Revista EST número 64

ISSN 1405-8421 

vol. XX, núm. 64, septiembre-diciembre de 2020 

Julita Moreno Avendaño, Andrés Enrique Miguel-Velasco, Maribel Pérez Pérez, 

Christian Martínez Olivera y Karina Aidee Martínez García 

Desigualdades territoriales de las ciudades multiculturales. 

El caso del estado de Oaxaca, México 

Territorial inequalities of multicultural cities. The case of the state of Oaxaca, Mexico 

Juan Alfredo Hernández Guerrero 

Valoración del paisaje urbano-ambiental de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui, 

Querétaro, México 

Evaluating the urban environmental landscape of Juriquilla and Santa Rosa Jauregui, Queretaro, Mexico 

Anibal David Cuenca López y Evandro Camargos Teixeira 

Efeitos dos investimentos em infraestrutura pública sobre a pobreza e pobreza 

extrema na América Latina 

Effects of investments in public infrastructure on poverty and extreme poverty in Latin America 

Andrés Scharager 

Conflicto social, ambientalización y crisis política: judicialización en la cuenca 

Matanza-Riachuelo, Argentina 

Social conflict, environmentalization and political crisis: judicialization at 

the Matanza-Riachuelo basin, Argentina 

Luis Alfonso Colado Velázquez, Josep Roca Cladera e Iván Humarán Nahed 

Inequidad en el impuesto inmobiliario: análisis multicriterio (CRITIC) del valor 

catastral de vivienda en Mazatlán 

Inequity in real estate tax: multi-criteria analysis (CRITIC) of the cadastral value of housing in Mazatlan

El Colegio Mexiquense: 

Contenido 

Comité editorial 

de El Colegio Mexiquense: 

Economía, Sociedad 

y Territorio 

Director: 

Editor: 

Consejo editorial: 

Consejo asesor 

internacional: 

César Camacho Quiroz Presidente 

José Antonio Álvarez Lobato Secretario General 

Raymundo C. Martínez García Coordinador de Investigación 

Raymundo C. Martínez García 

Sebastián Nelson Rivera Mir 

Arlette Covarrubias Feregrino 

Carolina Pedrotti 

Luis Alberto Martínez López 

Mario González Ruiz 

José Antonio Álvarez Lobato 

Tania Lilia Chávez Soto 

Carlos Félix Garrocho Rangel 

Gustavo Abel Guerrero Rodríguez 

Correo-e: est@cmq.edu.mx; gguerrero@cmq.edu.mx 

Francisco Alba El Colegio de México, México 

José Blanco Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Daniel Hiernaux-Nicolas Universidad Autónoma Metropolitana, México 

Soledad Loaeza El Colegio de México, México 

Martha Schteingart El Colegio de México, México 

Kurt Unger Centro de Investigación y Docencia Económicas, México 

Rosario Rogel Salazar Universidad Autónoma del Estado de México, México 

Pablo Ciccolella Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Juan Luis Klein Université de Quebéc en Montréal, Canadá 

David Phillips Lingnan University, Hong Kong 

Harry W. Richardson University of Southern California, Los Ángeles, EE. UU. 

Joseph L. Scarpaci Center for the Study of Cuban Culture + Economy. 

David M. Smith University of London, Londres, Inglaterra 

Peter Ward University of Texas at Austin, Texas, EE. UU. 

José Luis Coraggio Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 

1 

Comité editorial: Carlos Félix Garrocho Rangel, Gloria Jovita Guadarrama Sánchez, 

Daniel Gutiérrez Martínez, Boris Graizbord y Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. 

Equipo editorial: Gustavo Abel Guerrero Rodríguez, Blanca Estela Arzate González 

y Sayra Gutiérrez Valdespino. 

Corrección de estilo: Zujey García Gasca, Alejandra García 

y Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. 

Diseño de interiores y portada: Luis Alberto Martínez López. 

Formación y composición tipográfica: María Eugenia Valdes Hernández. 

La revista no asume ninguna responsabilidad por las opiniones expresadas en los textos 

firmados. 

Economía, Sociedad y Territorio pertenece a la categoría Competencia Internacional del 

Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (scrmcyt) del 

Conacyt; Emerging Sources Citation Index (esci), base de datos de Clarivate Analytics; scielo 

Citation Index-Clarivate Analytics; ProQuest; ebsco; Sociological Abstracts (sa); Hispanic 

American Publish Index (hapi); Handbook of Latin American Studies (hlas); International 

Consortium for the Advancement of Academic Publication (icaap); Ulrich’s Periodicals 

Directory; catálogo Latindex (clase y Periódica); Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe (Redalyc); Scientific Electronic Library Online (scielo); Directory of 

Open Access Journals (doaj). 

Economía, Sociedad y Territorio es una publicación cuatrimestral de El Colegio Mexiquense, a. c. 

Suscripción anual (por tres números): México, 240 pesos. En Estados Unidos, Canadá, Centro y 

Sudamérica, 50 usd. Resto del mundo, 60 usd. Estos costos incluyen el envío por correo postal 

ordinario, si el suscriptor desea otro tipo de envío, correrá por su cuenta. 

Redacción y administración: El Colegio Mexiquense, A. C. 

D.R. © El Colegio Mexiquense, a.c. 

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, vol. xx, núm. 64, septiembre-diciembre de 2020, es 

una publicación cuatrimestral. Editor responsable: Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. Exhacienda 

Santa Cruz de los Patos, s/n, col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec, C.P. 51350, México, tel. 72 

22 79 99 08 ext. 183, . Reservas de derechos al uso exclusivo núm. 04-2009- 

100712390600-102, ISSN 1405-8421. Licitud de título núm. 10509; Licitud de contenido núm. 

7418, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 

Secretaría de Gobernación. Impresa en los talleres de Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V., 

Calle 2, núm. 21, Col. San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, 03800 Ciudad de México, 

México, se terminó de imprimir el 27 de diciembre de 2020. Impresa y hecha en México / printed 

and made in Mexico.

2 Contenido 

Revista Economía, Sociedad y Territorio 

Editada por 

El Colegio Mexiquense, a.c. 

La revista Economía, Sociedad y Territorio publica cuatrimestralmente artículos científicos 

derivados de investigaciones originales en ciencias sociales, que profundizan la comprensión 

de fenómenos sociales en las dimensiones urbana, metropolitana y regional. 

EST prioriza propuestas interdisciplinarias que integran conceptos espaciales (e.g. 

localización absoluta y relativa, distancia, relaciones espaciales, lugar, proximidad, espacialidad). 

Por tanto, EST se orienta a las “Ciencias Sociales Espacialmente Integradas” 

(CSEI). Esto es: reconoce el papel clave que juega el espacio (y el tiempo) en la sociedad 

humana y su importancia para entender mejor múltiples procesos sociales. 

Por lo anterior, EST se dirige a investigadores, profesores y estudiantes de todos los 

campos de las ciencias sociales, que entienden: i. Al espacio y al tiempo como componentes 

estratégicos para comprender mejor múltiples procesos sociales: y, ii. Las ventajas de hacer 

investigación en ciencias sociales con un enfoque interdisciplinario, aplicando métodos 

cuantitativos de corte espacial (e.g. estadística y econometría espacial) y utilizando alta 

tecnología (e.g. Sistemas de Información Geográfica, aplicaciones informáticas ad-hoc). Por 

lo anterior, el campo científico que aborda EST se traslapa con diversas áreas de las ciencias 

exactas (e.g. informática) y de la salud (e.g. salud pública, epidemiología). 

EST se enfoca, principalmente, a países y comunidades científicas iberoamericanas. Sin 

embargo, su alcance geográfico es global, ya que es una revista de acceso abierto y su contenido 

puede reproducirse libremente, siempre y cuando se dé crédito a los autores y a la Revista. 

Todos los artículos son evaluados por dos dictaminadores anónimos, expertos nacionales 

o internacionales en el tema del artículo y externos a la institución de origen del 

autor. Se reciben postulaciones en español, inglés o portugués. No existe cobro alguno 

para los autores en ninguna de las etapas que conforman el proceso de postulación, dictaminación 

y publicación. El formato de publicación es electrónico, mediante su edición 

en PDF y próximamente en XML, y en versión impresa. Las instrucciones para los autores 

se pueden consultar en la página de internet de EST: 



Exhacienda Santa Cruz de los Patos, 

Zinacantepec, México 

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Vía correo electrónico: est@cmq.edu.mx 

Teléfonos: +52 72 22 18 01 00, 72 22 79 99 08 ext. 183.

Contenido 

3 

Journal Economía, Sociedad y Territorio 

Edited by 


The journal Economía, Sociedad y Territorio is published on a quarterly basis and features 

scientific papers derived from original research results in social sciences, which enhance 

the understanding of social phenomena in urban, metropolitan, and regional dimensions. 

EST prioritize interdisciplinary proposals integrating spatial concepts (i.e. absolute and 

relative location, distance, spatial relationships, place, proximity, spatiality). Therefore, 

EST is oriented towards the Spatially Integrated Social Sciences (SISS). That is to say: it 

recognizes the key role space (and time) plays in society and its importance to better 

understand multiple social processes. 

Consequently, EST is aimed at researchers, professors, and students of all the areas in 

social sciences that understand: i. Space and time as strategic elements to provide better 

insight into multiple social processes: and, ii. The advantages of researching social sciences 

with an interdisciplinary approach, applying quantitative and spatial methods (i.e. 

spatial statistics and econometrics) and using cutting-edge technology (i.e. Geographic 

Information Systems, and ad hoc informatic applications. Therefore, EST scientific field 

combines diverse areas of the exact sciences (i.e. informatics) and of health (i.e. public 

health, epidemiology). 

EST focuses mainly on Iberoamerican countries and scientific communities. However, 

its geographic scope is global because it is an open access journal and its content can 

be freely reproduced, provided the authors and Journal are given credit. 

All articles are reviewed by anonymous, national or international expert peers on the 

topic of the article and outside the author’s institution. Applications in Spanish, English, 

or Portuguese are considered. There is not a charge for authors in any of the stages of the 

application, evaluation and publishing processes. Publishing format is distributed in 

digital versions (PDF and soon, XML), as well as in print version. Guidelines for authors 

can be accessed through EST website: . 



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Zinacantepec, México 

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4 Contenido 

Vol. xx, núm. 64, septiembre-diciembre de 2020 

CONTENIDO 

Artículos de investigación 

Julita Moreno Avendaño, Andrés Enrique Miguel-Velasco, 

Maribel Pérez Pérez, Christian Martínez Olivera y Karina Aidee 

Martínez García 

Desigualdades territoriales de las ciudades multiculturales. 

El caso del estado de Oaxaca, México 601 


Valoración del paisaje urbano-ambiental de Juriquilla 

y Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México 633 

Anibal David Cuenca López y Evandro Camargos Teixeira 

Efeitos dos investimentos em infraestrutura pública sobre 

a pobreza e pobreza extrema na América Latina 667 


Conflicto social, ambientalización y crisis política: 

judicialización en la cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 693

Contenido 

5 

Luis Alfonso Colado Velázquez , Josep Roca Cladera e Iván Humarán 

Nahed 

Inequidad en el impuesto inmobiliario: análisis multicriterio 

(CRITIC) del valor catastral de vivienda en Mazatlán 725 

Luis Giovanni Ramírez Sánchez 

Centro Tradicional de Negocios de Toluca, 2000-2010: 

¿oportunidad o decadencia? 755 

Carlos Vilalta, Lucía Carmina Jasso y Gustavo Fondevila 

Tipo de vivienda, barreras físicas y sensación de inseguridad 

en la colonia 787 

Lisandro Federico Fernández y Leandro Tomas Amoretti 

La incidencia económica del Fondo Especial del Tabaco 

en Misiones (Argentina). Estudio de caso, 2010-2018 813 

Dulce María Lucero López y Alberto Francisco Torres García 

Componentes de la asociatividad empresarial y gobernanza 

en Áreas Naturales Protegidas con capacidades turísticas 843 

Cesar Augusto Hoil Rosas, José Juan Carbajal Hernández, 

Luis Pastor Sánchez Fernández, Virginia Berenice Niebla 

Zatarain y Alberto Daniel Dávila Lamas 

Modelo Analítico Jerárquico para la evaluación de factores 

turísticos en playas 865 

Reseña 

Victor Delgadillo 

Lucrar con ciudades y bienes de otros 

Reseña del libro: Brossat, Ian (2019), 

AIRBNB. La ciudad uberizada, Katakrak Luburuak, 

Pamplona, 160 pp., ISBN: 978-84-16946-25-9 899

6 Contenido 

Vol. xx, nr. 64, September-December 2020 

TABLE OF CONTENTS 

Research articles 

Julita Moreno Avendaño, Andrés Enrique Miguel-Velasco, Maribel 

Pérez Pérez, Christian Martínez Olivera and Karina Aidee Martínez 

García 

Territorial inequalities of multicultural cities. The case of 

the state of Oaxaca, Mexico 601 


Evaluating the urban environmental landscape of Juriquilla 

and Santa Rosa Jauregui, Queretaro, Mexico 633 

Anibal David Cuenca López and Evandro Camargos Teixeira 

Effects of investments in public infrastructure on poverty 

and extreme poverty in Latin America 667 


Social conflict, environmentalization and political crisis: 

judicialization at the Matanza-Riachuelo basin, Argentina 693

Contenido 

7 

Luis Alfonso Colado Velázquez, Josep Roca Cladera and 

Iván Humarán Nahed 

Inequity in real estate tax: multi-criteria analysis (CRITIC) 

of the cadastral value of housing in Mazatlan 725 

Luis Giovanni Ramírez Sánchez 

Traditional Business Center of the city of Toluca, 2000-2010: 

opportunity or decadence? 755 

Carlos Vilalta, Lucía Carmina Jasso and Gustavo Fondevila 

Type of housing, physical barriers and feeling of insecurity 

in the neighborhood 787 

Lisandro Federico Fernández and Leandro Tomas Amoretti 

The economic impact of the Special Tobacco Fund in Misiones 

(Argentina). Case study, 2010-2018 813 

Dulce María Lucero López and Alberto Francisco Torres García 

Components of business associativity and governance 

in Protected Natural Areas with tourist capacities 843 

Cesar Augusto Hoil Rosas, José Juan Carbajal Hernández, 

Luis Pastor Sánchez Fernández, Virginia Berenice Niebla 

Zatarain and Alberto Daniel Dávila Lamas 

Analytical Hierarchy Model for the assessment of factors of beach 

tourism 865 

Review 

Victor Delgadillo 

Profit with cities and goods of others 

Review of: Brossat, Ian (2019), 

AIRBNB. La ciudad uberizada, Katakrak Luburuak, 

Pamplona, 160 pp., ISBN: 978-84-16946-25-9 899

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xx, núm. 64, 2020, 601-631. 

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xx, núm. 64, 2020, 601-631 

DOI: https://doi.org/10.22136/est20201570 

Desigualdades territoriales de las 

ciudades multiculturales. El caso del 

estado de Oaxaca, México 

601 

Territorial inequalities of multicultural cities. 

The case of the state of Oaxaca, Mexico 

Julita Moreno Avendaño* 

Andrés Enrique Miguel-Velasco* 

Maribel Pérez Pérez* 

Christian Martínez Olivera* 

Karina Aidee Martínez García* 

Abstract 

Using the Social Gap Index and the Gini index, intra-urban inequalities in the 

main cities of the state of Oaxaca during 1990-2010 are analyzed. The results show 

that the greatest weight when measuring inequality is held by the quality of housing, 

the level of education, and to a lesser extent, the quantity of native population, 

showing different dynamics in the cities, with an upward trend in inequality. It is 

concluded that the current development process in these cities has not been resolved 

and is increasing inequality, preferably in the cities with a smaller native population. 

Keywords: intra-urban inequality, social backwardness, Gini index, multicultural 

cities. 

Resumen 

A partir del Índice de Rezago Social y el Índice de Gini se analizan las desigualdades 

intraurbanas en las principales ciudades del estado de Oaxaca durante 

1990-2010. Los resultados muestran que al medir la desigualdad, los factores 

más visibles son la calidad de la vivienda, el nivel educativo y, en menor medida, 

la cantidad de población originaria, los cuales revelan dinámicas diferentes en 

las ciudades con una tendencia a acrecentar la desigualdad. Se concluye que el 

proceso de desarrollo vigente en las ciudades estudiadas no se ha resuelto y que 

incrementa la desigualdad en las ciudades que poseen una menor población 

originaria. 

Palabras clave: desigualdad intraurbana, rezago social, índice Gini, ciudades 

multiculturales. 

* Instituto Tecnológico de Oaxaca, México, correo-e: julitamorenoave@gmail.com, andres. 

miguel@itoaxaca.edu.mx, mary01758@hotmail.com, christianolivera26@gmail.com y aidee1005@ 

gmail.com

602 J. Moreno Avendaño et al.: Desigualdades territoriales de las ciudades multiculturales... 

Introducción 

La estrategia de urbanización desarrollada en las ciudades en las últimas 

décadas está orientada a la concentración de infraestructura, bienes y 

servicios, así como a la apertura comercial, el libre mercado y la integración 

a la globalización, lo cual aumenta la concentración y transforma los 

paisajes y las condiciones de vida de las localidades. El intenso ritmo de 

urbanización, la falta de planeación, así como las rápidas tasas de crecimiento 

poblacional son, entre otras, las principales causas para que este 

crecimiento se despliegue de manera desordenada y desequilibrada en las 

ciudades. Estos procesos, tanto económicos como sociales, reconfiguran 

los espacios, su estructura y su funcionamiento (Vélez y Mejía, 2016) y 

ocasionan grandes desigualdades al interior de ellas. Ahora bien, si se parte 

de que el vocablo ciudad proviene del latín civitas y que se refiere a ésta 

como el área urbana que presenta una alta densidad de población, conformada 

por habitantes que no se dedican a las actividades agrícolas, la 

Conferencia Europea de la Estadística de Praga advierte que una ciudad 

es una aglomeración de más de 5000 habitantes donde menos del 25% 

de la población se dedica a la agricultura (Miguel-Velasco et al., 2016). 

Por otra parte, la ciudad multicultural es un concepto que contribuye a 

comprender el carácter histórico de la reconfiguración de la ciudad contemporánea, 

especialmente en territorios que integran el estado de Oaxaca 

(México), los cuales se analizan en el presente artículo, cuyo objetivo es 

generar propuestas de gestión de las diferencias culturales para enfrentar 

el impacto demográfico, social y cultural de los flujos migratorios y su 

“inclusión en el desarrollo de la ciudad” (Villegas, 2016) y que en una 

instancia analítica puede visualizarse a través de la cantidad de población 

originaria que resida en la ciudad. 

Derivado de lo anterior, en el presente artículo se analizan las desigualdades 

intraurbanas de las principales ciudades del estado de Oaxaca 

durante 1990-2010 (mapa 1), a partir del índice de rezago social y la 

aplicación del Índice de Gini. Se plantea como hipótesis que la cantidad 

de población originaria que se asienta en las ciudades tiene mayor peso 

estadístico en las desigualdades intraurbanas que el manifestado por los 

indicadores del rezago social. 

Se toman en cuenta aquellas ciudades cercanas con más de 15,000 

habitantes que por su ubicación geográfica y su importancia funcional y 

económica fueron seleccionadas para el estudio. En total son 17 ciudades, 

entre las que destacan dos zonas metropolitanas, cada una de ellas, pertenecientes 

a las ocho regiones del estado de Oaxaca, por lo cual presentan 

diferentes condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, lo que 

hace más atractivo su análisis.


603 

Mapa 1 

Ubicación geográfica de las ciudades multiculturales 

del estado de Oaxaca, México 

Nota: En el cuadro que acompaña al mapa se indica el nombre de las ciudades y sus abreviaturas 

con las que se identificarán en el presente análisis. 

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Mapa Digital Versión 6.1.0 (Inegi, 2013). 

1. Desigualdad urbana 

En las ciencias sociales, la desigualdad se define como una desproporción 

económica, política o social en la que se encuentran unos individuos frente 

a otros. Por ejemplo, desde el aspecto económico, el Banco Mundial la 

define como “la dispersión de la distribución sea el ingreso, como el 

consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población” 

(Peppino, 2004: 4). 

Sin embargo, a pesar de que el campo de investigación económica ha 

dominado el tema, Reygadas (2008) expone que las desigualdades son 

multidimensionales y no pueden tratarse desde un solo enfoque. Inzulsa 

a su vez, expresa: 

La desigualdad, por consiguiente, no se expresa solamente con la enorme diversidad 

adquisitiva de los ingresos de las personas, sino que se deriva en la discriminación 

de la clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta capacidad 

física, etc., que practicadas de manera categórica, la convierten en un fenómeno 

multidimensional y la hacen incompatible con nuestros ideales (2011: 15).


Por ello, en el presente artículo se estudia la desigualdad urbana desde 

un enfoque territorial, desde el cual las desigualdades territoriales se expresan 

“como las disparidades en cuanto a la distribución espacial de unos 

recursos que son escasos, una manera desigual de distribuirlos, con excedente 

y despilfarros en las sociedades desarrolladas y déficits hirientes que están 

dominados por los paisajes de pobreza” (George, 1983: 11). Por su parte, 

Pamplona (2005) manifiesta que éstas son las desigualdades socioeconómicas 

e incluso socioambientales, condicionadas territorialmente, y que 

marcan la diferencia entre territorios, cuyas fronteras están definidas por 

una lógica administrativa o algún fin político. 

Ahora bien, la relación entre la segregación residencial y las desigualdades 

sociales radica en que la primera es un fenómeno espacial, en tanto 

que la segunda es un fenómeno social (Sabatini et al., 2001). El primer 

fenómeno está determinado por la movilidad social (i.e., el ascenso en la 

pirámide social), el nivel de ingresos y las identidades étnicas-colectivas 

que conviven en el espacio, y el segundo es un mecanismo de autoprotección 

y autoexclusión que implica el repliegue, agrupamiento y distanciamiento 

al que recurren los grupos sociales para resguardar sus 

identidades en procesos de formación o en riesgo. 

Para Sabatini et al., los estudiosos de la ciudad pueden asumir un sesgo 

metodológico-conceptual de carácter reduccionista, cuando asumen que el 

aumento de la segregación urbana tiene como consecuencia el aumento de 

la desigualdad social, es decir, “suponen que la segregación espacial es un 

simple reflejo de las diferencias sociales. [Y, por tanto, asumen que] Habría 

una relación simétrica o ‘de espejo’ entre desigualdades sociales y segregación 

residencial” (2001: 23). Esta confusión, muchas veces derivada 

del empleo de mapas temáticos o planos de colores que privilegian la 

interpretación estática y estructural de las ciudades, debe ser cuidadosamente 

evitada por los geógrafos, planificadores urbanos, arquitectos y 

otros investigadores. 

El impacto de la desigualdad en el espacio es el origen de territorios 

significativamente rezagados, caracterizados por menor oportunidad de 

educación, capacitación, empleo y acceso a la salud y, por tanto, menor 

calidad de la fuerza de trabajo y menor productividad, donde al haber 

cierto nivel de pobreza e inequidad crean un entorno favorable para la 

violencia y el conflicto social extremo. De acuerdo con Ayala (2012), esto 

provoca que no sea lo mismo vivir en un lugar u otro, a tal grado que las 

condiciones del lugar de residencia determinan las condiciones socioeconómicas 

y las posibilidades de acceso a bienes y servicios del residente que 

les ayudan a garantizar cierta calidad de vida. A escala urbana, Soja (2009) 

considera que el desarrollo desigual puede considerarse el resultado de 

patrones específicos de distribución de los recursos valorados socialmente,


605 

como la dotación de infraestructura y equipamiento urbano, por ejemplo; 

o como el resultado de procesos subyacentes relativos a las decisiones e 

intereses de los sujetos sociales que son injustas en sí mismas, en ocasiones 

bajo escenarios de discriminación hacia ciertos grupos sociales entre los 

cuales se incluyen los grupos originarios o en los que resaltan las diferencias 

étnicas. 

En México y en el mundo, con la nueva reestructuración del orden 

mundial derivado del proceso de globalización y su impacto, se generó 

un conjunto de diversos procesos sociales y económicos que reconfiguraron 

las ciudades, su estructura y funcionamiento (Vélez y Mejía, 2016); 

dichos procesos se desarrollan principalmente en los espacios urbanos, en 

donde coincide la mayor concentración de actividades económicas, sociales 

y políticas. Esta nueva reconfiguración, el crecimiento exponencial de 

las ciudades debido a la migración (sobre todo de la población originaria 

de las áreas rurales a la ciudad), así como la falta de planeación, la escasa 

regulación, la especulación del suelo y la compra-venta barata de lugares 

en la periferia frecuentemente en zonas no aptas para urbanizar y edificar 

generan nuevas y diferentes desigualdades en el acceso de bienes y servicios 

al interior de la ciudad, propician que algunas zonas se vean más 

beneficiadas que otras. 

Por tanto, derivado de las múltiples dinámicas y procesos de tipo 

político, social, económico, demográfico y urbano desarrollados en los 

distintos territorios, entre ellos el territorio urbano, sería muy limitante 

definir y medir la desigualdad desde el enfoque económico, por lo que es 

más oportuno abordarla desde un enfoque multidimensional que englobe 

diversos elementos que interfieran y mejoren la calidad de vida de las 

personas. Desde esta perspectiva, la desigualdad urbana se entiende como 

la distribución inequitativa de elementos indispensables para el mejoramiento 

de la calidad de vida y desarrollo de las personas, tales como el acceso a la educación, 

la salud, servicios básicos y de saneamiento, trabajo, ingreso, vivienda, 

alimentación, participación, etc., es decir, de todo aquel elemento que pueda 

mejorar las posibilidades de las personas para acceder a distintas oportunidades 

y les permita obtener así un nivel de bienestar aceptable (Moreno, 2019: 91). 

1.1. Análisis y medición de la desigualdad intraurbana 

Las desigualdades expresadas en el ámbito territorial no pueden explicarse 

únicamente como resultado del desempeño de variables económicas, 

aunque debe quedar claro que estas variables condicionan, pero nunca 

determinan el crecimiento y desarrollo en el territorio. Es importante 

considerar que son muchos los factores que intervienen en el proceso de 

surgimiento y agudización de las desigualdades y es preciso delimitarlos


para así poder determinar cuáles podrían ser las posibles causas estructurales 

que conllevan a que las distintas ciudades sufran procesos de fragmentación 

espacial que aíslen a ciertos grupos cada vez más hasta el grado 

de diferenciar, segregar e incluso excluir a barrios o zonas ricas y pobres 

(Arias, 2005). 

Los primeros estudios que tomaron en cuenta el problema de la 

desigualdad en el espacio urbano lo hicieron desde el enfoque económico, 

destacando cómo ciertos elementos influyen y determinan la distribución 

del ingreso en el medio urbano y cómo se explica la desigualdad bajo estos 

argumentos (Harvey, 1973). También estos análisis dieron la pauta para 

considerar las escalas de cómo debería medirse este tipo de desigualdad, 

recomendando medirla a escalas de barrios o por zonas mucho mejor 

definidas, a partir de los datos disponibles en lo que se refiere al origen 

geográfico o nacional de los habitantes, las actividades profesionales, los 

salarios, las rentas, la tasa de alquiler y la calidad de los equipamientos, 

etc. (George, 1983). 

Desde el enfoque de la sociología urbana y la ecología factorial de la 

escuela de Chicago, Fernández-García et al. (2018) hacen una revisión 

teórica exhaustiva de los diversos trabajos realizados en cuanto a la medición 

de la desigualdad en los espacios urbanos. La mayoría de los trabajos 

revisados apuestan por la elaboración de un índice sintético que integre 

diversas características de los espacios, mediante el cual se diferencien las 

distintas zonas de la ciudad según sus condiciones socioeconómicas. Según 

Fernández-García et al., “estos acercamientos al análisis de la desigualdad 

urbana han partido de la premisa de que el estatus socioeconómico, como 

resumen del conjunto de recursos que poseen los residentes, es el factor 

más importante para analizar la desigualdad socioespacial” (2018: 52). 

Desde esta perspectiva, los indicadores comúnmente utilizados para 

conformar los índices sintéticos están relacionados con los siguientes aspectos: 

pobreza (ingreso), exclusión social (empleo, educación, salud), habitabilidad 

(condiciones y equipamientos de viviendas y edificios, servicios 

básicos, hacinamiento, etc.), espacio público (zonas de recreación) y calidad 

ambiental (contaminación, uso de energía eléctrica, etc.). Igualmente, la 

composición étnica ha sido considerada un importante indicador en muchos 

de los estudios de la desigualdad, no sólo en el ámbito urbano, ya que éste 

puede estimarse como un factor de exclusión social (Fernández-García et 

al., 2018). El hecho de pertenecer a una población originaria se traduce 

en mayor probabilidad de ser excluidos de aspectos como la educación, 

la salud, una buena alimentación, la seguridad social, el acceso a políticas 

sociales, así como mayores niveles de pobreza y rezago social (Puyana, 

2018; Singer, 2014; Reygadas, 2008). Si los índices mencionados muestran 

mucha variabilidad entre las zonas, la ciudad se observará más heterogénea y,


607 

por lo tanto, se hablará de mayor desigualdad. Los resultados de la aplicación 

de dichos índices, comúnmente, han sido utilizados para la identificación 

de las zonas de atención prioritaria o de mayor vulnerabilidad, que 

requieren de intervención a través de políticas públicas para su mejora. 

1.2. El rezago social como indicador de las desigualdades 

intraurbanas 

El presente artículo propone el uso del Índice de Rezago Social (IRS) 

como indicador para medir las desigualdades en las ciudades. Este indicador 

surge en México a partir de la promulgación de la Ley General de 

Desarrollo Social (DOF, 2004). En dicha ley, en el capítulo VI de la 

Medición y Definición de la pobreza se asentó que es el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el encargado del 

establecimiento de los lineamientos y criterios para la medición de la 

pobreza y, de acuerdo con el artículo 36, sugiere tomar en cuenta los 

siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita, II. Rezago educativo 

promedio en el hogar, III. Acceso a los servicios de salud, IV. Seguridad 

social, V. Calidad y espacios en la vivienda, VI. Acceso a los servicios 

básicos en la vivienda, VII. Acceso a la alimentación y VIII. Grado de 

cohesión social. De tal modo que el Coneval establece medir la pobreza con 

base en tres elementos: bienestar económico, derechos sociales y cohesión 

territorial (DOF, 2010). 

El rezago social surge como uno de los elementos principales para la 

medición de la pobreza multidimensional, mismo que corresponde a la parte 

de los derechos sociales. A pesar de que sólo representa las carencias sociales 

de un territorio, éste es considerado un indicador muy importante 

relacionado con el desarrollo social del país, ya que está integrado por 

variables como el acceso a la educación, acceso a servicios de salud, servicios 

básicos, espacio y calidad en las viviendas, así como activos del hogar 

(Coneval, 2010), y todo ello en conjunto permite ordenar las diversas zonas 

del país y observar sus diferencias en función del acceso a los beneficios 

del desarrollo social (Benita y Gómez, 2013). 

Aunque este indicador es muy parecido al método de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) debido a los indicadores que considera, el Índice 

de Rezago Social (IRS) está mejor complementado ya que, a diferencia del 

primero, éste integra más información en cuanto al aspecto educación y 

toma en cuenta el acceso a la salud y los activos en el hogar; indicadores 

ausentes en el método NBI. Por otra parte, el NBI es un método de medición 

de la pobreza, mientras que el IRS es sólo un índice para medir la 

pobreza a través del enfoque multidimensional trabajado en México. Por 

sí solo, permite medir el grado de carencias sociales de cada territorio y


tiene la ventaja de que puede desagregarse a nivel estatal, municipal y 

AGEB. Además, facilita la identificación de zonas prioritarias y contribuye 

con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política 

social, especialmente para analizar la desigualdad de coberturas 

sociales que subsisten en el territorio nacional (Coneval, 2007). 

Los indicadores que propone el Coneval para la estimación de este 

índice varían según el nivel geográfico de desagregación. Para el nivel 

AGEB considera los expresados en la figura 1. 

Figura 1 

Dimensiones e indicadores del índice 

de rezago social a nivel AGEB 

Nota: Debido a la carencia de datos a nivel AGEB para el periodo evaluado no se toman en 

cuenta los siguientes indicadores: Población de 15 años a 24 años que no asiste a la escuela (%), 

Viviendas que no disponen de teléfono fijo (%). 

Fuente: elaboración propia con base en Coneval (2007). 

En este artículo, además de considerar los indicadores presentados en 

la figura 1, se integra un indicador de tenencia de la vivienda debido a la 

importancia que tiene ésta, tanto en el bienestar social como familiar de 

las personas, ya que contar con una vivienda propia genera beneficios 

económicos para la familia así como para la sociedad, pues promueve y 

consolida el desarrollo de las áreas donde se localizan. 

Sería ideal que este índice estuviera mejor complementado, debido a la 

ausencia de información en la escala de AGEB, que es la escala con la que 

se propone hacer el análisis, y es complicado agregar más indicadores. Sin 

embargo, este índice contiene muchos elementos que dan cuenta del progreso 

del desarrollo territorial y social de una zona específica.


609 

2. Metodología 

2.1. Delimitación espacial y temporal 

El análisis del presente artículo es retrospectivo y se realizó para el periodo 

1990-2010, debido a que en este rango temporal los datos existentes están 

desagregados a nivel de AGEB, que es la unidad básica del análisis realizado, 

y comprende el análisis de 17 ciudades del estado de Oaxaca seleccionadas 

bajo los criterios especificados en la tabla 1. Se les considera a 

estas ciudades como región socioeconómica estatal debido a que forman 

parte de una concentración económica, cultural y política en cada una de 

las ocho regiones del estado de Oaxaca. 

Tabla 1 

Criterios de elección de las ciudades 

Criterios 

Elegibilidad 

Inclusión 

Exclusión 

Eliminación 

Elección de las ciudades 

Ciudades del estado de Oaxaca mayores o cercanas a 15,000 habitantes 

y que sean lugar central una región socioeconómica estatal. 

Las ciudades del estado de Oaxaca basadas en una regionalización mixta 

(administrativa-nodal-homogénea). Ciudades mayores a 15,000 habitantes 

y localidades que sean lugar central de una región socioeconómica 

estatal. 

Ciudades menores a 15,000 habitantes y que no sean lugar central de 

una región socioeconómica estatal. 

Ciudades menores a 15,000 habitantes que no sean lugar central de 

una región socioeconómica estatal y que carezcan de información del 

problema analizado o que no se justifiquen por una regionalización 

(administrativa-nodal-homogénea). 

Fuente: Pérez (2018). 

2.2. Procedimiento 

Para la medición de la desigualdad se aplicó el Índice de Gini a los valores 

del rezago social, instrumento con el cual se mide cualquier forma de 

distribución desigual. Para el cálculo del Índice de Rezago Social se utilizó 

la técnica estadística de componentes principales, que permitió combinar 

información de indicadores de carencias en un índice que sintetiza numéricamente 

diferentes dimensiones de la pobreza (Coneval, 2007). El 

cálculo del Índice de Rezago Social se realizó en el nivel de AGEB 1 urbano 

y se tomaron en cuenta los indicadores mostrados en la tabla 2. 

1 

Extensión territorial ocupada por un conjunto de manzanas que, generalmente, son de 1 a 50, 

y son delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de identificar en el 

terreno y cuyo suelo sea, principalmente, habitacional, industrial, de servicio y comercial.


Tabla 2 

Variables e indicadores del índice de rezago social 

Dimensión Subdimensión Indicador 

Económica Riqueza Tenencia de la vivienda % Viviendas rentadas 

Social 

Educación 

Salud 

Viviendas 

Rezago Educativo 

Acceso a servicios de salud 

Servicios Básicos 

Calidad de las viviendas 

Bienes 

Fuente: elaboración propia con base en Coneval (2007). 

% Población de 6 a 14 

años que no asisten a la 

escuela 

% Población analfabeta 

de 15 años o más 

% Población de 15 años 

y más con educación 

básica incompleta 

% Población sin derechohabiencia 

a servicios de 

salud 

% Viviendas sin drenaje 

% Viviendas sin energía 

eléctrica 

% Viviendas sin servicio 

de agua 

% Vivienda sin excusado 

o sanitario 

% Vivienda con piso de 

tierra 

Promedio de ocupantes 

por cuarto 

% Viviendas sin refrigerador 

% Viviendas sin lavadora 

Cada uno de los indicadores fueron calculados con base en la metodología 

del Coneval (2007). 

Por otra parte, para el cálculo del Índice de Gini se empleó la siguiente 

fórmula: 

Donde: 

X i 

= {X 1 


611 

n i 

= {n 1 

, n 2 

…, n k 

}: frecuencias absolutas asociadas 

qi: masa relativa repartida entre los miembros de la clase i-ésima; es decir 

qi = 

= Representa la media de la variable 

Esta fórmula nos permite calcular la desigualdad de un valor en relación 

con todos los demás y de ahí obtener la desigualdad total del grupo 

de datos empleados. Para más detalles de la fórmula puede consultarse 

Ferreira y Garín (1997). 

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el método de regresión 

lineal múltiple y será válida si la correlación manifiesta un valor mayor a 

0.60 y que además posea una significancia ≥ 90%. El valor obtenido en 

sentido positivo o negativo se evaluará con la escala: 0.00 a 0.20 (muy 

baja), 0.21 a 0.40 (baja), 0.41 a 0.60 (media), 0.61 a 0.80 (alta) y 0.81 a 

1.00 (muy alta). 

3. Análisis de contexto 

En este apartado se realiza un análisis del contexto de las ciudades multiculturales 

consideradas para este artículo, retomando aspectos demográficos, 

sociales, económicos, así como los indicadores de desarrollo; entre 

ellos, el Índice de Marginación, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice 

de Rezago Social a nivel municipal. Los datos marcados con colores azules 

indican las ciudades con las condiciones más favorables y los marcados 

con color rojo indican las ciudades con las condiciones desfavorables, según 

la información obtenida. 

Al respecto, cabe advertir que desde la década de los noventa del siglo 

XX se considera que el Estado mexicano, en lugar de aminorar los grados 

de desigualdad, los ha fomentado para generar un desarrollo regional más 

desequilibrado y desarticulado (Merchand, 2014). El desarrollo regional 

en México se ha expresado históricamente en distorsiones territoriales que 

son producto de una excesiva concentración económica, centralidad de 

las decisiones políticas y desigual distribución de los beneficios. La ubicación 

geográfica del aparato productivo, la inequitativa distribución 

regional del ingreso y la calidad de vida de la población han favorecido al 

centro y el norte del país, quedando marginados el sur y el sureste (Delgadillo, 

2008). 

Este desarrollo se ha reflejado al interior de las ciudades y las grandes 

zonas metropolitanas caracterizadas por un crecimiento anárquico, que 

también manifiestan las desigualdades territoriales y la ausencia o deficiencia 

de la planeación espacial, que se plasman en elevados déficits de vivienda,


infraestructura y servicios sociales para los sectores populares; segregación 

territorial por clases sociales y calidad de vida; agudo problema de transporte, 

congestión vehicular y pérdida de productividad y eficiencia por el 

tiempo de circulación humana y mercantil; crecientes índices de contaminación 

de la atmósfera, el suelo y el agua en su interior y la periferia 

(Pradilla, 1995). Las regiones y ciudades de Oaxaca no son ajenas a este 

proceso que tiene una duración de décadas, aunque posee sus propias 

peculiaridades. 

Una de las condiciones que caracteriza al estado de Oaxaca es su riqueza 

multicultural, ya que su territorio alberga la mayor variedad de grupos 

originarios. En este estado conviven 16 grupos etnolingüísticos: amuzgos, 

chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, huave, ixcateco, mazateco, 

mixe, mixteco, náhuatl, triqui, zapoteco, zoque y el popoloca en 

peligro de extinción (Berumen, 2003). 

En cuanto a las ciudades en estudio, éstas albergan aproximadamente 

22% del total de la población indígena del estado. Las lenguas que predominan 

en estas ciudades son el zapoteco, seguido del mixteco, el mixe, 

y sólo en Tuxtepec, el chinanteco. De acuerdo con la tabla 3, la ciudad 

que alberga el mayor número de población originaria es Juchitán con 

aproximadamente 85% del total de sus habitantes, seguida de Tlaxiaco e 

Ixtepec con un 46.90 y 43.50%, respectivamente. 

Tabla 3 

Análisis de las características demográficas y sociales 

Ciudad Población Salud Educación Vivienda 

Total POBIND POBSSS POBANA PROESC ICV 

(%) (%) (%) 

IXT 7674 75.02 38.94 10.71 7.2 0.58 

TEO 8966 39.88 44.17 13.05 8.2 0.75 

CUI 9441 28.31 21.85 13.06 6.4 0.56 

OCO 21,341 8.38 42.41 10.44 7.6 0.44 

IXP 26,450 43.50 27.00 9.7 8.5 0.76 

MRO 38,019 27.25 46.11 12.63 7.1 0.77 

TLA 38,453 46.90 62.43 10.36 8.4 0.48 

CRU 38,629 8.95 29.35 10.7 9.8 0.86 

MIA 41,387 18.08 57.11 15.9 6.5 0.42 

LOB 41,535 6.97 34.82 14.41 6.3 0.85 

PES 42,860 9.15 35.12 11.44 8.6 0.85 

PNA 50,309 36.80 44.04 17.06 7.1 0.38


613 

Tabla 3 (continuación) 

Ciudad Población Salud Educación Vivienda 

Total 

POBIND 

(%) 

POBSSS 

(%) 

POBANA 

(%) 

PROESC 

HUA 69,839 13.49 43.47 7.53 8.6 0.75 

JUC 93,038 85.68 44.17 14.25 7.7 0.79 

TUX 155,766 30.58 34.90 9.01 8.1 0.81 

ZMT 161,337 25.32 34.47 9.7 7.3 0.77 

ZMO 607,963 20.04 38.92 4.9 9.4 0.74 

POBIND=Población indígena, POBSSS=Población sin servicios de salud, POBANA= Población 

Analfabeta, PROESC=Promedio de escolaridad, ISV= Índice de servicios en la vivienda. 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de INPI (2016) e Inegi (2010). 

Con respecto al acceso a la salud pública, las ciudades con mayor 

porcentaje de población sin servicio de salud son Tlaxiaco y Miahuatlán, 

ya que superan 50% sin acceso a este servicio; por el contrario, las ciudades 

que presentan la mejor situación son Ixtepec, Crucecita y Cuicatlán. 

El panorama del resto de las ciudades no es nada motivador, ya que la 

mayoría supera la tercera parte de su población sin acceso a este servicio. 

