SISA, ALCABALA Y PAPEL SELLADO Nº1 vol II-1

sisa.alcabala

Revista de política fiscal

SISA, alcabala Y

PaPel sellado…

REVISTA

DE

POLITICA FISCAL

NÚMERO 1 - julio, 2020

VOL. II-1

DISTRIBUYE:

FUNDACION PARA LA

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS

FINANCIEROS

En recuerdo

del

Cuerpo de Inspectores Técnicos del Timbre del Estado



SISA, alcabala Y

PaPel sellado…

REVISTA

DE

POLITICA FISCAL

NÚMERO 1 - JULIO, 2020

Vol. II-1

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Sisa, Alcabala y Papel Sellado…

Nº. 1: julio/2020

Vol. II-1

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Número 1 – julio 2020

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SUMARIO (secciones)

Número 1

VOL. II-1 (mayo)

Pag.

ÍNDICE (desglosado) .................................................................................................. 5

PRESENTACIÓN (Vol. II) ........................................................................................... 25

III. JURISPRUDENCIA INTERNA: ............................................................................... 27

Tribunal Supremo:................................................................................................... 27

Mayo 2020 ........................................................................................................ 27

Junio 2020 .......................................................................................... ver Vol. II-2

IV. JURISPRUDENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIÓN EUROPEA: .... 107

Mayo 2020 ...................................................................................................... 107

Junio 2020 .......................................................................................... ver Vol. II-2

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Número 1 – septiembre 2020

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ÍNDICE (desglosado)

ÍNDICE (desglosado)

Número 1 / mayo 2020

VOL. II-1

III. JURISPRUDENCIA INTERNA: ............................................................................... 27

Pag.

Tribunal Supremo:................................................................................................... 27

Mayo 2020 ........................................................................................................ 27

I. LEY GENERAL TRIBUTARIA (LGT) .................................................................... 27

1. LGT. SENTENCIA 504/2020 [19.05.2020]. .................................................... 27

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª [Rec. 6242/2017]. Ponente:

Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1276/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar en aquellos casos en que se produzca la estimación parcial

de reclamaciones económico-administrativas, si las restantes

pretensiones, rechazadas por los tribunales económico-administrativos,

pueden ser objeto de revisión ante la jurisdicción contenciosoadministrativa

o, por el contrario, el interesado ha de esperar a que se

practique una nueva liquidación por parte de los órganos de la

Administración tributaria»

2. LGT. SENTENCIA 487/2020 [19.05.2020] ..................................................... 28

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª [Rec.3940/2017] Ponente:

Nicolás Maurandi Guillén.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 994/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si resulta ajustado a Derecho la tramitación de un

procedimiento de verificación de datos para un supuesto de exención

de ganancia patrimonial por reinversión de vivienda habitual en el IRPF

o, por el contrario, excedería de sus límites, exigiéndose, al menos, uno

de comprobación limitada»

3. LGT. SENTENCIA 450/2020 [18.05.2020] .................................................... 30

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Número 1 – septiembre 2020

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ÍNDICE (desglosado)

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 5962/2017) Ponente:

Jesús Cudero Blás.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 987/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Si la presentación de la declaración-resumen anual del IVA, modelo

390, constituye un supuesto de interrupción de la prescripción del

derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria o si no

tiene virtualidad interruptiva alguna»

4. LGT. SENTENCIA 587/2020 [28.05.2020] ..................................................... 32

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 2812/2017) Ponente:

Francisco J. Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1415/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«[...] Determinar si, en una situación como la del presente litigio, el

cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a

determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se

inicia el día en que termina el plazo reglamentario para presentar la

autoliquidación del ejercicio en el que se aplicó la exención o aquel en

que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación correspondiente al

ejercicio en que se produjo el incumplimiento, plazo en el que debe ser

presentada la declaración complementaria del ejercicio durante el que

se obtuvo la ganancia patrimonial finalmente no reinvertida [...]»

5. LGT. SENTENCIA 442/2020 [18.05.2020] ..................................................... 34

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec.2787/2017) PONENTE:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ [Roj: STS 968/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si procede aplicar o no la reducción del 25 por 100 del

importe de los recargos del artículo 27.2 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, prevista en el artículo 27.5 de dicha ley

cuando, solicitado el aplazamiento de la cantidad a ingresar resultante

de la autoliquidación presentada extemporáneamente sin requerimiento

previo de la Administración tributaria, con ofrecimiento de garantía

distinta del aval o certificado de seguro de caución, se efectúe el ingreso

antes de que la Administración tributaria se pronuncie sobre el

aplazamiento solicitado»

6. LGT. SENTENCIA 586/2020 [28.05. 2020] .................................................... 38

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ÍNDICE (desglosado)

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2º (Rec. 5751/2017) Ponente:

Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, Roj 1421/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«[...] Determinar si se puede iniciar el procedimiento de apremio de una

deuda tributaria, cuando haya transcurrido el plazo legalmente

previsto para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la

liquidación de la que trae causa, sin haber recaído resolución expresa,

con sustento en que la liquidación tributaria impugnada no fue

suspendida»

7. LGT. SENTENCIA 584/2020 [28-05-2020]. .................................................... 39

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 2605/2019) Ponente:

Jesús Cudero Blás

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1375/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si la anulación de una liquidación tributaria practicada

como desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando

debió serlo en uno de comprobación limitada, integra un supuesto de

mera anulabilidad o uno de nulidad de pleno Derecho, con la

consecuencia en este segundo caso, conforme a la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, de la incapacidad de las actuaciones desarrolladas en

el procedimiento de verificación de datos para interrumpir el plazo de

prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda

tributaria mediante la oportuna liquidación».

8. LGT. SENTENCIA 460/2020 [18.05.2020] .................................................... 41

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 6583/2017) Ponente: José

Antonio Montero Fernández.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, Roj 969/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la

formación de la jurisprudencia consiste en discernir sobre si ha de

considerarse que la declaración- resumen anual modelo 190 regulado

en el artículo 108.2 RIRPF despliega efectos interruptivos de la

prescripción o bien, de acuerdo con el artículo 68.1 letra c) LGT ese

efecto interruptivo únicamente puede referirse a actuaciones

fehacientes del obligado tributario conducentes a la liquidación o

autoliquidación de la deuda tributaria»

9. LGT. SENTENCIA 501/2020 [19.05.2020] ..................................................... 42

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ÍNDICE (desglosado)

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec.6192/2017) Ponente:

María de la Esperanza Córdoba Castroviejo-

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 976 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«[...] Determinar si el reclamante puede presentar ante los tribunales

económico-administrativos aquellas pruebas que no aportó ante los

órganos de gestión tributaria, determinado, en su caso, las

circunstancias en que esta falta de aportación impide su presentación

ulterior en sede económico-administrativa»

10. LGT. SENTENCIA 513/2020 [19.05.2020] .................................................... 44

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 1571/2018). Ponente:

José Díaz Delgado.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1031/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si puede considerarse "documento de valor esencial", a

los efectos de lo previsto en el apartado a) del mencionado artículo

244.1.a) LGT, una sentencia civil firme en virtud de la cual desaparece

el presupuesto determinante de la liquidación girada»

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) ................... 46

IRPF. SENTENCIA 485/2020 [19.05.2020] ........................................................ 46

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 6312/2017) Ponente:

Nicolás Antonio Maurandi Guillén.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 994/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un

período de generación superior a dos años, y los calificados

reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular

en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en el

artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de

no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad

que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos.

Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de

interpretación el artículo 32.1, párrafo tercero, de la citada Ley

35/2006».

III. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) ............................................................ 48

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ÍNDICE (desglosado)

1. IS. SENTENCIA 446/2020 [18.05.2020] ........................................................ 48

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª ( Rec. 6187/2017) PONENTE:

Rafael Toledano Cantero.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 951//2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, no habiéndose incumplido las obligaciones específicas de

documentación exigidas en relación con las operaciones vinculadas, las

correcciones efectuadas por la Administración tributaria respecto de las

mismas de las que se derive una falta de ingreso, le permiten sancionar

al obligado tributario conforme a lo previsto en el artículo 191 LG» (art.

16.10. TRLIS en la redacción aplicable ratione temporis -a saber, la

redacción vigente en 2009 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de

marzo-)

2. IS. SENTENCIA 595/2020 [28-05-2020] ....................................................... 50

Tribunal Supremo. Sala Tercera, Sección 2ª ( Rec. 700/2019) PONENTE:

Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1367/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la

Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo

4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de

noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de

modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre

la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los

incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII

del Título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la realización

de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, que habrá de

reunir los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto

sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad

económica de alquiler de inmuebles, o, por el contrario, sólo se requiere

que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo

inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del

mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades". Las

normas que, en principio, serán objeto de interpretación serán los artículos

108 y114 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en

la redacción aplicable ratione temporis, a la luz de la reforma realizada por

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre»

3. IS. SENTENCIA 496/2020 [19.05.2020] ......................................................... 52

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 4236/2018) Ponente:

Ángel Aguallo Avilés.

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ÍNDICE (desglosado)

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 978/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la

Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006,

de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y

de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades,

sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de

los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del

Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a

la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto

pasivo, que habrá de reunir los requisitos previstos en el artículo 27 de la

citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se

trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, o, por el

contrario, sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios

habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la

establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley

del impuesto sobre sociedades". Las normas que, en principio, serán

objeto de interpretación serán los artículos 108y114 del Texto Refundido

de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción aplicable

ratione temporis, a la luz de la reforma realizada por la Ley 35/2006, de

28 de noviembre»

IV. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD) ................................ 53

ISD. SENTENCIA 499/2020 [19.05.2020 ] ......................................................... 53

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 6027/2017) Ponente:

María de la Esperanza Córdoba Castroverde.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 956 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«[...] Determinar a efectos de la presunción que establece el artículo 15

de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones sobre valoración del ajuar

doméstico qué elementos o bienes deben entenderse incluidos dentro

del concepto de ajuar doméstico»

V. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) ............................................... 54

1. IVA. SENTENCIA 428/2020 [18.05.2020] ...................................................... 54

Tribunal Supremo, Sala Tercera. Sección 2ª, (Rec. 34/2018) Ponente: Jesús

Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 953/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

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ÍNDICE (desglosado)

«Determinar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, si se deben considerar como "operación principal" o

"actividad habitual", o, por el contrario, como "operación accesoria" o

"actividad no habitual" (en la terminología de la Directiva 2006/112/CE

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del

impuesto sobre el valor añadido, y la que utiliza la Ley 37/1992, de 28 de

diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, respectivamente), a

efectos del cálculo de la prorrata en el IVA, los ingresos procedentes de

la transmisión que realiza una holding de participaciones de sus filiales

y de la suscripción por una holding de derivados financieros a fin de

cubrir riesgos de tipo de cambio o de tipo de interés, cuando también

realiza para las participadas servicios de apoyo financiero, contable,

legal, técnico y comercial, por medio de labores permanentes de

asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de

préstamos».

2. IVA. SENTENCIA 445/2020 [18.05.2020] ...................................................... 57

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 4166/2017) Ponente:

Rafael Toledano Cantero.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 950/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«En relación con la primera de las cuestiones, concurre interés

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia por cuanto no

existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que precise si la

intervención del personal directivo de una Caja de Ahorros - Presidente

y Directores Generales- en los órganos de administración de

sociedades participadas por la propia entidad son servicios sujetos al

Impuesto sobre el Valor Añadido. No obsta a lo anterior el hecho de que

los preceptos reputados como infringidos por la Abogacía del Estado se

refieran a dos leyes (la LORCA y el Decreto Legislativo 1/1994) que han

sido derogadas por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de

ahorros y fundaciones bancarias (BOE de 28 de diciembre) y por el

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el que se aprueba el

Texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña (DOGC de 13

de marzo) por cuanto en ellas se mantiene la norma de incompatibilidad

referida en la sentencia recurrida (artículo 22 y artículo 39,

respectivamente)»

3. IVA. SENTENCIA 449/2020 [18.05.2020] ...................................................... 58

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 4217/2017) Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 960 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

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ÍNDICE (desglosado)

«Determinar si, suscrito entre un empresario titular de un

establecimiento hostelero y un empresario titular de máquinas

recreativas tipo "B" un contrato calificable como asociativo o de

explotación conjunta, existe o no una prestación de servicios del

primero al segundo que está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y

que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. IVA. SENTENCIA 500/2020 [19.05.2020] ...................................................... 60

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 5693/2017) Ponente:

María de la Esperanza Córdoba Castroverde.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 977/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si las cuestiones que pudieran suscitarse en relación con la

nueva liquidación dictada por la Administración tributaria en

cumplimiento de la resolución de un órgano económico- administrativo

han de enmarcarse en el ámbito propio de la ejecución de tal clase de

resoluciones o en el de las reclamaciones económico-administrativas»

VI. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS

JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITP-AJD) ........................................................... 61

1. ITP-AJD. SENTENCIA 521/2020 [20-05.2020] ............................................... 61

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 3696/2017) Ponente:

José Díaz Delgado.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1193/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si la liberación en escritura pública notarial de codeudores

de un préstamo garantizado mediante hipoteca de determinados

inmuebles está sujeta o no a la modalidad de actos jurídicos

documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados»

2. ITPAJD. SENTENCIA 473/2020 [ 18.05.2020] ............................................... 62

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 3522/2017). Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 964/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del método de

comprobación previsto en el artículo 57.1, letra b), de la Ley 58/2003, de

12

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ÍNDICE (desglosado)

17 de diciembre, General Tributaria, pueden considerarse

suficientemente motivadas las valoraciones y liquidaciones practicadas

por la Administración tributaria cuando las mismas reflejen

expresamente la normativa aplicada, el valor tomado como referencia

y los coeficientes utilizados o si, por el contrario, se precisa, a fin de dar

cumplimiento a la obligación de motivación, que se especifiquen otros

parámetros, circunstancias y elementos de cuantificación relevantes que

hayan sido tomados en consideración para la determinación del valor

comprobado, de forma que el obligado tributario pueda conocer con la

profundidad y transparencia necesaria la metodología seguida para su

obtención»

3. ITP-AJD. SENTENCIA 458/2020 (18.05.2020] .............................................. 65

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª, Rec. 5155/2017 Ponente: José

Antonio Montero Fernández.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 982/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, en relación con las transmisiones o adquisiciones de

valores sujetas, en cuanto transmisiones onerosas de bienes inmuebles,

al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la base

imponible ha de fijarse en función del porcentaje total de participación

que se pasa a disfrutar en el momento en que se obtiene el control de

la sociedad cuyo capital se adquiere o si, por el contrario, la misma ha

de quedar acotada al porcentaje en el que aumenta la participación del

socio-adquirente en la operación en la que se verifica su toma de control,

al margen de adquisiciones anteriores»

4. IITP-AJD. SENTENCIA 509/2020 [19.05.2020]. ............................................. 66

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 8238/2018) Ponente:

José Díaz Delgado.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1072 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o

daciones en pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones

patrimoniales onerosas, la base imponible ha de fijarse en función del

valor real del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, ha

de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se

extingue con la operación. [...]»

5. ITP-AJD SENTENCIA 431/2020 [18.05.2020] ................................................ 68

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 3205/2017) Ponente:

Jesús Cudero Blas.

Distribuye:

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Número 1 – septiembre 2020

13


ÍNDICE (desglosado)

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 962/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la constitución de una

sociedad cuyo contravalor consiste en la aportación de bienes

inmuebles garantizados con hipoteca supone la existencia de una única

operación sujeta a la modalidad operaciones societarias (constitución de

sociedad) o si, además, comprende otra operación (adjudicación en pago

de asunción de deudas), sujeta a la modalidad transmisiones

patrimoniales onerosas por los bienes inmuebles que se entregan al

asumir la deuda hipotecaria que los grava»

VII. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) ................................ 71

IAE. SENTENCIA 528/2020 [21.05.2020] .......................................................... 71

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 2767/2017) Ponente:

Isaac Merino Jara.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1422 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Interpretar el epígrafe del IAE 647.4 (comercio al por menor de

cualquier clase de productos alimenticios y bebidas, en régimen de

autoservicio o mixto en supermercados) y el epígrafe del IAE 661.3

(comercio en almacenes populares) del Real Decreto legislativo

1175/1990, de 28 de septiembre, en relación con los artículos 78.1, 83 y

85.1.4ª del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin de dilucidar por

cuál de los dos epígrafes deben tributar aquellos establecimientos

comerciales que venden en autoservicios productos alimentarios y

bebidas de forma preponderante junto con otro tipo de bienes de

consumo que no constituyen un porcentaje alto, ni representan un

surtido amplio ni profundo, ni tienen un carácter permanente, ni se

ubican en secciones fijas sino que tienen un carácter marginal y

ocasiona»

VIII. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) .............................................. 72

1. IBI. SENTENCIA 381/2020 [11.05.2020] ....................................................... 72

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 3103/2017) Ponente:

Isaac Merino Jara.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 990 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

14

SISA, ALCABALA Y PAPEL SELLADO…

Número 1 – septiembre 2020

Distribuye:

Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros.


ÍNDICE (desglosado)

«Determinar si la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

recogida en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades, para los inmuebles afectos a los fines de

las universidades, se mantiene o no en vigor tras la Ley 51/2002, de 27

de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales»

2. IBI. SENTENCIA 430/2020 [18.05.2020] ....................................................... 73

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª ( Rec. 6950/2018). Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 966 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar cuál es el alcance de la declaración de nulidad (ya sea total

o parcial) de los valores catastrales en vía económico-administrativa o

en vía judicial: si dicha nulidad conlleva también la nulidad de las

liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, emitidas con

posterioridad y basadas en aquellos valores catastrales o si, por el

contrario, atendiendo al carácter bifásico del citado impuesto, dichas

liquidaciones son válidas, en tanto que el Catastro no proceda a

rectificar o modificar los valores catastrales, pudiendo ser giradas,

incluso, con efectos retroactivos»

3. IBI. SENTENCIA 493/2020 [19.05.2020] ..................................................... 75

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 5497/2018) Ponente:

Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1284/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto

pasivo puede discutir la calificación (y la consiguiente valoración)

catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que

alcanzara firmeza) o no pudo hacerlo al tiempo en que le fue notificado

individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación

por dicho impuesto»

4. IBI. SENTENCIA 505/2020 [19.05.2020] ....................................................... 77

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª ( Rec. 5682/2018) Ponente:

Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1263/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

Distribuye:

Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros.

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15


ÍNDICE (desglosado)

"1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto

pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble, cuando

no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le

fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto

a tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de

valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o

cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de

aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal

respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos

del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de

valores o la asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación

de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios

efectuados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valencia, a que no hemos referido

repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes.

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la

liquidación del IBI la sentencia de la Audiencia Nacional que declara

ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y

que estima que existe estudio de mercado debidamente motivado".

5. IBI. SENTENCIA 582/2020 [28.05.2020] ....................................................... 84

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 3966/2018) Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1376 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector

como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a

tener la clasificación de suelo no urbanizable y, en consecuencia, no

puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales,

dando lugar a la nulidad de las declaraciones giradas del impuesto de

bienes inmuebles»

6. IBI. SENTENCIA 588/2020 [28.05.2020] ....................................................... 86

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª ( Rec. 4740/2017) Ponente:

Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1440/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

16

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ÍNDICE (desglosado)

«Determinar si la exégesis del artículo 18 del texto refundido de la Ley

del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo

1/2004, de 5 de marzo, permite entender que debe tener efectos

retroactivos la resolución del procedimiento de subsanación de

discrepancias que dicho precepto regula aunque se inicie de oficio y se

prevea literalmente la efectividad de esa resolución al día siguiente de

que se acuerde-, si altera la descripción catastral del inmueble

determinando una minoración de su valor catastral y la Administración

ha tenido conocimiento de la falta de concordancia existente entre la

descripción catastral del bien y la realidad inmobiliaria -no debida al

incumplimiento de las obligaciones de declarar o comunicar previstas en

los artículos 13 y 14 de dicho texto refundido-, por habérselo puesto de

manifiesto el propio interesado»

7. IBI. SENTENCIA 444/2020 [18-05-2020] ...................................................... 87

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 5665/2018) Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ: Roj 971 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el

sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble,

cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo

en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien

inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de

valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o

cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de

aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal

respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos

pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de

valores o la asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación

de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios

efectuados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valencia, a que no hemos referido

repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes»

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la

liquidación del IBI la sentencia de la Audiencia Nacional que declara

ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y

que estima que existe estudio de mercado debidamente motivado».

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ÍNDICE (desglosado)

8. IBI. SENTENCIA 507/2020 [19.05.2020] ........................................................ 93

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 6565/2018) Ponente:

Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1029 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto

pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble, cuando no

lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue

notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a

tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de

valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o

cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de

aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal

respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos

del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de

valores o la asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación

de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios

efectuados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valencia, a que no hemos referido

repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes.

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación

del IBI la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a

derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y que estima

que existe estudio de mercado debidamente motivado»

IX. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA (IIVTNU) ....................................................................... 96

1. IIVTNU.SENTENCIA 472/2020 [18.05.2020] ................................................. 96

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 1417/2019) Ponente:

Francisco José Navarro Sanchís

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1028/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«Discernir si resulta ajustado a Derecho determinar la base imponible

del IIVTNU, en caso de reconocida existencia de una plusvalía derivada

de la aplicación de las reglas legales del tributo, con arreglo al

beneficio obtenido por el contribuyente con la venta de un inmueble,

18

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ÍNDICE (desglosado)

según el resultado contable declarado siguiendo los criterios

establecidos a efectos de un tributo diferente e inconexo como es el

impuesto sobre sociedades y aplicando a tal ganancia el tipo de

gravamen del propio impuesto mencionado»

2. IIVTNU. SENTENCIA 435/2020 [18.05.2020] ................................................ 98

Tribunal Supremo, Sala Tercera, , Sección 2ª, Rec. 1665/2019 Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 973 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en

favor del contribuyente actos administrativos de liquidación del

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la

previa autoliquidación presentada, practicada en un supuesto en que no

hubo incremento de valor probado, que han quedado firmes por haber

sido consentidos antes de haberse dictado tal sentencia.

2. En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta

afirmativa, habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por

consentidos, dilucidar en virtud de qué título jurídico -esto es, de qué

causa legal de nulidad radical o de pleno derecho, de las tipificadas

numerus clausus en el artículo 217 LGT - operaría; y, además, con qué

limitación temporal»

3. IIVTNU.SENTENCIA 436/2020 [18.05.2020] ............................................... 100

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 2596/2019). Ponente:

Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ: Roj 970/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«1º. Si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en favor del

contribuyente actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre

el Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la previa

autoliquidación presentada, practicada en un supuesto en que no hubo

incremento de valor probado, que han quedado firmes por haber sido

consentidos antes de haberse dictado tal sentencia.

2º Solo para el caso de que se diera a la pregunta anterior una respuesta

afirmativa, habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por

consentidos, en virtud de qué título jurídico -esto es, de qué causa legal

de nulidad radical o de pleno derecho, de las tipificadas numerus clausus

en el artículo 217 LGT - operaría; y, además, con qué limitación

temporal»

4. IIVTNU SENTENCIA 592/2020 [28.05.2020] ............................................... 102

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ÍNDICE (desglosado)

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 2503/2019) Ponente:

Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ: Roj 1364 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en

favor del contribuyente actos administrativos de liquidación del

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la

previa autoliquidación presentada, practicada en un supuesto en que no

hubo incremento de valor probado, que han quedado firmes por haber

sido consentidos antes de haberse dictado tal sentencia.

2. En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta

afirmativa, habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por

consentidos, dilucidar en virtud de qué título jurídico - esto es, de qué

causa legal de nulidad radical o de pleno derecho, de las tipificadas

numerus clausus en el artículo 217 LGT - operaría; y, además, con qué

limitación temporal».

5. IIVTNU. SENTENCIA 454/2020 [18.05.220] ............................................... 105

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª, de (Rec. 1068/2019) Ponente:

José Antonio Montero Fernández.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 984/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de

la jurisprudencia:

«1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en

favor del contribuyente actos administrativos de liquidación del

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la

previa autoliquidación presentada, practicada en un supuesto en que no

hubo incremento de valor probado, firmes por haber sido consentidos

antes de haberse dictado tal sentencia.

2. En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta

afirmativa, habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por

consentidos, dilucidar en virtud de qué título jurídico - esto es, de qué

causa legal de nulidad radical o de pleno derecho, de las tipificadas

numerus clausus en el artículo 217 LGT- operaría; y, además, con qué

limitación temporal»

IV. JURISPRUDENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIÓN EUROPEA: .... 107

Mayo 2020 ...................................................................................................... 107

I. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO ....................................................... 107

1. ST.14.05.2020. ASUNTO C-446/2018. ........................................................ 107

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ÍNDICE (desglosado)

Deducción IVA soportado - Excedente de IVA - Retención del excedente

tras el inicio de un procedimiento de inspección tributaria - Solicitud de

devolución de la parte del excedente relativa a las operaciones no

afectadas por dicho procedimiento - Negativa de la Administración

Tributaria. (Procedimiento prejudicial – Sistema común del Impuesto

sobre el Valor Añadido (IVA) - Directiva 2006/2012).

Derecho de la Unión – Derecho Checo

(Observaciones presentadas, entre otros, por el Gobierno Español)

Objeto del asunto:

Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TJUE,

por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República

Checa), mediante resolución de 31 de mayo de 2018, recibida en el

Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2018, en el procedimiento entre X e Y.

CUESTIÓN PLANTEADA

« ¿Es compatible con el Derecho de la Unión y, en particular, con el

principio de neutralidad del IVA una medida de un Estado miembro

conforme a la cual se condiciona la liquidación y devolución de una parte

de las cuotas soportadas declaradas a que finalice un procedimiento

relativo a todas las operaciones imponibles del período impositivo de

que se trate?»

2. ST. 28.05.2020. ASUNTO C-684/2018 ........................................................ 114

Procedimiento prejudicial – Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido

(IVA) — Directiva 2006/112/CE - Artículo 90 - Artículos 184 a 186 -

Principio de neutralidad del IVA - Regularización de la deducción del

impuesto inicialmente practicada - Descuentos concedidos por entregas

intracomunitarias e internas de bienes. Derecho de la Unión – Derecho

Rumano

Objeto del asunto: petición de decisión prejudicial planteada, con

arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía,

mediante resolución de 26 de septiembre de 2018, recibida en el Tribunal

de Justicia el 6 de noviembre de 2018, en el procedimiento entre [A SRL) Y

DGR.

CUESTIONES PLANTEADAS

1) ¿Se oponen el artículo 90 de la [Directiva sobre el IVA] y el principio de

neutralidad del IVA a una normativa interna (o a una práctica

administrativa basada en una normativa no clara) que deniega a una

sociedad el derecho a la deducción del IVA proporcional al valor del

descuento aplicado a unas entregas internas de bienes, por el hecho de

que la factura fiscal emitida por el proveedor intracomunitario (como

representante de un grupo empresarial) refleja el descuento global,

concedido tanto por los productos intracomunitarios como por los

productos internos suministrados en virtud del mismo contrato marco,

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21


ÍNDICE (desglosado)

pero contabilizados estos últimos como adquisiciones del Estado

miembro de referencia (de un miembro del grupo, con otro número de

identificación del IVA distinto del de la factura de descuento)?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial ¿se

opone el principio de proporcionalidad a que se deniegue al beneficiario

el derecho a la deducción del IVA proporcional al valor del descuento

concedido globalmente por el proveedor intracomunitario, en el

supuesto de que el proveedor local (miembro del mismo grupo) haya

cesado en su actividad económica y ya no pueda reducir la base

imponible de las entregas emitiendo una factura con su propio número

de identificación del IVA para obtener la devolución de la diferencia de

IVA devengado en exceso?»

3. ST. 7.05. 2020. ASUNTO C-547/2018 ......................................................... 119

Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el Valor Añadido

(IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículo 44 - Reglamento de ejecución

(UE) n.º 282/2011 - Artículo 11, apartado 1 - Prestación de servicios -

Lugar de conexión a efectos fiscales - Concepto de “establecimiento

permanente” - Sujeto pasivo del IVA - Filial de una sociedad de un tercer

Estado localizada en un Estado miembro. Derecho de la Unión (Acuerdo

de Libre Comercio - Derecho Polaco

Objeto del asunto: interpretación del artículo 44 de la Directiva

2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema

común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por

la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008 y del artículo

11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del

Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones

de aplicación de la Directiva 2006/112.

Esta petición ha sido presentada en el contexto de un litigio entre DOG y el

Director de la Administración Tributaria de Breslavia (Polonia) en lo relativo

a la decisión de este último (en lo sucesivo, el DIRECTOR) de practicarle una

liquidación complementaria por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

CUESTIONES PLANTEADAS

«1) ¿Puede deducirse la existencia de un establecimiento permanente

en Polonia, a los efectos del artículo 44 de la Directiva 2006/112[…] y del

artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución n.º 282/2011 […],

de la mera circunstancia de que una sociedad con sede fuera de la

Unión Europea posea una sociedad filial establecida en Polonia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿está obligado

un tercero a examinar las relaciones contractuales entre la sociedad con

sede fuera de la Unión y su sociedad filial, con el fin de determinar si la

primera sociedad posee un establecimiento permanente en Polonia?»

II. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .................................................................. 124

22

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ÍNDICE (desglosado)

ST.14.05.2020. ASUNTO C-749/18................................................................. 124

Procedimiento prejudicial - Artículos 49 TFUE y 54 TFUE - Libertad de

establecimiento -Legislación tributaria - Impuesto sobre Sociedades -

Sociedades matrices y filiales - Consolidación fiscal vertical y horizontal.

Normativa Interpretada: TFUE- DERECHO LUXEMBURGUES

Objeto del asunto: Interpretación de los artículos 49 y 54, ambos del

Tratado Fundacional. La petición de decisión prejudicial se ha presentado

en el contexto de un litigio entre tres sociedades luxemburguesas, B, C y D,

por un lado, y la Administración de Impuestos Directos ( Luxemburgo), por

otro, en relación con la denegación de su solicitud conjunta de concesión

del régimen de consolidación fiscal relativo a los ejercicios fiscales de 2013

y 2014.

CUESTIONES PLANTEADAS

«1) ¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y 54 TFUE en el sentido

de que se oponen a la normativa de un Estado miembro sobre un

régimen de consolidación fiscal que permite la consolidación de los

resultados de sociedades de un mismo grupo exclusivamente en el

supuesto de consolidación fiscal vertical entre una sociedad matriz

residente o un establecimiento permanente nacional de una sociedad

matriz no residente y sus filiales residentes y, en cambio, se opone a la

consolidación fiscal horizontal únicamente de las filiales tanto de una

sociedad matriz no residente y sin establecimiento permanente nacional

como de una sociedad matriz residente o no residente pero que dispone

de un establecimiento permanente nacional?

…y otras.

