Edicion 09 de septiembre 2020

4 Miércoles 9 de septiembre de 2020 Nacionales
Diario Co Latino
Instalan proceso contra
sindicalistas por cierre
de centros judiciales
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Ocho miembros de
tres sindicatos del
órgano Judicial enfrentaron
este martes audiencia
inicial en el Juzgado
Quinto de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la
República los acusa por desórdenes
públicos, ejercicio
violento del derecho y apología
del delito.
La acusación establece que
los sindicalistas coordinaron
el cierre de varias sedes judiciales
obstruyendo la administración
de justicia. Los cierres
habrían afectado la celebración
de audiencias y otras
diligencias.
Los acusados son: Roswal
Gregorio Solórzano Hernández;
Roxana Estela Gómez
De Joma, Domingo De Jesús
Rivas Hernández, Julio César
Maraver, Vanessa Guadalupe
Arias Cornejo, Joaquín
Adilio Rodríguez, Reina Maribel
Sigarán de Lemus y Rubén
Stanley Quinteros Tobar.
Miembros del Sindicato de
Trabajadores y Trabajadoras
del Órgano Judicial (SITTOJ),
el Sindicato de Empleados Judiciales
(SINEJUS), y el Sindicato
de Empleados y Empleadas
Judiciales 30 de junio
(SEJES 30 DE JUNIO) mantuvieron
cerrado desde horas
de la mañana de este martes el
paso vehicular por el bulevar
Tutunichapa en las inmediaciones
del Centro Judicial Isidro
Menéndez.
A la audiencia inicial acudió
el ministro de Trabajo,
Rolando Castro, según dijo,
por solidaridad con el movimiento
sindical y condenó los
actos que, a su criterio constituyen
un ataque al movimiento
organizado de trabajadores.
Otras organizaciones sindicales
también se manifestaron
su apoyo afuera de la sede
del centro judicial.
La Fiscalía judicializó el
cierre de dependencias judiciales
a nivel nacional el pasado
19 de marzo y el 10, 25 y
29 de junio, y sostiene que el
acceso a la justicia se vio bloqueado
debido a los cierres,
puesto que no se permitió el
acceso tanto de trabajadores
como a usuarios.
Además, acusa al secretario
general de SITTOJ, Roswal
Solórzano, por presunta apología
del delito, porque en el
cierre del 10 de junio, el líder
sindical supuestamente incitó
a una “insurrección popular”
y a “ajustar cuentas con la
Asamblea Legislativa y la Sala
de lo Constitucional”.
El juez de Paz dará a conocer
la resolución de la audiencia
inicial el próximo 16
de septiembre a las 2:00 p.m.
en esta conocerán las medidas
a seguir en caso de que el proceso
continúe.
Miembros del sindicatos del órgano Judicial durante audiencia inicial en su contra
señalados por desórdenes públicos, ejercicio violento del derecho y apología
del delito. Foto Diario Co Latino/@SittoJprenSa
Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Foto Diario Co Latino/arChivo
Ataques contra UCA encierran
amenaza e intimidación
Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El rector de la Universidad
Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), Andreu
Oliva manifestó que los ataques
lanzados por el presidente de
la República, Nayib Bukele, contra
la entidad académica, y que son
retomados por una parte de sus
seguidores, no solo puede verse
como una agresión e intimidación,
sino también como una amenaza.
“Se convierte en algo muy ofensivo,
pero eso también puede leerse
como una amenaza contra la institución,
para que deje de hacer el
trabajo que le corresponde hacer”,
manifestó el rector de la UCA.
Oliva dijo que el presidente “le
está dando permiso a todos aquellos
que le siguen a él y, a los troles,
a continuar con esta agresión contra
esta institución y a medida que
se van dando estas agresiones, va
creciendo el tono, como que él tirara
una primera piedra y cada vez
alguien con una piedra más grande
va diciendo una mentira más gruesa,
una difamación mayor”.
Durante una entrevista con el
programa FOCOSTV, el religioso
de la orden jesuita dijo que esa
práctica impulsada por el mandatario
constituye una amenaza a la
libertad de expresión y de pensamiento,
y encierra el intento de imponer
un pensamiento único, propio
de una dictadura.
Para el rector, esta situación
constituye un peligro para la democracia
y la institucionalidad.
«Lo que parece que está en juego
es que haya libertad de pensamiento
o que haya pensamiento
único, que todos pensemos igual
que el presidente; y aquellos que
no piensan igual que el presidente,
son acallados o son excluidos, y
de esa manera, creo yo, se está también
poniendo la primera piedra
para un estado totalitario o dicta-
Oliva dijo que el mandatario no
acepta críticas de la institución y en
lugar de rebatir las posturas de la
universidad, se dedica a desprestigiarla.
“Para el presidente de la República
es muy difícil aceptar una crítica,
sobre todo de una institución
que tiene largos años de trayectoria
y una alta credibilidad de la pobla-
El rector negó que la institución
reciba dinero de entes privados,
siempre se ha cuidado de mantener
su independencia para poder dar
sus aportes a la sociedad sin ninguna
atadura económica ni ideológica.
Por otra parte, el rector de la
UCA consideró como muy probable
que la reducción de homicidios
en el país esté relacionada con una
negociación entre pandilla y el Gobierno,
como lo ha publicado el periódico
digital El Faro.
“Sabemos que en las comunidades
las pandillas siguen estando
y que lo único que parece que han
aceptado es bajar el nivel de violencia
y el cometer homicidios,
pero ellos siguen estando ahí teniendo
control”, manifestó Oliva,
en entrevista con el programa Focos
transmitido la noche del domingo.
En su publicación, El Faro
cial
que revela acuerdos entre el
gobierno y la pandilla MS para
bajar homicidios y dar apoyo electoral
en los comicios del próximo
un poco lo que nosotros creemos
porque vemos que el Plan de
Control Territorial, primero, no
se ha desplegado a nivel nacional,
no está en todos los municipios
del país; por otro lado, no lo
conocemos a fondo, pero vemos
que tampoco es un plan continuado,
que tenga una lógica y una
dinámica que se va desarrollando,
sino que más bien lo que vimos
fue que la Fuerza Armada y la Policía
se hacen presentes en determinados
territorios, pero después
se retiran”, dijo el rector.
El Gobierno ha negado las
acusaciones y restó credibilidad a
la publicación del medio. Asegura
que el reportaje de El Faro tiene
móviles políticos y dio acceso
a varios penales a la prensa, para
desmentir la supuesta separación
de pandilleros.