uruguay es significativamente menor a sus

ausencias. En consecuencia lo esporádico resulta ser su permanencia

en Uruguay”.

Por lo que en nuestro país el concepto de residencia va ligado al

concepto de permanencia.

Residencia Fiscal por Tenencia de bienes Inmuebles y Otros

El Decreto 330 de Octubre de 2016, incorporó como opción para

obtener la residencia, que se considerará que una persona radica

la base de sus intereses económicos cuando cumpla una de las

siguientes hipótesis: (i) Tenga en territorio nacional una inversión

en bienes inmuebles por un valor superior a 15.000.000 UI (quince

millones de Unidades Indexadas – Aprox. U$D 1.750.000). (ii) Tenga

en territorio nacional una inversión directa o indirecta, en una

empresa por un valor superior a 45.000.000 UI (cuarenta y cinco

millones de Unidades Indexadas – Aprox. U$D 5.250.000.) que

comprenda actividades o proyectos que hayan sido declarados de

interés nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°16.906 y su

reglamentación.

Residencia Legal

El concepto de residencia legal se asocia con el lugar donde un

individuo vive, es decir, donde tiene su permanencia estable; por lo

que todo extranjero que se encuentre en el país en calidad de turista

podrá iniciar un trámite de residencia, -permanente o temporal- a

los efectos de formalizar su situación documental en Uruguay, siendo

necesario acreditar un domicilio uruguayo permanente.

En una primera etapa, se obtiene la residencia temporal, y una vez

obtenida la misma se podrá gestionar un cambio de categoría y

obtener la residencia permanente, para lo cual la persona deberá

probar que obtiene ingresos mensuales en el país suficientes para

su manutención.

Nueva Ley facilita la obtención de la

Residencia permanente en Uruguay

Mediante la Ley Nº 19.254 “se facilita a cónyuges, concubinos,

padres, hermanos y nietos de Uruguayos” así como a los “nacionales

de los países del MERCOSUR y estados asociados” (Argentina,

Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,

Perú, Guyana y Surinam), a obtener la residencia permanente en la

República.

Se trata de un proceso simple y ágil por el que cualquier ciudadano

de un país miembro o asociado al Mercosur puede obtener su

Residencia Legal permanente, sin tener que demostrar ingresos en

Uruguay, diferencia importante respecto a la normativa anterior.

Reflexión:

En atención a los acontecimientos regionales, la falta de certidumbre

generada en la región respecto de los mercados, el cepo cambiario

existente en Argentina, sumado a la reforma tributaria donde

se han afectado los hechos generadores del impuesto las ganancias

de dicho país, han llevado a muchos argentinos a ver en nuestro

país no solo un destino para el desarrollo de sus negocios, viendo

la simetría de las estructuras jurídicas societarias, y el régimen

de promoción de inversiones, sino como un lugar para radicar su

centro de vida.

“Donde hay una empresa de éxito,

alguien tomó alguna vez una decisión valiente.”

(Peter Drucker)


