BOLETIN DICIEMBRE

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Boletín Informativo

C/ Don Pedro Alfonso, 3 06400 Don Benito 924 81 09 23 924 80 80 10

PUBLICADAS LAS MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU)

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU,

siendo las modificaciones principales las que siguen:

Se adapta el Impuesto a la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional cuando la cuota del

Impuesto era superior a la plusvalía generada

Se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún caso

resultar contraria al principio de capacidad económica, estableciéndose un supuesto de no sujeción en el nuevo apartado 5

en el artículo 104, con la siguiente redacción:

«5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de

incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

(...)

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el

mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el

que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria».

Introducción de un nuevo método de cálculo basado en la plusvalía real generada

El nuevo método de cálculo se introduce en el nuevo artículo 104.5 del TRLHL anteriormente reproducido, por la diferencia

entre el valor de transmisión y adquisición, y su aplicación se configura conforme al artículo 107.5 del TRLHL que dispone:

«5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del

incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores —

método de cálculo objetivo— de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor».

El sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto se convierte, por tanto, en un sistema optativo, que

solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso del nuevo método de cálculo.

Se determina la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja la base imponible del Impuesto

hasta en un 15 por ciento

Se modifica el apartado segundo del artículo 107 del TRLHL para introducir la posibilidad de graduación de los

Ayuntamientos:

«2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a

aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los

procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de

efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,

establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del

devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando

el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el valor señalado en los párrafos anteriores

que pondere su grado de actualización, con el máximo del 15 por ciento».

Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables por unos coeficientes máximos establecidos en

función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno

Se modifica el coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo que se gradúa para cada año con

un máximo independiente que será el aprobado cada año por el Ministerio de Hacienda en norma con rango legal.

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Los coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo

dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.

Para los casos donde, derivado del supuesto de no sujeción anterior, no se determine cuota a pagar,

se establece un mecanismo de comprobación para los Ayuntamientos

Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 8 en el artículo 110, que quedan redactados de la siguiente forma:

«4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el

ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas

autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los

efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se

han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o

cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el

artículo 107.2.a), párrafo tercero.

(...)

8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales

colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5,

pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración».

Gravamen de las plusvalías generadas en un período de tiempo inferior al año

La modificación del apartado 4 del artículo 107 del TRLHL establece también la tributación de las plusvalías generadas

en un período de tiempo inferior al año prorrateando el coeficiente aplicable a la parte del año en que se genera:

«4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho

incremento. En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del

incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos

de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. En el cómputo del número de

años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de

generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin

tener en cuenta las fracciones de mes».

Se establece un período transitorio para la adaptación de la normativa de seis meses a partir de la

entrada en vigor de la norma

Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de

noviembre, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.

Hasta que entre en vigor resultará de aplicación lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de

la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la nueva redacción del artículo 107.4 del texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, produciéndose la entrada en vigor el día siguiente al de su

publicación, es decir, el 10 de noviembre de 2021.

Fuente: Iberley

ATENCIÓN: LOS DENUNCIANTES DE SU EMPRESA DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS A

PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE

¿Cómo? Según las Directrices que la Unión Europea ha establecido para proteger a trabajadores por cuenta propia o ajena,

funcionarios y empleados del sector público, así como exempleados y personas que, aunque todavía no hayan comenzado

a prestar servicios, conocen irregularidades denunciables.

El próximo 17 de diciembre termina el plazo concedido para aprobar una ley sobre normas y procedimientos de protección

de denunciantes de corrupción en todos y cada uno de los estados de la Unión Europea. Se avecinan cambios legislativos

de calado: en el caso español, habrá que modificar la normativa de protección de datos y algunos artículos del Código Penal,

entre otras reformas. La Directiva 2019/1937 se aplicará a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que

hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo a:

a) las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, incluidos los

funcionarios;

b) las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido del artículo 49 del TFUE;

c) los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos

los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración;

d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

e) los exempleados que revelen o informen sobre infracciones cometidas durante el periodo de vigencia de su contrato

f) los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones

haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

Las empresas con más de 50 empleados tendrán que crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias y mantener

la confidencialidad de los denunciantes. Las normas también se aplicarán a las administraciones públicas (a municipios de

más de diez mil habitantes), que deberán establecer canales de notificación externos e independientes dejando a los

