BOLETIN NOVIEMBRE

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Boletín Informativo

C/ Don Pedro Alfonso, 3 06400 Don Benito 924 81 09 23 924 80 80 10

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO

MINORISTA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL - SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO

FINALIDAD: Fortalecer y consolidar el tejido empresarial del comercio extremeño a través de la modernización, accesibilidad

universal y mejora de la eficiencia energética de sus establecimientos comerciales, a fin de impulsar el equilibrio territorial de los

comercios.

DESTINATARIOS: Las personas físicas o jurídicas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las

comunidades de bienes y cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado aun careciendo de personalidad jurídica

propia.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Del 26 de octubre de 2021 al 25 de octubre de 2022.

REQUISITOS:







Que constituyan una pequeña y mediana empresa comercial que ejerza una de las actividades comerciales minoristas

detalladas en el Anexo A con carácter principal.

Si en el establecimiento comercial se desarrollan actividades elegibles y no elegibles, tendrá el carácter de principal la actividad

que suponga un mayor porcentaje de facturación. El solicitante deberá indicar cuál es la actividad principal de la empresa en

el apartado correspondiente de la solicitud. No obstante, el órgano gestor podrá solicitar la información adicional que considere

necesaria para su verificación.

No será necesario que la actividad minorista elegible tenga el carácter principal, si está claramente diferenciada dentro del

local, en cuyo caso únicamente serán elegibles la adquisición de mobiliario y equipamiento comercial específico para la sala

de ventas, indicados en los apartados segundo y cuarto del artículo 3.1. a). del Decreto regulador de las ayudas.

Que el establecimiento comercial para el que se solicita la ayuda esté ubicado dentro de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

Además, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para ser beneficiario de la ayuda, el importe mínimo de la inversión aprobada deberá ser de al menos de 1.500 euros.

CUANTÍA:



Las ayudas reguladas en el presente decreto consistirán en una subvención del 50% de los gastos elegibles, con un límite

máximo global de ayuda por establecimiento de 30.000 euros.

En el caso de que el proyecto incluya inversiones en mejora de la accesibilidad, la intensidad de la ayuda será de un 60%. El

límite máximo de ayuda por establecimiento seguirá siendo de 30.000 euros.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

a) Adecuación local comercial

b) Sistemas de fidelización de clientes

c) Eficiencia energética

d) Gastos en publicidad

e) Gastos en la contratación de servicios profesionales para el asesoramiento en marketing en punto de venta, para la mejora de

la reputación digital, para diseño de tienda y escaparatismo

f) Accesibilidad universal

g) Inteligencia Artificial. Gastos en Inteligencia Artificial aplicada al comercio dirigido a la captación de clientes y la mejora de la

experiencia de compra

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SOLICITE UNA VIDEOCONFERENCIA

NUEVO SERVICIO ONLINE PARA LOS CLIENTES DE ASESORÍA CASADO

ASESORÍA CASADO ofrece a sus clientes de forma gratuita la posibilidad de solicitar una videoconferencia con

su asesor mediante un dispositivo digital, móvil o PC.

Para ello, debe acceder a la web www.asesoriacasado.com, apartado “ASESORÍA ONLINE” y rellenar el

formulario.

Una vez completado, nos pondremos en contacto con el cliente para poner en marcha la videoconferencia.

PUBLICADO EL CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA 2022

Además de estas ocho festividades nacionales no sustituibles (comunes), las comunidades autónomas han podido

trasladar el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) y el 25 de diciembre (Navidad) que para 2022 coinciden en domingo.

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LOS PROCESOS

DE RELEVO EMPRESARIAL PARA 2021

A través del Diario Oficial de Extremadura (DOE), la convocatoria de ayudas para promover la continuidad de las pymes de

Extremadura mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial para la anualidad 2021

Estas ayudas, dirigidas a favorecer la continuidad de las pymes extremeñas, irán

destinadas a financiar proyectos para el desarrollo de protocolos de empresa familiar y

para planes de relevo a trabajadores de la empresa.

Podrán ser beneficiarias las pymes, empresas que ocupan a menos de 250 personas y

cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance

general anual no exceda de 43 millones de euros, con centro productivo en Extremadura.

Se subvencionará el 80 por ciento de los gastos de consultoría externa especializada

para la elaboración del Protocolo de Empresa Familiar o del Plan del Relevo a

trabajadores de la empresa y los gastos notariales y, en su caso, registrales que se pudieran generar.

