Edicion 02 de octubre 2021
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2 Sábado 2 de octubre de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
Justicia ambiental en riesgo ante
reforma a la Carrera Judicial
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
“Sin independencia judicial,
no puede existir
justicia ambiental”,
afirmó Amalia López,
al señalar la “indignación social”,
por las decisiones tomadas
por la Corte Suprema
de Justicia en pleno, contra
el mismo órgano Judicial,
al acatar un decreto legislativo
(144) que lesiona las garantías
laborales y personales de
jueces y magistrados del país.
López es integrante de la
Alianza Nacional contra la
Privatización del Agua, y que
junto a diversos colectivos sociales,
ambientales, mujeres
feministas, derechos humanos
y Pueblos Indígenas, reclamaron
el respeto al “Estado
constitucional y democrático”
que existía anteriormente
en el país.
El traslado de los magistrados
de la Cámara Ambiental
de San Salvador, Samuel Lizama
a la Cámara de lo Penal
de San Vicente y Cesia Romero,
a la Cámara de lo Civil de
Santa Ana, es considerado un
golpe al trabajo y compromiso
de ambos juristas con la
justicia ambiental.
“El Magistrado Samuel Lizama
fue el primer Juez Ambiental
de El Salvador, un
destacado jurista que se completa
con cualidades como
la integridad, honorabilidad
y compromiso con el medio
ambiente”, señaló López,
López agregó que las decisiones
que tomó a lo largo
de su gestión en casos emblemáticos
como en los casos
del Río Grande de San Miguel
(2019), al que giró “medidas
cautelares” al gobierno
central y municipal, para restaurar
el río Grande, es una
muestra del buen trabajo del
juez Lizama.
“Con el Río Sensunapán,
Diversos colectivos ambientales, derechos humanos y mujeres , exigen justicia ambiental. Foto Diario Co Latino/
ronaLD CastiLLo.
Sonsonate (junio 2021), resolvió
a favor de los derechos de las comunidades
indígenas y ambientales
al denegar el permiso ambiental
de ubicación y construcción
al proyecto Pequeña Central
Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco
II. Y en septiembre de
2021, el río Lempa inició de oficio
un proceso para dictar medidas
cautelares para erradicar
la contaminación del cuerpo de
agua”, argumentó López.
Asimismo, decretó medidas
cautelares a MIDES en febrero
del presente año, para habilitar
el relleno sanitario de Nejapa,
al problema de la basura
de la Alcaldía Municipal de
San Salvador. Y pedir al Ministerio
de Medios Ambiente y Recursos
Naturales la documentación
en el caso de Valle El Ángel,
para evaluar el estudio de impacto
ambiental.
“El traslado del Magistrado
Lizama es una represalia”, manifestó,
Adela Bonilla, de la Mesa
por la Soberanía Alimentaria, al
señalar que el funcionario ejercía
un trabajo jurídico profesional
al denunciar inconstitucionalidades
ilegales y arbitrarias.
“Advertimos que detrás de
esta decisión inconstitucional
hay un interés mezquino en contra
de todo el pueblo salvadoreño
del que se presume están para
proteger, y terminan favoreciendo
a sectores económicos que
buscan allanar el camino para
proyectos de inversión que atentan
contra el medio ambiente
con el fin de mercantilizar y degradar
los bienes ambientales”.
Señaló la ambientalista.
“Desconocemos el régimen
de selección y nombramiento de
los nuevos y nuevas magistradas
en la Cámara Ambiental de San
Salvador, que nos lleva a presumir
un alto grado de discrecionalidad
y ninguna garantía que
las personas escogidas sean necesariamente,
las más idóneas”,
sostuvo Bonilla.
Para Luis González, abogado
de UNES, estas acciones provenientes
del gobierno en la reforma
de la Carrera Judicial, obedece
a un fin de “desmantelar la
institucionalidad ambiental en
EL Salvador”, al considerar que
este tipo de decisiones solo terminarán
afectando a población
en general.
“El discurso oficialista (administración
Nayib Bukele), habla
del derecho humano al agua y
la no privatización; habla de la
protección a los bienes ambientales
pero hay entrega de permisos
ambientales sin consulta con
la población”, dijo.
“Entonces, no hay congruencia
de lo que se dice y se hace
en el territorio, no podemos
confiar si continúan dando permisos
ambientales o firmando
convenios como entidades públicas
con sectores privados por
los bienes naturales. Esto va en
menoscabo del ambiente y afecta
la calidad de vida de la población”,
consideró González.
Frente a esta situación, las
organizaciones están dispuestas
a dar protección y defender
todos los “mecanismos de protección
ambiental”, a fin de resguardar
las conquistas de las comunidades
y el movimiento social,
como son los tribunales
ambientales y la Cámara Ambiental.
“Exigimos a la Corte Suprema
de Justicia, que los Magistrados
de las Cámaras Ambientales
regresen a sus funciones
de inmediato. Porque no había
justificación para su traslado
porque no sobrepasan ni la
edad, ni el tiempo de trabajo, y
con eso se evidencia la vulneración
al principio de independencia
judicial que es un elemento
fundamental de la democracia
moderna es un Estado
constitucional de derecho”,
reafirmó González.
Mientras, Omar Flores, abogado
de FESPAD, que este movimiento
pretende beneficiar a
sectores económicos poderosos
quienes impulsan proyectos
que hacen del medio ambiente
una mercancía o moneda
de cambio.
“En principio, como organizaciones
sociales, sabemos
hay una afectación directa con
la remoción del magistrado y
magistrada, porque estaban resolviendo
casos emblemáticos
y claro se verán posiblemente
afectados, más que todo por
los cambios en las líneas jurisprudenciales,
de los nuevos
funcionarios”, consideró.
“Hacemos referencia a resoluciones
como el que protege
al río Sensunapan, en el departamento
de Sonsonate, donde
la población indígena se encuentra
esperando justicia. Y si
este caso cae tras el cambio de
magistrados, es obvio que habrá
un impacto negativo a las
comunidades.
“Porque los bienes ambientales
como el río Sensunapan,
no solo es el agua, también
conlleva los bienes culturales
que se verán afectados
porque ellos, han estado reclamando
justicia por la herencia
ancestral, también y estos sería
un ejemplo, de como se verían
afectados”, puntualizó Flores.