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23



PRESENTACIÓN

Vol. II

PRESENTACIÓN

Realizada la distribución del Volumen I del Número 1 de «Sisa,

Alcabala y Papel Sellado» (nuestra Revista de Política Fiscal), ahora

nos complacemos en poner a disposición de las personas amigas el

Volumen II cuyo contenido anticipábamos en la presentación del

citado Volumen I.

En relación con el indicado Volumen II, hemos considerado

conveniente -para facilitar la distribución de la REVISTA y por ende

el manejo de sus contenidos- desglosar el mencionado Volumen II

en dos partes; en la primera, hemos incluido selección de Sentencias

del Tribunal Supremo de España y Tribunal de Justicia de la UE

publicadas en el mes de mayo/2020; en la segunda de dichas partes,

se recoge selección de las Sentencias de los mencionados Tribunales

publicadas en junio/2020.

De lo expuesto más arriba, se desprende que ciertos contenidos

asignados inicialmente al Volumen II, han quedado fuera del mismo

[Doctrina administrativa, Informes, Revistas, etc.] por lo que

habilitaremos un tercer Volumen.

Confiamos en que lectores/as nos disculpen con la dispersión de los

contenidos, pero ello ha sido inevitable [de querer ofrecer la

información más completa] tanto por razón de abarcar el Número 1

dos meses, como por la abundante producción normativa y

jurisprudencial en dichos meses. Esperamos que en el futuro

podamos ajustarnos al planteamiento inicialmente previsto para

cada Número de «Sisa, Alcabala y Papel Sellado».

Aprovechamos la ocasión, para agradecer a amigos y amigas la

favorable acogida que han dispensado al Número 1 [Volumen I] de

«Sisa, Alcabala y Papel Sellado»

Por el Equipo de Redacción

José María López Geta

Distribuye:

Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros.

SISA, ALCABALA Y PAPEL SELLADO…

Número 1 – septiembre 2020

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO

Análisis

JURISPRUDENCIA INTERNA

SENTENCIAS RELATIVAS AL ORDENAMIENTO

JURÍDICO TRIBUTARIO

TRIBUNAL SUPREMO (ESPAÑA)

(MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

- Acceso a la Jurisprudencia*]

I. LEY GENERAL TRIBUTARIA (LGT)

LGT

1. LGT. SENTENCIA 504/2020 [19.05.2020]. Tribunal Supremo, Sala

Tercera, Sección 2ª [Rec. 6242/2017]. Ponente: Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj

1276/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la

formación de la jurisprudencia:

«Determinar en aquellos casos en que se produzca la estimación

parcial de reclamaciones económico-administrativas, si las

restantes pretensiones, rechazadas por los tribunales

económico-administrativos, pueden ser objeto de revisión ante

la jurisdicción contencioso-administrativa o, por el contrario, el

interesado ha de esperar a que se practique una nueva

liquidación por parte de los órganos de la Administración

tributaria»

FALLO:

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el

FUNDAMENTO JURÍDICO QUINTO de esta sentencia.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo del Poder Judicial, se

hace constar que FUNDEF no dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el

futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza descargas masivas o explota comercialmente

los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

FD. QUINTO. Criterios interpretativos sobre los artículos 239.3, 241.ter y 249 de la LGT;

66.3 y 68.1 y 2 del RVA; 19.1, 25, 28 y 67.1 de la LJCA; y 24.1 CE.

«La interpretación que acabamos de sintetizar de los preceptos legales y reglamentarios

concernidos en este proceso conducen derechamente a la siguiente conclusión, en

respuesta a la cuestión casacional objetiva nítidamente planteada por el auto de

admisión: en aquellos supuestos en los que se produzca la estimación parcial de

reclamaciones económico-administrativas instadas contra liquidaciones o/y sanciones, las

pretensiones y alegaciones sustanciales que la vertebran sobre tales actos rechazadas por

los tribunales económico-administrativos pueden ser objeto de revisión ante la

jurisdicción contencioso-administrativa, sin que sea preciso ni pertinente que el

interesado o la interesada espere a que se practiquen unas nuevas liquidaciones o/y

sanciones por parte de los órganos de la Administración tributaria en sustitución de las

parcialmente anuladas»

SEGUNDO. Haber lugar al recurso de casación interpuesto […]

TERCERO. Reponer las actuaciones procesales de la instancia al momento

inmediatamente anterior a aquel en el que se dictó la sentencia recurrida para que se

emita otra en la que, a tenor del material probatorio incorporado al proceso, la Sala del

Tribunal Superior de Justicia de Murcia se pronuncie sobre las pretensiones y alegaciones

sustanciales que las vertebran formuladas por XX. y rechazadas por la resolución del

Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Región de Murcia de 30 de septiembre

de 2014.

CUARTO. No hacer imposición de las costas procesales de esta casación.

LGT

2. LGT. SENTENCIA 487/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

[Rec.3940/2017] Ponente: Nicolás Maurandi Guillén.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 994/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si resulta ajustado a Derecho la tramitación de un procedimiento de

verificación de datos para un supuesto de exención de ganancia patrimonial por

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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FALLO:

SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

reinversión de vivienda habitual en el IRPF o, por el contrario, excedería de sus

límites, exigiéndose, al menos, uno de comprobación limitada»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

QUINTO (?) de esta sentencia.

FD. SÉPTIMO. - Decisión del recurso de casación y de la pretensión deducida en el

proceso de instancia.

«II.- Sin embargo, no puede compartirse la solución que ha sido seguida por la sentencia

recurrida de considerar procedente dilucidar, en el cauce de un procedimiento de

verificación de datos, la segunda cuestión que dicha sentencia aborda.

Segunda cuestión que estaba referida, como ya se puso de manifiesto, a si el matrimonio

del contribuyente, así como el nacimiento del primer hijo tenido dentro de ese

matrimonio, acaecidos poco después de la venta de su anterior vivienda, podían o no

constituir la salvedad o dispensa prevista en el artículo 53.1 del Reglamento L/IRPF 2004

para el plazo de tres años de residencia que es exigido para que se pueda aceptar que

una edificación ha sido la vivienda habitual del contribuyente»

[…] «Todo lo cual conlleva a tener que aceptarse que, en lo que hace a decidir la

aplicabilidad de la salvedad a la que estamos haciendo referencia, esa decisión exige

necesariamente llevar a cabo una tarea hermenéutica de dicha norma reglamentaria en

la que razonablemente se pueden aceptar distintas alternativas de interpretación.

[…}

«Esto determina, en consecuencia, que la diferente solución que fue seguida por el

contribuyente no pueda ser considerada constitutiva esa indebida aplicación normativa,

pero inexcusablemente "patente", a la que queda circunscrito el supuesto de utilización

del procedimiento de verificación de datos en la letra d) del artículo 131 de la Ley

General Tributaria de 2003»

«III.- La consecuencia de todo lo anterior tiene que ser la estimación del recurso de

casación y la anulación de la sentencia recurrida.

Otra consecuencia de lo razonado tiene que ser también, enjuiciando la controversia que

fue deducida en el proceso distancia, declarar la invalidez de las liquidaciones

controvertidas, por haberse practicado las mismas en un procedimiento tributario que no

era el idóneo para dilucidar la cuestión de fondo de cuya decisión dependía la

procedencia o no de la liquidación practicada»

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por don XX contra la

sentencia […] que se casa y anula a los efectos de lo que seguidamente se declara.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don XX y

anular, por no ser conformes a derecho, las liquidaciones tributarias litigiosas que fueron

practicadas por la Administración tributaria y las posteriores resoluciones del Tribunal

Económico Administrativo Regional de Madrid que las confirmaron.

CUARTO. No hacer especial imposición de las costas de esta casación y de las

correspondientes al proceso de instancia.

LGT

3. LGT. SENTENCIA 450/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 5962/2017} Ponente: Jesús Cudero Blás.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 987/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Si la presentación de la declaración-resumen anual del IVA, modelo 390,

constituye un supuesto de interrupción de la prescripción del derecho de la

Administración a determinar la deuda tributaria o si no tiene virtualidad

interruptiva alguna»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia y declarar, en consecuencia, que la presentación de la

declaración-resumen anual del IVA, modelo 390, carece de virtualidad para interrumpir la

prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.

FD. TERCERO. Respuesta a la cuestión interpretativa suscitada por el auto de admisión.

«1. Conviene recordar, en primer lugar, que la declaración-resumen anual de IVA

(modelo 390) es una declaración tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo

largo del año natural relativas a la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Están

obligados a presentarla todos aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor

Añadido que tengan la obligación de presentar autoliquidaciones periódicas del IVA, ya

sean mensuales o trimestrales. Deberá presentarse [la declaración resumen anual] en los

treinta primeros días naturales del mes de enero siguiente al año al que se refiere la

declaración. Los vencimientos que coincidan con un día inhábil se considerarán

trasladados al primer día hábil siguiente»

[2]

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

«3. La jurisprudencia de esta Sala y Sección ha afirmado, como se ha dicho, que la

presentación de esa declaración tiene efecto interruptivo de la prescripción del derecho

de la Administración a liquidar los períodos mencionados en el propio resumen anual. Lo

ha hecho, empero, bajo un régimen jurídico distinto -como veremos- del que aquí resulta

de aplicación. Y ello no solo desde la perspectiva de los preceptos legales que disciplinan

la prescripción, sino del propio mecanismo de presentación de la declaración-resumen

anual, pues, ahora, no debe aportarse, junto con la declaración-resumen anual, uno de

los ejemplares de los distintos modelos de declaración-liquidación de cada periodo

presentados a lo largo del ejercicio.

[…]

Esa es la razón esencial que condujo a esta Sala a sentar la doctrina expresada sobre la

interrupción de la prescripción: como el modelo 390 debe acompañarse de las

autoliquidaciones trimestrales del año al que se refiere, supone una ratificación de las

mismas y, por tanto, " no es una simple comunicación informativa", sino una "

declaración" -como su propio nombre indica- que incorpora documentos y datos

relevantes, de contenido ratificatorio de las liquidaciones efectuadas durante el año»

«4. Resulta especialmente significativo, además, que el Tribunal Económico

Administrativo Central ha dejado de aplicar la jurisprudencia indicada por entender que,

desde el año 2004, el argumento empleado por dicha jurisprudencia para sostener el

carácter interruptivo de la prescripción ya no puede defenderse»

[…]

Como hemos indicado, no estamos desconociendo la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, pero consideramos que el hecho de no tener que aportar en el ejercicio 2004

junto con la declaración- resumen anual uno de los ejemplares de los distintos modelos

de declaración-liquidación de cada periodo presentados a lo largo del ejercicio,

constituye una diferencia fundamental que puede llevar a dar un trato distinto a la

declaración-resumen anual respecto del otorgado por el TS en las Sentencias citadas,

dado el apoyo que en esta circunstancia se fundamenta el órgano jurisdiccional»

«5. Además, en dicha resolución el TEAC incorpora determinados argumentos que -

forzoso es decirlo- son plenamente compartidos por esta Sala. Tales argumentos

refuerzan la tesis -que sostenemos- de que la declaración-resumen anual no aporta

liquidaciones adicionales a las ya efectuadas en las declaraciones-liquidaciones periódicas

y, por tanto, no ostenta la condición de "actuación fehaciente del obligado tributario

conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria", como la ley exige»

[…]

«6.En definitiva, (i) la falta de contenido liquidatorio de la declaración-resumen anual, (ii)

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

el discutible carácter "ratificador" de las liquidaciones previas y, sobre todo, (iii) el

cambio de régimen jurídico en cuanto no deben acompañarse al modelo las liquidaciones

trimestrales (argumento esencial del Tribunal Supremo) obligan a modificar la doctrina

legal y afirmar que el modelo 390 carece de eficacia interruptiva del derecho de la

Administración a determinar la deuda tributaria de los períodos mensuales o trimestrales

del período anual correspondiente.

«7. Solo cabría añadir que resulta, al menos, singular la posición del abogado del Estado

en el presente recurso de casación, pues defiende una postura contraria a la que viene

sosteniendo de manera reiterada el TEAC en los últimos cuatro años, siendo así que los

criterios de dicho órgano de revisión económico-administrativos obligan a la

Administración Tributaria -a la que el abogado del Estado representa y asiste- a

atemperar sus decisiones a las que emanan de dicho órgano (lógicamente, salvo

jurisprudencia contraria al respecto), como se sigue de manera indubitada de lo

dispuesto en el artículo 239.8 de la vigente Ley General Tributaria»

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la

representación procesal de la MERCANTIL SL contra la sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

[…] sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de la MERCANTIL, SL contra la resolución dictada por el Tribunal

Económico-Administrativo Regional de Madrid el día 28 de octubre de 2015, que

desestimó la reclamación económico-administrativo deducida frente a liquidación

provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido, período impositivo 3T y 4T de 2008,

anulando las expresadas resoluciones por su disconformidad a derecho en el particular

relativo al tercer trimestre de 2008, por estar prescrito el derecho de la Administración

a liquidar el mencionado tributo en dicho ejercicio, con el consiguiente derecho a la

devolución al contribuyente de lo ingresado por tal concepto más los intereses legales

correspondientes.

LGT

4. LGT. SENTENCIA 587/2020 [28.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 2812/2017) Ponente: Francisco J. Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1415/2020]

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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Acceso a la Jurisprudencia*]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«[...] Determinar si, en una situación como la del presente litigio, el cómputo del

plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda

tributaria mediante la oportuna liquidación se inicia el día en que termina el plazo

reglamentario para presentar la autoliquidación del ejercicio en el que se aplicó la

exención o aquel en que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación

correspondiente al ejercicio en que se produjo el incumplimiento, plazo en el que

debe ser presentada la declaración complementaria del ejercicio durante el que se

obtuvo la ganancia patrimonial finalmente no reinvertida [...]»

PRIMERO. - Fijar los criterios interpretativos sentados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO.

FD. TERCERO.- Interpretación jurídica de las cuestiones planteadas en el auto de

admisión.

La cuestión interpretativa que la Sección de Admisión de esta Sala nos propone, encierra

una duda acerca del dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de la facultad de

comprobación y liquidación en los casos en que el beneficio fiscal o el derecho que la ley

confiere está sometido a condictio iuris, como en este caso la reinversión íntegra de la

ganancia declarada como exenta, en el plazo máximo de dos años, en otra vivienda

habitual. Se trata de esclarecer los preceptos tal como resulta de la propuesta del auto de

admisión, que nos pide lo siguiente -que ahora se transcribe-:

[...]

Pues bien, la doctrina que establecemos es que el dies a quo del plazo de prescripción

comienza desde la constancia fehaciente del incumplimiento del plazo de dos años, esto

es, desde la primera de estas dos fechas: o bien desde la recepción de la autoliquidación

complementaria de regularización a que se refiere el art. 39.3 RIRPF, si es presentada por

el contribuyente, lo que no tuvo a bien realizar la Sra. Olga; bien desde la presentación de

la autoliquidación correspondiente al ejercicio de tal incumplimiento -2008-, si este día es

posterior al antes señalado o en los casos en los que no se ha producido ninguna

regularización -como aquí ha sucedido-, según establece igualmente el precepto

reglamentario, porque la Administración, antes de agotarse el plazo de reinversión, no

tiene posibilidad legal ni material de acometer la comprobación, que sería prematura,

sobre si tal condición de reinversión ha sido o no cumplida, en el plazo, en el importe o

en la finalidad.

Expresado con otras palabras, para imputar al ejercicio 2006 la parte de la ganancia

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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Acceso a la Jurisprudencia*]

patrimonial que estaba exenta sub condictione y que tras finalizar el plazo ya no lo está,

la Administración tiene que saber que el plazo se ha incumplido, requisito necesario para

comprobar la exención por reinversión.

SEGUNDO.- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la

procuradora doña XXX en nombre y representación de DXXX, contra la sentencia de 22 de

marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 852/2015.

TERCERO.- No hacer imposición de las costas procesales de esta casación.

LGT

5. LGT. SENTENCIA 442/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec.2787/2017) PONENTE: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 968/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si procede aplicar o no la reducción del 25 por 100 del importe de los

recargos del artículo 27.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, prevista en el artículo 27.5 de dicha ley cuando, solicitado el

aplazamiento de la cantidad a ingresar resultante de la autoliquidación presentada

extemporáneamente sin requerimiento previo de la Administración tributaria, con

ofrecimiento de garantía distinta del aval o certificado de seguro de caución, se

efectúe el ingreso antes de que la Administración tributaria se pronuncie sobre el

aplazamiento solicitado»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia .

FD TERCERO. Respuesta a la cuestión interpretativa suscitadas por el auto de admisión.

1.El precepto contenido en el artículo 27.5 de la Ley General Tributaria no es, desde

luego, un ejemplo de claridad en la redacción, no ya solo desde el punto de vista

gramatical, sino en relación al contenido de la institución que regula. Hace, en efecto,

una especie de totum revolutum que dificulta su comprensión, al mezclar en un solo

apartado el pago del resto del recargo, el de la deuda tributaria y las decisiones sobre

aplazamiento o fraccionamiento.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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La exégesis del precepto permite, en todo caso, afirmar lo siguiente:

a) En primer lugar, que procederá la reducción del 25% del recargo que proceda "siempre

que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2

del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y

siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la

autoliquidación extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración

derivada de la declaración extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo del

apartado 2 del artículo 62 de esta Ley, respectivamente".

b) Procederá, en segundo lugar, la reducción del recargo "siempre que se realice el

ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de

dicha deuda que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o

certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de

presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del plazo

del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación

resultante de la declaración extemporánea".

2. La Administración y el abogado del Estado mezclan interesadamente esos dos

supuestos para llegar a una conclusión que no podía ser querida, por absurda y como

inmediatamente veremos, por el legislador.

La tesis de la parte recurrida (y de la sentencia impugnada) es, ciertamente, muy simple:

cuando el contribuyente autoliquida tarde y pide el aplazamiento tiene que hacerlo -si

quiere obtener en su día la reducción del recargo- ofreciendo aval o seguro de caución

porque el beneficio previsto en el artículo 27.5 de la Ley General Tributaria solo es

aplicable si el aplazamiento se concede "con garantía de aval o certificado de seguro de

caución".

De esta forma, como nuestro contribuyente no ofreció ninguna de esas dos garantías, no

puede obtener nunca la reducción porque la parte del precepto aplicable es su segundo

inciso y éste exige ineluctablemente que haya acuerdo de fraccionamiento o

aplazamiento, pero condicionado a la prestación de una garantía (aval o seguro de

caución) que el interesado no ofreció en ningún momento.

3. Lo cierto es que el supuesto de hecho que ahora abordamos, teniendo en cuenta que

el régimen es el de autoliquidación, no está previsto expressis verbis en la norma

aplicable, pues (i) el interesado no ha realizado el ingreso al tiempo de presentar esa

autoliquidación, (ii) pide el aplazamiento ofreciendo una determinada garantía, pero (iii)

paga el importe total de la deuda unos días después de autoliquidar, sin esperar a que la

Administración se pronuncie sobre su petición de aplazamiento.

Ciertamente, una interpretación puramente literal del precepto podría conducir a

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

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aceptar la tesis de la sentencia recurrida por cuanto

(i) El interesado no ingresa al tiempo de presentar la autoliquidación, como el precepto

exige, por lo que no le es aplicable el primer inciso del artículo 27.5 de la Ley General

Tributaria.

(ii) Pide un aplazamiento para cuya concesión aporta una garantía que no es de las

previstas en el segundo inciso del propio artículo (aval o seguro de caución), por lo que -

prima facie- tampoco puede acogerse a éste.

(iii) Es irrelevante, por no estar previsto en la norma, que pague después de autoliquidar

y sin resolución alguna sobre el fraccionamiento.

4. Pero hay tres razones que nos obligan a acoger la tesis contraria, favorable al criterio

de la parte recurrente:

4.1.La primera, que la doctrina contenida en la sentencia impugnada hace de peor

condición al contribuyente que paga antes de que haya un pronunciamiento sobre su

petición de aplazamiento que a aquel otro que no paga la deuda porque ha conseguido

aplazarla mediante una decisión de la Administración que acoge su petición al respecto.

Reducido al absurdo tal planteamiento, resultaría que se trata peor a quien ya ha saldado

por completo su deuda con la Hacienda Pública al satisfacer íntegramente la deuda que a

quien ha aplazado su pago.

4.2. La segunda, que del texto del artículo 27.5 de la Ley General Tributaria no se sigue

necesariamente la interpretación recogida en la sentencia.

El precepto alude, por una parte, a la necesidad de que el aplazamiento se hubiera

"concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución"; y, a continuación,

hace referencia a que el obligado al pago lo hubiera "solicitado al tiempo de presentar la

autoliquidación extemporánea". Pero esta redacción no permite excluir las otras formas

de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Recordemos cuál es la regulación legal del aplazamiento de las deudas tributarias:

solicitado el mismo (con o sin garantías), el órgano competente de la Administración

podrá concederlo a condición de que se aporte la garantía que ese órgano competente

considere, que deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día

siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión, en el bien entendido de que, si

transcurre dicho plazo sin que se formalice la garantía, queda sin efecto el acuerdo de

concesión.

Dice la ley ( artículo 82.1 de la Ley General Tributaria) que para garantizar los

aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria

podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad

de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, siendo así que nada impide que

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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el contribuyente -que ha ofrecido una garantía distinta- aporte alguna de esas dos -en el

plazo indicado- cuando así sea requerido por la Administración.

4.3. La tercera y última razón descansa en que no entendemos que la circunstancia de

haber pedido el aplazamiento de la deuda al autoliquidar obligue al contribuyente a

esperar a que se adopte la resolución procedente sobre esa solicitud y que sea de todo

punto irrelevante el pago completo de la deuda antes de que recaiga esa resolución, pues

es evidente que ese pago resulta más beneficioso para el Tesoro Público que un eventual

aplazamiento de la deuda, sin garantías o con unas concretas y determinadas garantías.

Parece oportuno recordar que el apartado quinto del artículo 27 de la Ley General

Tributaria fue introducido por la reforma operada en la Ley 36/2006, de 29 de

noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, en cuya Exposición de

Motivos se hacía referencia al deseo de evitar la litigiosidad y "favorecer el pago de las

liquidaciones", finalidad que no parece que se cumpla si, en supuestos como el que nos

ocupa, se penaliza a quien paga en relación con quien consigue un aplazamiento de ese

pago.

5. En definitiva, nuestra respuesta a la cuestión que suscita el auto de admisión del

presente recurso de casación debe ser, por tanto, la de que procede aplicar la reducción

del 25 por 100 del importe de los recargos del artículo 27.2 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, prevista en el artículo 27.5 de esa misma ley cuando,

solicitado por el contribuyente el aplazamiento de la cantidad a ingresar resultante de la

autoliquidación presentada extemporáneamente sin requerimiento previo de la

Administración tributaria, con ofrecimiento de garantía distinta del aval o certificado de

seguro de caución, dicho contribuyente efectúa el ingreso completo de la deuda

tributaria antes de que la Administración se pronuncie sobre el aplazamiento solicitado.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal de DXX contra la sentencia […] sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de DXX contra la resolución del Tribunal Económico-

Administrativo Regional de Cataluña de fecha 22 de febrero de 2013, desestimatoria de

la reclamación económico-administrativa núm. 25/00883/2010 deducida frente a la

liquidación del recargo único por presentación fuera de plazo de la autoliquidación de

IRPF de 2007 del interesado, declarando las mencionadas resoluciones disconformes con

el ordenamiento jurídico en el exclusivo particular por el que se considera improcedente

la aplicación al contribuyente de la reducción del recargo prevista en el artículo 27.5 de la

Ley General Tributaria, declarando la procedencia de dicha reducción y el derecho del

interesado a la devolución de la suma ingresada al respecto, más los intereses legales que

correspondan.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia.

LGT

6. LGT. SENTENCIA 586/2020 [28.05. 2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2º

(Rec. 5751/2017) Ponente: Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1421/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«[...] Determinar si se puede iniciar el procedimiento de apremio de una deuda

tributaria, cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto para resolver el

recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de la que trae causa, sin

haber recaído resolución expresa, con sustento en que la liquidación tributaria

impugnada no fue suspendida»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos sentados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO.

TERCERO.- Interpretación jurídica de las cuestiones planteadas en el auto de admisión.

Cabe señalar que la solución al problema jurídico condensado en la pregunta que nos

formula el auto de admisión, tanto para formar doctrina de orden general como para

resolver el presente recurso de casación, exige partir de sus propios términos y de la

reseña de los preceptos mencionados y de los restantes que el Tribunal puede traer a

colación. La doctrina que se propone tal como resulta del auto de admisión, es la que se

expone a continuación:

[…] Pues bien, de la recta configuración legal del principio de ejecutividad y de sus

límites, así como del régimen del silencio administrativo -lo que nos lleva a extender el

elenco de preceptos interpretados a otros como los artículos 21 a24 de la LPAC y sus

concordantes; de los artículos 9.1, 9.3, 103 y 106 LJCA; así como el principio de buena

administración -que cursa más bien como una especie de metaprincipio jurídico

inspirador de otros-, puede concluirse la siguiente interpretación:

1) La Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa,

potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese

recurso de forma expresa, como es su deber, pues el silencio administrativo no es sino

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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una mera ficción de acto a efectos de abrir frente a esa omisión las vías impugnatorias

pertinentes en cada caso.

2) Además, no puede descartarse a priori la posibilidad de que, examinado tal recurso,

que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera atendible lo que él se

pide. De esa suerte, la Administración no puede ser premiada o favorecida cuando no

contesta tempestivamente las reclamaciones o recursos, toda vez que la ejecutividad no

es un valor absoluto, y uno de sus elementos de relativización es la existencia de acciones

impugnatorias de las que la Administración no puede desentenderse.

Es cierto que el recurrente no promovió, como le era posible, la suspensión del acto

recurrido en reposición, pero tal circunstancia sólo habría hecho más clara y evidente la

necesidad de confirmar la sentencia, pues al incumplimiento del deber de resolver sobre

el fondo -la licitud de la liquidación luego apremiada-, sobre el que nos hemos

pronunciado, se solaparía además, haciendo la conducta aún más grave, el de soslayar el

más acuciante pronunciamiento pendiente, el de índole cautelar.

SEGUNDO. Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA contra la sentencia de 14 de julio de 2017,[…],

recaída en el recurso nº 329/2013.

TERCERO. - No hacer imposición de las costas procesales.

LGT

7. LGT. SENTENCIA 584/2020 [28-05-2020]. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 2605/2019) Ponente: Jesús Cudero Blás

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1375/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si la anulación de una liquidación tributaria practicada como

desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo en uno

de comprobación limitada, integra un supuesto de mera anulabilidad o uno de

nulidad de pleno Derecho, con la consecuencia en este segundo caso, conforme a

la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la incapacidad de las actuaciones

desarrolladas en el procedimiento de verificación de datos para interrumpir el plazo

de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria

mediante la oportuna liquidación».

FALLO [Reitera doctrina]:

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia .

TERCERO. Respuesta a la cuestión interpretativa suscitada por el auto de admisión y

resolución de las pretensiones deducidas en el recurso.

1. En coherencia con lo razonado, debemos resolver la cuestión interpretativa suscitada

afirmando que la anulación de una liquidación tributaria practicada como desenlace de

un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo en uno de comprobación

limitada, integra un supuesto de nulidad de pleno Derecho, con la consecuencia de la

incapacidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de verificación de

datos para interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a

determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

2. Y si ello es así, forzoso será concluir que está prescrito, en el supuesto que nos ocupa,

el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria por el Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007, en la medida en que las actuaciones

desarrolladas en el procedimiento de verificación de datos no han interrumpido el

indicado plazo prescriptorio, que ha transcurrido con creces cuando se ha dictado la

liquidación provisional que debe ahora, por ello, ser anulada.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal […] contra la sentencia […], cuyo objeto estaba constituido por una liquidación

provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 2007,

sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la resolución del Tribunal Económico

Administrativo Regional de Andalucía […] , Sala de Granada, de fecha 28 de abril de 2016,

que desestimó la reclamación económico administrativa promovida el 14 de noviembre

de 2013 contra la liquidación provisional que le giró a dicho contribuyente la

Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Almería de la Agencia Estatal de

la Administración Tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 2007,

anulando las expresadas resoluciones por su disconformidad a Derecho y declarando el

derecho del interesado a la devolución de lo indebidamente ingresado por tal impuesto y

ejercicio, más los intereses legales correspondientes.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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LGT

8. LGT. SENTENCIA 460/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 6583/2017) Ponente: José Antonio Montero Fernández.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 969/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia consiste en discernir sobre si ha de considerarse que la declaraciónresumen

anual modelo 190 regulado en el artículo 108.2 RIRPF despliega efectos

interruptivos de la prescripción o bien, de acuerdo con el artículo 68.1 letra c) LGT

ese efecto interruptivo únicamente puede referirse a actuaciones fehacientes del

obligado tributario conducentes a la liquidación o autoliquidación de la deuda

tributaria»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos en sentido de que la declaración resumen

anual, modelo 190, regulado en el art. 108.2 del RIRPF, no produce la interrupción del

plazo de prescripción en los términos previstos en el art. 68.1.c) de la LGT.

SEGUNDO. Haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 18 de

octubre de 2017, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso

contencioso-administrativo nº. 142/2016, que se casa y anula en el particular al que

anteriormente se ha hecho referencia, confirmando el resto de pronunciamientos

contenidos en la misma.

TERCERO. Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo en los mismos

términos en que se pronunció la sentencia impugnada, excepto en que debe declararse

prescrito también el derecho a liquidar la deuda tributaria no sólo de todos los

períodos de 2007, sino también de enero a junio de 2008, anulando el acuerdo

sancionador respecto del indicado período.

CUARTO. Hacer el pronunciamiento sobre costas expresado en el último fundamento de

derecho.

LGT

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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9. LGT. SENTENCIA 501/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec.6192/2017) Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroviejo-

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 976 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«[...] Determinar si el reclamante puede presentar ante los tribunales económicoadministrativos

aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de gestión

tributaria, determinado, en su caso, las circunstancias en que esta falta de

aportación impide su presentación ulterior en sede económico-administrativa»

FALLO [Reitera doctrina]:

PRIMERO. Fijar el criterio interpretativo expresado en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

FD TERCERO. Contenido interpretativo de esta sentencia.

Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, procede, en función de todo lo

razonado precedentemente, responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión, lo

que debemos hacer necesariamente por remisión íntegra a la interpretación plasmada en

el fundamento tercero de la sentencia de 10 de septiembre de 2018.

[…]

Consideramos posible que quien deduce una reclamación económico-administrativa

presente ante los tribunales económico-administrativos aquellas pruebas que no aportó

ante los órganos de gestión tributaria que sean relevantes para dar respuesta a la

pretensión ejercitada, sin que el órgano de revisión pueda dejar de valorar -al adoptar su

resolución- tales elementos probatorios. Todo ello, con una única excepción: que la

actitud del interesado haya de reputarse abusiva o maliciosa y así se constate debida y

justificadamente en el expediente.