No obstante, para empresas con menos de diez trabajadores, el gasto máximo subvencionable será de 6.000 euros, con diez

y menos de 50 trabajadores será de 8.000 euros y con 50 o más trabajadores, 10.000 euros.

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta.

El crédito previsto en la presente convocatoria asciende a 300.000 euros divididos en dos anualidades, 2021 y 2022 y las

actuaciones serán confinadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura al 80 por ciento.

El plazo para presentar solicitudes comienza el viernes 8 de octubre y finalizará una vez transcurridos 30 días naturales (el

8 de noviembre de 2021).

DÍAS, MESES O AÑOS ¿CUÁNTO TIEMPO DEBE CONSERVAR

LA DOCUMENTACIÓN DE SU EMPRESA?

Los plazos de conservación de la documentación pueden ser distintos en función de su índole: mercantil, tributaria, laboral…

En su empresa a diario se crean o reciben diferentes tipos de documentos: facturas, contratos, nóminas, libros de

contabilidad… Muchos de ellos deben ser conservados por imposición legal. Sin embargo, no todos tienen que cumplir con

los mismos tiempos. El Código de Comercio, las normas fiscales y laborales, la regulación específica sobre el blanqueo de

capitales, sobre protección de datos o subvenciones establecen las condiciones de custodia de cada tipo de documento.

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Veamos cuáles son:

Según el Código de Comercio

El artículo 30 del Código de Comercio, establece la obligación de conservar durante 6 años los libros obligatorios (diario,

inventario y cuentas anuales y en su caso, libro de actas, registro de acciones nominativas y de socios), así como los no

obligatorios (por ejemplo, el mayor, los registros de IVA, etc.), además de la documentación y justificantes en que se soporten

las anotaciones registradas en los mismos (facturas emitidas y recibidas, tickets, facturas rectificativas, documentos bancarios,

etc.). El término fijado empieza a contar a partir del último asiento realizado.

Otros plazos

Hay otros documentos que, aunque no tengan plazo específico de custodia legal, es recomendable guardar. Por ejemplo, los

referidos a:

• Préstamos: Hasta que sean devueltos

• Garantías: Hasta que se hayan cancelado

• Bienes de inversión: Hasta que se haya cumplido el plazo de regularización del IVA (puede llegar a los 9 años)

• Bases Imponibles Negativas: Hasta pasados 4 años desde su compensación

La documentación a conservar debe ser original. Las copias no tendrán validez legal en caso de ser requeridas por la

Administración. En cuanto a la forma de mantenimiento, los archivos pueden guardarse tanto en papel como en formato

electrónico. El único requerimiento es que se garantice su autenticidad, integridad y legibilidad. Además, la Administración debe

poder acceder a ellos de forma rápida, sin que se produzca ningún retraso desde que se solicita.

Según normativa tributaria

Por regla general, la Ley General Tributaria marca un plazo de cuatro años para guardar los archivos. El período empieza a

contar desde que finaliza el plazo voluntario de presentación de cada impuesto. Este es el tiempo en el que la Agencia Tributaria

puede solicitar su revisión.

Tenga en cuenta además que, la prescripción del derecho a liquidar fijada en cuatro años no afecta al derecho de investigación

(artículo 66.bis LGT). Salvo en los supuestos de créditos fiscales, se consagra la imprescriptibilidad del derecho de

comprobación de la Administración referido a períodos ya prescritos, cuando los mismos tengan eficacia en ejercicios no

prescritos (artículo 115 LGT).

Por ejemplo, si un bien se amortiza en 15 años, deberá conservar su factura de compra no durante cuatro años, sino hasta los

cuatro años siguientes al último periodo en que se aplicó la amortización, es decir, durante 19 años.

Igualmente, con las modificaciones introducidas en 2015, el plazo de prescripción para la comprobación de las bases imposibles

y las deducciones es de 10 años desde la presentación de la declaración en que se generaron. Esto es, para los ejercicios en

que se disfrutaron de tales incentivos, el plazo de prescripción no es de cuatro sino de diez años, salvo que el último ejercicio

de aplicación ya haya prescrito. Lo mismo sucede con las pérdidas fiscales, cuyo plazo comenzaría a contar desde que la

empresa haya compensado dichos créditos fiscales.

No atender un requerimiento obligatorio de información puede suponer una sanción del 2% de la cifra de negocios del infractor,

con un mínimo de 10.000 euros.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre

Infracciones y Sanciones en el orden social.