INDICE GENERAL / COSTOS - GRANDES RUBROS - BASE 1999

INDICE GENERAL / COSTOS - GRANDES RUBROS - BASE 1989

General Parcial Materiales Mano

de Obra

Leyes

Sociales

Costo

Permisos

General Parcial Materiales Mano

de Obra

Leyes

Sociales

Costo

Permisos

OCT / 18 668.53 661.52 527.08 881.24 717.65 428.16

NOV / 18 662.41 656.28 525.39 870.29 707.56 428.16

DIC / 18 665.68 660.76 533.12 869.80 705.96 432.61

ENE / 19 672.88 667.13 534.45 883.28 716.80 432.61

FEB / 19 674.63 669.38 539.02 882.95 716.51 432.61

MAR / 19 672.90 668.97 544.77 874.51 709.15 432.61

ABR / 19 680.03 676.02 552.52 883.13 716.66 450.45

MAY / 19 681.49 677.83 555.61 883.22 716.74 450.45

JUL / 19 705.99 698.87 555.17 932.99 756.81 450.45

AGO / 19 708.59 702.08 560.65 933.21 757.00 450.45

SET / 19 711.28 705.55 568.61 932.47 756.37 463.82

OCT / 19

INDICE MEDIO SUBCONTRATOS POR TIPO

BASE DICIEMBRE 1999 = 100 Mayo 89 = 100

Agosto 2019 Setiembre 2019 Agosto 2019 Setiembre 2019

Indice Parcial 702.08 705.55 29242.40 29386.93

Hormigón armado 777.75 783.58 28040.61 28250.80

Albañilería 742.59 745.39 34307.96 34437.32

Carpintería 749.85 753.85 30455.98 30618.45

Herrería 796.59 804.23 33833.01 34157.50

Inst. eléctricas 716.88 718.86 30537.55 30802.36

Inst. sanitarias 716.88 715.88 23317.38 23284.86

Apar. y grifería 568.52 577.35 21310.29 21641.27

Ascensor 462.53 468.18 20172.41 20418.83

Vidrios 746.74 752.91 37388.90 37697.83

Pinturas 884.20 884.68 39563.09 39584.56

OCT / 18 30223.60 27572.20 18102.10 56542.47 52409.34

NOV / 18 30239.88 27553.04 18051.75 56542.47 52868.85

DIC / 18 29963.06 27334.78 17993.87 55839.90 51946.08

ENE / 19 30110.97 27521.38 18258.61 55808.46 51828.62

FEB / 19 30436.65 27786.70 18304.16 56673.36 52624.45

MAR / 19 30515.81 27880.41 18460.68 56652.19 52603.15

ABR / 19 30437.55 27863.34 18657.61 56110.66 52062.81

MAY / 19 30760.07 28156.98 18923.04 56663.74 52614.17

JUL / 19 30826.11 28232.37 19028.86 56669.51 52620.04

AGO / 19 31934.33 29108.70 19013.80 59862.88 55561.81

SET / 19 32173.61 29386.93 19474.10 59829.51 55529.51

OCT / 19

INDICE GENERAL COSTO CONSTRUCCIÓN - CRONOLÓGICO

Base Mayo 1989 = 100 / Base Enero 1976 = 100

2016 2017 2018 2019

Enero 24197.61 25972.11 27941.58 30110.97

Febrero 24547.26 26279.25 28388.48 31436.65

Marzo 24162.33 26326.29 28216.14 30515.81

Abril 24448.65 26152.59 28294.40 30437.55

Mayo 24598.83 26383.29 28473.52 30760.07

Junio 24561.74 26485.97 28661.24 30826.11

Julio 24544.10 26567.84 28712.89 31934.33

Agosto 24418.35 26617.14 29974.82 32051.93

Setiembre 24443.68 26757.37 30134.94 32173.61

Octubre 24896.01 27961.93 30223.60

Noviembre 26034.99 28169.10 30239.88

Diciembre 25945.43 27953.34 29963.06

MEDIANERÍA - ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS POR LEY 17.555

Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Setiembre 2019

Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ.

Muro de ladrillo de prensa e=25 cm 7457.83 7079.83 7532.82 7138.68 7545.95 7151.00 7.554,40 7.159,34

Muro de ladrillo de campo e = 25 cm 4800.86 4460.50 4875.32 4518.83 4888.45 4531.15 4.896,90 4.539,48

Muro de ladrillo de prensa e=12 cm 6770.78 2576.77 3809.82 3607.46 3816.88 3614.04 3.821,18 3.618,28

Muro de ladrillo de campo e = 12 cm 2442.30 2267.10 2481.07 2297.54 2488.13 2304.11 2.492,43 2.308,36

Muro de ladrillo de prensa una cara vista 4404.81 4126.77 4478.46 4187.44 4486.12 4194.52 4.490,49 4.198,83