FD CUARTO. Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

1. Consecuencia obligada de lo expuesto es, en primer lugar, la estimación del recurso de

casación y la revocación de la sentencia de instancia en cuanto desestimó el recurso

jurisdiccional por la sola razón de que no era posible aportar o alegar en vía de revisión

económico-administrativa aquello no aportado o no alegado en el procedimiento de

aplicación de los tributos correspondiente (en el caso, de comprobación limitada para

determinar si procedía o no el derecho a la devolución de las cuotas soportadas por un

empresario no establecido).

Conviene recordar, como ha señalado la sentencia de esta Sala de 10 de septiembre de

2018 parcialmente transcrita, que hubiera sido posible excluir la actividad probatoria en

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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sede económico- administrativa en los casos de mala fe o abuso de derecho. Ocurre, sin

embargo, que no hay en el procedimiento que nos ocupa la más mínima imputación a la

entidad recurrente de un comportamiento de aquella clase, ni una calificación de esa

naturaleza aparece en los razonamientos del TEAC o de la Sala de la Audiencia Nacional.

Debe, pues, revocarse la sentencia impugnada en la medida en que -como también

hemos señalado- la actitud abusiva o malintencionada debe constatarse en el expediente

y su existencia debe justificarse cumplidamente por el órgano competente.

2. Derivado de la anterior, procede anular la resolución del TEAC (que rechazó la

devolución sin analizar la nueva documentación aportada) y ordenar a la Sala de la

Audiencia Nacional que dicte nueva sentencia en la que, a tenor del acervo probatorio

del que dispone, se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos materiales para

que proceda la devolución solicitada por […], de ser así, la reconozca expresamente.

Entendemos, al igual que hicimos en la sentencia de 10 de septiembre de 2018 -rec.

casación 1246/2017- referida, que esta es la solución que en derecho procede por tres

razones:

a) Porque reponer el procedimiento al momento en el que el TEAC dictó la resolución

impugnada en la instancia no solo abocaría al interesado a un eventual nuevo peregrinaje

procesal, sino porque podría limitar el derecho de la demandante en la medida en que

aquel órgano de revisión solo podría valorar los nuevos documentos aportados en sede

económico-administrativa, no los incorporados al procedimiento judicial.

b) Porque la Sala competente de la Audiencia Nacional no ha emitido pronunciamiento

alguno sobre la procedencia, en cuanto al fondo, del derecho a la devolución a tenor de

las pruebas de las que disponía al dictar sentencia, pronunciamiento que debía haber

efectuado si no hubiera seguido la tesis del TEAC que ahora hemos considerado contraria

a Derecho.

c) Porque las limitaciones propias del recurso de casación (del que están excluidas las

cuestiones de hecho) ha determinado que no se haya trabado en esta sede debate

alguno sobre la procedencia material de la devolución, siendo así que las alegaciones de

las partes se han constreñido -como no podía ser de otra forma- a la concurrencia o no

de las infracciones alegadas en el escrito de preparación.

3. Conviene, no obstante, hacer una última precisión: el pronunciamiento que debe hacer

la Sala de instancia en cumplimiento de esta sentencia debe efectuarse valorando la

totalidad de la prueba de la que disponía; de esa forma se dará cumplimiento efectivo a

la jurisprudencia que, en punto al carácter revisor de esta jurisdicción, señala, en lo que

ahora importa, que tal carácter no impide proponer (y valorar) en sede judicial prueba y

aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para acreditar la

pretensión originariamente deducida.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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SEGUNDO. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la procuradora de los

tribunales doña […], en nombre y representación de […], contra la sentencia de la Sala de

lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional de fecha 12 de

julio de 2017, dictada en el procedimiento ordinario núm. 356/2015, sobre solicitudes de

devolución de cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas por empresario no

establecido en el territorio de aplicación del impuesto en los ejercicios 2009 y 2010,

sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la resolución del Tribunal Económico-

Administrativo Central de fecha 22 de enero de 2015, por la que se desestimaron las

reclamaciones económico-administrativas (acumuladas) deducidas por la citada sociedad

contra las resoluciones desfavorables de los recursos de reposición deducidos frente a

sendos acuerdos de 17 de enero de 2012, dictados por la Oficina Nacional de Gestión

Tributaria, por los que se denegó a la entidad referida el derecho a la devolución

solicitada, anulando las expresadas resoluciones por su disconformidad con el

ordenamiento jurídico.

CUARTO. Reponer las actuaciones procesales de la instancia al momento

inmediatamente anterior a aquel en el que se dictó la sentencia recurrida para que se

emita otra en la que, a tenor del material probatorio incorporado al proceso, la Sala de la

Audiencia Nacional se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos materiales para

que proceda la devolución solicitada por POHLEN SOLAR GMBH y, de ser así, la reconozca

expresamente.

QUINTO. No hacer imposición de las costas procesales, ni de las de esta casación, ni las

causadas en la instancia.

LGT

10. LGT. SENTENCIA 513/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 1571/2018). Ponente: José Díaz Delgado.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1031/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si puede considerarse "documento de valor esencial", a los efectos de

lo previsto en el apartado a) del mencionado artículo 244.1.a) LGT , una sentencia

civil firme en virtud de la cual desaparece el presupuesto determinante de la

liquidación girada»

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FALLO:

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PRIMERO. Ha lugar al recurso de casación nº. 1571/ 2018, interpuesto por el

procurador don [ ] en representación de […] asistida por el letrado […] preparó recurso

de casación contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2017 por la sección

segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña, que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo 209/2015

deducido contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central

(TEAC) de fecha 11 de diciembre de 2014 que inadmite el recurso extraordinario de

revisión interpuesto por aquélla contra la resolución del Tribunal Económico

Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) de fecha 8 de noviembre de 2011.

Sentencia que se casa, anula y se deja sin efecto.

- FD. TERCERO.- Sobre la infracción del artículo 244.1.a) de la LGT/2003.

La STS de 24 de junio de 2008 (Rec. 3681/2005) razona que […]

Por ello el Abogado del Estado frente a la pretensión del recurrente que postula otorgar

el máximo valor a los efectos del artículo 244.1.a) LGT/2003 a una sentencia de la Sala de

lo Civil del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2012, que analiza la validez de un legado

de unos bienes inmuebles y una colección de arte otorgado por el padre de la recurrente

en favor de una Fundación que, según la misma, fue revocado a consecuencia de una

operación de aumento de capital con renuncia del derecho de suscripción preferente de

una sociedad constituida por el finado, de la que era único socio, y a la que acudió la

citada recurrente y sus hermanas, en cuyo patrimonio se integraría la colección de arte, y

que la Inspección de los Tributos calificó como negocio indirecto equiparable a una

donación de padres e hijas, haciéndola tributar por el ISD.

[…] el Abogado del Estado solicita de esa Sala que fije como doctrina que, para que una

sentencia civil definitiva y firme de la que resulte, aparentemente, la inexistencia del

presupuesto determinante de una liquidación tributaria practicada y firme, pueda

considerarse como "documento esencial" a los efectos del artículo 244.1.a) LGT/2003, es

necesario que dicha sentencia "inmediatamente" se refiera al hecho base que dio lugar a

esa liquidación, lo que no ocurre en este caso, razón por la que debe desestimarse el

recurso de casación formulado y confirmarse la sentencia recurrida que no apreció la

concurrencia del motivo invocado del recurso extraordinario de revisión.

En consecuencia hemos de dilucidar si nos encontramos con una sentencia meramente

interpretativa del derecho, que no tendría esta condición, o si como sostiene el

recurrente estamos ante una sentencia firme que afecta al presupuesto esencial del

impuesto cuya rescisión se pretende y es la titularidad material de la colección de arte

que en su día fue objeto del tributo y es evidente que si afecta, ya que si la

Administración hubiera sido consciente de que la titularidad no correspondía a los

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recurrentes en su momento hubiera dictado una resolución distinta, en consecuencia el

documento es posterior y esencial, por lo que se cumplen los requisitos para considerar

que debe incardinarse en el supuesto de revisión del artículo 244.1.a) de la LGT, y demos

estimar el recurso de casación y dictar otra sentencia por la que se estime el recurso

contencioso-administrativo en los términos solicitados en la demanda del mismo.

FD CUARTO. Fijación de la doctrina jurisprudencial.

A la pregunta formulada por la Sección Primera consistente en Determinar si puede

considerarse "documento de valor esencial", a los efectos de lo previsto en el apartado a)

del mencionado artículo 244.1.a) LGT , una sentencia civil firme en virtud de la cual

desaparece el presupuesto determinante de la liquidación girada, ha de contestarse

afirmativamente.

SEGUNDO. Ha lugar a estimar el recurso contencioso-administrativo núm. 209/2015

deducido contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central

(TEAC) de fecha 11 de diciembre de 2014 que inadmite el recurso extraordinario de

revisión interpuesto por aquélla contra la resolución del Tribunal Económico

Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) de fecha 8 de noviembre de 2011,

declarando el acto administrativo contrario a derechos y se anula y se deja sin efecto.

TERCERO. No ha lugar a la imposición de las costas procesales.

IRPF

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

IRPF. SENTENCIA 485/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec.

6312/2017) Ponente: Nicolás Antonio Maurandi Guillén.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 994/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de

generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como

obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la

reducción contemplada en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad que de

forma habitual genera ese tipo de rendimientos.

Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo

32.1, párrafo tercero, de la citada Ley 35/2006».

FALLO [Reitera doctrina]

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en EL FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO (?) de esta sentencia.

FD QUINTO.- Necesaria remisión a los pronunciamientos anteriores contenidos en

nuestras sentencias de 19 de marzo de 2018, dictada en el recurso de casación núm.

2070/2017 ; de 20 de marzo de 2018, dictada en el recurso de casación núm. 2522/2017 ;

y de 16 de abril de 2018 dictada en el recurso de casación núm. 255/2016 .

En las sentencias citadas se abordaron las tres cuestiones a las que se acaba de hacer

referencia en relación con un asunto sustancialmente idéntico al que ahora nos ocupa: la

tributación de los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión,

derivados de actuaciones que se habían prolongado más de dos años.

Elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica

exigen dar la misma respuesta a las cuestiones suscitadas, a cuyo efecto procede

reproducir lo que ya dijimos en esos dos pronunciamientos.

FD SEXTO. Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 de nuestra Ley Jurisdiccional ,

procede, en función de todo lo razonado en los fundamentos anteriores, responder a la

cuestión suscitada en el auto de admisión, consistente en […]

Tal conclusión -plenamente coincidente con la expresada en nuestras dos sentencias de

19 y 20 de marzo y 16 de abril de 2018- es la siguiente:

1. Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su

actuación de defensa procesal en litigios cuya duración se haya extendido más de dos

años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran

generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de

los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF.

2. A efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, la

regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción

ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos

individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a

características propias de ésta, global o abstractamente considerada.

3. La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada

excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de justificar y motivar las razones

por las que considera que la reducción debe excluirse.

SEGUNDO. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal

de don Valeriano, contra la sentencia de 20 de septiembre de 2017, de la Sala de lo

Contencioso- Administrativo de Sevilla (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, dictada en el recurso un. 765/2016, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo planteado en la instancia y, en

su virtud, declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados en él, por ser

disconformes con el ordenamiento jurídico; con todos los efectos legales inherentes a tal

declaración de nulidad, referidos en el fundamento séptimo.

CUARTO. No formular pronunciamiento expreso sobre las costas causadas en este

recurso de casación.

III. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)

IS

1. IS. SENTENCIA 446/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (

Rec. 6187/2017) PONENTE: Rafael Toledano Cantero.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ: TS Roj 951//2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si, no habiéndose incumplido las obligaciones específicas de

documentación exigidas en relación con las operaciones vinculadas, las

correcciones efectuadas por la Administración tributaria respecto de las mismas de

las que se derive una falta de ingreso, le permiten sancionar al obligado tributario

conforme a lo previsto en el artículo 191 LG» (art. 16.10. TRLIS en la redacción

aplicable ratione temporis -a saber, la redacción vigente en 2009 del Real Decreto

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo-)

PRIMERO. No haber lugar al recurso de casación núm. 6187/2017, interpuesto por la

representación procesal de don […] contra la sentencia núm. 822, de 27 de septiembre

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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de 2017, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso núm. 113/2016.

SENTENCIA 446/2020

(FUNDAMENTOS DE DERECHO)

FD SÉPTIMO.- Criterios interpretativos sobre los arts. 16.10.4º TRLIS y 191 LGT (y, en

particular, sobre la relación existente entre estos dos preceptos).

Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA, procede fijar la

siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos en este litigio:

1º) La aplicación de la exención total de responsabilidad contenida en el art. 16.10.4º del

TRLIS presupone la obligación del sujeto pasivo de llevar y mantener a disposición de la

Administración tributaria la documentación relativa a las operaciones vinculadas que

establece el art. 16.2 del TRLIS y desarrolla el Real Decreto 1777/2004

En los casos, por tanto, en los que el obligado tributario está exonerado del

cumplimiento de esta obligación formal no procede aplicar el art. 16.10.4º del TRLIS.

2º) La exclusión de responsabilidad prevista en el ordinal 4º del art. 16.10 TRLIS resultará

aplicable únicamente cuando concurran las tres circunstancias siguientes: (a) que no se

haya incumplido por parte del obligado tributario la obligación formal de llevanza de la

documentación que le corresponde ex art. 16.2 TRLIS; (b) que el valor declarado por él en

su declaración de renta coincida con el que se ha hecho constar en la documentación de

la operación vinculada; y (c) que, pese a la existencia de esta coincidencia documental, el

valor normal de mercado que se haya atribuido a la operación vinculada sea incorrecto y

haya precisado de una corrección valorativa por parte de la Administración tributaria.

Concurriendo estas tres circunstancias la conducta del obligado tributario no será

sancionable ni conforme al régimen sancionador específico contenido en el art. 16.10.1º

y 2º del TRLIS, ni de conformidad con el régimen sancionador general establecido en la

LGT.

3º) En defecto de la aplicación del régimen sancionador especial establecido en el art.

16.10 del TRLIS, al no resultar aplicable la obligación de documentación prevista en el art.

16.2 del TRLIS por no haber sido desarrollada reglamentariamente esta obligación

conforme dispone la DA 7ª de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para

prevención del fraude fiscal, procede aplicar el régimen sancionador general previsto en

la LGT y, en particular, el art. 191 de la LGT, siempre y cuando concurran los elementos

objetivos y subjetivo del tipo de injusto que hemos venido estableciendo en nuestra

jurisprudencia.

4º) En un caso como el enjuiciado, en que la Administración ha seguido procedimientos

de inspección separados a los distintos contribuyentes implicados en operaciones

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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vinculadas, la Administración tributaria pueda regularizar la situación de las personas o

entidades vinculadas al obligado tributario en cuya sede se ha realizado la corrección

valorativa, sin resultar exigible que la liquidación practicado al mismo haya adquirido

firmeza.

SEGUNDO. Hacer el pronunciamiento sobre costas, en los términos previstos en el último

fundamento.

IS

2. IS. SENTENCIA 595/2020 [ 28-05-2020] Tribunal Supremo. Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 700/2019) PONENTE: Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1367/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del

impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de

marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto

sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los

impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio,

la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del

Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la

realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, que habrá

de reunir los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto

sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de

alquiler de inmuebles, o, por el contrario, sólo se requiere que el importe neto de la

cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a

la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del

impuesto sobre sociedades". Las normas que, en principio, serán objeto de

interpretación serán los artículos 108y114 del Texto Refundido de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades, en la redacción aplicable ratione temporis, a la luz de

la reforma realizada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre»

FALLO [Reitera doctrina]

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos sentados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

PRIMERO, por remisión al fundamento cuarto de la sentencia reproducida, pronunciada

en el recurso de casación nº 5873/2017.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

FD PRIMERO. Necesaria remisión a la sentencia nº. 1114/2019, de 18 de julio, dictada

en el recurso de casación núm. 5873/2017 .

Las cuestiones que el presente recurso plantea han sido, en esencia, abordadas y

resueltas por esta Sección en la sentencia nº. 1114/2019, pronunciada el 18 de julio del

pasado año, en el recurso nº 5873/2017, seguida de otras varias idénticas, a la que

hemos de remitirnos por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y

seguridad jurídica.

FD CUARTO. Contenido interpretativo de esta sentencia.

A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre

sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la

aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las

personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades,

sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los incentivos

fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto

refundido, hemos de responder que ya no se puede condicionar a la realización de una

verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los

requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las

personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de

forma que a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de

negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida

por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre

sociedades.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador

[…], en nombre y representación de la mercantil […] contra la sentencia dictada el 11 de

diciembre de 2018 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 178/2017, sentencia que se casa

y anula.

TERCERO.- Estimar el recurso contencioso-administrativo nº 178/2017, con anulación de

los actos administrativos de revisión y liquidación allí recurridos, en relación con los

ejercicios 2011 y 2012 del impuesto sobre sociedades.

CUARTO.

instancia.

No hacer imposición de las costas procesales de esta casación ni de la

IS

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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3. IS. SENTENCIA 496/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec.

4236/2018) Ponente: Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 978/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del

impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de

marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto

sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los

impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio,

la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del

Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la

realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, que habrá

de reunir los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto

sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de

alquiler de inmuebles, o, por el contrario, sólo se requiere que el importe neto de la

cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a

la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del

impuesto sobre sociedades". Las normas que, en principio, serán objeto de

interpretación serán los artículos 108y114 del Texto Refundido de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades, en la redacción aplicable ratione temporis, a la luz de

la reforma realizada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre»

FALLO [Reitera doctrina]

PRIMRO.) Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico primero,

por remisión al fundamento cuarto de la sentencia reproducida, pronunciada en el

recurso de casación nº 5873/2017.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador […]

, en nombre y representación de la mercantil […], contra la sentencia dictada el 11 de

diciembre de 2018 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 178/2017, sentencia que se casa

y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo nº 178/2017, con anulación de

los actos administrativos de revisión y liquidación allí recurridos, en relación con los

ejercicios 2011 y 2012 del impuesto sobre sociedades.

CUARTO.

instancia.

No hacer imposición de las costas procesales de esta casación ni de la

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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ISD

IV. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD)

ISD. SENTENCIA 499/2020 [19.05.2020 ] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec.

6027/2017) Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 956 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«[...] Determinar a efectos de la presunción que establece el artículo 15 de la Ley

del Impuesto sobre Sucesiones sobre valoración del ajuar doméstico qué elementos

o bienes deben entenderse incluidos dentro del concepto de ajuar doméstico»

FALLO [Reitera doctrina]:

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

SEGUNDO. Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Principado

de Asturias, representado y asistido por la Letrada de sus Servicios Jurídicos, contra la

sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del

Principado de Asturias de 31 de julio de 2017, dictada en el recurso núm. 565/2016.

TERCERO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.

FD TERCERO.- Contenido interpretativo de esta sentencia.

Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, procede, en función de todo lo

razonado precedentemente, responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión, lo

que debemos hacer necesariamente por remisión íntegra a la interpretación plasmada en

el fundamento cuarto de la sentencia de 10 de marzo de 2020.

Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de esclarecimiento,

consistente en hemos de efectuar una remisión total a lo que al respecto señala dicho

fundamento cuarto en el sentido siguiente:

1.- El ajuar doméstico comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la

vivienda familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que

contiene el artículo 1321 del Código Civil, en relación con el artículo 4, Cuatro de la LIP,

interpretados ambos en relación con sus preceptos concordantes, conforme a la realidad

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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social, en un sentido actual.

2.- En concreto, no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que,

como presunción legal, establece el mencionado artículo 15 LISD comprende la totalidad

de los bienes de la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad,

valor y función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los

demás.

3.- Las acciones y participaciones sociales, por no integrarse, ni aun analógicamente, en

tal concepto de ajuar doméstico, por amplio que lo configuremos, no pueden ser

tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por ciento.

4.- El contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba

admitidos en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que

determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de

inclusión en el ámbito del 3 por 100, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye

los bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular, según el criterio que

hemos establecido.

En particular, no está necesitada de prueba la calificación de los bienes por razón de su

naturaleza, que la Administración debe excluir. En otras palabras, sobre el dinero, títulos,

los activos inmobiliarios u otros bienes incorporales no se necesita prueba alguna a cargo

del contribuyente, pues se trata de bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el

concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico, al no guardar relación alguna con esta

categoría.

IVA

V. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

1. IVA. SENTENCIA 428/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera. Sección 2ª,

(Rec. 34/2018) Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 953/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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FALLO:

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«Determinar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, si se deben considerar como "operación principal" o "actividad habitual",

o, por el contrario, como "operación accesoria" o "actividad no habitual" (en la

terminología de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,

relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la que utiliza la Ley

37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido,

respectivamente), a efectos del cálculo de la prorrata en el IVA, los ingresos

procedentes de la transmisión que realiza una holding de participaciones de sus

filiales y de la suscripción por una holding de derivados financieros a fin de cubrir

riesgos de tipo de cambio o de tipo de interés, cuando también realiza para las

participadas servicios de apoyo financiero, contable, legal, técnico y comercial, por

medio de labores permanentes de asesoramiento, consultoría e intermediación y de

concesión de préstamos».

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

NOVENO de esta sentencia.

FD NOVENO. Recapitulación final en relación con la cuestión con interés casacional

objetivo para la formación de jurisprudencia descrita en el auto de admisión.

1. Recordemos que el auto de admisión nos interrogaba sobre si debían considerarse

"operación principal" o "actividad habitual", o, por el contrario, "operación accesoria" o

"actividad no habitual", a efectos del cálculo de la prorrata en el IVA, los ingresos

procedentes de la transmisión que realiza una holding de participaciones de sus filiales y

de la suscripción por una holding de derivados financieros a fin de cubrir riesgos de tipo

de cambio o de tipo de interés, cuando también realiza para las participadas servicios de

apoyo financiero, contable, legal, técnico y comercial, por medio de labores permanentes

de asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de préstamos.

2. La respuesta a esa cuestión va a estar apegada -como no podía ser de otra forma- a las

concretas circunstancias del caso, esto es, a las específicas actividades que realiza la

compañía recurrente y a la finalidad de la suscripción de productos derivados, de manera

que:

2.1. La venta de participaciones en empresas del grupo no merece la calificación de

accesoria en las concretas circunstancias del caso por cuanto la entidad realiza para las

participadas servicios de apoyo financiero, contable, legal, técnico y comercial, mediante

labores permanentes de asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de

préstamos, lo que permite concluir que esa venta de participaciones es, realmente,

prolongación directa, permanente y necesaria de la actividad principal de la compañía

(por las razones que, de manera detallada, se expusieron en el fundamento jurídico

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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séptimo de la presente sentencia).

2.2. Las operaciones con derivados financieros, también en las circunstancias del caso, no

suponen la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, no deben incluirse en el

cálculo de la prorrata. Y ello por la razón esencial de que la suscriptora en el caso de

autos no solo no presta un servicio al contratar el producto derivado, sino que se limita

con tal contratación a garantizar la cobertura de ciertos riesgos que pueden

comprometer el buen fin de las actividades que le son propias.

SEGUNDO. Declarar haber lugar, en parte, al recurso de casación interpuesto por la

entidad […] contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 27 de septiembre de 2017, pronunciada

en el procedimiento ordinario núm. 351/2015, cuyo objeto estaba constituido por la

resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 17 de marzo de 2015

en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido por los períodos de junio de 2006 a

diciembre de 2007, sentencia que se casa y anula en el exclusivo particular por el que se

considera en la misma que las operaciones con productos derivados efectuadas por la

demandante suponían la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, debían

incluirse en el cálculo de prorrata.

TERCERO. Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la resolución del Tribunal Económico

Administrativo Central de 17 de marzo de 2015, por la que se confirma la liquidación

dictada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos de junio

de 2006 a diciembre de 2007, anulando, por su disconformidad a Derecho, las

mencionadas resoluciones en el exclusivo particular en el que consideran que las

operaciones con productos derivados efectuadas por la demandante debían incluirse

en el cálculo de prorrata, y declarando, en consecuencia, que dichas operaciones no

suponen la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, no deben incluirse en

el cálculo de prorrata.

Asimismo, se desestima el recurso contencioso-administrativo en relación con el resto

de los motivos de impugnación que adujo el demandante.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia.

RECORDATORIO: en el mismo sentido SENTENCIA 483/2020 [19.05.2020]

Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec. 4855/2018) Ponente: Nicolás

Antonio Maurandi Guillén ( Consultar texto original en WEB del CGPJ: Roj

949/2020].

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

IVA

2. IVA. SENTENCIA 445/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 4166/2017) Ponente: Rafael Toledano Cantero.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 950/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«En relación con la primera de las cuestiones, concurre interés casacional objetivo

para la formación de jurisprudencia por cuanto no existe jurisprudencia del Tribunal

Supremo que precise si la intervención del personal directivo de una Caja de

Ahorros - Presidente y Directores Generales- en los órganos de administración de

sociedades participadas por la propia entidad son servicios sujetos al Impuesto

sobre el Valor Añadido. No obsta a lo anterior el hecho de que los preceptos

reputados como infringidos por la Abogacía del Estado se refieran a dos leyes (la

LORCA y el Decreto Legislativo 1/1994) que han sido derogadas por la Ley 26/2013,

de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (BOE de 28 de

diciembre) y por el Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el que se

aprueba el Texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña (DOGC de 13

de marzo) por cuanto en ellas se mantiene la norma de incompatibilidad referida

en la sentencia recurrida (artículo 22 y artículo 39, respectivamente)»

PRIMERO. No haber lugar a los recursos de casación, tramitados ambos bajo el núm.

4166/2017, interpuestos respectivamente por la Abogacía del Estado en la

representación procesal de la Administración General del Estado, y por la representación

procesal de la entidad financiera […] contra la sentencia de 31 de mayo de 2017 dictada

por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia

Nacional, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm.

539/2015, promovido por la representación procesal de […] contra la resolución dictada

con fecha 18 de junio de 2015 por el Tribunal Económico Administrativo Central que

estimó en parte las reclamaciones económico-administrativas R.G 4456-13 y 4464-13,

presentadas frente a las liquidaciones por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido

correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

- FD SEXTO. Fijación de la doctrina de interés casacional.

La doctrina de interés casacional que establecemos respecto al recurso de casación

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

interpuesto por […] es la siguiente: las prestaciones realizadas por una entidad

financiera, como es el caso de la recurrente, en virtud de contratos de permuta financiera

(swap/IRS), constituyen, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, prestaciones de

servicio realizadas a título oneroso que, cuando tengan un resultado generador de

plusvalía para la entidad financiera (diferencia positiva) deben ser incluidas en el

denominador de la prorrata del art. 104 LIVA, y cuando generan minusvalía (diferencia

negativa) habrán de incluirse en la prorrata a valor cero.

Respecto a la cuestión de interés casacional del recurso de la Abogacía del Estado,

concerniente a precisar si la intervención del personal directivo de una Caja de Ahorros -

Presidente y Directores Generales- en los órganos de administración de sociedades

participadas por la propia entidad son servicios sujetos al Impuesto sobre el Valor

Añadido, sin perjuicio de que esta es una posibilidad que puede apreciarse, ello requiere

la debida acreditación que no se puede basar exclusivamente en lo previsto en el art. 27

LORCA, por cuanto se trata de una norma reguladora de incompatibilidades y

obligaciones del régimen de dedicación de estos directivos, y de ella no se deduce, sin

consideración a los elementos fácticos considerados en el caso concreto, y menos aún en

contra de la declaración expresa de hechos probados de la sentencia, la calificación de

prestación de servicios que a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido sostiene la

Abogacía del Estado.

- FD SÉPTIMO.- Resolución de las pretensiones de los recursos de casación.

Procede ahora resolver sobre las pretensiones de los recursos de casación, debiendo

desestimarse tanto las del recurso de la Administración del Estado, como la del de la

entidad financiera […], puesto que la sentencia recurrida resuelve sobre los puntos

litigiosos de conformidad con la doctrina jurisprudencial fijada para las cuestiones de

interés casacional. Igualmente procede desestimar las pretensiones del recurso de

casación de la Administración General del Estado, dado que no se ha acreditado la

existencia de prestación de servicios por parte de la [Entidad] a los efectos del Impuesto

sobre el Valor Añadido.

SEGUNDO. Hacer el pronunciamiento sobre costas, en los términos previstos en el último

fundamento.

IVA

3. IVA. SENTENCIA 449/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 4217/2017) Ponente: Jesús Cudero Blas.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 960 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si, suscrito entre un empresario titular de un establecimiento

hostelero y un empresario titular de máquinas recreativas tipo "B" un contrato

calificable como asociativo o de explotación conjunta, existe o no una prestación de

servicios del primero al segundo que está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido

y que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de la Ley

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

PRIMERO. Fijar como criterio interpretativo de esta sentencia el siguiente:

Declarar que los artículos 20.Uno.19º de la LIVA, con relación al artículo 3 del Real

Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales,

administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, y a los

artículos 14 y 17.4 (actual artículo 17.5) de la LGT deben interpretarse, en el contexto

descrito en este recurso, de la siguiente manera:

Con independencia de la calificación del contrato entre un empresario titular de un

establecimiento hostelero y un empresario titular de máquinas recreativas tipo "B", el

titular de máquinas recreativas tipo "B" realiza, por un lado, la actividad económica de

juego, sujeta a IVA pero exenta por aplicación del artículo 20.Uno.19º de la LIVA y el

titular del establecimiento hostelero realiza, por otro lado, una prestación de servicios

sujeta a IVA ( art. 4 y 11 LIVA), que junto a otras obligaciones anejas, consiste

principalmente en la puesta a disposición de un espacio para la instalación de las

máquinas a cambio de una contraprestación con independencia de que la retribución que

perciba pueda variar en función de la recaudación que se obtenga de la máquina,

prestación que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º de la

LIVA.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación núm. 4217/2017, interpuesto por

la Abogacía del Estado en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL

ESTADO, contra la sentencia núm. 569/2017, de 25 de mayo, dictada por la Sección

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana, en el recurso núm. 658/2013, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de [… SL] contra las resoluciones del TEAR de la Comunidad

Valenciana de fechas 21 de diciembre de 2012, 21 de marzo de 2013 y 20 de junio de

2013, que desestimaron las reclamaciones interpuestas contra los acuerdos de la Agencia

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

Tributarla desestimatorios de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones

correspondientes al IVA de los ejercicios 2008 y 2009 en relación con los servicios que se

consideran prestados a la empresa operadora y propietaria de las máquinas tipo "B"

instaladas en los establecimientos de hostelería que le habían repercutido el IVA la

demandante, declarando las mencionadas resoluciones (tanto las del órgano de revisión

económico-administrativo, como las denegatorias de la petición de rectificación de

autoliquidaciones y correlativa devolución de ingresos indebidos) ajustadas a Derecho.

CUARTO. Respecto de las costas de la casación cada parte abonará las causadas a su

instancia y las comunes por mitad.

