Resumen del Informe de Centro Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción_Com mp_14.07.2021

Resumen del primer informe del Centro Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción
PRIMER INFORME
de Centro Universitario de
Monitoreo de Medidas y
Políticas Anticorrupción
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Resumen del primer informe del Centro Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción
Índice de Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 5
1. Modelo de trabajo............................................................................................................... 6
2. Objetivo ............................................................................................................................... 7
Objetivo general ....................................................................................................................... 7
3. Metodología ........................................................................................................................ 8
4. Resultados ........................................................................................................................... 8
4.1. Desempeño institucional .................................................................................................... 9
4.1.1. Gobierno Central ....................................................................................................... 9
4.1.2. Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ................................................................. 10
4.1.3. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)................................................ 11
4.1.4. Corte de Cuentas de la República (CCR) ................................................................. 12
4.2. Obligaciones internacionales ............................................................................................ 13
4.3. Propuestas de la sociedad civil ......................................................................................... 14
4.4. Resultados del estado actual de las medidas y políticas anticorrupción ......................... 15
Discusión ..................................................................................................................................... 16
Eje 1: Desempeño institucional .................................................................................................. 17
Eje 2: Obligaciones internacionales ............................................................................................ 18
Eje 3: Medidas propuestas por la sociedad civil ......................................................................... 19
Conclusiones ............................................................................................................................... 20
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Introducción
En un país donde se reconoce a la corrupción como una problemática importante y donde
los tomadores de decisión carecen de suficientes datos e información, es necesario contar con
una institución objetiva e independiente que genere información y datos para la evaluación
ciudadana y la toma de decisiones en el sector público. En este contexto nace el Centro
Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción (en adelante, el Centro), que
busca ser el referente académico nacional sobre monitoreo anticorrupción e investigación
sobre la corrupción. Como un paso importante en esta materia, ha creado un mecanismo
imparcial e independiente para la evaluación del avance de las medidas y políticas
anticorrupción en El Salvador.
El Centro incorpora metodologías especializadas que permiten realizar monitoreo e
investigación en temas de corrupción que puedan ser consultadas por la ciudadanía,
organizaciones de la sociedad civil y tomadores de decisión, garantizando el rigor académico
que caracterizan sus aportes.
De la misma forma, el Centro cuenta con el respaldo del prestigio académico de la Universidad
Francisco Gavidia en continuidad a sus compromisos con la sociedad salvadoreña a partir de la
experiencia del proyecto de Plataformas de Diálogo Anticorrupción, que condujo a la firma del
Acuerdo de País contra la Corrupción. El CUM se desarrolla en un espacio de diálogo técnico,
apoyado con financiamiento aportado por el Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública.
Como parte del primer informe de monitoreo de medidas y políticas anticorrupción de El
Salvador, se presentan los resultados obtenidos con base en un enfoque de métodos mixtos
que integra de manera sistemática los métodos cuantitativos y cualitativos a nivel empírico,
análisis de información y discusión de resultados para alcanzar un entendimiento y
comprensión más completa del fenómeno estudiado (Hernández, et al., 2010).
En este caso, el enfoque cuantitativo permite una mirada general de las medidas y políticas
anticorrupción a partir de estimaciones numéricas de indicadores seleccionados; mientras que,
por su parte, el enfoque cualitativo profundiza en aquellos aspectos que la metodología
cuantitativa no lo permite, tomando como fuente las experiencias y conocimientos que
determinados actores calificados poseen.
Este es el primer informe del Centro Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas
Anticorrupción. Los hallazgos se centran en tres grandes ejes: desempeño institucional en
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anticorrupción, obligaciones internacionales en anticorrupción y propuestas de la sociedad civil
en el combate a la corrupción en el país.
1. Modelo de trabajo
La necesidad de un modelo sistémico en el monitoreo de medidas y políticas
anticorrupción
Ante la existencia de una multiplicidad de actores involucrados y el dinamismo inherente a
fenómenos sociales complejos, el monitoreo de medidas y políticas anticorrupción debe ser
realizado desde diferentes ejes. En el escenario salvadoreño, se aborda desde tres ejes
interrelacionados: el desempeño institucional, el cumplimiento de compromisos
internacionales y las medidas propuestas por la sociedad civil (ver Figura 1).
