INESA-REVISTA

Fondos de agua
para financiar la
conservación
Leonardo Lenin Banegas Barahona
Doctorante del Programa de Doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil en la Escuela Nacional de Protección civil (ENAPROC) en Chiapas, México
La conservación de las Zonas de Reserva Forestal,
que es una categoría de áreas protegidas, en
donde se ubican áreas productoras de agua en las
microcuencas, ha representado un reto y desafío
importante en la gestión del ecodesarrollo, en
gran parte debido a la presencia ancestral de seres
humanos, en el territorio, derivado de procesos de
migración interna, y quienes desarrollan medios
de vida (agricultura, ganadería), con prácticas que
amenazan la conservación de los ecosistemas como
los bosques nublados, en donde se desarrolla el
fenómeno biofísico de la nucleación que facilita
el tránsito del vapor de agua en punto de rocío al
estado líquido y que ello ingrese como ganancia en
el ciclo hidrológico.
Frente a ello y sabiendo que la producción de agua,
es un bien de interés público y además patrimonial,
se ha especificado la necesidad de disponer de
recursos financieros que faciliten la conservación
de zonas prístinas, como también del recambio de
áreas que han sido colonizadas por la agricultura y
ganadería, con una tendencia deseable al desarrollo
de industrias de productos no maderables del
bosque, ecoturismo, intensificar la agricultura
mediante agricultura protegida y otras tecnologías
emergentes.
Al analizar los registros históricos, se ha pasado por
una serie de modelos que faciliten el financiamiento
para la conservación:
Un primer modelo, consistió en que la conservación
del ambiente es una responsabilidad del Estado,
y que, por tanto, este debe de reservar recursos
financieros del presupuesto público, que depende
de los tributos nacionales y locales, bajo lo cual es
posible si se reserva y aprueba, financiar acciones
de conservación, dentro de este esquema se
encuentran planes, programas y proyectos para
el manejo, uso público, con responsabilidad en
las autoridades competentes de la conservación
forestal, como también de los gobiernos locales. Se
observa que estos mecanismos se han implementado
en América Latina desde la década de 1960 hasta el
presente, con el gran riesgo de que no siempre los
presupuestos indicativos de los planes de manejo,
son reservados, ejecutados, no contándose siempre
con evidencia que permita identificar los avances,
logros y resultados, mediante el seguimiento,
monitoreo y evaluación tanto de los presupuestos,
como de las acciones técnicas.
Un segundo modelo, que se comienza a implementar
en América Latina y en Honduras en particular, son
los pagos por servicios ecosistémicos, que involucra
internalizar el valor patrimonial de la naturaleza
en la economía, por lo que el financiamiento a la
conservación de las Zonas de Reserva, se incluye
como una tasa dentro del cobro o tarifa por el uso
del recurso en este caso las facturas por el servicio
de agua potable y alcantarillado, la responsabilidad
de la conservación es financiada por la ciudadanía,
usuarios de dicho servicio. Este mecanismo ha
supuesto barreras en el orden de incidir en la reforma
del marco legal, para lograr que este mecanismo sea
permitido, lo cual no siempre ha ocurrido.
El tercer momento, se fundamenta en el creciente
movimiento de Responsabilidad Social Empresarial,
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