QUINTO. Por lo que se refiere a las costas de la instancia cada parte abonará las causadas

a su instancia y las comunes por mitad.

IVA

4. IVA. SENTENCIA 500/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 5693/2017) Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 977/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si las cuestiones que pudieran suscitarse en relación con la nueva

liquidación dictada por la Administración tributaria en cumplimiento de la

resolución de un órgano económico- administrativo han de enmarcarse en el

ámbito propio de la ejecución de tal clase de resoluciones o en el de las

reclamaciones económico-administrativas»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

CUARTO de esta sentencia.

FD CUARTO. Respuesta a la cuestión interpretativa planteada en el auto de admisión.

Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en

disposición de dar respuesta a la pregunta que se nos plantea en el auto de admisión del

recurso, en estos términos:

[...]

La respuesta, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que las cuestiones que se

susciten en relación con la nueva liquidación dictada por la Administración tributaria en

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

cumplimiento de la resolución de un órgano económico-administrativo deben

enmarcarse en el ámbito propio de la ejecución de esta clase de resoluciones.

QUINTO. Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

A la luz del anterior criterio interpretativo, no procede acoger las pretensiones

articuladas por la entidad [… SL] en este recurso de casación, en tanto se oponen a los

que hemos expresado, debiendo confirmarse la sentencia de instancia porque, en lo

sustancial, se ajusta a la interpretación que aquí hemos reputado correcta.

En último término, debe significarse que la cuestión relativa a la prescripción del derecho

de la Administración para determinar la deuda que alega la recurrente, es

manifiestamente ajena a los términos en los que aparece delimitado el interés casacional

objetivo del presente recurso, por lo que su análisis en esta sede excede con mucho su

objeto.

SEGUNDO. Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la procuradora

doña […], en representación de la mercantil [… SL], contra la sentencia dictada el 1 de

febrero de 2017 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso núm. 2733/2012.

TERCERO. No hacer imposición de las costas procesales de esta casación.

ITP-AJD

VI. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS

DOCUMENTADOS (ITP-AJD)

1. ITP-AJD. SENTENCIA 521/2020 [20-05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección

2ª (Rec. 3696/2017) Ponente: José Díaz Delgado.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1193/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si la liberación en escritura pública notarial de codeudores de un

préstamo garantizado mediante hipoteca de determinados inmuebles está sujeta o

no a la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados»

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

FD TERCERO. Fijación de doctrina legal.

Por ello, procede contestar a la pregunta formulada por la Sección Primera: «Determinar

si la liberación en escritura pública notarial de codeudores de un préstamo garantizado

mediante hipoteca de determinados inmuebles está sujeta o no a la modalidad de actos

jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentado", en el sentido de que está sujeta»

SEGUNDO. Declarar que no ha lugar al recurso de casación núm. 3696/2017, interpuesto

por la procuradora doña […] , actuando en nombre y representación de Don […] contra la

sentencia dictada el 27 de abril de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, en el recurso 1028/2015 sobre liquidación practicada por la Generalidad

Valenciana por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados por escritura de novación de préstamo hipotecario y liberación de

deudores.

ITP-AJD

2. ITPAJD. SENTENCIA 473/2020 [ 18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 3522/2017). Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 964/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados y del método de comprobación previsto en el artículo 57.1,

letra b), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , pueden

considerarse suficientemente motivadas las valoraciones y liquidaciones

practicadas por la Administración tributaria cuando las mismas reflejen

expresamente la normativa aplicada, el valor tomado como referencia y los

coeficientes utilizados o si, por el contrario, se precisa, a fin de dar cumplimiento a

la obligación de motivación, que se especifiquen otros parámetros, circunstancias y

elementos de cuantificación relevantes que hayan sido tomados en consideración

para la determinación del valor comprobado, de forma que el obligado tributario

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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FALLO:

SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

pueda conocer con la profundidad y transparencia necesaria la metodología

seguida para su obtención»

PRIMERO. Fijar como criterio interpretativo de esta sentencia el expresado en su

FUNDAMENTO JURÍDICO QUINTO, en el que se reitera la doctrina jurisprudencial sobre la

cuestión suscitada por el auto de admisión en relación con la aplicación del método de

comprobación establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria.

- FD QUINTO. Doctrina jurisprudencial ya establecida por esta Sala que da respuesta a

las cuestiones interés casacional fijadas por el auto de admisión.

Es de reiterar lo que en un debate casacional similar al actual ha razonado la reciente

sentencia de esta Sala y Sección núm. 221/2020, de 18 de febrero (casación núm.

5659/2017), pues así lo imponen las razones de coherencia y unidad de doctrina que son

inherentes a los mandatos constitucionales de seguridad jurídica y de igualdad en la

aplicación de la ley que establecen los artículos 9.3 y 14 CE.

[…]

Al respecto son numerosas las sentencias que se han dictado, valga por todas la

sentencia de 23 de mayo de 2018, recurso de casación 1880/2017, que estableció la

siguiente doctrina:

«1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores

catastrales, multiplicados por índices o coeficientes ( artículo 57.1.b) LGT) no es idóneo,

por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata,

para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible

viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente

con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente

relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.

2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no

dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los

valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no.

3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente

exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio,

tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el

inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales

publicados por los que se multiplica el valor catastral.

4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la

declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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Administración la que debe probar esa falta de coincidencia».

Sobre la tasación pericial contradictoria se dijo en la misma sentencia:

«1) La tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las

conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes

sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa.

2) Para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la

Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados

por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en

derecho, debiendo tenerse en cuenta lo respondido en la pregunta anterior sobre la

carga de la prueba.

3) En el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación

derivada de aquél el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba

admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía

impugnatoria previa.

4) La decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el

interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la

Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser

revisada en el recurso de casación»

- FD SEXTO. Aplicación de la doctrina jurisprudencial que hemos establecido al caso

concreto que nos ocupa.

La jurisprudencia establecida por esta Sala resulta trasladable al caso debatido, lo que

nos lleva a desestimar la pretensión casacional y a confirmar y reiterar la doctrina

jurisprudencial a la que se ha hecho referencia.

SEGUNDO. Declarar no haber lugar al recurso de casación núm. 3522/2017 por el

PRINCIPADO DE ASTURIAS contra la sentencia de 17 de abril de 2017, dictada por la Sala

de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (en el

recurso contencioso-administrativo núm. 456/2016) sobre Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales Onerosas.

TERCERO. Respecto de las costas de la casación cada parte abonará las causadas a su

instancia y las comunes por mitad.

ITP-AJD

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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3. ITP-AJD. SENTENCIA 458/2020 (18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección

2ª, Rec. 5155/2017 Ponente: José Antonio Montero Fernández.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 982/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si, en relación con las transmisiones o adquisiciones de valores sujetas,

en cuanto transmisiones onerosas de bienes inmuebles, al Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales Onerosas, la base imponible ha de fijarse en función

del porcentaje total de participación que se pasa a disfrutar en el momento en que

se obtiene el control de la sociedad cuyo capital se adquiere o si, por el contrario, la

misma ha de quedar acotada al porcentaje en el que aumenta la participación del

socio-adquirente en la operación en la que se verifica su toma de control, al margen

de adquisiciones anteriores»

PRIMERO. Fijar el criterio interpretativo expresado en el FUNDAMENTO JURÍDICO

SEGUNDO de esta sentencia.

FD SEGUNDO.- Pronunciamiento sobre la cuestión, contenido interpretativo y su

proyección al caso que nos ocupa.

Sobre la cuestión que presenta interés casacional objetivo se ha pronunciado este

Tribunal en sentencia de 18 de diciembre de 2018, rec. cas. 485/2017. Basta para

resolver el presente recurso de casación, pues, remitirnos íntegramente a lo dicho en la

citada sentencia, advirtiendo, como se hacía en la misma, que esta interpretación que se

desarrollo es fruto del desarrollo normativo en la materia, en tanto que el artículo 108 de

la ley del Mercado de Valores (de idéntica redacción a la del artículo 314 del actual texto

refundido de esa Ley, de 23 de octubre de 2015) fue objeto de modificación por el

artículo 8 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del

fraude fiscal […]

En definitiva, no resulta de aplicación al caso una jurisprudencia dirigida a interpretar una

norma que difiere claramente de la que aquí resulta de aplicación pues, ahora,

insistimos, una vez producido el hecho que constituye la condictio iuris de la sujeción al

impuesto (la toma de control de la sociedad), la base imponible se determinará por la

parte proporcional «que corresponda al porcentaje total de participación que se pase a

tener en el momento de la obtención del control».

Todo lo cual nos llevó a determinar el siguiente contenido interpretativo:

[…]

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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Jurisprudencia»

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Y la respuesta ha de ser la de que -a partir del 1 de diciembre de 2006, fecha de entrada

en vigor de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre-, la base imponible de tales operaciones -

conforme disponía el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y dispone ahora el

artículo 314 del texto refundido de esa mima ley- ha de fijarse en función del porcentaje

total de participación que se pasa a disfrutar en el momento en que se obtiene el control

de la sociedad cuyo capital se adquiere, con independencia de que con anterioridad a ese

momento el adquirente tuviera ya la propiedad de parte de esas participaciones o

acciones de la entidad.

Tesis la anterior que, en atención a los hechos enjuiciados, debe llevarnos a considerar

el acierto de la sentencia de instancia, cuya confirmación procede.

SEGUNDO. No haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de

fecha 28 de junio de 2017, dictada en el procedimiento ordinario nº. 506/2015, sobre

liquidación por impuesto sobre transmisiones patrimoniales en aplicación de lo dispuesto

en el artículo 108.2 de la Ley del Mercado de Valores, sentencia que se confirma.

TERCERO. No hacer una expresa condena sobre las costas causadas en la instancia y en

esta casación.

ITP-AJD

4. IITP-AJD. SENTENCIA 509/2020 [19.05.2020] . Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección

2ª (Rec. 8238/2018) Ponente: José Díaz Delgado.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1072 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en

pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, la base

imponible ha de fijarse en función del valor real del bien inmueble que se transmite

o si, por el contrario, ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de

amortizar que se extingue con la operación. [...]»

PRIMERO. Fijar como criterio interpretativo de esta sentencia que, de acuerdo con una

interpretación conjunta de los artículos 10 y 46.3 TRITPAJD, en una dación en pago de

un inmueble hipotecado al acreedor hipotecado, la base imponible del Impuesto sobre

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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Acceso a la Jurisprudencia*]

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones

patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria

pendiente de amortizar que se extingue con la operación, cuando dicha deuda sea

superior al valor real del bien inmueble que se transmite.

FD TERCERO.- Contenido interpretativo de esta sentencia y resolución de las

pretensiones deducidas en el proceso.

Teniendo en consideración que la cuestión suscitada en el auto de admisión, consistente

en […], con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, procede, en función de todo

lo razonado precedentemente, declarar que, de acuerdo con una interpretación conjunta

de los artículos 10 y 46.3 TRITPAJD, en una dación en pago de un inmueble hipotecado al

acreedor hipotecado, la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá

de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se

extingue con la operación, cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien

inmueble que se transmite.

Consecuentemente, procede la estimación del recurso de casación y la desestimación del

recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de [… SA].

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación núm. 8238/2018, interpuesto

por la letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, en la representación

que le es propia, contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2018 por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que estimó el

recurso nº 7/2018, interpuesto por la sociedad mercantil […] contra la resolución del

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria (TEARC) de 27 de noviembre

de 2017, que desestimó la reclamación formulada contra la liquidación provisional del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)

en relación con la escritura de entrega de vivienda en pago de deuda de 8 de septiembre

de 2014, con cancelación de hipoteca.

TERCERO.- Desestimar el recurso nº 7/2018, interpuesto por la sociedad mercantil,

contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria

(TEARC) de 27 de noviembre de 2017, que desestimó la reclamación formulada contra la

liquidación provisional del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados (ITP y AJD) en relación con la escritura de entrega de vivienda en pago de

deuda de 8 de septiembre de 2014, con cancelación de hipoteca.

CUARTO.- No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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ITP-AJD

5. ITP-AJD SENTENCIA 431/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 3205/2017) Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 962/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados, la constitución de una sociedad cuyo contravalor consiste

en la aportación de bienes inmuebles garantizados con hipoteca supone la

existencia de una única operación sujeta a la modalidad operaciones societarias

(constitución de sociedad) o si, además, comprende otra operación (adjudicación en

pago de asunción de deudas), sujeta a la modalidad transmisiones patrimoniales

onerosas por los bienes inmuebles que se entregan al asumir la deuda hipotecaria

que los grava»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

CUARTO de esta sentencia.

FD CUARTO. El criterio de este Tribunal y la respuesta a la cuestión interpretativa que

suscita el auto de admisión.

1. El análisis de la escritura pública de 16 de enero de 2009, de constitución de sociedad

mediante la aportación de inmuebles y asunción de deuda, pone de manifiesto, prima

facie, que las partes acuerdan (i) la íntegra suscripción del capital social de la entidad [X]

-que se constituye en ese acto- por la mercantil [X1], (ii) mediante la aportación de varios

inmuebles hipotecados, (iii) con descuento de la deuda hipotecaria pendiente de

amortizar del valor de la aportación y (iv) con asunción por parte de [X] de la citada

deuda pendiente.

De esta forma, el valor neto de las fincas aportadas (una vez descontado el importe de la

deuda hipotecaria pendiente de pago, que se asume por la entidad constituida) coincidió

íntegramente con el valor nominal de las participaciones sociales suscritas.

2. Con independencia -por el momento- de su repercusión tributaria, es evidente que las

partes efectúan dos convenciones perfectamente delimitadas y separables: la primera, la

suscripción del capital mediante la aportación de inmuebles hipotecados; la segunda, la

asunción -por la entidad de nueva constitución- del crédito hipotecario.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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Acceso a la Jurisprudencia*]

Decimos que tales convenciones son separables por la razón esencial de que no hay

obstáculo legal para que la primera se produzca sin que tenga lugar la segunda. O, dicho

con más precisión, es posible que las fincas hipotecadas se aporten a la sociedad sin que

ésta asuma el crédito hipotecario pendiente.

3. La circunstancia que acaba de señalarse permite extraer una primera e importante

consecuencia: no puede sostenerse válidamente que la asunción de deuda hipotecaria

está «absorbida» por la aportación de los inmuebles o que ambas operaciones son

"inescindibles" cuando, como se ha visto, puede constituirse la mercantil mediante la

aportación de fincas hipotecadas sin asunción de la deuda hipotecaria pendiente, esto

es, sin que la sociedad de nueva constitución se obligue al pago de un crédito que sigue

siendo responsabilidad del deudor hipotecario.

4. Si ello es así -y aquí sí procede ya analizar la relevancia fiscal del negocio que nos

ocupa- resulta de plena aplicación el artículo 4 del texto refundido de la ley del

impuesto, según el cual -y como excepción a la regla de no sometimiento a gravamen de

una sola convención- resulta obligado exigir el tributo que corresponda a cada una de

ellas «cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas

al impuesto separadamente».

Y es que, identificadas esas dos convenciones, cada una de ellas constituye el hecho

imponible de dos modalidades previstas en la ley del impuesto: operaciones societarias

(por la constitución de [X], ex artículo 19.1.1 del texto refundido) y transmisiones

patrimoniales onerosas (por la asunción de deuda por [X] del crédito hipotecario

pendiente que grava las fincas aportadas por [X1] , ex artículo 7.2 del mismo texto legal).

5. Existe, además, un argumento complementario del puramente literal y que está

relacionado -nuevamente- con la posibilidad de la aportación de inmuebles hipotecados

sin asunción de deuda.

En un supuesto como en el que nos ocupa, aparecen dos indicadores de capacidad

económica ( artículo 31.1 CE) perfectamente identificables: la aportación de los

inmuebles «por su valor neto» (esto es, descontada la deuda pendiente) y la asunción

de deuda por el crédito hipotecario que aún grava los inmuebles aportados, pues -no lo

olvidemos- la primera de las convenciones es perfectamente posible sin la segunda y,

por ello, no tiene por qué estar vinculada a ella.

6. El argumento de la base imponible tampoco es relevante. Se desprende de la ley (en la

modalidad «operaciones societarias») que la base imponible se corresponde con la suma

del capital social y que ésta debe coincidir con la cifra neta de la aportación.

Pero ello no significa en modo alguno que eso impida gravar la asunción de deuda por

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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«transmisiones patrimoniales onerosas». Lo expresa extraordinariamente bien la

sentencia impugnada cuando afirma -y hacemos nuestro este razonamiento- que la

circunstancia (legal) de que la base imponible de la operación societaria objeto de

tributación haya de excluir el valor de las deudas que recaían sobre los bienes y que

asume la persona jurídica, no determina en absoluto que la transmisión de esas deudas

esté exenta de todo gravamen, pues el precepto, al igual que la Directiva que resulta de

aplicación, tiene por objeto el impuesto sobre las aportaciones a sociedades, no otros

actos o negocios jurídicos que se realicen con ocasión de esas aportaciones, como

sucede en el caso que ahora nos ocupa (la asunción del crédito hipotecario que pesa

sobre las fincas aportadas).

7. Por último, y aun aceptando que la cuestión que nos ocupa es discutible, la solución

contraria a la recogida en la sentencia recurrida supondría revisar la doctrina establecida

recientemente por este mismo tribunal en un supuesto prácticamente idéntico al aquí

analizado.

Y no entendemos, desde luego, que esa solución contraria aparezca con la suficiente

nitidez como para alterar ese criterio jurisprudencial.

8. En consecuencia, debemos responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión

en el sentido de que la constitución de una sociedad mediante aportación de inmueble

hipotecado cuando se produce la asunción de la deuda hipotecaria pendiente, supone

la existencia de dos convenciones, sujetas, respectivamente, a la modalidad de

"operaciones societarias" y a la de "transmisiones patrimoniales onerosas".

QUINTO. Resolución de las pretensiones deducidas en el presente recurso de casación.

La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la desestimación

del recurso de casación, pues la Sala de Madrid ha aplicado en la sentencia recurrida la

doctrina que hemos entendido correcta en relación con la existencia de dos

convenciones que pueden ser gravadas por ambas modalidades del impuesto.

SEGUNDO. Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia

de fecha 31 de marzo de 2017, de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el procedimiento

ordinario núm. 152/2016.

TERCERO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.

IAE

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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VII. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

IAE. SENTENCIA 528/2020 [21.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª ( Rec.

2767/2017) Ponente: Isaac Merino Jara.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1422 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Interpretar el epígrafe del IAE 647.4 (comercio al por menor de cualquier clase de

productos alimenticios y bebidas, en régimen de autoservicio o mixto en

supermercados) y el epígrafe del IAE 661.3 (comercio en almacenes populares) del

Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, en relación con los

artículos 78.1, 83 y 85.1.4ª del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin de dilucidar por

cuál de los dos epígrafes deben tributar aquellos establecimientos comerciales que

venden en autoservicios productos alimentarios y bebidas de forma preponderante

junto con otro tipo de bienes de consumo que no constituyen un porcentaje alto, ni

representan un surtido amplio ni profundo, ni tienen un carácter permanente, ni se

ubican en secciones fijas sino que tienen un carácter marginal y ocasiona»

PRIMERO. No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE

MÁLAGA, representado por el procurador […] , contra la sentencia dictada el 23 de enero

de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso 421/2013, relativo al impuesto de

actividades económicas.

FD SEGUNDO.- Sobre la respuesta a la cuestión interpretativa planteada en el auto de

admisión y la resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

En el epígrafe 674.4 se describe con detalle el concepto de "supermercado". También

detalladamente se describe en el epígrafe 661.3 el concepto de "almacén popular". La

tributación por uno u otro epígrafe viene determinada por la coincidencia existente entre

el contenido real de la actividad que se desarrolle en el establecimiento y la descripción

conceptual de dichos epígrafes, a la que nos hemos referido en el fundamento anterior,

que corresponda, de las recogidas en los epígrafes de referencia. No podemos responder

a la cuestión con interés casacional puesto para determinar por cuál de los dos epígrafes

deben tributar aquellos establecimientos comerciales que venden en autoservicios

productos alimentarios y bebidas de forma preponderante junto con otro tipo de bienes

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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de consumo que no constituyen un porcentaje alto, ni representan un surtido amplio ni

profundo, ni tienen un carácter permanente, ni se ubican en secciones fijas sino que

tienen un carácter marginal y ocasional, ha de estarse a la naturaleza material de

actividad ejercida. En definitiva, nos hallamos ante una cuestión fáctica, que ha sido

valorada por la sentencia dictada el 23 de enero de 2017 por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ha

concluido que en los establecimientos de LIDL a los que se refieren los actos recurridos

existen secciones múltiples, la venta se realiza en autoservicio, se trata de un surtido

amplio y poco profundo, la gama de precios es baja y el servicio es reducido, y, por ello,

considera que dichos establecimientos deben tributar por el epígrafe del IAE 661.3. Esa

valoración ni es arbitraria ni es irrazonable.

En conclusión, no ha lugar al recurso de casación, procediendo confirmar la sentencia

recurrida.

SEGUNDO. No hacemos un pronunciamiento sobre las costas.

IBI

VIII. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)

1. IBI. SENTENCIA 381/2020 [11.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (

Rec. 3103/2017) Ponente: Isaac Merino Jara.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 990 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar si la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles recogida en el

artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para

los inmuebles afectos a los fines de las universidades, se mantiene o no en vigor

tras la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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FD TERCERO.- Contenido interpretativo de esta sentencia.

La exención del Impuesto sobre bienes inmuebles recogida en el apartado 1 del artículo

80 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades para los bienes

inmuebles afectos a los fines propios de las Universidades, es de aplicación desde su

entrada en vigor, sin que haya sido derogada por ninguna otra norma posterior, en

particular, la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

SEGUNDO. No ha lugar recurso de casación núm. 3103/2017 interpuesto por el Letrado

del Ayuntamiento de León en la representación y defensa que del mismo ostenta, contra

la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León, sede de Valladolid, de fecha 3 de abril de 2017, dictada en el recurso

de apelación núm. 620/2016, sobre liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles.

TERCERO. Hacer el pronunciamiento sobre costas expresado en el último fundamento.

IBI

2. IBI. SENTENCIA 430/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (

Rec. 6950/2018). Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 966 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Determinar cuál es el alcance de la declaración de nulidad (ya sea total o parcial)

de los valores catastrales en vía económico-administrativa o en vía judicial: si dicha

nulidad conlleva también la nulidad de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, emitidas con posterioridad y basadas en aquellos valores catastrales o

si, por el contrario, atendiendo al carácter bifásico del citado impuesto, dichas

liquidaciones son válidas, en tanto que el Catastro no proceda a rectificar o

modificar los valores catastrales, pudiendo ser giradas, incluso, con efectos

retroactivos»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

NOVENO de esta sentencia.

FD OCTAVO. Recapitulación final en relación con la cuestión con interés casacional

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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objetivo para la formación de jurisprudencia descrita en el auto de admisión.

1. Recordemos que el auto de admisión del presente recurso de casación nos interrogaba

sobre el alcance de la declaración de nulidad (ya sea total o parcial) de los valores

catastrales en vía económico-administrativa o en vía judicial, concretamente sobre si

dicha nulidad conlleva también la de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, emitidas por el ayuntamiento con posterioridad, y basadas en aquellos

valores catastrales; o si, por el contrario, atendiendo al carácter bifásico del citado

impuesto, dichas liquidaciones son válidas en tanto que el Catastro no proceda a

rectificar o modificar los valores catastrales, pudiendo ser giradas, incluso, con efectos

retroactivos.

2.La respuesta a esa cuestión va a estar apegada -como no podía ser de otra forma- a las

concretas circunstancias del caso, esto es, a la forma de conducirse que han tenido tanto

el contribuyente, como la Hacienda Local y, en todo caso, teniendo en cuenta las

consecuencias derivadas del principio de buena administración, de manera que:

2.1.Si el contribuyente discute en sede de "gestión catastral" -en tiempo y forma- los

valores asignados a los inmuebles de su propiedad y obtiene una decisión firme que

anula tales valores, ordenando efectuar nueva valoración, el ayuntamiento que ha girado

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles conforme a los valores declarados nulos no puede

aducir la existencia de una dualidad del procedimiento para mantener la vigencia de esas

liquidaciones.

2.2.La Hacienda Local, por tanto y en un supuesto como el que nos ocupa, precisamente

por la vigencia en nuestro sistema fiscal de aquella dualidad, debe atemperarse a la

decisión que adopte el órgano competente de "gestión catastral" y, si ésta es anulatoria

de la valoración que le permitió girar el tributo, debe dejar sin efecto las liquidaciones

correspondientes sin esperar a que se produzca un expresa modificación del padrón, a

salvo su derecho, en los términos que legalmente procedan, a emitir nuevas

liquidaciones conforme a los valores que, finalmente, sean declarados ajustados a

Derecho.

FD NOVENO. Resolución de las pretensiones suscitadas en el recurso de casación.

La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la estimación del

recurso de casación y, correlativamente, tal y como decidió el Juzgado núm. 2 de las

Palmas de Gran Canaria, del recurso contencioso-administrativo deducido en la instancia

en el sentido expresado en el fundamento anterior, esto es, (i) anulando, por contraria a

Derecho, la desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de

reposición dirigido frente a la desestimación -también presunta- de la petición efectuada

por […] , reclamando la devolución como indebidos de los ingresos efectuados por IBI

correspondientes a las fincas catastrales núms. 999901/FS/2999N y 07990099/FS73909N,

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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ejercicios 2008 a 2014 y (ii) reconociendo el derecho de […] N a la devolución de lo

ingresado por tal concepto, más los intereses legales que correspondan.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal de la entidad […] SL contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las

Palmas de Gran Canaria, de fecha 22 de junio de 2018, pronunciada en el recurso de

apelación núm. 26/2018, cuyo objeto estaba constituido por la sentencia del Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 18 de

octubre de 2017, sobre devolución de ingresos indebidos en concepto de Impuesto sobre

Bienes Inmuebles de los períodos 2008 a 2014, sentencia, la de la Sala que se casa y

anula.

TERCERO. Estimar -como hizo el Juzgado núm. 2 de las Palmas de Gran Canaria- el

recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de […]

contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposición

dirigido frente a la desestimación -también presunta- de la petición en la que dicho

contribuyente reclamaba la devolución como indebidos de los ingresos efectuados por IBI

correspondientes a las fincas catastrales núms. 999901/FS/2999N y 07990099/FS73909N,

ejercicios 2008 a 2014, reconociendo el derecho de […] a la devolución de lo ingresado

por tal concepto, más los intereses legales que correspondan.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia.

IBI

3. IBI. SENTENCIA 493/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 5497/2018) Ponente: Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1284/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto sobre

Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la

calificación (y la consiguiente valoración) catastral de su inmueble, cuando no lo

hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) o no pudo hacerlo al tiempo en que

le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a

tributación por dicho impuesto»

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

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FALLO

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

FD TERCERO. - Contenido interpretativo de esta sentencia.

1. En atención a lo razonado más arriba, estamos en condiciones de afirmar que en

aquellos supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas,

carece de amparo jurídico permitir que se liquide un tributo (o que no se pueda anular el

ya liquidado) por la sola circunstancia de que el órgano competente para fijar los valores

catastrales no sea el ayuntamiento.

Como dijimos en la sentencia núm. 196/2019, de 19 de febrero (recurso de casación

núm. 128/2016), ante un sistema impugnatorio complejo y potencialmente creador de

disfunciones, cuando se producen situaciones como las descritas -u otras análogas- no

cabe argüir, frente a una Administración que sirve con objetividad los intereses

generales, que la misma permanezca inactiva -ante aquellos hechos constatados- dando

lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a imponer a los administrados,

ciudadanos de un Estado de Derecho, un verdadero peregrinaje por largos y costosos

procedimientos para, a la postre, obtener lo que desde un inicio se sabía que le

correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta

en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas.

Señalamos también, y conviene ahora reiterarlo, que tal forma de conducirse no se

compadece con un sistema tributario basado en el principio superior de justicia y el de

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de

cada uno ni, desde luego, se atempera mínimamente con el principio de buena

administración que se prevé en el artículo 41 de la Carta de Niza y está implícito en

nuestro sistema constitucional.

Lo expresamos literalmente así en nuestra reciente sentencia de 19 de febrero de 2019

[…]

2. Por consiguiente, la cuestión que nos suscita el auto de admisión debe responderse en

los siguientes términos: los artículos 65 y 77.1. y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y

el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, deben ser interpretados en el sentido de

que los mismos no se oponen ni obstan a que, recurriéndose liquidaciones por IBI y para

obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales

sobrevenidas, análogas o similares a las descritas anteriormente (como la modificación

por sentencia firme de la clasificación urbanística del suelo afectado), el sujeto pasivo

pueda discutir la valoración catastral del inmueble, base imponible del impuesto, incluso

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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Acceso a la Jurisprudencia*]

en los casos en los que tal valoración catastral ha ganado firmeza en vía administrativa.

SEGUNDO. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la procuradora […], en

nombre y representación de […], contra la sentencia núm. 433/2018, de 30 de abril, de la

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó el recurso de apelación núm. 58/2017

instado por la representación procesal del Ayuntamiento de Benicássim, sentencia que

se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra el Decreto de la Alcaldía núm. 3091, de 4 de

noviembre de 2014, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por […] contra

las liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de Benicássim en concepto de IBI de las

parcelas (núms. NUM003, NUM004 y NUM005) sitas en el "Proyecto de Reparcelación

Sector PRR-4", con referencias catastrales núms. NUM000, NUM001 y NUM002, del

ejercicio 2014, declarando las citadas resoluciones ajustadas a Derecho.

CUARTO. No hacer imposición de las costas procesales, ni de las de esta casación, ni las

causadas en la instancia.

IBI

4. IBI. SENTENCIA 505/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (

Rec. 5682/2018) Ponente: Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1263/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

"1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir

la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que

alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor

catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores

catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio

del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores,

efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de

sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la

asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la

liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuados por la

Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia,

a que no hemos referido repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes.

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la

sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de

Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado

debidamente motivado".

FALLO [Reitera doctrina]:

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

SEGUNDO de esta sentencia, por remisión al fundamento jurídico tercero de nuestra

sentencia de 20 de abril de 2020, dictada en el recurso de casación núm. 5665/2018.

FD SEGUNDO.- Necesaria remisión a la sentencia dictada en el recurso de casación núm.

5665/2018.

La totalidad de las cuestiones que el recurso plantea ha sido abordada y resuelta por esta

Sección en la sentencia dictada en el recurso de casación número 5665/2018, a la que

hemos de remitirnos por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y

seguridad jurídica.

«SEGUNDO. La impugnación de la Diputación de Alicante y la cuestión que presenta

interés objetivo para la formación de jurisprudencia según el auto de admisión del

presente recurso.