Muro de ladrillo de campo una cara vista 3076.33 2817.11 3149.71 2877.52 3157.38 2884.60 3.161,74 2.888,90

Muros de Ticholo 12x25x25 e=12 cm. 1583.56 1469.26 1626.12 1506.13 1630.22 1509.94 1.632,65 1.512,33

Muros de ticholo 12x25x25 e=25 cm. 2624.90 2482.27 2673.11 2523.96 2682.22 2532.65 2.688,80 2.539,13

Elevación mat. de 6 a 15 m. / m3 466.31 403.63 489.14 423.00 491.82 425.17 491,82 425,17

Elevación mat. de 15 a 30 m / m3 746.09 645.81 782.62 676.80 786.92 480.28 786,92 680,28

Andamios de 6 a 30 m de altura /m2 181.94 157.62 191.61 165.96 192.04 166.30 192,04 166,30

Protecciones 6 a 30 m de altura /m2 45.48 39.41 47.90 41.49 48.01 41.58 48,01 41,58

Cim. corrido: H.cicl. 0.40x1 /ml 8089.66 7293.64 8300.83 7463.88 8341.94 7500.78 8.362,14 7.520,69


TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

INDICE POR TIPO Y COMPONENTE

Valor

Mensual

AGOSTO 2019 SETIEMBRE 2019

Acumuladas

Acumuladas

Variación

mensual Valor Mensual

2019 Ult. 12

meses 2019 Ult. 12

meses

General 708.59 0.37 6.97 6.93 711.28 0.38 7.38

General sin

impuestos 714.13 0.35 6.97 6.89 716.70 0.36 7.36

Parcial 702.08 0.46 6.98 7.16 705.55 0.49 7.51

Parcial sin

impuestos 707.84 0.46 6.98 7.16 711.34 0.49 7.51

Variación

mensual

Materiales 560.95 1.04 6.77 9.10 0.24 568.61 1.37 8.23 8.68 0.32

Gastos

generales 573.68 0.60 6.55 7.05 0.05 575.69 0.35 6.92 7.07 0.03

Impuestos 677.04 0.46 6.98 7.16 0.07 680.38 0.49 7.51 6.97 0.07

Leyes sociales 757.00 0.03 6.99 6.06 0.01 756.37 -0.08 6.90 5.97 -0.02

Conexiones

definitivas 185.89 0.01 3.74 4.15 0.00 185.89 0.00 3.74 3.99 0.00

Costo de

permisos 450.45 0.00 5.21 7.45 0.00 463.82 2.97 8.33 8.33 0.01

General 701.70 0.38 6.96 7.05 704.77 0.44 7.43 6.87

Parcial 693.02 0.48 6.98 7.29 696.80 0.55 7.57 7.06

Materiales 550.46 1.08 6.82 9.18 558.18 1.40 8.32 8.57

M. de obra 935.03 0.01 7.23 6.01 934.72 -0.03 7.20 5.97

General 708.83 0.38 7.18 7.23 711.45 0.37 7.58 6.88

Parcial 701.79 0.48 7.25 7.55 705.16 0.48 7.76 7.12

Materiales 574.49 1.04 7.58 10.10 581.57 1.23 8.90 9.01

M. de obra 931.36 0.02 7.16 5.77 930.75 -0.07 7.08 5.70

Materiales 720.31 0.36 7.05 6.79 721.92 0.22 7.29 6.57

Parcial 716.94 0.45 7.07 7.02 719.28 0.33 7.41 6.79

Materiales 573.79 1.05 6.92 9.05 579.90 1.06 8.06 8.57

M. de obra 933.91 0.04 7.27 5.76 932.51 -0.15 7.11 5.60

General 711.25 0.33 6.72 6.59 714.63 0.48 7.22 6.70

Parcial 706.94 0.40 6.63 6.75 711.42 0.63 7.31 6.92

Materiales 565.72 0.89 5.82 8.32 576.34 1.88 7.80 9.01

M. de obra 926.82 0.04 7.19 5.65 925.70 -0.12 7.06 5.53

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Sra. Cristina Ramos, tel: 27096774 o