Figura 1. Ejes de análisis en el monitoreo de medidas y políticas anticorrupción
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Cada uno de los ejes se subdivide en distintos ámbitos de estudio (ver Figura 2). El eje
“Desempeño institucional” se refiere al funcionamiento de instituciones respecto a principios
rectores y a la legislación salvadoreña. Se subdivide en el análisis del ámbito estructural, es
decir, a la composición y al desempeño acorde a los valores y principios, es decir, según la misión
de cada institución, mientras el ámbito de procesos alude a la transparencia en el cumplimiento
de las funciones establecidas por la legislación.
Figura 2. Componentes del modelo
El eje “Obligaciones internacionales” abarca la implementación de acciones en diversos ámbitos
y de acuerdo a la estructura establecida en los tratados internacionales anticorrupción vigentes
en El Salvador, específicamente: acciones preventivas, aplicación de la ley y las acciones
anticorrupción de cooperación internacional.
El eje sobre “Medidas propuestas por la sociedad civil” se refiere al monitoreo de diversas
medidas promovidas por la sociedad civil e incluidas en el Acuerdo de País Contra la Corrupción.
Se subdividen en el diseño de legislación y normativas y en la implementación de políticas
públicas.
2. Objetivo
Objetivo general
Presentar a la ciudadanía y tomadores de decisión un informe de monitoreo de medidas y
políticas anticorrupción, basado un método académico riguroso, cuantificable, replicable y que
permita la incidencia en las políticas públicas.
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3. Metodología
Para la elaboración de los instrumentos de monitoreo, se ha hecho una diferenciación de las
herramientas en función del tipo de aproximación metodológica (ver Figura 3). De tal manera,
se ha adoptado una aproximación metodológica mixta, variando para cada eje y componente
del modelo.
Figura 3. Abordaje metodológico utilizado
A partir de la información obtenida, se realizó una medición total para indicar el estado actual
de las medidas y políticas anticorrupción. Primero, se elaboraron índices de avance de cada eje,
luego, se construyó un índice general para señalar los valores sobre el estado de las medidas y
políticas en materia de corrupción.
La metodología es actualizable y modular, por lo que irá evolucionando y completándose a lo
largo de los diversos informes.
4. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los ejes del modelo.
En el Eje 1, se analiza el desempeño por el Gobierno Central y otras tres instituciones: el Tribunal
de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte
de Cuentas de la República (CCR).
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El Eje 2 se enfoca en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia
anticorrupción por parte del Gobierno Central. El Eje 3 aborda las propuestas de la sociedad
civil para el combate a la corrupción, específicamente el anteproyecto de Ley de Participación
Ciudadana, la propuesta de proyecto de Ley de Servicio Público, la propuesta de ampliación de
prescripción del plazo de delitos de corrupción y la propuesta de anteproyecto Ley de Partidos
Políticos de El Salvador (referente a financiamiento de partidos).
El nivel de avance de los indicadores cuantitativos se presenta en una escala de 0 a 100%, donde
hasta el 55% es bajo, de 56 al 69% es Mediano, del 70 al 79% es Alto y del 80 al 100% es Muy
Alto.
En el caso de los indicadores cualitativos, el nivel de avance se mide en una escala de 1 a 4, en
la cual 1 es Bajo, 2 Mediano, 3 es Moderado y 4 es alto.
4.1. Desempeño institucional
4.1.1. Gobierno Central
El análisis cualitativo de la información refleja que el nivel Bajo del desempeño del gobierno
central en funciones anticorrupción, lo cual se debe en parte a la ausencia de un órgano
encargado de prevenir la corrupción, y al limitado acceso eficaz a la información sobre la
administración pública.