En lo que corresponde al aspecto educativo, las ciudades que tienen 

mayor población analfabeta son Pinotepa Nacional, Miahuatlán y Loma 

Bonita. Por otra parte, en el indicador de años promedio de escolaridad 

vuelven a coincidir esas ciudades a excepción de Pinotepa, lo cual demuestra 

que se están quedando rezagadas en cuanto a la dimensión educativa. 

Es importante resaltar que todas las ciudades, con excepción de Pinotepa 

Nacional, se encuentran por debajo del promedio estatal (16.9%) de 

población analfabeta. En cuanto al otro indicador, hay tres ciudades: Loma 

Bonita, Miahuatlán y Cuicatlán, que están por debajo del promedio 

estatal (6.9) en años promedio de escolaridad. 

Otro aspecto fue el acceso a los servicios en las viviendas, por medio 

de un índice que incluyó el acceso a drenaje, agua, luz eléctrica, hacinamiento, 

piso de tierra y servicio sanitario (ISV). Las ciudades que presentaron 

las mejores condiciones en sus viviendas fueron Crucecita, Puerto 

Escondido, Loma Bonita y Tuxtepec, ya que presentaron un índice arriba 

de 0.80, considerando que la mejor situación es 1. En cuanto a las zonas 

metropolitanas se puede observar que presentan un índice menor al 0.80, 

lo que indica que muestran todavía una gran carencia de servicios y condiciones 

básicas en las viviendas. La situación más desfavorable se vive en 

Pinotepa Nacional, ciudad seguida por Miahuatlán y Ocotlán, lo que 

indica una muy baja dotación de los servicios básicos en las viviendas 

ubicadas en estas ciudades. 

ICV


El aspecto económico también es un elemento muy importante, sobre 

todo en el desarrollo de las ciudades, ya que éstas se consideran los motores 

económicos de la sociedad. Por ello, en la tabla 4 se presentan los principales 

indicadores económicos del grupo de ciudades analizadas. 

Tabla 4 

Análisis de indicadores económicos, 2010 

Ciudad 

Indicadores económicos 

PIB INGRESO GINI 

CUI 6577.85 0.699 0.45 

IXT 6848.26 0.705 0.46 

MIA 7939.19 0.730 0.45 

PNA 8340.65 0.738 0.48 

PES 8363.04 0.739 0.39 

JUC 9409.31 0.758 0.43 

TEO 9676.25 0.763 0.43 

ZMT 10,309.80 0.760 0.43 

MRO 11,072.38 0.786 0.48 

OCO 11,297.75 0.789 0.47 

LOB 11,550.24 0.793 0.42 

CRU 12,787.35 0.810 0.45 

ZMO 14,073.47 0.823 0.44 

TUX 14,383.27 0.829 0.44 

IXP 15,878.89 0.846 0.44 

TLA 16,025.73 0.847 0.42 

HUA 20,387.32 0.888 0.44 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del PNUD (2014) y Coneval (2011). 

De acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto per cápita (PIB), 

la ciudad que contó con un mayor PIB en el 2010 fue Huajuapan, con 

un valor de 20,387.3 dólares, mientras la ciudad con un menor PIB fue 

Cuicatlán, seguida de Ixtlán y Miahuatlán. 

Para el análisis del ingreso, se tomó el índice de ingreso que utilizó el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los resultados 

obtenidos mostraron que la ciudad con un mayor ingreso, de acuerdo 

con el índice calculado, fue Huajuapan (0.89), seguido de Tlaxiaco (0.847) 

e Ixtepec (0.846). La ZMO también representó una de las zonas con


615 

mayor nivel de ingreso, ya que presentó un índice de (0.82). La ciudad 

que manifestó un menor ingreso en este indicador fue Cuicatlán (0.669). 

Como último indicador evaluado de este aspecto se tomó en cuenta 

el Índice de Gini que mide la desigualdad económica de una sociedad, 

mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución 

de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma 

valores entre cero y uno; un valor que tiende a uno refleja mayor desigualdad 

en la distribución del ingreso. Los datos mostraron que las ciudades 

con una mayor desigualdad económica para el 2010 fueron Pinotepa 

Nacional, Matías Romero y Ocotlán. Sin embargo, todas las ciudades a 

excepción de Puerto Escondido, presentaron un índice arriba de 0.40, lo 

Tabla 5 

Análisis de indicadores de desarrollo, 2010 

Ciudad Grados que predominan Índice de Desarrollo Humano 

Marginación Rezago Social Valor del Índice 

HUA Alto, Medio Bajo, Medio 0.8752 

ZMO Alto, Medio Bajo, Medio 0.8675 

TLA Muy Alto, Alto Medio 0.8615 

TUX Alto, Medio Bajo, Medio 0.8607 

IXP Medio Bajo 0.8560 

CRU Medio Bajo 0.8469 

TEO Muy Alto, Alto Bajo, Medio 0.8404 

MRO Alto, Medio Bajo, Medio 0.8354 

LOB Alto, Medio Bajo 0.8330 

OCO Muy Alto, Alto Medio, Alto 0.8320 

JUC Alto, Medio Bajo, Medio 0.8295 

PES Alto, Medio Medio, Bajo 0.8206 

ZMT Alto, Medio Bajo, Medio 0.8157 

IXT Medio Bajo 0.8138 

PNA Muy Alto, Alto Medio, Alto 0.8023 

MIA Muy Alto, Alto Medio, Alto 0.7946 

CUI Muy Alto, Alto Bajo, Medio 0.7857 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del PNUD (2014), Conapo (2012) y Coneval 

(2010).


que señala que las ciudades del estado de Oaxaca se podrían considerar 

con una desigualdad catalogada como media. 

Para el último grupo de indicadores evaluados se tomaron en cuenta 

los indicadores relacionados con el nivel de desarrollo. Como se observa 

en la tabla 5, varias ciudades que tienen condiciones desfavorables en un 

aspecto también presentan condiciones desfavorables en otros; por ejemplo, 

las ciudades caracterizadas por los altos grados de marginación coindicen 

también con la variable de ser las más rezagadas. En este análisis, 

con la aplicación de los índices mencionados, es posible ubicar a Miahuatlán 

como la ciudad con las condiciones más desfavorables de todo el 

grupo, ya que predominan los niveles altos, tanto de marginación como 

de rezago social en el nivel AGEB, y es también una de las ciudades con 

un menor nivel de desarrollo. Además, se observa que en relación con el 

índice de marginación urbana en la mayoría de las ciudades predominan 

los niveles altos de marginación. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, las ciudades que presentaron 

las mejores condiciones fueron las pertenecientes a la región mixteca, 

la cual se caracteriza por los altos niveles de migración, y por consecuencia, 

una de las regiones que mayor cantidad de remesas recibe. También 

entre éstas se encuentra la Zona Metropolitana de Oaxaca, considerada 

la zona más importante del estado. 

De manera general, derivado de este análisis de contexto, se puede 

concluir que la ciudad con las condiciones más desfavorables fue Miahuatlán. 

Esto con base en que fue la ciudad con el mayor porcentaje de 

población no afiliada a servicios de salud, con el mayor porcentaje en 

analfabetismo, con una población con menor nivel académico y con una 

gran carencia de servicios básicos en sus viviendas. Además, fue una de 

las ciudades con menor PIB, manifestó alto grado, tanto de rezago social 

como de marginación, y presentó un IDH menor al resto de las ciudades. 

Por el contrario, la ciudad que presentó mejores condiciones para su 

desarrollo fue la Crucecita (Huatulco), ya que presentó buenas condiciones 

en cuanto a salud, educación, servicios básicos en sus viviendas y 

menores niveles de marginación y rezago social. 

4. Resultados 

Para la presentación de los resultados se clasificaron las ciudades de acuerdo 

con su tamaño poblacional, estructurados de la siguiente manera: pequeñas 

ciudades (con una población menor a los 15,000 habitantes), ciudades 

medias (de 15,000 a 50,000 habitantes), grandes ciudades (mayores 

a los 50,000 habitantes) y las zonas metropolitanas.


617 

Por otra parte, en cuanto al Índice de Gini, éste comprende valores entre 

el cero y el uno, cuanto más cercano se encuentra de la unidad mayor es el 

nivel de desigualdad y mientras más cercano se encuentre del cero indica 

una mayor igualdad. De acuerdo con lo anterior y para una mejor interpretación 

en este artículo se propone la siguiente clasificación (tabla 6): 

Tabla 6 

Valores de interpretación del Índice de Gini 

Intervalo 

Valores entre 0-0.30 

Valores entre 0.31-60 

Valores superiores a .60 

Distribución equitativa 

Interpretación 

Se puede hablar de situaciones de desigualdad/presencia 

de desigualdad 

Distribución gravemente inequitativa 

Fuente: elaboración propia con base en información documental. 

Los resultados obtenidos para cada una de las ciudades se muestran 

en la tabla 7: 

Tabla 7 

Índice de Gini para las ciudades de Oaxaca 

Ciudad 

Coeficiente de Gini 

1990 2000 2010 

LOB 0.39 0.31 0.39 

CRU 0.50 0.42 0.30 

CUI 0.16 0.25 0.34 

HUA 0.45 0.22 0.51 

IXP 0.47 0.35 0.45 

IXT 0 0.39 0.50 

JUC 0.43 0.24 0.19 

MRO 0.38 0.48 0.18 

MIA 0.15 0.32 0.53 

OCO 0.44 0.30 0.45 

PNA 0.45 0.23 0.36 

PES 0.23 0.33 0.49


Tabla 7 (continuación) 

Ciudad 

Coeficiente de Gini 

1990 2000 2010 

TEO 0.11 0.51 0.68 

TLA 0.30 0.22 0.19 

TUX 0.27 0.32 0.44 

ZMO 0.27 0.25 0.47 

ZMT 0.19 0.24 0.22 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos y su evolución en cada una de las ciudades 

se observan en el mapa 2. 

Mapa 2 

Índice de Gini para las ciudades del estado 

de Oaxaca, periodo 1990-2010 

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Mapa Digital Versión 6.1.0 (Inegi, 2013). 

4.1. Pequeñas ciudades 

En este grupo de ciudades se puede observar un incremento constante de 

la desigualdad, sobre todo en el caso de Teotitlán e Ixtlán; por su parte, 

Cuicatlán presenta un aumento con menos intensidad (gráfica 1).


619 

Gráfica 1 

Comportamiento del Índice de Gini en las pequeñas ciudades 


4.2. Medianas ciudades 

De este grupo, se observa que en la mayoría de las ciudades la desigualdad 

tiende a aumentar con el paso del tiempo (gráfica 2), siendo Miahuatlán 

la ciudad con el Índice de Gini más alto. Se observan tres ciudades con 

un comportamiento diferente: Crucecita, Matías Romero y Tlaxiaco, 

Gráfica 2 

Comportamiento del Índice de Gini en las medianas ciudades 

Fuente: elaboración propia.


en las que la desigualdad tiende a disminuir. Crucecita, principalmente, 

por la gran cantidad de recursos invertidos y Tlaxiaco probablemente a 

las remesas recibidas que permiten mejorar la calidad de vida. 

4.3. Grandes ciudades 

Con respecto a las ciudades con más de 50,000 habitantes, el caso que 

resalta es la ciudad de Juchitán debido a que su nivel de desigualdad 

decrece en el periodo observado (gráfica 3). De un valor de Índice de 

Gini de 0.43 en 1990 bajó a un valor de 0.19 para el 2010. Las demás 

ciudades como Huajuapan y Pinotepa presentan un declive de su desigualdad 

en el 2000, pero para el 2010 vuelve a aumentar. Por su parte, 

Tuxtepec es la única ciudad de este grupo que mantiene un incremento 

de su desigualdad de manera constante. 

Gráfica 3 

Comportamiento del Índice de Gini en las grandes ciudades 


4.4. Zonas metropolitanas 

Ambas zonas metropolitanas muestran un crecimiento de la desigualdad 

al interior de ellas (gráfica 4); sin embargo, la Zona Metropolitana de 

Oaxaca es la que presenta un mayor crecimiento. 

Se puede confirmar con los resultados obtenidos que en el periodo 

analizado la desigualdad intraurbana en las ciudades del estado de Oaxaca


621 

Gráfica 4 

Comportamiento del Índice de Gini en las zonas metropolitanas 


está aumentando. En la gráfica 5 se muestran las tasas de crecimiento 

calculadas por periodo y por estrato urbano. Se observa que de manera 

general la desigualdad va en aumento en las ciudades analizadas, donde 

son las pequeñas ciudades las que tienen las mayores tasas de crecimiento, 

siendo el periodo del 2000 al 2010 donde la desigualdad aumenta en 

todos los estratos. 

Gráfica 5 

Tasa de crecimiento del Gini por periodo y estrato de ciudad 

Fuente: elaboración propia.


1 

Tabla 8 

Los factores de la desigualdad en las ciudades de Oaxaca 

Coefficients a,b 

Model 

B 

Unstandardized 

Coefficients 

Std. Error Beta 

Standardized 

Coefficients 

t 

Sig. 

Low er 

Bound 

95.0% Confidence 

Interval for 

B 

Upper 

Bound 

Correlations 

Partial Part 

Zeroorder 

Tolerance 

Collinearity 

Statistic s 

VIF 

POB originaria -3.82E-06 0 -0.361 -1.937 0.077 0 0 0.5 -0.488 0.221 4.529 

POB no originaria 2.44E-07 0 0.074 0.287 0.779 0 0 0.49 0.083 0.025 0.114 8.773 

SALUD 0.003 0.003 0.322 1.158 0.269 -0.003 0.009 0.912 0.317 0.101 0.099 10.072 

EDUCACIÓN 0.1 0.008 0.39 1.312 0.28 -0.009 0.028 0.811 0.311 0.099 0.065 15.478 

CALIDAD DE 

LA VIVIENDA 

0.288 0.138 0.483 2.086 0.059 -0.013 0.59 0.916 0.516 0.183 0.143 7.016 

Dependent Variable:DSG 

a. Linear Regression through the Origin 

Fuente: elaboración propia con base en datos del PNUD (2014), Conapo (2012) y Coneval (2010) y con apoyo del software SPSS Versión 24 (IBM, 2016).


623 

4.5. Los factores de la desigualdad 

Tomando en cuenta los indicadores considerados en el presente artículo, 

y después de realizar el análisis de regresión múltiple respectivo, en la tabla 

8 se observa que el mayor peso estadístico con respecto a las desigualdades 

territoriales de las ciudades se posiciona sobre la calidad de la vivienda 

(beta: 0.483), el nivel educativo (beta: 0.390) y la cantidad de población 

originaria (beta: -0.361), con la consideración de que en el caso de las 

ciudades analizadas, a mayor población originaria existente en las mismas, 

menores son las desigualdades intraurbanas que manifiestan, por lo que 

la hipótesis planteada originalmente, que esperaba que el mayor peso 

estadístico lo manifestara la cantidad de población originaria comparada 

con los indicadores del Índice de Rezago Social, se rechaza. 

Discusión y conclusiones 

El cálculo del Índice de Rezago Social ayudó a identificar cuáles son las 

zonas de las ciudades con las mayores carencias sociales. A través del valor 

cuantitativo de dicho índice fue posible la aplicación del Índice de Gini. 

Este procedimiento ayudó a medir las diferencias existentes entre las AGEB 

de las localidades y permitió conocer el nivel de desigualdad al interior de 

las ciudades, así como concluir que la hipótesis del artículo que proponía 

que las desigualdades estuvieran fuertemente asociadas a la cantidad de 

población originaria existentes en las mismas se rechace, pues en las ciudades 

oaxaqueñas sucede lo contrario: entre menos población originaria 

posea una ciudad, mayor es la desigualdad interna que manifiestan. 

Una reflexión inmediata de este resultado remite a concluir que en las 

ciudades analizadas no puede descartarse que la multiculturalidad influye 

en la desigualdad, sobre todo en las decisiones de asignación de los recursos 

públicos para combatirla, sujetas a los usos y costumbres de las comunidades 

urbanas oaxaqueñas que influyen en que las periferias de las 

ciudades queden marginadas de dicha asignación por contar con población 

denominada avecindada, es decir, no originaria de la ciudad; pero que 

existen otros factores no valorados en el presente artículo que también 

generan efectos en la desigualdad urbana, como los comentados por Soja 

(2009), 1) la discriminación en sus tres formas conocidas: étnica, de género 

y de clase; 2) las políticas y acciones gubernamentales que reorientan las 

inversiones urbanas, institucionalizan la segregación residencial, crean 

estructuras centro-periferia y zonifican el territorio injustamente; 3) el 

funcionamiento cotidiano del sistema urbano que responde a los incentivos 

y las decisiones de localización del capital, es decir, que en la medida


que el funcionamiento de la ciudad opere a favor de las clases adineradas 

y empresariales, bien para concentrarse o para ocupar zonas antes habitadas 

por clases populares, la redistribución de los beneficios y los ingresos 

reales tenderán a desplazarse con el capital, y 4) la conformación de estructuras 

geográficas diferenciadas por los grados de desarrollo social, económico 

e institucional, así como por los privilegios intactos que no se regulan 

para provecho colectivo de la ciudad o región metropolitana. 

Lo que también es común en las mismas son las insuficiencias en las 

capacidades técnicas, administrativas y organizativas que los gobiernos 

municipales muestran como problema de raíz, que impide una mejor eficacia 

en su gestión (Martínez, 2019). Como resultado, el crecimiento de las 

ciudades se está dando en forma desordenada, sin ningún tipo de lineamiento 

que guíe este crecimiento, dejando a diversas zonas de las mismas con muchas 

carencias. Esta falta de interés en la implementación de un orden y mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población, sobre todo de los más 

vulnerables, hacen que cada ciudad se desarrolle de una forma muy heterogénea 

y que presenten grandes desigualdades en su interior. 

Pero también, con base en el análisis realizado, se observa que cada 

ciudad del estado de Oaxaca presenta una dinámica diferente, pues como 

lo mencionan Vélez y Mejía, las “experiencias urbanas son diversas y obedecen 

a aspectos de ubicación de quienes las habitan y cómo interactúan 

entre sí, la forma en que se produce el espacio urbano, su forma de organización, 

así como esquemas de apropiación y uso de este” (2016: 96). Por 

lo que, adicionalmente a las reflexiones anteriores, se comenta que las 

ciudades con mayor desigualdad como Teotitlán e Ixtlán –ciudades catalogadas 

como pequeñas–, Miahuatlán –de las ciudades medianas–, Huajuapan 

–de las grandes ciudades– y la ZMO en las zonas metropolitanas, 

muestran que la desigualdad se asocia más a las ciudades que poseen una 

menor población originaria. Las ciudades pequeñas (Teotitlán, Ixtlán, 

Cuicatlán) están caracterizadas por tener una actividad económica baja, 

es decir, las oportunidades de un empleo formal son escasas, además de 

que también predominan las actividades primarias y son altamente dependientes 

de los recursos federales. Estas características les impiden tener un 

ingreso suficiente para mejorar sus condiciones y que se vea reflejado en sus 

niveles de desigualdad. A su vez, también tienen una dotación de infraestructura 

de salud y educación escasa. 

Existe una ciudad con mejor situación económica: la Crucecita, 

Huatulco, que al ser un Centro Integral Planeado (CIP), su desarrollo se 

deriva de grandes inversiones. Pero, detrás de todo ese desarrollo hubo 

también un proceso de despojo y exclusión de la población originaria. 

Por ello, aunque la desigualdad intraurbana de la ciudad es baja, la desigualdad 

económica que presenta es mucho mayor. Es decir, los beneficios


625 

económicos que la actividad turística está generando no se han distribuido 

de una manera adecuada. Una situación similar se presenta en la Zona 

Metropolitana de Oaxaca, ya que, a pesar de ser la ciudad con mayores 

oportunidades de empleo, educación y acceso a salud es también una de 

las más desiguales. Esto se debe a su rápido crecimiento que ha hecho 

más difícil implementar mecanismos de ordenamiento territorial y suministro 

de servicios básicos. Además, debido a su crecimiento poblacional, las 

oportunidades de acceso a la educación y salud se ven cada vez más limitadas. 

En resumen, el análisis retrospectivo realizado aporta la consideración 

que el proceso de desarrollo aún vigente en las ciudades analizadas no ha 

sido resuelto y está incrementando su nivel de desigualdades preferentemente 

en las ciudades que poseen una menor población originaria, y que el problema 

de la desigualdad en estas ciudades es multifactorial. 

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Recibido: 12 de noviembre de 2019. 

Reenviado: 4 de mayo de 2020. 

Aceptado: 7 de julio de 2020. 

Julita Moreno Avendaño. Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional 

y Tecnológico por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, México. Su línea 

de investigación actual es desarrollo regional sustentable. Entre sus más 

recientes publicaciones como coautora están: “Educación media superior


y desarrollo sustentable en las ciudades del estado de Oaxaca, México”, 

Perfiles Educativos, 41 (163), Ciudad de México, Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación, UNAM, pp. 69-87 (2019); 

“Análisis del impacto de las pequeñas y medianas ciudades en el cambio 

climático. El caso de Oaxaca, México 2000-2015”, Sociedad y Ambiente, 

5 (14), San Cristóbal de las Casas, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), 

pp. 99-118 (2017) y “El problema de la vivienda en las pequeñas, medianas 

y grandes ciudades de Oaxaca, México, 2000-2015”, Quívera, 19 (1), 

Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 61-84 (2017). 

Andrés Enrique Miguel-Velasco. Doctor en Ciencias en Planificación 

de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

México. Actualmente es profesor-investigador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Su 

línea de investigación actual es desarrollo regional sustentable. Entre sus 

más recientes publicaciones, como coautor, se encuentran: “Ciudades: 

análisis de sus desigualdades inter e intraurbanas. El caso de Oaxaca, 

México 2000-2015”, Bitácora Urbano Territorial, 28 (3), Bogotá, Universidad 

Nacional de Colombia, pp. 27-38 (2018); “Análisis del impacto de 

las pequeñas y medianas ciudades en el cambio climático. El caso de 

Oaxaca, México 2000-2015”, Sociedad y Ambiente, 5 (14), San Cristóbal 

de las Casas, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), pp. 99-118 (2017), 

y “Las redes de la vivienda y el desarrollo sustentable en la centralidad de 

las ciudades de Oaxaca, México, 2000-2015”, Estudios Demográficos y 

Urbanos, 32 (3), Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 515-546 

(2017). 

Maribel Pérez Pérez. Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y 

Tecnológico en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, México. Actualmente 

es profesora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Oaxaca. Su línea de investigación es desarrollo regional sustentable. 

Entre más recientes publicaciones, como coautora, destacan: “Educación 

media superior y desarrollo sustentable en las ciudades del estado de 

Oaxaca, México”, Perfiles Educativos, 41 (163), Ciudad de México, Instituto 

de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad 

Nacional Autónoma de México, pp. 69-87 (2019); “Las redes de la 

vivienda y el desarrollo sustentable en la centralidad de las ciudades de 

Oaxaca, México, 2000-2015”, Estudios Demográficos y Urbanos, 32 (3), 

Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 515-546 (2017), y “Análisis 

del impacto de las pequeñas y medianas ciudades en el cambio climático. 

El caso de Oaxaca, México 2000-2015”, Sociedad y Ambiente, 5 

(14), San Cristóbal de las Casas, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), 

pp. 99-118 (2017).


631 

Christian Martínez Olivera. Maestro en Ciencias en Desarrollo Regional 

y estudiante de Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y 

Tecnológico en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, México. Su línea de 

investigación actual es el desarrollo regional sustentable. Entre sus más 

recientes publicaciones, como coautor, se encuentran: “La gestión pública 

como herramienta de gobernanza para la generación de desarrollo local 

sustentable en las zonas metropolitanas de Oaxaca (México), periodo 

2000-2017”, en Juan Antonio Márquez Domínguez y Jorge Luis Llamas 

Chávez (dirs.), Hélices y anclas para el desarrollo local, Huelva, Diputación 

de Huelva (España), Universidad de Cartagena de Indias (Colombia), 

Universidad de Huelva (España), pp. 365-373 (2019), y “Los conflictos 

sociales y su impacto en el turismo. El caso de las ciudades de Oaxaca, 

México”, Investigación y desarrollo, 27 (1), Barranquilla, Universidad del 

Norte, pp. 107-136 (2019). 

Karina Aidee Martínez García. Candidata a doctora en Ciencias en 

Desarrollo Regional y Tecnológico en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

México. Sus líneas de investigación son desarrollo regional sustentable y 

la vivienda conectada. Entre sus más recientes publicaciones, como 

coautora, destacan: “Educación media superior y desarrollo sustentable 

en las ciudades del estado de Oaxaca, México”, Perfiles Educativos, 41 

(163), Ciudad de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 

y la Educación/Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 

69-87 (2019); “Ciudades: análisis de sus desigualdades inter e intraurbanas. 

El caso de Oaxaca, México 2000-2015”, Bitácora Urbano Territorial, 

28 (3), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 27-38 (2018), y 

“Marginación y rezago social en ciudades de las regiones de pueblos originarios. 

El caso de Oaxaca en el sur de México”, Espacio y Desarrollo, 

núm. 30, San Miguel Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 

59-83 (2017).




633 

Valoración del paisaje urbanoambiental 

de Juriquilla y Santa Rosa 

Jáuregui, Querétaro, México 

Evaluating the urban environmental 

landscape of Juriquilla and Santa Rosa 

Jauregui, Queretaro, Mexico 

Juan Alfredo Hernández Guerrero* 

Abstract 

Cities are composed of dynamic and heterogeneous landscapes of complex evaluation 

and dissimilar urban and environmental management. To analyze this complexity, 

the quality of the urban-environmental landscape of Juriquilla and Santa Rosa 

Jauregui in the city of Queretaro was evaluated. Video recording of the landscape, 

urban and environmental indicators, inverse distance interpolation and multi-criteria 

evaluation were used. In the results, Santa Rosa Jauregui presented low quality 

of the urban-environmental landscape and priority attention zones were identified, 

whereas in Juriquilla the quality was high with intermediate and monitoring zones. 

It concludes with a replicable and support proposal in territorial planning. 

Keywords: evaluation, quality, landscape, urban, environmental. 

Resumen 

Las ciudades están compuestas por paisajes dinámicos y heterogéneos de compleja 

valoración y disímil gestión urbana y ambiental. Para analizar esa complejidad, 

se valoró la calidad del paisaje urbano-ambiental de Juriquilla y Santa Rosa 

Jáuregui en la ciudad de Querétaro. Se emplearon videograbaciones del paisaje, 

indicadores urbanos y ambientales, interpolación de distancia inversa y evaluación 

multicriterio. En los resultados, Santa Rosa Jáuregui presentó baja calidad 

del paisaje urbano-ambiental y se identificaron zonas de atención prioritarias; 

en Juriquilla la calidad fue alta con zonas intermedias y de monitoreo. Se concluye 

con una propuesta replicable y de apoyo para la planeación territorial. 

Palabras clave: valoración, calidad, paisaje, urbano, ambiental. 

* Universidad Autónoma de Querétaro, correo-e: juan.hernandez@uaq.mx

634 J. A. Hernández Guerrero: Valoración del paisaje urbano-ambiental de Juriquilla y... 

Introducción 

Al comenzar el siglo XX, disciplinas como la antropología, la sociología 

y la geografía tomaron el paisaje como unidad de análisis para interpretar 

porciones dinámicas del espacio, a través de relaciones convolutivas 

entre lo biofísico y lo cultural (Maderuelo, 2005; Gailing y Leibenath, 

2015). Esas disciplinas mencionan que el paisaje (según el lugar, cultura 

e identidad) se explica a través de interacciones, modificaciones y relaciones 

sociales y naturales, en la ocupación, transformación e interpretación 

de fracciones del espacio subjetivo sentido y vivido (Fürstenau, 2009; 

Urquijo y Barrera-Bassols, 2009; Medina, 2010; Urquijo y Bocco, 2011; 

Folch y Bru, 2017). 

El paisaje urbano se define como la relación de rasgos visibles de las 

interacciones biofísicas y culturales que interactúan dentro de entornos 

artificialmente construidos (Maderuelo, 2010; Lalana, 2011). Al mismo 

tiempo, los estilos de vida, actividades y necesidades humanas producen 

ajustes y transformaciones que recrean paisajes diferenciados por las condiciones 

del entorno inmediato (Matsuoka y Kaplan, 2008; Wu, 2010; 

Taylor, 2016; Liu et al., 2017). 

La ciudad contiene múltiples entornos que denotan paisajes heterogéneos 

diferenciados por sectores (habitacional, comercial, industrial, recreativo), 

compuestos de variables urbanas (equipamiento, infraestructura, cobertura, 

estructura) y ambientales (vegetación, ríos, temperatura, contaminación) 

(Andersson, 2006; Matsuoka y Kaplan, 2008; Hernández-Guerrero, 2015); 

dichas variables, al analizarse integralmente, pueden ser una alternativa de 

gestión en la planeación urbana y territorial; su valoración puede incluir 

interpretaciones cualitativas y cuantitativas para diferenciar entornos según 

su estructura, condición, organización, componentes, uso y manejo del 

fondo escénico (Pérez, 2000; Pasimeni et al., 2012; Gavrilidis et al., 2016; 

Bürgi et al., 2017). 

La comprensión del paisaje urbano y ambiental, al no ser lineal, está 

supeditada a constructos mentales, sensaciones estéticas y sentimientos 

afectivos, que a su vez producen asociaciones de la interpretación del 

entorno inmediato (Galindo y Corraliza, 2000; Maderuelo, 2010; Lalana, 

2011; Ellard, 2015). 

En ese sentido destacan los métodos directos para valorar el paisaje 

mediante técnicas subjetivas en las que se emplean escalas de rango o de 

orden, a través de la contemplación parcial o total del paisaje, sea in situ o a 

través de fotografías, imágenes digitales (tabletas o computadoras) y videograbaciones; 

ese tipo de valoración debe contener criterios claros de la 

diversidad de elementos que incluyen los paisajes, de lo contrario, el juicio 

del evaluador puede aumentar o disminuir el valor de la respuesta; por esta


635 

razón, también se requieren evaluadores capacitados en la técnica (Muñoz- 

Pedreros, 2004). 

Los métodos directos de valoración del paisaje con enfoque cultural, 

histórico, arquitectónico, ambiental, urbano o económico comúnmente 

son utilizados en el análisis de las ciudades, pues las técnicas permiten 

identificar, diferenciar y evaluar los múltiples entornos artificialmente 

construidos que las integran, así como la configuración y reconfiguración 

de su dinámica evolutiva (Cabrerizo, 2013; Liu et al., 2017; Aguilera- 

Benavente et al., 2011; Hofmann et al., 2012). 

El presente trabajo emplea un enfoque de análisis de paisaje urbanoambiental 

que considera la calidad visual de éste, a través de técnicas 

estético-perceptuales (Muñoz-Pedreros, 2004); se utilizan elementos 

urbanísticos como edificaciones, infraestructura, vialidades, mobiliario y 

espacios abiertos, así como elementos ambientales, sea contaminación, 

vegetación, confort térmico y acústico (Briceño y Gil, 2003; Matsuoka y 

Kaplan, 2008; Briceño et al., 2011; Keshtkaran et al., 2017; Barrasa, 2013; 

Liu et al., 2017; Hernández-Guerrero, 2015; Hernández-Guerrero y 

Osorno, 2018). 

La técnica comprende el análisis de indicadores cualitativos-cuantitativos 

(realizados por expertos) resultantes de videograbaciones obtenidas 

en recorridos in situ (Karmanov y Hamel, 2008), con ello se interpretó y 

diferenció la calidad del paisaje urbano y ambiental. 

Con el fin de facilitar la manipulación de información, transformación 

de datos y representación, el proceso se acompañó del método de evaluación 

multicriterio a través de sistemas de información geográfica (SIG), 

lo cual es útil para la relación de indicadores y análisis espacial que, en 

este caso, fue a través de la superposición de capas por indicadores, estandarización 

y ponderación, para obtener resultados ágiles, detallados y 

escenarios alternativos (Buzai, 2015). 

Por otra parte, cabe decir que en las ciudades de países en desarrollo 

la valoración ambiental es escasa, ya que suele apoyarse de indicadores 

obtenidos con costosos equipos de medición y la valoración urbana suele 

carecer de bases de datos confiables y monitoreo (Pérez, 2000; Nogué, 2010; 

Gavrilidis et al., 2016; Guzmán et al., 2017; Nogué et al., 2019). En este 

caso, los resultados de la valoración de la calidad del paisaje urbanoambiental 

incluyen bases de datos, productos cartográficos y modelos de 

fenómenos espaciales que ayudan en la toma de decisiones, sea en la identificación 

de sitios prioritarios, determinación de instrumentos de medición 

ambiental y acompañamiento en las estrategias de planeación urbana 

y ambiental (Hernández-Guerrero y Osorno, 2018; Nogué et al., 2019). 

Con base en lo anterior, cobra mayor relevancia la valoración en 

ciudades con acelerada urbanización, ya que se obtendría una mejor


valoración del paisaje urbano-ambiental debido a la dinámica y reconfiguración 

del paisaje. 

En México, 12 de las principales ciudades producen entornos urbanos 

disímiles asociados a su crecimiento poblacional, expansión física y dinamismo 

económico, comercial e industrial; en la zona norte, Tijuana, 

Mexicali, Monterrey, San Luis Potosí y Zacatecas; en la zona centro, 

Aguascalientes, León, Querétaro y Tlaxcala, y en la zona sur, Mérida y 

Tuxtla Gutiérrez. En esas ciudades la tasa de crecimiento promedio anual 

supera el 2% (frente a la tasa nacional anual de 1.37%); además, suman 

un total de 13,940,080 habitantes y cuentan con una densidad promedio 

de 696.3 hab/km 2 (Jusidman et al., 2016; Inegi, 2017). 

De las anteriores destaca la ciudad de Querétaro, pues desde 1960 sus 

problemas urbanos y ambientales son acompañados por desarrollo industrial, 

habitacional y comercial (Hernández-Guerrero et al., 2016). En los 

últimos 25 años, la ciudad presenció un importante crecimiento demográfico 

y físico: pasó de tener 552,470 habitantes en 1990 a 1,255,185 

habitantes en 2015, mientras que su superficie construida aumentó de 

6492 hectáreas a 18,216 hectáreas (Inegi, 1990 y 2015a; Göbel, 2015). 

A finales del año 2015 la ciudad registraba la llegada de 67 personas por 

día: 24,400 personas al año (Hernández-Guerrero et al., 2016). También, 

entre 2016 y 2017 la industria generó 38% del PIB de la entidad y produjo 

22,000 empleos al año (Godínez y Alvarez-Castañon, 2017). 

El norte de la ciudad de Querétaro es una de las regiones con mayor 

dinámica urbana, destacan Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui por la multiplicidad 

de actividades con repercusiones en la reconfiguración territorial 

y formación de entornos fragmentados, cambios de uso de suelo, ocupación 

de lugares susceptibles a riesgo, degradación y contaminación 

ambiental (PNUMA, 2008; Göbel, 2015; Hernández-Guerrero et al., 

2016). Ambos casos son ideales para realizar una valoración integral, pues 

por su acelerada transformación y contrastes de variables urbanas y 

ambientales evidencian a baja escala la dinámica de la localidad, lo que 

se puede extrapolar al resto de la ciudad. 

El objetivo de la presente investigación fue la valoración de la calidad del 

paisaje urbano-ambiental de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui en la ciudad 

de Querétaro, localidades en las que se realizaron videograbaciones con 

el fin de justipreciar indicadores urbanos y ambientales, los cuales se 

transformaron en capas con formato raster, producto de la interpolación 

de distancia inversa en un SIG. Posteriormente, se aplicó una evaluación 

multicriterio para obtener un mapa de calidad del paisaje ambiental y 

uno de calidad del paisaje urbano; dichos mapas se sumaron y se elaboró 

otro de la calidad del paisaje urbano-ambiental. De forma complementaria


637 

se definieron zonas de atención urbano-ambiental, las cuales pueden ser 

una alternativa de análisis y gestión territorial en futuras planeaciones. 

1. Área de estudio 

La investigación utilizó las localidades de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui, 

localizadas en la periferia norte de la ciudad de Querétaro (mapa 1), que 

presentan una superficie ocupada de 1429 ha. Al año 2010, Juriquilla y 

Santa Rosa Jáuregui estaban integradas por 13,309 y 18,508 habitantes, 

respectivamente. Forman parte de la delegación administrativa Santa Rosa 

Jáuregui y, en el más reciente plan parcial de desarrollo urbano 2008, ambas 

localidades estaban bordeadas de suelos de preservación ecológica (Gobierno 

Municipal de Querétaro, 2008). Actualmente presentan una intensa ocupación 

y cambios en el uso del suelo en la que sobresalen zonas habitacionales; 

en Santa Rosa Jáuregui destaca la autoconstrucción y en Juriquilla 

los desarrollos inmobiliarios de viviendas en serie (Hernández-Guerrero, 

2015; García, 2016). 

Mapa 1 

Localización de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui 

Fuente: elaboración propia con base en información del Inegi (2015b) y el software ArcGis 10.0 

(ESRI, 2013). 

Ambos casos de estudio comparten las siguientes características biofísicas: 

a) clima seco y semi-seco, con temperatura media anual de 21 °C 

y precipitación anual de 520 mm; b) la vegetación predominante es 

matorral xerófito y crasicaule, aunque se distinguen especies exóticas 

intraurbanas (jacaranda, pirul, laurel y eucalipto) y se tiene presencia de 

bosque tropical caducifolio en secciones contiguas; c) el tipo de suelo que


predomina es el vertisol, suelos negros de arcillas expandibles, y d) existe 

un río canalizado y visiblemente contaminado que atraviesa los dos casos. 

En su recorrido cuenta con las presas reguladoras Dolores (Santa Rosa 

Jáuregui) y El Cajón (Juriquilla), la primera forma parte de un parque y 

la segunda se adaptó como club náutico (Hernández-Guerrero, 2015). 

2. Métodos y herramientas 

2.1. Indicadores y criterios de valoración 

La definición de indicadores fue precedida de la división del paisaje 

urbano y del paisaje ambiental. Así, para determinar la calidad del paisaje 

urbano se definieron tres categorías y 12 indicadores, con base en 

los aportes de Briceño y Gil (2003), Briceño et al. (2011) y Keshtkaran 

et al. (2017). Por su parte, para la calidad del paisaje ambiental se adaptaron 

cuatro categorías y 11 indicadores de los trabajos de Pascual González 

y Peña Díaz (2012) y Hernández-Guerrero y Osorno (2018). En 

suma, son siete categorías y 23 indicadores (cuadro 1 y cuadro 2). 

El siguiente paso fue la definición de criterios y rangos de valoración 

de los indicadores. En este caso, se realizaron recorridos en cuatro lugares 

contrastantes de los estudios de caso para registrar las particularidades de 

cada indicador y comprobar, corregir o adaptar el criterio de valoración. 

Esa actividad permitió definir cinco criterios para valorar cada indicador 

y cinco rangos de calidad, donde uno es muy baja calidad y se define por 

la presencia de uno o ningún criterio, mientras que cinco es muy alta 

calidad y se define con la presencia de cinco criterios (anexo I y anexo II). 

La valoración para la calidad del paisaje urbano se acompaña de igualdad, 

proximidad, regularidad, simplicidad, simetría, legibilidad y estructura 

(Briceño y Gil, 2003). Por su parte, la valoración para la calidad del paisaje 

ambiental se compone de color, escala, dimensión, contraste visual y 

extensión de la escena (Hernández-Guerrero, 2015). 

2.2. Recolección de datos 

El proceso se adaptó del método de Karmanov y Hamel (2008), el cual 

consiste en recorridos acompañados con videograbaciones para agilizar la 

valoración de los indicadores y contar con una mayor escena. Se utilizaron 

videocámaras GoPro modelo Hero 7 que, por su tamaño, anti-shock y 

nitidez, permitieron realizar recorridos rápidos y reducir tiempos, aunque 

para los lugares inseguros se utilizó la aplicación digital Street View de Google 

Earth Pro. Por su parte, los indicadores, criterios y rangos de valoración


639 

Cuadro 1 

Categorías, indicadores y descriptivos para la valoración 

de la calidad del paisaje urbano 

Categoría Indicador Descriptivo 

Manzana 

urbana 

Calles 

Espacios 

abiertos 

Alineamiento de fachadas 

Calidad de las fachadas 

Cantidad de mobiliario 

urbano 

Infraestructura de servicios 

urbanos 

Funcionalidad de las calles 

Continuidad de la calle 

Mantenimiento de calles 

Calidad de las aceras 

Condiciones de accesibilidad 

Calidad de acabados y 

materiales 

Confort en equipamiento y 

mobiliario 

Mantenimiento del espacio 

Alineación de las fachadas de la manzana, 

incluye continuidad del plano sin interrupciones 

por objetos salientes o volumétricos. 

Tratamiento de las fachadas por los materiales 

de construcción, acabados, estructura y composición. 

Cantidad y tipo de mobiliario urbano básico 

como luminarias, bancas, jardineras, señalética 

o cestos de basura. 

Infraestructura disponible y segura para la 

prestación de servicios básicos urbanos. 

Condiciones de la red viaria que facilita el 

tránsito y movilidad. 

Acompaña la función de la red viaria a través 

del recubrimiento uniforme, sin obstáculos, 

accesible y con dimensiones asequibles. 

Acciones dirigidas a preservar, conservar y 

restaurar las calles. 

Franja entre la calle y las fachadas de condiciones 

ideales para el tránsito peatonal: continuo, 

seguro e incluyente. 

Acceso público con conectividad entre personas 

y con la red viaria, además tiene condiciones 

incluyentes y transitables. 

Condiciones de durabilidad de la estructura e 

infraestructura y acabados óptimos en pintura 

y herrería. 

El espacio dispone de bancas, cestos de basura, 

luminarias y señaléticas, áreas verdes, equipamiento 

recreativo o deportivo. 

Acciones dirigidas a preservar, conservar y 

restaurar el estado de los espacios abiertos. 

Fuente: elaboración propia con base en Briceño y Gil (2003) y Hernández-Guerrero y Osorno 

(2018).

640 J. A. Hernández Guerrero: Valoración del paisaje urbano-ambiental de Juriquilla y... 

Cuadro 2 

Categorías, indicadores y descriptivos para la valoración 

de la calidad del paisaje ambiental 

Categoría Indicador Descriptivo 

Contaminación 

Vegetación 

arbórea 

Socio-culturales 

Atmosférico 

Agua visiblemente 

contaminada 

Presencia de basura 

Frecuencia vehicular 

Presencia de 

contaminantes visuales 

Cantidad de árboles 


dañados 

Cantidad de sitios con 

desperdicio de agua 

Depósitos de basura 

clandestinos 

Confort térmico 

Confort acústico 

Velocidad del viento 

Ríos, arroyos, canales y cuerpos de agua en 

el espacio público con visible contaminación 

(olor y residuos sólidos). 