1. La Diputación de Alicante considera que el juez de Alicante desconoce en su sentencia

tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo respecto de la

naturaleza jurídica de las Ponencias de Valores, de la que se desprende que éstas son

actos administrativos, y no disposiciones de carácter general (aunque se aplique a una

colectividad de interesados), y cuyo cauce de impugnación, como acto que dicta el

Director General del Catastro, es la reclamación ante el TEAC (vía administrativa), y,

posteriormente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

(en sede judicial).

Destaca, además, que la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de este orden

jurisdiccional de la Audiencia Nacional de 19 de noviembre de 2013 desestimó el recurso

formulado contra la resolución de 11 de octubre de 2007, del Director General del

Catastro, que aprobó la Ponencia de Valores total de los bienes inmuebles urbanos del

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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término municipal de El Campello (Alicante).

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2. El auto de admisión señala que tienen interés casacional objetivo para la formación de

jurisprudencia las siguientes cuestiones […]:

FD TERCERO. Respuesta a las cuestiones interpretativas suscitadas por el auto de

admisión.

1. La primera cuestión que plantea el auto de admisión es similar a la abordada en otros

asuntos que ya han sido resueltos por esta misma Sala y Sección en otros

procedimientos, como en las sentencias dictadas en los recursos de casación núms.

128/2016 , 11/2017 , 2154/2017 ó 6950/2018 .

La segunda cuestión -no abordada bajo el nuevo modelo de casación- es, ciertamente,

muy interesante porque plantea no solo la cuestión de la naturaleza jurídica de las

Ponencias de Valores (si son actos administrativos o disposiciones generales), sino -sobre

todo- la eventual proyección de la declaración judicial firme de nulidad de la valoración

catastral de determinados inmuebles a otros inmuebles del mismo municipio -cuyos

propietarios se aquietaron con el valor catastral asignado- afectados por la misma

"causa" de nulidad.

Decimos que es interesante porque el juzgado de Alicante engarza la cuestión con los

principios de igualdad y generalidad y -sin citarlo- con el principio de buena

administración cuando señala que el ayuntamiento de Campello no puede desconocer

que está aplicando una valoración catastral derivada de una ponencia en la que se ha

realizado el preceptivo estudio de mercado.

2. El problema, sin embargo, es que no procede abordar en el seno del presente proceso

esas dos primeras cuestiones porque ha sucedido en nuestro asunto un hecho de

extraordinaria relevancia: el órgano judicial competente para enjuiciar (directamente) la

Ponencia de Valores de El Campello (la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia

Nacional) ha declarado dicha ponencia ajustada a Derecho por sentencia firme,

descartando, precisamente, los motivos de nulidad tenidos en cuenta por la Sala de

Valencia para anular las valoraciones catastrales derivadas de esa ponencia.

Por tanto, estamos abocados a responder al auto de admisión empezando por el final.

Esto es -como expresa con extraordinaria claridad dicho auto- (i) qué trascendencia y

efectos tienen sobre la impugnación de la liquidación del IBI los pronunciamientos

judiciales contradictorios efectuados por la Audiencia Nacional y la Sala de Valencia y (ii)

qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la sentencia de la

Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio

en cuestión y que estima que existe estudio de mercado debidamente motivado.

3. Hemos declarado muy recientemente la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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de la dualidad "gestión catastral-gestión tributaria", al punto de que -como hemos

dicho- no es posible como regla general impugnar "actos catastrales" (que emanan de los

órganos competentes de la Administración del Estado) con ocasión del recurso dirigido

frente a "actos tributarios" (competencia del municipio), salvo que concurran

"circunstancias excepcionales, sobrevenidas, análogas o similares" a las tenidas en cuenta

por la doctrina tradicional de esta Sala (como la falta de notificación individual de los

valores catastrales a sus destinatarios) y cuya aplicación al caso lleva a la certidumbre de

que la valoración catastral es contraria a Derecho, como sucede si el inmueble no es

urbano a efectos catastrales, supuesto analizado en las sentencias núms. 196/2019, de

19 de febrero (recurso de casación núm. 128/2016),273/2019, de 4 de marzo (recurso de

casación núm. 11/2017) y443/2019, de 2 de abril (recurso de casación núm. 2154/2017).

En el caso que nos ocupa no puede afirmarse, en primer lugar, que concurran

circunstancias de esa naturaleza cuando no es solo que existe una clara "certidumbre"

sobre la corrección de la valoración catastral, sino que consta indubitadamente su acierto

al haber sido así declarado por el Tribunal competente para enjuiciar el acto

correspondiente de la gestión catastral (en el supuesto de autos, la Ponencia de Valores

de El Campello).

4. Hemos señalado también en ocasiones anteriores ( sentencias de 11 de julio de 2013 -

casación 5190/2011- y18 de septiembre de 2014 -casación 3463/2012) lo siguiente:

«Cabe preguntarse qué efectos puede producir un pronunciamiento judicial firme

sobre actos o disposiciones generales, cuyo control jurisdiccional no correspondía al

órgano que dicta la sentencia anulatoria, no sólo cuando se dicta respecto de un

acto individual que afecta a un solo interesado, sino respecto de aquellos actos que

afectan a una pluralidad de interesados, como es el caso de las ponencias de

valores, o cuando se anula una disposición general por órgano judicial

incompetente, y la conexión con el principio de seguridad jurídica en relación con la

inamovilidad de los fallos judiciales y el instituto de la cosa juzgada.

Como principio general cabe afirmar que estaríamos ante una resolución judicial

nula de pleno derecho en cuanto declara la nulidad de lo que a su entender era, sin

serlo, una disposición general, por haberse dictado por órgano sin competencia

objetiva (...).

Ahora bien, ganada firmeza la sentencia por no haberse reaccionado contra la

misma por los mecanismos dispuestos al efecto, dado el carácter de inamovilidad de

los fallos judiciales, respecto de la persona que instó el recurso, protegida por el

principio de tutela judicial efectiva, y a cuyo favor se ha dictado y a cuya esfera de

intereses afecta, ha de producir los efectos derivados de los pronunciamientos

judiciales firmes.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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Con todo, lo que no cabría predicar de la misma sería el principio o eficacia de cosa

juzgada material, puesto que este instituto gira en torno al principio de seguridad

jurídica de suerte que lo resuelto por las resoluciones judiciales firmes vinculen a los

órganos jurisdiccionales; pero precisamente este principio, uno de los principios

básicos constitucionales, demanda que sólo puedan vincular al resto de órganos

judiciales las resoluciones dictadas por los tribunales dentro de sus respectivas

atribuciones y competencias y, a través de los instrumentos procesales legalmente

establecidos.

Debemos también tener en cuenta, que no se accionó la pretensión de nulidad de la

Ponencia de Valores, sino que esta nulidad indebidamente declarada, no constituyó

la cuestión objeto de debate, sino que la falta de estudio económico, determinante

de la declaración de nulidad de la Ponencia, es utilizada como argumento para

justificar la nulidad del único objeto material del recurso, la valoración individual de

la finca; lo cual conlleva, que no pudiera extenderse el hipotético efecto de cosa

juzgada a lo que constituye un mero argumento para dar satisfacción a la única

pretensión actuada, la nulidad de la valoración individual de la finca.

Por lo demás, cuando se ha anulado una Ponencia de Valores en una condición que

no posee, como disposición de carácter general, no resulta aplicable al caso el

artículo 72.2 de la LJCA, que se justifica en tanto declarada la nulidad de una

disposición general carece de sentido que se vuelva a reproducir un debate inútil

por estéril, pues ya la norma desapareció de la realidad jurídica. Pero este no es el

caso, en tanto que se ha declarado la nulidad de una disposición general inexistente,

a la que, por ende, no puede alcanzar una declaración basada en el artículo 72.2 de

la LJCA, declaración que carece de contenido material alguno, es una mera

declaración sin sustrato material sobre el que producir efectos».

5.La doctrina expuesta es plenamente aplicable al caso que nos ocupa, aun cuando,

formalmente, la Sala de Valencia -en los pronunciamientos de 2013 y 2014- no declaró la

nulidad de la Ponencia de Valores de El Campello, ni podía hacerlo.

Decían esos pronunciamientos, en efecto, lo siguiente:

"Si bien la naturaleza de mero acto administrativo que la doctrina jurisprudencial

actual atribuye a las Ponencias de Valores deja ya de permitir que se las considere

susceptibles de impugnación indirecta con motivo de la impugnación directa de las

notificaciones individualizadas de los valores catastrales -como algunas de las

precitadas SSTS han afirmado expresamente-, esta Sala entiende que ello no puede

impedir que en tal recurso directo frente a los valores catastrales pueda el

interesado hacer valer defectos o vicios afectantes a la Ponencia cuya aplicación

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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determina tal valor catastral (conforme ya se ha pronunciado la doctrina más actual

y autorizada en la interpretación de la comentada nueva línea jurisprudencial).

De acuerdo con la normativa expuesta, y la jurisprudencia concomitante alegada, el

primer paso del que parte la determinación del valor catastral, son los estudios de

mercado referidos a las fincas, de modo que no solo deben constar, sino que

además, físicamente constituyen documentos que deben acompañar a la ponencia

de Valores.

La inexistencia de tal estudio de mercado es causa más que suficiente para la

estimación del recurso en los términos explicitados en el precedente fundamento

jurídico; siendo que, en definitiva y conclusión, las carencias de motivación y

justificación que se localizan en la esencia de las decisiones con relevancia valorativa

de la Ponencia de Valores de que aquí se trata (carencias derivadas de la

inexistencia de estudio de mercado, así como -aparte de otras ya señaladas- de la

mera trasposición de los valores de las viviendas al de los restantes usos, la

elevación de los valores MBR y MBC o la imposibilidad de identificación de las

fuentes y de las muestras que se dicen tomadas) conducen, inexorablemente o sin

remisión, a las consecuencia anulatorias que se expresarán en el fallo de esta

sentencia.

A todo lo anterior simplemente se añadirá que a las conclusiones obtenidas en este

proceso nada puede obstar el hecho de que anteriores sentencias hayan

desestimado recursos interpuestos frente a otras notificaciones individualizadas de

valores catastrales que traen causa de la misma Ponencia de Valores, ello habida

cuenta que las circunstancias jurídico-procesales en las que fueron dictadas tales

sentencias son bien distintas de las concurrentes en este proceso, sobre todo

teniendo en cuenta que en este pleito hemos contado con un informe de perito

designado judicialmente que, hemos visto, ha resultado fundamental para la suerte

de este proceso".

6. Con independencia de la firmeza de estas decisiones de la Sala de este orden

jurisdiccional de la Comunidad Valenciana, lo que no se sigue de las mismas es que

limiten, impidan o excluyan toda posibilidad de que el órgano competente para el

enjuiciamiento de la ponencia (la Sala de la Audiencia Nacional) pueda llegar a una

conclusión distinta en el recurso jurisdiccional legalmente procedente contra dicho

acto estatal, como si aquella firmeza fuera no solo formal sino también material.

En otras palabras, no cabe que la declaración en sentencia firme de que una

Ponencia carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar la

concreta impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribuyente

respecto del IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronunciamiento

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judicial, también firme, pero realizado por el órgano judicial competente para

analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho esa

Ponencia al no apreciar aquel vicio formal, señalando, además, que consta el Estudio

de Detalle y que la Ponencia está motivada.

7. Nuestra respuesta a la cuestión interpretativa planteada en las dos últimas

preguntas del auto de admisión (previas a cualquier otra consideración, como ya

hemos razonado) debe, pues, ser la siguiente:

a) Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores (como la que constituye el acto

enjuiciado en este proceso) la decisión anterior, adoptada por el tribunal

competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación

de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores.

b) Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa

misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con

plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la

concurrencia o no de aquellos defectos formales.

c) No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por

defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros

contribuyentes- cuando, como sucede en el caso que analizamos, la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a

derecho dicha Ponencia en sentencia firme.

8. Y si ello es así, resulta innecesario dar respuesta a las dos primeras preguntas

contenidas en el auto de admisión en la medida en que carecen de relevancia para

la solución del litigio»

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal de SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA-DIPUTACIÓN DE ALICANTE contra la sentencia

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante de fecha 28 de mayo de

2018, dictada en el procedimiento abreviado núm. 272/2018, cuyo objeto estaba

constituido por una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles de una finca sita en

El Campello, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la resolución notificada el 14 de mayo de 2018,

dictada por SUMA Gestión Tributaria, desestimatoria del recurso de reposición dirigido

frente a la liquidación de IBI correspondiente a la finca catastral núm. NUM001, por

importe de 1.211,35 euros, declarando la expresada liquidación y la resolución que

desestima el recurso de reposición dirigido frente a la misma ajustadas a Derecho.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia.

IBI

5. IBI. SENTENCIA 582/2020 [28.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 3966/2018) Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1376 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo

urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de

suelo no urbanizable y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo

urbano a efectos catastrales, dando lugar a la nulidad de las declaraciones giradas

del impuesto de bienes inmuebles»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

SEGUNDO de esta sentencia .

FD SEGUNDO. Respuesta a la cuestión interpretativa suscitada por el auto de admisión

y resolución de las pretensiones deducidas en el recurso.

1. En coherencia con lo razonado, debemos resolver la cuestión interpretativa suscitada

por el auto de admisión en los mismos términos que lo hizo la sentencia parcialmente

reproducida.

Teniendo en consideración que la cuestión suscitada en el auto de admisión consiste en

determinar […] procede, en función de todo lo razonado precedentemente declarar lo

siguiente:

La interpretación conjunta de los artículos 61.3, 65, 77.1 y 5 del TRLHL, así como de los

artículos 4 y 7.2 del TRLCI permite, mediante la impugnación de las liquidaciones por IBI y

en las excepcionales circunstancias de este caso, discutir el valor catastral del inmueble

(base imponible del impuesto), aun existiendo una valoración catastral firme en vía

administrativa, excepcionalidad representada por una situación urbanística de absoluta

inestabilidad, derivada de varios recursos jurisdiccionales, declaraciones de nulidad e

intentos de subsanación a posteriori, en el marco de la anulación de las disposiciones que

clasificaban un sector como suelo urbanizable, con incidencia directa sobre la

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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consideración catastral como urbano o rústico del bien inmueble en cuestión -al

comportar que los terrenos afectados volviesen a tener la clasificación de suelo no

urbanizable de especial protección- en virtud de múltiples sentencias, algunas de las

cuales, además, fueron dictadas con posterioridad al acto de alteración catastral, de

manera que no pudieron ser invocadas frente a dicho acto por los interesados.

2. Y, para resolver las pretensiones suscitadas en autos, debe partirse del dato de que el

1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2011 -a tenor del artículo 75 TRLHL el IBI se

devenga el primer día del periodo impositivo- el bien inmueble cuya titularidad

corresponde a la parte recurrente tenía naturaleza del bien inmueble rústico.

Planteado así el debate debe rechazarse, no obstante, que no existiese hecho imponible.

De acuerdo con el artículo 61 TRLHL constituye el hecho imponible del IBI la titularidad

de una serie de derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los

inmuebles de características especiales, en particular y por lo que afecta al caso que nos

ocupa, el derecho de propiedad.

Pues bien, desde el momento que la recurrente acreditó en aquella fecha la titularidad

del derecho de propiedad sobre el inmueble sito en la Ciudad Deportiva Real Madrid de

CM. Sintra 4 del Parque de Valdebebas en Madrid, es evidente que el hecho imponible

concurre, con independencia de que dicha finca fuese rústica o urbana.

Sin embargo, no cabe mantener la misma perspectiva desde el punto de vista de la base

imponible, elemento esencial del tributo, determinante directo de la cuantía de la deuda

tributaria ( artículo 8 a LGT) dado que, a tenor del artículo 65 TRLHL, estará constituida

por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será

susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del

Catastro Inmobiliario, circunstancia ésta que determina la nulidad de la apreciación

municipal con relación a la base imponible desde el momento que, conforme a lo

expresado, la calificación catastral como urbano del bien inmueble en cuestión carecía de

justificación conforme a todo lo expresado.

Consecuentemente, de conformidad con el artículo 93.1 de nuestra Ley Jurisdiccional, y

con arreglo a la doctrina consignada en el fundamento de derecho anterior procede

casar y anular la sentencia de 22 de marzo de 2018, dictada en el recurso de apelación

núm. 140/2017, en la medida en que, de acuerdo con todo lo argumentado, debería

haber estimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 365/2006,

de 1 noviembre 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 46/2016, por el

Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 7 de Madrid, en materia de Impuesto

sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2008, al haber sido girada la liquidación de dicho

tributo respecto de un inmueble que no tenía la naturaleza de urbano, sino de rústico.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la

representación procesal de la mercantil […] contra la sentencia de la Sección Novena de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de

fecha 22 de marzo de 2018, dictada en el recurso de apelación núm. 140/2017, cuyo

objeto estaba constituido por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 7 de Madrid, desestimatoria de un recurso jurisdiccional deducido

frente a una liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio de 2008,

sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de la mercantil […] contra la resolución del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) de fecha 23 de noviembre de 2015, que

desestimó la reclamación económico-administrativo deducida frente a la liquidación

girada por el ayuntamiento de Madrid en concepto de IBI, Ejercicio 2008,

correspondiente al inmueble sito en Madrid, […] anulando las expresadas resoluciones

por su disconformidad a Derecho y declarando el derecho del interesado a la

devolución de lo indebidamente ingresado por tal impuesto y ejercicio, más los

intereses legales correspondientes.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni las de

la instancia.

IBI

6. IBI. SENTENCIA 588/2020 [28.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (

Rec. 4740/2017) Ponente: Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1440/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«Determinar si la exégesis del artículo 18 del texto refundido de la Ley del Catastro

Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, permite

entender que debe tener efectos retroactivos la resolución del procedimiento de

subsanación de discrepancias que dicho precepto regula aunque se inicie de oficio y

se prevea literalmente la efectividad de esa resolución al día siguiente de que se

acuerde-, si altera la descripción catastral del inmueble determinando una

minoración de su valor catastral y la Administración ha tenido conocimiento de la

falta de concordancia existente entre la descripción catastral del bien y la realidad

inmobiliaria -no debida al incumplimiento de las obligaciones de declarar o

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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FALLO:

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comunicar previstas en los artículos 13 y 14 de dicho texto refundido-, por

habérselo puesto de manifiesto el propio interesado»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos sentados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO.

FD TERCERO. Interpretación jurídica de las cuestiones planteadas en el auto de

admisión.

La doctrina que se propone, en esclarecimiento de los preceptos tal como resulta

propuesta en el auto de admisión, que nos pide lo siguiente que ahora se transcribe-, se

expone a continuación:

[...]

Pues bien, nuestro criterio es que el artículo 18 TRLCI, dada su explícita mención de que

las subsanaciones de las características de la finca que determinan su valor catastral sólo

tienen efectos hacia el futuro, en ningún caso puede interpretarse contra su tenor literal,

coincidente con la interpretación teleológica, y ello al margen de las circunstancias

concretas de este asunto que se describen en el auto y que consideramos irrelevantes

para resolver, esto es, de que se hayan cumplido los deberes de información exigidos en

los arts. 13 y 14 del propio TRLCI.

El auto de admisión está muy vinculado a los hechos concretos del caso que se examina

y, dicho con el mayor respeto, parece redactado con el propósito de que desestimemos

el recurso, lo que por lo demás, una vez examinado el recurso, es lo procedente. Sentado

esto, no cabe pronunciamiento alguno, ni como doctrina ni como opinión conexa o

marginal, sobre si era procedente en este caso incoar y resolver el procedimiento de

subsanación de discrepancias o el de rectificación de errores.

SEGUNDO. Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador

[…] en nombre y representación de […], contra la sentencia de 29 de mayo de 2017, de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de

Asturias, que estimó en parte el recurso nº 362/16.

TERCERO. No hacer imposición de las costas procesales de esta casación.

IBI

7. IBI. SENTENCIA 444/2020 [18-05-2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 5665/2018) Ponente: Jesús Cudero Blas.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ: Roj 971 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir

la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que

alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor

catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores

catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio

del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores,

efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de

sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la

asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la

liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuados por la

Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia,

a que no hemos referido repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes.

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la

sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de

Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado

debidamente motivado».

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

FD TERCERO. Respuesta a las cuestiones interpretativas suscitadas por el auto de

admisión.

1. La primera cuestión que plantea el auto de admisión es similar a la abordada en otros

asuntos que ya han sido resueltos por esta misma Sala y Sección en otros

procedimientos, como en las sentencias dictadas en los recursos de casación núms.

128/2016, 11/2017, 2154/2017 ó 6950/2018.

La segunda cuestión -no abordada bajo el nuevo modelo de casación- es, ciertamente,

muy interesante porque plantea no solo la cuestión de la naturaleza jurídica de las

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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Ponencias de Valores (si son actos administrativos o disposiciones generales), sino -sobre

todo- la eventual proyección de la declaración judicial firme de nulidad de la valoración

catastral de determinados inmuebles a otros inmuebles del mismo municipio -cuyos

propietarios se aquietaron con el valor catastral asignado- afectados por la misma

"causa" de nulidad.

Decimos que es interesante porque el juzgado de Alicante engarza la cuestión con los

principios de igualdad y generalidad y -sin citarlo- con el principio de buena

administración cuando señala que el ayuntamiento de Campello no puede desconocer

que está aplicando una valoración catastral derivada de una ponencia en la que no se ha

realizado el preceptivo estudio de mercado.

2. El problema, sin embargo, es que no procede abordar en el seno del presente proceso

esas dos primeras cuestiones porque ha sucedido en nuestro asunto un hecho de

extraordinaria relevancia: el órgano judicial competente para enjuiciar (directamente) la

Ponencia de Valores de El Campello (la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia

Nacional) ha declarado dicha ponencia ajustada a Derecho por sentencia firme,

descartando, precisamente, los motivos de nulidad tenidos en cuenta por la Sala de

Valencia para anular las valoraciones catastrales derivadas de esa ponencia.

Por tanto, estamos abocados a responder al auto de admisión empezando por el final.

Esto es -como expresa con extraordinaria claridad dicho auto- (i) qué trascendencia y

efectos tienen sobre la impugnación de la liquidación del IBI los pronunciamientos

judiciales contradictorios efectuados por la Audiencia Nacional y la Sala de Valencia y (ii)

qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la sentencia de la

Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio

en cuestión y que estima que existe estudio de mercado debidamente motivado.

3. Hemos declarado muy recientemente la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de

la dualidad "gestión catastral-gestión tributaria", al punto de que -como hemos dicho- no

es posible como regla general impugnar "actos catastrales" (que emanan de los órganos

competentes de la Administración del Estado) con ocasión del recurso dirigido frente a

"actos tributarios" (competencia del municipio), salvo que concurran "circunstancias

excepcionales, sobrevenidas, análogas o similares" a las tenidas en cuenta por la

doctrina tradicional de esta Sala (como la falta de notificación individual de los valores

catastrales a sus destinatarios) y cuya aplicación al caso lleva a la certidumbre de que la

valoración catastral es contraria a Derecho, como sucede si el inmueble no es urbano a

efectos catastrales, supuesto analizado en las sentencias núms. 196/2019, de 19 de

febrero (recurso de casación núm. 128/2016), 273/2019, de 4 de marzo (recurso de

casación núm. 11/2017) y 443/2019, de 2 de abril (recurso de casación núm. 2154/2017).

En el caso que nos ocupa no puede afirmarse, en primer lugar, que concurran

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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circunstancias de esa naturaleza cuando no es solo que existe una clara "certidumbre"

sobre la corrección de la valoración catastral, sino que consta indubitadamente su

acierto al haber sido así declarado por el Tribunal competente para enjuiciar el acto

correspondiente de la gestión catastral (en el supuesto de autos, la Ponencia de Valores

de El Campello).

4. Hemos señalado también en ocasiones anteriores ( sentencias de 11 de julio de 2013 -

casación 5190/2011- y 18 de septiembre de 2014 -casación 3463/2012) lo siguiente:

«Cabe preguntarse qué efectos puede producir un pronunciamiento judicial firme

sobre actos o disposiciones generales, cuyo control jurisdiccional no correspondía al

órgano que dicta la sentencia anulatoria, no sólo cuando se dicta respecto de un

acto individual que afecta a un solo interesado, sino respecto de aquellos actos que

afectan a una pluralidad de interesados, como es el caso de las ponencias de

valores, o cuando se anula una disposición general por órgano judicial

incompetente, y la conexión con el principio de seguridad jurídica en relación con la

inamovilidad de los fallos judiciales y el instituto de la cosa juzgada.

Como principio general cabe afirmar que estaríamos ante una resolución judicial

nula de pleno derecho en cuanto declara la nulidad de lo que a su entender era, sin

serlo, una disposición general, por haberse dictado por órgano sin competencia

objetiva (...).

Ahora bien, ganada firmeza la sentencia por no haberse reaccionado contra la misma por

los mecanismos dispuestos al efecto, dado el carácter de inamovilidad de los fallos

judiciales, respecto de la persona que instó el recurso, protegida por el principio de

tutela judicial efectiva, y a cuyo favor se ha dictado y a cuya esfera de intereses afecta,

ha de producir los efectos derivados de los pronunciamientos judiciales firmes.

Con todo, lo que no cabría predicar de la misma sería el principio o eficacia de cosa

juzgada material, puesto que este instituto gira en torno al principio de seguridad

jurídica de suerte que lo resuelto por las resoluciones judiciales firmes vinculen a los

órganos jurisdiccionales; pero precisamente este principio, uno de los principios básicos

constitucionales, demanda que sólo puedan vincular al resto de órganos judiciales las

resoluciones dictadas por los tribunales dentro de sus respectivas atribuciones y

competencias y, a través de los instrumentos procesales legalmente establecidos.

Debemos también tener en cuenta, que no se accionó la pretensión de nulidad de la

Ponencia de Valores, sino que esta nulidad indebidamente declarada, no constituyó la

cuestión objeto de debate, sino que la falta de estudio económico, determinante de la

declaración de nulidad de la Ponencia, es utilizada como argumento para justificar la

nulidad del único objeto material del recurso, la valoración individual de la finca; lo cual

conlleva, que no pudiera extenderse el hipotético efecto de cosa juzgada a lo que

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

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constituye un mero argumento para dar satisfacción a la única pretensión actuada, la

nulidad de la valoración individual de la finca.

Por lo demás, cuando se ha anulado una Ponencia de Valores en una condición que no

posee, como disposición de carácter general, no resulta aplicable al caso el artículo 72.2

de la LJCA, que se justifica en tanto declarada la nulidad de una disposición general

carece de sentido que se vuelva a reproducir un debate inútil por estéril, pues ya la

norma desapareció de la realidad jurídica. Pero este no es el caso, en tanto que se ha

declarado la nulidad de una disposición general inexistente, a la que, por ende, no puede

alcanzar una declaración basada en el artículo 72.2 de la LJCA, declaración que carece de

contenido material alguno, es una mera declaración sin sustrato material sobre el que

producir efectos».

5. La doctrina expuesta es plenamente aplicable al caso que nos ocupa, aun cuando,

formalmente, la Sala de Valencia -en los pronunciamientos de 2013 y 2014- no declaró

la nulidad de la Ponencia de Valores de El Campello, ni podía hacerlo.

Decían esos pronunciamientos, en efecto, lo siguiente:

«Si bien la naturaleza de mero acto administrativo que la doctrina jurisprudencial actual

atribuye a las Ponencias de Valores deja ya de permitir que se las considere susceptibles

de impugnación indirecta con motivo de la impugnación directa de las notificaciones

individualizadas de los valores catastrales -como algunas de las precitadas SSTS han

afirmado expresamente-, esta Sala entiende que ello no puede impedir que en tal

recurso directo frente a los valores catastrales pueda el interesado hacer valer defectos

o vicios afectantes a la Ponencia cuya aplicación determina tal valor catastral (conforme

ya se ha pronunciado la doctrina más actual y autorizada en la interpretación de la

comentada nueva línea jurisprudencial).

De acuerdo con la normativa expuesta, y la jurisprudencia concomitante alegada, el

primer paso del que parte la determinación del valor catastral, son los estudios de

mercado referidos a las fincas, de modo que no solo deben constar, sino que además,

físicamente constituyen documentos que deben acompañar a la ponencia de Valores.

La inexistencia de tal estudio de mercado es causa más que suficiente para la estimación

del recurso en los términos explicitados en el precedente fundamento jurídico; siendo

que, en definitiva y conclusión, las carencias de motivación y justificación que se

localizan en la esencia de las decisiones con relevancia valorativa de la Ponencia de

Valores de que aquí se trata (carencias derivadas de la inexistencia de estudio de

mercado, así como -aparte de otras ya señaladas- de la mera trasposición de los valores

de las viviendas al de los restantes usos, la elevación de los valores MBR y MBC o la

imposibilidad de identificación de las fuentes y de las muestras que se dicen tomadas)

conducen, inexorablemente o sin remisión, a las consecuencia anulatorias que se

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expresarán en el fallo de esta sentencia.

A todo lo anterior simplemente se añadirá que a las conclusiones obtenidas en este

proceso nada puede obstar el hecho de que anteriores sentencias hayan desestimado

recursos interpuestos frente a otras notificaciones individualizadas de valores catastrales

que traen causa de la misma Ponencia de Valores, ello habida cuenta que las

circunstancias jurídico- procesales en las que fueron dictadas tales sentencias son bien

distintas de las concurrentes en este proceso, sobre todo teniendo en cuenta que en

este pleito hemos contado con un informe de perito designado judicialmente que,

hemos visto, ha resultado fundamental para la suerte de este proceso»

6. Con independencia de la firmeza de estas decisiones de la Sala de este orden

jurisdiccional de la Comunidad Valenciana, lo que no se sigue de las mismas es que

limiten, impidan o excluyan toda posibilidad de que el órgano competente para el

enjuiciamiento de la ponencia (la Sala de la Audiencia Nacional) pueda llegar a una

conclusión distinta en el recurso jurisdiccional legalmente procedente contra dicho acto

estatal, como si aquella firmeza fuera no solo formal sino también material.

En otras palabras, no cabe que la declaración en sentencia firme de que una Ponencia

carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar la concreta

impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribuyente respecto del

IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronunciamiento judicial, también firme,

pero realizado por el órgano judicial competente para analizar la legalidad de dicho acto

y en el que se declara ajustada a Derecho esa Ponencia al no apreciar aquel vicio formal,

señalando, además, que consta el Estudio de Detalle y que la Ponencia está motivada.

7.Nuestra respuesta a la cuestión interpretativa planteada en las dos últimas preguntas

del auto de admisión (previas a cualquier otra consideración, como ya hemos razonado)

debe, pues, ser la siguiente:

a) Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles posteriores (como la que constituye el acto enjuiciado en este

proceso) la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la

gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos

formales de la Ponencia Valores.

b) Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma

Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena

cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o

no de aquellos defectos formales.

c) No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por defectos

de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentescuando,

como sucede en el caso que analizamos, la Sala de lo Contencioso-

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Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia

en sentencia firme.