27092461, www.londoninstitute.edu.uy

internationalhouse@adinet.com.uy

• Edenred: Complemento salarial con ticket

alimentación. Cr. Javier Figueredo,

tel: 24088080, 24026918

javier.figueredo@edenred.com

• Drayser Ltda: Descuento en ropa e insumos

de trabajo. Sr. Javier Valle. Tel. 24004366

• Uruware: Beneficios en facturación

electrónica, Sr. Mauro Cuello. Tel:

27077778 int. 311


01

02

Servicios fuera de obra

1.1 Asesorías y Consultorías / 1.2 Sistema Financiero / 1.3 Gestión Inmobiliaria

1.4 Publicidad / 1.5 Estudios de Arquitectura e Ingeniería / 1.6 Empresas Constructoras

Servicios en el sitio

2.1 Demolición, Pilotes, Excavación / 2.2 Movimientos de tierras / 2.3 Riego y drenaje

2.4 Insumos para obradores / 2.5 Máquinas y herramientas / 2.6 Trabajos en altura

2.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo G. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy

2.1 Pilotes Victor Maia Clerc Avda. Uruguay 1562 EP - 2400.0129 info@pilotesvictor.com.uy - www.pilotesvictor.com.uy

2.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo G. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy

2.2 Tramec S.A. Sandro Mazzolli I. de María 51-P. Carrasco-2604.5129 tramec@adinet.com.uy

2.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy

2.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy

2.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

2.4 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy

2.4 Pergol Maquinaria S.A. Ruben Pérez / Juan P. Pérez Vilardebó 1333 - 2209.1414 pergol@multi.com.uy - ggimenez@pergol.com.uy

2.4 Prontometal S.A. Iael Noachas Avda. San Martín 3370 - 2203.5330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy

2.4 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com

2.5 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy

2.5 Pergol Maquinaria S.A. Ruben Pérez / Juan P. Pérez Vilardebó 1333 - 2209.1414 pergol@multi.com.uy - ggimenez@pergol.com.uy

2.5 Tecnoandamio Nicolás López 12 de Octubre 5615 - 2513.2020 tecnoandamio@tecnoandamio.com

2.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

2.6 Vertical-Ind. Rope Access Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy

03 Hormigón

3.1 Portland, acero y agregados / 3.2 Accesorios y aditivos / 3.3 Encofrados

3.4 Hormigón pre-mezclado / 3.5 Hormigón pre-moldeado / 3.6 Corte, doblado y armado de barras

3.1 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@hartigas.com.uy

3.1 Cementos del Plata S.A. Cr. Roger Apoj Cno Boiso Lanza y Vigía - 2227.2842/4 clientes@cemplata.com.uy - www.cemplata.com.uy

3.1 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com

3.1 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com

3.2 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

3.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

3.3 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy

3.4 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@cartigas.com.uy

3.4 Concrexur S.A. Cr. Morgan Martínez Ipar Paso de la Española 5200 - 2222.4939 ventas@concrexur.com.uy - concrexur@concrexur.com

Catálogo de Proveedores

3.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

3.4 Hormigones Uruguay Ignacio Daguerre Br. España 2683 ap 502 - 2708.9102 / 42252020 www.hormigonesuruguay.com

3.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy

3.6 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com

04 Albañilería

4.1 Canteras de extracción / 4.2 Revoques y morteros / 4.3 Construcción en seco

4.4 Bloques modulados / 4.5 Ladrilleras / 4.6 Restauración y limpieza

4.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

4.3 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 -2200.0845 jaime@barracaparana.com