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4.1.2. Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)
Al medir el desempeño del TEG en su labor preventiva y sancionatoria, los indicadores arrojan
valores que oscilan entre 23% y 80%. El nivel de desempeño promedio en la resolución de casos
es Bajo, considerando el porcentaje de casos resueltos del total de casos ingresados; mientras
que es Alto en cuanto al porcentaje de comisiones de ética en las cuales se ha llevado a cabo
capacitaciones.
En el plano cualitativo, el TEG demuestra un desempeño moderado en funciones clave en
materia anticorrupción.
Se considera un nivel bajo el avance en el indicador de autonomía para el desempeño técnico
en funciones para la prevención de la corrupción. Si bien el TEG ha realizado acciones en
cumplimiento de su misión institucional, tiende a evidenciar cierto grado de sumisión o
permeabilidad al poder político y un comportamiento lento e ineficiente.
En el indicador de independencia administrativa y presupuestaria para el cumplimiento de las
funciones técnicas del TEG en la prevención de la corrupción, el nivel de avance es superior y
calificado como Moderado.
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4.1.3. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
En cuanto al desempeño del IAIP, el porcentaje de resoluciones emitidas en las que se ordenó
entrega de información pública del total de resoluciones emitidas fue de 24%, que es Bajo. Este
indicador es complejo, y no explica las diversas maneras de terminación de los procedimientos
que inciden en este indicador de actividad del IAIP. En el informe detallado se explica con mayor
profundidad. El IAIP superó en 2020 la meta o número de personas pertenecientes a grupos de
interés que se planificó que participaran en modalidades de enseñanza con enfoque por
competencia (100.5%).
Al hacer una evaluación cualitativa global, el desempeño del IAIP en funciones clave en materia
anticorrupción es Moderado. Muestra un nivel Alto de promoción de la protección de datos
personales, pero un nivel Moderado en los demás indicadores, incluyendo su grado de
independencia.
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4.1.4. Corte de Cuentas de la República (CCR)
Los indicadores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en materia anticorrupción, varían
entre un nivel de desempeño Bajo y Mediano. En promedio, el desempeño de esta institución
es bajo.
El porcentaje de acciones de control (auditorías y exámenes especiales) planificadas y
finalizadas por la institución indica un desempeño Medio (menor del 69%). De cada 10 acciones
de control planificadas por la institución, solo se finalizaron 7; el resto quedó en alguna etapa
del proceso (informe leído, pendiente de lectura o que quedaron en ejecución), pero no fueron
finalizadas.
Mientras que el porcentaje de expedientes de juicios de cuentas sobre los que se emitió
sentencias es menor del 25%; esto significa que por cada 20 expedientes (juicios de cuentas)
que se administraron, solo se emitieron sentencias o resolvieron 5. El desempeño en cuanto a
este indicador es Bajo. El indicador de porcentaje de acciones de control no incluye toda la carga
de trabajo de la CCR, ya que no considera las acciones de control originadas en denuncias
ciudadanas y requerimientos de otras instancias. Esta actividad de control adicional es explicada
en el informe completo.
Cualitativamente, la CCR demostró un rendimiento Moderado en funciones clave en materia
anticorrupción.
Se califica como Moderado el avance en el indicador de desempeño imparcial e independiente
de sus funciones técnicas para prevenir y controlar la corrupción, así como en un cumplimiento
objetivo de sus funciones.
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4.2. Obligaciones internacionales
El nivel de cumplimiento de las diversas obligaciones internacionales anticorrupción ha sido, en
general, calificado como Bajo. La mayor parte de todas las obligaciones internacionales
anticorrupción recae en los gobiernos de cada país. En relación con el indicador de creación e
implementación de política(s) anticorrupción para coordinar la prevención de la corrupción, el
avance se califica como Moderado. Se evidencian esfuerzos gubernamentales anteriores,
aunque no se destacan logros recientes. Por otra parte, actualmente, no se perciben avances
en el intercambio de información con instituciones miembros y es un retroceso la desaparición
de la Secretaría de Transparencia. También se advierte una ausencia de seguimiento a la agenda
de compromisos internacionales anticorrupción.
