El día que murió mi madre

El día que murió mi madre
Este artículo cuenta la historia de mi familia, de la que hacen parte varios servidores de
la salud. Juntos vivimos el dolor de la muerte de nuestra madre, Mariela, en un hospital
de Quito, Ecuador, justo en uno de los picos del covid-19, en marzo de 2021. Fueron
muchas las dificultades que atravesamos, pues mi madre no recibió una atención
oportuna. Nuestra experiencia muestra la realidad que vivió el país durante la pandemia.
Por Sofía Meneses *
Mariela era mi madre. El viernes 19 de marzo de 2021 su saturación de oxígeno en sangre
estaba por debajo de lo establecido como normal para su edad. Esa noche ingresó al
hospital IESS Quito Sur, ubicado al sur de Quito, la capital de Ecuador. En ese momento,
la doctora que decidió internarla le dijo: “usted llega a tiempo, casi no hay camas. Se
quedará unos dos días y volverá a casa”. Esa fue la última vez que mi madre tuvo contacto
con su familia. Ella murió la tarde del viernes 26 de marzo de 2021.
Mariela era una mujer fuerte. Se había jubilado en el 2017, después de servir por más de
35 años en un hospital público de Quito como auxiliar de enfermería; allí, vio nacer a
miles de niños durante toda su vida. Ella los recibía y los protegía de los peligros médicos
que existían en los hospitales públicos del país.
En el 2021, mi madre fue una de las 57.425 personas que murieron en los hospitales de
Ecuador a causa del covid-19, entre marzo de 2020 y abril de 2021, según datos
encontrados en la página web del Registro Civil.
El 29 de febrero de 2020, se confirmó en Ecuador el primer caso positivo de covid-19. Se
trataba de una mujer de 71 años que arribó al país el 14 de febrero de 2020 proveniente
de Madrid. Días después y tras la presencia de síntomas evidentes, el Ministerio de Salud
Pública confirmó que estaba contagiada con el covid-19. Debido a sus complicaciones de
salud fue internada con pronóstico reservado en un hospital de Guayaquil, donde falleció
el 13 de marzo de 2020.
Ese año, cuando empezó la pandemia, fue evidente la falta de preparación de los sistemas
de salud para abordar la crisis. Por esta razón, quiero entender que fue lo que pasó, si
hubo negligencias o no se hicieron los esfuerzos necesarios para atender esta emergencia.
Me pregunto si las medidas que tomó el gobierno de Ecuador para atender la pandemia
fueron coherentes, si la falta de acceso a la salud influyó en el número de muertes por
covid-19, como lo evidencian las cifras de defunciones publicadas por el Registro Civil.
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En Ecuador, desde la Constitución Política de 1979, el derecho a la salud está
contemplado por la ley. El doctor e investigador colombiano, Wilson Jiménez, en su
investigación Transformaciones del sistema de salud ecuatoriano, recuerda que el 16 de
junio de 1967 se creó el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), y desde ese
momento el acceso a la salud ha sido un tema de constante lucha: en repetidas ocasiones
la ciudadanía ha salido a las calles para reclamar este derecho.
Según la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo El sistema de salud
ecuatoriano y la covid-19, cuando inició la pandemia, la respuesta inicial de los países
frente a los primeros casos reportados se centró en adoptar medidas de aislamiento y
control para evitar la propagación del virus, así como en el fortalecimiento de los servicios
de salud. En el Ecuador, según la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, entidad encargada

de transparentar el manejo económico de la pandemia, durante el 2020 “la prestación de
servicios de salud asociados a las atenciones por covid-19 representó el 83 % de los costos
totales en el período, con un monto de 724,69 millones de dólares incluyendo recursos
para curación, prevención, atención prehospitalaria, diagnóstico, medicamentos y
dispositivos médicos y gestión de fallecidos”.
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Paola, mi hermana, es médica general y durante la pandemia trabajó en el hospital Pablo
Arturo Suárez y en el Centro de Salud de Nanegal, en el noroccidente de la ciudad. Para
ella trabajar en tiempos de covid-19 fue muy difícil. En Quito, cuando comenzó la
emergencia, todas las personas infectadas eran trasladadas al Pablo Arturo Suárez, pues
ningún hospital de la red pública estaba en capacidad de atender a estos pacientes. Mi
hermana recuerda que una de las cosas más difíciles fue la falta de insumos médicos: “no
teníamos mascarillas, guantes, botas o algún recurso para protegernos. ¿Cómo se podía
evitar el contagio de esta manera?”.
Por su parte, mi hermano Roberto y su esposa durante la pandemia trabajaron en un
hospital público de Quito. Para él también fue difícil atender a los pacientes sin tener a la
mano los recursos ni los medicamentos necesarios. “Yo tuve que aislarme en mi casa para
no contagiar a mis hijas de 5 y 7 años”. Sin embargo, Paola, Roberto y su esposa no
pudieron evitar contagiarse. El 11 de marzo de 2021, sin saber que ya eran portadores del
virus, acudieron a celebrar el que sería el último cumpleaños de Mariela, contagiando a
casi toda su familia.
Mariela, mi madre, cuando ingresó al hospital. Foto: archivo familiar.
Roberto y su esposa hacían parte de la llamada primera línea de atención prioritaria. Ellos
se habían vacunado días antes, pero confundieron los síntomas de la vacuna con los del
covid-19, y los resultados de la prueba no llegaron a tiempo: “acudimos a un hospital
público para hacernos los exámenes, pero se demoraron mucho en decirnos que éramos
positivos, y nosotros no teníamos el dinero para hacernos un examen pagado”.
En el país, según Ana Delgado, directora de la Asociación Nacional de Clínicas y
Hospitales Privados de Ecuador, el precio de una prueba PCR oscila entre 80 y 120