8. Y si ello es así, resulta innecesario dar respuesta a las dos primeras preguntas

contenidas en el auto de admisión en la medida en que carecen de relevancia para la

solución del litigio.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal de SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA-DIPUTACIÓN DE ALICANTE contra la sentencia

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Alicante de fecha 12 de junio de

2018, dictada en el procedimiento abreviado núm. 329/2018, cuyo objeto estaba

constituido por una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles de una finca sita en

El Campello, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la desestimación presunta, por silencio

administrativo, del recurso de reposición dirigido frente a la liquidación de IBI

correspondiente a la finca catastral núm. NUM000, por importe de 1230,66 euros,

declarando la expresada liquidación y la resolución que presuntamente desestima el

recurso de reposición dirigido frente a la misma ajustadas a Derecho.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia

IBI

8. IBI. SENTENCIA 507/2020 [19.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 6565/2018) Ponente: Ángel Aguallo Avilés.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1029 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir

la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que

alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor

catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores

catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio

del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores,

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de

sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la

asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la

liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuados por la

Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia,

a que no hemos referido repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes.

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la

sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de

Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado

debidamente motivado»

FALLO [Reitera doctrina]

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

SEGUNDO de esta sentencia, por remisión al fundamento jurídico tercero de [¿nuestra

sentencia de 20 de abril de 2020] , dictada en el recurso de casación núm. 5665/2018.

FD SEGUNDO.- Necesaria remisión a la sentencia dictada en el recurso de casación

núm. 5665/2018.

La totalidad de las cuestiones que el recurso plantea ha sido abordada y resuelta por

esta Sección en la sentencia dictada en el recurso de casación número 5665/2018, a la

que hemos de remitirnos por elementales exigencias de los principios de unidad de

doctrina y seguridad jurídica.

«SEGUNDO. La impugnación de la Diputación de Alicante y la cuestión que

presenta interés objetivo para la formación de jurisprudencia según el auto de

admisión del presente recurso.

1. La Diputación de Alicante considera que el juez de Alicante desconoce en su

sentencia tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la del Tribunal

Supremo respecto de la naturaleza jurídica de las Ponencias de Valores, de la que se

desprende que éstas son actos administrativos, y no disposiciones de carácter

general (aunque se aplique a una colectividad de interesados), y cuyo cauce de

impugnación, como acto que dicta el Director General del Catastro, es la

reclamación ante el TEAC (vía administrativa), y, posteriormente, ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (en sede judicial).

Destaca, además, que la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de este orden

jurisdiccional de la Audiencia Nacional de 19 de noviembre de 2013 desestimó el

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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recurso formulado contra la resolución de 11 de octubre de 2007, del Director

General del Catastro, que aprobó la Ponencia de Valores total de los bienes

inmuebles urbanos del término municipal de El Campello (Alicante).

2. El auto de admisión señala que tienen interés casacional objetivo para la

formación de jurisprudencia las siguientes cuestiones:

"1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir

la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que

alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor

catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.

2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores

catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio

del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores,

efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de

sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las

liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la

asignación de valores catastrales individualizados.

3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la

liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuados por la

Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia,

a que no hemos referido repetidamente, sentencias que además se refieren a otros

contribuyentes.

4 . Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la

sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de

Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado

debidamente motivado».

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal de SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA-DIPUTACIÓN DE ALICANTE contra la sentencia

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Alicante de fecha 13 de junio de

2018, dictada en el procedimiento abreviado núm. 315/2018, cuyo objeto estaba

constituido por una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles de una finca sita en

El Campello, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de D. Joaquín contra la resolución de fecha 22 de mayo de 2018,

dictada por SUMA Gestión Tributaria, desestimatoria del recurso de reposición dirigido

frente a la liquidación de IBI correspondiente a la finca catastral núm. NUM000, por

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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importe de 964,28 euros, declarando la expresada liquidación y la resolución que

desestima el recurso de reposición dirigido frente a la misma ajustadas a Derecho.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni en la

instancia.

IIVTNU

IX. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA (IIVTNU)

1. IIVTNU. SENTENCIA 472/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 1417/2019) Ponente: Francisco José Navarro Sanchís

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 1028/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«Discernir si resulta ajustado a Derecho determinar la base imponible del IIVTNU,

en caso de reconocida existencia de una plusvalía derivada de la aplicación de las

reglas legales del tributo, con arreglo al beneficio obtenido por el contribuyente con

la venta de un inmueble, según el resultado contable declarado siguiendo los

criterios establecidos a efectos de un tributo diferente e inconexo como es el

impuesto sobre sociedades y aplicando a tal ganancia el tipo de gravamen del

propio impuesto mencionado»

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

CUARTO de esta sentencia.

FD CUARTO.- Criterios interpretativos de esta sentencia.

Conforme a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, procede, en función de lo razonado

precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, lo que

debemos hacer por fuerza por remisión íntegra a lo razonado en el fundamento séptimo

de la sentencia de 9 de julio último.

Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de

esclarecimiento, consistente en […], debemos señalar lo siguiente:

En la medida en que los artículos 107.1 y 107.2.a) del TRLHL sólo adolecen de una

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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inconstitucionalidad parcial -o sometida a condición-, únicamente deberán ser

inaplicados, por inconstitucionales cuando, mediante prueba practicada por el sujeto

pasivo, jurídicamente idónea y eficaz para acreditar la evolución realmente

experimentada por el valor del concreto suelo a que vaya referido el gravamen, se haya

constatado cuál ha sido el incremento patrimonial realmente obtenido por el

contribuyente; y la determinación de la base imponible, efectuada según lo dispuesto

en ese mencionado artículo 107, conduzca al resultado de una cuota a satisfacer

superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

El efecto de la inaplicación derivada de esa específica inconstitucionalidad será que la

cuota exigible al contribuyente no podrá ser superior a ese incremento patrimonial

realmente obtenido que haya quedado acreditado, cuestión que, por lo demás, no ha

dado lugar a debate específico en el litigio de instancia.

FD QUINTO.- Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

La consecuencia de lo que antecede no puede ser otra que la desestimación del recurso

de casación.

La argumentación central de la sentencia de apelación, versó sobre la imputación de

error del cálculo realizado para determinar la cuota del impuesto, al tiempo que se

cuestiona la fórmula utilizada (la legalmente establecida), aplicando una fórmula

alternativa, la de determinar la base imponible prescindiendo total y absolutamente de

las reglas establecidas en el artículo 107 TRLHL y atendiendo, sorprendentemente, a los

preceptos que determinan la valoración de las ganancias patrimoniales a efectos del

impuesto sobre sociedades, tributo ajeno por completo al impuesto local controvertido;

y lo que resulta más inverosímil aún, calculando la cuota por aplicación del tipo de

gravamen de ese impuesto.

Por tanto, la propia demandante en la instancia y la sentencia que de ese modo

excéntrico le da la razón admiten la existencia de una plusvalía, puesta de manifiesto

con ocasión de la transmisión realizada, aunque lo pretendido, en realidad, no es otra

cosa que una alteración del criterio de cálculo que desconoce por completo el mandato

legal del artículo 107.4 TRLHL, al que debe estarse para determinar la base imponible

del impuesto, con los únicos límites definidos en la doctrina constitucional y en nuestra

jurisprudencia para supuestos distintos al que aquí se examina.

En síntesis, la desestimación del recurso de casación se impone por cuanto lo acordado

en la sentencia impugnada es manifiestamente disconforme, en lo atinente a la

determinación de la base imponible, con el mandato del artículo 107.4 del TRLH, lo que

basta para ratificar nuestra doctrina previa en aquéllos casos en que, bajo diversas

fórmulas matemáticas o económicas, se pretende establecer la ganancia o incremento

patrimonial que se grava -entre otras, la conocida como "formula Cuenca", aunque hay

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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otras alternativas creativas-, de un modo distinto al preceptivamente aplicable del

artículo 107.4 TRLHL.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la procuradora

[…], en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, contra la sentencia de

2 de octubre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria,

dictada en el recurso de apelación nº 343/2017, sentencia que se casa y anula,

manteniendo la desestimación acordada en la sentencia de 6 de junio de 2017, del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, recaída en

el recurso nº 276/2016 y la consiguiente conformidad a Derecho de la liquidación

tributaria impugnada en dicho proceso en concepto de IIVTNU.

TERCERO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.

IIVTNU

2. IIVTNU.SENTENCIA 435/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, , Sección

2ª, Rec. 1665/2019 Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 973 /2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

FALLO:

«1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en favor del

contribuyente actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la previa autoliquidación

presentada, practicada en un supuesto en que no hubo incremento de valor

probado, que han quedado firmes por haber sido consentidos antes de haberse

dictado tal sentencia.

2. En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta afirmativa,

habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por consentidos, dilucidar

en virtud de qué título jurídico -esto es, de qué causa legal de nulidad radical o de

pleno derecho, de las tipificadas numerus clausus en el artículo 217 LGT - operaría;

y, además, con qué limitación temporal»

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

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PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

QUINTO de esta sentencia.

FD QUINTO. Contenido interpretativo de esta sentencia.

Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos, estamos en condiciones de dar

respuesta a las cuestiones jurídicas que suscita el presente recurso, en el bien entendido

que debemos hacerlo -forzosamente- a tenor de las circunstancias fácticas y jurídicas de

este proceso, teniendo en cuenta las pretensiones en él deducidas y alterando en lo que

sea menester el auto de admisión del recurso de casación que nos ocupa.

Y el contenido interpretativo de esta sentencia, reformulando, como se ha dicho, las

cuestiones de interés casacional que el auto de admisión nos plantea, es el siguiente:

a) En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana, la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones

firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la

sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de mayo, debe efectuarse por

los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria.

b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto

refundido de la Ley de Haciendas Locales «en la medida en que (pueden) someter a

tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» no determina que las

liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía

administrativa incurran en el supuesto de nulidad de pleno derecho previsto en el

artículo 217.1.a) de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos tributarios no

han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez

que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único que ha sido tenido

en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el debate

procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de esa naturaleza.

2. No es posible, en el presente recurso, contestar a la cuestión que nos suscita el auto

de admisión en segundo lugar (determinar si concurren o no otros supuestos de nulidad

radical de aquellas liquidaciones firmes) por las razones que expusimos más arriba y que

descansan, fundamentalmente, en carecer de relevancia esos otros motivos de nulidad

para resolver el litigio y la presente casación.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por el

AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA contra la sentencia núm. 307/2018, de 31 de

octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 6 Valencia en el

procedimiento abreviado núm. 126/2018, sobre liquidación del Impuesto sobre el

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sentencia que se casa y

anula.

TERCERO. Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por

la representación procesal de […] contra la resolución del alcalde de Vila-Roja de Turia de

17 de enero de 2018, que inadmitió la petición de devolución de ingresos indebidos

formulada por la contribuyente indicada en relación con la liquidación firme del Impuesto

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relativa a la

transmisión del inmueble con referencia catastral NUM001, en cuanto dicha resolución

no debió ser de inadmisión, sino de desestimación de dicha petición al no ampararse la

misma en ninguno de los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley

General Tributaria y sin que, en definitiva, proceda la revisión de la liquidación firme

referida.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre

las causadas en la instancia.

IIVTNU

3, SENTENCIA 436/2020 [18.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª (Rec.

2596/2019). Ponente: Jesús Cudero Blas.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 970/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«1º. Si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en favor del contribuyente

actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de

los Terrenos, correctores de la previa autoliquidación presentada, practicada en un

supuesto en que no hubo incremento de valor probado, que han quedado firmes

por haber sido consentidos antes de haberse dictado tal sentencia.

2º Solo para el caso de que se diera a la pregunta anterior una respuesta

afirmativa, habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por

consentidos, en virtud de qué título jurídico -esto es, de qué causa legal de nulidad

radical o de pleno derecho, de las tipificadas numerus clausus en el artículo 217 LGT

- operaría; y, además, con qué limitación temporal»

(ATENCIÓN. Aclaración del Tribunal: «Por consiguiente, podemos responder a la primera

cuestión planteada por el auto de admisión, pero no a la segunda. Es decir, podemos

pronunciarnos sobre qué cauces son idóneos para pretender (y, en su caso, obtener) la

devolución de ingresos indebidos que tienen su origen en liquidaciones firmes; y

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

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podemos también pronunciarnos sobre si, en el caso de que fuera viable el

procedimiento de nulidad de pleno derecho, concurren aquí los supuestos contemplados

en el artículo 217.1.a), e), f) y g) de la Ley General Tributaria, únicos que podemos

considerar que tienen relevancia para resolver el asunto. No podríamos, sin embargo,

contestar a la segunda cuestión en su integridad porque ello exigiría analizar supuestos

(del 217.1 de la Ley General Tributaria) que no han estado en el pleito, que no han sido

tenidos en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que no son relevantes para

la solución del litigio»).

FALLO:

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

SEXTO de esta sentencia.

FD SEXTO. Contenido interpretativo de esta sentencia.

Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos, estamos en condiciones de dar

respuesta a las cuestiones jurídicas que suscita el presente recurso, en el bien entendido

que debemos hacerlo -forzosamente- a tenor de las circunstancias fácticas y jurídicas de

este proceso, teniendo en cuenta las pretensiones en él deducidas y alterando en lo que

sea menester el auto de admisión del recurso de casación que nos ocupa.

Y el contenido interpretativo de esta sentencia, reformulando, como se ha dicho, las

cuestiones de interés casacional que el auto de admisión nos plantea, es el siguiente:

a) En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana, la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones

firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la

sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de mayo, debe efectuarse por

los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria.

b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto

refundido de la Ley de Haciendas Locales «en la medida en que (pueden) someter a

tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» y del artículo 110.4 del

mismo texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y

que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de

pleno derecho previstos en las letras a), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley

General Tributaria, pues aquellos actos tributarios

(i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda

vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único que ha sido

tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el debate

procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de esa naturaleza;

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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(ii) no han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido;

(iii) no han provocado que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los

requisitos esenciales para esa adquisición y

(iv) no cabe identificar una norma con rango de ley que así establezca dicha nulidad

radical y, desde luego, ésta no puede ser la aducida por la parte recurrente en su

demanda (el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, referida a disposiciones generales y no a

actos administrativos, como la liquidación firme que nos ocupa).

2. No es posible, en el presente recurso, contestar por completo a la cuestión que nos

suscita el auto de admisión en segundo lugar (determinar si concurren o no otros

supuestos de nulidad radical de aquellas liquidaciones firmes) por las razones que

expusimos más arriba y que descansan, fundamentalmente, en carecer de relevancia

esos otros motivos de nulidad para resolver el litigio y la presente casación.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal del AYUNTAMIENTO DE CREIXELL contra la sentencia núm. 5/2019, de 8 de

enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona en

el procedimiento abreviado núm. 358/2018, sobre liquidación del Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sentencia que se casa y

anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del

ayuntamiento de Creixell de 14 de junio de 2018, que desestimó la petición de

devolución de ingresos indebidos y de nulidad de pleno derecho formulada por la

contribuyente indicada en relación con la liquidación firme del Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relativa a la transmisión del

inmueble con referencia catastral […] declarando la expresada resolución ajustada a

Derecho.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre

las causadas en la instancia.

IIVTNU

4. IIVTNU SENTENCIA 592/2020 [28.05.2020] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª

(Rec. 2503/2019) Ponente: Francisco José Navarro Sanchís.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ: Roj 1364 /2020]

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en favor del

contribuyente actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la previa autoliquidación

presentada, practicada en un supuesto en que no hubo incremento de valor

probado, que han quedado firmes por haber sido consentidos antes de haberse

dictado tal sentencia.

2. En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta afirmativa,

habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por consentidos, dilucidar

en virtud de qué título jurídico - esto es, de qué causa legal de nulidad radical o de

pleno derecho, de las tipificadas numerus clausus en el artículo 217 LGT - operaría;

y, además, con qué limitación temporal».

FALLO (en análogo sentido STS 435/2020,18.005.2020)

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

TERCERO de esta sentencia.

FD TERCERO.- Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

1. La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la estimación

del recurso de casación al descansar la sentencia recurrida en un presupuesto -la

concurrencia, en el caso, del motivo de nulidad previsto en el artículo 217.1.e) de la Ley

General Tributaria- que ha de reputarse erróneo.

2. Ello nos obliga a declarar que el acto administrativo impugnado en la instancia es

conforme a Derecho, pues rechazó que la liquidación tributaria firme cuya nulidad se

pretendía incurriera en los supuestos legales establecidos al efecto.

FD SEGUNDO.- Contenido interpretativo de esta sentencia.

Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos, estamos en condiciones de dar

respuesta a las cuestiones jurídicas que suscita el presente recurso, en el bien entendido

que debemos hacerlo -forzosamente- a tenor de las circunstancias fácticas y jurídicas de

este proceso, teniendo en cuenta las pretensiones en él deducidas y alterando en lo que

sea menester el auto de admisión del recurso de casación que nos ocupa.

El contenido interpretativo de esta sentencia, reformulando, como se ha dicho, las

cuestiones de interés casacional que el auto de admisión nos plantea, es el siguiente:

a) En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana, la solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones

firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de mayo, debe efectuarse por

los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria.

b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto

refundido de la Ley de Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a

tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" y del artículo 110.4 del

mismo texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y

que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de

pleno derecho previstos en las letras a), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley

General Tributaria, pues aquellos actos tributarios (i) no han lesionado derechos

fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la

Constitución (capacidad económica) -único que ha sido tenido en cuenta por el juez a

quo para estimar el recurso y que ha provocado el debate procesal en esta casación- no

es un derecho fundamental de esa naturaleza, (ii) no han prescindido por completo del

procedimiento legalmente establecido, (iii) no han provocado que el solicitante adquiera

facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para esa adquisición y (iv)

no cabe identificar una norma con rango de ley que así establezca dicha nulidad radical.

2. No es posible, en el presente recurso, contestar por completo a la cuestión que nos

suscita el auto de admisión en segundo lugar (determinar si concurren o no otros

supuestos de nulidad radical de aquellas liquidaciones firmes) por las razones que

expusimos más arriba y que descansan, fundamentalmente, en carecer de relevancia

esos otros motivos de nulidad para resolver el litigio y la presente casación.

SEGUNDO. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación

procesal del AYUNTAMIENTO DE CREIXELL contra la sentencia núm. 4/2019, de 8 de

enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona en

el procedimiento abreviado núm. 359/2018, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación de […] contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Creixell de 14 de junio de 2018, que desestimó la petición de

devolución de ingresos indebidos y de nulidad de pleno derecho formulada por la

contribuyente en relación con la liquidación firme del Impuesto citado.

CUARTO. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre

las causadas en la instancia.

IIVTNU

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

Jurisprudencia»

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SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO (MAYO, 2020)

[Información obtenida de la Web del Consejo General del Poder Judicial -

Acceso a la Jurisprudencia*]

5. IIVTNU. SENTENCIA 454/2020 [18.05.220] Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2ª,

de (Rec. 1068/2019) Ponente: José Antonio Montero Fernández.

[ATENCIÓN: Consultar texto original en WEB del CGPJ, TS Roj 984/2020]

Cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la

jurisprudencia:

«1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en favor del

contribuyente actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos, correctores de la previa autoliquidación

presentada, practicada en un supuesto en que no hubo incremento de valor

probado, firmes por haber sido consentidos antes de haberse dictado tal sentencia.

2. En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta afirmativa,

habilitante de esa posibilidad de revisión de actos firmes por consentidos, dilucidar

en virtud de qué título jurídico - esto es, de qué causa legal de nulidad radical o de

pleno derecho, de las tipificadas numerus clausus en el artículo 217 LGT- operaría;

y, además, con qué limitación temporal»

FALLO: (en análogo sentido STS 435/2020,18.05.2020.Rec. 1665/2019):

PRIMERO. Fijar los criterios interpretativos expresados en el FUNDAMENTO JURÍDICO

SEGUNDO de esta sentencia que se remite a lo dispuesto en la sentencia recaída en el

recurso de casación 1665/2019.

SEGUNDO. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador de los

tribunales don Óscar González Ledesma, en nombre y representación del

AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA, contra la sentencia del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo Nº. 2 de Toledo de fecha 5 de diciembre de 2018, dictada en

el procedimiento abreviado nº. 1404/2017, sobre nulidad y consiguiente devolución de

ingresos indebidos de la liquidación practicada por dicha Corporación en concepto de

IIVTNU por importe de 2.389,31 euros, sentencia que se casa y anula.

TERCERO. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

representación procesal de […] contra la resolución del Ayuntamiento de Numancia de la

Sagra de 27 de octubre de 2017, desestimatoria de la solicitud de revisión de acto nulo

de pleno derecho y devolución de ingresos indebidos, en relación con el IIVTNU liquidado

en 10 de junio de 2016, por importe de 2.389,31 euros, declarando las citadas

resoluciones ajustadas a Derecho por no concurrir en la liquidación la nulidad radical

invocada.

CUARTO. No hacer imposición de las costas procesales, ni de las de esta casación, ni las

causadas en la instancia.

* A LOS EFECTOS LEGALES oportunos y vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial, se hace constar que FUNDEF no

dispone de base de datos de jurisprudencia ni tiene el propósito de construirla en el futuro. FUNDEF, para el desarrollo de sus actividades propias, no realiza

descargas masivas o explota comercialmente los datos obtenidos de la Jurisprudencia difundida por dicho Consejo a través de su espacio «Consultas de

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JURISPRUDENCIA

TJUE

JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

UNIÓN EUROPEA

(MAYO, 2020)

[Información obtenida de EUR Lex*]

I. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Deducción IVA soportado - Excedente de IVA - Retención del

excedente tras el inicio de un procedimiento de inspección

tributaria - Solicitud de devolución de la parte del excedente

relativa a las operaciones no afectadas por dicho procedimiento -

Negativa de la Administración Tributaria. (Procedimiento prejudicial

– Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) -

Directiva 2006/2012)

ST.14.05.2020. ASUNTO C-446/2018.

Derecho de la Unión – Derecho Checo

(Observaciones presentadas, entre otros, por el Gobierno Español)

Objeto del asunto:

Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo

267 TFUE, por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-

Administrativo, República Checa), mediante resolución de 31 de

mayo de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de

2018, en el procedimiento entre X e Y.

CUESTIÓN PLANTEADA

« ¿Es compatible con el Derecho de la Unión y, en particular,

con el principio de neutralidad del IVA una medida de un

Estado miembro conforme a la cual se condiciona la liquidación

y devolución de una parte de las cuotas soportadas declaradas

a que finalice un procedimiento relativo a todas las

operaciones imponibles del período impositivo de que se

trate?»

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines

informativos, en esta sección se extraen de dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales

de los contenidos de las Sentencias.

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JURISPRUDENCIA – TJUE

[Información obtenida de EUR Lex*]

DECLARACIÓN:

I. HECHOS.

«Los artículos 179, 183 y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de

noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,

a la luz del principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a una normativa nacional que no prevé la posibilidad de que, antes

de la terminación de un procedimiento de inspección tributaria relativo a una

declaración del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que refleja un excedente en

un período impositivo determinado, la Administración tributaria conceda la

devolución de la parte de dicho excedente relativa a las operaciones que no son

objeto de ese procedimiento en el momento de su inicio, siempre que no sea posible

determinar de forma clara, precisa e inequívoca que un excedente de IVA, cuyo

importe puede ser eventualmente inferior al referido a las operaciones no

afectadas por dicho procedimiento, subsistirá cualquiera que sea el resultado de

este, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente»

- AGB presentó dos declaraciones de IVA relativas a los períodos impositivos

correspondientes a los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, en las que se

recogían excedentes de IVA por importe de 2 958 167 CZK (aproximadamente 116 462

euros) y de 1 559 241 CZK (aproximadamente 61 386 euros). Al albergar serias dudas

sobre la conformidad con la normativa de las operaciones relativas al aceite de colza

realizadas por AGB durante esos dos períodos impositivos, la Agencia Tributaria de la

Región de Bohemia Central inició procedimientos de inspección tributaria circunscritos

únicamente a dichas operaciones. Más concretamente, dado que, según sus

comprobaciones, el aceite de colza originario de Polonia había sido comercializado en la

República Checa en una forma no modificada antes de ser nuevamente entregado en

Polonia por AGB, la Agencia Tributaria de la Región de Bohemia Central cuestionaba el

cumplimiento de los requisitos necesarios para que AGB pudiera acogerse a la exención

del IVA en las entregas de aceite de colza y deducir el IVA soportado en las compras

relativas a dichas operaciones.

- El órgano jurisdiccional remitente:

i. Reconoce que las medidas nacionales adoptadas de conformidad con el artículo 273 de

la Directiva del IVA para luchar contra el fraude fiscal pueden dar lugar a una limitación

del derecho a deducción del IVA e inducir así a los Estados miembros, en virtud de la

autonomía procedimental que les reconoce el artículo 183 de dicha Directiva, a retener el

excedente de IVA en el contexto de una inspección tributaria. Al tiempo que recuerda,

refiriéndose en particular a los apartados 33 y 53 de la sentencia de 12 de mayo de 2011,

Enel Maritsa Iztok 3 (C-107/10, EU:C:2011:298), que tal retención no debe ir más allá de

lo necesario para llevar a cabo dicha inspección y que toda desventaja económica sufrida

por el sujeto pasivo debe compensarse con el pago de intereses de modo que se

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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JURISPRUDENCIA – TJUE

[Información obtenida de EUR Lex*]

garantice la observancia del principio de neutralidad fiscal, el órgano jurisdiccional

remitente señala que, conforme al apartado 49 de la sentencia de 28 de julio de 2016,

Astone (C-332/15, EU:C:2016:614), las medidas destinadas a luchar contra el fraude fiscal

no deben ser utilizadas de forma que comprometan sistemáticamente el derecho a

deducir el IVA y, por tanto, la neutralidad del IVA.

ii. Considera, esencialmente, que una normativa nacional que, como la normativa checa,

no reconoce, durante un determinado período, una prestación imponible declarada cuya

procedencia no suscita dudas o que ni siquiera autoriza la prueba de su procedencia,

compromete sistemáticamente el derecho a deducir el IVA. Así, según dicho órgano

jurisdiccional, cuando la conformidad a Derecho de determinadas prestaciones no es

objeto de duda dentro de un período impositivo, no debería autorizarse a la

Administración tributaria a retener el excedente de IVA correspondiente a esas

prestaciones. En efecto, dado que se cumplen los requisitos para la devolución de la

parte del excedente de IVA relativo a dichas prestaciones, esa parte del excedente no

debería retenerse durante más tiempo y debería ser objeto de devolución.

II. PARTICULARES

1ª PARTE.

UNO (27). Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,

esencialmente, si los artículos 179, 183 y 273 de la Directiva del IVA, a la luz del principio

de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una

normativa nacional que no prevé la posibilidad de que, antes de la terminación de un

procedimiento de inspección tributaria relativo a una declaración de IVA que refleja un

excedente correspondiente a un período impositivo determinado, la Administración

tributaria conceda la devolución de la parte de dicho excedente relativa a operaciones

que no son objeto del citado procedimiento en el momento de su inicio.

DOS (30). De lo dispuesto en el artículo 179, apartado 1, en relación con el artículo 183,

apartado 1, de la Directiva del IVA se desprende que un excedente de IVA resulta de una

operación aritmética efectuada globalmente por el sujeto pasivo para todo un período

impositivo, de modo que tal excedente de IVA solo puede figurar, en la declaración del

IVA, en forma de resultado único.

(31) Sin embargo, ese carácter global del cálculo del excedente de IVA no implica que

deba considerarse constitutivo -como han sostenido, en esencia, los Gobiernos checo y

español y la Comisión Europea en sus observaciones escritas y orales- de un todo

indisociable que sea imposible dividir en una parte controvertida y una parte no

cuestionada, respectivamente referidas a operaciones concretas contempladas y no

contempladas por un procedimiento de inspección tributaria como el que es objeto del

litigio principal.

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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TRES (32). En efecto, por una parte, como ha señalado la Abogada General en el punto 34

de sus conclusiones, del tenor del artículo 179 de la Directiva del IVA se desprende que

este artículo únicamente impone, en su apartado 1, la obligación del sujeto pasivo de

proceder globalmente a la deducción del IVA. Del mismo modo, el tenor del artículo

183, apartado 1, de dicha Directiva no se opone, por sí mismo, a un traslado o a una

devolución parciales o fraccionados del excedente de IVA.

(33) Esa interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscriben los

artículos 179 y 183 de la Directiva del IVA. En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de

Justicia, mientras que los artículos 178 a 183 de dicha Directiva se refieren únicamente a

las modalidades de ejercicio del derecho a deducir, la propia existencia de este derecho,

que nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible, se contempla en los

artículos 167 a 172 de la mencionada Directiva, que figuran en el capítulo 1 del título X de

esta, titulado «Nacimiento y alcance del derecho a deducir» (véase, en este sentido, la

sentencia de 28 de julio de 2011, Comisión/Hungría, C-274/10, EU:C:2011:530, apartado

44 y jurisprudencia citada). De ello se deduce que la Directiva del IVA establece una

clara distinción entre los requisitos materiales del derecho a la deducción del IVA y los

requisitos formales de ese derecho (sentencia de 28 de julio de 2016, Astone, C-332/15,

EU:C:2016:614, apartado 47).

Así pues, si bien el sujeto pasivo está obligado a cumplir las modalidades de ejercicio del

derecho a la deducción del IVA y, en particular, a presentar una declaración del IVA única

para todo un período impositivo, no puede impedírsele posteriormente, a falta de

disposiciones contrarias en dicha Directiva, que ejercite de manera parcial los derechos

y facultades materiales que le reconoce, para cada operación, el mencionado capítulo

1.

CUATRO.

i. (34) De los artículos 1, apartado 2, párrafo segundo, y 168, letra a), de dicha Directiva

se desprende que el sujeto pasivo es deudor del IVA o puede solicitar su deducción

respecto de cada operación que efectúe. Como ha señalado la Abogada General en el

punto 36 de sus conclusiones, el derecho a la deducción del IVA soportado se entiende,

por tanto, en relación con una operación concreta.

ii. (35) El Tribunal de Justicia ha precisado que, si bien los Estados miembros disponen

ciertamente de un margen al establecer las modalidades previstas en el artículo 183 de

la Directiva del IVA, esas modalidades no pueden vulnerar el principio de neutralidad

fiscal haciendo recaer sobre el sujeto pasivo, total o parcialmente, el peso del citado

impuesto. En particular, tales modalidades deben permitir al sujeto pasivo recuperar,

en condiciones adecuadas, la totalidad del crédito que resulte de ese excedente de IVA,

lo que implica que la devolución se efectúe en un plazo razonable, mediante un pago en

metálico o de manera equivalente, y que en todo caso el modo de devolución que se

adopte no debe suponer ningún riesgo financiero para el sujeto pasivo (véase, en este

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dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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sentido, la sentencia de 10 de julio de 2008, Sosnowska, C-25/07, EU:C:2008:395,

apartado 17 y jurisprudencia citada).

