Edicion 05 de septiembre 2020

8 Sábado 5 de septiembre de 2020 Nacionales
Diario Co Latino
Respeto a derechos humanos
garantiza Estados más democráticos
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
UNES realiza webinario titulado “Cambio climático y Derechos Humanos
en contexto de pandemia por COVID-19”. UNES destacó el impacto climático
y de contaminación que han sufrido las fuentes de agua en la región.
Foto Diario Co Latino/arChivo.
El impulso o responsabilidad
que
cada Estado asigne
a garantizar los derechos
humanos de la población se
traduce en espacios más democráticos
e inclusivos socialmente,
señalaron los invitados
al foro “Cambio Climático
y Derechos Humanos
en contexto de Pandemia
por COVID-19”, que reunió
a representantes de la
Federación Luterana Mundial,
la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES) y la Campaña
Mesoamericana de Justicia
Climática (CMJC).
Martin Ruppenthal, representante
regional del Programa
Centroamérica de la Federación
Luterana Mundial,
quien trabaja para América
Latina hace más de una década,
a través del “Programa
Centroamérica”, señaló
que la FLM reúne a 144 iglesias,
extendidas en 80 países,
y que, desde 1947, este organismo
tomo la decisión de
construir un servicio al exterior
atendiendo a otras poblaciones,
desde el concepto
de poner la “fe en acción”,
que les ha permitido llegar
a comunidades más vulnerables
a 28 países en el mundo.
“Buscamos unir a las personas
de todos los orígenes
por la justicia, paz y reconciliación
en un mundo más
complejo y fragmentado; un
trabajo constituido en la base
de los derechos humanos, un
compromiso con todas las
personas independiente de
su condición social”, resumió.
Sobre los derechos humanos
y la pandemia por CO-
VID-19, Ruppenthal lamentó
que América Latina haya
transgredido y llevado a un
deterioro el respeto de derechos
humanos fundamentales
en una situación de crisis
social y sanitaria como el coronavirus.
“La prueba de fuego para
los gobiernos de la región han
sido los problemas alrededor
de falta de transparencia, el
buen manejo de fondos y casos
de corrupción. Así también
la efectividad para brindar
atención en salud a la población
y en especial a los más
desfavorecidos social y económicamente,
al que se adosan
los datos estadísticos no
dando una falsa seguridad a
la población para salir y pueden
contagiarse con el CO-
Ruppenthal, se relacionan con
la falta de coordinación interinstitucional
y órganos del
Estado, que han generado impasses
innecesarios y que solo
contraponen a una sociedad
hundida en la pobreza y pobreza
extrema.
“Han vulnerado los derechos
humanos de la población
por la falta de acuerdos
políticos en tiempos de crisis
que se necesitan acciones
y decisiones estratégicas, y no
ser vistas desde una actitud
de ‘no me importa’ también,
está que muchos líderes sociales
que sufren amenazas, han
sido obligados a desplazarse
constantemente para que no
los maten y nuevas medidas
gubernamentales relacionadas
con la pandemia a poblaciones
que no tienen recursos
para enfrentarlos; vemos a millones
de personas en la zona
urbana que aguantan hambre
porque no pueden salir a la calle
a trabajar, en el campo surge
la importancia del acceso a
la tierra, así como otras personas
defensoras sociales y periodistas
que se han visto con
restricciones”, argumentó.
Mientras, José David Sandoval
-procurador adjunto
para derechos y medioambiente
de la PDDH- abordó el
estado de los derechos humanos
en el contexto por la CO-
VID-19 y la institucionalidad
del Estado salvadoreño para
dar una respuesta a la población,
situación que se agrava
por los fenómenos meteorológicos,
como tormentas tropicales,
inundaciones o incendios
forestales.
“Esta situación afecta
los derechos fundamentales
como la salud, educación, vivienda,
agua potable y enfrentar
la contaminación. Hemos
sido testigos de cómo las tormentas
Amanda y Cristóbal
dejaron muertos, desparecidos
y desplazadas, dentro de
una emergencia sanitaria por
COVID-19, que llevó al procurador
de la PDDH ha realizar
diversas visitas y constatar
el estado de los derechos humanos
de la población afectada”,
explicó Sandoval.
En cuanto a la operatividad
del Estado, citó el manejo
de los “albergues”, durante
la Tormenta Amanda, en que
destacó que las personas desplazadas
permanecieron en
lugares que no cumplían los
requisitos mínimos para acomodar
los colectivos.
“Allí no existía distanciamiento
social, eran lugares insalubres
y no había alimentación
y algunos se resguardaron
en estructuras dañadas,
y otros estaban en lugares de
alto riesgo. Se hicieron varios
pronunciamientos para que
las instituciones cumplieran
su mandato y protegieran los
derechos humanos. También,
el problema del agua y su desabastecimiento
que ahora, en
el contexto del COVID-19,
ha repercutido de manera importante
en diferentes municipios,
hubo gente sin agua
por 15 a 25 días, llevando sus
protestas a la calle, pese a reiteradas
exhortaciones al presidente
de ANDA a resolver
este creciente problema”, indicó.
Yanira Cortez, abogada e
investigadora quien realizó algunas
valoraciones sobre el
estudio de investigación realizado
para la UNES, “Cambio
Climático. Lecciones de Resiliencia
Comunitaria para Proteger
Derechos Humanos”,
destacó que si bien la pandemia
ha sacado otros temas de
la agenda nacional, no podía
omitir una realidad tan
transcendental como que
“7 millones de personas han
muerto relacionados al tema
del Cambio Climático” a nivel
mundial.
“Este tema debe discutirse
siempre y ponerlo en la
mesa, así como cuáles son
aquellos instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales
de los Estados, que
señalan sus obligaciones y
medidas a tomar en una situación
anómala. El estudio
surgió con la UNES, porque
el cambio climático va
a traer situaciones complejas
y consecuencia relacionadas
al clima donde habrá
situaciones difíciles y catástrofes;
escenarios y costos
nocimiento
es importante
ponerlo en discusión, porque
precisamente estos datos
permiten conocer el alcance
de estos impactos ambientales”,
indicó.
Asimismo, invitó a que la
agenda política nacional esté
al lado la agenda de los derechos
humanos, desde un
do
a los responsables de estos
impactos y no solo denunciarlos,
para ir evolucionando
como sociedad democrática.
“En el estudio hablamos
de experiencias de las comunidades
que realizan acciones
en el territorio; no estamos
romantizando estas experiencias,
sino que hablamos
que están asumiendo
las obligaciones jurídicas del
Estado y que eso conlleva a
hablar del desprecio del Estado
a lo que están viviendo
muchas comunidades que
ni siquiera son apoyadas de
una forma mínima, son estas
experiencias de centralizar
la vida y nuestros ecosistemas”,
puntualizó.