dólares en los laboratorios autorizados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de
los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). Ecuador es uno de los países con
los precios más costosos; por esta razón, estos exámenes no son asequibles. De acuerdo
con información publicada en el medio Pichincha Universal en Paraguay una prueba
cuesta 115 dólares; en Brasil, 70; en Chile, 29; y en Argentina y Perú son gratis.
El costo de las pruebas para detectar el covid-19 no fue controlado durante la pandemia,
esta responsabilidad no se le designó a ningún estamento público, a pesar de que el
acuerdo ministerial 00126-2020, publicado el 12 de marzo de 2020 en el Registro Oficial
del Ecuador, declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del
sistema nacional de salud: servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control,
ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta
externa.
En marzo de 2020, el presidente Lenin Moreno aseguró en cadena nacional que el
gobierno aumentaría el presupuesto de salud, pero esto no se cumplió: según la
Organización Internacional del Trabajo, el presupuesto destinado por el Estado para la
salud no cubrió completamente las necesidades que se presentaron durante la pandemia.
En el 2020, el Ministerio de Salud Pública recibió 2.557 millones de dólares, con una
disminución anual del 8,1 %, es decir, 227 millones de dólares menos que en el 2019, de
acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas. En el 2021, el
presupuesto del Ministerio de Salud Pública fue de 2.681 millones de dólares, cifra que
refleja un incremento anual cercano al 5 %, muy por debajo de lo que exigía el estado de
emergencia sanitaria que decretó la Autoridad Sanitaria Nacional del Ecuador.
La falta de acceso oportuno a los resultados de la prueba no fue el único inconveniente
que encontró mi familia. Roberto cuenta que después de un día de hospitalización lo
llamaron del Hospital IESS Quito Sur para decirle que Mariela necesitaba un
acompañante. Para mi hermano el cuadro que vio en el hospital fue espantoso: “Mi mamá
estaba acostada en una cama, en la misma sala había muchísimas personas más que hacían
un gran esfuerzo para respirar y mantenerse vivas. Mi mamá estaba con la mascarilla
completa, le costaba respirar y en ese momento le estaban aplicando medicamentos para
el dolor. Su estado era crítico, pues la neumonía era grande”. Los médicos le dijeron que
necesitaba urgente una cama en una unidad de terapia intensiva, pero que había una larga
lista de espera y se priorizaban a las personas más jóvenes; sin embargo, la doctora
Fernanda, 1 le dijo: “si yo estuviera en su lugar, haría lo imposible por salvar a mi mamá,
pagar una cama UCI es lo único que queda”.
1
El nombre fue cambiado por solicitud de la fuente.