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4.3. Propuestas de la sociedad civil
El nivel de avance de las diversas propuestas en materia anticorrupción de la sociedad civil ha
sido, en general, calificado como Bajo. Básicamente solo 1 de las cuatro abordadas en este
informe ha llegado a fase final de publicación en el diario oficial. Se señala que desde el gobierno
existe poca interacción e interés por promover una cultura de intercambio y de incentivo a
mayor involucramiento ciudadano.
Las propuestas de Proyecto de Ley de Servicio Público y de Ampliación de prescripción del plazo
de los delitos de corrupción (reforma al artículo 32 del Código Penal) se relacionaron en un nivel
Alto con las obligaciones internacionales en materia anticorrupción. Ambas propuestas serían
herramientas clave en la lucha contra la corrupción, pero se perciben pocos esfuerzos para su
difusión y para estimular la participación de la ciudadanía en su discusión.
La Propuesta de ampliación de prescripción del plazo de los delitos de corrupción (reforma al
artículo 32 del Código Penal) está altamente relacionada con las medidas implementadas por
instituciones nacionales en prevención de la corrupción y, por lo tanto, a pesar de la poca
voluntad política exhibida, debería impulsarse.
La propuesta de Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y la Propuesta de Anteproyecto de
Ley de Partidos Políticos de El Salvador se relacionan en un nivel moderado con las obligaciones
internacionales en materia anticorrupción; y además, juegan un rol fundamental, dado que la
participación ciudadana es clave en la lucha anticorrupción, y la Ley de Partidos Políticos
permitiría el establecimiento de mayores estándares, herramientas y control de la corrupción
desde el financiamiento de los partidos políticos.
La Ley de Participación Ciudadana, el Proyecto de Ley de Servicio Público y el Anteproyecto de
Ley de Partidos Políticos de El Salvador se situaron en un nivel moderado de relación con las
medidas implementadas por instituciones nacionales en prevención de la corrupción. En cuanto
a la Ley de Participación Ciudadana, a nivel gubernamental, no existe una institución orientada
a impulsarla.
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4.4. Resultados del estado actual de las medidas y políticas anticorrupción
Para facilitar el análisis de los tres ejes y hacer una evaluación global, el nivel de avance de cada
uno de ellos se ha estandarizado a una escala de 0 a 1, en donde hasta 0.54 se evalúa como
bajo, de 0.55 a 0.69 como medio, de 0.70 a 0,79 alto, y de 0.80 a 1 muy alto.
Al analizar los tres ejes en su nivel de avance, resulta que el eje 1 sobre el nivel de desempeño
institucional en materia anticorrupción arroja un valor de 0.49 (desempeño Bajo), el eje 2 sobre
obligaciones internacionales en materia anticorrupción indica un nivel de avance Bajo (0.39) y
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el eje 3 sobre el estado de las propuestas de la Sociedad Civil arroja un valor de 0.64 (nivel de
avance Intermedio). Así, al promediar los tres puntajes nos arroja un valor de 0.50 que indica
que el estado actual y nivel de avance de las medidas y políticas anticorrupción en el país, a
partir de estos tres ejes, es Bajo.
Discusión
El país aún muestra un nivel bajo de avance en las medidas y políticas anticorrupción,
principalmente por el bajo cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia
anticorrupción. Este representa uno de los retos más importantes del país en este ámbito. Esto
tiene relevancia debido a que tales obligaciones internacionales son la hoja de ruta compartida
con otros países para la lucha conjunta contra la corrupción y para favorecer una cooperación
internacional que fortalezca los sistemas nacionales de prevención y castigo a la corrupción
El desempeño institucional mostrado es variable. A nivel preventivo las instituciones mantienen
un desempeño aceptable, aunque existen formas de control de la corrupción como la
finalización de juicios de cuentas que mantienen un nivel bajo. Además, todas las entidades
muestran indicadores bajos de respuesta en la emisión de resoluciones dentro de sus
competencias.