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denunciantes elegir entre uno u otro de los cauces. La Directiva contempla, además, la posibilidad de revelar la información

en los medios de comunicación, en caso, por ejemplo, de no adopción de los procedimientos adecuados tras la notificación,

o por peligro manifiesto o daño irreparable para el interés público. También auxilia a quienes sirvan de fuentes a los

periodistas de investigación.

Ámbito

La Directiva se centra en los siguientes temas:

- Adjudicación de contratos públicos;

- Servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;

- Seguridad de los productos;

- Seguridad de los transportes;

- Protección ambiental;

- Seguridad tecnológica nuclear;

- Seguridad de los alimentos y de los piensos para animales, salud y bienestar de los animales;

- Sanidad pública;

- Protección de los consumidores;

- Protección de la privacidad, de los datos de carácter personal, y seguridad de las redes y sistemas de información.

¿Qué empresas están obligadas a implementar un canal de denuncias?

• Las empresas que tengan 50 trabajadores o más.

• Las empresas que obtengan un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros.

• Todas las que se encuentren en el sector de los servicios financieros y puedan sufrir riesgos relacionados con blanqueo de

capitales o financiación del terrorismo.

En el sector público:

• El Estado

• Las administraciones regionales y provinciales

• Otras entidades de derecho público

• Los municipios de más de 10.000 habitantes.

Plazos

Si su empresa opera en la UE y emplea a 250 personas o más, tienes hasta el 17 de diciembre para cumplir con el plazo y

ponerse al día respecto de las exigencias de la Directiva de Protección al Denunciante. Las organizaciones con 50 a 249

empleados también estarán sujetas a la nueva ley, pero tendrán dos años más para adaptarse y cumplir con los requisitos.

Condiciones para la protección de los denunciantes

Para gozar de protección, el denunciante deberá tener motivos razonables y demostrar que la información que facilita es

verídica. Queda excluido de amparo quien denuncia de forma malintencionada, frívola o abusiva o con información incorrecta

o engañosa, quien aporta información que sea disponible para el público y los sujetos que apelen a rumores o habladurías

no confirmados y sin prueba alguna. En caso de denuncias anónimas, el denunciante, posteriormente identificado, que sufra

represalias deberá ser protegido.

Confidencialidad

La tutela de la confidencialidad del whistleblower es vital para la eficacia del nuevo sistema y por ello, entre otras, se prevén

las siguientes medidas:

• La obligatoriedad de canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de la identidad del alertador, si este lo desea.

• La posibilidad de control y seguimiento del estado de la denuncia por parte del alertador, aunque este haya decidido

permanecer anónimo.

• La imposición de acuse de recibo de la empresa u organización en un plazo de siete días a partir de la recepción de la

denuncia.

• La exigencia de Feedback al alertador dentro de los tres primeros meses después de recibir la denuncia.

Prohibición de represalias

De acuerdo con la nueva norma, los Estados miembros deberán garantizar que los denunciantes tengan acceso a información

y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los

procedimientos.

Las represalias serán sancionadas con rigor. Y si a pesar de ello, los alertadores las sufren, contarán con los recursos

adecuados para protegerse. Por ejemplo, y entre otras, dispondrán de medidas provisionales para detener el acoso laboral

o evitar el despido y también se beneficiarán de la inversión de la carga de la prueba, de modo que corresponda a la persona

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que adopta medidas contra un denunciante demostrar que no está tomando represalias contra el acto de denuncia de

irregularidades. Asimismo, se contempla que, durante los procedimientos judiciales, los denunciantes de corrupción puedan

recibir soporte financiero y psicológico.