Pues bien, unas modalidades que, en una situación como la controvertida en el litigio

principal, no permitieran que un sujeto pasivo pudiera individuar una determinada parte

del excedente de IVA que considera no controvertida equivaldrían a impedir que el sujeto

pasivo pudiera invocar la existencia de esa parte no controvertida y reclamar su

devolución, obligándolo de este modo a soportar parcialmente el peso del impuesto,

con la consiguiente vulneración del principio de neutralidad fiscal.

2ª PARTE.

UNO (37) Por lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de en qué circunstancias

puede considerarse que la parte de un excedente de IVA no es efectivamente objeto de

controversia en el marco de un procedimiento de inspección tributaria que la

Administración tributaria, con arreglo a la normativa nacional, circunscriba a

determinadas operaciones de un período impositivo, procede señalar que, dado que el

excedente de IVA resulta de la operación aritmética recordada en los apartados 30 y 31

de la presente sentencia, solo es posible hablar de una parte no controvertida de dicho

excedente si el propio importe del impuesto devengado y el propio importe del

impuesto deducible relativos a dichas operaciones no son objeto de controversia. Es

preciso además que la Administración tributaria se haya cerciorado, al iniciar el

procedimiento de inspección tributaria de que se trate o durante su tramitación, de que

los elementos que se han utilizado para el cálculo de dicha parte ya no podrán

cuestionarse antes de la terminación de dicho procedimiento.

DOS. (38) Pues bien, si, al iniciar un procedimiento de inspección tributaria o durante su

tramitación, la Administración tributaria no puede descartar que, al término del

procedimiento, los importes del impuesto devengado y del impuesto deducible

correspondientes a las operaciones no afectadas por dicho procedimiento puedan variar

con respecto a los importes declarados por el sujeto pasivo, no puede considerarse que

la parte correspondiente del excedente de IVA en cuestión no sea objeto de controversia.

Es preciso además que la Administración tributaria se haya cerciorado, al iniciar el

procedimiento de inspección tributaria de que se trate o durante su tramitación, de que

los elementos que se han utilizado para el cálculo de dicha parte ya no podrán

cuestionarse antes de la terminación de dicho procedimiento.

TRES. (39) De ello se deduce que, para que pueda considerarse que una parte del

excedente de IVA no es objeto de controversia, no basta con que el sujeto pasivo

afirme unilateralmente que existe una parte de dicho excedente que no ha sido

cuestionada ni que parece existir tal parte por el mero hecho de que, al iniciar el

procedimiento de inspección de que se trate, la Administración tributaria haya

circunscrito ese procedimiento a algunas de las operaciones del sujeto pasivo. Por el

contrario, es necesario que la Administración tributaria se cerciore, por una parte, de

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que las posibles irregularidades de las que sospeche no puedan, si quedan probadas,

tener repercusiones en los importes de IVA devengado y de IVA deducible

correspondientes a las operaciones no contempladas por dicho procedimiento ni, por

tanto, en el importe del excedente de IVA que parece no controvertido y, por otra parte,

de que no se verá obligada a ampliar el alcance de ese mismo procedimiento para incluir

en él la totalidad o una parte de las operaciones originales no sometidas a inspección.

Tales elementos deben deducirse de manera clara, precisa e inequívoca de todos los

documentos del procedimiento de inspección tributaria y de las circunstancias

pertinentes del caso.

CUATRO. (40) En ese contexto, es preciso recordar, por una parte, que, en principio, el

plazo para realizar la devolución del excedente de IVA puede prolongarse para efectuar

una inspección tributaria, sin que ese plazo prolongado deba considerarse no razonable si

la prolongación no va más allá de lo necesario para concluir el procedimiento de

inspección […, y, por otra parte, que, cuando la devolución al sujeto pasivo de ese

excedente se produce más allá de un plazo razonable, el principio de neutralidad del

sistema tributario del IVA exige que las pérdidas económicas generadas, en perjuicio

del sujeto pasivo, por la indisponibilidad de los importes de que se trate sean

compensadas mediante el pago de intereses de demora (sentencia de 28 de febrero de

2018, Nidera, C-387/16, EU:C:2018:121, apartado 25 y jurisprudencia citada).

CINCO. (41) Habida cuenta de que la Directiva del IVA y, en particular, su artículo 273

reconocen y promueven el objetivo de lucha contra el fraude, la evasión fiscal y los

eventuales abusos y de que los justiciables no pueden ampararse en las normas del

Derecho de la Unión de forma fraudulenta o abusiva, corresponde a las autoridades y a

los órganos jurisdiccionales nacionales denegar el derecho a la deducción cuando

resulte acreditado, mediante datos objetivos, que este derecho se invoca de forma

fraudulenta o abusiva (véanse, en ese sentido, las sentencias […]. Así, en el contexto de

los procedimientos de inspección tributaria, las autoridades tributarias, con el fin último

de determinar correctamente el importe del impuesto, deberán no solo disipar las dudas

que puedan tener respecto a la conformidad a Derecho de determinadas operaciones

efectuadas por el sujeto pasivo, sino también asegurarse de que las posibles

irregularidades que detecten no sean de mayor amplitud de lo que sospechan.

SEIS. (44) [El] principio de buena administración exige que una autoridad administrativa

como la Administración tributaria de que se trata en el litigio principal proceda, en el

marco de las obligaciones de comprobación que le incumben, a un examen diligente e

imparcial de todos los aspectos pertinentes, de modo que se asegure de que dispone, al

adoptar su decisión, de los datos más completos y fiables posibles para ello […]. Además,

esa obligación de diligencia, que tiene como corolario el derecho de toda persona a que

las autoridades administrativas tramiten sus asuntos de forma imparcial, equitativa y

dentro de un plazo razonable, exige, esencialmente, que estas examinen, con diligencia

e imparcialidad, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate, incluidos,

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muy especialmente, los relativos a las alegaciones formuladas por un sujeto pasivo, como

en este caso X.

(45). Esta jurisprudencia resulta aplicable también en caso de que el sujeto pasivo afirme

que las sospechas que la autoridad tributaria tiene sobre la corrección de una parte de

las operaciones que se han incluido en la declaración de IVA controvertida no pueden

tener repercusiones en las operaciones no afectadas por el procedimiento de

inspección tributaria ni sobre una parte del excedente de IVA recogido en dicha

declaración y que, por ello, existe una parte de dicho excedente no controvertida. En

efecto, el sujeto pasivo puede tener un interés legítimo en obtener una decisión de la

Administración tributaria que confirme que dicho procedimiento quedará circunscrito

únicamente a determinadas operaciones, máxime cuando estas operaciones solo afecten

a una pequeña parte de la actividad económica del sujeto pasivo.

SIETE. (48) Por consiguiente, procede considerar que, en caso de que un sujeto pasivo

invoque la existencia de una parte no controvertida del excedente de IVA en el contexto

de un procedimiento de inspección tributaria, la Administración tributaria solo está

obligada a devolver o trasladar la parte del excedente de IVA que, habida cuenta de las

dudas que haya manifestado en dicho procedimiento y a la vista de las circunstancias

pertinentes del caso, pueda identificar de manera clara, precisa e inequívoca, con

independencia del resultado del citado procedimiento, tomando en consideración todo

el período impositivo que sea objeto de la declaración de IVA inicial. Tal obligación de

devolución o traslado, dado que se refiere a un período impositivo determinado, se

impone no a la vista únicamente de los importes de impuesto devengado e impuesto

deducible correspondientes a las operaciones no afectadas por el procedimiento de

inspección tributaria, identificados como no controvertidos por la Administración

tributaria, sino en relación con la parte del excedente de IVA que subsistirá

independientemente del resultado de tal procedimiento y que es el único que en última

instancia puede considerarse no controvertido. A este respecto, cabe señalar que esa

parte no controvertida del excedente de IVA puede, en su caso, ser inferior a la parte

del excedente reclamada por el sujeto pasivo en relación con dichos importes,

reconocidos como no controvertidos por la Administración tributaria.

51. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión

prejudicial planteada que los artículos 179, 183 y 273 de la Directiva del IVA, a la luz del

principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a

una normativa nacional que no prevé la posibilidad de que, antes de la terminación de un

procedimiento de inspección tributaria relativo a una declaración de IVA que refleja un

excedente en un período impositivo determinado, la Administración tributaria conceda la

devolución de la parte de dicho excedente relativa a las operaciones que no son objeto

de ese procedimiento en el momento de su inicio, siempre que no sea posible

determinar de forma clara, precisa e inequívoca que un excedente de IVA, cuyo importe

puede ser eventualmente inferior al referido a las operaciones no afectadas por dicho

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

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procedimiento, subsistirá cualquiera que sea el resultado de este, extremo que

corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

III. CONCLUSIÓN (51)

«Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión

prejudicial planteada que los artículos 179, 183 y 273 de la Directiva del IVA, a la

luz del principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que no

se oponen a una normativa nacional que no prevé la posibilidad de que, antes de la

terminación de un procedimiento de inspección tributaria relativo a una

declaración de IVA que refleja un excedente en un período impositivo

determinado, la Administración tributaria conceda la devolución de la parte de

dicho excedente relativa a las operaciones que no son objeto de ese procedimiento

en el momento de su inicio, siempre que no sea posible determinar de forma clara,

precisa e inequívoca que un excedente de IVA, cuyo importe puede ser

eventualmente inferior al referido a las operaciones no afectadas por dicho

procedimiento, subsistirá cualquiera que sea el resultado de este, extremo que

corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

2 Procedimiento prejudicial – Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) —

Directiva 2006/112/CE - Artículo 90 - Artículos 184 a 186 - Principio de neutralidad del

IVA - Regularización de la deducción del impuesto inicialmente practicada - Descuentos

concedidos por entregas intracomunitarias e internas de bienes.

Derecho de la Unión – Derecho Rumano

ST. 28.05.2020. ASUNTO C-684/2018

Objeto del asunto: petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo

267 TFUE, el Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía, mediante resolución de 26 de

septiembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2018, en el

procedimiento entre [A SRL) Y DGR.

CUESTIONES PLANTEADAS

1) ¿Se oponen el artículo 90 de la [Directiva sobre el IVA] y el principio de

neutralidad del IVA a una normativa interna (o a una práctica administrativa

basada en una normativa no clara) que deniega a una sociedad el derecho a la

deducción del IVA proporcional al valor del descuento aplicado a unas entregas

internas de bienes, por el hecho de que la factura fiscal emitida por el proveedor

intracomunitario (como representante de un grupo empresarial) refleja el

descuento global, concedido tanto por los productos intracomunitarios como por

los productos internos suministrados en virtud del mismo contrato marco, pero

contabilizados estos últimos como adquisiciones del Estado miembro de referencia

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

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(de un miembro del grupo, con otro número de identificación del IVA distinto del de

la factura de descuento)?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial ¿se opone el

principio de proporcionalidad a que se deniegue al beneficiario el derecho a la

deducción del IVA proporcional al valor del descuento concedido globalmente por el

proveedor intracomunitario, en el supuesto de que el proveedor local (miembro del

mismo grupo) haya cesado en su actividad económica y ya no pueda reducir la base

imponible de las entregas emitiendo una factura con su propio número de

identificación del IVA para obtener la devolución de la diferencia de IVA devengado

en exceso?»

DECLARACIÓN:

I. HECHOS.

1) El artículo 185 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe

interpretarse en el sentido de que las autoridades tributarias nacionales deben

someter a un sujeto pasivo a una regularización de la deducción del impuesto

sobre el valor añadido inicialmente practicada cuando, como consecuencia de la

obtención por este último de descuentos por entregas internas de bienes, tales

autoridades consideran que la deducción inicialmente practicada era superior a

la que ese sujeto pasivo tenía derecho a practicar.

2) El artículo 185 de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de

que de que obliga a regularizar una deducción del impuesto sobre el valor

añadido (IVA) inicialmente practicada respecto de un sujeto pasivo establecido

en un Estado miembro, aun cuando el proveedor de ese sujeto pasivo haya

dejado de operar en dicho Estado miembro y, por ello, tal proveedor ya no pueda

solicitar la devolución de una parte del IVA que pagó.

- WCT, sociedad establecida en Rumanía, celebró el 1 de abril de 2004 un contrato de

distribución de productos de telefonía móvil con «NK» Por virtud de ese contrato la

primera de las partes citadas adquirió a la segunda diversos productos de telefonía móvil.

Tales productos fueron entregados a WCT por NK desde Finlandia, Alemania, Hungría y

Rumanía.

Para las entregas intracomunitarias de los citados productos desde Finlandia, Alemania y

Hungría, NK utilizaba, respectivamente, sus números de identificación de IVA finlandés,

alemán y húngaro. Por razón de tales entrega NK emitió facturas exentas de IVA y WCT

contabilizó el IVA en Rumanía, aplicando el mecanismo de la autoliquidación. Para las

entregas internas de dichos productos desde Rumanía, NK emitió facturas incluyendo su

número de identificación de IVA rumano y WCT contabilizó el IVA como IVA deducible.

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

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[Información obtenida de EUR Lex*]

- NK concedía trimestralmente a WCT descuentos cuantitativos por la venta de los

productos de telefonía móvil, a saber, reducciones en el precio concedidas al alcanzarse

determinado umbral cuantitativo. Dicho umbral cuantitativo se calculaba al margen del

lugar de entrega de los productos. Para tales descuentos NK emitía cada trimestre una

única factura en la que reflejaba un saldo negativo, acompañado del signo «-» (menos).

Dicha factura incluía su número de identificación de IVA finlandés, aunque una parte de

los productos a los que se referían tales descuentos habían sido entregados desde

Rumanía. WCT contabilizaba la totalidad del importe de los descuentos obtenidos

como correspondiente a operaciones intracomunitarias.

- En una inspección, las autoridades tributarias rumanas declararon que WCT había

contabilizado de manera errónea el IVA, al no haber diferenciado entre las entregas

internas y las entregas intracomunitarias. Según tales autoridades, WCT debería haber

contabilizado separadamente el IVA de los descuentos correspondientes a las entregas

internas y el de los descuentos referidos a las entregas intracomunitarias de los

productos en cuestión. En consecuencia, las autoridades tributarias practicaron una

liquidación…, que también incluía intereses y recargos de demora.

[El Tribunal Superior de Bucares (Rumanía) precisa, en respuesta a una solicitud de

aclaraciones del Tribunal de Justicia, que el importe de la liquidación correspondía

a la diferencia entre el importe de la deducción inicialmente practicada y un

importe reevaluado del IVA deducible, teniendo en cuenta la base imponible

rectificada como consecuencia de los descuentos obtenidos por las entregas

internas de los productos de telefonía móvil en Rumanía]

- En el curso de la sustanciación judicial WCT alegó que la exigencia de la Administración

tributaria de contabilizar por separado el IVA de los descuentos correspondientes a las

entregas internas y el de los descuentos referidos a las entregas intracomunitarias

constituye un formalismo excesivo. Sostiene que en nada afecta al presupuesto del

Estado el modo en que contabilizó esos descuentos concedidos por NK, añadiendo WCT

que tal exigencia es contraria al principio de neutralidad del IVA, habida cuenta de que,

en el momento de la inspección fiscal, NK había dejado de operar en Rumanía y ya no

podía emitir una factura que incluyera un número de identificación de IVA rumano por

los descuentos cuantitativos correspondientes a las entregas internas de productos de

telefonía móvil en Rumanía.

A la vista de estas alegaciones, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si podría

denegarse la regularización de su derecho a la deducción del IVA a una sociedad respecto

de la que se ha considerado que reúne los requisitos materiales para tal regularización

por el hecho de que la normativa nacional o la práctica administrativa nacional prohíben

la deducción del IVA en caso de que un proveedor haya emitido una única factura tanto

por los productos que fueron objeto de entregas internas como por los que fueron objeto

de entregas intracomunitarias.

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El órgano jurisdiccional remitente:

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i) Se pregunta: 1º. Si el principio de proporcionalidad se opone a que las autoridades

tributarias nacionales obliguen a WCT a devolver la diferencia entre el importe de la

deducción inicialmente practicada y un importe reevaluado del IVA deducible; 2º Si el

artículo 90 de la Directiva sobre el IVA (que atribuye a los Estados miembros la tarea de

determinar las condiciones concretas en las que se reduce la base imponible) obliga a

adoptar una normativa clara y previsible en relación con los requisitos materiales y

formales para ejercer el derecho a la deducción.

Dicho órgano jurisdiccional pretende dilucidar si, a falta de tal normativa nacional, es

posible denegar un derecho a la deducción del IVA.

ii) Solicita que se dilucide, en particular, si las citadas autoridades pueden exigir tal

restitución en una situación como la del litigio principal, en la que la base imponible ha

sido rectificada como consecuencia de los descuentos obtenidos por las entregas de los

productos de telefonía móvil efectuadas en Rumanía, siendo así que NK había dejado de

operar en ese Estado miembro y ya no estaba en condiciones de emitir una factura por

los descuentos correspondientes a las entregas internas que incluyera su número de

identificación de IVA rumano.

II. PARTICULARES

A) SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN PREJUDICIAL

UNO. [27] En el caso de autos, procede señalar que la primera cuestión prejudicial versa

sobre la interpretación del artículo 90 de la Directiva sobre el IVA, el cual contempla, en

su apartado 1, los casos de anulación, rescisión, impago total o parcial o reducción del

precio después del momento en que la operación quede formalizada, y obliga a los

Estados miembros a reducir la base imponible y, en consecuencia, el importe del IVA

adeudado por el sujeto pasivo cada vez que, después de haberse convenido una

transacción, una parte o la totalidad de la contraprestación no sea percibida por este

último.

DOS. [30-31] Procede:

- Entender que la primera cuestión prejudicial pregunta si el artículo 185 de la Directiva

sobre el IVA debe interpretarse en el sentido de que las autoridades tributarias

nacionales pueden someter a un sujeto pasivo a una regularización de la deducción del

IVA inicialmente practicada cuando, como consecuencia de la obtención, por este último,

de descuentos sobre entregas internas de bienes, tales autoridades consideran que la

deducción del IVA inicialmente practicada era superior a la que ese sujeto pasivo tenía

derecho a practicar.

- Recordar que los artículos 184 a 186 de la Directiva sobre el IVA determinan las

condiciones en las que la Administración tributaria puede exigir una regularización por

parte de un sujeto pasivo. El mecanismo de regularización previsto por dichos artículos

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[Información obtenida de EUR Lex*]

forma parte del régimen de deducción del IVA establecido por la citada Directiva y tiene

como finalidad aumentar la precisión de las deducciones con el fin de asegurar la

neutralidad del IVA.

TRES. [33-34 ]- Del artículo 185, apartado 1, de esta Directiva se desprende que la

regularización de una deducción inicialmente practicada se efectuará, en particular,

cuando con posterioridad a la declaración del IVA se hayan producido modificaciones en

los elementos tomados en consideración para la determinación de la cuantía de las

deducciones, concretamente en los casos de rebajas obtenidas.

De la interpretación conjunta de los artículos 184 y 185, apartado 1, de la Directiva sobre

el IVA se desprende que, cuando, a raíz de la modificación de alguno de los elementos

inicialmente tomados en consideración para calcular las deducciones, resulta necesaria

una regularización, el cálculo del importe de esa regularización debe dar como

resultado que el importe de las deducciones finalmente practicadas corresponda al que

el sujeto pasivo hubiera tenido derecho a practicar si esa modificación se hubiera

tenido en cuenta inicialmente.

CUATRO. [35-36 ] En el caso de autos:

I) De la información proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende

que los descuentos obtenidos por WCT correspondientes a las entregas internas de los

productos de telefonía móvil en Rumanía redujeron el importe del IVA deducible por esas

entregas según fue inicialmente calculado por las autoridades tributarias.

ii) Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede regularizar la deducción

del IVA inicialmente practicada, de modo que, mediante esa modificación, el importe de

dicha deducción corresponda en último término al de la deducción que el sujeto pasivo

habría tenido derecho a practicar si tal modificación se hubiera tenido en cuenta

inicialmente.

CINCO. [37 ]. El hecho de que el sujeto pasivo no disponga de una factura distinta emitida

por el proveedor nacional que refleje los descuentos concedidos por las entregas

internas, sino únicamente de una factura global expedida por el proveedor

intracomunitario, que también afecta a la base imponible de las entregas internas, no le

exime de respetar la exigencia, a raíz de la reducción de precio obtenida, de regularizar

la deducción del IVA inicialmente practicada, pues tal exigencia forma parte integrante

del régimen de deducción del IVA establecido por la Directiva sobre el IVA.

CONCLUSIÓN.

«El artículo 185 de la Directiva sobre el IVA debe interpretarse en el sentido de

que las autoridades tributarias nacionales deben someter a un sujeto pasivo a

una regularización de la deducción del IVA inicialmente practicada cuando, como

consecuencia de la obtención por este último de descuentos por entregas

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internas de bienes, tales autoridades consideran que la deducción inicialmente

practicada era superior a la que ese sujeto pasivo tenía derecho a practicar»

III. SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL

El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 185 de la Directiva

sobre el IVA debe interpretarse en el sentido de que obliga a regularizar una deducción

del IVA inicialmente practicada respecto de un sujeto pasivo establecido en un Estado

miembro, aun cuando el proveedor de ese sujeto pasivo haya dejado de operar en

dicho Estado miembro y, por tanto, ese proveedor ya no pueda solicitar la devolución de

una parte del IVA que pagó.

1 [40-41-42-43] De la información proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente

se desprende que, para oponerse a la regularización del IVA, WCT se apoya en el hecho

de que su proveedor, que dejó de operar en Rumanía, ya no está registrado a efectos del

IVA en ese Estado miembro y, por ello, ya no está en condiciones de emitir una factura

por los descuentos correspondientes a las entregas nacionales que incluya un número de

identificación de IVA rumano ni de solicitar, ante las autoridades tributarias rumanas, la

devolución de una parte del IVA que había pagado.

A este respecto, procede señalar que el hecho de que el propio IVA devengado por el

proveedor del sujeto pasivo no esté regularizado es irrelevante a efectos del derecho de

la Administración tributaria nacional competente a exigir la regularización del IVA

deducido por un sujeto pasivo. Tal circunstancia no figura entre las excepciones

establecidas en el artículo 185, apartado 2, de la Directiva sobre el IVA, que enumera los

distintos casos en los que no procede la regularización de una deducción inicialmente

practicada.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la circunstancia de que el propio IVA

devengado por el proveedor de un sujeto pasivo no haya sido regularizado es irrelevante

a efectos del derecho de la Administración tributaria de obtener la restitución del IVA

deducido por un sujeto pasivo.

CONCUSIÓN

«El artículo 185 de la Directiva sobre el IVA debe interpretarse en el sentido de

que obliga a regularizar una deducción del IVA inicialmente practicada respecto

de un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro, aun cuando el proveedor

de ese sujeto pasivo haya dejado de operar en dicho Estado miembro y, por ello,

tal proveedor ya no pueda solicitar la devolución de una parte del IVA que pagó»

3. Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) -

Directiva 2006/112/CE - Artículo 44 - Reglamento de ejecución (UE) n.º 282/2011 -

Artículo 11, apartado 1 - Prestación de servicios - Lugar de conexión a efectos fiscales -

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Concepto de “establecimiento permanente” - Sujeto pasivo del IVA - Filial de una

sociedad de un tercer Estado localizada en un Estado miembro.

ST. 7.05. 2020. ASUNTO C-547/2018

Derecho de la Unión (Acuerdo de Libre Comercio - Derecho Polaco

Objeto del asunto: interpretación del artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del

Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el

valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de

febrero de 2008 y del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º

282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de

aplicación de la Directiva 2006/112.

Esta petición ha sido presentada en el contexto de un litigio entre DOG y el Director de la

Administración Tributaria de Breslavia (Polonia) en lo relativo a la decisión de este último

(en lo sucesivo, el DIRECTOR) de practicarle una liquidación complementaria por el

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

CUESTIONES PLANTEADAS

«1) ¿Puede deducirse la existencia de un establecimiento permanente en Polonia,

a los efectos del artículo 44 de la Directiva 2006/112[…] y del artículo 11, apartado

1, del Reglamento de Ejecución n.º 282/2011 […], de la mera circunstancia de que

una sociedad con sede fuera de la Unión Europea posea una sociedad filial

establecida en Polonia?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿está obligado un tercero a

examinar las relaciones contractuales entre la sociedad con sede fuera de la Unión

y su sociedad filial, con el fin de determinar si la primera sociedad posee un

establecimiento permanente en Polonia?»

DECLARACIÓN

«El artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión

modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, y los

artículos 11, apartado 1, y 22, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º

282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen

disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112, deben interpretarse en el

sentido de que un prestador de servicios no puede deducir la existencia, en el

territorio de un Estado miembro, de un establecimiento permanente de una

sociedad domiciliada en un tercer Estado del mero hecho de que esa sociedad

posea una filial en dicho Estado miembro y de que el prestador de servicios no está

obligado a investigar, a efectos de tal apreciación, las relaciones contractuales

entre las dos entidades»

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I. HECHOS

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- El 27 de octubre de 2010, DOG (sociedad que se rige por el Derecho polaco), celebró

con LG-C (sociedad de Derecho coreano con domicilio social en Seúl [Corea del Sur]) un

contrato de prestación de servicios de montaje de tarjetas de circuitos impresos (en lo

sucesivo, «PCB») con materiales y componentes que eran propiedad de LG-C. Los

materiales y los componentes necesarios para completar las citadas PCB se despachaban

en aduana y se entregaban posteriormente a DOG por una filial de LG-C (en lo sucesivo la

FILIAL) sociedad regida por el Derecho polaco.

DOG enviaba las PCB a la FILIAL la cual, en base a un contrato con LG- C, utilizaba dichas

PCB para producir módulos TFT LCD. Estos módulos, que eran propiedad de LG-C, se

entregaban a otra sociedad, LG-G. Dicha FILIAL dispone de medios de producción propios

y tiene número de IVA distinto al de LG-C

- DOG facturó los servicios de montaje de PCB a LG-C considerándolos no sujetos al IVA

en territorio polaco. Por su parte, LG- C aseguró a DOG que no disponía de un

establecimiento permanente en Polonia y que no tenía empleados ni poseía inmuebles o

equipos técnicos en territorio polaco.

- El DIRECTOR consideró:

i) Que DOG había ejecutado las prestaciones de servicios de montaje de PCB en Polonia,

dado que la FILIAL constituía un establecimiento permanente de LG-Ga. Por ello, el 28 de

febrero de 2017, dicho Director reclamó a DOG el importe del IVA relativo a los servicios

de montaje que esta empresa había ejecutado durante el año 2012.

ii) Añadió que DOG estaba obligada, no a atenerse únicamente a la declaración de LG-C,

conforme a la cual esta empresa no disponía de un establecimiento permanente en

Polonia, sino a examinar, con arreglo al artículo 22 del Reglamento de Ejecución n.º

282/2011, quién era el beneficiario real de los servicios que prestaba, y que dicho

examen le habría permitido concluir que ese beneficiario era en realidad la FILIAL.

- El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si puede deducirse la existencia de un

establecimiento permanente de la mera existencia de una filial o si el prestador de

servicios debe tomar en consideración las relaciones contractuales entre la sociedad

matriz y la filial. A este respecto, el citado órgano jurisdiccional señala que los contratos

de colaboración que vinculan a la sociedad matriz y a la filial, en base a los cuales las

autoridades tributarias polacas han determinado la existencia de un establecimiento

permanente, se recabaron en el contexto de un procedimiento tributario distinto del que

dio origen al litigio principal y no eran accesibles para el prestador de servicios afectado

por este último procedimiento.

II.PARTICULARES

Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el

órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 44 de la Directiva

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2006/112 así como el artículo 11, apartado 1, y el artículo 22, apartado 1, del Reglamento

de Ejecución n.º 282/2011 deben interpretarse en el sentido de que un prestador de

servicios puede deducir la existencia, en el territorio de un Estado miembro, de un

establecimiento permanente de una sociedad con sede en un tercer Estado por el mero

hecho de que esa sociedad posee una filial en dicho Estado miembro o si el prestador de

servicios está obligado a investigar, a efectos de tal apreciación, las relaciones

contractuales entre las dos entidades [23].

1.ª PARTE

UNO. [24] El artículo 44 de la Directiva 2006/112 establece, en su primera frase, que el

lugar de prestación de servicios a un sujeto pasivo que actúe como tal será el lugar en el

que este tenga la sede de su actividad económica. No obstante, en su segunda frase, el

mencionado artículo dispone que, si dichos servicios se prestan a un establecimiento

permanente del sujeto pasivo que esté situado en un lugar distinto de aquel en el que

tenga la sede de su actividad económica, el lugar de prestación de dichos servicios será el

lugar en el que esté situado ese establecimiento permanente.

- El Tribunal de Justicia ha declarado [26 ] ya que, si bien el punto de conexión más útil

para determinar el lugar de realización de las prestaciones de servicios, desde el punto de

vista fiscal, y, por tanto, prioritario, es aquel en el que el sujeto pasivo ha establecido la

sede de su actividad económica, la toma en consideración de un establecimiento

permanente del sujeto pasivo constituye una .excepción a dicha regla general, siempre

que concurran determinadas condiciones.

- Para prevenir [27] la aparición de circunstancias que puedan poner en peligro el buen

funcionamiento del sistema común del IVA, el legislador de la Unión ha previsto, en el

artículo 44 de la Directiva 2006/112, que, cuando el servicio haya sido prestado a un

establecimiento que pueda calificarse de establecimiento permanente del sujeto pasivo,

deberá considerarse que el lugar de prestación de los servicios es el lugar en el que se

encuentra dicho establecimiento permanente.

DOS. [28] Conforme al tenor del artículo 11 del Reglamento de Ejecución n.º 282/2011,

se entenderá por «establecimiento permanente» cualquier establecimiento, distinto de

la sede de la actividad económica contemplada en el artículo 10 de ese Reglamento, que

se caracterice por un grado suficiente de permanencia y una estructura adecuada en

términos de medios humanos y técnicos que le permitan recibir y utilizar los servicios que

se presten para las necesidades propias de dicho establecimiento.

- No puede [30] excluirse que la filial que se posea para el ejercicio de tal actividad por

parte de la sociedad matriz domiciliada en Corea del Sur pueda constituir un

establecimiento permanente de dicha sociedad matriz, en un Estado miembro de la

Unión, a efectos del artículo 44 de la Directiva 2006/112, interpretado a la luz del artículo

11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución n.º 282/2011. Por consiguiente, la reserva

mencionada en el apartado anterior ([29]. Acuerdo de libre Comercio: se opone a la

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posibilidad de que las empresas coreanas desarrollen directamente una actividad

económica en Polonia) no es relevante para la interpretación del concepto de

«establecimiento permanente» a efectos del artículo 44 de la Directiva 2006/112.