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En cuanto a las propuestas de la sociedad civil en materia anticorrupción, es importante señalar
que todas son percibidas como pertinentes o alineadas a las obligaciones internacionales y al
quehacer de las instituciones del país para luchar contra la corrupción. Sin embargo, debido a
falta de voluntad política, solo 1 de las 4 que se indagaron ha sido aprobada.
Eje 1: Desempeño institucional
El desempeño del gobierno central en el plano de las medidas y políticas anticorrupción
presenta un nivel Bajo. Al evaluar las instituciones, la tendencia es a valorarlas en un nivel
Moderado. En este sentido, se refleja una apreciación más positiva de la actuación específica
de las instituciones públicas.
No obstante, en la dimensión estructural, se ha descubierto que los principios y los valores, es
decir, la misión y funciones legales de las instituciones (TEG, IAIP, CCR) tienden a no reflejarse
los suficientemente en la práctica en línea con la lucha contra la corrupción. Así pues, si bien se
reconoce la existencia de esfuerzos de administraciones anteriores por impulsar cierto grado
de independencia institucional, recientemente esta tendencia ha disminuido. Particularmente,
el discurso de expertos da indicios de una interacción entre múltiples subsistemas, que afecta
el cumplimiento debido de las misiones y funciones institucionales, afectándose el sistema de
pesos y contrapesos del sistema de distribución de poder estatal. Destaca la referencia a la
influencia del Poder Ejecutivo en la autonomía de decisiones de las instituciones de control, que
debieran caracterizarse por su autonomía del poder gubernamental. A su vez, señalan la
presencia de fallas estructurales derivadas de la forma de composición de las instituciones,
donde predominan intereses partidistas.
Además, se resalta la necesidad por impulsar un mayor grado de participación ciudadana para
asegurar una interacción creciente en los diversos agregados sociales. En este sentido, el vínculo
entre actores sociales se percibe como muy débil, dificultando un desarrollo de las instituciones,
apegadas al pluralismo de necesidades y posturas de la sociedad salvadoreña.
En relación con la eficiencia de los procesos preventivos y sancionatorios fue posible comprobar
que las instituciones públicas evaluadas cuentan con indicadores de desempeño que evidencian
un nivel de eficiencia intermedio en el combate de la corrupción. En particular, se destaca que
el desempeño del Tribunal de Ética Gubernamental a nivel sancionatorio es bajo (22% de
desempeño), mientras que el desempeño a nivel preventivo es alto (85.2% en su desempeño).
El desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública es Bajo según el porcentaje de
resoluciones emitidas en las que se ordena entrega de información pública, bajo la
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consideración de que no en todos los casos se culmina el procedimiento con una decisión de
fondo (resolución definitiva). Sin embargo, en su desempeño preventivo, el IAIP evidencia un
Alto nivel de desempeño. Por su parte, la Corte de Cuentas de la República manifiesta un nivel
de desempeño Bajo en cuanto a los juicios de cuentas finalizados; mientras que en cuento a las
acciones de control (auditorías y exámenes especiales) el desempeño es Medio. Resulta
importante destacar que el nivel de respuesta de esta institución en cuanto a las auditorías
planificadas tiende a bajar debido a que llevan a cabo acciones de control que surgen por
denuncia ciudadana y requerimiento de otras instancias, lo cual, evidentemente, les implica un
alto nivel de esfuerzo a nivel institucional. En el caso de la CCR, TEG y del IAIP, se debe destacar
que muestran mayor dificultad en el volumen de respuesta mediante sus resoluciones. Esto
puede ser indicativo de un desafío en la eficiencia de sus procesos decisorios cuando se trata
de materias que obedecen a demanda ciudadana o de otros actores, como son las denuncias,
solicitudes de acceso a la información y requerimientos de otras entidades públicas. Su
desempeño es diferente en aquellas acciones preventivas que no dependen de una demanda
externa, y donde las entidades cuentan con mayor capacidad de control sobre las acciones a
realizar, como sucede, por ejemplo, en los planes de capacitación, control y fiscalización.