Basura presente en calles, banquetas y 

camellones. 

Afluencia de vehículos, camiones y motocicletas. 

Carteles, grafiti, publicidad e infraestructura 

de servicios urbanos con deficiente 

disposición. 

Cantidad de vegetación arbórea presente en 

calles, banquetas, camellones y espacios 

abiertos. 

Cantidad de vegetación arbórea dañada 

presente en calles, banquetas, camellones y 

espacios abiertos. 

Cantidad de sitios con desperdicio de agua 

en el espacio público. 

Depósitos no autorizados que suelen ser 

utilizados para disposición y acumulación 

de basura. 

Nivel de temperatura para el desarrollo de 

actividades humanas y biológicas. Medida 

en grados Celsius. 

Nivel de ruido ocasionado por las actividades 

humanas que interviene en la salud de 

las personas. Medida en decibelios. 

Dispersa contaminantes y regula temperatura. 

Se utilizó una conversión de la escala 

de Beaufort. Medida en km/h. 

Fuente: elaboración propia con base en Briceño y Gil (2003) y Hernández-Guerrero y Osorno 

(2018). 

se incluyeron en una ficha de observación (anexo III) y ésta, a su vez, en 

tabletas digitales para agilizar el registro. 

De forma complementaria se definieron 84 polígonos de referencia 

definidos de forma arbitraria respecto al trazado viario para realizar los 

recorridos de las videograbaciones. No se utilizaron zonificaciones


641 

preestablecidas, ya que el fin es que los propios indicadores generen las 

zonificaciones finales través de los niveles de calidad del paisaje. 

Las videograbaciones se realizaron con recorridos en forma de espiral 

por cada polígono de referencia para tener la totalidad de la superficie. Cabe 

señalar que casi la totalidad de los registros de las valoraciones se realizaron 

con las videograbaciones, excepto cuatro indicadores que se registraron in 

situ en cuatro puntos de cada polígono, es el caso de frecuencia vehicular, 

confort térmico, confort acústico y velocidad del viento. 

La valoración se llevó a cabo por un mínimo de tres evaluadores para 

tener un registro impar y minimizar el sesgo en el resultado (Stewart et al., 

1983); los evaluadores fueron ajenos a los estudios de caso (con experiencia 

en el tema) y los resultados se promediaron. Las videograbaciones y 

la valoración in situ se realizaron en recorridos matutinos (8:00-11:00 h) 

y vespertinos (14:00-17:00 h): seis videograbaciones y seis registros de 

indicadores in situ. El levantamiento de información fue de 14 polígonos 

por semana (seis semanas), ello arrojó 504 fichas para los 84 polígonos. 

No obstante, se realizó una segunda valoración en 18 polígonos con el fin 

de corroborar algunos registros inciertos. En total se obtuvieron 612 

fichas de observación con los registros de valoración para cada indicador. 

2.3. Procesamiento e interpolación de datos 

Con base en Buzai (2011), los registros de valoración se definieron a 

través del centroide de cada polígono para determinar la influencia de la 

calidad del paisaje (mapa 2). Adicional a ello se elaboraron las bases de 

datos por indicadores con su respectiva división entre calidad del paisaje 

urbano y calidad del paisaje ambiental. Esas bases de datos se manipularon 

en un Sistema de Información Geográfica (SIG) (ArcMap 10) para ser 

transformadas a datos de tipo vector y generar capas (layers) de puntos de 

cada indicador. 

La siguiente etapa corresponde a la interpolación por indicador; debido 

a la naturaleza de los datos obtenidos (no geoestadísticos) se optó por 

utilizar una técnica determinística a través de interpolación de distancia 

inversa (IDW, por sus siglas en inglés inverse distance weighted) (Fuenzalida, 

2015). Al ser una técnica de interpolación determinística y establecida como 

interpolador exacto, es posible la construcción de mallas de puntos con 

valores asociados a la extensión de similitudes, donde los puntos próximos 

a la muestra son más parecidos entre sí, de tal forma que existe una relación 

lineal de similitud entre un punto de valor conocido y sus vecinos 

(Castro et al., 2018). Esta técnica generó la continuidad espacial de 84 

puntos por indicador, con un rango de celda de 10 x 10 m, debido a que


Mapa 2 

Estudios de caso con los centroides de los registros de la valoración 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Inegi (2015b) y el software ArcGis 10.0 

(ESRI, 2013). 

el rango de proximidad se reduciría entre valoraciones de cada punto 

dentro de la capa (ecuación 1). 

(1) 

Donde, es el valor estimado en el punto, x j 

es el punto en lo que se 

estima el valor del indicador, x i 

son los puntos muestrales vecinos, z es el 

valor observado del indicador en el punto muestral dentro de la región 

de vecindad, n es el número de puntos muestrales utilizados en la estimación, 

d ij 

es la distancia euclidiana entre x i 

y x i 

y α es el exponente de 

ponderación (se utilizó α=2). 

El resultado de esta fase fue una capa en formato raster por cada indicador; 

cada una de ellas fue reclasificada para seguir manteniendo el rango de 

1 a 5. Este proceso es necesario, pues la reclasificación cataloga o modifica 

los valores del raster antiguo por valores alternativos y siempre se aplica a 

toda la celda dentro de una zona (Buzai, 2015; Varatharajan et al., 2018), 

ello permitió mantener los valores deseados dentro del intervalo.



2.4. Evaluación multicriterio 

La evaluación multicriterio es un método de superposición cartográfica 

ponderada de capas raster para seleccionar sitios y priorizar zonas o modelos 

de adecuación; el proceso de evaluación implica la realización de un 

modelo para resolver un problema, así como su división en submodelos, 

la identificación de las capas de entrada (capas con rango en común, de 

lo contrario serán reclasificadas), la ponderación entre indicadores y la 

definición del peso por capa (indicador); de esta manera, cada capa se 

multiplica por el peso y después se suman para obtener un solo resultado 

para ser validado (Hanafi-Bojd et al., 2012; Buzai, 2015; Varatharajan et 

al., 2018). 

Luego de lo anterior, el siguiente paso fue la definición del peso para 

cada uno de los indicadores de entrada; esta actividad se realizó mediante 

un análisis de comparación pareada con ayuda del programa Super Decisions 

(Creative Decisions Foundation, 2019) [software de acceso libre que 

utiliza el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés, 

analytic hierarchy process)], en el que se establecieron ponderaciones de los 

indicadores para definir su influencia respecto a otro y determinar el peso 

del indicador. 

Con base en Buzai (2015), la obtención de los pesos se acompañó 

del conocimiento en materia urbana y ambiental del equipo de trabajo del 

presente estudio (geografía ambiental, ecología urbana y ordenamiento 

territorial), así como de la experiencia in situ y la literatura consultada; 

se realizaron combinaciones y se definieron los pesos de los indicadores 

para la calidad del paisaje urbano y ambiental (cuadros 3 y 4). 

Una vez que se obtuvieron los pesos, la siguiente etapa fue la implementación 

de una suma lineal ponderada con los indicadores del paisaje 

urbano y otra para los indicadores del paisaje ambiental, donde se superpusieron 

las capas raster (indicadores) y se multiplicaron por el peso antes 

establecido (Buzai, 2015; Kaliraj et al., 2015), este ejercicio se realizó con 

el módulo raster calculator del programa ArcGis 10 (ESRI, 2013), donde 

se incluyeron las ecuaciones 2 y 3 que, a través de álgebra de mapas, 

generaron los raster de salida, esto es, la definición de los mapas de salida 

para la calidad del paisaje urbano y para la calidad del paisaje ambiental.


Cuadro 3 

Definición de los pesos para los indicadores del paisaje urbano 

Categoría Indicador Clave Peso % 

Manzanas urbanas 

Calles 

Espacios abiertos 

Alineamiento de fachadas AF 0.19954 19.954 

Calidad de las fachadas CF 0.14040 14.04 

Cantidad de mobiliario 

urbano 

Infraestructura de servicios 

urbanos 

MU 0.11138 11.138 

IM 0.13528 13.528 

Funcionalidad de las calles FC 0.05051 5.051 

Continuidad de la calle CC 0.04308 4.308 

Mantenimiento de la calle MC 0.05169 5.169 

Calidad de las aceras AC 0.08060 8.06 

Condiciones de accesibilidad 

Calidad de acabados y materiales 

Confort en equipamiento y 

mobiliario 

AE 0.05709 5.709 

AM 0.04357 4.357 

EM 0.05048 5.048 

Mantenimiento del espacio ME 0.03638 3.638 

Total 1 100 

Fuente: elaboración propia con base en los registros de la calidad del paisaje urbano. 

Cuadro 4 

Definición de los pesos para los indicadores del paisaje ambiental 


Contaminación 

Vegetación 

arbórea 


contaminada 

Presencia de basura en las 

calles 

AC 0.07274 7.274 

BC 0.13979 13.979 

Frecuencia vehicular FV 0.11629 11.629 

Presencia de contaminantes 

visuales 

CV 0.04392 4.392 

Cantidad de árboles AR 0.20797 20.797 


dañados 

ARD 0.12297 12.297



Cuadro 4 (continuación) 


Socio-cultural 

Atmosférico 




clandestinos 

DA 0.04731 4.731 

DB 0.07323 7.323 

Confort térmico CT 0.05639 5.639 

Confort acústico CA 0.07541 7.541 

Velocidad del viento VV 0.04398 4.398 

Total 1 100 

Fuente: elaboración propia con base en los registros de la calidad del paisaje ambiental. 

CPU=[(AF c *AF f 

)+(CF c *CF f 

)+(MU c *MU f 

)+(IM c * IM f 

)+(FC c 

*FC f 

)+(CC c *CC f 

)+(MC c *MC f 

)+(AC c * AC f 

)+(AE c 

*AE f 

)+(AM c * 

AM f 

)+(EM c *EM f 

)+(ME c *ME f 

)] 

(2) 

Donde CPU es calidad de paisaje urbano, AF es alineamiento de fachadas, 

CF es calidad de fachadas, MU es mobiliario urbano, IM es infraestructura 

en la manzana, FC es funcionalidad de la calle, CC es continuidad 

de la calle, MC es mantenimiento de la calle, AC es calidad de acera, AE es 

accesibilidad del espacio abierto, AM es acabados y materiales, EM es equipamiento 

y mobiliario y ME es mantenimiento del espacio abierto. El sufijo 

con la letra c indica el peso de escala preestablecido, según las características 

de la capa, mientras que el sufijo con la letra f indica el porcentaje 

de peso de influencia resultante de la ponderación pareada. 

CPA=[(AC c *AC f 

)+(BC c *BC f 

)+(FV c *FV f 

)+(CVc*CV f 

)+(AR c 

* AR f 

)+(ARD c *ARD f 

)+(DA c 

*DA f 

)+(DB c *DB f 

)+(CT c *CT f 

)+(CA c * 

CA f 

)+(VV c *VV f 

)] 

(3) 

Donde CPA es calidad del paisaje ambiental, AC es agua visiblemente 

contaminada, BC es basura en la calle, FV es frecuencia vehicular, CV 

es contaminantes visuales, AR es árboles, ARD es árboles dañados, DA es 

desperdicio de agua, DB es depósitos de basura clandestinos, CT es confort 

térmico, CA es confort acústico y VV es velocidad del viento. El sufijo 

con la letra c indica el peso de escala preestablecido según las características 

de la capa, mientras que el sufijo con la letra f indica el porcentaje 

de peso de influencia resultante de la ponderación pareada.


Con base en los resultados de la aplicación de las ecuaciones anteriores 

se generó y diseñó un mapa de calidad del paisaje urbano y otro mapa de 

calidad del paisaje ambiental. Los dos se sumaron con álgebra de mapas y 

se reclasificaron en los cinco rangos preestablecidos para obtener el mapa 

final, que contiene la valoración de la calidad del paisaje urbano-ambiental. 

3. Resultados 

En la calidad del paisaje urbano, todas las categorías para Santa Rosa 

Jáuregui presentaron muy baja calidad, mientras que en Juriquilla predominó 

la calidad alta, a excepción de las categorías de calles y espacios 

abiertos, las cuales fueron de baja calidad. Los 12 indicadores que conforman 

la calidad del paisaje urbano, tanto en Juriquilla como en Santa Rosa 

Jáuregui, tuvieron una tendencia de calidad media, donde destacan por su 

condición negativa los indicadores de calles y espacios abiertos (figura 1). 

De manera específica, todos los indicadores para Santa Rosa Jáuregui 

presentaron de calidad media a muy baja; la calidad baja y muy baja 

cubren 75% de la superficie, mientras que en Juriquilla cuatro indicadores 

presentaron calidad media y cuatro calidad baja, lo que equivale a 56% 

y 39% de la superficie, respectivamente. 

En lo que respecta a la calidad del paisaje ambiental, Santa Rosa Jáuregui 

presentó calidad baja y Juriquilla calidad media. Asimismo, las categorías 

con menor calidad en Santa Rosa Jáuregui recaen en contaminación, vegetación 

arbórea y socio-cultural, mientras que en Juriquilla fueron las 

categorías contaminación y atmosférico (figura 2). Asimismo, en Santa 

Rosa Jáuregui, siete de 11 indicadores presentaron calidad baja y muy baja, 

los cuales corresponden a más del 75% de su superficie, mientras que en 

Juriquilla cuatro indicadores presentaron baja calidad, con un rango de 

influencia en 56% de la superficie. 

De manera general, el mapa de calidad del paisaje urbano y el mapa de 

calidad ambiental denotaron algunos rasgos contrastantes: en Juriquilla la 

distribución de la calidad baja se encuentra en el centro y en la periferia, 

coinciden con el antiguo poblado (centro de la localidad) y asentamientos 

de bajos recursos económicos respectivamente, pero en el caso de Santa 

Rosa Jáuregui, el antiguo poblado (centro de la localidad) tiene calidad 

media y la periferia presenta calidad media y muy baja (figura 3, A y B). 

Así, en Santa Rosa Jáuregui, tanto en paisaje urbano como ambiental, 

predominó la calidad baja y muy baja en 93% y 88% de la superficie, 

respectivamente, mientras que en Juriquilla se presentaron niveles de calidad 

media a muy alta en 91% de la superficie; fue la calidad alta la de mayor 

predominio con la representación de 68% de la superficie.



Figura 1 

Distribución de los indicadores de la calidad del paisaje urbano 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la valoración visual, cartografía del Inegi (2015b) y el software ArcGis 10.0 (ESRI, 2013).


Figura 2 

Distribución de los indicadores de la calidad del paisaje ambiental 




Figura 3 

Mapas de la calidad del paisaje urbano y ambiental 



En el mapa 3, el de la calidad urbano-ambiental, se acentúan los problemas 

y satisfactores de los indicadores valorados. Al respecto, se puede 

señalar que las secciones con nivel de calidad bajo y muy bajo pueden 

considerarse zonas prioritarias para realizar acciones inmediatas que 

atiendan todos los indicadores valorados (mapa 3, A y B). La calidad 

media podría formar zonas intermedias donde las acciones de mejora sean 

en periodos prolongados o pausados (mapa 3, C y D). En el caso de la 

calidad alta y muy alta, podrían definirse zonas de monitoreo, las cuales 

requieren de vigilancia constante para preservar y mantener el paisaje 

actual (mapa 3, E y F). Así, en Santa Rosa Jáuregui, 86% de la superficie 

se relaciona con zonas prioritarias, mientras que en Juriquilla sólo 11% 

tendría zonas prioritarias, pues destacan las zonas de monitoreo (58% de 

la superficie del suroeste) y zonas intermedias (31% de la superficie entre 

centro y norte). 

Mapa 3 

Calidad del paisaje y zonas de atención urbano-ambiental 

Identificadores: 1, Basura; 2, agua visiblemente contaminada; 3, fachadas deficientes; 4, vialidad 

poco funcional; 5, contaminantes visuales; 6, fachadas desalineadas; 7, obstrucción del paisaje; 8, 

vegetación arbórea; 9, espacio abierto; 10, cuerpo de agua; 11, confort térmico. 

Fuente: elaboración propia con fotografías y videograbaciones del autor e información vectorial 

del Inegi (2015b) y el software ArcGis 10.0 (ESRI, 2013).


651 

4. Discusión 

La técnica de interpolación de distancia inversa facilitó la relación de 

información con un mínimo de sesgo debido a la extensión de las similitudes 

y a los registros por cada indicador que incluyen ponderaciones a 

través de criterios de decisión, como lo señalan Buzai (2015) y Varatharajan 

et al. (2018), los registros entre vecinos se ajustaron con mayor exactitud 

y no excedieron el rango de valoración. Por lo mismo, los resultados 

tuvieron mejor definición que los establecidos por Hernández-Guerrero 

y Osorno (2018), ya que además de la interpolación se agregó la suma 

lineal ponderada con la opinión de expertos y la experiencia del trabajo 

in situ. 

En general, el estudio presentó tres aportes que mejoraron los resultados 

de estudios similares: el primero fue la valoración y registro de 

indicadores urbanos cuyos criterios –a diferencia del aporte de Briceño y 

Gil (2003) y Keshtkaran et al. (2017)– se diseñaron de manera cuantitativa, 

y la valoración se registró de forma ágil, dinámica y con mayor rango 

de escena. 

El segundo aporte fue la adaptación de indicadores ambientales de 

Hernández-Guerrero y Osorno (2018); los registros tuvieron una reducción 

de escala y recorridos cortos que permitieron mejorar la valoración y aproximarse 

a la realidad, ejemplo de ello fue que, en ese mismo trabajo, Santa 

Rosa Jáuregui se definió como de calidad media y en el presente trabajo fue 

de mala calidad, mientras que Juriquilla pasó de calidad media a buena. El 

tercer aporte fue el uso de videograbaciones y la herramienta de Street View 

de Google Earth Pro, con ello los tiempos se redujeron de manera importante, 

pues en el caso de Hernández-Guerrero (2015), el tiempo de valoración 

de indicadores fue de un año, mientras que en el presente trabajo fue 

de cuatro meses, con lo que se cumple la expectativa de optimizar la valoración. 

Por otro lado, la determinación de zonificaciones a través de los niveles 

de calidad del paisaje urbano-ambiental permite argumentar detalles 

sobre estrategias a corto, mediano y largo plazos. En zonas prioritarias, 

las estrategias son a corto plazo y están dirigidas al suministro y mantenimiento 

de infraestructura, equipamiento, servicios y mobiliario urbano, 

así como a disminuir el desperdicio de agua, cuidar la vegetación arbórea 

y limpiar las calles. En las zonas intermedias la atención es a corto y 

mediano plazos, con acciones dirigidas a mejorar la funcionalidad y recubrimiento 

de las vialidades, construcción y mantenimiento de espacios 

abiertos, disminuir el desperdicio de agua, mantener la vegetación arbórea 

y concientizar sobre residuos sólidos. La monitorización de las zonas es


una medida de largo plazo y se requiere en Juriquilla, como vigilancia 

para preservar la función de la dinámica del paisaje. 

La valoración de la calidad del paisaje urbano-ambiental puede apoyar 

el diseño de políticas públicas y la operatividad de acciones o estrategias 

urbanas, así como evidenciar la omisión o ausencia de restricciones urbanas 

y ambientales. Ejemplo de lo anterior, entre Juriquilla y Santa Rosa 

Jáuregui existe una amplia zona sin construir (forma parte de una zona 

intermedia), y aun cuando es señalada para uso habitacional por el plan 

parcial de desarrollo urbano (Gobierno Municipal de Querétaro, 2008), 

el presente trabajo la considera como zona de amortiguamiento a largo 

plazo. Otro ejemplo es la identificación de baldíos subutilizados, descuidados 

e inseguros en zonas prioritarias, los cuales pueden ser aprovechados 

como jardines, control de avenidas para mitigar inundaciones, fomentar 

la biodiversidad y realizar actividades de recreación o educativas. 

En las áreas centrales de los dos estudios de caso se localizan los antiguos 

poblados, que resultaron con calidad muy baja. En Santa Rosa 

Jáuregui se observó que el paisaje está acompañado de evidentes problemas 

de pobreza, segregación, desigualdad e inseguridad; por lo mismo, parece 

ser que la mejora de la calidad del paisaje pasa a segundo plano. Por el 

contrario, la calidad muy alta se encuentra en el sur de Juriquilla, acompañada 

de zonas habitacionales de reciente creación y circundadas por 

áreas verdes; en ella se observó que la calidad del paisaje urbano-ambiental 

por condiciones económicas, políticas y culturales –las mejoras al 

paisaje permiten conservar y aumentar la plusvalía– se asocia con un 

mercado ambiental costoso y poco incluyente. 

Conclusiones 

La valoración de la calidad del paisaje urbano-ambiental permitió determinar 

que Santa Rosa Jáuregui está representada por niveles bajos y muy 

bajos; prácticamente todos los indicadores urbanos y ambientales incidieron 

de forma negativa en el resultado, por esta razón se establecieron 

zonas de atención prioritaria en la mayoría de su superficie. Por su parte, 

en Juriquilla la calidad del paisaje urbano-ambiental se encuentra entre 

los niveles medio y muy alto, los cuales influyen en la determinación de 

zonas de atención intermedia y de monitoreo. 

En lo que respecta a los métodos, la aplicación de videograbaciones, el 

uso de interpolación de distancia inversa y el método de evaluación multicriterio 

contribuyeron para que el proceso fuera ágil y los resultados 

detallados. El presente proceso puede ser elaborado por conocedores y 

población en general con previa instrucción, o bien, técnicos y especialistas


653 

que incluyan indicadores para robustecer el análisis en futuros estudios. 

Por lo tanto, el aporte metodológico puede ser replicable en otras ciudades 

con características similares, o bien puede ser adaptado hacia áreas 

más grandes manteniendo procedimientos ágiles, sencillos y con ejecución 

de corto tiempo. 

El análisis de indicadores y la generación de mapas de la calidad del 

paisaje urbano-ambiental pueden apoyar instrumentos de planeación 

territorial, diagnóstico ambiental, políticas públicas, manejo y gestión de 

recursos naturales en espacios urbanos. Asimismo, la calidad del paisaje 

urbano-ambiental sería un complemento para analizar su funcionalidad, 

en continua participación entre sociedad y gobierno: 1) detección de sitios 

para incorporar equipos de medición ambiental, reforestaciones, mantenimiento 

u otros; 2) reconocimiento de las condiciones de salubridad, 

seguridad, estética y funcionalidad del entorno público; 3) estrategias para 

el diseño, reglamentos y normas de la imagen urbana; 4) mantenimiento 

del equilibrio y funcionalidad ecológico-urbano; 5) crecimiento urbano 

en armonía con el ambiente, y 6) preservación de los recursos paisajísticos 

y ambientales. 

Artículo derivado del proyecto 

El presente estudio forma parte del proyecto titulado “Nuevas geografías 

de la urbanización en México: Transformaciones territoriales y medios de 

vida de sectores sociales vulnerables en las periferias de ciudades medias”, 

que contó con financiamiento del PAPIIT-UNAM. 

Agradecimientos 

El autor agradece a los evaluadores anónimos y al comité editorial de la 

revista, ya que gracias a sus pertinentes comentarios el manuscrito presenta 

mayor claridad. Asimismo, se agradece al doctor Antonio Vieyra y a la 

doctora Yadira Méndez Lemus por la colaboración y apoyo en el grupo 

de trabajo.


Anexo I 

Indicadores, criterios y rangos de valoración de la calidad del paisaje urbano 

Indicadores Criterios de los indicadores Rango de valoración 

Alineamiento de 

fachadas 

Calidad de las 

fachadas 

Cantidad de 

mobiliario urbano 

Infraestructura de 

servicios urbanos 

1) Continuidad respecto al plano de construcción, 2) fachadas simétricas, 3) sin objetos salientes, 

4) remetimiento corto y 5) composición volumétrica segura. 

1) Materiales sólidos, 2) acabados (estructura, pintura), 3) herrería, 4) cornisas y 5) zócalos. 

1) Luminarias en función, 2) cestos de basura completos, 3) bancas completas, 4) señalética funcional 

y 5) jardineras y alcorques óptimos. 

1) Energía eléctrica, 2) agua potable, 3) drenaje pluvial, 4) gas o hidrocarburo, 5) drenaje pluvial 

y 6) telecomunicaciones. 

Identificar y contabilizar la presencia 

de criterios en las manzanas urbanas 

del polígono de referencia: 

0 o 1 criterio = Calidad muy baja 

2 criterios = Calidad baja 

3 criterios = Calidad media 

4 criterios = Calidad alta 

5 criterios = Calidad muy alta 

Funcionalidad de 

las calles 

Continuidad de la 

calle 

Mantenimiento de 

la calle 

Calidad de 

las aceras 

1) Señalética funcional, 2) carriles óptimos para el tránsito vehicular (cuatro metros de ancho), 3) 

vías exclusivas para peatón y ciclista, 4) cruces seguros y 5) paradas de autobuses. 

1) Sin obstáculos, 2) salidas y entradas de fácil uso, 3) recubrimiento homogéneo, 4) pasos de cebra 

y 5) amplitud uniforme. 

1) Limpieza de calles, 2) recubrimiento de calles y aceras, 3) infraestructura vial en función, 4) 

mobiliario en buen estado y 5) señalética en buenas condiciones. 

1) Continuidad, 2) recubrimiento homogéneo, 3) amplitud (dos a tres metros de ancho), 4) prácticas 

para discapacidad y 5) disponibilidad de guarniciones. 


de criterios en las calles del polígono 

de referencia: 

0 o 1 criterio = Calidad muy baja 

2 criterios = Calidad baja 

3 criterios = Calidad media 

4 criterios = Calidad alta 

5 criterios = Calidad muy alta


655 

Anexo I (continuación) 

Indicadores Criterios de los indicadores Rango de valoración 

Condiciones de 

accesibilidad 

Calidad de acabados 

y materiales 

Confort en equipamiento 

y mobiliario 

Mantenimiento del 

espacio 

1) Áreas peatonales, 2) estructura incluyente, 3) recubrimiento homogéneo, 4) espacio de conexión 

(social y viaria) y 5) espacio seguro para el visitante. 

1) Acabados estructurales seguros, 2) materiales resistentes en la infraestructura, 3) óptimos acabados 

en pintura, 4) herrería segura y 5) equipamiento seguro. 

1) Bancas completas, 2) cestos de basura completos, 3) luminarias y señaléticas en función, 4) área 

verde y/o jardineras óptimas y 5) equipamiento de recreación, ocio y deporte. 

1) Mobiliario en buen estado, 2) limpieza del espacio abierto, 3) tratamiento de áreas verdes, 4) 

infraestructura en buenas condiciones y 5) equipamiento funcional. 


de criterios en los espacios abiertos 

del polígono de referencia: 

Calidad muy baja=0 o 1 criterio; 

Calidad baja=2 criterios; 

Calidad media=3 criterios; 

Calidad alta=4 criterios; 

Calidad muy alta=5 criterios. 

Fuente: elaboración con base en Briceño y Gil (2003), Keshtkaran et al. (2017) y Liu et al. (2017).


Anexo II 

Indicadores, criterios y rangos de valoración de la calidad del paisaje ambiental 

Indicador Criterios de los indicadores Rango de valoración 


contaminada 

Valorar cualquier cauce superficial o cuerpo de agua en el polígono: contaminación 

muy alta =>45 residuos sólidos o color negro e iridiscente del agua; alta = 31 a 45 

residuos sólidos o color gris del agua; media = 16 a 30 residuos sólidos o color blanco 

del agua; baja= 1 a 15 residuos sólidos o color amarillo/café del agua; muy baja = 0 

residuos sólidos y sin color. 

Calidad muy baja=Muy alta visibilidad de contaminantes, 

Calidad baja=Alta visibilidad, 

Calidad media=Moderadamente visible, Calidad 

alta=Apenas visible, Calidad muy alta=Sin agua 

contaminada. 

Presencia de basura en 

las calles 

La presencia de basura en todas las calles del polígono equivale a 100% y las calles 

sin basura equivalen a 0%. Se contabiliza una calle con basura cuando la cantidad 

de residuos es =>50. 

Calidad muy baja=100% calles con residuos, 

Calidad baja=75%, Calidad media=50%, Calidad 

alta=25%, Calidad muy alta=0% de calles 

con residuos. 

Frecuencia vehicular Registrar la cantidad de vehículos que transitan por la calle durante tres minutos. 

El registro se lleva a cabo en cuatro puntos extremos y uno al centro del polígono. 

Calidad muy baja=>26 vehículos, Calidad 

baja=>17 a 25, Calidad media=9 a 16, Calidad 

alta=1 a 8, Calidad muy alta=0 vehículos. 

Presencia de contaminantes 

visuales 

La presencia de contaminantes visuales en todas las calles del polígono equivale a 

100% y las calles sin contaminantes equivalen a 0%. Se contabiliza una calle contaminada 

cuando la cantidad de elementos visuales es =>5 elementos. 

Calidad muy baja=100% calles contaminadas, 

Calidad baja=75%, Calidad media=50%, Calidad 

alta=25%, Calidad muy alta=0% de calles 

contaminadas. 

Cantidad de árboles Contabilizar en el espacio público del polígono todos los árboles (mayores a 2 

metros). 

Calidad muy baja=0 individuos, Calidad baja=1 

a 25, Calidad media=26 a 50, Calidad alta=51 

a 75, Calidad muy alta=>76 individuos.


657 

Anexo II (continuación) 

Indicador Criterios de los indicadores Rango de valoración 


dañados 

Contabilizar en el espacio público del polígono los árboles dañados: descortezados, 

quebrados, podados de forma deficiente, pintados o con elementos incrustados. 

Calidad muy baja=>51 individuos, Calidad 

baja=31 a 50, Calidad media=16 a 30, Calidad 

alta=1 a 15, Calidad muy alta=0 individuos. 



Contabilizar en el espacio público los sitios que presenten algún tipo de desperdicio 

de agua, sean por autolavados, fuentes, fugas, acciones humanas, infraestructura 

deficiente. 

Calidad muy baja=>4, Calidad baja=3, Calidad 

media=2, Calidad alta=1, Calidad muy alta=0. 


clandestinos 

Contabilizar en el espacio público los depósitos clandestinos para la disposición de 

basura. 

Calidad muy baja=>4 depósitos, Calidad baja=3, 

Calidad media=2, Calidad alta=1, Calidad muy 

alta=0 depósitos. 

Confort térmico Registrar la temperatura. El registro se lleva a cabo en cuatro puntos extremos y uno 

al centro del polígono. 

Calidad muy baja=>31°C, Calidad baja=28 a 

30°C, Calidad media=25 a 27°C, Calidad 

alta=22 a 24°C, Calidad muy alta=19 a 21°C. 

Confort acústico Registrar los decibeles. El registro se lleva a cabo en cuatro puntos extremos y uno 

al centro del polígono. 

Calidad muy baja=>80 decibeles, Calidad 

baja=60 a 79, Calidad media=40 a 59, Calidad 

alta=21 a 39, Calidad muy alta=21 km/h. 

Fuente: elaboración propia con base en Hernández-Guerrero y Osorno (2018).


Anexo III 

Ficha de observación para registrar la calidad 

del paisaje urbano y ambiental 

Fuente: elaboración propia con base en recorridos de campo.


659 

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Recibido: 24 de febrero de 2020. 



Juan Alfredo Hernández Guerrero. Doctor en Geografía por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor-investigador 

de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro y 

coordinador de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Sus líneas de investigación 

son: geografía del riesgo, análisis urbano-regional y gestión de cuencas 

hidrográficas. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: como coautor, 

“Ciclo hidrosocial y acceso al agua en la periferia de la ciudad de 

Morelia, México: Estudio de caso en La Aldea”, Revista Geográfica de 

América Central, 64 (1), Heredia, Universidad Nacional de Costa Rica, 

pp. 269-297 (2020); “Diferencias ambientales en el paisaje urbano de la 

ciudad de Querétaro, México: Caso de estudio Juriquilla y Santa Rosa 

Jáuregui”, Revista de Geografía Norte Grande, núm. 71, Santiago de Chile, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía, pp. 147- 

166 (2018); como editor, Gestión integrada de cuencas. Una experiencia 

conjunta en el volcán El Zamorano, Querétaro, Universidad Autónoma de 

Querétaro (2019).




Efeitos dos investimentos em 

infraestrutura pública sobre a pobreza 

e pobreza extrema na América Latina 

Effects of investments in public 

infrastructure on poverty and extreme 

poverty in Latin America 

667 

Anibal David Cuenca López* 

Evandro Camargos Teixeira* 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of investments in infrastructure, particularly 

economic and social, on poverty in Latin America. For this purpose, dynamic panel 

data is used for 15 countries corresponding to the period 1996-2016. Two models 

were estimated, one for poverty and the other for extreme poverty, in order to compare 

the effects of infrastructure on different indicators. The results revealed that the 

infrastructure has a significant impact on the selected indicators, especially on extreme 

poverty. Thus, it is recommended that governments emphasize the implementation 

of infrastructure projects as a fundamental tool for poverty and indigence reduction. 

Keywords: infrastructure, poverty, extreme poverty, dynamic panel, Latin America. 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo analisar o efeito dos investimentos em infraestrutura, 

particularmente econômica e social, sobre a pobreza na América Latina. 

Para tal, utilizam-se dados em painel dinâmico para 15 países correspondentes 

ao período 1996-2016. Foram estimados dois modelos, um para a pobreza e 

outro para pobreza extrema, com o intuito de comparar os efeitos da infraestrutura 

sobre diferentes indicadores. Os resultados revelaram que a infraestrutura 

impacta significativamente sobre os indicadores selecionados, principalmente 

sobre a pobreza extrema. Assim, recomenda-se que os governos enfatizem a 

implementação de projetos de infraestrutura como uma ferramenta fundamental 

para redução da pobreza e indigência. 

Palavras-chave: infraestrutura, pobreza, pobreza extrema, painel dinâmico, 

América Latina. 

* Universidade Federal de Viçosa, correo-e: acuenca0591@gmail.com y evandro.camargos@ 

gmail.com

668 A. D. Cuenca López e E. Camargos Teixeira: Efeitos dos investimentos em infraestrutura... 

Introdução 

A pobreza é uma condição socioeconômica de natureza complexa, multidimensional, 

que limita o bem-estar dos indivíduos e consequentemente 

o desenvolvimento econômico dos países. Em geral, são considerados 

pobres os indivíduos, famílias e grupos de pessoas, cujos recursos monetários 

são inferiores a uma linha de rendimento que lhes permita manter 

um padrão de vida decente. Nesse sentido, o rendimento monetário, 

geralmente, é a única variável utilizada para medir o nível de pobreza, 

também conhecido como pobreza absoluta (García et al., 2016). 

Levando esse aspecto em consideração, segundo a Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 2018a), a pobreza consiste 

na insuficiência de recursos monetários para alcançar um nível de 

qualidade de vida adequado que permita satisfazer as múltiplas necessidades 

humanas, como acesso aos serviços básicos, proteção social adequada, 

assim como maior participação social. 

Níveis elevados de pobreza, geralmente, estão relacionados a desigual 

distribuição de renda, além de escassez de investimentos e inovações, 

caracterizando um panorama de dificuldades em termos de desenvolvimento 

econômico. Logo, a superação da pobreza é um fator fundamental 

para que os países possam mudar seu patamar em termos de desenvolvimento 

e o investimento em infraestrutura pública é primordial, o que é 

denotado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 

Nações Unidas (ONU). 

Em geral, a infraestrutura corresponde a um conjunto de estruturas 

de engenharia, equipamentos e instalações de longa vida útil, que permitem 

a prestação de serviços para os setores produtivos e famílias (Perroti 

e Sánchez, 2012). Segundo o Banco Mundial (1994), a infraestrutura de 

forma geral pode incluir diferentes atividades de serviços públicos, tais 

como eletricidade, telecomunicações, abastecimento de água e esgoto, 

eliminação de resíduos sólidos, obras públicas –estradas, construção de 

barragens, canais de irrigação e drenagem– e outros setores dos transportes, 

tais como ferrovias urbanas e interurbanas, transporte urbano, portos, 

hidrovias e aeroportos. 

Diante da elevada quantidade de elementos proxies de infraestrutura, 

Torrisi (2009) classifica seus investimentos em econômico e social. O 

primeiro eleva a produtividade de forma direta e indireta, através das 

estradas, rodovias, aeroportos, transporte naval, redes de esgotos, aquedutos, 

redes de distribuição de água, energia e gás, estações de irrigação e 

estruturas dedicadas à transferência de produtos. Por outro lado, os investimentos 

em infraestrutura social são aqueles destinados a aumentar o 

conforto social e atuar sobre a produtividade econômica, direcionados às


669 

escolas, segurança pública, usinas de eliminação de resíduos, hospitais, estruturas 

esportivas, áreas verdes, etc. 

A junção de investimentos públicos em infraestrutura econômica e 

social é fundamental para aumentar as oportunidades e consequentemente 

diminuir as desigualdades e pobreza. Assim, para reduzir o nível de pobreza 

em qualquer país é necessário que o crescimento econômico alcance 

toda população, principalmente através da geração de empregos (Araújo 

et al., 2014). 

Indo ao encontro dessa ideia, Durán e Saavedra (2014) salientam que 

a infraestrutura é capaz de reduzir a pobreza de duas formas: efeitos diretos 

ou de curto prazo e efeitos indiretos de médio e longo prazos. Os 

referidos efeitos têm sido elevados na América Latina nas últimas décadas, 

mas não foram suficientes para atender as necessidades em termos de 

quantidade e qualidade necessárias, particularmente quando comparados 

com o panorama das economias do sudeste asiático. 

De acordo com estimativas da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), para atender a lacuna existente entre oferta 

e demanda por infraestrutura na região, os países devem investir 6.2% do 

seu Produto Interno Bruto anual (PIB) entre 2012 e 2020. Tais investimentos 

devem priorizar obras ligadas aos setores de transporte, energia, 

telecomunicações, água e saneamento, o que aumentaria o bem-estar 

geral da população (Perroti e Sánchez, 2012). 

Nesse contexto, diante do quadro descrito, o objetivo desse estudo é 

analisar a relação existente entre os investimentos em infraestrutura pública, 

particularmente econômica e social, sobre a pobreza e extrema 

pobreza na América Latina. Para atingir o referido objetivo, utiliza-se um 

modelo de dados em painel dinâmico de 15 países da região para o período 

1996-2016, estimado pelo método generalizado de momentos (GMM), 

desenvolvido por Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover (1995) e 

Blundell e Bond (1998). 

Diante da literatura concernente ao tema, a ser apresentada na próxima 

seção, a principal contribuição deste trabalho consiste em analisar e 

comparar os efeitos sobre a pobreza dos dois tipos de infraestrutura pública 

considerados: econômica e social. Importante salientar que se leva 

em consideração indicadores de pobreza na América Latina medidos através 

da linha de pobreza monetária (linha de pobreza e extrema pobreza). 

Nesse sentido, a população que vive com menos de USD 3,20 por dia é 

considerada pobre, e aquela que vive com menos de USD 1,90 por dia 

é considerada pobre extrema. 

Para atingir os objetivos traçados, o estudo divide-se em seis seções, 

incluindo a introdução. A seguinte seção apresenta uma contextualização 

histórica e política dos investimentos em infraestrutura durante o período


analisado na América Latina. Em seguida, são apresentados aspectos 

teóricos e empíricos, que enfatizam a relação entre infraestrutura e pobreza. 

Posteriormente, é apresentada a seção metodológica e logo depois 

os resultados. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 

1. Contextualização histórica e política dos investimentos 

em infraestrutura na América Latina 

Para melhor compreender os efeitos dos investimentos em infraestrutura 

sobre a pobreza e extrema pobreza na América Latina, objeto do presente 

estudo, esta seção contextualiza histórica e politicamente o comportamento 

dos primeiros. 

Na década de 1950, os países da América Latina implementaram a 

estratégia nacional-desenvolvimentista baseada na teoria econômica estruturalista 

e de desenvolvimento. Este modelo, denominado Industrialização 

por Substituição de Importações, obteve efeitos positivos ao 

estabelecer uma base industrial para os países da região. Entretanto, após 

a crise da dívida externa combinada com elevadas taxas de inflação nos 

anos 1970 e início de 1980, chegou ao fim esta etapa (Bresser-Pereira, 

2010; Rego, 2014). A crise causou graves problemas financeiros na região, 

o que afetou o processo produtivo, além dos investimentos em infraestrutura 

(Rego, 2014; Serebrisky et al., 2015). 

No final da década de 1980, o modelo desenvolvimentista foi substituído 

pela execução de políticas macroeconômicas estabelecidas no 

Consenso de Washington, cujas estratégias se baseavam principalmente 

na desregulamentação dos mercados, crescimento com poupança externa, 

taxas de juros elevadas e câmbio sobrevalorizado. No entanto, em 

função das crises financeiras do México em 1994, asiática em 1997, 

russa em 1998, da Argentina em 2001 e com os consequentes déficits 

nos balanços de pagamentos, evidenciou-se o fracasso dessa estratégia 

(Bresser-Pereira, 2010). 

O referido fracasso das políticas macroeconômicas teve como consequência 

a diminuição dos investimentos públicos a partir de 1987, gerada 

principalmente pela redução da despesa pública, além do aumento do 

investimento privado, que pretendia compensar a redução do investimento 

público em infraestrutura. Assim, no ano de 1990 os investimentos 

públicos em infraestrutura diminuíram, caindo para 30% e permaneceram 

estáveis até meados da década de 2000. A partir de 2005, a composição 

do investimento público mudou a favor da infraestrutura, o que aumentou 

sua participação no investimento público total para 50%. Consequentemente, 

houve acréscimo no estoque de infraestrutura, contribuindo no


671 

processo de crescimento econômico da América Latina e Caribe (ALC) 

(Serebrisky et al., 2015). 

No entanto, os investimentos públicos na América Latina registraram 

crescimento moderado em relação ao PIB nos últimos anos. No período 

2011 e 2014, a taxa média anual de investimentos públicos foi de 1.5% 

do PIB de cada país. Por outro lado, no que concerne os investimentos 

privados a dinâmica foi diferente, com tendência crescente (Kogan e 

Bondorevsky, 2016). Entre 1990 e 2013, o setor privado investiu na ALC 

cerca de 30% mais que nas economias asiáticas desenvolvidas e cinco 

vezes mais que na África subsaariana. Porém, o aumento dos investimentos 

privados não foi suficiente para compensar a queda abrupta dos investimentos 

públicos (Serebrisky et al., 2015). 

Assim, pode-se concluir que mesmo com o recente avanço, segundo 

o Relatório apresentado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), a ALC não tem investido o suficiente em infraestrutura, dado que 

a média anual de investimentos nessa cifra foi de 2.4% entre 1992 e 2013. 