El plazo de prescripción de las infracciones en el ámbito laboral es de tres años, mientras que las relacionadas con la seguridad

social prescriben a los cinco años. (art. 4 RDl 5/2000)

La documentación a conservar se circunscribe en materia de filiación a bajas, justificantes de pagos salariales, contratos de

trabajo o registros de jornada laboral. Este último tras la reforma del art. 34 del Estatuto de los Trabajadores introducida con

efectos desde el 12 de mayo de 2019 por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de lucha contra la precariedad laboral en

la jornada de trabajo.

"El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro

años".

Según el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril,

de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La obligación genérica de conservación se establece durante un plazo de diez añosEn su artículo 18 explica que en las

operaciones de compraventa minorista las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos y

las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades) procederán a la identificación formal del

cliente ya la conservación de la documentación

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En su artículo 25 incluye también a los sujetos obligados a examen especial.

Artículo 25. Examen especial.

1. El proceso de examen especial se realizará de modo estructurado, documentándose las fases de análisis, las gestiones

realizadas y las fuentes de información consultadas. En todo caso, el proceso de examen especial tendrá naturaleza

integral, debiendo analizar toda la operativa relacionada, todos los intervinientes en la operación y toda la información

relevante obrante en el sujeto obligado y, en su caso, en el grupo empresarial.

2. Concluido el análisis técnico, el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión adoptará, motivadamente y sin

demora, la decisión sobre si procede o no la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión, en función de la

concurrencia en la operativa de indicios o certeza de relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el procedimiento de control interno del sujeto obligado podrá prever que la

decisión sea sometida, previamente, a la consideración del órgano de control interno. En estos casos, el órgano de control

interno adoptará la decisión por mayoría, debiendo constar expresamente en el acta, el sentido y motivación del voto de

cada uno de los miembros.

Las decisiones sobre comunicación deberán responder, en todo caso, a criterios homogéneos, haciéndose constar la

motivación en el expediente de examen especial.

En aquellos supuestos en que la detección de la operación derive de la comunicación interna de un empleado, agente o

directivo de la entidad, la decisión final adoptada sobre si procede o no la comunicación por indicio de la operación, será

puesta en conocimiento del comunicante.

3. Los sujetos obligados mantendrán un registro en el que, por orden cronológico, se recogerán para cada expediente de

examen especial realizado, entre otros datos, sus fechas de apertura y cierre, el motivo que generó su realización, una

descripción de la operativa analizada, la conclusión alcanzada tras el examen y las razones en que se basa. Asimismo, se

hará constar la decisión sobre su comunicación o no al Servicio Ejecutivo de la Comisión y su fecha, así como la fecha en

que, en su caso, se realizó la comunicación.

4. Los sujetos obligados conservarán los expedientes de examen especial durante el plazo de diez años.

En su artículo 42 sobre fundaciones y asociaciones hace referencia a la obligación de conservar durante un plazo de diez

años los documentos o registros que acrediten la aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.

Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Antes de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) los documentos, que contenían datos

personales de clientes, trabajadores o proveedores, no tenían un plazo de destrucción estipulado, pero a partir de su

aprobación se obliga a las empresas a establecer una fecha a partir de la cual estos documentos deben ser eliminados de

forma segura.

No se indica un plazo de conservación de forma expresa, sino que, los datos deberán ser cancelados si la finalidad con la

que fueron recogidos se ha cumplido y no pesa ninguna obligación pendiente para el afectado.

Según la normativa o sector del que estemos hablando, los plazos de conservación de los datos personales pueden variar.

Por ejemplo:

- Los expedientes generados por un abogado o procurador Se deben conservar al menos durante 5 años ya que es el plazo

en el cual se podrán ejercitar responsabilidades profesionales.

- Los expedientes de mediación en asuntos civiles y mercantiles se han de conservar, como mínimo 4 meses

- Las imágenes/sonidos captados por los sistemas de videovigilancia serán cancelados en el plazo máximo de 1 mes desde

su captación. Salvo que en las grabaciones se aprecien infracciones penales o administrativas graves o muy graves que

no se podrán eliminar.

- Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos, durante 3 años, incluidas las imágenes

grabadas. No obstante, lo datos estarán debidamente bloqueados.

Y, finalmente, si ha sido beneficiario de alguna ayuda o subvención no olvide que deberá conservar los documentos

justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos.

Si la subvención se financia con participación de fondos europeos, el plazo es de tres años a partir del 31 de diciembre

siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación

Una buena manera de asegurarse que se cumple con los plazos es determinar la senda financiera (período de tiempo en

el que se mueven los fondos europeos) a la que corresponden los fondos recibidos.

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