Eje 2: Obligaciones internacionales
A nivel del cumplimiento de las obligaciones internacionales en temas anticorrupción, los
esfuerzos gubernamentales son catalogados con Moderado avance para el cumplimiento de
normas y prácticas anticorrupción. Al respecto, se reconoce la existencia de instituciones
gubernamentales vinculadas a acciones anticorrupción, pero de una manera no integrada.
Sin embargo, también se señala la dificultad para identificar mecanismos específicos que
permitan el combate a la corrupción. De tal forma, se reconoce la presencia de ciertas
estructuras, aunque se recalca la necesidad por potenciar procesos institucionales
anticorrupción más claros y activos.
Por otro lado, al analizar las obligaciones internacionales de garantizar mayor acceso a la
información por parte de la sociedad, se destacan los esfuerzos realizados por administraciones
anteriores. Si bien existen los mecanismos para promover el libre acceso a la información, los
expertos coinciden en que ha habido un retroceso reciente sobre esta área.
De tal forma, se considera que, en los últimos años, ha existido menor apertura a compartir
información pública, como resultado de la menor autonomía institucional. Por consiguiente, se
discute la falta de eficacidad en la obtención de la información pública.
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Además, se sostiene que la participación ciudadana se mantiene en un nivel Bajo. A pesar de
existir esfuerzos por vincular a diversos actores sociales en sectores o con entidades públicas,
todavía es necesario estimular más el involucramiento social. Esto implica generar mayores
vínculos de interacción en la discusión y en el diseño de diversas políticas públicas, relacionados
con temas anticorrupción.
Se percibe que, a nivel gubernamental, se han impulsado en el pasado mecanismos para
asegurar mayor transparencia en los procesos de contratación y de compras públicas. A pesar
de ello, los expertos coinciden en señalar una erosión en la implementación de estas acciones
en el año 2020. Por tal razón, se percibe una tendencia hacia una menor transparencia en los
procesos.
Como se ha señalado al inicio, los compromisos internacionales anticorrupción alcanzan una
alta importancia. Son el referente de cada país acerca de lo que debe hacerse para prevenir y
sancionar la corrupción, a la vez que son las normas del derecho internacional aceptadas para
recibir y dar cooperación internacional que fortalezca la capacidad del Estado y la sociedad para
combatir la corrupción.
Eje 3: Medidas propuestas por la sociedad civil
En relación con las medidas propuestas por la sociedad civil se señala que, de todas las
abordadas, sólo la propuesta de anteproyecto de la Ley de Partidos Políticos de El Salvador
(referente al financiamiento de partidos políticos) se encuentra en la fase de publicación en el
Diario Oficial a la fecha de la consulta a expertos. Por el contrario, el resto de las propuestas se
sitúa en fases iniciales, es decir, en admisión en la Asamblea Legislativa, o bien, en discusión en
la comisión específica.
Al respecto, se considera que la causa para mantenerse aún en fases iniciales del proceso
obedece a falta de voluntad política de los actores, partidos políticos, Asamblea Nacional y
Ejecutivo. Esto podría derivarse de los débiles nexos en la participación ciudadana entre
diferentes agregados sociales, específicamente, el vínculo entre políticos y actores de la
sociedad civil.
Se percibe que las medidas propuestas por la sociedad civil están altamente relacionadas con
las obligaciones internacionales. Por consiguiente, de aprobarse, permitirían un mayor esfuerzo
a nivel nacional para alinearse con las medidas globales anticorrupción. A su vez, deberían estar
vinculadas con las exigencias gubernamentales, aunque no se percibe un interés
gubernamental por impulsar un mayor acercamiento con las organizaciones civiles. Así pues,
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resta por estimular un mayor compromiso para asegurar un diálogo constante y un trabajo
conjunto.
Conclusiones
Las medidas y políticas anticorrupción se desarrollan en medios sociales altamente dinámicos.
Por tal razón, es fundamental un constante monitoreo abarcando a diferentes instituciones y
actores sociales. En esta ocasión, se ha elaborado un primer acercamiento enfocado en el 2020,
basándose en un modelo sistémico para la descripción de diferentes esferas del agregado
social.