4.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

4.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

4.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

4.6 Vertical-Ind. Rope Access S.A. Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy

05 Metales

5.1 Aleaciones / 5.2 Hierro fundido / 5.3 Tratamiento de metales

5.4 Metalúrgicas / 5.5 Estructuras metálicas

5.1 Prontometal S.A. Iael Noachas Avda. San Martín 3370 - 2203.5330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy


06

Maderas y plásticos

6.1 Barracas de maderas / 6.2 Tratamnientos para la madera / 6.3 Molduras

6.4 Laminados plásticos / 6.5 Fibra de vidrio / 6.6 Epoxis

6.1 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com

6.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy

6.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com

6.2 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 milesi@enko.com.uy

6.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

6.4 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com

07 Barreras

7.1 Impermeabilizantes / 7.2 Sobretechos y tejas / 7.3 Sellado y pegado

7.4 Aislantes térmicos y acústicos / 7.5 Barreras ignífugas

7.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy

7.1 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

7.1 Hidrotécnica Arq. Gabriel Sztryk Ciudadela 1178 - 2903.0529 hidrotec@adinet.com.uy

7.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

7.2 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

7.3 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

7.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

7.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

7.4 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

7.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy

7.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

08 Cerramientos

8.1 Metálicos, Madera, PVC / 8.2 Cristales y Policarbonatos / 8.3 Herrajes, Cerrajerías

8.4 Muro cortina / 8.5 Automatismos / 8.6 Carpintería de obra

8.1 Alumex Pascual Cetraro Barros Arana 5415 - 2511.5075 alumex@alumex.com.uy - www.alumex.com.uy

8.1 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy

8.1 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com

8.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

8.1 Prontometal S.A. Iael Noachas Avda. San Martín 3370 - 2203.5330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy

8.1 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeenda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy

8.2 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy

Catálogo de Proveedores

8.3 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com

8.3 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy

8.4 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy

8.4 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com

8.4 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 24870707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy

8.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2209.2424 ventas@enko.com.uy

8.6 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy

09

Revestimientos y Terminaciones

9.1 Cerámicos, Cementicios / 9.2 Madera, Piedra, Yeso / 9.3 Metálicos

9.4 Plásticos y Epoxis / 9.5 Textiles / 9.6 Revestimientos texturados y pinturas

9.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy

9.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy

9.1 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy

9.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com

9.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy

9.3 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy


9.3 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy

9.5 Kalpakian Olga Mathó Av. L. A. de Herrera 1248 T. 3 of. 267 - 2628.0850 omatho@kalpakian.com

9.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy

9.6 Bikova S.A. Juan Carlos Martínez L. A. de Herrera 1248 - 2628.6194 bikova@adinet.com.uy

9.6 Pinturas INCA S.A. Alejandro García de Zuñiga Carlos A. López 7897 - 2320.0891 alejandro.garciadezuniga@akzonobel.com

10 Equipamiento

10.1 Industrial, Comercial / 10.2 Enseñanza, Cines, Teatros / 10.3 Hospitalario, Gastronómico

10.4 Informático / 10.5 Lavaderos / 10.6 Exteriores

10.1 Prontometal S.A. Marcelo Bosch Avda. San Martín 3370 - 2205330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy

11

Equipamiento para el hogar

11.1 Baños y cocinas / 11.2 Amoblamiento / 11.3 Electrodomésticos

11.4 TV Digital / 11.5 Tapicería y cortinados / 11.6 Decoración de interiores

11.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy

11.1 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy

11.2 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy

11.2 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy

11.3 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy

11.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy

11.6 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy

12

Construcciones especiales

12.1 Prefabricados / 12.2 Piscinas y saunas / 12.3 Cámaras Frías

12.4 Estructuras / 12.5 Techos Livianos

12.1 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

12.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy

12.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

12.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy

12.5 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy

12.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy

13

Equipamiento mecánico/térmico

13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción

13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores

13.1 Adamoli S.A. Ing. Juan Pablo Rios Daniel Muñoz 2117 - 2408.2655 info@adamoli.com.uy - www.adamoli.com.uy

13.1 Ascensores Otis del Uruguay Felipe Herrera Colonia 1972 - 2400.7144 otis.uruguay@otis.com - www.otis.com

13.1 Ascensores Schindler Ing. Eduardo Sellart Edif. Torre Colonia - Colonia 950 - 2901 5594 schindler.tesor@adinet.com.uy