Como prova disso, os investimentos em infraestrutura na ALC resultam 

em 0.8% menos do PIB que nos Estados Unidos ou na União Europeia, 

regiões com dotações de capitais muito mais elevadas, que centram a maior 

parte dos seus investimentos na manutenção da infraestrutura. Somente 

a Nicarágua ultrapassou o limiar de 5% do PIB entre 2008 e 2013; no 

entanto, nenhuma das principais economias da região (Argentina, Brasil, 

Chile e México) investiu mais de 3% do PIB, distante dos 5% recomendados 

para diminuir o hiato existente. 

Desse modo, a lacuna em termos de infraestrutura continua elevada 

na região. Em 2015, mais de 23 milhões de pessoas não tinham acesso a 

água e saneamento de qualidade. Além disso, a cobertura da rede rodoviária 

na América Latina é limitada e por isso está na quarta posição em 

termos de desempenho logístico mundial. Cabe ainda salientar que em 

2014 mais de 18 milhões de indivíduos não tiveram acesso à energia 

elétrica e no setor das telecomunicações, a tecnologia acessível é baixa. 

Importante ainda salientar que a cobertura médica ainda é limitada e muitos 

indivíduos não têm acesso a serviços de saúde de qualidade. Finalmente, 

no que diz respeito a educação, as taxas de matrícula e graduação de alunos 

em comparação aos países desenvolvidos são extremamente baixas (Cuenca-López 

e Torres, 2020). 

2. Aspectos teóricos e empíricos 

A pobreza é um fenômeno amplamente estudado na literatura. Segundo 

Crespo e Gurovitz (2002), o conceito de pobreza pode ser operacionalizado


sem levar em consideração ‘juízo de valor’ em termos relativos ou absolutos. 

Nesse sentido, pobreza relativa é relacionada com a desigualdade 

na distribuição de renda, ou seja, se o indivíduo está situado em um 

intervalo inferior da distribuição. Por outro lado, a pobreza absoluta ou 

extrema é determinada através da porcentagem da população que não é 

capaz de satisfazer suas necessidades nutricionais, de moradia, de vestuário, 

entre outras; sendo calculada através do rendimento mínimo para adquirir 

os diferentes itens. 

A referida classificação do fenômeno da pobreza é fruto dos esforços 

e estudos liderados pelos organismos internacionais, como ONU, Banco 

Mundial, CEPAL, entre outros. O principal objetivo é unir forças no 

intuito de diminuir a pobreza, relativa e extrema. Durante o processo de 

discussão entre os organismos internacionais, a melhoria da infraestrutura 

sempre foi considerada uma medida extremamente eficaz. 

Nesse sentido, a infraestrutura pública de qualidade permite aos indivíduos 

de forma direta o acesso a serviços de educação e saúde, além 

de facilitar o acesso à água potável e energia, por exemplo. Além disso, 

indiretamente, ela é capaz de elevar o nível de produtividade, reduzir 

custos de transporte, gerar empregos, entre outros efeitos (Sánchez et 

al., 2017). 

Diante da mencionada importância, vários estudos existentes na literatura 

enfatizam a importância do impacto da infraestrutura sobre o nível 

de pobreza. A maioria dos estudos denota que a oferta de infraestrutura 

pública de qualidade é fator-chave para redução da pobreza. O mecanismo 

que ilustra o referido efeito se dá pela elevação dos gastos governamentais, 

que aumentam a demanda por trabalho e os salários à medida que a 

economia cresce e se torna mais eficiente e competitiva (Araújo et al., 

2014). Para ilustrar os trabalhos que analisam a relação supracitada de 

forma geral e estudando a realidade de Bangladesh, Raihan (2011) afirma 

que os investimentos em infraestrutura são determinantes no processo de 

crescimento econômico e alívio da pobreza. 

A literatura denota ainda que a relação entre infraestrutura e pobreza 

ocorre tanto no meio rural quanto urbano. Nesse sentido, Ali e Pernia 

(2003) consideraram informações de diversos estudos que relacionam 

infraestrutura e pobreza nos países asiáticos. Os autores concluíram que 

os investimentos em infraestrutura no meio rural elevam a produtividade 

agrícola e o emprego, gerando crescimento econômico mais rápido nos 

países em desenvolvimento e dessa forma reduzindo a pobreza. Além 

disso, os autores ressaltam que o impacto marginal da infraestrutura de 

energia sobre a pobreza diminui ao longo do tempo. Por outro lado, os 

investimentos em estradas possuem fortes efeitos diretos e indiretos na


673 

redução da pobreza, sendo seus impactos mais elevados quando combinados 

com outros complementares, como em capital humano. 

Por sua vez, considerando as zonas urbanas da Nigéria, Ogun (2010) 

investigou o impacto dos investimentos em infraestrutura na redução da 

pobreza, utilizando informações para o período 1970-2005 e a metodologia 

de Vetores Autoregressivos (VAR). Os resultados também confirmam que 

os investimentos em infraestrutura em geral reduzem a pobreza, mas sugerem 

que os investimentos em infraestrutura social possuem maior impacto. 

Alguns outros estudos existentes na literatura estabeleceram relação 

entre investimentos em alguns itens de infraestrutura e pobreza, levando 

em consideração, por exemplo, os setores de transporte e comunicação, 

confirmando os resultados satisfatórios de alguns trabalhos (Ferreira 

e Andrade, 2016; Machado e Toma, 2017). 

Nesse sentido, considerando os países latino americanos, Durán e 

Saavedra (2014) evidenciaram o impacto da qualidade da infraestrutura 

rodoviária, medida pelo total de estradas pavimentadas de cada país, sobre 

a pobreza. O estudo quantificou o impacto direto da qualidade da infraestrutura 

sobre a pobreza na região através de um painel com 17 países 

durante o período 1980-2012. Os resultados demonstraram que a elevação 

de 1% no investimento nas rotas pavimentadas diminui em 0.76% 

a taxa de pobreza e em 0.20% a taxa de pobreza extrema. Os autores 

ainda observaram a existência de grande disparidade na cobertura e qualidade 

da infraestrutura entre os países da região, particularmente entre 

zonas urbanas e rurais. Também considerando um país em desenvolvimento, 

Edriss (2017) analisou especificamente os efeitos dos investimentos 

nas estradas das áreas rurais do Malawi entre 1994 e 2013 sobre a 

diminuição da pobreza, confirmando a referida relação. 

Para o Brasil, Ponzoni e Fochezatto (2013) analisaram os efeitos dos 

investimentos em construção civil sobre a redução da pobreza através de 

um modelo com dados em painel dinâmico para todos os estados durante 

o período 1985-2008. Os autores concluíram que o referido setor pode 

gerar empregos de baixa qualificação, proporcionando aos trabalhadores 

com menor nível de escolaridade maiores salários, o que lhes permitiria 

sair da linha de pobreza no curto prazo. 

Por outro lado, alguns estudos enfatizam os efeitos da infraestrutura 

social sobre o nível de pobreza. Assim, ao analisar os efeitos dos diferentes 

tipos de despesas sociais dos governos federal, estadual e municipal 

sobre a pobreza no Brasil durante o período 1988-2010, Hiromoto (2018) 

verificou que as políticas macroeconômicas de despesa social contribuem 

para redução da pobreza. Nesse caso, as despesas em saúde e saneamento 

apresentaram maior impacto na diminuição da a pobreza, seguidas pelas 

transferências de renda do governo a nível federal. Nessa mesma linha,


Cruz et al. (2010) concluíram que o capital social é uma ferramenta 

efetiva para aumentar a renda per capita e o dinamismo do mercado laboral 

através do aumento da oferta de trabalho, o que pôde ser verificado 

para os estados brasileiros no período 1995-2008. 

Alguns trabalhos analisaram, como o presente estudo, o efeito da infraestrutura 

pública sobre a pobreza, considerando tanto a infraestrutura 

econômica como a social. Considerando novamente o Brasil, Araújo et al. 

(2014), através de um modelo com dados em painel dinâmico para o 

período 1995-2009, obtiveram resultados consistentes. Os autores concluíram 

que os investimentos públicos em infraestrutura (transportes, 

energia e recursos minerais, educação, comunicação e saúde e saneamento) 

tiveram impacto significativo na redução da pobreza. Resultado similar foi 

observado por Tabosa et al. (2017), os quais determinaram que as políticas 

que têm como fim elevar o rendimento médio das famílias e reduzir 

a desigualdade afetam negativamente a pobreza, sendo o efeito mais 

acentuado no caso da pobreza extrema. 

Por fim, considerando 13 países latino americanos, Peláez et al. (2007) 

verificaram o efeito dos investimentos em infraestrutura pública sobre a 

redução da pobreza. Os autores evidenciaram que a elevação de tais investimentos, 

sejam públicos ou público-privados, reduzem os índices de 

pobreza da área beneficiada. No entanto, a redução da pobreza não é 

homogênea devido à distinta eficiência na execução dos investimentos. 

3. Metodologia 

3.1. Base de dados e variáveis 

Este estudo utiliza informações provenientes de dois organismos internacionais: 

Comissão Económica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

e Banco Mundial (BM), correspondentes a informações sobre infraestruturas 

econômica e social, além de dados referentes aos níveis de pobreza 

e pobreza extrema na América Latina. 

O método utilizado para definir quem é considerado pobre na amostra 

tem como base as denominadas linhas de pobreza monetária (linhas 

de pobreza e pobreza extrema), que estabelecem o custo de satisfação das 

necessidades básicas alimentares e não alimentares. Este método consiste 

em mensurar o nível de pobreza através dos rendimentos das famílias dos 

países da América Latina. A referida metodologia permite a estimação da 

magnitude da pobreza e pobreza extrema na região, assim como sua evolução 

nos diferentes países ao longo do tempo (CEPAL, 2018a). 

Nesse sentido, para cumprir os objetivos da pesquisa, foram considerados 

os índices de pobreza extrema e pobreza publicados pela Organiza-


675 

ção das Nações Unidas (ONU). Segundo a ONU, a população mundial 

que vive com menos de USD 1,90 1 por dia se encontra abaixo da linha 

de pobreza extrema ou indigência. Já a população mundial que vive com 

menos de USD 3,20 por dia são considerados pobres não extremos. Cabe 

ressaltar que levar em consideração ambos os índices é importante, pois 

possibilita que se compare que tipo de infraestrutura possui maior efeito 

sobre níveis distintos de pobreza. 2 

Por sua vez, as informações relativas à infraestrutura econômica consideradas 

no estudo são energia, transportes e comunicação; e aquelas 

referentes à infraestrutura social são educação e saúde. Com relação aos 

setores incluídos para caracterizar a infraestrutura econômica, a energia 

é representada pelo consumo de energia eléctrica (kWh per capita), mensurado 

pela produção das centrais elétricas e das centrais de cogeração 

menos as perdas ocorridas na transmissão, distribuição e transformação 

e consumo próprio das unidades de cogeração. Para o setor de transporte, 3 

é utilizada como proxy a porcentagem de passageiros aéreos transportados 

sobre a população total em aeronaves, tanto nacionais como internacionais 

de companhias aéreas registradas no país. O setor de comunicação é representado 

pelo total de indivíduos que utilizam telefones celulares por 

cada 100 habitantes. 

No que se refere à infraestrutura social, o setor de saúde é representado 

pelas despesas públicas em saúde como porcentagem do PIB. Por sua 

vez, o setor educacional tem como proxy as despesas públicas em educação 

como porcentagem do PIB. Já o desemprego corresponde à taxa de desemprego 

urbano aberto em função do sexo e dos grupos etários. 

Por fim, foram incluídas dummies de países com o intuito de verificar 

como os países latino americanos se diferenciam quanto ao nível de pobreza 

e pobreza extrema, tendo como base o Uruguai. Nesse caso, é 

possível controlar a questão localizacional dos indivíduos. Ou seja, se o 

fato de o indivíduo residir em um determinado país, levando em consideração 

suas características, pode afetar suas chances de ser pobre e extremamente 

pobre em relação ao país de referência, no caso o Uruguai. 

Resumidamente, o quadro 1 apresenta todas as variáveis utilizadas nos 

modelos econométricos com seus respectivos sinais esperados. Cabe salientar 

que o critério de seleção das variáveis explicativas foi a literatura 

que concerne o tema. 

Antes de aplicar a metodologia de dados em painel, inicialmente foi 

necessário tratar os dados para completar os anos faltantes da série tem- 

1 

USD: código internacional do dólar dos EE.UU. 

2 

Definições extraídas da base de dados da CEPALSTAT, CEPAL (2019). 

3 

Esta proxy é utilizada devido à escassez de dados relativos a outro modal de transporte 

para o conjunto de países considerados na amostra.


poral considerada. O método utilizado para este fim foi a interpolação e 

extrapolação linear. Posteriormente, foi possível utilizar os dados aplicados 

nos modelos econométricos através do pacote estatístico STATA 14 (Stata, 

2015). 

Quadro 1 

Variáveis selecionadas para estimação dos modelos 

econométricos e seus sinais esperados 

Pobreza 

Energia 

Transporte 

Variáveis 

Comunicação 

Saúde 

Educação 

Desemprego 

Dummies que representam 

os países 

Variável dependente 

Sinal esperado 

Espera-se relação negativa entre acesso à infraestrutura de 

energia e pobreza (Ali e Pernia, 2003) 

Espera-se relação negativa entre acesso à infraestrutura de 

transportes e pobreza (Edriss, 2017) 

Espera-se relação negativa entre acesso a infraestrutura de 

comunicação e pobreza (Aparicio et al., 2011) 

Espera-se relação negativa entre gastos com infraestrutura 

em saúde e pobreza (Cruz et al., 2017) 

Espera-se relação negativa entre gastos com infraestrutura 

educacional e pobreza (Hiromoto, 2018) 

Espera-se relação positiva entre desemprego e pobreza 

(Ferreira e Andrade, 2016) 

D1 (Argentina), D2 (Bolívia), D3 (Brasil), D4 (Chile), D5 

(Colômbia), D6 (Costa Rica), D7 (Equador), D8 (El 

Salvador), D9 (Honduras), D10 (México), D11 (Panamá), 

D12 (Paraguai), D13 (Peru), D14 (República Dominicana), 

D15 (Uruguai); sendo D15 a base 

Fonte: elaboração própria com base na literatura. 

3.2. Modelo econométrico 

Os dados em painel também conhecidos como combinação de dados de 

séries de tempo e de corte transversal têm várias vantagens, tais como 

controle sobre a heterogeneidade individual, mais variabilidade, menos 

colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade e maior eficiência, 

melhor capacidade de identificar e medir efeitos que não são detectáveis 

em dados puros de seção cruzada ou de séries temporais, assim como 

melhor capacidade de análise em comportamentos mais complicados. 

Além disso, muitas relações econômicas são de natureza dinâmica e, 

logo, o modelo aqui utilizado permite ao pesquisador compreender melhor


677 

a dinâmica do ajuste, o que é possível através da inclusão da variável explicativa 

que corresponde à dependente defasada (Baltagi, 2005). Assim, 

tendo em vista o objetivo central do estudo, que é o de analisar o impacto 

dos investimentos em infraestrutura pública (econômica e social) sobre 

a pobreza, o modelo econométrico considerado para o período 1996-2016 

pode ser definido da seguinte forma: 

ln(Pob it 

) = β 0 

+ β 1 

ln(Pob it−1 

) + β 2 

ln(Ener it 

) + β 3 

ln(Transpopu it 

) + 

β 4 

ln(Com it 

) + β 5 

ln(Saude it 

) + β 6 

ln(Educ it 

) + β 7 

ln(Desemp it 

) + U it 

(1) 

Onde lnPob it 

representa o índice de pobreza de acordo com a linha de 

pobreza (ou seja, pobext é a proporção de pobreza extrema ou indigência; e 

pob a proporção de pobreza). Entre os parâmetros β 2i 

a β 7i 

tem-se a representação 

das infraestruturas econômica e social, assim como o desemprego, 

medidas por: lnEner it 

, energia; lnTranspopu it 

, transporte; lnCom it 

, comunicação; 

Saude it 

, despesas em saúde; lnEduc it 

, despesas em educação; 

lnDesem it 

, taxa de desemprego; e u it 

é o termo de erro idiossincrático. 

Os subíndices i e t referem-se respectivamente aos países da região i= 1, 

2... 15, que são: 1: Argentina, 2: Bolívia, 3: Brasil, 4: Chile, 5: Colômbia, 

6: Costa Rica; 7: Equador, 8: El Salvador, 9: Honduras, 10: México, 11: 

Panamá, 12: Paraguai, 13: Peru, 14: República Dominicana, 15: Uruguai 

e o período de 1996 a 2016 é representado por t = 1, 2... 21. 

A especificação do modelo (1) baseia-se no pressuposto supracitado de 

que a pobreza do período anterior tende a influenciar a dinâmica da pobreza 

atual. Isso justifica a presença da variável dependente defasada em um 

período ln(Pobi t-1 

) como variável explicativa (Baltagi, 2005). 

A relação entre as variáveis que denotam a infraestrutura pública (infraestruturas 

econômica e social) e as variáveis dependentes (pobreza e 

pobreza extrema) é potencialmente endógena. Então, a presença de Pob it-1 

como variável explicativa na equação (1) pode dar origem ao problema 

de endogeneidade. Nesse caso, as estimativas por Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) tendem a ser enviesadas e inconsistentes, sobrestimando 

o coeficiente da variável estimada. Para corrigir tal problema, além 

de possibilitar a inclusão da referida relação dinâmica entre as variáveis, 

deve ser aplicada a transformação do modelo em primeira diferença e 

proceder a estimativa pelo Método Generalizado de Momentos (GMM), 

a partir da minimização das condições de momentos da distribuição. 

Desse modo, a equação (1) passa a ser a seguinte: 4 

4 

Esta seção é baseada em Tabosa et al. (2017).


ln(Pob it 

)=β 1 

Δln(Pob it 

−1)+β 2 

Δln(Ener it 

) + β 3 

Δln(Transpopu it 

) + β 4 

Δ 

ln(Com it 

) + β 5 

Δln(Saude it 

) + β 6 

Δln(Educ it 

) + β 7 

Δln(Desemp it 

) + ΔU it 

(2) 

Onde Δ é um operador de diferenças e pela construção da equação 

(2), ∆ln (Pobi t-1 

) e ∆U it 

são correlacionados e a endogeneidade ainda 

persiste. Dessa forma, torna-se necessário o uso de algum instrumento 

para ∆ln (Pobi t-1 

). 

No entanto, Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) explicam 

que esses instrumentos são fracos quando as variáveis, dependentes 

e explicativas, apresentam marcada persistência; quando a variância relativa 

dos efeitos fixos aumenta; ou quando ocorrem ambos os eventos. 

Nesse caso, o estimador é inconsistente e tendencioso e como solução os 

autores recomendam a estimativa de um sistema que combine o conjunto 

de equações em diferenças −equação (2)− com o conjunto de equações 

em nível −equação (1)− conhecido como método GMM para sistemas 

(System-GMM). 

Antes de estimar o modelo com dados em painel dinâmico, procedeu-se 

à verificação da existência de endogeneidade. Posteriormente, foram necessários 

alguns testes para analisar a consistência das estimativas. Em 

seguida, realiza-se o teste de Sargan para verificar a validade dos instrumentos 

utilizados pelo método System-GMM. 

4. Resultados e discussão 

4.1. Análise descritiva 

Nesta subseção são apresentadas as estatísticas descritivas dos indicadores 

de pobreza e pobreza extrema dos países analisados da América Latina no 

ano de 2016, mais recente na amostra; e posteriormente sua evolução na 

região durante as últimas duas décadas, período 1996-2015. 

O gráfico 1 apresenta os níveis de pobreza dos países da região em 

estudo. É possível observar que até 2016 os países que apresentam menores 

níveis de pobreza são Uruguai, com 0.55% da população total; 

seguido do Chile, com 1.21%; e por último Argentina, com 2.4%. Por 

sua vez, os países que apresentaram maiores níveis de pobreza para o 

mesmo período são Honduras, com 30.03% da população total; vindo 

em seguida a Bolívia, com 12.63%; e finalmente a Colômbia, com 1.83%. 

No gráfico 2, verificam-se os níveis de pobreza extrema ou indigência 

dos países latino americanos analisados no ano de 2016. Existe uma 

tendência em relação aos dois indicadores de pobreza, nos quais os países


679 

que apresentaram menores níveis de pobreza também possuem baixos 

níveis de indigência, sendo estes Uruguai, com 0.06% da população total; 

seguido da Argentina, com 0.58%; posteriormente Chile, com 0.62%. 

Gráfico 1 

Porcentagem da população pobre na América Latina 

(menos de USD 3,20) 2016 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da CEPAL (2016). 

Gráfico 2 

Porcentagem da população em extrema pobreza na América Latina 

(menos de USD 1,90) 2016 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da CEPAL (2016).


Por outro lado, os países com elevados níveis de indigência também 

apresentam a mesma tendência: Honduras, com 16.02%; Bolívia, com 

7.07%, e por último Colômbia, com 4.53%. 

O gráfico 3 apresenta, respectivamente, a evolução das porcentagens da 

população pobre e pobre extrema (indigente) na América Latina durante o 

período 1996-2015, período de duas décadas. Observa-se tendência descendente 

em ambos os indicadores de pobreza na região, sendo esta explicada 

por vários fatores. Além do contexto histórico e político que 

condicionou os investimentos públicos em infraestrutura, vide a primeira 

seção do presente estudo, no Chile, El Salvador e República Dominicana, 

o aumento nos rendimentos do trabalho foi sua principal causa. Por 

outro lado, na Costa Rica, Panamá e Uruguai, as transferências governamentais 

para os lares permitiram às famílias em condição de vulnerabilidade 

sair da linha de pobreza (CEPAL, 2019). 

Gráfico 3 

Evolução da porcentagem da população pobre e pobre extrema 

na América Latina, no período 1996-2015 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da CEPAL (1996-2015). 

Analisando-se a evolução da pobreza por subperíodos da amostra, em 

geral, sua diminuição durante o período 1990-1999 deveu-se às oscilações 

do crescimento econômico nos países analisados, como descrito na supracitada 

primeira seção desse trabalho. Por sua vez, no período 2002- 

2012, a região também apresentou redução da pobreza e indigência. Estes 

resultados tiveram como principais causas o contexto econômico favorável, 

as melhorias no mercado de trabalho, a implementação de programas


681 

sociais destinados à inclusão social dos indivíduos mais vulneráveis, além 

da redução do desemprego e aumento do preço das matérias-primas. 

No entanto, entre 2012 e 2013 houve relativa estagnação do processo 

de redução da pobreza como consequência da diminuição no ritmo de 

crescimento econômico mundial, do fim do ‘superciclo’ dos produtos 

básicos, da maior pressão inflacionária e da diminuição da capacidade 

de geração e formalização do emprego. Apesar da ligeira recuperação 

econômica em 2014, a procura agregada dos países da América Latina e 

o Caribe diminuiu devido ao baixo crescimento das economias desenvolvidas 

e a desaceleração das economias emergentes, em especial da 

China (CEPAL, 2016). 

Não obstante a redução dos índices de pobreza na América Latina, os 

níveis ainda são relativamente elevados até 2015. A população da América 

Latina que sobrevive com menos de USD 1,90 por dia corresponde a 4.1% 

do total e 10.8% da população sobrevive com menos de 3,20 por dia. 

De forma geral, segundo as estimativas atualizadas da CEPAL sobre 

pobreza e indigência, os dois fenômenos diminuíram consideravelmente 

no agregado regional, embora a um ritmo cada vez menor no período 

entre 2002 e 2014. Já entre 2015 e 2016, as estatísticas revelaram um 

aumento nos níveis gerais de pobreza e indigência regionais (América 

Latina como um todo), apesar de estes continuarem diminuindo na 

maioria dos países (CEPAL, 2018b). 

4.2. Resultados econométricos 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos através 

da estimação do modelo com dados em painel dinâmico. Os resultados da 

estimativa dos parâmetros das equações (1) com o auxílio da equação (2) 

são apresentados na tabela 1. 

Inicialmente, através dos testes verificou-se endogeneidade das variáveis 

educação (Educit) e desemprego (Desemit) com as variáveis dependentes. 

Assim, os resultados indicam que ambas variáveis são endógenas 

no modelo. Cavalcanti e Santos (2007), ao analisar o impacto das despesas 

públicas sobre a pobreza brasileira, utilizando como proxy de educação 

a média dos anos de estudo para indivíduos com 25 anos de idade ou 

mais, também verificaram a existência de endogeneidade. Além deste 

trabalho, Jiménez e Alvarado (2018), em seu estudo sobre o efeito da 

produtividade laboral na pobreza no Equador, também mencionam a 

existência de relação endógena entre a taxa de pobreza e a média do capital 

humano regional. 

Por sua vez, os testes realizados no modelo revelaram que as propriedades 

estatísticas são satisfeitas. A endogeneidade das variáveis valida a


Tabela 1 

Efeitos da infraestrutura pública na pobreza extrema 

e pobreza na América Latina 

Variáveis Pobreza Extrema Pobreza 

Coeficiente P-valor Coeficiente P-valor 

ln(Pobi t-1 

) 0.7923*** 0.0000 0.6734*** 0.0000 

ln(Ener it 

) -0.4299*** 0.0000 -0.6084*** 0.0000 

ln(Transpopu it 

) -0.0174 NS 0.4700 -0.0852** 0.0120 

ln(Com it 

) -0.0112 NS 0.3110 -0.0389** 0.0140 

ln(Saude it 

) 0.0312 NS 0.5630 -0.0360 NS 0.6450 

ln(Educ it 

) -0.0790* 0.0650 -0.1272** 0.0380 

ln(Desem it 

) 0.1081*** 0.0010 0.1007** 0.0250 

D1-Argentina 0.3870*** 0.0000 0.9589*** 0.0000 

D2-Bolívia 0.0355 NS 0.8370 0.5944** 0.0150 

D3-Brasil 0.4415*** 0.0000 1.0437*** 0.0000 

D4-Chile 0.4419*** 0.0010 1.2353*** 0.0000 

D5-Colômbia 0.3117** 0.0120 0.7651*** 0.0000 

D6-Costa Rica 0.2845*** 0.0050 0.8368** 0.0000 

D7-Equador 0.1970 NS 0.1070 0.6664*** 0.0000 

D8-El Salvador 0.0948 NS 0.5060 0.5656*** 0.0050 

D9-Honduras 0.0218 NS 0.8790 0.5533*** 0.0070 

D10-México 0.6413*** 0.0000 1.1079*** 0.0000 

D11-Panamá 0.3417*** 0.0050 1.0362*** 0.0000 

D12-Paraguai 0.1674 NS 0.1220 0.5222*** 0.0010 

D13-Peru 0.2348* 0.0680 0.7187*** 0.0000 

D14-Rep. Dominicana 0.2118* 0.0700 0.2266 NS 0.1670 

Constante 3.2403*** 0.0000 4.5446*** 00000 

Teste de Sargan 0.2268 0.5565 

Observações 298 298 

Nota: * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%; NS não significativo. 

Fonte: Elaboração própria, com base em STATA (2015) e dados da CEPAL (1995-2016).


683 

utilização do Método dos Momentos Generalizados (Generalized Moments 

Method-GMM). Cabe ainda ressaltar que os resultados do teste 

de Sargan, que podem ser observados na tabela 1, confirmam que os 

instrumentos utilizados no modelo são válidos, o que possibilitou a obtenção 

de estimadores consistentes mediante o método utilizado. 

Como as variáveis utilizadas, com exceção das dummies que representam 

os países, foram transformadas em logaritmo natural, tem-se um 

modelo de duplo logaritmo. Portanto, a inclinação dos coeficientes estimados 

representa suas respectivas elasticidades. No que se refere aos 

coeficientes estimados para as variáveis correspondentes a infraestrutura 

econômica, foi possível observar que todas são significativas para o modelo 

cuja variável dependente é a pobreza extrema. Por sua vez, para o 

modelo que considera a pobreza, apenas a variável que denota o consumo 

de energia elétrica foi significativa. 

Assim, analisando-se o efeito da infraestrutura econômica no que diz 

respeito à energia, representada pela capacidade instalada para a produção 

de 1 quilowatt (kW) per capita, o aumento do investimento em 1 ponto 

percentual neste setor reduz a pobreza em 0.43% e a pobreza extrema em 

0.61%. Nesse sentido, o investimento em infraestrutura energética eleva 

a demanda por trabalho, impactando diretamente sobre os rendimentos 

e consequente redução da pobreza (Cruz et al., 2010). 

No caso da infraestrutura de transportes, se o número de passageiros 

transportados via aérea aumenta 1%, a pobreza extrema diminui em 0.09%. 

A CEPAL (2016) menciona que existem zonas montanhosas e de difícil 

acesso na América Latina, justificando a importância dos aeroportos. Nesse 

sentido, os investimentos em transportes são importantes para o crescimento 

econômico e redução das desigualdades regionais na ALC (Costa et al., 

2016). Especificamente, a melhoria na infraestrutura de transporte permite 

mais acesso às diferentes regiões e mercados, o que reduz os custos de transporte 

internos, tanto para a indústria como para os indivíduos da região, o 

que impulsiona o desenvolvimento (Muñoz, 2016). 

Em relação ao setor de comunicações, a pobreza extrema diminui em 

0.04% quando os investimentos neste setor aumentam em 1%. Cavalcanti 

e Santos (2007) ressaltam que a comunicação eleva a produtividade dos 

fatores privados e reduz os custos por unidade de entrada das empresas, 

conectando-as de forma mais eficiente e gerando maiores taxas de lucros. 

Com relação aos coeficientes das variáveis que representam a infraestrutura 

social, a educação é estatisticamente significativa nos dois modelos 

e apresenta sinais esperados. Por sua vez, no que diz respeito à variável 

de saúde, esta não apresentou significância estatística. Assim, os coeficientes 

estimados indicam que o aumento de um ponto porcentual nas despesas 

públicas em educação reduze a pobreza em 0.08% e a indigência


em 0.13% nos países da região. Rodrigues (2007) observou que os trabalhadores 

brasileiros mais qualificados têm mais acesso a postos de trabalho 

melhor remunerados, além do fato de que a proporção de pobres 

declina à medida que aumenta o nível educacional dos indivíduos. 

De forma resumida, observando-se os resultados centrais do estudo, 

percebe-se que a pobreza extrema é mais sensível em relação às variações 

na infraestrutura pública, tanto econômica quanto social, em relação à 

pobreza. Somente a infraestrutura de saúde não a impactou e todos os 

coeficientes estimados em termos de infraestrutura pública foram superiores 

ao modelo de pobreza. No que tange este último, somente a infraestrutura 

de energia (econômica) e educação (social) tiveram efeito 

estatisticamente significativo sobre a mesma. Dessa forma, pode-se concluir 

que os investimentos em infraestrutura econômica e social impactarão 

de forma proeminente sobre a população mais miserável, o que de 

antemão justifica seu planejamento e implementação. 

Além desse importante resultado, conforme a tabela 1 confirma-se a 

hipótese dinâmica da pobreza, pois a variável de ln(Pobi t-1 

) foi estatisticamente 

significativa a 1%, tanto para o modelo de pobreza como para o 

de extrema pobreza. Estes resultados confirmam a persistência no tempo 

dos níveis de pobreza, o que indica que a pobreza passada afeta a pobreza 

presente. Os mesmos resultados foram obtidos por Aparicio et al. (2011), 

Araújo et al. (2014) e Costa et al. (2016). 

Os referidos resultados indicam que o aumento de 1% da pobreza no 

período precedente eleva a pobreza no período posterior em 0.79%. O 

mesmo resultado pode ser verificado no modelo que considera a pobreza 

extrema. Nesse último caso, se a indigência do período passado aumentar 

1%, haverá elevação da extrema pobreza no próximo período em 0.67%. 

Por outro lado, o coeficiente estimado para a variável de desemprego 

foi estatisticamente significativo e apresentou os sinais esperados. A pobreza 

e a indigência são elevadas em 0.11% e 0.10%, respectivamente, 

quando a taxa de desemprego aumenta em 1%. Este resultado coincide 

com os resultados encontrados por Marinho et al. (2011), onde o desemprego 

afeta em maior medida os mais pobres com rendimentos próximos 

à linha de pobreza. 

Finalmente, no que se refere às dummies dos países, observa-se que os 

coeficientes foram significativos em ambos os modelos na maioria dos 

países. Seguindo as estatísticas descritivas, considerou-se como país de 

referência o Uruguai por apresentar menores taxas de pobreza e indigência 

na região. Os resultados assinalam marcada diferença entre o país de 

referência (Uruguai) e os outros países analisados. Em consequência, 

conclui-se que os demais países incluídos na amostra apresentam maiores 

índices de pobreza e indigência em relação ao país supracitado.


685 

No trabalho de Durán e Saavedra (2014) referente às estatísticas de pobreza, 

o Uruguai também é o país que apresenta menor taxa de indigência 

(porcentagem de pessoas que vivem com menos de USD 2 por dia) com 

apenas 2.7% do total da população; além de menor taxa de pobreza 

(porcentagem das pessoas que vivem com menos de USD 4 diários), 

14.4% do total da população. 

Considerações finais 

A redução da pobreza é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), promovido pelas Nações Unidas (ONU), sendo que uma 

das soluções propostas, particularmente para a América Latina, se refere 

ao maior nível de investimentos públicos em infraestrutura. Assim, o 

objetivo desse estudo foi analisar o efeito dos investimentos em infraestrutura 

pública (econômica e social) sobre a pobreza e extrema pobreza 

latino-americana no período 1996-2016. Para tal, utilizou-se a metodologia 

de dados em painel dinâmico. 

Com relação aos resultados, pôde-se constatar a importância dos investimentos 

em infraestrutura econômica e social como forma de reduzir 

a pobreza e a extrema pobreza na América Latina. Além disso, os resultados 

sugerem que a pobreza corresponde a um processo dinâmico e persistente, 

pois existe um círculo vicioso indicando que a pobreza passada 

está relacionada com a pobreza presente. Cabe ainda salientar que o desemprego 

eleva os níveis de pobreza e extrema pobreza, assim como residir 

no Uruguai diminui as chances de que os indivíduos estejam abaixo das 

linhas de pobreza e indigência. 

Embora os resultados denotem que os investimentos públicos (econômicos 

e sociais) são primordiais para diminuição da pobreza, particularmente 

em sua forma extrema, é importante ressaltar a importância da 

elevação na despesa social média dos países da América Latina, que 

quase duplicou-se no período 2002-2016. 

O supracitado aumento nas despesas sociais constitui-se em um fator 

fundamental para a expansão das políticas sociais na América Latina, que 

elevaram a transferência de recursos para as famílias mais pobres, além de 

propiciar melhorias significativas nos indicadores de inclusão social relacionados 

a educação, saúde e infraestruturas básicas, apesar da existência 

de desigualdades na cobertura e qualidade dos serviços. 

Finalmente, a metodologia utilizada para estabelecer os indicadores de 

pobreza corresponde ao método da linha de pobreza monetária, que apenas 

considera o custo de uma cesta mínima de bens (incluindo os alimentos) 

e serviços. Por conseguinte, para próximas pesquisas seria conveniente a


utilização de outras abordagens, como a da pobreza multidimensional, que 

considera outros fatores, tais como níveis de educação, saúde, segurança 

social, habitação e qualidade de vida em geral. 

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Recebido: 17 de fevereiro de 2020. 

Encaminhado: 15 de junho de 2020. 

Aceito: 7 de julho de 2020. 

Anibal David Cuenca López. Mestre em Economia pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). Atualmente doutorando em Economia Doméstica 

pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de 

economia, com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos 

e estatísticos. Entre suas últimas publicações destacam-se, em coautoria: 

“Impacto de la inversión en infraestructura sobre la pobreza en 

Latinoamérica en el período 1996-2016”, Población y Desarrollo, 26 (50), 

San Lorenzo, pp. 5-18 (2020). 

Evandro Camargos Teixeira. Doutor em Economia Aplicada pela Escola 

Superior de Agricultura “Luiz Queiroz” da Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP). Atualmente é Professor Associado I do Departamento de 

Economia da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As linhas de investigação 

referem-se a desenvolvimento econômico, teoria econômica e 

economia do bem-estar social. Entre suas últimas publicações destacamse, 

em coautoria: “Mensuração da Pobreza Multidimensional Rural nas 

Mesorregiões Norte e Jequitinhonha de Minas Gerais”, Revista de Economia 

e Sociologia Rural, 57 (1), Brasília, Sociedade Brasileira de Economia 

e Sociologia Rural, pp. 161-180 (2019); “Existe fuga de cérebros no Estado 

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Federal do Paraná, pp. 193-213 (2019); e “La competitividad y sus factores 

determinantes: un análisis sistémico para países en desarrollo”, Revista 

CEPAL, núm. 129, Santiago de Chile, Organización de las Naciones 

Unidas, CEPAL, pp. 7-27 (2019).




Conflicto social, ambientalización y 

crisis política: judicialización en la 

cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina 

Social conflict, environmentalization and 

political crisis: judicialization at the Matanza- 

Riachuelo basin, Argentina 

693 

Andrés Scharager* 

Abstract 

This paper examines the social and political factors that led to the judicialization of 

the environmental conditions of the Matanza-Riachuelo basin, a highly polluted 

territory in Buenos Aires that in 2006 became the object of an unprecedented problematization. 

Specifically, three factors will be analysed: the creation of an environmental 

field and the generation of a series of environmental conflicts; the 

environmentalization of social demands along the Riachuelo river and the emergence 

of a basin perspective; and the Supreme Court’s search for a political relaunch in 

response to a crisis of legitimacy. 

Keywords: environmental conflicts, judicialization, Matanza-Riachuelo basin. 

Resumen 

En este escrito se examinan las condiciones sociales y políticas que condujeron 

a la judicialización de la situación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, 

un territorio altamente contaminado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 

que en 2006 se volvió objeto de una renovada e inédita problematización. En 

particular, se analizarán tres factores: la conformación de un campo ambiental 

y la generación de una ola de conflictos socioambientales, la ambientalización 

de las demandas en el Riachuelo y la construcción de una perspectiva de cuenca, 

así como la búsqueda de relanzamiento político de la Corte Suprema como 

respuesta a una crisis de legitimidad. 

Palabras clave: conflictos ambientales, judicialización, cuenca Matanza-Riachuelo. 

* Instituto de Altos Estudios Sociales-Universidad Nacional de San Martín/Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas, correo-e: andres.scharager@gmail.com

694 A. Scharager: Conflicto social, ambientalización y crisis política: judicialización en... 

Introducción 

La cuenca Matanza-Riachuelo constituye una de las principales postales 

de la vulnerabilidad social y el riesgo ambiental en Buenos Aires. Con 

2238 km 2 de superficie que atraviesan 14 municipios, este territorio abarca 

gran parte del Área Metropolitana y conforma –junto con sus afluentes– 

una cuenca hidrográfica con más de ocho millones de habitantes. Mataderos, 

curtiembres y saladeros se volvieron parte de su paisaje desde 

principios del siglo XIX, y con ellos comenzaron a acumularse contaminantes 

de manera sostenida hasta la actualidad. Pero la ausencia de políticas 

de control y planificación sobre los usos de la tierra y los recursos 

hídricos condujeron a que, en ese lapso, las fuentes de polución de origen 

industrial fuesen apenas uno de sus tantos problemas. Con el tiempo, se 

sumaron también aguas pluviales que arrastran secreciones de residuos 

sólidos urbanos, fluidos cloacales vertidos sin tratamiento, basurales a cielo 

abierto en las orillas y metales pesados peligrosamente sedimentados en el 

lecho. 1 

Aunque cuenta con problemas tan estructurales como urgentes, la 

ausencia de soluciones ha perfilado la situación de la cuenca a lo largo de 

su historia. En 1811, en plena consolidación del gobierno independizado 

de la corona española, se dictaminó por primera vez la necesidad de limpiar 

el río ante la contaminación provocada por las industrias alimenticias. 

Sin embargo, esta política fue incumplida, como tantas otras que le 

siguieron, las cuales van desde decretos como el de 1822, que prohibió la 

instalación de nuevas curtiembres y mataderos, hasta leyes como la de 

1913, que ordenó obras de rectificación, iniciadas pero nunca terminadas 

(Rocha, 2005). 

A partir de sucesivos hitos como estos, el Riachuelo se hundió poco a 

poco en el desgobierno, su destino se ató al solapamiento de acciones 

descoordinadas y carentes de previsión y, así, el territorio estuvo lejos de 

volverse objeto de atención institucional sostenida. En efecto, tan temprano 

como 1871, el diario La Nación sostenía: 

El lecho del Riachuelo es una inmensa capa de materias en putrefacción. Su corriente 

no tiene ni el color del agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, parece un 

1 

Esta sumatoria de factores ha hecho que, paulatinamente, el Riachuelo se convierta en uno de 

los ríos más contaminados del mundo (Di Paola et al., 2009), mas no el único caso de su tipo; por 

lo contrario, la acelerada urbanización acontecida desde la segunda mitad del siglo XX en América 

Latina –particularmente en los países que atravesaron procesos de industrialización intensa– conllevó 

un incremento de la contaminación en las ciudades y, en especial, una estrecha asociación geográfica 

entre las desigualdades sociales y el riesgo ambiental (Harvey, 1996; Jordán et al., 2017; Clichevsky, 

2002). En este contexto, han proliferado los conflictos urbano-ambientales en metrópolis como 

México (Schteingart, 1987; Espinosa, 2015), Río de Janeiro (Fuks, 1998), Bogotá (Quimbayo, 2014), 

Santiago de Chile (Aliste y Stamm, 2016) y Medellín (Palmett, 2016).


695 

torrente de pus que escapa a raudales de la herida abierta en el seno gangrenado de 

la tierra. Un foco tal de infección puede ser causa de todos los flagelos, el cólera y la 

fiebre. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y beberemos la podredumbre de este 

gran cadáver tendido a espaldas de nuestra ciudad? (Rocha, 2005). 

Si al calor de la industrialización del siglo XX el Riachuelo se convirtió 

en un símbolo de la degradación ambiental urbana, el fallido proyecto 

de saneamiento presentado durante el gobierno de Carlos Menem (1989- 

1999) lo apuntalaría como emblema de la desidia y la corrupción. 

En 1993, la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de 

la nación, María Julia Alsogaray, anunció un plan para sanear la cuenca 

del río en mil días; aseguró que al cabo de ese plazo estaría “descontaminado” 

y sería posible “tirarse a nadar” allí. El propio presidente, Carlos 

Menem, haría eco de la promesa al afirmar: “en 1995 vamos a ir allí a 

pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar” (Clarín, 2006). 

Pero hacia 2002, los 250 millones de dólares que había otorgado el 

Banco Interamericano de Desarrollo para estos fines habían sido reasignados 

para el financiamiento de planes sociales y cuestionados servicios de 

consultoría (Clarín, 2006; Maciel y Groisman, 2003). El “plan de los mil 

días” no tardó en convertirse en uno de los mayores ejemplos del incumplimiento 

y el abandono del Riachuelo, mientras que Alsogaray se volvería 

un ícono de la malversación de fondos y los escándalos políticos de la época. 

