Edicion 19 de septiembre 2020

2 Sábado 19 de septiembre de 2020
Nacionales
Diario Co Latino
Ingreso a archivos militares tendrá
restricciones por espacio y pandemia
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Wilfredo Medrano,
abogado de Tutela
Legal “Dra.
María Julia Hernández”,
como parte acusadora particular
contra los militares
de alto rango, señalados en
la Masacre de El Mozote y
lugares aledaños, en diciembre
de 1981, expresó que la
investigación en los archivos
en la historia de justicia del
país”.
“De acuerdo a lo que manifestó
el representante del
ministro de Defensa, el lugar
donde están los archivos es
la pandemia, no será posible
el ingreso de muchas personas.
Por lo tanto, la metodología
sería los tres peritos en
archivos, la Policía Nacional
donde se extraen documentos
y fotos, el juez con su equipo
Ovidio González -director ejecutivo de Tutela Legal- hizo mención de la importancia
de seguir con el caso del Mozote y encontrar justicia para las familias que
perdieron seres queridos en 1981. Foto Diario Co Latino/FernanDo VeLásquez
acusación particular lograr tener
presencia”, explicó Medrano, al
referirse a las diligencias del lunes
21 de septiembre próximo.
Medrano agregó que el trabajo
de inspección puede variar,
a partir de las dimensiones
en donde se encuentran depositados
los archivos y documentos
so
de los representantes de los
ministerios de la Defensa, de
Cultura, el Archivo General de la
Nación y la Secretaría de la Presidencia,
de abrir los archivos a
la diligencia judicial emitida por
el juez del Juzgado de Instrucción
de San Francisco Gotera,
Morazán.
Sobre el acto procesal que ca-
portamiento
histórico del Ejecutivo
y Ministerio de la Defensa,
de negarse la revisión de los ar-
deró
que hay altas expectativas
sobre la información que podrían
fortalecer el caso de la Masacre
de El Mozote, incluso de
otros delitos similares en ese pe-
“Es curioso que en las hojas
llecieron
les aparece información
que participaron en la Operación
Rescate, vinculada a la Masacre
El Mozote. Mientras, a los
aparece esta asignación, como
que se ha borrado, tenemos que
confrontar si se encuentran esas
hojas de vida que han enviado al
tribunal; creo que, allí, sería un
delito al no coincidir; es posible
que mucha información como
planes militares ya no existan,
pero en el Archivo General de
la Nación hay actas de expurgos
(eliminar documentos), en cuyas
actas levantadas del contenido
hablan de planes de contrainsurgencia
de 1989”, explicó.
Asimismo, Medrano recal-
tuar
de manera “irresponsable”
con su ley orgánica y su cadena
de mando, que delimita las responsabilidades
de los altos mandos
militares para disponer del
contenido de los archivos.
“El juez decidió emitir una
resolución que debe cumplirse,
a partir del 21 de septiembre,
que es una inspección a archivos
militares que conlleva la incautación
y secuestro de esos
planes militares que tengan relación
con la Masacre de El
Mozote, había una oposición
del representante del minis-
Monroy), que no podían tener
acceso a planes militares secretos;
-aclaramos- que solo se
busca lo que tenga que ver con
esa masacre y otros hechos relacionados.
No buscamos nada
que atente a la soberanía o seguridad
nacional”, aclaró.
Entre las trece instituciones
que serán intervenidas
por la diligencia judicial se encuentran:
el Estado Mayor, que
cuenta con el archivo del Batallón
de Reacción Inmediata
“Ramón Belloso” y el Atlacatl;
la Primera Brigada de Artillería
Teniente Coronel Óscar Osorio
en San Juan Opico, La Li-
Organizaciones rechazan intento de obstaculizar justicia en Caso El Mozote
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los abogados de la acusación
particular en el
caso de la masacre de El
Mozote reaccionaron ante la
publicación de la Revista Factum,
que reporta el intento del
Merino Monroy, de detener las
inspecciones de los archivos
que inician el próximo lunes
21 de septiembre, en cumplimiento
de la orden judicial del
Juzgado Segundo de Instrucción
de San Francisco Gotera,
Morazán.
Wilfredo Medrano, de Tutela
Legal “Dra. María Julia Hernández”,
señaló que, si el ministro
Merino presentó un escrito
para suspender la diligencia judicial,
“solo muestra su complicidad
como los ministros anteriores
y funcionarios de Gobierno”, que
negado a colaborar con la justicia.
“Esto contradice lo expresado
por el presidente de la República,
Nayib Bukele, quien ofreció
su colaboración, diciendo que, si
el juez le pedía archivos de la A
rechazar la acción del funcionario
público.
Entre los argumentos del mi-
referencia a la “seguridad nacional”,
la que estaría en riesgo al
consultar los archivos, adelantando
que no iba a acatar la orden judicial.
Mientras, la respuesta de la
Corte Suprema de Justicia fue denegar
su petición.
“Esta acción contradice a los
apoderados que mandó a la au-
dología
de investigación de los archivos,
al Juzgado de Instrucción
de Gotera. Es solamente una resistencia,
de nuevo, a abrir y entregar
archivos militares; porque
la investigación no pone en peligro
la soberanía y seguridad nacional
de El Salvador, solo se buscan
los planes de contrainsurgencia
utilizados en el operativo de El
Mientras, David Morales -di-
Cristosal- consideró que la solicitud
del ministro de la Defensa
era improcedente y señaló que la
Corte Suprema de Justicia en pleno
no tenía la potestad para revisar,
suspender o reprogramar la
orden judicial de inspección.
“Esto representa una acción
política del ministro Merino Mon-
cumplimiento,
una probable desobediencia
al mandato judicial de
inspección a partir del 21 de sep-
ción,
podemos presumir que esta
cuenta con el respaldo, con la autorización
de su comandante general,
el presidente Nayib Bukele,
quien es el primero al mando,
quien estaría avalando este tipo de
decisiones políticas del ministro”,
acotó.
Morales agregó que, de negar
el acceso a la diligencia judicial
de inspección o se obstaculice
el ingreso a los recintos militares,
tanto el ministro Merino
Monroy como el comandante
Nayib Bukele y los involucrados
en obstruir el proceso, “incurrirán
en delitos de actos arbitrarios
e incumplimiento de debe-
que la diligencia siga adelante. Se
trata de la matanza de mil personas
civiles, la mitad de ellos niñas,
niños y adolescentes por tropas
de la Fuerza Armada, por órde-
Obstaculizar este tipo de diligencia
es una actitud de encubrimiento
e impunidad para proteger criminales
de guerra y no tiene justi-