Catálogo de Proveedores

13.4 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy

14

Equipamiento mecánico/térmico

13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción

13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores

14.1 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayr Gral. Urquiza 2575 - 2481 0530 anilco@anilco.com.uy

14.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy

14.4 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com

14.5 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com

14.6 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com

14.6 Montevideo Gas Vannesa García 25 de Mayo 702 - 2901.7454 mbusquet@montevideogas.com.uy

14.6 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayer Gral. Urquiza 2575 - 2481.0530 anilco@anilco.com.uy

15

Instalaciones Eléctricas

15.1 Generación alta y baja / 15.2 Materiales / 15.3 Iluminación

15.4 Comunicación y seguridad / 15.5 Instaladores / 15.6 Edificios inteligentes

15.2 Vivion S.A. Ana Barragan Ejido 1690 - 2902.0314 abarragan@vivionelectric.com

Para figurar en el Catálogo de Proveedores de APPCU es necesario llenar el formulario de consentimiento que deberá ser solicitado en

secretaria: appcu@appcu.org. Solicitamos a las empresas socias que son proveedoras de Insumos y servicios, que nos hagan llegar

cómo desean figurar en estas páginas, indicando rubro e items. Le recordamos que figurarán sin costo.


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DE CARA AL MUNDIAL QATAR 2022

Estadio Al Janoub

UBICADO EN UNA DE LAS ÁREAS HABITADAS MÁS ANTIGUAS DE QATAR,

EN LA CIUDAD COSTERA DE AL WAKRAH, FUE DESCRIPTO COMO

«UN ESTADIO EXTRAORDINARIO PARA UNA CIUDAD AVENTURERA».


EL ESTADIO AL JANOUB FUE PROYECTADO CON 40.000 ASIENTOS QUE

SE REDUCIRÁ A UNA CAPACIDAD DE 20.000 LUEGO DE FINALIZADO EL

MUNDIAL DE FUTBOL QATAR 2022.

ESTOS ASIENTOS TEMPORALES HAN SIDO DISEÑADOS PARA SER

DESMONTABLES Y TRANSPORTADOS A UN PAÍS EN DESARROLLO QUE

NECESITE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

EL ESTADIO CUENTA CON UN TECHO RETRACTIL DISEÑADO POR

SCHLAICH BERGERMANN PARTNER, QUE ESTÁ EN SINTONÍA CON EL

REVESTIMIENTO DE SU FACHADA.

UTILIZA FIBRAS TEXTILES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, ESPECIALIZADA

EN EL CONTROL LUMÍNICO Y TÉRMICO, PERMITIENDO SOMBREAR A

LOS ESPECTADORES Y LOS DEPORTISTAS DURANTE EL VERANO CATARÍ

Y RETRAERSE PARA QUE EL CÉSPED PUEDA HACER LA FOTOSÍNTESIS.


PARA GARANTIZAR MAYOR COMODIDAD AL ESPECTADOR LAS

BUTACAS BRINDAN UNA SUAVE BRISA A 18 GRADOS Y EN CAMPO

DE JUEGO PARA QUE NO SE AFECTE EL RENDIMIENTO DE LOS

DEPORTISTAS A 20 GRADOS.

PROYECTO: ZAHA HADID ARCHITECTS.

DISEÑO: ZAHA HADID, PATRIK SCHUMACHER.