- La toma en consideración [31 ] de la realidad económica y mercantil constituye un

criterio fundamental para la aplicación del sistema común del IVA. Por ello, la calificación

de un establecimiento de establecimiento permanente no puede depender únicamente

del régimen jurídico de la entidad de que se trate. Si bien es posible [32] que una filial

constituya un establecimiento permanente de su sociedad matriz tal calificación depende

de las condiciones materiales establecidas por el Reglamento de Ejecución n.º 282/2011,

en particular en su artículo 11, que deben examinarse a la luz de la realidad económica y

mercantil.

2.ª PARTE

UNO. [34] Respecto a si el prestador de servicios de que se trata está obligado a examinar

las relaciones contractuales entre dicha sociedad y su filial para determinar si la primera

dispone de un establecimiento permanente en ese Estado miembro, cabe señalar que el

órgano jurisdiccional remitente hace referencia, en su resolución de remisión, al artículo

22 del Reglamento de Ejecución n.º 282/2011

DOS. [35] El antes citado artículo 22 (Reglamento de Ejecución n.º 282/2011) establece

una serie de criterios que dicho prestador de servicios debe tener en cuenta para

identificar el establecimiento permanente del cliente destinatario del servicio.

Se trata, en primer lugar, del examen de la naturaleza y la utilización del servicio prestado

al sujeto pasivo destinatario. Seguidamente, si tal examen no permite identificar el

establecimiento permanente del cliente destinatario del servicio, debe examinarse, en

particular, si el contrato, la hoja de pedido y el número de identificación a efectos del IVA

atribuido por el Estado miembro del cliente destinatario del servicio y que este le haya

comunicado identifican al establecimiento permanente como cliente destinatario del

servicio y si el establecimiento permanente es la entidad que abona el servicio.

Por último, cuando los dos criterios mencionados anteriormente no permitan identificar

el establecimiento permanente del cliente destinatario del servicio, el prestador podrá

considerar válidamente que los servicios se prestaron en el lugar en el que el cliente

destinatario del servicio estableció la sede de su actividad económica.

[36] Como han manifestado los Gobiernos polaco y del Reino Unido y la Comisión

Europea, del mencionado artículo 22 no se desprende que el prestador de servicios de

que se trata esté obligado a examinar las relaciones contractuales entre una sociedad

domiciliada en un tercer Estado y su filial domiciliada en un Estado miembro para

determinar si la primera dispone de establecimiento permanente en ese Estado

miembro. En efecto, en concreto, el apartado 1, párrafo segundo, del citado artículo se

refiere al contrato de prestación de servicios entre el prestador y el sujeto pasivo

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destinatario del servicio y no a las relaciones contractuales entre tal sujeto pasivo

destinatario y una entidad que pueda identificarse, en su caso, como su establecimiento

permanente.

[37] Como señaló la Abogada General, no se puede obligar al prestador de servicios a que

investigue las relaciones contractuales entre una sociedad matriz y su filial, cuando no

tiene acceso, en principio, a tales datos, obligaciones que corresponden a las autoridades

tributarias.

III. CONCLUSIONES:

«Habida cuenta de las consideraciones anteriores procede responder a las

cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 44 de la Directiva 2006/112 y

los artículos 11, apartado 1, y 22, apartado 1, del Reglamento de Ejecución n.º

282/2011 deben interpretarse en el sentido de que un prestador de servicios no

puede deducir la existencia, en el territorio de un Estado miembro, de un

establecimiento permanente de una sociedad domiciliada en un tercer Estado del

mero hecho de que esa sociedad posea una filial en dicho Estado miembro y de

que el prestador de servicios no está obligado a investigar, a efectos de tal

apreciación, las relaciones contractuales entre las dos entidades»

II. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Procedimiento prejudicial - Artículos 49 TFUE y 54 TFUE - Libertad de establecimiento -

Legislación tributaria - Impuesto sobre Sociedades - Sociedades matrices y filiales -

Consolidación fiscal vertical y horizontal.

ST.14.05.2020. ASUNTO C-749/18.

Normativa Interpretada: TFUE- DERECHO LUXEMBURGUES

Objeto del asunto: Interpretación de los artículos 49 y 54, ambos del Tratado

Fundacional. La petición de decisión prejudicial se ha presentado en el contexto de un

litigio entre tres sociedades luxemburguesas, B, C y D, por un lado, y la Administración de

Impuestos Directos ( Luxemburgo), por otro, en relación con la denegación de su solicitud

conjunta de concesión del régimen de consolidación fiscal relativo a los ejercicios fiscales

de 2013 y 2014.

CUESTIONES PLANTEADAS

«1) ¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y 54 TFUE en el sentido de que se

oponen a la normativa de un Estado miembro sobre un régimen de consolidación

fiscal que permite la consolidación de los resultados de sociedades de un mismo

grupo exclusivamente en el supuesto de consolidación fiscal vertical entre una

sociedad matriz residente o un establecimiento permanente nacional de una

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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sociedad matriz no residente y sus filiales residentes y, en cambio, se opone a la

consolidación fiscal horizontal únicamente de las filiales tanto de una sociedad

matriz no residente y sin establecimiento permanente nacional como de una

sociedad matriz residente o no residente pero que dispone de un establecimiento

permanente nacional?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben interpretarse los

artículos 49 TFUE y 54 TFUE en el sentido de que se oponen a esa misma normativa

de un Estado miembro sobre un régimen de consolidación fiscal y, más

concretamente, a la estricta separación entre los regímenes de consolidación

vertical (entre una sociedad matriz principal y sus filiales directas o indirectas) y

horizontal (entre dos o más filiales residentes de una sociedad matriz principal que

se queda al margen del perímetro de consolidación fiscal) que se deriva de dicha

normativa y a la obligación que resulta de ella de disolver un grupo de

consolidación vertical preexistente para poder constituir un grupo de consolidación

fiscal horizontal, habida cuenta de que:

- al admitir la normativa del Estado miembro en cuestión únicamente la

consolidación fiscal vertical, para poder acogerse a este régimen, aun cuando la

sociedad matriz última resida en otro Estado miembro, se constituyó previamente

una consolidación fiscal vertical entre una sociedad matriz principal dominante a

nivel nacional residente en el Estado miembro en cuestión (al mismo tiempo filial

intermediaria de la sociedad matriz última residente en otro Estado miembro) y las

filiales de la sociedad principal residentes;

- se deniega a las sociedades hermanas de la sociedad matriz principal dominante

del Estado miembro de que se trata (y, por tanto, también filiales de la sociedad

matriz última residente en otro Estado miembro) la incorporación a la

consolidación fiscal existente por considerar incompatibles los dos regímenes de

consolidación fiscal vertical y horizontal; y

- la inclusión de dichas sociedades hermanas en el perímetro de consolidación de

los resultados entre sociedades del grupo implica la disolución de la consolidación

fiscal vertical preexistente -con las consiguientes consecuencias fiscales negativas

derivadas del incumplimiento del período mínimo de duración de la consolidación

previsto por el Derecho nacional- y la constitución de una nueva consolidación

fiscal horizontal aun cuando la sociedad dominante residente (en la que se

consolidan los resultados de las sociedades dependientes del grupo) sigue siendo

la misma?

3) En caso de que también se responda afirmativamente a la segunda cuestión,

¿deben interpretarse los artículos 49 TFUE y 54 TFUE, conjuntamente con el

principio del efecto útil del Derecho de la Unión, en el sentido de que se oponen a

esa misma normativa de un Estado miembro sobre un régimen de consolidación

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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fiscal y, más concretamente, a la aplicación de un requisito temporal en virtud del

cual toda solicitud a efectos de la adopción del régimen de consolidación fiscal

tiene que presentarse obligatoriamente ante la autoridad competente antes de

que finalice el primer ejercicio para el que se solicita la aplicación de dicho

régimen, habida cuenta de que:

- considerando que la respuesta a las dos primeras cuestiones sea afirmativa, dicha

normativa excluía de manera incompatible con la libertad de establecimiento una

consolidación fiscal horizontal exclusivamente entre filiales de una misma sociedad

matriz y la modificación de un grupo de consolidación fiscal vertical existente

mediante la incorporación de sociedades hermanas de la sociedad dominante;

- con anterioridad a la publicación de la sentencia [de 12 de junio de 2014, SCA

Group Holding y otros (C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758]), la práctica

administrativa y la jurisprudencia del Estado miembro en cuestión admitían la

validez de dicha normativa;

- a raíz de la publicación de [dicha] sentencia […] y cuando aún no había finalizado

el ejercicio 2014, varias empresas presentaron una solicitud para unirse a un grupo

de consolidación fiscal existente mediante una consolidación fiscal horizontal con

la sociedad dominante del grupo existente, invocando a tales efectos esta

sentencia; y

- dicha solicitud se refería no solo al ejercicio 2014, todavía en curso en la fecha de

su presentación, sino también al ejercicio anterior, correspondiente al año 2013, a

partir del cual las sociedades implicadas cumplían todos los requisitos de fondo

compatibles con el Derecho de la Unión para formar parte del grupo de

consolidación fiscal?»

DECLARACIÓN

1) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se

oponen a una normativa de un Estado miembro que, si bien admite una

consolidación fiscal vertical entre una sociedad matriz residente o un

establecimiento permanente, en ese Estado miembro, de una sociedad matriz no

residente y sus filiales residentes, no admite una consolidación fiscal horizontal

entre las filiales residentes de una sociedad matriz no residente.

2) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se

oponen a una normativa de un Estado miembro que tiene por efecto obligar a una

sociedad matriz domiciliada en otro Estado miembro a disolver una consolidación

fiscal vertical existente entre una de sus filiales y algunas de sus subfiliales

residentes para permitir a esa filial llevar a cabo una consolidación fiscal horizontal

con otras filiales residentes de dicha sociedad matriz, pese a que la filial

consolidante residente sigue siendo la misma y la disolución de la consolidación

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

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I. HECHOS

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fiscal vertical antes de que finalice la duración mínima de la existencia de la

consolidación prevista por la legislación nacional implica una rectificación

impositiva individual para las sociedades afectadas.

3) Los principios de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido

de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa a un régimen

de consolidación fiscal que establece que toda solicitud de concesión de tal régimen

debe presentarse obligatoriamente ante la autoridad competente antes de que

finalice el primer ejercicio fiscal para el que se solicita la aplicación de dicho

régimen.

- B es una sociedad luxemburguesa residente fiscalmente en Luxemburgo cuya sociedad

matriz es la sociedad anónima francesa A, residente fiscal en Francia.

A partir del 1 de enero de 2008, B constituyó, junto con su filial E, un grupo fiscalmente

consolidado vertical en el marco del régimen de consolidación fiscal, en el sentido del

artículo 164 bis de la LIR (Ley relativa al Impuesto sobre la Renta). Este grupo se amplió

progresivamente a otras filiales de B del siguiente modo: a partir del 1 de enero de 2010,

a la sociedad F; a partir del 1 de enero de 2011, a la sociedad G, que posteriormente fue

absorbida por la sociedad F; a partir del 1 de enero de 2012, a la sociedad H; y, a partir

del 1 de enero de 2013, a las sociedades I, J, K y L. En el marco de este grupo fiscalmente

consolidado vertical progresivamente ampliado, B asumió el papel de sociedad de

cabecera del grupo, con al menos el 95 % del capital social de todas las filiales cuyo

domicilio social y administración central se encontraban en Luxemburgo, de manera

que la totalidad de los resultados de las sociedades del grupo fueron consolidados a

efectos fiscales a cargo de B.

C y D son sociedades luxemburguesas fiscalmente residentes en Luxemburgo, cuyo

capital pertenece indirectamente a la sociedad francesa A. La sociedad B no posee

ninguna participación en el capital de aquellas dos sociedades.

- Mediante dos escritos fechados el 8 de diciembre de 2014 y presentados el 22 de

diciembre de 2014, B, C y D solicitaron acogerse al régimen de consolidación fiscal, en el

sentido del artículo 164 bis de la LIR, a partir del 1 de enero de 2013 y del 1 de enero de

2014, respectivamente. Mediante decisión de 3 de febrero de 2015, la Oficina Tributaria

de Sociedades de la Administración de Impuestos Directos (Luxemburgo; en lo sucesivo,

«Oficina Tributaria») denegó dichas solicitudes debido a que B, C y D no cumplían los

requisitos establecidos en el artículo 164 bis de la LIR.

-. Ante el órgano jurisdiccional remitente, la Administración de Impuestos Directos

solicita la confirmación de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de

6 de diciembre de 2017, en la medida en que esta confirmó la denegación del régimen de

consolidación fiscal para el período que comenzó el 1 de enero de 2013. No obstante,

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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esta Administración se adhiere a la apelación contra dicha sentencia, en la medida en que

el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo consideró fundado el recurso de B, C y D

respecto al ejercicio fiscal de 2014.

II. PARTICULARES (Sobre las cuestiones prejudiciales)

A) Observaciones preliminares.

1. De las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, único

competente para interpretar el Derecho nacional en el marco del sistema de cooperación

judicial establecido en el artículo 267 TFUE, se desprende que el artículo 164 bis de la LIR,

en su versión modificada, introdujo la posibilidad de realizar una consolidación fiscal

horizontal entre una sociedad filial residente y otras sociedades filiales residentes de una

sociedad matriz no consolidante residente o no residente. No obstante, según dicho

órgano jurisdiccional, esta modificación solo es aplicable «a partir del ejercicio fiscal de

2015». Por consiguiente, los ejercicios fiscales de 2013 y de 2014, controvertidos en el

litigio principal, siguen rigiéndose por el artículo 164 bis de la LIR.

2. El órgano jurisdiccional remitente expone asimismo que el régimen de consolidación

fiscal, previsto en el artículo 164 bis de la LIR, constituye un régimen especial de

imposición del beneficio consolidado de un grupo de sociedades e implica que todas las

sociedades comprendidas en el perímetro de consolidación determinen sus propios

resultados contables y fiscales, eliminen de sus respectivos resultados contables las

dobles deducciones o dobles imposiciones que puedan derivarse de las operaciones

realizadas entre las sociedades del grupo y que estos resultados se consoliden

únicamente a nivel de la sociedad consolidante -lo que supone una compensación entre

los resultados positivos y negativos de las sociedades de que se trate- para llegar a un

resultado fiscal consolidado imponible únicamente a cargo de la sociedad consolidante.

Con arreglo al artículo 164 bis de la LIR, tal consolidación fiscal no se concebía sin la

participación de la sociedad matriz y solo dentro del perímetro de consolidación de una

única jurisdicción tributaria.

3. Con arreglo a la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, el régimen de

consolidación fiscal es un derecho de los contribuyentes que cumplen los requisitos

materiales establecidos en el artículo 164 bis de la LIR, de modo que la Oficina Tributaria

competente está obligada a conceder su aprobación cuando, tras su verificación,

comprueba que se cumplen los requisitos materiales.

B) Cuestiones prejudiciales. Respuestas.

1. Primera cuestión prejudicial.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,

en esencia, si los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se

oponen a una normativa de un Estado miembro que, si bien admite una consolidación

fiscal vertical entre una sociedad matriz residente o un establecimiento permanente, en

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ese Estado miembro, de una sociedad matriz no residente y sus filiales residentes, no

admite una consolidación fiscal horizontal entre las filiales residentes de una sociedad

matriz no residente.

1.1. [21] La libertad de establecimiento que el artículo 49 TFUE reconoce a los nacionales

de la Unión implica para ellos el acceso a las actividades por cuenta propia y su ejercicio,

así como la constitución y gestión de empresas, en las mismas condiciones definidas por

la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales.

Comprende, conforme al artículo 54 TFUE, para las sociedades constituidas con arreglo a

la legislación de un Estado miembro y cuyo domicilio estatutario, administración central

o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión, el derecho a ejercer su

actividad en el Estado miembro de que se trate por medio de una filial, sucursal o

agencia.

Respecto a las sociedades, procede recordar que su domicilio, en el sentido del artículo

54 TFUE, sirve para determinar, a semejanza de la nacionalidad de las personas físicas, su

sujeción al ordenamiento jurídico de un Estado miembro. No obstante, admitir que el

Estado miembro de residencia pueda aplicar libremente un trato distinto por el mero

hecho de que el domicilio de una sociedad se halle en otro Estado miembro privaría de

contenido al artículo 49 TFUE. La libertad de establecimiento pretende garantizar, en

efecto, el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, al prohibir

cualquier discriminación basada en el domicilio de las sociedades [22].

1.2. [23] Un régimen de consolidación fiscal como el controvertido en el litigio principal

constituye una ventaja fiscal para las sociedades interesadas. Mediante una

compensación entre los resultados positivos y negativos de las sociedades comprendidas

en el perímetro de consolidación y la consolidación de esos resultados imputándolos a la

sociedad matriz consolidante, el régimen de consolidación fiscal confiere a ese grupo una

ventaja de tesorería.

Con arreglo al artículo 164 bis de la LIR, se concede tal ventaja fiscal a las sociedades

matrices residentes en Luxemburgo o a los establecimientos permanentes, en ese Estado

miembro, de las sociedades matrices no residentes, permitiendo que los resultados

fiscales de las filiales residentes se consoliden en esas sociedades matrices y

establecimientos permanentes [24]

1.3. [25] Por lo tanto, la normativa controvertida en el litigio principal crea una

diferencia de trato entre, por un lado, las sociedades matrices que tengan su domicilio

social en Luxemburgo, que, gracias al régimen de consolidación fiscal, pueden, en

particular, compensar los resultados positivos de sus filiales beneficiarias con los

resultados negativos de sus filiales deficitarias y, por otro lado, las sociedades matrices

que también controlan filiales en Luxemburgo pero que tienen su domicilio social en otro

Estado miembro y que no disponen de un establecimiento permanente en Luxemburgo,

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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que no pueden beneficiarse de ese régimen de consolidación fiscal y, por tanto, de la

ventaja fiscal a la que ese régimen da derecho.

La diferencia de trato apuntada en el párrafo anterior no queda desvirtuada por las

alegaciones del Gobierno luxemburgués, que aduce en sus observaciones escritas que

todas las sociedades sometidas a la soberanía fiscal del Gran Ducado de Luxemburgo

disfrutan del mismo trato. Según dicho Gobierno, por una parte, si una sociedad matriz

no residente poseyera un establecimiento permanente en Luxemburgo, este podría

beneficiarse del mismo trato que las sociedades matrices residentes. Por otra parte,

incluso en una situación puramente interna, no podría realizarse una consolidación fiscal

entre las filiales de una sociedad matriz sin la participación de la sociedad matriz.

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que de la petición de decisión

prejudicial se desprende que el litigio principal no versa sobre la posibilidad de que la

sociedad matriz no residente esté incluida en el régimen de consolidación fiscal

luxemburgués del mismo modo que sus filiales residentes, sino únicamente sobre la

posibilidad de proceder a la consolidación horizontal de los resultados de las propias

filiales, todas ellas residentes en Luxemburgo. Por consiguiente, la circunstancia de que la

sociedad matriz no residente no esté sometida a la soberanía fiscal luxemburguesa

carece de pertinencia [27]

Es cierto [28] que, en una situación puramente interna, la consolidación fiscal entre las

filiales residentes de una sociedad matriz residente no puede efectuarse sin la

participación de esta. No obstante, cuando no se permite la consolidación fiscal

horizontal entre las filiales residentes de una sociedad matriz residente, la consolidación

de los resultados de esas filiales puede aun así obtenerse, como se ha señalado en el

apartado 25 de la presente sentencia, mediante la consolidación de los resultados de

dichas filiales en el resultado de la sociedad matriz.

Pues bien, cuando se trata de filiales de una sociedad matriz no residente, la

consolidación de los resultados de las filiales no es posible ni mediante una consolidación

fiscal vertical ni mediante una consolidación fiscal horizontal.

1.4. [30] Por último, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el

artículo 49 TFUE, párrafo primero, segunda frase, deja expresamente a los agentes

económicos la posibilidad de elegir libremente la forma jurídica apropiada para el

ejercicio de sus actividades en otro Estado miembro y que está libre elección no debe

ser limitada por disposiciones fiscales discriminatorias Por tanto, carece de relevancia la

alegación de que la creación, en Luxemburgo, de un establecimiento permanente o de

una filial intermediaria que asuma la función de la sociedad matriz de las filiales

existentes habría permitido a la sociedad matriz no residente obtener la consolidación

fiscal de los resultados de sus filiales residentes.

1.5. En la medida en que, en el plano fiscal, van en detrimento de las situaciones

transfronterizas en comparación con las situaciones puramente internas, las

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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disposiciones de la LIR controvertidas en el asunto principal constituyen una restricción

prohibida, en principio, por las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de

establecimiento. [31]

Solo cabe admitir tal restricción si afecta a situaciones que no son objetivamente

comparables o si resulta justificada por una razón imperiosa de interés general y

proporcionada a dicho objetivo. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la

comparabilidad entre una situación transfronteriza y una situación interna debe

examinarse teniendo en cuenta el objetivo de la normativa nacional controvertida [33]

1.6. La diferencia de trato entre las sociedades matrices que tienen su domicilio social en

Luxemburgo y las sociedades matrices que tienen su domicilio social en otro Estado

miembro y que no poseen un establecimiento permanente en Luxemburgo en cuanto a la

posibilidad de proceder a la consolidación fiscal de los resultados de sus filiales en

Luxemburgo afecta a situaciones que son objetivamente comparables.

En efecto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el régimen de

consolidación fiscal establecido en el artículo 164 bis de la LIR está previsto por razones

de neutralidad fiscal, con el fin de permitir una tributación consolidada de una parte de

las sociedades del grupo o de todas las sociedades del grupo. Pues bien [36] , este

objetivo puede alcanzarse, por lo que se refiere a la consolidación de los resultados de las

filiales establecidas en Luxemburgo y a su tributación en dicho Estado miembro, tanto

por los grupos cuya sociedad matriz también está establecida en dicho Estado miembro

como por aquellos cuya sociedad matriz no lo está

Ni el órgano jurisdiccional remitente ni el Gobierno luxemburgués han expuesto motivos

de interés general que permitan justificar, en su caso, la diferencia de trato provocada

por el régimen de consolidación fiscal controvertido en el litigio principal.

CONCLUSIÓN:

Procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 49 TFUE y 54

TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un

Estado miembro que, si bien admite una consolidación fiscal vertical entre una

sociedad matriz residente o un establecimiento permanente, en ese Estado

miembro, de una sociedad matriz no residente y sus filiales residentes, no admite

una consolidación fiscal horizontal entre las filiales residentes de una sociedad

matriz no residente.

2. Segunda cuestión prejudicial.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,

en esencia, si los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se

oponen a una normativa de un Estado miembro que tiene por efecto obligar a una

sociedad matriz domiciliada en otro Estado miembro a disolver una consolidación fiscal

vertical existente entre una de sus filiales y algunas de sus subfiliales residentes para

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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permitir a esa filial llevar a cabo una consolidación fiscal horizontal con otras filiales

residentes de dicha sociedad matriz, pese a que la filial consolidante residente sigue

siendo la misma y la disolución de la consolidación fiscal vertical antes de que finalice la

duración mínima de la existencia de la consolidación prevista por la legislación nacional

implica una rectificación impositiva individual para las sociedades afectadas.

2.1. Procede señalar, en primer lugar, que, como precisa el órgano jurisdiccional

remitente en su petición de decisión prejudicial, el régimen de consolidación fiscal

horizontal, introducido por el artículo 164 bis de la LIR, en su versión modificada, está

concebido como un régimen de consolidación alternativo al régimen de consolidación

vertical, de modo que ambos regímenes se excluyen mutuamente y el paso de un

régimen a otro conlleva la disolución del grupo fiscalmente consolidado preexistente.

Además, siempre según el órgano jurisdiccional remitente, aunque el artículo 164 bis de

la LIR, en su versión modificada, no puede aplicarse retroactivamente a los ejercicios

fiscales controvertidos en el litigio principal, procede interpretar el artículo 164 bis de la

LIR aplicable a esos ejercicios fiscales teniendo en cuenta la separación entre los

regímenes de consolidación fiscal vertical y horizontal, lo que implica la obligación de

poner fin a una consolidación fiscal vertical preexistente antes de poder constituir un

grupo de consolidación fiscal horizontal [41].

Pues bien, la disolución de un grupo fiscalmente consolidado antes de que finalice la

duración mínima de la existencia de dicha consolidación, fijada en cinco ejercicios

contables por el artículo 164 bis, apartado 4, de la LIR, tiene como consecuencia una

rectificación impositiva individual para todas las sociedades que no hayan cumplido dicha

duración mínima. Esta rectificación impositiva individual se efectúa respecto a los años

para los que ya no se admite una consolidación de los resultados.

De la petición de decisión prejudicial resulta que, con arreglo a la normativa nacional

controvertida en el litigio principal, cuando se trata de un grupo constituido por una

sociedad matriz con domicilio social en Luxemburgo y por filiales residentes, una filial

residente puede unirse a una consolidación fiscal preexistente y luego abandonarla al

final de la duración mínima de cinco ejercicios contables, de modo que, en el ámbito de

las filiales consolidadas, cualquier modificación de la composición del grupo fiscalmente

consolidado no implica la disolución del antiguo grupo fiscalmente consolidado y la

creación de un nuevo grupo.

2.2. De lo anterior se desprende que una sociedad matriz domiciliada en Luxemburgo

puede decidir libremente incorporar una filial residente a una consolidación fiscal

preexistente y excluirla de ella tras una duración mínima de cinco años, con la

consecuencia de que dicha filial se encuentra de nuevo sujeta al régimen de tributación

individual, sin que ninguna de esas operaciones tenga como consecuencia la disolución

del antiguo grupo consolidado y la creación de un nuevo grupo.

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

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En cambio [44], la separación entre los regímenes de consolidación fiscal vertical y

horizontal, tal como la presenta el órgano jurisdiccional remitente, tiene como

consecuencia que una sociedad matriz que tenga su domicilio social en otro Estado

miembro y que no disponga de un establecimiento permanente en Luxemburgo solo

podrá proceder a una consolidación de sus filiales residentes a costa de la disolución de

una consolidación fiscal vertical existente entre una de esas filiales y algunas de sus

subfiliales residentes. Cuando la consolidación entre esa filial residente y sus subfiliales

residentes no haya sido efectiva, para todas las sociedades afectadas o solo para algunas

de ellas, durante todo el período mínimo de cinco años previsto por la normativa

nacional controvertida en el litigio principal, la disolución de la consolidación existente

tendrá como consecuencia una rectificación impositiva para las sociedades afectadas.

La posibilidad de incluir una filial en una consolidación fiscal preexistente, sin que ello

implique la disolución del antiguo grupo consolidado y la creación de un nuevo grupo,

constituye una ventaja fiscal para las sociedades afectadas [45] .

2.3. En el caso de autos, una sociedad matriz que tenga su domicilio social en un Estado

miembro distinto del Gran Ducado de Luxemburgo sufre, debido a la obligación de tener

que disolver un grupo consolidado existente antes de poder proceder a una

consolidación fiscal horizontal entre sus filiales residentes, un trato desfavorable en

comparación con una sociedad matriz que tenga su domicilio social en dicho Estado

miembro. Contrariamente [47] a lo que sostiene el Gobierno luxemburgués en sus

observaciones escritas, es irrelevante a este respecto la circunstancia de que, en una

situación puramente interna, ninguna sociedad pueda formar parte simultáneamente

de dos grupos consolidados.

En efecto [48] como se ha señalado en los apartados 25, 28 y 43 de la presente sentencia,

una sociedad matriz que tenga su domicilio social en Luxemburgo puede lograr, no

obstante, que los resultados de una filial se consoliden con los resultados de sus otras

filiales residentes, incorporando dicha filial a la consolidación fiscal vertical existente. Por

tanto, en tal situación interna, no se plantea el problema de la existencia simultánea de

dos grupos consolidados y solo la sociedad matriz no residente se enfrenta a la

obligación de disolver el antiguo grupo consolidado preexistente para proceder a la

consolidación de los resultados de sus filiales residentes.

2.4. [49]. En consecuencia, el hecho de que una sociedad matriz no residente y sin un

establecimiento permanente en Luxemburgo solo pueda proceder a una consolidación

horizontal entre sus filiales residentes a costa de la disolución de una consolidación

vertical existente entre una de esas filiales y algunas de sus subfiliales residentes es

desfavorable para las situaciones transfronterizas en comparación con las situaciones

puramente internas. Tal obligación de hecho constituye una restricción prohibida, en

principio, por las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, en el

sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia.

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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Con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 32 de la presente sentencia,

solo cabe admitir tal restricción si afecta a situaciones que no son objetivamente

comparables o resulta justificada por una razón imperiosa de interés general y

proporcionada a dicho objetiva [50] .

2.5. El Gobierno luxemburgués alega que una situación en la que una sociedad matriz

domiciliada en Luxemburgo incorpora una filial residente a una consolidación fiscal

vertical no es comparable, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

recordada en el apartado 33 de la presente sentencia, a una situación en la que una filial

de una sociedad cuyo domicilio social se encuentra en otro Estado miembro desea llevar

a cabo una consolidación con otra filial, en la medida en que la incorporación de una filial

a la consolidación fiscal vertical solo es posible si la sociedad matriz posee directa o

indirectamente el 95 % de las participaciones de la filial y una filial que desee proceder a

una consolidación con otra filial no posee el 95 % de esa filial.

Pues bien [52], en la medida en que, como se desprende del apartado 35 de la presente

sentencia, el objetivo de una tributación consolidada de una parte de las sociedades de

un grupo o de todas las sociedades de ese grupo puede ser obtenido, en lo que atañe a la

consolidación de los resultados de las filiales residentes en Luxemburgo y a su tributación

en dicho Estado miembro, tanto por los grupos cuya sociedad matriz está establecida en

ese Estado miembro como por aquellos cuya sociedad matriz no lo está, es preciso

señalar que, cuando la sociedad matriz establecida en otro Estado miembro posee

directa o indirectamente el 95 % de las participaciones de las filiales residentes que

desean consolidar sus resultados, la diferencia de trato no puede estar justificada por

una diferencia objetiva en la situación.

Por otra parte, ni el órgano jurisdiccional remitente ni el Gobierno luxemburgués han

expuesto razones imperiosas de interés general que justifiquen tal restricción [53].

CONCLUSIÓN:

Procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 49 TFUE y

54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de

un Estado miembro que tiene por efecto obligar a una sociedad matriz domiciliada

en otro Estado miembro a disolver una consolidación fiscal vertical existente entre

una de sus filiales y algunas de sus subfiliales residentes para permitir a esa filial

llevar a cabo una consolidación fiscal horizontal con otras filiales residentes de

dicha sociedad matriz, pese a que la filial consolidante residente sigue siendo la

misma y la disolución de la consolidación fiscal vertical antes de que finalice la

duración mínima de la existencia de la consolidación prevista por la legislación

nacional implica una rectificación impositiva individual para las sociedades

afectadas.

* En todo caso, deben consultarse los textos originales publicados por EUR Lex por cuanto que, a tan solo fines informativos, en esta sección se extraen de

dichos textos «particulares» que no siempre son reproducciones literales de los contenidos de las Sentencias.

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SISA, ALCABALA Y PAPEL SELLADO…

Número 1 – julio 2020

Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros.



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