Con este fracasado intento del menemismo sobre sus espaldas, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación 2 –tribunal de mayor jerarquía constitucional 

en la Argentina– comenzó a escribir una nueva (y acaso la más 

trascendente) página en la historia del Riachuelo en 2006, pues declaró 

su competencia originaria ante una denuncia presentada dos años antes 

por un grupo de vecinos y trabajadores de la salud del municipio bonaerense 

de Avellaneda, quienes encabezados por la ciudadana Beatriz Mendoza (de 

quien devino el término causa Mendoza, con el cual se hace habitualmente 

referencia a este proceso), le exigían al Estado nacional, a la Provincia de 

Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas, una reparación 

por los daños y perjuicios causados por la contaminación del río. 

Al asumir la conducción de este proceso –y fundamentalmente cuando 

dictó sentencia definitiva en 2008–, el máximo tribunal trascendió las 

expectativas de los denunciantes y conminó a los tres gobiernos a presentar 

un plan integral de saneamiento para la totalidad de la cuenca. 3 Si bien 

2 

En adelante, Corte Suprema. 

3 

Merece subrayarse que la cuenca Matanza-Riachuelo comprende un territorio bajo tres jurisdicciones 

diferentes: la ciudad de Buenos Aires –autónoma–, la provincia de Buenos Aires y la Nación. 

Esta tripartición, históricamente, condujo a solapamientos y vacíos institucionales, que en su conjunto 

dificultaron las capacidades de articulación, la planificación política y el ordenamiento del suelo. A raíz 

de ello, la mencionada sentencia judicial condujo a la creación de un organismo tripartito –Autoridad


dicho tribunal dejó pendiente la definición de la reparación del daño 

ambiental colectivo y se declaró incompetente en lo referido a los reclamos 

individuales, determinó como objetivos la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes, la recomposición del ambiente en la cuenca en todos 

sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente 

y razonable grado de predicción (Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, 2008). 

A partir de su decisión –y de su disposición explícita a determinar 

responsabilidades, plazos de cumplimiento y lineamientos–, la Corte 

Suprema captaba el conflicto del Riachuelo y lo trasladaba compulsivamente 

al campo del derecho, sometiéndolo a los procedimientos del 

sistema judicial y a las reglas jurídicas (Azuela, 2006). Por otro lado, se 

colocaba en un rol de estructuradora y organizadora de un proceso crecientemente 

complejo que buscaba introducir al orden de lo político un 

área geográfica que apenas estaba recortada y delimitada en términos 

sociales y estatales. 

Mucha agua ha corrido bajo el puente entre el inicio de este proceso 

judicial y la actualidad, tanto en un sentido institucional como en materia 

de resultados alcanzados. Pero no es el propósito de estas páginas colocar 

bajo escrutinio el derrotero de la causa Mendoza en los últimos años, lo 

cual ha sido foco de pormenorizados análisis (Nápoli y García, 2011; 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales et al., 2017); por lo contrario, 

el interés está puesto en los hitos de la historia reciente que han dado lugar 

a la apertura de esta nueva etapa. 

Lejos de asumir la renovada problematización estatal de la situación 

del Riachuelo como producto de cambios en la moralidad –que volvería 

socialmente inaceptable la contaminación– o en la eficiencia del Estado 

argentino –que sólo requeriría de una decisión política y transformaciones 

burocráticas para la puesta en marcha de un plan integral– se apuntará 

aquí a examinar las condiciones de posibilidad que habilitaron la inédita 

centralidad de la cuestión en la agenda pública. En otras palabras, no se 

lo asumirá como el producto de una decisión contingente de la Corte 

Suprema, sino que se analizarán los factores sociales y políticos que dieron 

lugar a la judicialización de la situación ambiental de la cuenca y su reterritorialización 

(Mançano, 2012). 

Con este objetivo se examinarán el surgimiento y desplazamiento de 

la cuestión del Riachuelo entendida como problema público: un asunto 

de preocupación social que adquirió diversas formas de atención y tratamiento 

por parte de las agencias estatales. Para responder cómo adquirió 

este estatus se debe suspender su carácter natural o evidente y observar 

de Cuenca Matanza-Riachuelo– que cuenta con plena potestad sobre el territorio en lo que se refiere 

a tareas de saneamiento.


697 

los modos y las operaciones sociales a partir de las cuales se produjo su 

objetividad práctica (Guerrero-Bernal et al., 2018). En otras palabras: 

aquí se analizará cómo se volvió un asunto de interés político, social y 

judicial; cómo se generaron las condiciones de posibilidad para su captura 

por parte de la justicia y la esfera del derecho. 

Investigadores como Hilgartner y Bosk (1988) y Cobb et al. (1976) 

advierten que la atención pública es un recurso escaso y que el ingreso de 

una cuestión a la agenda pública depende de operaciones cognitivas y 

políticas; este artículo mostrará cómo se generaron y cuáles fueron los 

principales movimientos a partir de los que el tratamiento social y estatal 

de la contaminación de la cuenca se transformó. 

De acuerdo con Alfie (2013), podría sostenerse que esta transformación 

redundó en la conformación de una nueva gobernanza ambiental, pues 

operó como puntapié para la creación de una autoridad de cuenca y 

propició que las instituciones estatales recortasen dicho territorio como 

una escala de intervención en sí misma. El fallo habilitó un campo de 

deliberación sin precedentes; esto es, constituyó un“giro deliberativo” 

(Alfie, 2013: 82) se ha caracterizado por una impronta judicial. 

Investigaciones como las de Güiza et al. (2015) han analizado la judicialización 

de distintos conflictos ambientales en América Latina, examinando 

los efectos que tiene en su estructuración el ingreso de actores e instituciones 

del campo jurídico (Bourdieu, 1987). Autores como Melé (2006) y Azuela 

y Cosacov (2013) han señalado los impactos simbólicos que puede tener el 

traslado de los conflictos a los tribunales, desde cambios en sus modos de 

encuadramiento hasta su inserción en distintas cadenas discursivas. 

Por este motivo, destacan la necesidad de hacer foco en su productividad 

con el fin de atender sus consecuencias duraderas y de largo alcance. No 

obstante, es preciso examinar de qué forma los conflictos se vuelven foco 

de atención judicial, y cómo la cuestión ambiental acaba por ingresar en la 

agenda pública. En otras palabras, se debe analizar de qué modo, en casos 

como el del Riachuelo, los distintos actores sociales y políticos reconfiguran 

su tratamiento público y cómo el nuevo estatus del problema es captado y 

tratado judicialmente. 


Este artículo se inscribe en una investigación de mayor alcance acerca de 

la relación entre la judicialización, la ejecución de políticas estatales y el 

conflicto social (Scharager, 2019). Se ha optado por un diseño de investigación 

cualitativo que se asienta en la técnica de análisis documental y 

bibliográfico y se ciñe al periodo 1994-2008. Este último año es en el que


la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y se trata, por ende, del punto 

de llegada del análisis de estas páginas, que apunta a explicar precisamente 

el porqué de dicho fallo, entendido como puntapié de un nuevo modo 

de tratamiento público del problema del Riachuelo. 

El año 1994, mientras tanto, se establece como momento de inicio de 

este estudio debido a que fue en ese entonces que –según se verá– se 

produjeron transformaciones que encuadraron localmente y en un plano 

institucional el surgimiento de la nueva cuestión ambiental. 

El trabajo se sostiene en fuentes secundarias que consisten mayoritariamente 

en documentos institucionales (fallos judiciales, legislación, 

informes), si bien también es de relevancia el análisis de libros y artículos 

científicos. Asimismo, a fin de contextualizar el objeto de estudio se 

examinaron archivos de prensa gráfica (diario La Nación) por medio de 

motores de búsqueda web. En todos los casos se realizó un análisis inductivo 

de contenido que, específicamente, apuntó a una revisión selectiva 

de información (Andreu, 2002) con el auxilio del software Atlas.ti (QDA, 

2017) para identificar elementos explicativos del problema en cuestión; 

a partir de ellos se examinaron cada uno de los factores identificados como 

relevantes para el esclarecimiento de la transformación de la situación 

ambiental de la cuenca en un problema judicial. 

Estos factores –en función de los cuales se estructura este trabajo– se 

dividieron en tres dimensiones de análisis, que no se corresponden per se 

con secuencias temporales: en primer lugar, la conformación de la cuestión 

ambiental a nivel global y la manera en que, a nivel local, comenzó a 

proliferar un sinnúmero de conflictos ambientales que colocaron la problemática 

sobre la mesa a modo de demandas sociales. En segundo lugar, 

la emergencia de una renovada problematización de la situación en el 

Riachuelo en clave ambiental, y cómo un conjunto de organismos estatales 

y actores con saberes expertos dieron pie a una articulación política 

y cognitiva de la situación desde una perspectiva integral sobre la cuenca. 

Finalmente, el contexto político inmediato que –según se argumentará– 

condujo a la decisión de la Corte Suprema de asumir la conducción de 

la causa Riachuelo. Se destacan en él la crisis nacional desatada en 2001 

y la deslegitimación social del Poder Judicial. 

Los factores que conducen a la transformación en los modos de tratamiento 

de un problema público son, según Weber (2012), potencialmente 

infinitos; para alcanzar una explicación causal se requiere una labor 

de imputación o selección de determinados elementos que indefectiblemente 

irá en detrimento de otros recortes posibles. Como afirma Rossi, “puesto 

que la totalidad de las relaciones de causa y efecto de las que depende la 

ocurrencia de un fenómeno es conceptualmente inagotable, el campo de


699 

investigación dentro del cual se mueve la investigación debe ser delimitado 

sobre la base de una selección” (2012: 23). 

El hallazgo de una causación adecuada (en oposición a una causación 

accidental) siempre será, en esta clave, el producto de un proceso hipotético 

que a priori se sostiene en relaciones de valor subjetivas. Este artículo 

propone entonces abrir exploratoriamente las puertas a la identificación 

de factores de índole discursiva, económica, social y política que han 

posibilitado la transformación –por vía de la judicialización– de un problema 

público ambiental. 

2. De la conformación global de la cuestión ambiental 

a la proliferación local de conflictos socioambientales 

Toda comprensión sobre el estado de la naturaleza se basa en representaciones 

–afirma Hajer (1995)– y siempre supone un conjunto de prenociones 

y decisiones sociales que están mediadas por un conjunto 

determinado de prácticas discursivas. Esto no significa que la naturaleza 

allí afuera sea totalmente irrelevante, pero sí que la dinámica de la política 

y la conflictividad ambiental no pueden entenderse sin tomar en cuenta 

los discursos que guían nuestra percepción de la realidad. 

Si los problemas ambientales desatados en distintas épocas y latitudes, 

como la deforestación en el siglo XIX, la erosión del suelo en la década de 

los treinta, la contaminación con pesticidas en los años sesenta y la energía 

nuclear en los años setenta eran concebidos como asuntos que requerían 

controles puntuales –es decir, que se abordaban a través de medidas paliativas 

ad hoc y ex post–, a partir de 1972 se comenzaron a generar nuevos 

discursos que transformaron el significado de la cuestión ambiental. 

Según Hajer (1995), la publicación en ese año del informe Los límites 

del crecimiento –surgido de una conferencia de la ONU en la ciudad de 

Estocolmo– fue punta de lanza para la jerarquización institucional de las 

políticas ambientales y el inicio de una novedosa concepción, según la 

cual, la contaminación pasaría a ser vista como un problema estructural. 

Poco después, en 1980, se afianzaría un paradigma que se volvería hegemónico 

en la interpretación y acción sobre la cuestión ambiental, denominado 

modernización ecológica. 

A la vez que reconoce el carácter sistémico de la problemática, este 

enfoque –que logró permear gran parte de las percepciones sociales sobre 

la relación sociedad-naturaleza– asumió que las instituciones políticas y 

económicas son capaces de internalizar el cuidado del ambiente. Así, la 

degradación ambiental se vuelve un asunto calculable y, por lo tanto,


conciliable con el crecimiento económico; más aún, este discurso acaba 

siguiendo una lógica utilitaria según la cual, en el fondo, la prevención 

de la contaminación es redituable. 

Debido a cuatro motivos -prosigue Hajer (1995)- esto se vuelve atractivo 

para los gobiernos: primero, porque se posiciona en contraposición a 

las estrategias de abordaje ex post que no daban resultados; segundo, porque 

usa el lenguaje de las empresas y conceptualiza la contaminación como una 

cuestión de ineficiencia, evitando la confrontación directa con las industrias; 

tercero, porque evita toda referencia explícita a las contradicciones sociales 

propias de otros discursos sobre el ambiente y, en lugar de llamar a cambios 

de fondo, es modernista y tecnocrático; y cuarto, porque tiene afinidad 

con las ideas neoliberales y a su vez permite esquivar las críticas estructurales 

de los años setenta: en el fondo, se basa en la creencia en el progreso, 

la técnica y la ciencia. 

El discurso de la modernización ecológica se topó con una visión 

radicalmente distinta proveniente de los movimientos de justicia ambiental. 

Éstos pusieron en la cima de la agenda a las desigualdades que derivaban 

de la distribución asimétrica de los daños ecológicos y desafiaron 

con ello los discursos dominantes (Martínez, 2011). 

Al juzgar los problemas ambientales en términos de absolutos morales 

y colocar los asuntos en clave de desafío a la Madre Tierra, estos movimientos 

adoptan una posición no negociable de rectitud moral, intocable por 

toda discursividad legal o científica. Así, la pregunta por lo pragmáticamente 

posible viraba hacia lo moralmente correcto (Harvey, 1996). 

Cualquiera que sea el nivel de confrontación y preponderancia de 

estos discursos, lo cierto es que las últimas décadas han dado lugar a la 

conformación de un campo ambiental a nivel global que, como afirma 

Azuela (2006), no es otra cosa que un espacio social en el que entran en 

juego actores sociales con diferentes disposiciones frente a lo que todos 

reconocen, en principio, como problemas ambientales. En este proceso, 

los peligros presentados por los desarrollos tecnológicos y el cambio climático 

se volvieron el epicentro de una preocupación por la exposición 

social al riesgo (Beck, 1998). 

Mientras tanto, la idea de desarrollo sustentable se convirtió, en contrapartida, 

en el foco de una coalición discursiva (Hajer, 1995) que engloba 

distintos enfoques y narrativas acerca de la cuestión ambiental, inclusive a 

actores económicos atraídos por las posibilidades que abre la internalización 

del conflicto para el capital (Merlinsky, 2013). Ya no se trata, por lo tanto, 

de la existencia o no de una crisis ambiental, sino de cómo se la interpreta 

(Hajer, 1995). 

En este marco, la cuestión ambiental ha tendido a institucionalizarse 

a lo largo y ancho del globo: se sancionó nueva legislación nacional y


701 

supranacional, se crearon organismos gubernamentales con variables 

niveles de jerarquía abocados a la temática y se implementaron políticas 

diseñadas bajo argumentos de protección y cuidado del ambiente. Consistió, 

en otras palabras, en un proceso de globalización legal (Sieder et al., 

2008) por el cual tratados y marcos legales ambientales se difundieron por 

el mundo hasta adquirir estatus jurídico en los niveles locales, a partir de 

la suscripción de acuerdos e incluso en sucesivas reformas constitucionales. 

No obstante, la emergencia de esa institucionalidad no ha evolucionado 

en forma sincrónica en todas partes del mundo: en la Argentina, además 

de errática, la cuestión ambiental fue por muchos años un ámbito subsidiario 

en el conjunto de las políticas estatales. En los años ochenta se 

crearon organismos de segundo rango abocados a la formulación de 

iniciativas en torno a los recursos hídricos (sobre todo en las cuencas con 

usos productivos valiosos), y recién en la década de los noventa se alcanzó 

un grado subministerial por medio de la creación de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano (Merlinsky, 2013). 

Asimismo, en 1994 una reforma constitucional reconoció el derecho 

al ambiente sano y, en 2002, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 

General de Ambiente, que garantiza en su artículo 1 “presupuestos mínimos 

para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 

del desarrollo sustentable” (Ley Nº 25.675, 2002). 

La institucionalización de la problemática en torno al medio ambiente 

no se debió, por lo tanto, a un aumento de demandas sociales ni tuvo de 

por sí un paralelismo en términos de su instalación en la agenda pública. 

Sin embargo, la puesta en debate internacional de la cuestión ambiental 

–en un lugar crecientemente protagónico– y su posterior incorporación a 

los entramados del Estado nacional sí resultaron un factor ineludible para 

explicar el contexto en el cual, por primera vez, se suscitó en Argentina una 

inédita ola de conflictos ambientales a partir de 2003. 

Fue desde entonces que estos nuevos derechos se tornaron exigibles y 

cobraron un amplio sentido social más allá de la letra de la ley, volviéndose 

fuente de argumentación en la arena pública y entrelazándose con los 

horizontes de inteligibilidad de los actores en conflicto. 

Claro está, no puede desconocerse que mientras la cuestión ambiental 

penetraba la legislación y la institucionalidad estatal argentinas, las actividades 

basadas en la explotación de recursos naturales se extendían cada vez 

más hasta convertirse –producto de sus efectos sobre las poblaciones– en 

otro factor desencadenante del nuevo ciclo de conflictos. 4 

4 

El auge del extractivismo, así como el incremento en la cantidad e intensidad de los conflictos 

ambientales, no fue en aquellos años, ni lo es en la actualidad, una característica exclusiva de la 

Argentina. Más bien, proliferaron a lo largo y ancho de la región latinoamericana múltiples conflictos


El caso del sector agropecuario es, a este respecto, uno de los más 

elocuentes: la expansión de la frontera agropecuaria derivaría en un 

aumento de la deforestación y las inundaciones (Arístide, 2014), así como 

en el desplazamiento de comunidades campesinas de sus unidades productivas 

(Barri y Wahren, 2010). En tanto, el cultivo de un nuevo tipo de 

soja transgénica conllevaría un creciente uso del glifosato como herbicida, 

cuestionado por sus implicancias sobre la salud (Avila-Vazquez et al., 2017). 

La multiplicación de megaproyectos mineros, por su parte, daría lugar 

a un fenómeno análogo al de la agricultura: su instalación en zonas consideradas 

improductivas alteraría el equilibrio de los ecosistemas y presentaría 

amenazas a la salud y las economías de las poblaciones circundantes 

debido al vuelco de desechos tóxicos y la competencia por recursos como 

el agua y la energía eléctrica (Svampa et al., 2009). 

En este contexto, la pequeña ciudad patagónica de Esquel –provincia 

de Chubut– se convirtió en 2003 en el epicentro del primer conflicto 

ambiental de resonancia nacional; cobró un simbolismo clave para la 

multiplicación de experiencias similares en diversas latitudes, así como 

una significativa reverberación mediática y política. En octubre de 2002, 

la empresa Meridian Gold presentó un informe de impacto ambiental 

para la explotación de oro que generaría alerta entre técnicos y ambientalistas 

de la región y conduciría a la primera asamblea de autoconvocados 

contra la megaminería. 

Los altos niveles de movilización que sacudieron a Esquel desde entonces 

se enmarcaban en el clima de gran efervescencia social posterior a la 

crisis social, política y económica que había sacudido al país en 2001, 

pero fueron facilitados por una novedosa articulación entre un saber 

experto independiente –desarrollado y divulgado por grupos de profesionales 

que advertían sobre los riesgos de la puesta en marcha de una 

explotación minera de envergadura– y un lenguaje de valoración del 

territorio que se contraponía al de los promotores de esta actividad extractiva 

(Svampa et al., 2009). 

Mientras que la empresa remarcaba la oportunidad que brindaban las 

minas en términos de empleo y “desarrollo”, los vecinos movilizados 

destacaban que para ellos Esquel había sido una elección: de hecho, una 

buena parte de los habitantes provenían de grandes ciudades y su mudanza 

a la Patagonia se había debido a la búsqueda de un cambio en su estilo y 

calidad de vida. 

vinculados con la actividad minera, la deforestación y la producción petrolera, entre otros. Numerosos 

autores han analizado este fenómeno, preguntándose conceptualmente por su naturaleza e implicancias 

sociales (Alfie, 2013; Folchi, 2001; Harvey, 1996; Napadensky y Azocar, 2017; Vallejos-Romero, 

2008), así como también se han realizado estudios de casos, entre muchos otros, centrados en Chile 

(Bolados, 2014), Perú (Bebbington y Humphreys, 2009), Ecuador (Sánchez et al., 2016), Colombia 

(Güiza et al., 2015) y México (Brenner, 2010).


703 

El conflicto de Esquel se caracterizó por el desarrollo de una alta 

capacidad de presión por parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados 

sobre el Concejo Deliberante y el gobierno provincial. Tras una 

marcha que logró la cancelación de una audiencia pública en la que se 

evaluaría el informe de impacto ambiental de Meridian Gold, el proceso 

de confrontación escaló hasta que los asambleístas finalmente lograron la 

convocatoria a un plebiscito. Éste se llevó adelante el 23 de marzo de 2003 

y arrojó como resultado 81% de votantes en contra de la mina, sellándose 

así un rotundo rechazo al emprendimiento. Lejos de ser el último paso, 

la votación fue apenas el preámbulo para que poco después se votase una 

ley de prohibición de la minería a cielo abierto en todo el territorio de la 

provincia de Chubut. 

El caso de Esquel se convirtió así en un momento fundacional para la 

conformación de una red nacional antiminera (Marín, 2009), que rápidamente 

comenzaría a tejerse en diversas localidades del conjunto del país. 

Como señalan Svampa et al. (2009), este conflicto tuvo un arrastre multiplicador 

que despertó a otras regiones donde ya se habían implantado 

–o estaban proyectándose– grandes yacimientos, y se volvió un caso testigo 

para las comunidades que se iban enterando de su destino minero. Así, tan 

temprano como en 2003 se conformaría una Red de Comunidades Afectadas 

por la Minería, integrada por miembros de numerosas provincias 

de la Argentina, sobre todo cordilleranas. 

En la misma época en la que se llevaron a cabo las primeras asambleas 

contra la minería en Esquel, en la provincia de Córdoba inició una lucha 

cuyo ascenso –menos vertiginoso y más silencioso– ilustra la amplitud de 

las incipientes demandas ligadas al medio ambiente. En el barrio de Ituzaingó 

Anexo, situado a las afueras de la capital provincial –en los límites 

de la frontera agrícola–, un grupo de mujeres comenzaría a organizarse 

tras percibir un aumento dramático en la emergencia de enfermedades y 

dolencias como alergias y distintos tipos de cáncer. Por medio de protestas 

en la vía pública y la construcción de datos sobre los problemas de 

salud y sus patrones de aparición, lograron gradualmente instalar un 

debate acerca de los efectos de las fumigaciones y los agroquímicos. 

Conocidas algunos años después como “Madres de Ituzaingó”, este 

grupo se volvería insignia de un reclamo que de a poco se esparciría por 

diversas localidades de la pampa húmeda y pondría en cuestión el modelo 

de los agronegocios. 

Mientras tanto, apenas a dos horas al norte de la ciudad de Buenos Aires, 

otro proceso comenzaba a desarrollarse cautelosamente para poco después 

convertirse en uno de los conflictos más importantes, complejos y prolongados 

de la década. El denominado “conflicto de las papeleras” comenzó 

en 2003 cuando habitantes de la localidad uruguaya de Fray Bentos


advirtieron a un grupo de pares de la ciudad argentina de Gualeguaychú 

sobre la existencia de un proyecto para construir una fábrica de pasta de 

celulosa. Se trataba de un emprendimiento de la empresa española Ence, 

que se emplazaría sobre la orilla oriental del Río Uruguay, frontera natural 

entre ambos países. 

En octubre, mientras el gobierno uruguayo le concedía a esta compañía 

los permisos ambientales y de construcción, los vecinos del lado 

argentino organizaron una primera marcha de protesta en el Puente 

Internacional General San Martín, la principal de las tres vías terrestres 

que conectan a las dos naciones. Por medio de la “Declaración del pueblo 

de Gualeguaychú” señalaron su oposición a la construcción de la planta de 

celulosa, rechazaron los estudios de impacto ambiental presentados por 

la empresa, convocaron a los municipios circundantes a movilizarse y se 

pronunciaron en contra del modelo de desarrollo presupuesto por ese tipo 

de emprendimientos. 

Dos años más tarde, el otorgamiento por parte de Uruguay de un 

permiso a la empresa finlandesa Botnia para la instalación de otra fábrica 

de pasta de celulosa a pocos kilómetros de Ence –que por su magnitud se 

convertiría en una de las mayores del mundo en su tipo– operó como punto 

de quiebre para una radicalización del conflicto. El 30 de abril de 2005, 

más de 40,000 personas –casi la mitad de la población de la ciudad– se 

volcaron a las calles y se manifestaron en el puente internacional, incluyendo 

al intendente de Gualeguaychú y los de localidades circundantes. 

La lucha contra las pasteras ya se volvía un asunto de público conocimiento 

a nivel nacional y comenzaba a ser objeto de preocupación gubernamental 

y roces diplomáticos. En los meses siguientes, el conflicto se 

robusteció y consolidó cuando los vecinos, constituidos formalmente 

como “Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, apuntaron 

sus denuncias hacia el gobierno del país vecino por violación al tratado 

de uso compartido del Río Uruguay y comenzaron a realizar cortes (o 

piquetes) intermitentes en la ruta que conducía al puente. 

El conflicto recrudeció aún más durante el 2006; la solidaridad de las 

asambleas ambientales de Concordia y Colón –ciudades donde se ubican 

los otros dos pasos internacionales– llevaría a bloqueos simultáneos de los 

tres puentes fronterizos y las movilizaciones contra las pasteras crecerían 

hasta convocar a más de 100,000 personas, captando primeras planas en 

la prensa argentina y de la región. Poco después, el gobierno presentó una 

demanda contra el país vecino ante la Corte Internacional de Justicia en 

la que denunció la falta de consulta previa a la instalación de las plantas, 

y el presidente Néstor Kirchner convocó a un acto en Gualeguaychú 

donde, ante decenas de miles de manifestantes, la totalidad de su gabinete 

y 19 gobernadores provinciales afirmaría que la cuestión ambiental era


705 

un asunto de “interés nacional”. Para entonces, la escalada diplomática 

habría alcanzado su punto máximo y el medio ambiente se habría vuelto 

objeto privilegiado de discusión social. 

Del conjunto de conflictos que se desarrollaban en diversas latitudes 

del país (mapa 1), el de las pasteras fue probablemente el que más logró 

Mapa 1 

Distribución geográfica de conflictos ambientales en Argentina 5 


5 

Distribución geográfica de algunos de los principales conflictos ambientales desarrollados en 

Argentina desde el inicio de la señalada ola de 2003. En el punto 9 se halla la cuenca Matanza- 

Riachuelo, que se encuentra bajo jurisdicción, tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


visibilizar las demandas ligadas a las consecuencias socioambientales de 

la explotación de recursos naturales; asimismo, resultó indispensable para la 

consolidación de una arena pública de deliberación sobre la cuestión 

ambiental (Merlinsky, 2013). Si los conflictos previos se habían ceñido a 

un nivel municipal o, cuanto mucho, habían logrado alcanzar una escala 

provincial, el de Gualeguaychú fue el primero en romper estos límites y 

convertirse en un asunto de discusión de primer orden en toda la Argentina. 

La visibilidad adquirida por este conflicto permitió que se volviese 

no sólo un asunto de debate por parte de múltiples actores sociales, sino 

un verdadero problema político-institucional para los gobiernos local, 

provincial y nacional. 

La puesta en agenda de esta problemática, no obstante, no conllevó 

de por sí un cambio en la orientación de las políticas gubernamentales 

hacia la problemática ambiental ni tampoco una acumulación de fuerzas 

determinante para las asambleas ciudadanas. Los años subsiguientes darían 

cuentas de avances y retrocesos, así como diversos modos y grados de 

institucionalización de los conflictos. 

En efecto, muchos hitos acontecieron desde que los sucesos en el Río 

Uruguay se volvieron el centro de atención nacional. En 2007, luego de 

la recolección de un millón y medio de firmas, el Congreso de la Nación 

sancionó una ley de protección de bosques nativos, cuyo cumplimiento, 

si bien ha sido escaso, contribuyó a poner en discusión los efectos de la 

deforestación en el noroeste del país. 

En 2008 se sancionó una ley de protección de glaciares que fue inmediatamente 

vetada por la presidenta de la nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, si bien dos años más tarde se aprobó una nueva versión de dicha 

ley, más permisiva y menos lesiva para los intereses de los emprendimientos 

mineros de alta montaña. En 2012, las luchas contra la minería alcanzaron 

su punto más alto cuando en Famatina, provincia de La Rioja, se 

desató una pueblada que nacionalizó la problemática como nunca antes 

(Svampa y Viale, 2014). Ese mismo año, se elevó por primera vez a juicio 

en la provincia de Córdoba la fumigación con agroquímicos, profundizándose 

los cuestionamientos al glifosato y sus efectos sobre la salud humana. 

Estos son apenas algunos de los hitos que dan cuenta del crecimiento 

de la conflictividad ambiental y las formas en que éste se institucionalizó. 

En Buenos Aires, mientras tanto, el río más contaminado del país continuaba 

fuera del escrutinio público y permanecía ajeno a mayores controversias. 

Pero el ingreso de la cuestión ambiental a la agenda pública a nivel 

nacional hallaría un correlato local y la contaminación del Riachuelo 

adquiriría nuevos modos de tratamiento social.


707 

3. Una nueva problematización social del estado de la cuenca 

El Riachuelo (mapa 2) –especialmente la zona de su desembocadura– fue 

históricamente intenso en materia de conflictividad social y organización 

popular. Las villas lindantes al río, caracterizadas por luchas reivindicativas 

de larga data en materia de acceso a la vivienda y servicios públicos 

–entre otras demandas– son uno de los ejemplos más acabados, pero 

sobresalen también formas asociativas más recientes como organizaciones 

vecinales y grupos de protesta conformados ad hoc a raíz de la identificación 

de problemas comunes. Es el caso, por ejemplo, de las resistencias a 

la instalación de plantas de coque o las movilizaciones contra el tendido 

de cableados de alta tensión (Merlinsky, 2013). 

Mapa 2 

Superficie de la cuenca Matanza-Riachuelo 6 

Fuente: elaboración propia a partir de mapa del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional 

de Arquitectura y Urbanismo (s/f). 

Pero trátese de reclamos por la urbanización de barrios informales o 

del rechazo a industrias y obras eléctricas, las demandas sociales no se 

tramitaron de inicio en términos ambientales, pero sí estuvieron insertas 

en un campo de demandas y discursos orientados hacia una problematización 

de dicho tipo; del mismo modo, el hecho de que tuviesen un 

origen geográfico en la cuenca no conllevó automáticamente a que ésta 

se volviese un espacio de referencia como tal. 

6 

Este territorio conforma junto con sus afluentes una cuenca hidrográfica de 2238 km 2 que 

abarca 14 municipios y cuenta con más de ocho millones de habitantes. Este mapa grafica cómo el 

río –conocido comúnmente como Riachuelo– cuenta en efecto con dos tramos de nombres diferentes, 

que en su conjunto le dan su nombre a la cuenca: Matanza y Riachuelo.


El activismo en La Boca es posiblemente un ilustrativo ejemplo del 

proceso de ambientalización de las demandas y marcos cognitivos de los 

actores de la cuenca. Este barrio lindante con el Riachuelo, que combina 

una población de clase media con zonas de clase trabajadora, se caracterizó 

desde la década de los noventa por la proliferación de agrupaciones 

abocadas a reclamar mejoramientos edilicios, el estado de las calles y las 

asiduas inundaciones. 

A partir de la década siguiente, en el marco del auge de la conflictividad 

ambiental en el país, estas reivindicaciones comenzaron a articularse 

entre sí unificándose sus marcos de referencia en torno a la necesidad de 

alcanzar un saneamiento del río. 

La Asociación de Vecinos La Boca, acaso la más importante de este 

tipo de organizaciones, surgió de la mano de reclamos por el mejoramiento 

de los efectores de salud, el espacio público y mayor seguridad 

ante los delitos, pero paulatinamente sus demandas comenzaron a reencuadrarse, 

desplazándose hacia el estado ambiental del Riachuelo: “por 

más espectaculares que sean los secuestros, robos y asesinatos de cada 

día, la inseguridad también es ambiental, y se cobra muchas más vidas 

que la violencia callejera” (Asociación de Vecinos La Boca, 2004). Así, 

se volvieron uno de los primeros (y pocos) actores territoriales en preguntar 

públicamente por el destino de los fondos del “plan de los mil 

días” y en interpelar a las autoridades en búsqueda de los responsables 

del saneamiento del río (Merlinsky, 2013). 

Aunque la ambientalización de las demandas de grupos como éste era 

cada vez mayor –en sintonía con los procesos en desarrollo en el resto del 

país–, aún no existía entre ellos un punto de vista ecosistémico e integral 

de la cuenca Matanza-Riachuelo. Claro está, se trataba de actores con una 

inscripción territorial local, cuyas reivindicaciones se ceñían a los problemas 

que afectaban a sus vidas cotidianas en sus lugares de residencia. 

Del mismo modo que el reclamo por el polo petroquímico ubicado 

en la cuenca baja se limitaba a ese establecimiento, o que una determinada 

protesta contra un basural a cielo abierto no se extendía hacia un cuestionamiento 

al sistema de gestión de residuos –si del punto de vista de 

los actores dependiera– la cuenca estaba atomizada. Más aún, si acompañamos 

el teorema de Thomas y Thomas (1928) de que si los individuos 

definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias, 

podría extenderse la afirmación anterior asegurando que la cuenca 

Matanza-Riachuelo, de hecho, no existía socialmente. 

La construcción de una nueva perspectiva requeriría su articulación 

con saberes expertos y actores institucionales. Sólo de este modo la dispersión 

de reclamos y visiones confluirían para conformar un nuevo 

problema público.


709 

3.1. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Las organizaciones no gubernamentales fundadas con el objetivo de proteger 

y defender el medio ambiente cumplieron un rol fundamental en 

la propulsión del Riachuelo a la agenda pública. Se trata de instituciones 

no estatales compuestas por profesionales que, si bien cuentan con diversas 

ideologías, formas de financiamiento y estrategias de acción, tienen 

en común el propósito central de influir sobre las políticas medioambientales 

(Bryant y Bailey, 1997; Mermet et al., 2001). Resaltan entre ellas 

Greenpeace, que se sustenta con aportes particulares y se especializa en el 

despliegue de campañas de comunicación masiva mediante acciones de alto 

impacto mediático y visibilidad pública, así como la Fundación Ambiente 

y Recursos Naturales (FARN), que se financia con contribuciones de empresas 

y organismos internacionales y sobresale por abocase a influir en 

tomadores de decisiones mediante el lobby y la formación de opinión. 

Organizaciones como éstas fueron pioneras en la realización de actividades 

públicas –tales como talleres, foros o seminarios– por medio de las cuales se 

presentó públicamente el problema de la degradación ambiental de la cuenca 

Matanza-Riachuelo (Merlinsky, 2013: 84). 

Estas ONG, en su mayoría consolidadas durante los años noventa, 

han centrado su accionar en las herramientas y los canales brindados por 

la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Además de otorgar 

estatus constitucional al derecho al ambiente sano, la nueva Carta Magna 

institucionalizó mecanismos participativos como la iniciativa popular, la 

consulta popular y las audiencias públicas, además de consagrar los derechos 

de incidencia colectiva. Se trata de derechos transindividuales que 

pertenecen a un grupo indeterminado de personas y permiten que cualquier 

ciudadano, directa o indirectamente afectado por la violación de tal 

o cual derecho, pueda recurrir a la justicia (Merlinsky, 2013). 

Las implicancias de estas modificaciones constitucionales fueron sustanciales 

para las organizaciones ambientalistas. Al contar con aptitud legal 

para accionar judicialmente se volvieron capaces de interponer acciones 

de amparo en defensa de los derechos de incidencia colectiva, tales como 

el derecho al ambiente sano resguardado por el artículo 41 de la Constitución. 

De este modo, adquirieron la legitimidad jurídica de representar 

el interés general de la población, mientras que el litigio se convirtió en 

una vía que adquiriría cada vez mayor centralidad en sus repertorios de 

acción política.


3.2. Los informes JICA 

A raíz de un convenio de monitoreo ambiental del Polo Petroquímico 

Dock Sud –situado cerca de la desembocadura del río–, en 2002 se dieron 

a conocer los resultados de un estudio financiado por la Agencia Japonesa 

de Cooperación Ambiental (JICA, por sus siglas en inglés) que arrojó una 

alarmante concentración de contaminantes como benceno, tolueno y xileno 

(BTX) en el aire de la zona. El año siguiente, como parte del mismo programa, 

otra etapa de la investigación –en este caso epidemiológica– indicaría 

que 50% de la población infantil del barrio aledaño contaba con altos 

niveles de plomo en sangre. 

Los informes científicos de JICA cobraron repercusión social tan 

pronto como fueron difundidos. Por un lado, al brindar pruebas sólidas 

sobre la contaminación de los cuerpos se convirtieron en el punto de 

partida para la puesta en debate de las condiciones de vida de la población 

de Villa Inflamable (barrio popular situado en las proximidades del predio). 

Sin embargo, como se advirtió, estos datos fueron más apropiados por 

actores ajenos al barrio como organizaciones ambientalistas o medios de 

comunicación que por sus propios habitantes, para quienes la nueva 

información alimentó temores antes que contribuir a la construcción de 

una orientación política colectiva. 

Los estudios ambientales se volvieron un insumo científico indispensable 

para los actores que buscaban poner en cuestión la situación ambiental 

de Dock Sud o de otras zonas bañadas por el Riachuelo. Sólo faltaba que 

éstos se articulasen, confluyendo en una mirada común sobre lo que estaba 

en juego allí a lo largo del río. 

3.3. El Defensor del Pueblo 

El Defensor del Pueblo es un órgano independiente creado a partir de la 

reforma constitucional de 1994 que “[actúa] con plena autonomía funcional, 

sin recibir instrucciones de ninguna autoridad” y tiene como misión 

“la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías 

e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos 

u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones 

administrativas públicas” (Constitución de la Nación Argentina, 

1994). Desde su creación, el organismo había recibido cuantiosas denuncias 

de uno u otro modo ligadas a la situación ambiental de la cuenca, sea por 

afecciones en la salud, la suciedad del río o la contaminación generada 

por el Polo Petroquímico. 

Dicha suma de reclamos individuales cobraron otro cariz cuando en 

2002, a raíz de un reclamo puntual presentado por la Asociación de


711 

Vecinos La Boca (2004), el Defensor del Pueblo creó una Unidad de 

Investigaciones Especiales destinada a controlar y sistematizar la totalidad 

de las denuncias presentadas. Ésta se planteó como objetivos: a) “diagnosticar 

el estado de situación de la cuenca Matanza-Riachuelo en sus 

distintos aspectos”; b) “elaborar un informe especial tendente a reafirmar 

la gravedad de esta problemática y, por lo mismo, a reiterar la necesidad de 

medidas concretas por parte de las autoridades responsables”, y c) “sugerir 

líneas de acción relativas a esas medidas necesarias y urgentes que permitan 

recomponer el ambiente de la cuenca y así preservar la salud de la 

población mediante un adecuado manejo del recurso natural” (Defensor 

del Pueblo de la Nación et al., 2003: 9). 

Con el fin de dar respuesta a dichos objetivos, el Defensor del Pueblo 

convocó a organizaciones no gubernamentales, universidades y grupos 

vecinales, con los cuales en 2003 presentaron un primer documento. 

Titulado “Informe especial sobre la cuenca Matanza-Riachuelo”, este 

trabajo analizaba en clave histórica, ambiental e institucional el estado de 

situación del territorio, colocando el foco en las condiciones de salubridad 

e infraestructura y proponiendo diagnósticos y medidas para su saneamiento. 

A su vez, el estudio ofreció un enfoque original al hacer énfasis en la 

cuestión sociosanitaria, enumerando las principales enfermedades provocadas 

por la degradación del ambiente y estableciendo vinculaciones con 

las diferentes fuentes de contaminación. En tanto realizaba un seguimiento 

de la ejecución de los presupuestos de las políticas previamente implementadas, 

brindó asimismo un punto de partida para supervisar y realizar 

pedidos de informes a las agencias responsables, sobre todo el “Comité 

Ejecutor Matanza Riachuelo”, que se había creado en la década anterior 

con motivo del fallido plan de los mil días. 

Frente a la dispersión de enfoques y falta de conocimientos objetivados, 

el documento permitió encolumnar tras un mismo ariete a actores con 

diversas necesidades, intereses y visiones, reorientando el sentido de sus 

demandas y consolidando a la cuenca como territorio de referencia y problematización. 

Más aún, el informe se transformó en una exitosa palabra 

autorizada para la presentación de la degradación ambiental como asunto 

público: cuando en mayo de 2006 –en pleno auge del conflicto por las 

plantas de pasta de celulosa– sus autores presentaron un nuevo estudio, las 

repercusiones sociales, políticas y mediáticas fueron ampliamente mayores. 

Apenas un mes más tarde, la Corte Suprema recogería el guante generando 

un cambio sin precedentes en la historia de la cuenca Matanza-Riachuelo.


4. Crisis política y deslegitimación de la Corte Suprema. 

Hacia un relanzamiento en clave ambiental 

En el primer apartado se analizó el surgimiento de la cuestión ambiental 

a nivel internacional y cómo cobró entidad en el plano nacional, en primer 

lugar mediante su incorporación a los entramados jurídicos y, en segundo 

término, a partir de una ola de conflictos a lo largo y ancho del país. En 

el segundo apartado se planteó el proceso de ambientalización de las 

demandas y discursos, deteniéndonos a su vez en el papel que cumplieron 

una serie de eventos e instituciones en la conformación de una perspectiva 

integral sobre la zona del Riachuelo. Con base en este recorrido, la sección 

actual recuperará los sucesos de la introducción –que relatan la judicialización 

del conflicto del Riachuelo– para agregar una nueva dimensión que 

da cuenta del contexto social y político que condujo a la Corte Suprema 

a declarar su competencia sobre la cuestión y con ello impulsar el inicio 

de una nueva etapa. 

En el 2006, el máximo tribunal colocó bajo su órbita la denuncia 

realizada por los vecinos de la cuenca; no obstante, estaba todavía muy 

cercana la crisis nacional que había eclosionado en 2001, la cual, además 

de dar en tierra con el modelo de la convertibilidad monetaria que regía 

desde 1991, había expuesto las profundas desconfianzas en el sistema de 

partidos y el régimen político en general. Si bien Néstor Kirchner, quien 

asumió en 2003 la presidencia, había logrado restaurar la autoridad presidencial, 

gozaba de alta popularidad y estaba comandando un nuevo 

ciclo de crecimiento económico, la confianza popular en las instituciones 

del Estado no lograba recomponerse. 

