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Edición 09 de julio de 2021

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2 Viernes 9 de julio de 2021

Nacionales

Diario Co Latino

Exigen al Ejecutivo respeto al ejercicio

periodístico y libertad de prensa

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Este es un

nuevo intento

de intimidar

al periodismo que

ha demostrado que la

corrupción no es potestad

de la izquierda

o la derecha; también

de los que se vendieron

como algo diferente”,

manifestó César

Castro Fagoaga,

nuevo presidente de

la APES, en reacción

a las denuncias del

abuso de funcionarios

públicos contra el

gremio periodístico.

La Mesa de Protección

a Periodistas, integrada

por la APES,

PDDH, FESPAD,

MPCTI, ARPAS y

la UCA, se pronunciaron

públicamente

ante lo que consideran

“vulneraciones a

la libertad de prensa”

cometidos por funcionarios

y empleados

púbicos que irrespeta

las garantías para ejercer

el periodismo en

El Salvador.

Castro Fagoaga

presentó un resumen

de tres denuncias

puntuales de actos

de violencia contra

periodistas en las

últimas 72 horas. Estos

son el caso del reportero

Luis Muñoz,

Canal 33, ocurrido

el 5 de julio, cuando

cuestionó al magistrado

Oscar López Jerez,

nuevo presidente

de la Corte Suprema

de Justicia (CSJ).

“Oscar López Jerez

llamó -periodista

La Mesa de Protección a Periodistas, integrada Por aPes, PddH, FesPad, MPcti, arPas y La Uca, se PronUnciaron

PúbLicaMente. Foto diario co Latino/Javier díaz

de mentalidad pobre- a

Luis Muñoz, por la pregunta

que hizo sobre la

relación de López Jerez

nez,

condenado por co-

al año 2014, cuando López

Jerez utilizó su in-

Martínez, para burlar

una investigación penal

por evasión de impuestos”,

reveló Castro.

Aclaró que la intención

es “desviar la atención”

de temas más relevantes

como, el destino

de fondos millonarios,

el gasto del Ejecutivo

y los casos de corrupción

que se publican

por investigaciones

periodísticas, que es el

aporte principal de los

medios de comunicación

en un Estado de

Derecho.

“Nosotros creemos

que la población debe

conocer el pasado del

magistrado que ha sido

impuesto a dirigir la institución

que reparte o

debería administrar la

justicia en el país”, consideró.

Mientras, los otros

dos hechos registrados

el 7 de julio, Castro Fa-

sos

muy graves”. El primero

referido a la expulsión

del periodista

mexicano Daniel Lizárraga,

editor general del

periódico El Faro, que

ayer por la mañana salió

del país. Pese a que

su permiso le permitía

sente

mes.

“El gobierno de (Nayib)

Bukele le dio cinco

días para abandonar

el país, porque – Migración-

según declaraciones

de Carlos Dada,

fundador de El Faro,

Daniel Lizárraga no

pudo acreditar que era

periodista. Cuando es

uno de los periodistas y

maestro más reconocidos

de América Latina,

formador de periodistas

en todo el continente”.

“El argumento esgrimido

es ridículo y no

es la razón de su expulsión;

sino el acoso permanente

que tienen

contra varios medios

de comunicación entre

ellos, El Faro, y otros

medios que han denunciado

casos de corrupción

del actual Gobierno”,

reiteró Castro.

El tercer caso y la segunda

del 7 de julio es la

agresión física contra el

periodista de El Diario

de Hoy, Jorge Beltrán

Luna, a manos de un subinspector

de la Policía

Nacional Civil, que estimó

Castro Fagoaga,

una acción “cobarde”

del agente policial.

“Este es un hecho

totalmente repudiable

y es inaceptable que la

PNC cruce una línea

roja al agredir a los

periodistas, nada absolutamente

nada jus-

agreda a un ciudadano

o periodista”.

“Y ante el silencio

del director de la Policía

Nacional Civil

(Mauricio Arriaza) y

el silencio institucional

de la Inspectoría

de la PNC, sienta un

precedente a seguir, la

policía sigue en caída

libre en un intento de

limitar el trabajo periodístico

para mantener

intacta esa burbuja

de propaganda y lamentable

la policía se

ha partidizado”, declaró.

Loyda Robles, de

FESPAD, llamó a

prestar atención al

contexto actual de

país, el tratamiento

que están aplicando

contra la población

civil organizada. Y

asumir que no se tratan

de casos aislados

los abusos de poder,

sino que, una dinámica

de acción de parte

de las autoridades de

Estado, desde el presidente

Nayib Bukele,

luego los funcionarios

de alto nivel que

le secundan y, otras

instituciones.

Pasa a la pág. 3

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