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í —— VIVA Y SU RECLAMO POR EL ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN: IGUALDAD PARA TODOS A raíz de las recientes decisiones adoptadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), las empresas VIVA y SATEL se ven en la obligación de denunciar el trato desigual e inconstitucional que se les ha impuesto por presiones de las empresas CLARO y ALTICE, las cuales mantienen un control dominante con una concentración del 93% del mercado. El INDOTEL no ha hecho más que acoger los reclamos interesados que presentó CLARO en una denuncia que, más que una real preocupación por la regulación del mercado, forma parte de un comportamiento anticompetitivo que procura mantener arrinconados y paralizados a sus competidores. Las razones son simples. Luego de la adquisición de VIVA por SATEL en 2016, la implementación de su red 4G se convirtió en una amenaza para los intereses de CLARO. La mejor evidencia es que, a partir de la implementación de la red y de los planes comerciales de VIVA en 2017, el costo de la data móvil para internet se desplomó en un 70% por primera vez en la historia del mercado. Asimismo, VIVA fue la primera empresa que eliminó los odiosos cargos por roaming, favoreciendo al consumidor nacional y obligando con esta medida a que las demás empresas hicieran lo mismo. Igualmente, en 2019, VIVA se convirtió en la primera empresa en realizar una demostración 5G en el país. Para una prestadora insaciable como CLARO, es imperdonable que una pequeña competidora de capital nacional como VIVA se atreva a atentar en contra de su dominio casi absoluto del mercado dominicano. Lamentablemente, el órgano regulador, lejos de crear condiciones de mayor competencia, ha propiciado una profundización de las desigualdades que marcan este mercado a través de medidas de asignación de espectro por las que CLARO y ALTICE no han pagado. Solo como muestra, los más recientes privilegios otorgados por el INDOTEL a dichas prestadoras son los siguientes: a) En 2017, CLARO recibió del INDOTEL 30 MHz en la banda 3.5 mediante la Resolución No. 052-17 del 20 de septiembre de 2017. Según la licitación que actualmente realiza INDOTEL para implementar el 5G en esa misma banda, el valor mínimo de esos 30 MHz asignados a CLARO es de US$12.6 millones de dólares. Sin embargo, esa asignación se hizo de forma gratuita en favor de CLARO: según consta en la misma resolución, CLARO no tuvo que realizar pago alguno por esa asignación. b) También en 2017, en el contexto de la Resolución No.056-17 que autorizó la fusión de TRICOM con ALTICE, se condicionó dicha operación a que ALTICE devolviera al Estado dominicano 30 MHz de espectro en las bandas 1800 y 1900, debido a la excesiva concentración de espectro que resultaría de dicha fusión. Sin embargo, apenas días después y respondiendo a presiones diplomáticas contra el Estado dominicano, mediante la Resolución No.077-17 del 22 de noviembre de 2017, no solo el INDOTEL dejó sin efecto dichas medidas, sino que le asignó de forma directa, sin licitación, sin ningún tipo de pago y sin mayores justificaciones, 20 MHz en las bandas 1720-1730 MHZ y 2120-2130 MHz. Según licitaciones previas, el valor mínimo de dicho segmento es de US$20 millones de dólares. Sin embargo, nuevamente esa asignación se hizo de forma gratuita en favor de ALTICE: según consta en la misma resolución, ALTICE no tuvo que realizar ningún pago por esa asignación. La actitud acomodaticia del INDOTEL hacia estas dos prestadoras extranjeras no se limita a la asignación de espectro. En marzo de 2019, mediante la Resolución No.013-19, el INDOTEL continuó sus afanes de mejorar la posición de CLARO y ALTICE en la banda 3.5, para de esa forma alinear el espectro de esas prestadoras en dicha banda. Esta medida fue tomada en un tiempo récord luego de ser solicitada. A pesar del nivel de diligencia del órgano regulador para beneficiar a dichas prestadoras, la actitud hacia VIVA y su afiliada SATEL ha sido la contraria. El INDOTEL se ha mantenido en total inercia para buscar soluciones a situaciones tan graves como el hecho de que desde hace años, SATEL se ha visto impedida de usar 13 MHz en el segmento 915-928 MHz, porque el mismo Estado dominicano, a través de dos de sus instituciones, se encuentra haciendo uso de dicho segmento, sin contar con asignación y sin compensar a la empresa por dicho uso. Esta situación ha sido reconocida por la directora ejecutiva del INDO- TEL, Julissa Cruz, quien en la comunicación marcada con el número DE-000<strong>08</strong>74-21 de fecha 3 de mayo de este mismo año, reconoce dicho uso irregular. Sin embargo, el INDOTEL continúa sin tomar las medidas necesarias para resolver esa situación. De la misma forma, medidas críticas para el crecimiento de VIVA, como son su solicitud de fusión con SATEL y otros cambios pendientes de su espectro asignado, continúan sin ser abordadas y decididas por el órgano regulador, a pesar de los muchos plazos de respuesta vencidos. Este trato desigual fue coronado por INDOTEL recientemente con la resolución No.064-21 del 8 de julio de este año: una decisión SIN PRECEDENTES en la industria por su nivel de irracionalidad y desproporción, plagada de medidas radicales, antijurídicas y sin estar basadas en la ley No.153-98 de Telecomunicaciones. La complicidad de CLARO y ALTICE, las cuales acaparan el 93% del mercado dominicano, pretende que se apañe el privilegio histórico con el que han sido tratadas, mientras hacen falsos e injustificados reclamos de legalidad como parte de su acoso regulatorio a VIVA y SATEL. Como bien afirma la histórica frase atribuida a Benito Juárez: “A mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”. El problema no radica en que el regulador procure asignaciones de espectro, lo cual forma parte de las facultades del órgano. Pero cuando dichas asignaciones se realizan solo a favor de unos y en perjuicio de otros, esa política deviene discriminatoria y violatoria del principio de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución. Solo eso pedimos: igualdad para todos. VIVA no exige más que lo mismo que se le ha otorgado a CLARO y ALTICE a través del tiempo. No solicita un trato privilegiado y mucho menos medidas que no estén al alcance del regulador desde el punto de vista de sus facultades. Solo exige que el regulador se acoja a sus propios precedentes y procure la aplicación de medidas en condiciones de igualdad. Como receptor de inversión extranjera, nuestro país ha ofrecido a estas empresas condiciones más que suficientes para su operación: les ha beneficiado con un trato privilegiado, por encima del otorgado a las empresas nacionales, entregándoles de forma gratuita segmentos del espectro radioeléctrico dominicano. Las condiciones de privilegio han sido tales que la operación de CLARO en República Dominicana es la más rentable de toda Latinoamérica, concentrando en la actualidad un 62% del mercado. Es hora de que el INDOTEL detenga esa trampa de privilegios en favor de los de “afuera”, mientras se niegan las medidas necesarias para que las prestadoras nacionales puedan empezar a romper con ese monumental duopolio. VIVA no desmayará en sus esfuerzos por procurar un trato igualitario en el mercado de las telecomunicaciones, que le permita continuar colocando al consumidor dominicano como norte principal de esta empresa. La era de cambiar espejitos por oro terminó hace demasiado tiempo. Espacio pagado.
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