Edicion 19 de noviembre 2021

2 Viernes 19 de noviembre de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
CIDH ve con preocupación
la militarización de El Salvador
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Observatorio
Universitario de
Derechos Humanos
de la Universidad Centroamericana
José Simeón
Cañas (UCA) presentó el
“Informe de País de la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
sobre la situación de los Derechos
Humanos en El Salvador”,
entre las que destacó
la preocupación de la CIDH
porque el Estado salvadoreño
ha ido perdiendo la ruta
trazada sobre las limitaciones
que debe tener la Fuerza
Armada, que se acordaron
tras la firma de la Paz
en 1992.
El padre José María Tojeira,
director del Instituto
de Derechos Humanos
de la UCA, comentó que la
CIDH hace un recuerdo sobre
los problemas morales
éticos del país desde la perspectiva
de los derechos humanos.
“La CIDH nos da
una descripción que nos llama
a la acción con los sectores
más desposeídos de derechos
en nuestro país. No
podemos pensar en un país
de futuro decente, si no
nos comprometemos con el
cumplimiento de los derechos
humanos, sobre todo,
las poblaciones más excluidas’’,
expuso.
Julissa Mantilla, vicepresidenta
de la CIDH, habló
sobre el informe en materia
de derechos humanos en El
Salvador, el cual es producto
de la visita “in loco” que se
realizó a finales de 2019 y el
monitoreo constante que la
comisión realiza. Con base
a los hallazgos se han elaborado
50 recomendaciones
Foto Diario Co Latino/Archivo.
al Estado Salvadoreño, que están
enfocadas en las obligaciones
internacionales que El Salvador
tiene al ser parte de sistema
Interamericano.
La Comisión ubicó 7 capítulos
dentro del informe que
tienen que ver con: seguridad
ciudadana, memoria verdad
y justicia, la situación de grupos
particulares como las personas
privadas de libertad, la situación
de los derechos de las
mujeres y población LGBTI, las
personas defensoras de los derechos
humanos.
El informe incluye también
una preocupación “constante y
creciente” de la CIDH en materia
de derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales,
así como de libertad de expresión.
Mantilla informó que la Comisión
encontró “con sorpresa
el enorme incremento” de personas
desaparecidas en El Salvador.
“Solo en 2019, la FGR
registró 3,030 denuncias de
personas desaparecidas”, pero,
además, se recogió la preocupación
de familiares por obstáculos
al momento de presentar
las denuncias, así como la demora
en las investigaciones correspondientes.
Situación que poco ha cambiado
hasta noviembre 2021,
ya que en las instituciones de
seguridad que son las encargadas
de recibir las denuncias de
los desaparecidos, hacen esperar
a las familias las 72 horas
para hacer los trámites y empezar
con la búsqueda de las personas
desaparecidas, al menos
así se dejó ver con el caso de
los hermanos Guerrero Toledo,
que la madre fue a poner la denuncia
a las 6 horas de no saber
de ellos y la PNC no quiso
tomar su declaración, si no
hasta horas después. La Fiscalía,
hasta mediados de octubre
reporta casi las 1,200 personas
desaparecidas.
Hablando sobre el Plan
Control Territorial, Julissa
Mantilla sostuvo que, si bien
las Fuerzas Armadas han tenido
una participación “prácticamente
ininterrumpidas” después
de los Acuerdos de Paz en
materia de seguridad ciudadana,
“en la última década este involucramiento
se ha incrementado,
lo que ha dado lugar, sin
duda, a una militarización de
facto, lo cual nos preocupa mucho”,
comentó la vicepresidenta
de la CIDH.
En ese sentido, sostuvo que
la seguridad ciudadana debe
corresponderle a la PNC, mientras
que de forma extraordinaria
y de forma gradual y subordinada
también a la FAES.
Misma opinión compartió
Sonia Rubio, oficial de Programa
Senior de la Fundación
para el Debido Proceso, quién
mostró su preocupación por el
incremento de efectivos militares
a través de los años, para garantizar
la seguridad ciudadana,
ya que es una tarea de los
agentes civiles.
“En 1992 se firmaron los
Acuerdos de Paz, y un punto
central y específico de estos
acuerdos era contener y extraer
a las fuerzas militares adentro
de los cuarteles y sacarles todas
las funciones vinculadas en temas
de seguridad pública. No
obstante, dado algunos inconvenientes
con la nueva Policía
Nacional Civil, lamentablemente
se recurrió desde muy
temprano del proceso de
transición en El Salvador a
la utilización de los efectivos
militares en algunas tareas
de seguridad, desde entonces,
lejos de contenerse
la utilización, a lo largo de
los años, incluso en la última
década, este número ha
ido incrementado considerablemente”,
destacó Sonia
Rubio.
A esto se le suma también,
la fecha que quedó en
la historia reciente de El Salvador,
cuando el presidente
de la República, Nayib
Bukele, junto con elementos
de la Fuerza Armada intentaron
dar un golpe a la
Asamblea Legislativa. Ese 9
de febrero de 2020 que nunca
en la historia del país, habían
entrado (por la fuerza)
efectivos militares a un órgano
de Estado por órdenes de
una persona. Muchos personajes
afirmaron que, incluso,
ni en los tiempos de
la guerra se había dado tal
acto.
En el tiempo reciente, el
presidente de la República,
Nayib Bukele, prometió duplicar
los efectivos militares,
llegando a un aproximado a
40 mil soldados. Esto bajo la
excusa de la fase 4 del Plan
Control Territorial.
“No solo nos preocupa el
incremento numérico, sino
el aumento de las funciones
que los militares están asumiendo
en la vida de los salvadoreños,
ya no solamente
se están involucrando en temas
de seguridad, sino, también,
para atender desastres
naturales o incluso otro tipo
de crisis como, por ejemplo,
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