En 2001, las plazas del país se desbordaban al clamor de “que se vayan 

todos”, un cántico que expresaba el hartazgo social con las condiciones 

de vida y especialmente con los partidos políticos. El nuevo bloque al 

mando del Poder Ejecutivo había reconocido este agotamiento: durante 

sus primeros años, el kirchnerismo desistió de reposar sobre la estructura 

partidaria que formalmente lo había llevado al poder –el Partido Justicialista– 

para construirse más bien sobre un proyecto de transversalidad que 

buscaba incorporar tanto a sectores de un partido históricamente opuesto 

–la Unión Cívica Radical– como a grupos piqueteros y movimientos 

sociales que habían marcado el ritmo de la conflictividad en la etapa 

previa y aún guardaban un significativo poder de movilización. 

La Corte Suprema no había quedado exenta del descreimiento y el 

rencor populares. Durante la década de los noventa, sus fallos invariablemente 

favorables al gobierno –en especial mediante los votos de cinco 

jueces designados por el presidente Carlos Menem, conocidos como la 

“mayoría automática”– expresaban una sumisión a los designios del poder


713 

político. Encubridora de hechos de corrupción ligados a funcionarios, 

apañadora de actos ilícitos en el marco del programa de privatización de 

empresas públicas y sostén jurídico de las reformas políticas y económicas 

llevadas a cabo por el gobierno, la Corte Suprema se había vuelto el foco 

de escándalos de todo tipo. 

Los meses más álgidos de la crisis de 2001 también la habían colocado 

en el ojo de la tormenta, cuando apañó la controversial medida del presidente 

Fernando de la Rúa conocida como corralito. Decretada el 3 de diciembre 

de 2001, esta decisión restringía la libre disposición del dinero depositado 

en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, limitando las extracciones 

a un monto máximo semanal. Como consecuencia, los denominados 

ahorristas se volcaron a las calles, protestando con cacerolas en las puertas 

de los bancos por la retención de sus depósitos. 

Cuando la crisis llegó a su punto cúlmine con un estallido social el 19 

y 20 de diciembre, las movilizaciones se dirigirían no solamente al Congreso 

de la Nación y a la Casa Rosada –sedes del Poder Legislativo y 

Ejecutivo, respectivamente–, sino también al Palacio de Justicia. Denunciada 

como cómplice del proceso que había desencadenado semejantes 

penurias económicas, la Corte Suprema veía cómo el grito de “que se 

vayan todos” arribaba a sus mismísimas puertas. 

Nuevamente, el gobierno de Néstor Kirchner tomó nota de la posición 

crítica en la que se hallaba la máxima autoridad judicial. Interpretando 

las protestas que todavía clamaban por la renuncia de sus integrantes y 

asumiendo la necesidad de una renovación institucional, en 2003 el presidente 

exigió por cadena nacional de radio y televisión que el Congreso 

pusiera en marcha un juicio político contra los miembros de la “mayoría 

automática”, acusándola de actuar “a espaldas de la sociedad” y de no estar 

“a la altura de las circunstancias”. 

Poco después, tres de esos jueces renunciarían y otros dos que optaron 

por resistir en sus cargos serían depuestos, tras lo cual se firmó un decreto 

presidencial que limitaba las capacidades del Poder Ejecutivo para nombrar 

magistrados y transparentaba los mecanismos de designación. Así, tras la 

asunción de nuevos jueces, culminaba un proceso de depuración de la Corte 

Suprema y se abría otra etapa, también, en la cúspide del Poder Judicial. 

Pero las impugnaciones sociales contra el sistema judicial estaban lejos 

de haber culminado. El 17 de marzo de 2004 el secuestro extorsivo y 

posterior asesinato de un joven de 23 años, Axel Blumberg, conmovió al 

país. Su padre, Juan Carlos Blumberg, corporizó la puesta en agenda de 

la inseguridad como asunto de preocupación social de primer orden y 

encabezó movilizaciones multitudinarias que, a la vez que le reclamaban al 

Congreso el endurecimiento de las penas y le exigían al gobierno un cambio 

en las políticas de seguridad, expresaban un potente malestar con el


Poder Judicial, acusado de incapaz de hacer justicia, cuando no cómplice 

de los crímenes y delitos. 

La nueva Corte Suprema precisaba recomponer su legitimidad; la 

denuncia por daños y perjuicios provocados por el Riachuelo brindaba 

una oportunidad; por un lado, uno de sus integrantes, Ricardo Lorenzetti 

–pocos meses después del fallo nombrado presidente del tribunal– era 

uno de los principales especialistas en el país en derecho ambiental, lo que 

le otorgaba al cuerpo de jueces un determinado savoir faire para la conducción 

de una causa vinculada a la restauración de un daño colectivo y 

la protección del derecho al ambiente sano. Hacia 2006, por otro lado, 

los conflictos ambientales estaban generando una presión cada vez grande 

para insertarse en la agenda estatal. Mientras tanto, la sensibilidad política 

y social en torno a la cuestión ambiental –es decir, su peso relativo en las 

percepciones y preocupaciones de los actores– se había incrementado y, 

fundamentalmente, se hallaba en plena ebullición el conflicto por las 

pasteras del Río Uruguay. Según Merlinsky: 

es importante prestar atención a la sincronía de los acontecimientos [...] pues entre 

2005 y 2006, mientras el [conflicto de Gualeguaychú] ganaba espacio en los medios 

de comunicación y el propio presidente Kirchner mencionaba que el tema ambiental 

era parte de la agenda del Estado, la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó 

los informes [...] que denunciaban el grave estado de situación de Riachuelo […] 

De modo tal que el “caso Riachuelo” fue ganando visibilidad pública a la luz de 

esa progresiva politización del conflicto del Río Uruguay (2013: 117). 

El estado de movilización en Gualeguaychú contra las fábricas de pasta 

de celulosa daba cuenta ejemplar de una generación de demandas sociales 

que pujaban por ser oídas, mientras que la situación del Riachuelo retrataba 

los fracasos del Estado argentino en la construcción de una gobernabilidad 

ambiental, así como el relegamiento de un problema que afectaba a millones 

de habitantes. Al dictar una sentencia que apuntaba a generar soluciones 

duraderas para un problema histórico, organizando a distintos niveles 

de gobierno alrededor de sus mandatos, la Corte Suprema se relanzaba 

socialmente y construía un punto de inflexión en la política ambiental. 

Conclusiones 

A lo largo de este artículo hemos examinado el proceso de emergencia de 

la causa Mendoza, que apuntó a construir una reparación sin precedentes 

sobre un territorio históricamente olvidado, objeto de desaprensión y 

negligencias. En un sentido inmediato, vimos que la impronta y jerarquía 

de esta etapa fue producto de la generación, por parte de la Corte


715 

Suprema, de un “caso estructural” (Puga, 2014), por el cual se conminaba 

a múltiples agencias estatales a buscar soluciones duraderas a la vulneración 

masiva de derechos, incluso más allá de las pretensiones e intereses de 

los denunciantes originales. Pero la propuesta de estas páginas fue asumir 

que la declaración de competencia originaria, con base en la cual tuvo 

inicio la causa, en sí misma no puede ser entendida sino como contingente. 

La preocupación aquí ha reposado sobre las condiciones de posibilidad 

del inicio, dentro del largo derrotero del Riachuelo, del capítulo actual de 

judicialización. Para ello, seguimos un camino –acaso weberiano– de imputación 

causal, indagando en distintas dimensiones (políticas, sociales), 

escalas (local, global) y temporalidades (corta, larga) que expliquen el 

porqué del inicio de un proceso que volvió la degradación ambiental de 

la cuenca un asunto de preocupación social y atención institucional como 

nunca antes. 

En primer lugar, se hizo hincapié en la conformación mundial de un 

campo de deliberación e institucionalización política de la cuestión 

ambiental. El reconocimiento generalizado de problemas globales como 

el cambio climático coaligó a diversos actores en torno al discurso del 

desarrollo sustentable y, asimismo, llevó al diseño de políticas estatales y 

marcos legales que se abocarían a combatir el riesgo presentado por el 

deterioro del ambiente. 

Por medio de un proceso de “globalización legal” (Sieder et al., 2008), 

estos entramados legislativos y discursivos penetraron la institucionalidad 

jurídica del Estado argentino y, a partir del desarrollo de una ola de conflictos 

catalizados por la proliferación de actividades extractivas y de alto 

impacto territorial, se localizaron en términos sociales, construyéndose la 

problemática ambiental como un asunto de alta visibilidad en la agenda 

pública. En otras palabras, lo discursivo, lo institucional, lo económico y 

lo social confluyeron para catapultar a la cuestión ambiental en tanto 

marco de tratamiento del problema del Riachuelo. 

En segundo lugar, colocamos la lupa en el Riachuelo para dar cuenta de 

las repercusiones que allí comenzó a tener la construcción de un campo 

de demandas ambientales a nivel nacional. A partir del caso de la Asociación 

de Vecinos La Boca (2004), examinamos cómo se ambientalizaron 

los grupos y reclamos, y nos detuvimos en el papel que tuvieron un conjunto 

de eventos (los informes JICA), organizaciones (las ONG ambientalistas) 

y organismos (el Defensor del Pueblo) en la articulación de demandas y 

puntos de vista, encuadrando la problemática en clave de cuenca. Observamos 

cómo, de esta manera, el problema de la contaminación adquirió 

un renovado estatus en la agenda pública. 

Por último, el foco estuvo puesto en las circunstancias de orden más 

inmediato que derivaron en el relanzamiento de la Corte Suprema en


clave ambiental. Sostuvimos que la crisis política, económica y social que 

tuvo su epicentro en los acontecimientos de 2001 generó asimismo una 

crisis de legitimidad que se volcó sobre el propio Poder Judicial. 

El juicio político a los miembros de la mayoría automática del periodo 

menemista, los cuestionamientos a la justicia en el marco de los crecientes 

reclamos de seguridad y la experticia de uno de sus nuevos integrantes 

en derecho ambiental confluyeron para la toma de decisión por parte del 

tribunal de declarar su competencia originaria ante la denuncia de los 

vecinos de Avellaneda, y transformar con ello el posicionamiento social 

e institucional de la problemática del Riachuelo. 

Claro está, la transformación del conflicto del Riachuelo a partir de 

su ingreso en la justicia debe entenderse en el marco de la gradual expansión 

de la esfera jurídica acontecida en Argentina tras la recuperación democrática. 

Desde entonces, el fortalecimiento del sujeto y el Estado de derecho 

como ordenadores sociales y culturales –en contraposición a épocas donde 

la interrupción constitucional, la proscripción y la violencia política eran 

moneda corriente– han abonado a una creciente tramitación de la conflictividad 

por vía judicial, y con ello también a una mayor presencia del 

derecho en los horizontes de expectativas de los actores sociales. 

La judicialización en la cuenca debe por ende analizarse como parte de 

cambios de largo alcance en la relación entre la sociedad y el propio derecho, 

entendido como puerta de acceso a la problematización de la realidad 

ambiental. 


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Recibido: 29 de octubre de 2019. 

Reenviado: 20 de febrero de 2020. 

Aceptado: 10 de marzo de 2020. 

Andrés Scharager. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de 

Buenos Aires y en Geografía por la Université de Tours. Actualmente es 

docente de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales en la 

carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y becario posdoctoral 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(Conicet), Argentina, con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales de 

la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM). Sus líneas de


investigación se centran en el campo de la sociología política, en la intersección 

entre los procesos políticos, la justicia y el conflicto. Entre sus 

últimas publicaciones destacan, como autor, “De cómo una resolución 

judicial se convierte en un problema político y social. La relocalización de 

villas en la cuenca Matanza-Riachuelo”, Quid, 16 (12), Caba, Universidad 

de Buenos Aires (UBA) y Facultad de Ciencias Sociales, pp. 359-363 

(2019); “Más allá del lawfare: avatares de la judicialización de las políticas 

públicas y los conflictos sociales en Argentina y América Latina”, Direito 

da Cidade, 12 (1), Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, pp. 280-305 (2020); en coautoría, “Les territoires du droit de 

l’environnement: effets de la judiciarisation dans le bassin Matanza-Riachuelo 

(Buenos Aires)”, Annales de Géographie (próximamente).




Inequidad en el impuesto inmobiliario: 

análisis multicriterio (CRITIC) del valor 

catastral de vivienda en Mazatlán 

Inequity in real estate tax: multi-criteria 

analysis (CRITIC) of the cadastral value of 

housing in Mazatlan 

725 

Luis Alfonso Colado Velázquez * 

Josep Roca Cladera ** 

Iván Humarán Nahed * 

Abstract 

TThe present document reports the results obtained from the spatial and CRITIC 

multi-criteria analysis performed to 1062 houses and the variables conforming the 

Cadastral Value of each one within the Cadastral Housing Categories ranging from 

M2 to M7 in Mazatlán, Sinaloa, Mexico. The weighting and the information for 

each criterion was obtained and used to analyze the current influence of each variable 

and how these allow to demonstrate the existence of inequity when obtaining the 

cadastral value of housing. 

Keywords: land registry, cadastral value, inequity, CRITIC. 

Resumen 

En el presente documento se reportan los resultados obtenidos en el análisis multicriterio 

CRITIC y espacial realizado a 1062 viviendas en Mazatlán, Sinaloa 

(México); asimismo, se especifican las variables que conforman el Valor Catastral 

para cada una de las categorías catastrales de vivienda que van de M2 hasta M7, 

establecidas en el Instructivo de Valuación del estado de Sinaloa; donde se obtuvieron 

las ponderaciones de cada criterio y la información con la que se analiza la 

situación actual de influencia de cada variable y cómo, a partir de estos datos, se 

puede demostrar la inequidad al obtener el valor catastral de vivienda. 

Palabras clave: catastro, valor catastral, inequidad, CRITIC. 

* Universidad Autónoma de Sinaloa, correos-e: lcolado@hotmail.com e ivan.humaran@uas. 

edu.mx 

** Universitat Politècnica de Catalunya, correo-e: josep.roca@upc.edu

726 L. A. Colado Velázquez et al.: Inequidad en el impuesto inmobiliario: análisis multicriterio... 

Introducción 

Desde 1857, cuando se proyectaba la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se postularon los principios de equidad y proporcionalidad, 

que quedaron plasmados en el documento final (Torres, 2006). 

Por su propia naturaleza jurídica, estos principios han sido estudiados con 

diferentes fines. 

Para acercarnos al objetivo de este artículo, pretendemos dilucidar si 

existe una relación proporcional entre los valores catastrales y de mercado 

y, por otra parte, a partir de análisis previos sobre el tema, detectar si hay 

o no equidad en el cobro de los tributos inmobiliarios: Impuesto Predial, 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) e Impuesto sobre la 

Renta (ISR), que necesitan del valor catastral. Cabe recordar que en México 

y en el mundo el valor catastral es utilizado para fines fiscales, ya que es 

un valor de no mercado (IVSC, 2017). Asimismo, nuestro estudio se 

apoyará en técnicas matemáticas y estadísticas, que a la postre nos llevarán 

a conocer la afectación que se produce en los sectores sociales al momento 

de realizar la tributación inmobiliaria. 

Es necesario aclarar que el trabajo no aborda un análisis de índole 

sociopolítico, ya que su finalidad primordial es contribuir con un estudio 

que demuestre las inconsistencias existentes en el valor catastral registrado 

en la Base de Datos (BD) del catastro en Sinaloa y como éste afecta en la 

tributación de manera inequitativa al contribuyente. 

Así, el objetivo central de este documento es informar los resultados 

del análisis realizado al valor catastral en Mazatlán, mediante la ponderación 

de las variables del valor catastral y como éstas afectan al valor mismo, 

lo anterior mediante la aplicación de diferentes metodologías que nos 

permitan explicar de forma coherente y satisfactoria los resultados en el 

estudio, al detallar qué variables son las más influyentes en la estimación 

del valor catastral. 

Metodológicamente se utilizó un análisis desde diversas perspectivas: 

se implementó la técnica Delphi, mediante la cual se realizó una consulta 

a los expertos en el área de valuación, cuyos resultados nos motivaron a 

interesarnos por esta problemática. Posteriormente, se obtuvo la base de 

datos (BD) con información de las categorías catastrales de vivienda, así 

como el valor calculado del mercado, tomando como base la información 

de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que 

fue considerada como referencia máxima de valor; estos datos fueron 

tratados y analizados mediante ratios, que permitieron establecer el grado 

de coherencia entre el catastro y el mercado (AMPI). 

Todas las muestras recopiladas en las categorías catastrales fueron 

analizadas mediante la metodología multicriterio, combinada con el


727 

método del ratio de valuación (IVSC, 2017); esto permite determinar 

tendencias que proporcionan información útil al valorar riesgos relativos 

a las operaciones comerciales dentro del contexto que se utilicen, así como 

conocer la ponderación de las variables predominantes en la obtención 

del valor catastral, obtenido con el Método CRITIC, (RATIO+CRITIC, 

CRITIC+RATIO) utilizado por Aznar et al. (2011). 

Lo anterior posibilitó determinar el comportamiento objetivo de cada 

variable con respecto a la ponderación obtenida en cada categoría establecida 

en el estudio, evitando las dificultades que los encargados de generar 

los análisis económicos y financieros tienen para decidir con claridad la 

importancia relativa de los ratios obtenidos (Diakoulaki et al., 1995). 

Con el resultado de esta metodología se observa qué variables han sido 

manipuladas para favorecer o desfavorecer algunas categorías y, de ese 

modo, constatar la inequidad con respecto a la estimación del valor catastral 

y, por consiguiente, la ilegalidad tributaria en el pago de los impuestos 

inmobiliarios. 

1. El problema de la no equidad y el catastro 

En este punto se cita la jurisprudencia constitucional administrativa P./J. 

24/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre 

“Impuestos. Principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, 

fracción IV, constitucional” (SJF, 2000), en la cual se menciona el pago 

de impuestos y determina en qué consiste el problema de inequidad; 

asimismo, esta tesis jurisprudencial aborda la obligación de crear categorías 

o clasificaciones de contribuyentes que no sean caprichosas, arbitrarias 

o para hostilizar a determinadas clases o universalidad de causantes; es 

decir, que se sustenten en bases objetivas y que justifiquen el tratamiento 

diferente entre una categoría y otra. Del mismo modo, referimos el criterio 

jurisprudencial 389615, que establece los elementos esenciales para 

la tributación como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, que 

deben estar expresamente consignados en la ley (SJF, 1976) y obliga a la 

autoridad a no realizar actos que no estén previstos en una disposición 

legal anterior. 

De acuerdo con la jurisprudencia que se refiere al principio de equidad, 

y siendo el catastro un ente que proporciona los elementos para el cobro 

de impuestos inmobiliarios, por analogía y atendiendo los dictados jurisprudenciales, 

se determinaron las clasificaciones para el suelo urbano y 

las categorías para las construcciones, con la finalidad de cumplir el 

precitado principio de equidad, considerando a los iguales y a los desiguales 

en la observancia del poder adquisitivo de la sociedad.


De esta manera, el instructivo de valuación del estado de Sinaloa 

proporciona los elementos para determinar los valores catastrales, cuyo 

Valor Unitario de Suelo (calle o tramo de calle, zona, región o subregión) 

es determinado con base en la disponibilidad y las características urbanas 

relacionadas con la infraestructura y los servicios públicos; para establecer 

los valores de construcción se utiliza el análisis de precios unitarios que 

determinan el valor físico. 

En la elaboración de los Avalúos Catastrales se hace uso del Instructivo 

de Valuación, que contiene el conjunto de normas que regulan el procedimiento 

para valorar las características del terreno y de la construcción, 

a fin de clasificarlos y asignarles los valores unitarios. 

Sin embargo, a pesar de contar con el Instructivo de Valuación, una 

Ley del Catastro y su respectivo reglamento, el presente estudio nos 

muestra en sus resultados que, al obtener el valor catastral, los diferentes 

inmuebles considerados no cumplen con el principio de equidad, a pesar 

de que jurídicamente este valor debe ser la base para el pago de los impuestos 


El trabajo sólo considera en su análisis los siguientes tipos de vivienda: 

de la Moderna 2 (M2) -o más económica- a la Moderna 7 (M7) -que 

es la más onerosa-, clasificadas en las categorías catastrales establecidas 

en el Instructivo de Valuación Catastral, como se observa en la figura 1. 

Figura 1 

Tipos de vivienda, definidos por sus especificaciones de 

construcción (particularmente acabados) 

Fuente: imágenes obtenidas de la plataforma de Google Earth Pro 2018.


729 

2. Valor catastral y valor de mercado 

El valor catastral es netamente administrativo, obtenido mediante procedimientos 

objetivos para cada inmueble y está formado por el valor comercial 

de suelo y el valor físico de la construcción; tiene una participación 

directa en el pago de impuestos, pero también es usado con finalidades 

expropiatorias, impuestos sobre el patrimonio, de transmisión, entre otros 

(Roca, 1986). 

Conceptualmente el valor de mercado es el precio más probable con el 

cual un bien inmueble podría ser vendido en un mercado bajo un funcionamiento 

normal, sin presiones o eventualidades que lo afecten de forma 

atípica con respecto a su oferta y su demanda. Tiene como características 

un vendedor y un comprador que actúan por su propia cuenta e interés 

económico y ambas partes se encuentran informadas. Asimismo, el bien a 

tratar debe durar un tiempo razonable en oferta para un mercado abierto 

y que no existan acciones abusivas por parte del vendedor; este valor se usa 

en el presente estudio sólo como una referencia máxima de valor. 

En su artículo 6º fracción LX, al referirse al valor catastral (CELSS, 

2016), la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa establece que para el 

terreno debe ser el valor comercial y para la construcción el valor físico 

que tenga el predio a la fecha de su avalúo; esto está establecido por normativas 

técnicas específicas para su fin, como el pago de impuestos inmobiliarios 

(Garcia-Almirall, 2007). 


3.1. Área de estudio 

El espacio geográfico que comprende el área de estudio es la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa (México), ubicada al noroeste de la república mexicana, 

segunda en importancia en la entidad. Cuenta con una superficie municipal 

de 3068 km² y un área urbana de 78,953 km² (Inegi, 2017); tiene 

146,636 viviendas habitadas (Inegi, 2017), distribuidas en 187 fraccionamientos, 

141 colonias, cinco unidades habitacionales y un conjunto 

habitacional, sumando un total de 334 asentamientos regulares registrados 

en el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa (PDDUCM, 2013), que contiene en su parque inmobiliario todas 

las categorías de vivienda establecidas en el instructivo de valuación del 

estado de Sinaloa.


3.2. Proceso de la información 

Inicialmente se procedió a hacer un sondeo mediante el método Delphi, 

que es un recurso multicriterio cualitativo para toma de decisiones, 1 

utilizado cuando no se dispone de mucha información; para ello, el universo 

se conformó con expertos sobre la problemática a plantear (Torrado 

y Reguant, 2016), considerados con base en su experiencia profesional 

en el área de la valuación inmobiliaria, miembros de los distintos colegios 

de valuadores, a quienes se les aplicó una encuesta continua limitada 

(excelente, muy bueno, bueno, regular y malo). 

El Instituto Catastral de la entidad elabora una propuesta de valores 

que envía a los ayuntamientos para su discusión, por lo que las preguntas 

de la encuesta se refieren a diversos aspectos sobre los valores catastrales 

que se deciden en la Junta Municipal de Catastro, la cual define, entre 

otros puntos, el valor unitario del terreno y el valor de la construcción, 

los criterios aplicados para los deméritos y el incremento de valor de 

acuerdo con el Instructivo de Valuación de Catastro, así como la delimitación 

de las Zonas de Valor, los Tramos de Calles del plano catastral y en 

general del plano catastral, los cuales posteriormente son publicados en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa (POES, 2016). 

Después de realizadas las cuatro fases del método Delphi, como lo 

describe Astigarraga (2003), destaca la inconformidad de los expertos con 

respecto al catastro, ya que en la mayoría de sus respuestas manifestaron su 

desacuerdo con respecto a la implementación de los valores catastrales por 

parte de las juntas municipales de Catastro y lo publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa con relación al mencionado valor catastral. 

La encuesta fue aplicada a 106 profesionales de la valoración, cuyas 

respuestas y respectivos porcentajes pueden apreciarse en la tabla 1. 

Habiendo recabado toda la información se obtuvo una media total de 

2147, tendencia regular de acuerdo con la escala establecida en el proceso 

de las decisiones que toma la Junta Municipal de Catastro y las tomadas 

por el Congreso del Estado con respecto al valor catastral. Asimismo, se 

observó que la categoría modal en cada una de las respuestas fe de malo 

(40, 43, 47 y 45% para las preguntas 1, 2, 6 y 7) y regular (preguntas 3, 

4 y 5), esto determinó la moda (número que se presenta con más frecuencia 

en un conjunto de datos) en cadauna de las preguntas realizadas, la 

cual osciló entre malo y regular (pregnutas 3 y cuatro). 

1 

Una decisión multicriterio es el conjunto de aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y 

herramientas cuyo objetivo es mejorar la calidad integral de los procesos de decisión tanto de individuos 

como de sistemas, con el propósito de optimizar la efectividad, eficacia y eficiencia de los 

procesos de decisión e incrementar su conocimiento (Moreno-Jiménez, 1996).


731 

Si bien esta técnica es exploratoria y con pocos resultados estadísticos 

relevantes, resulta útil debido a la importancia del grupo seleccionado 

para el estudio; la encuesta nos muestra, en resumen, la opinión de los 

expertos (Varela et al., 2012), que arriban a un nivel de acuerdo de 70%, 

aproximadamente, ubicándose entre malo y regular sobre la problemática 

en cuestión. 

El uso del método Delphi es apropiado porque da prioridad a criterios 

generales para la evaluación de una investigación (Hartwich, 1998). En 

nuestro caso, los resultados de la investigación exploratoria avalan el interés 

por conocer las variables que componen al valor catastral y de qué manera 

sus componentes pueden ejercer una influencia sobre cada una de sus categorías; 

de esta manera, se convirtió en el motor motivacional para indagar 

el grado de inequidad existente en el pago de los tributos inmobiliarios. 

Tabla 1 

Total de respuestas y porcentajes obtenidos 

de los especialistas en valuación inmobiliaria 

Calificación/Pregunta Malo Regular Bueno 

1. Junta Municipal 

de Catastro 

2. Publicación POES 

VUT 

3. Publicación POES 

VUC 

4. Criterio para 

Incrementos 

Muy 

Bueno 

Excelente 

42/40% 22/21% 18/17% 14/13% 10/9% 

46/43% 23/22% 17/16% 10/9% 10/9% 

30/28% 48/45% 15/14% 8/8% 5/5% 

35/33% 43/41% 13/12% 8/8% 7/7% 

5. Criterio para Deméritos 35/33% 44/42% 14/13% 7/7% 6/6% 

6. Delimitación Zonas 

de Valor 

7. Delimitación Tramos 

de Calle 

X= 2.147 

50/47% 38/36% 11/10% 5/5% 2/2% 

48/45% 42/40% 10/9% 5/5% 1/1% 

Fuente: elaboración propia con base en el conteo realizado a las respuestas obtenidas en la 

encuesta aplicada a los especialistas en valuación. 

Nota: POES VUT = publicación de los Valores Unitarios del Suelo en el Periódico Oficial del 

Estado de Sinaloa. 

POES VUC = publicación de los Valores Unitarios de Construcción en el Periódico Oficial del 

Estado de Sinaloa.


3.3. Muestra y cálculo de la información 

La muestra consta de 176 viviendas por cada Categoría Catastral de Vivienda 

(de M2 a M7), tomada directamente de la base de datos de la Delegación 

Sur del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa (ICES), de la cual se 

capturó la siguiente información (criterios): Clave Catastral, Categoría, 

Coordenadas X, Y, Z, Valor Catastral, M2 de Construcción (M2 C), M2 

Unitario de Suelo (M2 S), Número de Habitaciones (NH), Número de 

Baños (NB). Posteriormente se procedió a desglosar en criterios este valor 

catastral: 

Criterios Catastrales 

Categoría M 2 C M 2 S N H 

N B 

V UCD 

V USD 

V UCI 

V USP 

V CRN 

F D 

V CP 

V CoRN 

F DC 

V CCN 

V CI 

V CO 

Valor Unitario de Construcción Decreto (V UCD 

), Valor Unitario de Suelo 

Decreto (V USD 

), Valor Unitario de Construcción ICES (V UCI 

), Valor Unitario 

de Suelo Promedio (V USP 

),Valor Catastral de Reposición Nuevo (V CRN 

), 

Factor de Deméritos (F D 

), Valor Catastral del Predio (V CP 

), Valor Construcción 

de Reposición Nuevo (V CoRN 

), Factor de Demérito a la Construcción 

(F DC 

), Valor Catastral de Construcción Neto (V CCN 

), Valor Catastral 

Inferido (V CI 

), Valor Catastral Oficial (V CO 

). 

Para obtener el valor catastral, tal como lo especifican los artículos 6 

y 34 de la Ley Catastral (POES, 2016), se toma en cuenta el Valor Comercial 

de Suelo más el Valor Físico de las Construcciones. Con respecto a 

los valores de mercado, la referencia del valor de suelo fue tomada del 

Libro Verde (AMPI, 2018). Se determinó la siguiente información de 

mercado a cada vivienda contenida en la muestra: 

Criterios de Mercado 

Categoría V USA 

V USI 

V UC 

V MPA 

V MC 

V MPI 

V MI 

V MA 

Valor Unitario de Suelo AMPI (V USA 

), Valor Unitario de Suelo Inferido 

(V USI 

), Valor Unitario de Construcción (V UC 

), Valor Mercado del Predio 

AMPI (V MPA 

), Valor Mercado Construcción (V MC 

), Valor Mercado de 

Predio Inferido (V MPI 

), Valor Mercado Inferido (V MI 

), Valor Mercado 

AMPI (V MA 

).


733 

Criterios de Ratios 

Categoría R VCO/VMA 

R VCO/VMI 

R VCI/VCO 

R VMA/VCI 

R VMI/VCI 

Ratio Valor Catastral Oficial/ Valor Mercado AMPI (R VCO/VMA 

), Ratio 

Valor Catastral Oficial/ Valor Mercado Inferido (R VCO/VMI 

) , 

Ratio Valor 

Catastral Inferido/Valor Catastral Oficial (R VCI/VCO 

), Ratio Valor Mercado 

AMPI/Valor Catastral Inferido (R VMA/VCI 

), Ratio Valor Mercado Inferido/ 

Valor Catastral Inferido (R VMI/VCI 

). 

Una vez obtenida la información de los criterios o variables para cada 

una de las viviendas de estudio, se implementó el método multicriterio 

CRITIC, original de Diakoulaki et al. (1995). Su nombre es el acrónimo 

de CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation (importancia de 

criterios a través de su correlación). 

Este método, acompañado por el ratio (IVSC, 2017), se convierte en 

la metodología Ratio+CRITIC y CRITIC+Ratio (Aznar y Guijarro, 

2012), la cual se ubica en el terreno de los métodos comparativos, ya que 

permite calcular el valor de un activo mediante su contraste con otros 

activos comparables, de los cuales se conocen sus características y su valor 

(Aznar et al., 2011). 

Partimos de la premisa de que los métodos objetivos obtienen información 

de datos observables (Jahan et al., 2012), por lo que el carácter 

imparcial de la base de datos garantiza la objetividad de este trabajo y por 

ende es importante para el resultado del proceso de ponderación, al no 

depender de criterios subjetivos. 

Para el cálculo de la información, primeramente se seleccionó la categoría 

a valorar con base en la muestra adecuada. Se consideró que en 

ambas debían coincidir sus características físicas con las descritas en el 

Instructivo de Valuación del Estado de Sinaloa; asimismo, se debían 

conocer los valores y cada una de las características que las componen. 

Posteriormente se desglosó el valor catastral en los criterios a emplear 

para el estudio, a fin de generar la Nueva Base de Datos (NBD). Este 

modelo se encontró dentro de las metodologías basadas en la comparación. 

Al tener conocimiento de los precios de cada una de las muestras 

comparables, fue viable obtener como resultado el valor sobre un sujeto 

de la categoría a tratar; en nuestro caso, se analizaron las categorías de 

vivienda catastrales M2, M3, M4, M5, M6 y M7. 

Es fundamental tener bien definidos los criterios que se emplearán 

en la comparación, ya que por lógica cada una de las variables no puede 

tener la misma importancia al momento de determinar el valor catastral; 

por lo tanto, es primordial dar o asignar un valor objetivo al calcular una 

ponderación a cada criterio utilizado en la NBD.


Gran parte de la problemática con respecto a la valoración de bienes 

inmuebles se encuentra en la subjetividad aplicada por los valuadores, ya 

que cuando se emiten juicios de valor, un mismo objeto puede ser ponderado 

de forma distinta por un grupo de profesionales, lo que genera 

inconsistencias en los valores aplicados, ya que como apuntan Yalcin y 

Ünlü (2017), muchas valuaciones dependen de las preferencias subjetivas. 

Otros autores, entre ellos Diakoulaki et al. (1995) y Akçakanat et al. 

(2018), son más exigentes en este punto, pues señalan que no debe haber 

preferencia alguna al momento de asignar un valor; por el contrario, el 

propósito es obtener resultados objetivos que no tengan diferencias con 

el método a utilizar o con las variables que operen en él. 

Para evitar esa subjetividad se usa la metodología CRITIC o método 

Diakoulaki, cuyo uso es recomendado para generar comparaciones realizadas 

sobre la base de múltiples ratios financieros en empresas, ya que 

clasifica objetivamente los criterios y no de una forma subjetiva y arbitraria 

(Li et al., 2018; Mu y Pereyra Rojas, 2017). 

Lo anterior permite construir puntos de referencia sobre una situación 

financiera, pues define objetivamente los pesos de los criterios, de tal modo 

que los encargados de tomar decisiones no se apoyen sobre sus preferencias 

(Linares, 1999), lo cual facilita la toma de una decisión en la problemática 

del caso en cuestión sobre la importancia relativa de cada criterio 

y reduciendo la subjetividad. 

El método CRITIC es aplicable en etapas de ajuste y, combinado con 

una metodología multicriterio, basada en información cuantitativa clara, 

demuestra la importancia relativa de cada uno de los criterios que nos 

ayudarán a tomar una mejor decisión. Se basa en el análisis de una matriz 

de datos de donde se extrae toda la información contenida en los criterios 

a evaluar (variables explicativas) (Akçakanat et al., 2018; Jahan et al., 2012; 

Yalçin y Ünlü, 2017). Con este análisis, apoyado en el ratio de valuación, 

se obtiene la primera forma Ratio+CRITIC, se normaliza cada variable 

explicativa con la finalidad de tener valores que oscilen entre 0 y 1, lo que 

nos permitirá calcular sus ratios globales (Aznar et al., 2012) y con este ratio 

se calculó el valor por variable del sujeto en cuestión. 

CRITIC está basado en el enfoque de la desviación estándar (Jahan et 

al., 2012), así que posteriormente se calcula ésta a cada variable; con su 

resultado, se calcula el Coeficiente de Correlación, usado comúnmente para 

medir la dependencia entre dos variables (Jahan et al., 2012), y posteriormente 

se calculan los coeficientes de correlación entre las variables. 

La desviación estándar y el coeficiente de correlación de Pearson nos 

darán la información necesaria para obtener la ponderación relativa (P) 

de cada una de las variables explicativas utilizando la siguiente expresión:


735 

(1) 

Donde: P j 

es el peso relativo (cantidad de información contenida en 

la variable) j, σ j 

es la desviación estándar de la variable j y r jk 

es el coeficiente 

de correlación de los criterios j y k. 

Como paso final se normaliza la información para obtener pesos o 

ponderaciones objetivas (W), mediante la siguiente ecuación: 

(2) 

Donde W j 

es el peso objetivo de la variable j, P j 

es el peso relativo de 

la variable y P k 

es la sumatoria del peso de las variables j. 

Como se comentó, este método es comparativo; en nuestro caso, su 

característica es que toda la información referida a las ponderaciones y al 

valor a calcular se obtienen de la base de datos de los inmuebles registrados 

con características similares (Roca, 1986). 

La información utilizada proviene de la BD de catastro y del Libro 

Verde (AMPI, 2018). De esta manera se obtiene una BD comparable 

donde se conoce el valor, tal como se ha registrado, y una serie de datos 

para las variables que comprenden el total de la información, lo cual genera 

una matriz. Toda esta información es necesaria para calcular las ponderaciones 

y el valor de un inmueble, paso importante para llegar al cumplimiento 

del objetivo de nuestro estudio: demostrar la inequidad del valor 

catastral; ya obtenidas las ponderaciones y usando el valor calculado por 

variable de los ratios, se obtiene el valor del sujeto o de los sujetos en 

cuestión. A este procedimiento se le conoce como Ratio+CRITIC. 

V x 

= w v1 

× $ RV1 

+ w v2 

× $ RV2 

+ … w vn 

× $ RVn 

(3) 

Donde V x 

es el valor del sujeto, w v1 

corresponde al valor del peso de 

la variable, $ RV1 

se refiere al valor en $MXN, obtenido del ratio de la 

variable. 

De la misma manera que el proceso anterior, a partir de la desviación 

estándar y del coeficiente de correlación se obtienen los pesos de cada 

variable mediante la ecuación 2, para posteriormente conseguir la pon-


deración individual de cada comparable establecida en la NBD; así, 

tendremos un peso individual por cada inmueble. 

w c 

= w vc1 

× f nv1 

+ w vc2 

× f nv2 

+ … w vcn 

× f nvn 

(4) 

Donde W c 

corresponde al peso del comparable, W vc 

se refiere al peso 

de la variable del comparable y f nv 

es el factor normalizado de la variable. 

De esta manera, al conocer los precios de los comparables y sus pesos, 

se obtiene el ratio global, que nos servirá para calcular el valor de cada 

inmueble seleccionado como sujeto de obtención de valor. Conforme a 

lo establecido por Aznar y Guijarro (2012), utilizando el ratio global 

multiplicándolo por la ponderación individual del inmueble se obtiene 

su valor. Este proceso es conocido como CRITIC+Ratio. 

Obtenidas las ponderaciones en relación con la NBD, mediante el uso 

de CRITIC, se procedió a calcular los valores catastrales en $MXN de 

una muestra de 26 viviendas, que fueron analizadas con base en los modelos 

Ratio+CRITIC y CRITIC+Ratio antes descritos. Se compararon los 

valores obtenidos entre categorías (M2-M7) para verificar la homogeneidad 

entre ellas, mediante el Análisis de Varianza (ANDEVA) de doble vía con 

prueba post hoc de Holm-Šidák, tomando como valor para significancia 

estadística de p


737 

variables seleccionadas. La ponderación de la variable V UCI 

en la categoría 

M5 tiene diferencia significativa de (p


M3 vs M5. En el caso de la variable V UC 

, en ninguna de sus comparaciones 

se encontraron diferencias significativas. 

En la tabla 4 se muestran las ponderaciones de las variables RVCO/ 

VMA, RVCO/VMI, RVCI/VCO, RVMA/VCI, RVMI/VCI con diferencias 

significativas en todas las categorías. 

Tabla 4 

Temperaturas 3 

Fuente: elaboración propia con base en las ponderaciones porcentuales, calculadas por el método 

CRITIC en Microsoft Excel 2010. 

4.2. Precios 

Los precios arrojados por Ratio+CRITIC y CRITIC+Ratio generan un 

modelo de cálculo estandarizado de los valores, tomando en cuenta las 

ponderaciones parciales de cada variable; para las Categorías Catastrales 

de Vivienda M2 a M7 se analizaron 26 viviendas, de las cuales se conocía 

su valor catastral oficial y su valor de mercado, según datos del AMPI. 

Al analizar los precios obtenidos utilizando ANDEVA de doble vía, 

con la prueba post hoc de comparaciones múltiples de Holm-Šidák con 

99% de significancia, cada una de las viviendas seleccionadas acusó un 

comportamiento homogéneo en los valores de cada categoría; es posible 

observar cambios entre categorías, porque se obtienen valores en $MXN 

y es normal que una vivienda de categoría M2 sea más económica que 

una vivienda de categoría M7. 

El análisis de comparaciones múltiples muestra dicha homogeneidad 

entre las metodologías de valoración RATIO+CRITIC, CRITIC+RATIO


739 

y los valores catastrales oficiales; sin embargo, entre los valores catastrales 

inferidos, valor comercial AMPI y valor comercial inferido se encontraron 

diferencias significativas en las categorías catastrales de vivienda M5, M6 

y M7 (p


Gráfica 2 

Ratios de valores calculados 

Fuente: elaboración propia con base en los valores medios de los ratios calculados en la base de 

datos obtenidos en ICES y el AMPI, en el software Graphpad Prism 7.0. 

el análisis multicriterio. Si las ponderaciones de las variables fuesen homogéneas, 

debería esperarse homogeneidad en las magnitudes de los ratios de 

precios calculados entre cada categoría analizada. Sin embargo, se observa 

que al realizar ratios entre los precios calculados con metodología multicriterio 

estandarizada (Ratio+CRITIC y CRITIC+Ratio), existen discrepancias 

estadísticamente significativas (p


741 

Ambos métodos fueron examinados debido a la necesidad de obtener 

amplia información, tanto de valor como de variables explicativas a utilizar; 

asimismo, por la exigencia de precisión, era imperativo que fueran 

numerosas. Sin embargo, las fuentes nos obligan a utilizar información 

subjetiva al quedar al arbitrio de los valuadores, debido a las características 

del bien o bienes a analizar. 

Humarán (2010) y Aguiló (2002) sugieren el uso inicial del Modelo 

de Precios Hedónicos (Ridker y Henning, 1967), mediante el cual se 

utiliza la variable de contaminación ambiental que modifica el valor de 

las viviendas. Destacan el uso de atributos endógenos (internos) y exógenos 

(externos), que tienden a ser interpretados subjetivamente, lo cual se 

busca evitar en este estudio. Asimismo, Calatrava (2003) y Núñez et al. 

(2008) subrayan las dificultades en el uso de método de precios hedónicos 

debido a que se enfoca en la necesidad de obtener un gran número de 

variables y la subjetividad que ello implica. 

Todos los métodos coinciden en un punto: dar certidumbre a la información 

empleada en los cálculos (Aznar y Guijarro, 2012); por eso se 

busca la objetividad de la información con el propósito de reducir o eliminar 

todo sesgo proveniente de la apreciación subjetiva; para este fin se 

encuentran las Metodologías Multicriterio para la toma de decisiones. 