La aplicación de una metodología mixta ha facilitado generar una visión más integral del estado
y nivel de avance de las medidas y políticas anticorrupción en el país. Por una parte, la
metodología cuantitativa arroja evidencia que indica el notorio esfuerzo de tres instituciones
para ejercer sus funciones claves en la prevención y sanción de la corrupción. En términos
generales, el desempeño del IAIP en materia anticorrupción se estima como alto en cuanto a
sus esfuerzos por generar capacidades de prevención de la corrupción en grupos sociales de
interés (en procesos de enseñanza por enfoque por competencias). Sin embargo, su
desempeño es bajo en cuanto a las resoluciones en las que se ordena entregar información
pública, resolución de entrega de información por falta de respuesta y es intermedio en cuanto
a las resoluciones de entrega de información según apelación. Significa que el desempeño del
IAIP en funciones claves según la Ley de Acceso a la Información Pública es, en promedio, bajo.
Mientras que, el desempeño del TEG en materia anticorrupción se estima como alto según los
indicadores construidos y calculados. Según la plantea la Ley de Ética Gubernamental, el TEG
indica un nivel de desempeño alto en sus funciones preventivas de la corrupción,
específicamente en la cobertura de capacitaciones llevadas a cabo en las comisiones de ética
nombradas. Sin embargo, su capacidad de resolver casos es bajo con respecto al total de casos
que ingresan. Significa que su capacidad para tramitar y resolver estos casos es, aún, baja.
Por su parte, la Corte de Cuentas de la República muestra un nivel de desempeño bajo, por el
bajo porcentaje de juicios de cuentas que han logrado finalizar. Sin embargo, el porcentaje de
auditorías que llevan a cabo con respecto a su planificación institucional indica un desempeño
intermedio –considerando que llevan a cabo acciones de control no planificadas que deben
atender por denuncia ciudadana y requerimiento de otras instancias, y que implican un alto
nivel de esfuerzo-. En línea de este indicador, su desempeño en la fiscalización, vigilancia e
inspección de los fondos públicos es aceptable. Sin embargo, el desempeño de esta institución
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para finalizar anualmente los juicios de cuentas es bajo. En esta línea, su capacidad de
fiscalización y sanción de la corrupción es baja.
Por otra parte, la metodología cualitativa ha arrojado evidencia rica, desde un plano
interpretativo, que permite realizar algunas reflexiones y conclusiones. La interpretación de los
datos expuestos debe realizarse con cautela dado que, en un plano metodológico, los hallazgos
se basan en la opinión de un grupo no representativo de expertos. Además, no se ha podido
contar con la información de un mayor número de instituciones gubernamentales.
Particularmente, ha sido evidente el interés de los expertos en señalar que, en El Salvador, hay
esfuerzos por combatir la corrupción a través de la creación de instituciones y de normativas.
A su vez, los hallazgos señalan que los esfuerzos pueden potenciarse. Al respecto, los
mecanismos institucionales son visualizados con menor eficacia. Esta tendencia se ha resaltado
en los últimos años, considerándose que, actualmente, hay una menor apertura por parte de
las instituciones gubernamentales para la implementación de medidas anticorrupción.
La participación ciudadana debe desempeñar un rol más activo para el combate a la corrupción.
En especial, es necesario estimular mayores vínculos de cooperación con instancias
gubernamentales. Esto requiere de combinar la participación ciudadana con un nivel de mayor
compromiso, logrando una mayor sinergia en la identificación de objetivos comunes. Las
propuestas ciudadanas sobre medidas anticorrupción son consideradas en concordancia con
exigencias internacionales. Lastimosamente, su poco avance en el proceso legislativo denota
una necesidad por mayor compromiso político.
Además, debe recordarse que El Salvador debe lograr un mayor grado de cumplimiento de las
obligaciones internacionales. En concordancia con el esfuerzo ciudadano, esto debería ser una
tarea mayor donde fuera factible potenciar los mecanismos existentes y estimular un mayor
diálogo social.
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CENTRO UNIVERSITARIO
DE MONITOREO
DE MEDIDAS Y POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN