Edicion 17 de Septiembre 2021

4 Viernes 17 de septiembre de 2021 Nacionales
Diario Co Latino
Organizaciones rechazan reformas
constitucionales por cambios en forma de gobierno
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Las Organizaciones defensoras
de Derechos
Humanos mostraron
su rechazo a las reformas de
la Constitución de la República,
promovida por el presidente
Nayib Bukele, mediante
la comisión ad hoc, pues no
cumple con los requisitos que
exige la ley, en especial porque
modifica las llamadas “cláusulas
pétreas”, al introducir cambios
significativos en el sistema
político y la forma de gobierno.
Saraí Molina, del Movimiento
de Unidad Sindical y
Gremial de El Salvador (MUS-
YGES), manifestó que en la reforma
se contempla la creación
de un Tribunal Constitucional
independiente de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), elimina el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), cuyas
funciones serían reasignadas a
un Instituto Nacional Electoral
y una Sala de lo Electoral.
Asimismo, dijo que la modificación
del artículo 189 de
la Constitución da competencia
exclusiva al Colegio de
Abogados y Notarios, como
la única instancia para proponer
candidatos a cargos de segundo
grado, entre ellos magistrados,
fiscal general, titular
de la Procuraduría General
de la República (PGR), Procuraduría
para la Defensa de Derechos
Humanos, entre otros.
“Nos oponemos en algunas
propuestas dado que su
aprobación implica graves retrocesos
a la garantía de derechos
e institucionalidad democrática,
como la eliminación
del artículo 85 de la
Constitución que prohíbe la
existencia de un partido único;
y deja abierta la posibilidad
en el artículo 7 de legalizar
a grupos armados más allá
del ejército y la Policía Nacional
Civil (PNC)”, afirmó.
Milagro Alvarado, de la
Colectiva feminista para el
Desarrollo Local, enfatizó que
de acuerdo al artículo 248 de
Las organizaciones se oponen a dichas reformas porque elimina el artículo 85 de la Constitución, que prohíbe la existencia de un partido
único; además deja abierta la posibilidad de legalizar grupos armados más allá del ejército y la PNC. Foto Diario Co Latino/ronaLD CastiLLo.
la Constitución, las reformas
constitucionales deben ser elaboradas
y presentadas al menos
por diez diputados de la Asamblea
Legislativa, no de forma
vertical desde la Presidencia de
la República.
“La propuesta que se ha dado
a conocer presenta modificaciones
en 215 artículos, suponiendo
prácticamente una nueva
Constitución que debería contar
con un amplio debate y consenso
social”, afirmó Alvarado.
Bessy Ríos, feminista y defensora
de derechos humanos,
hizo un llamado a la población
para oponerse a las propuestas
de reformas que suponen un
grave retroceso al sistema democrático,
y promover las acciones
necesarias que garanticen el ejercicio
pleno de los derechos fundamentales;
mediante procesos
amplios de participación, transparente
y progresivo que no
sean iniciativas directas del presidente
de la República, sino de
los diversos movimientos sociales
que han demandado sus derechos
durante décadas.
“Proponemos a la ciudadanía
iniciar un proceso de reformas
constitucionales del pueblo,
que garanticen mayores derechos,
participación democrática
y seguridad jurídica en lo
relativo a que toda persona tiene
derecho a la vida, integridad
física y moral, a la libertad, al
agua y saneamiento, al aire y
la alimentación de calidad, a la
protección de sus datos e información
personal, educación, seguridad,
trabajo y al respeto sus
derechos humanos contra cualquier
vulneración”, externó.
Otra de las propuestas es establecer
la imprescriptibilidad
de los delitos de lesa humanidad,
los cometidos contra la libertad
sexual, genocidio, crímenes
de guerra y crímenes por
odio; así como instituir para
personas trabajadoras un bono
económico resultante de las ganancias
de las empresas pagadero
en junio; ampliación del fuero
a personas candidatas a cargos
sindicales, así como el derecho
al reinstalo.
Entre tanto, la representante
del Movimiento de Mujeres
de Santo Tomás, Amalia López,
sostuvo que el presidente
Bukele, junto al partido Nuevas
Ideas y otros aliados, ha dado
muestra de desinterés por respetar
y promover el cumplimiento
de la Constitución, las leyes
y el Estado de Derecho, al invadir
la Asamblea Legislativa con
la Fuerza Armada y la PNC y
desobedecer las resoluciones anteriores
de la Sala de lo Constitucional.
“El partido bukelista y sus
aliados han destituido ilegalmente
a los magistrados de la
Sala de lo Constitucional y al
fiscal general de la República,
han aprobado una reforma que
invade funciones de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) y promueve
la jubilación obligatoria
de un alto porcentaje de jueces
y fiscales, sin que se cumpla el
debido proceso y violentando
derechos laborarles”, reiteró.
Además, la Asamblea Legislativa
controlada por un único
partido afín a los intereses del
presidente Bukele ha desconocido
el trabajo e iniciativas ciudadanas
en anteriores legislaturas,
al mandarlas al archivo sin
discusión ni análisis, dejando
así atrás años de lucha de los diversos
movimientos sociales del
país.
A criterio de Karla Guevara,
integrante del Colectivo Alejandría,
previamente a un debate
sobre reformas constitucionales
es necesario restablecer la institucionalidad
democrática en
el país, por lo que las organizaciones
demandaron el reinstalo
de los magistrados de Sala de lo
Constitucional y fiscal general de
la República.
Indicó que es necesario la derogación
de las reformas a la Ley
de la Carrera Judicial y Ley Orgánica
de la Fiscalía, que obliga la
jubilación y suprime el derecho
a la seguridad, estabilidad e independencia
a jueces y fiscales; derogación
de la “Ley Alabi”, que
da inmunidad a personas e instituciones
ante demandas por irregularidades
en compras o servicios
durante de la pandemia por
COVID-19. “Pedimos que la
FGR investigue los 12 casos que
comunicó la CICIES, por presuntas
acciones de corrupción
de funcionarios del actual gobierno;
además, la derogación
de las declaraciones de reserva
de información pública, en
la Asamblea Legislativa e instituciones
de gobierno; restitución
de funciones y autonomía
del Instituto de Acceso a la Información,
retirando propuesta
para declarar reservada la información
oficiosa de Ministerios
e instituciones públicas”,
exhortó Guevara.
Las organizaciones exigieron
ratificar la reforma constitucional
aprobada en la legislatura
2018-2021, a los artículos
2 y 69 de la Constitución que
reconocen el derecho a la alimentación,
derecho humano
al agua y su saneamiento constituyendo
un bien público. La
derogación de la Ley Bitcoin la
cual fue creada sin y frenar la
instalación de iniciativa de minería
informática bitcoin en El
Salvador.
Morena Herrera, feminista
y defensora de DD.HH, aclaró
que las organizaciones marcharon
este 15 de septiembre por
voluntad propia, sin ninguna
imposición, sino como una necesidad
de expresar sus demandas
del restablecimiento de la
institucionalidad democrática
al país.
Aseguró que fueron testigos
como grupos infiltrados en
la marcha pretendían provocar
desórdenes, en algunos casos lograron
frenar esa acción provocadora,
se desligaron de los disturbios
y daños que pudieron
haber causado, pues hay fotografías
de quienes cometieron
dichos actos.
Lamentó que el presidente
Bukele no muestre una posición
de escuchar las demandas
sociales de la ciudadanía, “es
una desconsideración a la gente
que con mucho sacrificio se
movilizó, y decir que llegaron
sin saber a qué iban; eso es despreciar
al pueblo que pretende
defender”, reiteró.