Sanciones económicas

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán

sanciones que podrán ser graves o muy graves:

Hasta 50.000 Euros: Sanciones muy graves

• Impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia

• No cumplir con el derecho de confidencialidad del alertador

• Practicar cualquier represalia

Hasta 25.000 Euros: Sanciones graves

• No disponer de un canal de denuncia interno

• Contar con un canal de denuncias interno sin garantías de confidencialidad

• No designar a una persona responsable para la recepción de las denuncias

• No revisar periódicamente el procedimiento de denuncia interno

Todavía está a tiempo de evitar problemas. Aunque la legislación sobre protección al denunciante aún no esté claramente

definida en España, puede empezar a tomar decisiones:

1. Instaure un canal seguro para recibir denuncias.

2. Nombre a un empleado o departamento imparcial para hacer el seguimiento a dichos informes.

3. Tenga en cuenta que debe proporcionar al denunciante acuse de recibo en un plazo de siete días.

4. Establezca un registro de cada denuncia, bajo el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

5. Estudie y proporcione al denunciante el feedback correspondiente sobre el seguimiento realizado en los tres meses

siguientes a la recepción de la denuncia.

EL GOBIERNO ELEVA UN 20% LAS CUANTÍAS DE LAS

MULTAS LABORALES A LAS EMPRESAS

El Gobierno está aumentando la presión a las empresas en su lucha contra el fraude en las relaciones laborales, en la

prevención de riesgos en el trabajo y en materia de Seguridad Social. Por lo tanto, el Ejecutivo elevará un 19,9% la cuantía

de las sanciones a las empresas por infracciones en todas esas materias y, en definitiva, por infringir la ley en el Orden Social.

El Ministerio de Trabajo ha decidido actualizar las cuantías de las multas a las empresas, que estaban congeladas desde

2007. Para ello, han utilizado como referencia la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde el 1 de enero de

2007 al 31 de diciembre de 2019, y el incremento es del ya citado 19,9%.

En este contexto, las sanciones de carácter muy grave en la prevención de riesgos laborales son las más altas de todas. Por

ejemplo, actualmente, la sanción, en su grado mínimo, va desde 40.986 a 163.955 euros. Desde 163.956 a 409.890, en su

grado medio, y desde 409.891 a 819.780 euros, en su nivel más grave. A partir del próximo año, las multas por infracciones

muy graves se elevarán a las siguientes cantidades: desde 49.141 a 196.580 euros, en su grado mínimo. Desde 196.581 a

491.455 euros, en su grado medio, y desde 491.456 a 982.915 euros. Es decir, que una infracción muy grave en la prevención

de riesgos laborales puede suponer para una empresa una multa de casi un millón de euros.

En materia de Seguridad Social, las infracciones muy graves con las multas en su grado mínimo, pasarán desde los 6.251

euros a 25.000 euros, vigentes ahora, a una horquilla entre 7.491 y 29.975 euros. Si ahora, en su grado medio, la multa

comprende entre 25.001 y 100.005 euros, a partir del 1 de enero, será de 29.976 a 119.905 euros. En su grado máximo, la

sanción pasará a estar comprendida entre 119.906 y 224.830 euros. Actualmente, la multa más elevada por esta razón está

entre los 100.006 y los 187.515 euros.

Hay que tener en cuenta además que, en algunos casos, el nuevo reglamento mantiene las siguientes sanciones adicionales.

Por ejemplo, cuando el empresario da trabajo a una persona sin darle de alta en la Seguridad Social y que, a su vez, cobra

una pensión o una prestación por desempleo. En ese caso, la multa aumentará un 20% por cada dos trabajadores en situación

irregular. Un 30%, por cada tres. La cuantía de la sanción aumentará un 40%, cuando se trate de cuatro trabajadores en

situación ilegal, y un 50%, a partir de cinco o más trabajadores.

Por infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, la cuantía de las sanciones será la misma por los delitos

contra la Seguridad Social. Por ejemplo, por el impago y los retrasos reiterados en el pago del salario del trabajador. O hacer

un despido colectivo sin respetar los procedimientos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. También por acoso

sexual o los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores.

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