Entre estos métodos se encuentra el Modelo Analítico Jerárquico (AHP, 

por sus siglas en inglés), que a juicio de Olson (1988), Mu y Pereyra Rojas 

(2017), Moreno-Jiménez et al. (1998), Hartwich (1998) y Escobar y 

Moreno (1997) presenta dificultades e inconvenientes relacionados con 

la subjetividad, a pesar de ser el más utilizado. 

Otros métodos que abordan el problema de la subjetividad son 

MAUT y ELECTRE, descritos por Berumen y Llamazares Redondo 

(2007); el mismo caso sucede con el método PROMETHEE, mediante 

el cual el usuario puede colocar valores arbitrarios a las ponderaciones, 

tal como lo mencionan Brans y Mareschal (2005), o el método TOPSIS, 

aplicado al análisis de tractores agrícolas por García-Alcaraz y Noriega 

(2008), que nos habla sobre la subjetividad que interviene en el proceso 

de dicho método. 

También encontramos el Método de Programación por Metas (GP), 

usado por Charnes y Cooper (1968), que tiene el inconveniente del sesgo 

de la subjetividad del operador del método. A su vez, en su estudio, López- 

Ospina y López (2010) señalan que obtener un valor real del objeto o de 

los objetos con el Método GP es complicado, ya que solamente se obtiene 

información parcial. Así, con esta subjetividad, este método es aplicado 

a la valoración inmobiliaria y de empresas por autores como Aznar et al. 

(2011) y Aznar y Guijarro (2012), entre otros.


Las dificultades metodológicas anteriores han motivado la búsqueda 

de un método más objetivo (Diakoulaki et al., 1995; Alemi-Ardakani 

et al., 2016; Liu y Zhao, 2013), mediante el cual las ponderaciones son 

obtenidas de la misma base de datos descartando la percepción del 

investigador. Como lo establece Pellice (2008), el CRITIC o método 

Diakoulaki es exclusivo para el cálculo de ponderaciones y cuando se 

acompaña del ratio de valuación (Caballer y Aznar, 2004; Aznar y 

Guijarro, 2012) se obtienen valores inmobiliarios (Aznar et al., 2016; 

Aznar y Guijarro, 2012). 

Al obtener la ponderación de las categorías catastrales analizadas 

mediante la metodología multicriterio Ratio+CRITIC y CRITIC+Ratio, 

encontramos diferencias entre el peso de las variables y la categoría catastral 

de la vivienda utilizada. Se observa la diferencia del peso o ponderación 

de cada variable referida a su categoría de manera ilustrativa en las 

tablas, donde se puede apreciar, mediante la siguiente escala de color, el 

identificador rojo para el valor más bajo, para valores intermedios el color 

amarillo y para valores estimados como altos, el color azul, que representan 

la importancia porcentual de la ponderación obtenida con respecto a 

la variable. 

Con la Información Catastral en la tabla 2 se observa el comportamiento 

de algunas variables. Analizamos los valores obtenidos para la 

variable M 2 S, la categoría catastral de vivienda M7 tiene una importancia 

de 6.53%, seguida de M2 con 4.29% y M3 con 4.12%, entendiendo que 

éstas son las categorías cuya variable tuvo importancia alta; con respecto 

a M4, M5 y M6, la importancia obtenida en la variable fue media. 

Con relación a la variable V USD 

, observamos que para la Categoría 

Catastral de vivienda M6 se obtuvo un valor de 1.05%, seguida de M5 

con 2.57%. Las consideramos de importancia baja con respecto al resto 

de categorías (M2, M3, M4 y M7) porque sus porcentajes oscilan de 

2.89% a 3.38%, representando una importancia media. En la variable F D 

se obtuvieron los siguientes resultados: la categoría M6, 8.56%, con 

importancia muy alta; M5, con 5.99%; M4, con 5.58% (importancia alta) 

y M2 con 4.42% (importancia media); a su vez, las categorías M3 con 

2.21% y M7 con 1.92%, arrojaron importancia considerada como baja. 

En la variable V CP 

se encontró lo siguiente: la categoría M2, 7.77% 

(muy alta); M3, 7.49% y M7, 6.74% (altas); M5, 5.17% y M4, 4.95% 

(media alta) y por último M6, con 3.74% (importancia media); la variable 

F DC 

arrojó a su vez: M6, 10.58% (muy alta importancia); M2, 7.78% 

y M5, 7.16% (importancia alta); M4, 6.81% y M3, 5.19% (importancia 

media alta) y por último M7, con 2.62% (importancia baja). 

Por otro lado, la variable V CCN 

, en la categoría catastral de vivienda, 

presentó lo siguiente: M6, 8.94% (importancia muy alta); M2, 6.86% y


743 

M3, 6.40% (importancia alta); M7 y M5, 4.43 % y 4.23%, respectivamente 

(importancia media); con referencia a las variables V CI 

y V CO 

, las 

categorías M6, M3 y M2 obtuvieron una importancia alta, M7 una 

importancia media y las categorías M4 y M5 tendieron a una importancia 

baja. 

Podemos advertir que en variables como V USP 

o V UCD 

se obtuvo una 

ponderación de 0% en todas las categorías catastrales de vivienda; en la 

variable V CRN 

o en V CoRN 

se observa un comportamiento más razonable 

en sus ponderaciones por categoría catastral, que exige el tipo de comportamiento 

que se debería observar al existir una razón acorde con el 

mercado y el catastro; sin embargo, la naturaleza de las características de 

los inmuebles nos obliga a considerar que siempre habrá variables más 

importantes que otras, pero en el caso de las categorías catastrales de 

vivienda, la importancia de cada variable debería de ser similar en todas 

las categorías. 

Tomemos como ejemplo el siguiente: en la variable F D 

el ideal sería que 

todas las categorías catastrales de vivienda fueran de importancia alta, 

media o baja; entendiendo que podría haber variaciones, pero éstas deberían 

de ser mínimas. Lo mismo debería suceder con cada una de las variables 

que conforman el valor catastral con respecto a las categorías 

catastrales de vivienda. 

En lo que respecta a las variables que conforman el mercado (AMPI), en 

la tabla 3 observamos que la variable V USA 

en las categorías M2, M3, M4 y 

M5 presenta una importancia baja, pero en M6 obtuvo una ponderación 

muy baja y en M7 una ponderación media. 

En el caso de la variable V MC 

se advierte una importancia alta; se puede 

notar que M4 (con 10.54%) y M5 (con 11.97%) son las categorías que 

concedieron mayor importancia a la variable, en comparación con M6, 

que tiene 7.14%, y M2 con 6.13%. A pesar de considerarse como altas, 

están entre 5 y 6 puntos porcentuales debajo de la más alta, por lo cual 

caemos en la misma problemática de no equidad, ya que se esperaría que 

sus ponderaciones fueran similares entre categorías catastrales y no con 

saltos abruptos en el valor de su ponderación en cada categoría con relación 

a la variable. Las variables V MI 

y V MA 

presentan ponderaciones similares 

en sus categorías correspondientes. 

En la tabla 4 se alojan las ponderaciones sobre los ratios trabajados. 

En M4 se alcanzaron las más altas con respecto a las demás categorías, 

con excepción en el ratio R VCI/VCO 

, en el que todas las categorías resultaron 

con ponderación muy baja, por lo que se observa lo que afirma 

Madrid (2010): este método permite ubicar los atributos más importantes. 

Nuestro enfoque busca la justicia tributaria, la cual se cumpliría si 

existiera correspondencia entre el valor catastral y el valor de mercado de


los inmuebles en cuestión, como lo señala Llombart (1996). Por otra 

parte, con el método CRITIC no sólo es posible obtener la importancia 

o peso de un atributo, permitiendo con ello que se obtenga un precio o 

valor, sino que además nos ayuda a tomar una decisión en función de 

todas las variables según su importancia, de acuerdo con la contextualización 

de los modelos multicriterio de Carrasco y Martel (2017), pues 

con base en una ponderación podremos decidir una acción. 

La ponderación de cada variable debería tener el mismo valor por 

cada categoría. No obstante, las diferencias encontradas entre cada categoría 

catastral nos permiten concluir que existe inequidad del valor 

catastral de vivienda con respecto al pago de los tributos inmobiliarios, 

como lo indica el título de nuestro trabajo. 

Conclusiones 

El propósito de este trabajo ha sido generar un análisis con la información 

emanada de la BD de la delegación sur del ICES, mediante el uso de 

métodos multicriterio. En este caso, con el método CRITIC y el Ratio 

de valuación, se calcularon las ponderaciones del valor catastral en cada 

categoría de vivienda del Instructivo de Valuación del ICES, donde se 

encontraron diferencias significativas entre ponderaciones de las variables 

que conforman el valor catastral y que a la postre influyen en la tributación 

inmobiliaria. 

En esta parte del trabajo, una vez analizadas todas las variables, podemos 

responder nuestra pregunta central: ¿existe equidad en estos valores 

obtenidos? El procedimiento utilizado nos permitió obtener precios en 

$MXN por vivienda de las categorías trabajadas, los cuales fueron estandarizados 

con base en el modelo generado, por lo cual arribamos a los 

siguientes resultados: 

A simple vista se advierte que los porcentajes de las ponderaciones 

encontradas en las categorías analizadas (M2 a M7) presentan variaciones 

en el mismo criterio, lo que arroja que, para algunas categorías, las 

variables tengan más importancia que otras, afectando así desproporcionadamente 

el valor de cada vivienda, ya que si esta información fuera 

correcta desde su concepción en la BD, la ponderación de cada variable 

por categoría catastral sería aproximadamente similar. 

Se encontró que la Ponderación Porcentual de las variables (tablas 2, 

3 y 4) tiene un efecto en el Valor Catastral, ya que a mayor grado porcentual 

de la ponderación habrá una influencia de aumento en el valor catastral 

y viceversa. Es importante recordar que la Categoría Catastral M2 es


745 

la más económica y aumenta progresivamente hasta la categoría M7 

como la más onerosa. 

Lo anterior lo abordamos en los siguientes ejemplos con las variables 

explicativas en las que intervienen el grueso de los valores en un inmueble, 

como son el suelo y la construcción. Veamos enseguida los siguientes 

análisis de las propias tablas: 

1. En la variable Metros Cuadrados de Construcción (M 2 C), la Categoría 

M2 tiene una ponderación porcentual e influencia en el valor 

catastral de 3.58%, mayor que M4 y M6. 

2. En la variable Metros Cuadrados de Suelo (M 2 S), la ponderación 

porcentual e influencia en el valor catastral de la categoría M2 es de 4.29%, 

mayor que M3, M4, M5, M6 y menor que M7. 

3. Asimismo, observamos que en la variable Valor Catastral del Predio 

(V CP 

), la ponderación porcentual y la influencia de valor es mayor en las 

categorías M2 y M3, con 7.77% y 7.49%, respectivamente, seguido de 

M7 con 6.74%; M4, M5 y M6 se constituyen como las más bajas. 

4. En la variable Valor Catastral de Construcción Neto (V CCN 

), la 

ponderación porcentual y la influencia de valor es mayor en las categorías 

M2 y M3, con 6.86% y 6.40% respectivamente, seguidas de M3, M4, M5 

y M7 como las más bajas, y la M6 con 8.94%, en este caso como la más alta. 

Estos señalamientos pueden ser repetitivos en cada una de las variables, 

pero con estos ejemplos se puede afirmar que, en lo general, estas 

diferencias significativas observables en las ponderaciones para las 

variables explicativas nos demuestran que éstas −y sobre todo las que 

tienen mayor importancia de valor como Valor Catastral del Predio 

(V CP 

) y de Valor Catastral de Construcción Neto (V CCN 

)− tienen su 

origen en la deficiente elaboración de la base de datos catastrales. 

Así tenemos que las categorías M2 y M3, que son las más económicas, 

propias de los sectores sociales más vulnerables de la sociedad debido a su 

mayor ponderación porcentual, sufren un mayor impacto en el valor 

catastral, ya que se ubican en un rango de pago más alto al que le corresponde 

(tabla 5), lo cual implica una mayor tributación inmobiliaria. Un 

dato importante que observamos es que las viviendas con categorías M2 

y M3 (clase baja y media baja) constituyen 78% (análisis espacial mapa 

digital Inegi) del total de viviendas en la zona urbana de un total de 146,636 

viviendas, que nos muestra cómo las clases sociales media, media alta y 

alta son beneficiadas al momento de pagar sus impuestos inmobiliarios. 

También tenemos que en la categoría catastral M6, las variables Factor 

de Demérito (FD), Factor de Demérito de Construcción (FDC) y Valor 

Catastral de Construcción Neto (VCCN) presentan una mayor ponderación 

porcentual que la categoría M7, lo cual deriva en una mayor carga 

impositiva a la categoría M6, mientras que la M7 –que es la más onerosa–


Tabla 5 

Rangos de valores para el pago del impuesto predial 

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, núm. 158, viernes 15 de diciembre de 2017. 

puede presentarse con un valor catastral que lo ubique en un rango menor 

para el pago de impuestos. Se vuelve a repetir el caso de que la clase social 

alta (M7) paga menos impuestos que la clase social media alta (M6). 

La Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa establece las 

reglas para el cobro de impuestos, entre ellos el predial. Cada año, el 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa publica la tarifa del Impuesto 

Predial que reproducimos en la tabla 5, compuesta de 11 rangos de valores 

que contienen los valores de los predios, tanto construidos como 

baldíos con la cuota fija y tasa correspondiente. 

El pago de impuestos se rige por rangos de valor y no por categorías, 

así que una categoría M2 puede llegar a tener un valor tal que se ubique 

en un rango igual o mayor a una categoría M3 o hasta M4, y por lo tanto 

tendrá una tributación mayor. Por otro lado, una categoría M6 puede 

tener un valor tal que la ubique en un rango de pago mayor que el que 

se tenga para una categoría M7. Esto es una negación de la justicia tributaria 

y una injusticia social: ejemplifica precisamente la existencia de 

inequidad en el pago de los impuestos. 

Mediante el uso de esta metodología multicriterio se aporta una solución 

al ámbito de la valoración catastral, pues revela la importancia de las 

variables que componen el valor catastral en la localidad de Mazatlán, 

Sinaloa, bajo los criterios establecidos por el ICES; con esto se demuestra 

que se incumple el principio de equidad, ya que el valor expresado 

para cualquier inmueble establecido en las diferentes categorías catastrales 

de vivienda presenta diversas ponderaciones para una misma variable,


747 

afectando los valores que son aplicados para el cobro de los impuestos 


Por ley, en los impuestos (en este caso el predial) se establece una correcta 

aplicación de la equidad en términos horizontales y verticales, pero si desde 

su concepción el valor catastral tiene divergencias, se incurre en la inequidad 

para los contribuyentes, ya que unos terminan pagando más que otros 

en dicha tributación y, por lo tanto, no se cumple con el espíritu de la 

bien llamada Justicia Tributaria. 

La presente investigación no agota sin embargo las líneas de trabajo en 

lo referente a la valoración mediante el uso de metodología multicriterio 

enfocado al catastro. Esto se puede mejorar y afinar en nuevas investigaciones, 

mediante diferentes métodos que permitan comparar e incluir, 

tanto la información objetiva como subjetiva, así como desarrollar un 

método que genere un ajuste en las diferencias que pudiesen aparecer en 

los pesos de las variables para poder dar un mayor sustento al resultado de 

valor y una confianza en términos de igualdad tributaria a los contribuyentes, 

magno objetivo de la equidad fiscal. 


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Recibido: 12 de enero de 2020. 



Luis Alfonso Colado Velázquez. Maestro en valuación inmobiliaria por 

la Universidad Autónoma de Durango, actualmente cursa el programa 

doctoral en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, con adscripción en la Escuela de Ingeniería 

Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su línea de 

investigación es la valoración inmobiliaria. 

Josep Roca Cladera. Doctor en arquitectura. Actualmente es catedrático 

de Arquitectura legal, Derecho urbanístico y Valoraciones del Departamento 

de Construcciones Arquitectónicas I y director del Centro de Política 

de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, impulsor del Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad, 

en el marco del CPSV y la Escuela T.S. Arquitectura y el Departamento 

de Expresión Gráfica. Sus líneas de investigación se enfocan en cambio 

climático, estudios metropolitanos, valoración de propiedad, planificación 

urbana y regional, ecología urbana, islas de calor urbano, clima urbano, 

efectos ambientales térmicos urbanos, asentamientos humanos y estudios 

urbanos. Entre sus últimas publicaciones se encuentran, como coautor: 

“Preferencias de la demanda sobre los materiales de construcción del 

inmueble residencial: caso de estudio con el Análisis Conjunto Adaptativo”, 

ACE: Architecture, City and Environment, 15 (43), Barcelona, 

Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 1-22 (2020); “Consecuencias 

hidrológicas del cambio climático en entornos urbanos”, ponencia presentada 

en XIII CTV 2019 Proceedings: XIII International Conference 

on Virtual Cityand Territory: “Challenges and paradigms of the contemporarycity”, 

2-4, October, Barcelona, (2019) y “China’s population 

policies: past, present and future.”, ACE: Architecture, City and Environ-


ment, 12 (36), Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 201- 

218 (2018). 

Iván Humarán Nahed. Doctor en gestión y valoración urbana y arquitectónica 

por la Universidad Politécnica de Cataluña; líder del cuerpo 

académico del Centro de Estudios de Valoraciones y Estudios Urbanos; 

profesor-investigador tiempo completo en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Sus líneas de investigación se enfocan en valoraciones inmobiliarias. 

Entre sus últimas publicaciones se encuentran, como coautor: 

“Tecnología de drones, herramienta para el valuador inmobiliario”, Revista 

de Investigación en Tecnologías de la Información: (RITI), 7 (13), Barcelona, 

Sistema Educativo de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 

(SEICIT), Universitat Politècnica de Catalunya-Universidad Autónoma 

de Sinaloa pp. 117-125 (2019); “Formación y Distribución Espacial de 

los Valores Inmobiliarios: El Caso de Mazatlán”, Contexto, 11 (14), Nuevo 

León, Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 77-103 (2017) y “Hacia 

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el caso de Mazatlán”, ACE: Architecture, City and Environment, 5 (13), 

Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, pp. 185-218 (2010).




Centro Tradicional de Negocios 

de Toluca, 2000-2010: ¿oportunidad 

o decadencia? 

755 

Traditional Business Center of the city of 

Toluca, 2000-2010: opportunity or 

decadence? 

Luis Giovanni Ramírez Sánchez * 

Abstract 

This paper consists of the analysis of the vitality or decline of the Traditional Business 

Center of Toluca (CTN), based on key variables: population, employment, and marginalization. 

The objective of this text is to examine if the CTN remains a vibrant and 

attractive place for urban activities or if, on the contrary, it is on a declining path. 

Unfortunately, the results show that more than 65% of the Basic Geostatistical Areas 

(AGEB) of the CTN register some degree of decline. The action or inaction of government 

agencies and organized society can contribute to the rescue of the CTN or accelerate 

its decline. 

Keywords: traditional business center, decadence, population, employment, marginalization. 

Resumen 

Este trabajo consiste en el análisis de la vitalidad o decadencia del Centro Tradicional 

de Negocios de Toluca (CTN) a partir de variables clave: población, 

empleo y marginación. El objetivo de este texto es examinar si el CTN se mantiene 

como un lugar vibrante y atractivo para las actividades urbanas o si, por el 

contrario, está en una trayectoria de decadencia. Lamentablemente, los resultados 

muestran que más de 65% de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) del 

CTN registran algún grado de decadencia. La acción o inacción de las instancias 

gubernamentales y de la sociedad organizada pueden contribuir al rescate del 

CTN o acelerar su decadencia. 

Palabras clave: centro tradicional de negocios, decadencia, población, empleo, 

marginación. 

* El Colegio Mexiquense, A.C., correo-e: lramirez@cmq.edu.mx

756 L. G. Ramírez Sánchez : Centro Tradicional de Negocios de Toluca, 2000-2010... 

Introducción 

Durante los años sesenta se realizaron violentas manifestaciones urbanas 

en distintos países del mundo occidental con las que se evidenció que una 

gran cantidad de ciudades de países desarrollados presentaban serios 

problemas sociales, económicos y físicos en sus áreas centrales (Inner cities); 

Estados Unidos e Inglaterra fueron los que más sufrieron este tipo de 

problemas (Díaz, 2011). El término ciudades centrales se usa en Estados 

Unidos para referirse a la ciudad original y más antigua de las metrópolis; 

para el caso mexicano (y latinoamericano, quizá) equivaldría al área tradicionalmente 

vinculada al Centro Tradicional de Negocios (CTN) 

(Garrocho y Campos, 2007), a la parte fundacional de la ciudad (Carrión, 

2010). 

En las ciudades mexicanas y latinoamericanas, el CTN tiene un papel 

estratégico en la vida social y económica de las áreas urbanas, tanto por 

sus características simbólicas (e.g. históricas) como funcionales (e.g. principal 

nodo de transporte público y de comercio peatonal) (Carrión, 2010). 

Por tanto, la ciudad latinoamericana requiere un CTN dinámico, que sea 

motor potente de crecimiento económico y desarrollo social (Coulomb, 

2012; 2018). 

La problemática de las ciudades centrales ha sido tema de innumerables 

e intensos debates político-académicos (Fisher y Wingo, 2017); 

diversos gobiernos han invertido enormes cantidades de dinero para poner 

en práctica políticas de regeneración urbana enfocadas a revitalizar las 

zonas centrales de las ciudades (Jorgenson et al., 2010); por su parte, los 

académicos se han dado a la tarea de detectar estos procesos de decadencia, 

identificar sus causas y aportar propuestas de soluciones. Los ejemplos 

son diversos (Bingham, 2018; Ghose y Huxhold, 2017), incluso en México 

(Garrocho, 1994; Garrocho y Campos, 2009). 

No obstante, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por evadir 

los problemas de las ciudades centrales en diversas partes del mundo, la 

decadencia persiste y parece que paulatinamente tiende a profundizarse en 

diversas ciudades del primer mundo (Wagner et al., 2019), de Latinoamérica 

(Carrión, 2010) y de México (González, 2018; Flores et al., 2013). Este 

proceso de decadencia se manifiesta de diversas maneras, pero muy claramente 

en términos de desempleo, deterioro social y pobreza, lo que incrementa 

las desigualdades sociales y la degradación del medio ambiente 

(desde Robson, 1988, hasta Turok et al., 2019). 

En México, el estudio de los CTN se ha enfocado casi exclusivamente 

a las grandes ciudades del centro del país: Ciudad de México, Puebla, 

Querétaro y Toluca, principalmente (Salinas, 2013); la evidencia no es 

abundante, pero se sabe que sería un error pensar que los problemas que


757 

registran los CTN de las grandes ciudades mexicanas y latinoamericanas 

son iguales y tienen las mismas causas que los de las áreas centrales de las 

ciudades del primer mundo (Pauta, 2019). 

Sin embargo, para el caso de México, sí es relevante considerar que 

nuestros sistemas metropolitanos están inmersos en un contexto altamente 

globalizado con intensas interacciones macro-regionales con Estados 

Unidos y Canadá; por esto, la evidencia disponible muestra que diversas 

ciudades mexicanas sufren problemas en sus CTN que tienen cierta 

similitud con los de las áreas centrales de algunas de países desarrollados 

(Simmons et al., 2016; 2018). 

Así las cosas, se puede plantear la hipótesis de que los CTN de las 

grandes metrópolis mexicanas registran un proceso de decadencia, similar 

en lo general a los que presentan las áreas centrales de ciudades de países 

desarrollados, pero diferente en sus singularidades. 

En este documento se evalúa la situación del CTN de la Zona Metropolitana 

de Toluca (ZMT); es un trabajo de investigación orientado a la 

formulación de políticas públicas. Se analizan tres aspectos clave que 

reporta la literatura especializada: la evolución de las oportunidades de 

empleo, el proceso de crecimiento demográfico y los cambios en los 

niveles de marginación social (Shen y Kee, 2017) y que ya han sido considerados 

para analizar el CTN de ciudades mexicanas (Garrocho, 1994). 

1. Definiciones y elementos teóricos básicos 

1.1. Ciudad central y Centro Tradicional de Negocios 

Gran parte de la literatura latinoamericana ha considerado como sinónimos 

los conceptos de ciudad central y CTN. La ciudad central es un concepto 

norteamericano que se refiere al asentamiento original de las grandes 

ciudades que luego se expandieron de manera discontinua (v.g. sprawiling), 

dejando atrás a los más pobres y vulnerables (Leduff, 2014). El concepto 

de ciudad central supone problemas en su definición teórica y operativa 

(Toribio, 2004). De acuerdo con Garrocho y Flores (2009), la ciudad 

central no presenta continuidad en su distribución espacial, sus límites 

son ambiguos e inciertos y en muchas ocasiones no tiene su localización 

en el centro de la zona urbana. 

En algunos casos, la ciudad central puede estar definida por los cascos 

históricos e industriales más antiguos y se puede ubicar entre el centro 

tradicional de la ciudad o los llamados distritos centrales de negocios 

(CBD: por sus siglas en inglés) y los suburbios (Díaz y Escamilla, 2018).


Se puede decir que la ciudad central es una zona de transición, de 

acuerdo con el modelo de anillos concéntricos de Burgess (1925), pero 

varía en forma, extensión y localización; actualmente, la ciudad central 

ha cambiado su estructura de monocéntrica a policéntrica (Fuentes y 

Hernández, 2015; Vecslir, 2019). Esto le ha ocasionado una pérdida de 

centralidad y una disminución de su importancia ocupacional respecto a 

otras áreas de la ciudad (Salazar y Sobrino 2010). 

Usualmente, la ciudad central se localiza cercana al CBD de la ciudad, 

está ocupada por grupos de población de bajos ingresos que no pueden 

pagar renta en otras zonas de la ciudad, hay viviendas deterioradas, con 

hacinamiento y baja disponibilidad de bienes, servicios y empleo (Gregory 

et al., 2009; Sobrino, 2007). 

El CTN en México y en múltiples ciudades latinoamericanas coincide 

geográficamente con el centro histórico (Simmons et al., 2018). Como 

lo dice muy bien Carrión (2010), se trata de un espacio público por 

excelencia, un elemento articulador de la ciudad y debe ser siempre un 

Gran Proyecto Urbano. En el siglo XXI, la centralidad histórica de las 

ciudades latinoamericanas debe mantener su simbolismo, pero debe 

rediseñarse para cumplir nuevas funciones y ser un potente motor del 

desarrollo urbano, una plataforma de innovación. “La centralidad histórica 

debe ser entendida como proyecto y no sólo como memoria” (Carrión, 

2010; 2005: 90). 

El concepto ciudad central es más funcional que espacial. Se refiere 

a un efecto del proceso de urbanización, no a una localización (Arteaga, 

2005; Garrocho y Campos, 2007; Suárez-Lastra y Delgado-Campos, 

2010); implica la presencia de diversos atributos negativos en una o varias 

zonas del área urbana que, en conjunto, han llegado a conformar la idea 

de la ciudad central como área problema. En cambio, el CTN en las 

ciudades mexicanas es un espacio simbólico de vital importancia para 

toda la ciudad. No se quedó atrás por un proceso de urbanización disperso 

que discrimina a los más pobres, sino por la competencia de nuevas 

centralidades urbanas altamente competitivas, enfocadas al sector terciario, 

apalancadas en clústeres de negocios modernos y planificados que 

discriminan a los menos eficientes (Simmons et al., 2018). 

En estos términos, se puede afirmar que en las ciudades mexicanas no 

existen las ciudades centrales, como en los países del primer mundo 

(especialmente en Estados Unidos de América), lo que sí existen son los 

CTN, que implican mucho más que las ciudades centrales, ya que tienen 

un profundo valor histórico, social, político, simbólico, económico. No 

sólo son un lugar estratégico para vivir y trabajar, sino punto vital de la 

vida colectiva, de la manifestación política, de la plaza en el sentido más 

amplio del término (Campos, 2011).


759 

El desafío para los CTN en México y Latinoamérica es mantenerse 

vibrantes, dinámicos, competitivos como lugares para vivir y trabajar. Que 

sean lugares que sumen nuevas funciones centrales a sus notables características 

de “espacio público por excelencia”, estratégicos para la vida 

social urbana (Carrión, 2010: 31); 1 requerimos CTN vivos, con pasado 

y con futuro, no congelados en la historia como museos vivientes o como 

zonas boutiques que excluyen y atentan contra el rol social fundamental 

del CTN (Carrión, 2010). 2 

Sin embargo, la ciudad central y el CTN comparten numerosas posibilidades 

de convertirse en zonas problema. 3 Cuando esto ocurre, dichas 

zonas se caracterizan por, al menos, tres aspectos fundamentales: 

i. Decadencia. Declinan en lo económico, demográfico y social, esto 

es: disminuyen el empleo, la población y los niveles de vida (Leduff, 

2014; Flores et al., 2013). 

ii. Degradación. Registran altos grados de contaminación atmosférica, 

visual, sonora; deterioro de la vivienda, hacinamiento; se concentra 

la población adulta mayor y la poco calificada, abundan las 

familias uniparentales y desempleados (Garrocho y Campos, 2015; 

2016). 

iii. Desesperanza. Es un sentir colectivo de desaliento y pesimismo 

sobre la resolución de los problemas de la ciudad central (Haase et 

al., 2003; Haase et al., 2006). 

La ciudad central y el CTN, como zonas problema, se pueden abordar 

desde diversas perspectivas. En términos de agregación, los extremos serían 

un enfoque exhaustivo que considere la decadencia, degradación y desesperanza, 

lo que implica el manejo de múltiples variables, hasta uno 

estratégico, orientado a la planeación, que se concentre en la dimensión 

de la decadencia y en algunas variables clave. Este trabajo se inserta en 

este segundo enfoque. 

1.2. Enfoques teóricos sobre la problemática del CTN 

Diversos autores han estudiado la problemática del CTN, han analizado 

numerosos aspectos y propuesto soluciones para revertir su decadencia. 

Matthews (1991) distingue seis perspectivas que intentan explicar los 

1 

Vale aprovechar el momento para recomendar el trabajo de Carrión (2010), quizá el pensador 

más profundo sobre los centros tradicionales de las ciudades latinoamericanas. 

2 

La concepción del CTN boutique a veces incrementa su escala e incluye asentamientos completos 

(Tommei y Benedetti, 2014). 

3 

A pesar de que en apariencia que la población (sobre todo joven) está regresando a vivir a 

algunos CTN (Hiernaux y González, 2008), este no parece ser el caso del CTN de la ZM de Toluca 

(Flores et al., 2013).


problemas del CTN (figura 1), las seis tienen tres dimensiones fundamentales: 

A. La física: de acuerdo con este enfoque, los problemas que 

aquejan al CTN se solucionan desde la planeación física, por parte de 

arquitectos, urbanistas e ingenieros, que proponen restaurar (y a veces 

demoler) la ciudad central, crear nuevos accesos, zonificar, regular el uso 

del suelo y desarrollo de nuevas áreas; B. La social: este enfoque propone 

mejorar el entorno social como solución a los problemas del CTN, centrándolos 

en tres aspectos principales: cultura de la pobreza, ciclo de deterioro 

y fallas institucionales; C. La económica: plantea la idea que de que el CTN 

enfrenta serias dificultades para generar y sostener, a largo plazo, fuentes de 

empleos que garanticen un adecuado nivel económico de la población que 

habita la zona, debido a la inadecuada distribución de los recursos y al 

conflicto estructural de las sociedades capitalistas. 

Figura 1 

Diferentes explicaciones de los problemas de los CTN 

Fuente: elaboración propia a partir de Stewart (1986), Lawless (1996) y Wilson et al. (1998).


761 

Éstas son algunas explicaciones teóricas de los problemas de los CTN; 

sin embargo, la diversidad de argumentos para intentar explicar el mismo 

proceso resulta sospechosa: la riqueza de explicaciones puede denotar 

pobreza de comprensión; por otro lado, no existe, para el caso mexicano 

y menos para la ZMT, un bagaje de investigación concreto para contrastar 

y evaluar las propuestas abstractas de las teorías disponibles. 4 En este contexto 

epistemológico y con la evidencia disponible se intenta describir, en 

lo que sigue del texto, la dinámica del CTN de la Zona Metropolitana de 

Toluca y examinar si, como parece, se encuentra inmerso en un proceso 

de decadencia. 

2. Metodología: indicadores y zona de estudio 

El CTN bajo estudio se localiza en la ZMT: la quinta más poblada de 

México (2.3 millones de habitantes en 2020: Conapo, 2012). 5 Se ubica 

en el municipio de Toluca (937,994 habitantes en 2020: Conapo, 2012), 

que es la sede de la capital del Estado de México y principal municipio 

de la ZMT. 

Aquí se revisará el comportamiento de tres variables clave para examinar 

el proceso de cambio socioespacial del CTN entre 2000 y 2015 (de 

acuerdo con la disponibilidad de información oficial): i. Oportunidades 

del empleo, ii. Dinámica poblacional y iii. Niveles de marginación; como 

mencionamos, estas variables son clave para analizar los CTN (Matthews, 

1991; Hall, 2014; Flores et al., 2013). 

El nivel de agregación espacial de este trabajo es el de Área Geoestadística 

Básica Urbana (AGEB). Se analizó a este nivel debido a que 

no se cuenta con una delimitación territorial más detallada que contenga 

la información que se requiere para llevar a cabo el estudio. Las fuentes 

de información usadas fueron los Censos Generales de Población y 

Vivienda (Inegi: 2011a y 2011b), el índice de marginación se obtuvo 

de Conapo (2016) y los datos de empleo se recopilaron del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Inegi, 2018) para los 

años 2010 y 2015. 6 

4 

A pesar de los notables esfuerzos de Hiernaux y González (2018), Coulomb (2018), Ziccardi 

(2019), entre otros destacados investigadores, y de los estudios de Garrocho y Flores (2019), Garrocho 

y Campos (2009) y Ramírez (2020) sobre el CTN de la ZMT. 

5 

De acuerdo con la Conapo, la ZMT está conformada por 16 municipios: Almoloya de Juárez 

con 185,061 habitantes, Calimaya con 59,285, Chapultepec 12,701, Lerma 157,467, Metepec 

243,918, Mexicaltzingo 13,563, Ocoyoacac 70,816, Otzolotepec 89,638, Rayón 14,407, San Antonio 

la Isla 30,878, San Mateo Atenco 80,208, Temoaya 107,918, Tenango del Valle 90,911, Toluca 

937,994, Xonacatlán 54,038 y Zinacantepec con 198,889 habitantes. 

6 

La razón por la cual se consideraron los datos económicos de 2010 y 2015 fue la disponibilidad 

de información a la escala en que se trabajó; para sustentar esta decisión se consideró la información de


Todas estas fuentes permiten el manejo de la información a escala de 

AGEB, para su manejo se utilizó la amplitud de rango con el fin de generar 

cuatro categorías en cada una de las variables. Las dimensiones, temáticas 

generales y los indicadores que manejamos permitieron examinar 

con detalle suficiente el proceso de cambio del CTN (cuadro 1). Con la 

finalidad de que el presente trabajo sea replicable (y útil para gobiernos 

locales), se ha empleado una metodología sencilla, utilizando variables de 

fácil acceso que brindan una perspectiva del grado de desarrollo de la zona 

de estudio, en este caso el CTN de la Zona Metropolitana de Toluca. 

Cuadro 1 

Indicadores de dinámica del CTN, elaboración y formulación 7 

Evidencias Indicador Explicación 

Población 

Población 

absoluta 

Este indicador devela el comportamiento de la población 

en el periodo de tiempo analizado (2000-2010). 

Si hay disminución de la población en términos absolutos 

se puede considerar como decadencia y viceversa. 

Empleo Empleo Son las oportunidades de empleo en el área de estudio. 

Pobreza 

Índice de 

marginación 

Zonas del CTN según su grado de marginación. 

Fuente: elaboración propia a partir de Matthews (1991), Hall (2014) y Flores et al. (2013). 

2.1. Delimitación del área de estudio 

En principio, se consideró como CTN de la ZMT el área que delimitaron 

Garrocho y Flores (2009), quienes definieron los límites del CTN 

mediante el conteo de flujo de peatones (v.g. flujoscopía peatonal); este 

método les permitió establecer las fronteras espaciales del centro, clasificar 

las vialidades según la intensidad de flujos e identificar la localización de 

los principales ejes de oportunidades de negocio. 

Sin embargo, esta delimitación del CTN cortaba parte de las AGEB 

en las que se organiza la información estadística del CTN. En consecuencia, 

se decidió tomar como área de estudio la totalidad de la superficie de 

las AGEB que tocan el CTN, definido por Garrocho y Flores (2009) 

(figura 2). Así, nuestra delimitación del CTN tiene una superficie de 821 

hectáreas, con un total de 17 AGEB (cuadro 2), es 45% más amplia que 

la zona definida por Garrocho y Flores (2009), puede ser menos precisa, 

pero es una delimitación que nos asegura incorporar todo el CTN. 

Flores et al. (2013) y Garrocho y Campos (2007 y 2009), donde se vio que la dinámica del empleo en 

el CTN en el periodo 2000-2010 es similar en las fechas en que realizaron los trabajos estos autores. 

7 

El trabajo se realizó mediante el análisis de los cambios que presentaron las evidencias entre 

los años 2000 y 2010.


763 

Figura 2 

Localización del área de estudio 

Fuente: elaboración propia a partir de Garrocho y Flores (2009) e Inegi (2018). 

Cuadro 2 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) presentes en el CTN 

AGEB 

Superficie 

(ha) 

AGEB 

Superficie 

(ha) 

538 38.25 453 62.08 

434 53.05 595 38.69 

110 26.86 383 28.27 

379 35.31 468 58.63 

398 50.98 415 104.63 

400 37.07 504 39.28 

487 58.47 580 45.01 

523 41.47 449 57.67 

491 45.28 

Total general 821 

Fuente: elaboración propia a partir de Inegi (2018).

764 L. G. Ramírez Sánchez : Centro Tradicional de Negocios de Toluca, 2000-2010... 

3. Población 

3.1. Evidencia 1: dinámica de la población absoluta del CTN 

En términos absolutos, la población total del CTN disminuyó casi 22% 

entre 2000 y 2010. Había 65,619 habitantes en 2000 y 51,308 en 2010, 

es decir, el CTN perdió poco más de uno de cada cinco de sus residentes 

en sólo 10 años. Desde cualquier punto de vista, esto significa un acelerado 

proceso de despoblamiento. Si revisamos dónde ocurrió el despoblamiento, 

observamos que es un proceso generalizado en todo el CTN: las 17 AGEB 

que comprenden el área de estudio redujeron su población. Para examinar 

en detalle la intensidad espacial del despoblamiento, se calcularon cuatro 

rangos 8 porcentuales de pérdida poblacional, lo que permitió clasificar 

microzonas al interior del CTN según la intensidad del decrecimiento 

(cuadro 3). 

Cuadro 3 

Cambios en la población absoluta en el CTN 

por AGEB, 2000-2010 

Rangos 

de cambio de 

población 

(detrimento) 

AGEB* Población absoluta Diferencia 

2000 2010 Absoluta % Respecto a 

2010 

453 2511 1691 -820 -32.66 

Extremo 

398 4378 2968 -1410 -32.21 

383 3029 2151 -878 -28.99 

580 2378 1724 -654 -27.50 

Muy Alto 

400 3968 2942 -1026 -25.86 

538 2854 2136 -718 -25.16 

595 1994 1528 -466 -23.37 

468 4000 3108 -892 -22.30 

504 5283 4131 -1152 -21.81 

Alto 

487 4384 3430 -954 -21.76 

491 4042 3208 -834 -20.63 

449 5345 4283 -1062 -19.87 

8 

Se estimó la media, se sumó y restó la Desviación Estándar. Esto genera cuatro categorías 

replicables.


765 

Cuadro 3 (continuación) 

Rangos 

de cambio de 

población 

(detrimento) 

AGEB* Población absoluta Diferencia 


2010 

434 4407 3569 -838 -19.02 

523 4585 3733 -852 -18.58 

110 3021 2480 -541 -17.91 

Bajo 

415 2828 2382 -446 -15.77 

379 6612 5844 -768 -11.62 

* Ver localización de cada AGEB en la figura 2 y mapa 1. 

Fuente: elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (Inegi, 

2011a y 2011b). 

La pérdida de población no se registró de manera homogénea en el 

CTN. La microzona que registra las mayores pérdidas de población 

(detrimento extremo) se localiza alrededor del zócalo, en una superficie 

de 141.33 hectáreas, equivalente a 17.2% de la superficie total del CTN 

(figura 2). Esta microzona cubre parte de las colonias Alameda, Santa 

Bárbara, Santa Clara, Centro y La Merced. 

Parte de la explicación de la pérdida de población de rango Muy Alto 

de esta zona se debe al reemplazo de viviendas por comercios pequeños 

(que generan más renta del suelo que la vivienda, O’Sullivan, 2007) y, 

también, al surgimiento de sitios culturales (que aprovechan la accesibilidad 

del CTN), así como de oficinas públicas que resultan de la expansión 

de los gobiernos estatal, municipal y de los demás poderes autónomos (el 

Judicial y el Legislativo). 

Esta microzona se encuentra enmarcada por las calles Sebastián Lerdo 

de Tejada y Paseo Matlazincas (que es una importante vialidad y límite 

clave del CTN, principalmente por su acentuada pendiente: Garrocho y 

Flores, 2009), por las avenidas Morelos (otra importante vialidad), De 

los Maestros e Isabel La Católica (otro límite clave del CTN: Garrocho 

y Flores, 2009). 

La categoría de Muy Alto detrimento de población del CTN se localiza 

en dos zonas, que en conjunto suman 1588.99 hectáreas y representan 

19.3% de la superficie del CTN. Entre sus límites encontramos parte 

de las colonias Ciprés, Militar, Universidad, Francisco Murguía, Doctores, 

Residencial Colón y Huitzila. Esta microzona limita al oeste con la microzona 

de detrimento Extremo de población (que gravita en torno al zócalo) 

(figura 2); esto sugiere que la microzona de detrimento Extremo de


población se está expandiendo hacia el este, poniendo en riesgo inminente 

a la colonia Doctores y al barrio de San Sebastián. 

La clase Alto detrimento de población se registra en ocho AGEB del 

CTN, que suman 380.75 hectáreas (46.3% del CTN); estos AGEB forman 

un área continua que corre sobre la calle de Morelos (una de las más 

importantes del CTN). En esta clase encontramos parte de las siguientes 

colonias: Morelos primera sección, San Sebastián, San Bernardino, El 

Calvario, Américas, Villa Vista, Cinco de Mayo, La Merced y Francisco 

Murguía. Esta microzona funciona como buffer que contiene la expansión 

hacia el sur del área de Muy Alta pérdida poblacional. 