CONSTRUCTORA: GRUPO BEXIS

DISEÑO CUBIERTA PRACTICABLE

SCHLAICH BERGERMANN PARTNER

INICIO DE PROYECTO: 2013 - INAUGURACIÓN: 2019

La empresa constructora: Grupo Bexis.

Desde su entrada en acción en 1909,

el Grupo BESIX se ha convertido a lo

largo de los años en una compañía

multidisciplinaria con una posición de

liderazgo en los mercados de desarrollo

de infraestructura y obras marinas.

Actúa en todo el mundo siendo

contratada por los estudios de arquitectos

más famosos y por los Estados más

poderosos que quieren mostrar su

crecimiento económico con inversiones

en carreteras, puentes y edificios

gubernamentales.

A modo de ejemplo basta citar la

Terminal de Qatar Airways, la primera

en poder alojar el gigante Airbus A380 y

el parque temático Ferrari Word.

DADA LA UBICACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD COSTERA DE

AL WAKRAH, EL ESTADIO TIENEN UN DISEÑO QUE REFLEJA

LAS TRADICIONES MARÍTIMAS, EN PARTICULAR, EL BARCO

TRADICIONAL DE LA REGIÓN, EL DHOW. ESTO SE EXPRESA

EN LA GEOMETRÍA DE LA ENVOLVENTE QUE ESTÁ INCLINADA

HACIA AFUERA, EL METAL PERFORADO QUE SE ASEMEJAN A

LA ESTRUCTURA DE MADERA DEL DHOW, COMO TAMBIÉN LA

SIMILITUD DEL PLISADO DE LAS VELAS DEL BARCO Y EL ESTADIO.

SU COLOR BLANQUECINO CON UN ACABADO BRILLANTE R

ECUERDA A LAS CONCHAS MARINAS DE LA REGIÓN.

Arquitectura textil:

Schlaich Bergermann und Partner

La empresa Schlaich Bergermann und

Partner con base en la ciudad alemana

de Stuttgart está dedicada a la ingeniería

de estructuras ligeras. Un ejemplo es

el diseño conceptual y la resolución

estructural de la antena del One World

Trade Center.

Su fundación se remonta al año 1980 por

Jörg Schlaich y Rudolf Bergermann.

Estrategia de desarrollo

Qatar en poco tiempo ha conseguido

afianzar su posición emergente en la zona

del Golfo Pérsico gracias a que alberga

la tercera mayor reserva mundial de

gas natural. Eso le permite ser país

con mayor renta per cápita y centro

de una gran transformación hacia la

modernidad en la que el dinero es un

activo importante.

Su objetivo pasa por convertirse en una

gran potencia turística gracias a su enorme

proyección exterior, cuyo escaparate

principal ha sido la organización de

grandes eventos deportivos. En 2006

organizó los Juegos Asiáticos y en 2022

se convertirá en el primer país árabe en

albergar la Copa del Mundo de fútbol.


SEGURIDAD

¿Qué significa la seguridad e higiene

de una obra en el ejercicio de un arquitecto?

EXISTEN DIFERENTES ENFOQUES DE ESTE TEMA, POR LO CUAL TRATAREMOS DE CENTRARNOS

EN LOS ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.

LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS, SE ENMARCA DENTRO DE UN TEMA MÁS GLOBAL

QUE ES LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. EN ESTE SENTIDO, EL CONCEPTO VÁ MÁS ALLÁ

DE LA PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES, DE LA BÚSQUEDA DE CULPABLES, O DE SANCIONES,

64

Hoy se considera al trabajo, como una actividad que

es fuente de riesgos y enfermedades profesionales y

como tal es objeto de un estudio multidisciplinario. Está

ligado a lo que en medicina se llama Atención Primaria

de la Salud (APS), la cual define a la salud, no como un

estado de ausencia de enfermedad, sino como un estado

de equilibrio del individuo con su medio. Interesa por lo

tanto el equilibrio del individuo desde el punto de vista

físico, psíquico, social, económico, etc. considerando que

si se altera ese equilibrio se producen disfunciones que

se manifiestan como enfermedades.

Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, ese

concepto también cabe casi textual en la consideración

del trabajador. Es decir, que un accidente, o una enfermedad

pueden tener causas ajenas a la tarea circunstancial

en que se manifiesta.

Por eso actualmente, un enfoque serio de la seguridad

e higiene, implica un enfoque multidisciplinario

que abarca la medicina laboral, la sicología laboral, las

relaciones laborales, los procedimientos de trabajo, la

capacitación, la ergonomía, etc..

En nuestro país, existen estas especialidades que permitirían

encarar la seguridad e higiene como un estudio

multidisciplinario. No obstante no es lo usual en obras.

A partir de la legislación en materia de seguridad en

la construcción, en 1995, surgen decretos que regulan

la seguridad e higiene en la Construcción así como delimitan

la responsabilidad de los diferentes actores que

tienen que ver con el desarrollo de las obras. Entre ellos,

por supuesto, los arquitectos.

Esta normativa legal, apunta fundamentalmente a la

delimitación de responsabilidades y a la actuación en

obra y dentro de la obra a las protecciones individuales y

colectivas.

Aparece en obra la figura del Asesor en seguridad, o

Técnico Prevencionista, y las inspecciones que fiscalizan

el cumplimiento de la normativa vigente para la

construcción.

De lo expuesto, puede deducirse que la seguridad e

higiene es algo que involucra a médicos y laboralistas,

pero poco tiene que ver con nosotros. No es así. Este

tema está indisolublemente ligado a la construcción,

tiene connotaciones económicas importantes por el costo

de los elementos de seguridad, por las horas perdidas por

accidentes evitables o enfermedades profesionales, y por

el mejoramiento de las relaciones laborales y el rendimiento

en el trabajo, además de las responsabilidades y

costos que puedan implicar las responsabilidades ante el

BSE, etc.

La seguridad no puede desligarse de los procedimientos

de construcción. Por el contrario, es parte de los mismos.

Gran parte de los riesgos son generados por la falta

de capacitación del operario, o de otros problemas vinculados

a aspectos psíquicos, o médicos. Desde el punto

de vista del arquitecto, es posible planificar la obra y sus

procedimientos de forma de minimizar las situaciones

de riesgo. La planificación de la seguridad va junto con

el conocimiento de los procedimientos y de la organización

de una obra. Es allí donde más allá de exigencias

legales debemos manifestar nuestra preocupación.

Históricamente hay ejemplos como la construcción de

la Torre Eiffel, durante la cual no hubo accidentes graves,

en nuestro medio se conoce el caso de la Construcción

del Palacio Salvo.

Quiero decir con esto, que aún cuando no exista

normativa adecuada, la planificación de la obra y sus

procedimientos, tienen una ingerencia importantísima,

así como también el conocimiento de los operarios,

un seguimiento médico, que partiendo de un examen

previo a su ingreso a obra, permita conocer los posibles

riesgos derivados de enfermedades (cardiopatías, epilepsia,

etc.), de modo de no asignar tareas que signifiquen

imponer al operario un riesgo por desconocimiento de su

estado de salud.

El diseño o mejoramiento de los puestos de trabajo,

asegurando un fácil acceso a los lugares en altura, con

plataformas de trabajo adecuadas, colocando las máquinas

y equipos a alturas y distancias adecuadas para

su manejo, colocando las protecciones reglamentarias, y

fundamentalmente trabajando con personal capacitado

para las tareas que deben realizar.

Por último, la planificación de la seguridad como parte

integrante de los procedimientos de obra, permite su

evaluación económica, su inclusión en el presupuesto de

una obra, que es básico aunque actualmente no siempre

se hace.

Equipo de ASHA,

Asesoría en Seguridad e Higiene de APPCU

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