Hay otra AGEB en la categoría Alto que corresponde al barrio de Santa 

Bárbara, cercano al zócalo. En esta zona, la pérdida de población responde 

también al reemplazo de vivienda por comercio al por menor (dirigido a 

población de ingresos medios y bajos) y a la construcción de inmuebles 

de gran tamaño, como el estacionamiento del Estadio Nemesio Diez (“La 

Bombonera”), plazas comerciales (e.g. Gran Plaza Toluca) y nuevas oficinas 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otros. 9 

Finalmente, la categoría Bajo detrimento poblacional se localiza en 

sólo dos AGEB, que suman 139.94 hectáreas (17% del CTN). Un AGEB 

colinda con la microzona de Extrema pérdida de población y abarca parte 

de las colonias San Miguel Apinahuizco, La Retama, Unión y el Cóporo. 

La otra AGEB, aunque colinda con una zona de Muy Alta pérdida poblacional, 

parece protegida por la calle Isabel La Católica, límite clave del 

CTN en su extremo este, en ella encontramos a las colonias Ferrocarriles 

Nacionales, Fidel Velázquez, Reforma y Doctores (mapa 1). 

Los resultados del análisis de la dinámica poblacional indican un 

claro despoblamiento del CTN. Esta pérdida poblacional representa un 

síntoma de decadencia, debido a que la población joven o económicamente 

activa se ve reducida (Flores et al., 2013) provocando un aumento 

de la población de adultos mayores. Tal incremento traerá consigo 

grandes retos para cubrir sus necesidades esenciales, por ejemplo: el 

aumento de la demanda de bienes y servicios de los adultos mayores, la 

dependencia económica, la falta de respeto hacia sus derechos humamos, 

entre otros, los cuales se deberán enfrentar en un futuro no muy lejano 

(Garrocho y Campos, 2016). 

9 

Aunque el reemplazo de estos últimos no se llevó a cabo en el periodo de estudio, vale la pena 

mencionarlo debido a que en su momento propiciaron el despoblamiento en el CTN.


767 

Mapa 1 

Intensidad de pérdida de población del CTN 

Fuente: elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (Inegi, 

2011a y 2011b). 

4. Empleo 

4.1. Evidencia 2: disponibilidad de empleo 

El CTN presentó un aumento en el número de empleos de 22.4% en el 

periodo de estudio; en 2000 existían 80,728 empleos y para 2010 había 

98,847; en esta década se generaron 18,119 nuevos. Sin embargo, también 

se perdieron 1,879 en cuatro de las 17 AGEB (398, 580, 523 y 379). De 

acuerdo con Román y Cervantes (2013), la ciudad de Toluca ha presentado 

un aumento en el sector terciario de comercio y se ha convertido en una 

fuente generadora de empleo. Esta dinámica de terciarización del empleo 

también afecta al CTN (cuadro 4). 

Los sectores de turismo, gubernamental e instancias públicas como la 

Universidad Autónoma del Estado de México y el Conservatorio de Música 

han sido los impulsores de manera directa o indirecta del comercio en el 

CTN. La categoría Aumento Muy Alto de empleo cubre una superficie 

de 152.2 hectáreas (18.5% del CTN). En esta microzona encontramos 

parte de las colonias San Bernardino, Alameda, Morelos primera sección, 

Doctores, Centro, La Merced, Villa Vista y Huitzila. 

Una de las razones por la que esta microzona presenta una alta disponibilidad 

de empleos se debe a que en ella se localizan “Los Portales” del


Cuadro 4 

Cambios en el empleo en el CTN por AGEB, 2000-2010 

Rangos 

de cambio de empleo 

(detrimento/ 

aumento) 

AGEB* Empleo Diferencia 


2010 

580 2376 1808 -568 -23.9 

Extremo (detrimento) 

398 5947 4861 -1086 -18.3 

379 754 657 -97 -12.9 

523 1894 1766 -128 -6.8 

Detrimento o Aumento 

Bajo 

468 6130 6302 172 2.8 

415 8268 8765 497 6.0 

487 7639 8752 1113 14.6 

383 6679 7982 1303 19.5 

504 2886 3607 721 25.0 

538 5454 6848 1394 25.6 

Alto (aumento) 

491 4332 5443 1111 25.6 

595 2120 2693 573 27.0 

449 5042 6857 1815 36.0 

110 2449 3401 952 38.9 

400 3470 4996 1526 44.0 

Muy Alto (aumento) 

434 2515 3649 1134 45.1 

453 12,773 20,460 7687 60.2 

* Ver la localización de cada AGEB en la figura 2 y mapa 2. 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) (Inegi, 2018). 

centro histórico, que se han especializado en comercio al por menor 

enfocado al sector turístico: artesanías, restaurantes, museos, zapaterías, 

entre otros. Esta categoría coincide con las clases más altas de pérdida 

poblacional (detrimento Extremo y Muy Alto). 

La terciarización del empleo en el CTN se refleja en la clase de Aumento 

Alto de empleo. Esta clase cubre una superficie de 274.3 hectáreas que 

representan 33.4% del CTN. La disponibilidad de empleo de esta microzona 

se debe a que en ella se encuentran oficinas de los poderes judicial 

y legislativo, además de tener en sus límites una de las principales atracciones 

turísticas que ofrece el CTN: el Cosmovitral.


769 

De igual forma se localizan diversos negocios e infraestructura relacionada 

con el equipo profesional Deportivo Toluca Futbol Club: desde el 

estadio, tienda oficial y museo, hasta pequeños comerciantes que se dedican 

a la venta de comida, así como diversos estacionamientos. 

Esta microzona cubre parte de las colonias Santa Bárbara, Militar, 

San Sebastián, Morelos primera sección, Universidad, Américas, Universidad, 

Francisco Murguía, Villas Vista y Cinco de mayo. Tiene coincidencia 

con las clases Extremo, Muy alto y Alto detrimento de pérdida 

de población absoluta. 

La clase de Detrimento o Aumento Bajo de empleo se distribuye en dos 

microzonas, localizadas al este y oeste del CTN, cubre una superficie de 

263.2 hectáreas que corresponden a 32.1% del CTN. Esta microzona se 

localiza en parte de las colonias Ferrocarriles Nacionales, Morelos primera 

sección, San Sebastián, El Calvario, Fidel Velázquez, La Merced, Reforma 

y Francisco Murguía. Coincide en parte con las categorías de Alto y Bajo 

detrimento de población absoluta; en ésta se localizan negocios importantes 

como Ford Sánchez Automotriz, RSO Toluca, Lumen, Triplay Market, 

entre otras; además, se localiza una subestación eléctrica de CFE, la residencia 

regional de la Junta de Caminos y la Comisión del Agua del Estado 

de México; incluso hay importantes lugares de esparcimiento como el 

Parque Matlazincas-El Calvario, Gran Plaza Toluca y sitios de servicios 

como escuelas, hospitales, consultorios médicos y odontológicos, farmacias 

y una amplia variedad de comercios al por menor como tiendas, zapaterías, 

florerías, mueblerías, entre otros. 

En un poco más de un octavo de la superficie del CTN se perdieron 

empleos. Esto se refleja en la categoría de Extremo Detrimento de empleo, 

que cubre una extensión de 131.3 hectáreas: 16.0% del CTN. La condición 

que le da a esta microzona el Extremo Detrimento de empleo es que esta 

área es prácticamente de uso habitacional, donde sólo se encuentran pequeñas 

tiendas y establecimientos de autoservicio. Esta categoría coincide con 

las clases más altas de pérdida poblacional absoluta. Dentro de los límites 

de esta microzona encontramos parte de la superficie de las colonias Ciprés, 

Santa Clara, Residencial Colón y San Miguel Apinahuizco. 

En un principio se puede inducir que la terciarización del empleo que 

presenta el CTN supondría un aumento en la disponibilidad de empleo, 

pero este fenómeno actúa de manera inversa en el CTN (Garrocho y 

Campos, 2007; 2015) debido a que se crean pequeños negocios que ofrecen 

pocos empleos, en comparación con las grandes industrias que 

requieren u ofertan un gran número de éstos (mapa 2).


Mapa 2 

Disponibilidad de empleo en el CTN 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) (Inegi, 2018). 

5. Pobreza 

5.1. Evidencia 3: Índice de Marginación Urbana 

Para analizar los cambios en el índice de marginación en el CTN se utilizó 

el Índice de Marginación Urbana (IMU) 10 calculado por la Conapo (2016) 

para los años 2000 y 2010. Debido a la naturaleza de los cálculos del IMU 

(componentes principales) fue necesario realizar un análisis de posiciones 

relativas, que consistió en jerarquizar las AGEB de acuerdo con su grado 

de marginación para ambos años de análisis y observar los cambios que 

registraron cada una de ellas, con el fin de hacer comparables los datos en 

el periodo de estudio. 

Existen tres panoramas en el CTN, el primero muestra las AGEB (538, 

468, 449, 400, 453, 504 y 595) que tienen decremento en el IMU, el 

segundo incluye las que se mantienen sin cambio (523, 580, 110, 379 y 

383) y en el tercero están aquéllas AGEB (491, 398, 487, 434 y 415) que 

mostraron cierta mejoría en sus condiciones relativas de vida (cuadro 5). 

10 

El IMU es una medida-resumen que permite diferenciar AGEB urbanas del país según el 

impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la 

educación, a los servicios de salud, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes 

(Conapo, 2012).


771 

Cuadro 5 

Cambios del índice de marginación urbana del CTN 

Rangos 

de cambio del IMU 

AGEB* 

IMU (Posiciones 

relativas) 

Diferencia 

2000 2010 Absoluta 

% Respecto 

a 2010 

538 11 5 -6 -54.5 

468 7 4 -3 -42.9 

449 5 3 -2 -40.0 

Negativos 

400 13 10 -3 -23.1 

453 9 7 -2 -22.2 

504 12 11 -1 -8.3 

595 14 13 -1 -7.1 

523 1 1 0 0.0 

580 2 2 0 0.0 

Sin Cambio 

110 15 15 0 0.0 

379 16 16 0 0.0 

383 17 17 0 0.0 

491 6 8 2 33.3 

Mejora 

398 10 14 4 40.0 

487 8 12 4 50.0 

Mejora Alta 

434 3 6 3 100.0 

415 4 9 5 125.0 


Fuente: elaboración propia a partir del IMU de 2000 y 2010 (Conapo, 2016). 

El deterioro del IMU se presentó en una superficie de 331.7 hectáreas 

que cubren 40.4% del CTN. Se distribuye en tres microzonas que abarcan 

parte de las colonias San Sebastián, Alameda, Militar, Morelos primera 

sección, Universidad, Américas, San Bernardino, Francisco Murguía, 

Doctores, Villa Vista, Centro, La Merced y Huitzila. Esta clase tiene 

coincidencia con las categorías más altas de pérdida de población absoluta 

y en contraparte coincide con Aumento Muy Alto, Alto y Bajo de disponibilidad 

de empleo. Lo cual significa que por una parte pierde población 

y por la otra aumenta la disponibilidad de empleo.


Cinco AGEB mantuvieron sus condiciones relativas de vida de 2000 

al 2010 (clase Sin Cambio). En su conjunto tienen una superficie de 176.9 

hectáreas (21.6% del CTN), localizándose en dos microzonas, que abarcan 

parte de las colonias Morelos primera sección, Santa Bárbara, Ciprés, 

Residencial Colón y San Miguel Apinahuizco. A pesar de que tienen 

coincidencia con las clases más altas de pérdida de población y de disponibilidad 

de empleo, estas AGEB mantuvieron sin cambio sus condiciones 

relativas de vida en el periodo analizado. La coincidencia que tiene 

con las clases de Aumento Alto y Bajo de disponibilidad de empleo ha 

contenido la pérdida de condiciones relativas de vida. 

La clase de Mejora del IMU cubre una superficie de 98.4 hectáreas 

(11.98% del CTN) y está conformada por dos microzonas que se expanden 

en las colonias San Bernardino, Morelos primera sección, Américas, Cinco 

de Mayo y Villa Vista. El Aumento Muy Alto y Alto de disponibilidad de 

empleos ha generado en esta clase que las condiciones relativas mejoren, a 

pesar de coincidir con la clase Alto detrimento de población absoluta. 

La categoría de Mejora Alta está presente en tres microzonas que cubren 

una superficie de 214.1 hectáreas (26.1% del CTN); dicha categoría está 

ligada con las clases de Extremo, Muy Alto y Bajo detrimento de población 

absoluta y a su vez presenta coincidencia con las clases de Aumento Alto 

y bajo de disponibilidad de empleos. Asimismo, se expande en parte de 

la superficie de las colonias Ferrocarriles Nacionales, El Calvario, Fidel 

Velázquez, Santa Clara, La Merced, Reforma y Francisco Murguía. 

En el CTN se presentó mejoría en las condiciones relativas de vida. Si 

consideramos a las categorías Sin cambio, Mejora y Mejora Alta de esta 

variable, tenemos que casi 60% del territorio del CTN mejoró sus condiciones 

relativas de vida del 2000 al 2010, el aumento de empleo contribuye 

a la mejora de las condiciones relativas de vida de la población (mapa 3).


773 

Mapa 3 

Dinámica del índice de marginación urbana en el CTN 

Fuente: elaboración propia a partir del IMU de 2000 y 2010 (Conapo, 2016). 

6. Indicador de decadencia para el CTN 

El análisis por separado de las evidencias muestra un panorama fragmentado 

de lo que sucede en el CTN. Debido a lo anterior fue necesario 

conjuntar los resultados de cada una de las evidencias con la finalidad de 

dar un diagnóstico más integral de la dinámica de decadencia del CTN. 

Es decir, consideramos cada una de las evidencias como síntomas que 

aportan datos, que permiten establecer los distintos niveles de decadencia 

que hay en el CTN. Para lograr lo anterior se realizó una sobreposición 

cartográfica de dichas evidencias (población, empleo y pobreza) generando 

una matriz de coincidencia 11 con la que se definieron las clases de decadencia 

(cuadro 6). 

En el CTN hay condiciones socioeconómicas que favorecen el proceso 

de decadencia. La clase de Decadencia Alta presenta los síntomas más 

desfavorables de decadencia, cubre una superficie de 158.1 hectáreas 

(19.3% del CTN), se localiza al centro-norte del CTN y cubre parte de 

la superficie de las colonias Alameda, Santa Bárbara, Santa Clara, Centro 

y La Merced. En esta categoría las evidencias que más aportaron al proceso 

11 

De acuerdo con Morales (2014) y Ramírez Sánchez et al. (2019), la relación espacial de 

Coincidencia es una de las relaciones más comunes, y se basa en el hecho de que dos o más eventos 

pueden compartir el mismo espacio en n dimensiones.


Cuadro 6 

Definición de los grados de decadencia urbana del CTN 

AGEB Grado de decadencia Definición 

453 

398 

383 

580 

400 

538 

595 

468 

504 

487 

491 

449 

434 

Decadencia Alta 

Decadencia 

Moderada 

Decadencia Baja 

AGEB con valores extremos de pérdida de población 

absoluta, disminución considerable de oportunidades 

de empleo y aumento en el nivel de 

marginación. 

AGEB con alta pérdida de población absoluta, 

incremento leve de las oportunidades de empleo y 

aumento en el nivel de marginación. 

AGEB con pérdida poblacional absoluta, aumento 

leve de las oportunidades de empleo y disminución 

del indicador de marginación. 

523 En Recuperación 

AGEB con baja pérdida poblacional absoluta, 

aumento significativo en las oportunidades de 

empleo y mejora significativa en el indicador de 

marginación. 


Fuente: elaboración propia a partir de las evidencias de decadencia. 

de decadencia fueron la “pérdida extrema” de población absoluta y el 

cambio negativo del IMU, aun cuando se registró aumento en el empleo 

(figura 3). 

La categoría de Decadencia Moderada posee una superficie de 240.2 

hectáreas (29.6% del CTN), está conformada por dos microzonas localizadas 

al este y sur del CTN, afecta colonias como San Sebastián, Ciprés, 

Militar, Universidad, Américas, Francisco Murguía, Doctores, Residencial 

Colón y Huitzila. Las categorías que más aportaron a esta clase fueron: 

Extremo, Muy Alto y Alto detrimento de población absoluta y valores 

negativos del IMU, en tanto que el empleo presentó un Aumento Muy 

Alto y Alto (figura 4). 

La clase de Decadencia Baja tiene una superficie de 214.5 hectáreas 

(26.1% del CTN), se localiza en el centro-oeste del CTN, entre las colonias 

que encontramos en esta clase están San Bernardino, El Calvario, More-


775 

Figura 3 

Indicador de decadencia: Decadencia Alta 


Figura 4 

Indicador de decadencia: Decadencia Moderada 

Fuente: elaboración propia a partir de las evidencias de decadencia.


los primera sección, Américas, Villa Vista, Cinco de Mayo, La Merced y 

Francisco Murguía. En esta categoría se tiene que la evidencia de mayor 

aporte negativo fue la población absoluta, en contraparte tenemos a las 

evidencias de empleo e IMU como las que favorecieron de manera positiva 

a esta categoría (figura 5). 

Figura 5 

Indicador de decadencia: Decadencia Baja 


La categoría de En Recuperación tiene una superficie de 208.3 hectáreas 

que corresponden a 25.37% del CTN. Está presente en tres microzonas, 

la primera de ellas (62.2 hectáreas que corresponden a 7.6% del 

CTN) se encuentra al norte del CTN, en ésta se puede apreciar que las 

evidencias que más aportaron de manera positiva fueron empleo (Aumento 

Alto) e IMU (Sin Cambio y Mejora Alta), en contraparte tenemos a las 

clases de Bajo detrimento de población absoluta (figura 6). 

El CTN parece estar en proceso de decadencia diferenciada; en las 

microzonas de decadencia Alta, Moderada y Baja se deben centrar las 

estrategias y políticas de recuperación por parte de instancias gubernamentales, 

asociaciones empresariales y dueños de los inmuebles para evitar 

que su nivel avance y sea posible revertirlo; deben ser prioridad porque se 

encuentran en un punto clave: la acción o inacción puede determinar la 

mejora de la situación o el aumento de la decadencia (mapa 4). 

Para el caso específico del CTN, la variable que más aporte tuvo en la 

decadencia fue la Población, ya que en su conjunto presentó pérdidas


777 

Figura 6 

Indicador de decadencia: En Recuperación 


Mapa 4 

Tipos de decadencia en el CTN 

Fuente: elaboración propia a partir de las evidencias de decadencia.


considerables en todas las AGEB. En segunda instancia se puede considerar 

al IMU, ya que por sí solo es un indicador resumen de las condiciones de 

vida que presenta la población en un área dada. 

Finalmente, el empleo es la variable que nos indica que el CTN aún 

es atractivo, que presenta un proceso de desplazamiento de población 

residente por actividades económicas del sector terciario, principalmente. 

Sin embargo, se trata de empleo en negocios pequeños y no en firmas de 

calidad que se han desplazado a los centros comerciales planificados, localizados 

fuera del CTN (e.g. Metepec) (Garrocho y Campos, 2007; 2015). 

Conclusiones 

El acelerado proceso de despoblamiento ha sido generalizado en todo el 

CTN, se ha perdido uno de cada cinco habitantes en el periodo analizado. 

La dinámica poblacional presenta tres aristas: la primera es en relación 

con el abandono de la población que tiene el potencial de ser económicamente 

activa (15 a 64 años), la segunda está asociada al envejecimiento 

poblacional (población de más de 65 años) y la tercera va en relación con 

el reemplazo de la vivienda por negocios al por menor y el establecimiento 

de grandes inmuebles (estadio de futbol “La Bombonera”, estacionamientos, 

oficinas gubernamentales, universitarias, entre otras). 

Para el caso específico del CTN, la disponibilidad de empleo es un 

espejismo de mejora, si bien ha aumentado el empleo, esta oferta laboral 

se ve opacada por lo que mencionan Garrocho y Campos (2007; 2015): 

el CTN tiene una terciarización del empleo, lo cual ha derivado en la 

creación de pequeños negocios que ofrecen pocos empleos, comparados 

con la oferta de los que podrían generar las grandes firmas de comercios. 

El hecho de que el alquiler del suelo sea más rentable que la vivienda 

(O’Sullivan, 2007) favorece al reemplazo paulatino pero consistente de 

vivienda (pérdida de población) por pequeños negocios (empleos de baja 

calidad). 

Por su parte, el IMU nos muestra que en el CTN han mejorado las 

condiciones relativas de vida en casi 40% de su superficie; se mantiene 

una relación muy estrecha entre la mejora de las condiciones relativas de 

vida y el aumento en la disponibilidad de empleo y viceversa. 

En términos generales se puede mencionar que el CTN se encuentra 

en una etapa incipiente de decadencia. Las evidencias analizadas muestran 

relación entre sí, mas no dependencia, esta relación va en el sentido del 

aporte que tiene cada una de las evidencias en la decadencia del CTN, 

debido a que hay variables que apuntan hacia su mejoría (oportunidades


779 

de empleo), otras apuntan hacia el deterioro (pérdida de población) y 

algunas tienden a mantenerse relativamente estables (IMU). 

A pesar de lo anterior, el CTN aún es un área viva y mantiene su 

condición: A. Espacial (centralidad), es un lugar de encuentro de población 

que supera su espacio (transterritorialidad) y B. Temporal (historia), 

donde convergen diferentes sociedades procedentes de distintos tiempos 

y momentos históricos (transtemporalidad) (Carrión, 2005). 

Este trabajo está orientado a apoyar la formulación de políticas públicas, 

por eso la metodología aplicada es sencilla (aportación), pero muy 

útil, con la idea de que los gobiernos municipales puedan replicarla de 

una manera rápida y eficaz. De igual manera se reconoce que las principales 

limitaciones están en función de la disponibilidad de datos, debido 

a que en muchas ocasiones no se encuentran disponibles a la escala en 

que se desea realizar el análisis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda que en las 

microzonas con algún grado de decadencia (Alta, Moderada y Baja) se 

apliquen de manera prioritaria todas aquellas acciones que ayuden a 

prevenir el avance y que puedan, incluso, revertir el fenómeno de decadencia 

que enfrenta el CTN. 

Si bien este trabajo se enfocó en el periodo 2000-2010, será conveniente 

realizar el mismo análisis entre los años 2010 y 2020 con la finalidad de 

realizar una comparación entre periodos y conocer si el proceso de decadencia 

avanzó, se mantuvo o se revirtió en el CTN. 


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Recibido: 4 de marzo de 2020. 

Reenviado: 17 de julio de 2020. 

Aceptado: 20 de agosto de 2020. 

Luis Giovanni Ramírez Sánchez. Doctor en geografía por el Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental UNAM, campus Morelia. Actualmente 

es catedrático Conacyt comisionado a El Colegio Mexiquense, 

A. C.; es profesor en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-Universidad 

Nacional Autónoma de México-Morelia, la Universidad 

de Guadalajara y la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores, nivel candidato. Su línea de investigación 

actual es Análisis espacio-temporal de espacios urbanos. Entre sus más 

recientes publicaciones se encuentran, como autor: “Evaluación territorial 

para el cultivo del aguacate (Persea americana Mill. cv. Hass) en la región 

del pico de Tancítaro, Michoacán, México”, Texcoco, Agrociencia, 53 (4), 

Texcoco, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-Colegio de Posgraduados, 

pp. 487-503 (2019); “Estado de la heterogeneidad geológica en 

las áreas naturales protegidas en Michoacán”, en Margarita Anaya y 

Heriberto Cruz (coord.), Caracterización de paisajes en el territorio del 

Occidente de México, Guadalajara, Astra ediciones, S.A. de C.V. (próximamente); 

como coautor: “Inclusión de la variable espacial en la medición 

de las condiciones relativas de vida en ciudades latinoamericanas: conceptos, 

método y aplicación”, Papeles de Población, Toluca, Universidad 

Autónoma del Estado de México (próximamente).




Tipo de vivienda, barreras físicas y 

sensación de inseguridad en la colonia 

Type of housing, physical barriers and 

feeling of insecurity in the neighborhood 

787 

Carlos Vilalta* 

Lucía Carmina Jasso** 

Gustavo Fondevila*** 

Abstract 

In this study we analyze whether the type of housing and the physical barriers placed 

between the street and the entrance of the street hold a statistical relationship with 

the feeling of insecurity in the neighborhood. The results suggest rejecting such a 

hypothesis given the lack of evidence. This research allows the reader to know the 

correlates associated with the feeling of insecurity in the neighborhood. For this study, 

bivariate tests and multivariate models were used. Data were collected from the 

National Survey of Victimization and Perception of Public Safety. 

Keywords: insecurity, fear of crime, housing, neighborhood, Mexico. 

Resumen 

En este estudio analizamos si el tipo de vivienda y las barreras físicas colocadas 

entre la calle y la entrada de la misma mantienen una relación estadística con la 

sensación de inseguridad en el entorno de la colonia. Los resultados sugieren 

rechazar tal hipótesis por no existir evidencia. Esta investigación permite al 

lector conocer los correlativos que se asocian con la sensación de inseguridad en 

la colonia. Para la realización de este análisis se utilizaron pruebas bivariadas y 

modelos multivariados; asimismo, se recabaron datos de la Encuesta Nacional 

de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

Palabras clave: inseguridad, miedo al crimen, vivienda, colonia, México. 

* Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C, correo-e: cvilalta@ 

centrogeo.edu.mx 

**Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, correoe: 

carmina.jasso@sociales.unam.mx 

*** Centro de Investigación y Docencia Económica, correo-e: gustavo.fondevila@cide.edu

788 C. Vilalta et al.: Tipo de vivienda, barreras físicas y sensación de inseguridad en... 

Introducción 

El estudio científico de la sensación de inseguridad en el ámbito de la 

colonia o vecindario tiene una larga historia en general, aunque no rebasa 

las tres décadas de historia en México. El enfoque con el cual se ha tratado 

el tema consiste en dilucidar cómo influye el contexto socioespacial del 

individuo en su sensación de inseguridad, de tal modo que muchos estudios 

se han centrado en analizar las condiciones de las colonias y las circunstancias 

familiares y sociales de los individuos; incluso, han surgido 

diversas teorías al respecto, tales como las de incivilidad, vulnerabilidad 

física y social y redes sociales. Sin omitir que otras investigaciones, con 

un gran peso teórico, advierten sobre la experiencia de victimización 

delictiva, ya que ésta deja un efecto psicológico en la víctima de una mayor 

alerta y sensación de inseguridad. 

Motivados por estudios previos, por las brechas de conocimiento 

existentes con respecto al tema, así como por el problema generalizado 

de la inseguridad en México, el enfoque de este análisis radica en responder 

si el tipo de vivienda y las barreras físicas colocadas a la entrada de la 

misma tienen alguna relación con la sensación de inseguridad en el entorno 

de la colonia. Al iniciar este estudio la hipótesis planteada consistía en 

verificar quiénes eran más proclives a sentirse inseguros: si los residentes 

de departamentos en su colonia o los residentes de casas solas. Igualmente, 

para establecer las variables de estudio consideramos si aquellas personas 

que colocan barreras físicas entre la calle y la entrada a sus viviendas también 

mostrarían una mayor proclividad a sentirse inseguros en sus colonias 

de residencia, considerando que aquellos que viven más protegidos y 

aislados de su entorno son los que se sienten más inseguros. No obstante, 

los resultados de este estudio sugieren rechazar tal hipótesis por no existir 

evidencia para comprobarla. Por el contrario, el análisis desarrollado en 

este estudio indica que no es el tipo de vivienda ni las barreras físicas 

colocadas a la entrada del domicilio las que propician la sensación de 

inseguridad en la colonia, sino que son otros correlativos los que se asocian 

significativamente con dicha sensación en este entorno. 

Este estudio se divide en cuatro partes; en la primera de ellas se revisaron 

los estudios previos, en donde hacemos una distinción de correlativos 

relacionados con el tipo de vivienda y correlativos relacionados con la 

colonia. En la segunda parte presentamos la metodología de estudio, en 

donde detallamos la fuente de información utilizada, las variables dependientes 

e independientes, las variables de control y el análisis estadístico. 

En la tercera parte exponemos los resultados del análisis estadístico. En el 

cuarto apartado presentamos la discusión y las conclusiones, en donde


789 

hacemos énfasis tanto en las implicaciones de los hallazgos como en las 

limitaciones del estudio. 

1. Estudios previos 

1.1. Sobre los tipos de viviendas 

En la literatura científica proliferan los estudios sobre la sensación de 

inseguridad desde diferentes enfoques teóricos y cada vez se ha profundizado 

más en las distintas variables que lo explican y sus efectos sociales, 

económicos, culturales, entre otros. Si bien cada cuerpo teórico parte de 

premisas diferentes, coinciden en que esta sensación de inseguridad no 

ocurre en el vacío (Ceccato y Wilhelmsson, 2011), y que además de los 

factores individuales y sociales también son relevantes las condiciones y 

dinámicas del vecindario (Wyant, 2008). 

Las viviendas son lugares en donde se encierran las ansiedades de las 

personas (Atkinson y Blandy, 2016). Una de las razones es que justamente 

la vivienda es parte de un entorno amplio, y cualquier efecto de la diversidad 

del vecindario probablemente afecte la posición social de los residentes 

individuales (Brunton‐Smith y Sturgis, 2011). 

Hay investigaciones que sostienen que existen diferencias entre las 

viviendas que se han construido de manera formal, por medio de la gestión 

institucional, y las viviendas en asentamientos irregulares que se han 

gestionado informalmente a través de procesos de autoconstrucción 

(Aguirre, 2010). La literatura sobre este tema apunta a que la principal 

diferencia radica en el diseño urbano y el acceso a los espacios públicos. 

Al respecto, Baena y Olaya (2013) enfatizan que al combatir la informalidad 

de la vivienda concluyen también los problemas de la percepción 

de inseguridad. 

También hay evidencia sobre el origen público o comercial de la 

vivienda. En una investigación realizada en Shanghai, China, se encontró 

que los residentes de viviendas públicas –que posteriormente fueron 

transferidos a propiedad privada– se sentían menos seguros que los que 

vivían en viviendas comerciales (Yip, 2012). 

Asimismo, diferentes tipos de construcción de la vivienda tienen 

efectos en relación con la inseguridad, de manera tal que los estratos 

medios y altos se concentran en conjuntos o fraccionamientos cerrados 

en busca de seguridad, mientras que las clases sociales medias y bajas se 

ubican en las viviendas producidas institucionalmente o autoconstruidas, 

lo cual evidencia que ambos estratos sociales se enfrentan de distintas 

maneras a la inseguridad (Aguirre, 2010).


En mayor medida se han realizado análisis sobre viviendas en comunidades 

cerradas que proliferan en la mayoría de las ciudades del mundo 

(Newman, 1973; Blakely y Snyder, 1997; Caldeira, 2007; Davis, 2001; 

Bonvalet y Dureau, 2002; Grant y Mittelsteadt, 2004; López, 2008; 

Vilalta, 2013; Atkinson y Blandy, 2016). Pero también hay estudios que 

contrastan otras características de las viviendas. 

Este tipo de diseño se asocia a la teoría del espacio defendible por 

Newman (1973), cuya propuesta arquitectónica apuesta por ambientes 

de viviendas, en los cuales la estructura física inhiba el delito al mostrar 

a los potenciales agresores que se trata de una comunidad que se defiende 

a sí misma. 

Este tipo de comunidades se definen como un área residencial que está 

cercada y tiene control para el acceso y la salida al área de la vivienda 

(Abdullah et al., 2012; Caldeira, 2007). Son áreas residenciales con acceso 

restringido, en las que normalmente los espacios públicos son privatizados 

(Blakely y Snyder, 1997). Aunque también son “residencias, producidas 

como tal o resultantes del encerramiento de manzanas de casas individuales 

preexistentes” (Bonvalet y Dureau, 2002: 79). 

En cuanto a los conjuntos o fraccionamientos cerrados, que principalmente 

se definen por la posesión de barreras físicas a la entrada de las 

viviendas, los hallazgos sobre la sensación de inseguridad no son conclusivos. 

En distintas partes del mundo este fenómeno se ha intensificado, y en 

Estados Unidos el número de comunidades cerradas ha aumentado dramáticamente, 

como lo documentaron Blakely y Snyder (1997). Este 

fenómeno también se ha replicado en otras regiones como en América 

Latina, donde las comunidades cerradas de diferentes tipos y dimensiones 

son elementos comunes en todas las ciudades (Coy, 2006). Tal es el caso 

de México, donde la seguridad es la principal razón para decidir habitar 

o construir una comunidad cerrada o protegida (Guerrien, 2005). 

En el contexto latinoamericano, los conjuntos residenciales cerrados 

están mayoritariamente habitados por personas con niveles socioeconómicos 

medio-altos y altos y, en general, se trata de ambientes bastante 

homogéneos, lo que los distingue de otras regiones del mundo donde no 

hay tal homogeneidad (Martínez, 2014). Aunque recientemente refieren 

los que estudian este fenómeno que este prototipo se ha convertido en 

un “nuevo modelo de habitar, valorado y reproducido también en los 

estratos medios y pobres” (Bonvalet y Dureau, 2002: 79). 

En México, una parte del diseño urbano protegido se divide en dos 

grandes subconjuntos: los espacios residenciales protegidos, en donde 

principalmente habitan las personas con mayores ingresos económicos 

y sus respectivos espacios de vida urbana como las escuelas privadas, 

clubes deportivos, entre otros espacios diseñados para la misma población


791 

(Guerrien, 2005). Pero también hay zonas de seguridad (Blakely y Snyder, 

1997) que fueron cerradas posteriormente por sus propios habitantes 

con diferentes tipos de barreras físicas o de vigilancia. Asimismo, hay 

condominios horizontales cuyo diseño fortificado se podría describir 

como bunkers residenciales (Guerrien, 2005). 

Existen distintos tipos de comunidades cerradas, pero la mayoría se 

realiza con el fin de mejorar las condiciones de seguridad a nivel local y 

para huir del miedo y evadir el peligro que ocurre afuera (Grant y Mittelsteadt, 

2004). En general “prometen la posibilidad de una vida cotidiana 

mejor, más armónica y protegida de la criminalidad” (López, 2008: 123). 

Lo que se espera es que el diseño de comunidades cerradas reduzca los 

actos delictivos en las áreas residenciales y esto mitigue la sensación de 

inseguridad (Blakely y Snyder, 1997). La expectativa del encerramiento 

es tal que incluso se incrementa el valor de los inmuebles (Davis, 2001). 

En relación con las viviendas para las clases sociales medias y bajas, en 

la investigación realizada por Rollwagen (2016), los resultados sugieren 

que habitar en viviendas de varias unidades no tiene un impacto estadísticamente 

significativo en la sensación de seguridad. En el caso mexicano, 

Oehmichen (2013) realizó una investigación cualitativa en una unidad 

habitacional en la Ciudad de México; como parte de los hallazgos reporta 

que nueve de 10 entrevistados habían sido víctimas del delito –principalmente 

de asaltos– y entre las causas que atribuyen a la inseguridad en la 

colonia se encuentra el consumo y tráfico de drogas, y en cuanto a la sensación 

de inseguridad, refieren que el miedo se sufre individualmente, pero 

es socialmente compartido. 

Mientras en algunas investigaciones se ha evidenciado que estas comunidades 

cerradas no son una solución consistente para controlar los niveles 

de miedo al crimen (Vilalta, 2013), en otras, los resultados reflejan 

que los residentes que habitan en áreas cerradas tienen un menor temor 

al crimen en comparación con aquellos que no tienen este tipo de fortificaciones 

(Blakely y Snyder, 1997). En el caso del amurallamiento, se 

arguye que hay un efecto fortaleza en el que las personas se sienten más 

seguras por tener una distancia del resto del vecindario (Rollwagen, 2016). 

En dos ciudades de Malasia, al estudiar la forma típica de vivienda en 

las comunidades cerradas, en comparación con las viviendas sin fortificaciones 

–un concepto de desarrollo relativamente nuevo– se encontró que 

la sensación de inseguridad es mayor en las áreas residenciales cerradas y 

el resultado se atribuye principalmente a las relaciones en el ámbito 

comunitario (Abdullah et al., 2012). 

En China, el estudio de Yip (2012) sobre las comunidades semicerradas 

en Shanghai –que se ha configurado como un símbolo de la vida moderna– 

se encontró que la sensación de inseguridad está estadísticamente relacionada


con el grado de bloqueo. De manera tal que los barrios que no tenían 

muros mostraron niveles más bajos de percepción de seguridad, mientras 

que los vecindarios con control de acceso mostraron los niveles más altos. 

En contraparte, en Valledupar, Colombia, la investigación de Martínez 

(2014) muestra que en estas comunidades cerradas persiste la sensación 

de miedo, sobre todo en relación con los espacios cercanos, calificados 

como peligrosos. 

En Tijuana, México, las viviendas con diseños fortificados son producto 

de procesos mundiales con matices locales (López, 2008) en los que 

existen variaciones, tanto físicas en cuanto a la composición social, pero 

en los que prevalece la idea de la relación entre el encierro y la seguridad 

que ha sido promovida y capitalizada por los desarrolladores inmobiliarios. 

La configuración de estas comunidades cerradas tiene distintos efectos 

sociales, que a su vez podrían incidir en la sensación de inseguridad en la 

colonia. Uno de éstos es el aislamiento, donde “los vínculos sociales con 

el vecino interno están caracterizados por un nivel básico de encuentros 

esporádicos y fortuitos” (Martínez, 2014: 201), lo cual reduce la posibilidad 

de cohesión social, particularmente porque cuando la gente no conoce 

quiénes son sus vecinos se sienten más vulnerables (Body-Gendrot, 2008). 

Al mismo tiempo, sus puertas y paredes reflejan el miedo y sirven 

como recordatorios diarios de los peligros percibidos en el otro lado (Blakely 

y Snyder, 1997). Y en conjunto, estas viviendas fortificadas modifican 

espacialmente las ciudades e impactan en las rutinas diarias de aquellos 

que habitan espacios segregados protegidos por muros, sistemas de vigilancia 

y acceso restringido (Caldeira, 2007) así como también afecta a 

quienes ahí transitan. 

En muchos casos, las personas que viven en casas fortificadas desconocen 

la verdadera efectividad para reducir el miedo al delito (Vilalta, 

2012), sobre todo en aquellos casos en los que el miedo no desaparece 

(López, 2008) y tampoco se desvanece la latente posibilidad de intrusiones 

aleatorias o violentas al hogar, que está en el centro de la preocupación 

de las personas (Atkinson y Blandy, 2016) porque incluso en estas comunidades 

ocurren delitos como robos y secuestros (Blakely y Snyder, 1997). 

1.2. Sobre las colonias 

El contexto de la colonia es una dimensión territorial de análisis relevante 

para el estudio de la sensación de la inseguridad y que se define como un 

lugar determinado por un conjunto específico de características basadas 

en el espacio que se encuentra en una escala geográfica concreta (Lebel et 

al., 2007). Esta dimensión de análisis es primordial para la comprensión 

de los lugares en la prevención del delito (Eck y Weisburd, 2015).


793 

Una colonia se integra de distintos componentes, entre los que se 

encuentran las viviendas que tienen una función fundamental en relación 

con la seguridad subjetiva. Se supone que están diseñadas para proporcionar 

sensación de seguridad a las personas dentro de su vecindario 

(Rollwagen, 2016). Y en comparación con otros componentes de la 

colonia, la vivienda ha logrado su cometido al configurarse –en las encuestas 

de victimización– como uno de los lugares en donde las personas se 

sienten más seguras en relación con otros lugares como el transporte 

público, el mercado, la calle o el parque. 

En la colonia, la sensación de inseguridad está influida por la percepción 

de las colonias vecinas debido a su proximidad espacial, puesto que 

lo ocurre en una influye en la otra (Lebel et al., 2007). Al respecto, se ha 

encontrado evidencia de que los niveles promedio de miedo al crimen en 

los vecindarios cercanos se correlacionan significativamente (Wyant, 

2008). También atañe a la variable tiempo, en donde la evidencia empírica 

indica que las personas que han vivido durante un periodo largo en 

el vecindario son más propensas a sentirse inseguros que los nuevos residentes 

(Rollwagen, 2016). 

Se sabe que las diferencias individuales en la sensación de inseguridad 

están fuertemente relacionadas por las características socioeconómicas de 

la colonia, de manera tal que el miedo expresado al delito mejora en 

relación con las características de los entornos en los que viven (Brunton‐ 

Smith y Sturgis, 2011). Así, hay un conjunto de variables sociales compartidas 

entre los habitantes de un espacio territorial e incluso se ha 

planteado que existe una cultura local de la inseguridad (Kessler, 2006). 

Esta sensación varía considerablemente en relación con el entorno 

construido en términos del diseño residencial, particularmente respecto 

a la prevención del delito a través del diseño ambiental (CPTED) que, se 

ha evidenciado, tiene un efecto más fuerte al influir en la sensación de 

inseguridad que otras formas de prevención (Sakip et al., 2018). En contraparte, 

hay aspectos espaciales que contribuyen a la estigmatización de 

un barrio como la propia ubicación física, la precarización de la vivienda 

y el bajo valor económico de la tierra (Pyszczek, 2012). 

También la sensación de inseguridad externa sobre la colonia se configura 

a partir de una evaluación que hacen las personas que no radican 

en ésta –con la información disponible– que tiene efectos directos en la 

configuración del vecindario. Los resultados de la investigación en Suecia 

de Ceccato y Wilhelmsson (2011) muestran que si el miedo y el 

vandalismo aumentan en la colonia se espera que los precios de los 

inmuebles disminuyan; con un precio implícito más alto para el miedo. 

En este sentido, las características de los vecindarios son determinantes 

fundamentales de cómo las personas perciben su riesgo ante la inseguridad


en la colonia, aunque la evidencia empírica es inconsistente (Brunton‐ 

Smith y Sturgis, 2011). 

Pero además de estos elementos, que podrían ser evaluados interna y 

externamente, se refiere que hay un estigma del barrio, como una zona 

insegura que se mantiene y se retroalimenta y, a su vez, esto tiene distintos 

efectos como la segregación de los espacios, la menor inversión en comercios 

y viviendas, entre otros (Pyszczek, 2012). Es decir, se contribuye a 

mantener el círculo de la estigmatización y la sensación de inseguridad. 

El incremento de los precios, en relación con las condiciones locales, 

corresponde al hecho de que las personas valoran mucho la seguridad de 

un vecindario cuando eligen un lugar para vivir (Ceccato y Wilhelmsson, 

2011). Implica que el poder adquisitivo sea una restricción para poder 

vivir en entornos más seguros, de tal manera que la sensación de seguridad 

se asocia como una condicionante de la calidad de vida en las viviendas 

a la que tienen acceso los estratos socioeconómicos más altos, cuyos 

barrios presentan menos espacios deteriorados que se relacionen con 

percepciones de insegurida

Revista EST número 64

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