El examen médico que le hicieron a mi madre antes de hospitalizarla. Foto: archivo
familiar.
En Ecuador, según la OIT, la atención hospitalaria para pacientes con covid-19 se
concentró en determinados hospitales públicos y privados; luego, se incorporaron más
hospitales a la red de servicios. En el primer mes de la pandemia, se designaron 27
hospitales para atender la emergencia sanitaria; un año después, en el 2021, había 176
hospitales públicos y 35privados preparados para recibir a los pacientes contagiados por
el covid-19 en todo el país.
Durante las dos oleadas de covid-19, entre marzo y abril de 2020 y marzo y abril de 2021,
la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) registró
un 100 % de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Guayaquil,
Quito, Cuenca y Loja. En hospitalización, quedaban una o dos camas que inmediatamente
se llenaban. Por ejemplo, en Pichincha hay trece clínicas privadas asociadas a la Achpe;
no obstante, según información entregada por esta asociación al Ministerio de Salud
Pública, solamente siete de ellas reciben pacientes contagiados por covid-19: Hospital
Vozandes, Hospital de los Valles, Clínica Internacional, Hospital Metropolitano, North
Hospital, Novaclínica y Clínica Pasteur. En estos centros de salud, como lo aclara Ana
Delgado, directora de la Achpe, una UCI cuesta aproximadamente 2.500 dólares diarios.
Para el doctor Ismael Hernández, que trabaja en el Consultorio Médico Familiar Dra
Veronica Barahona, una clínica privada de Quito, “la situación de los hospitales y clínicas
privadas que atienden pacientes con covid-19 se puede entender si se analiza el contexto
que vivió el país en la primera y segunda oleada de la pandemia. Para esto es importante
comprender que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2020 se
registraron 907.515 egresos hospitalarios y 23.212 camas disponibles en 625
establecimientos de salud a nivel nacional”. Además, el doctor Hernández explica que en
Quito existen, aproximadamente, 50 camas UCI con los materiales necesarios para
atender a pacientes críticos con covid-19. Pero este no es el único factor que encarece el
precio de una cama, pues para brindar un tratamiento óptimo se necesitan recursos
humanos: médicos especialistas que no están disponibles en el país.
Hay que destacar que los costos por casos de covid-19 son diferentes. Para Eduardo
Izurieta, presidente de la compañía de seguros médicos Saludsa, los seguros privados
tienen distintos planes y diferentes coberturas; incluso, en Ecuador los seguros cubrieron
la pandemia, algo que no sucede en otros países. Sobre este tema Ana Delgado explica
que “los costos del covid-19 en Ecuador y el mundo pueden llegar a ser sumamente altos,

pues las Unidades de Cuidados Intensivos son áreas de alta complejidad que cuentan con
diferentes especialistas”. Está información la presentó en el webinar Los costos de la
salud y los seguros privados durante el covid-19, organizado por la Universidad San
Francisco de Quito, la Universidad UTE y el portal Código Vidrio, al que fueron
convocados varios periodistas.
Además, Delgado dice no puede dar cifras sobre el costo que cada clínica tiene para
atender esta emergencia sanitaria, pues son autónomas a la hora de definir la tarifa de una
UCI; sin embargo, explica que ningún centro de salud puede negarles atención a las
personas que lo necesiten, pues estarían violando un derecho constitucional.
Las cifras sobrepasan los miles de dólares, mi hermano Roberto lo pudo constatar:
“cuando los médicos nos dijeron que mi mamá necesitaba urgente terapia intensiva,
empezamos a llamar de inmediato a todos los hospitales del país y nos decían que nos
podían ayudar, pero si contábamos con una garantía de veinte mil dólares”. En ese
momento pensamos en vender todo, pero mi madre me dijo, en lo poco que conversamos,
que no nos endeudáramos, que ella no quería causar problemas. Cristina, mi hermana
mayor, fue la única de la familia que no se contagió de covid-19. Ella nos cuenta que la
noche que buscaron una cama UCI pasaron por más de diez clínicas en Quito y en todas
le pedían una garantía de mínimo diez mil dólares. Ella, desesperada, les entregaba las
llaves de su carro. Entre lágrimas comenta que solo recibían efectivo”.
El informe médico de mi madre antes de ingresar a la UCI. Foto: archivo familiar.
Para Ana Delgado “el costo de la salud es un tema complicado porque no puede ser
analizado a la ligera. Se debe tomar en cuenta el tiempo que el paciente estuvo
hospitalizado. Por ejemplo, el costo de una UCI por día es de 2.500 dólares, y cuando se
trata de un hospital público el paciente nunca se entera de lo que pagaron por él”. Sobre
las garantías en las clínicas privadas explica que “si el paciente entra en peligro no le
pueden negar la atención”. Lo que le sucedió a nuestra familia demuestra que la atención
en salud urgente no se cumple en el país, pues Cristina fue de hospital en hospital y lo
único que encontró fueron negativas por no tener una tarjeta de crédito que respaldara el
pago.
Este panorama se repitió durante todo un año y no hubo un pronunciamiento de parte de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, organismo técnico que vigila y
controla la organización, las actividades y el funcionamiento de las clínicas privadas. Por
esta razón, la Defensoría del Pueblo, en un comunicado que publicó 16 abril de 2021,
exhortó al gobierno nacional a declarar “de uso público la infraestructura de clínicas y
hospitales privados para afrontar la emergencia sanitaria”. Ya esta entidad, que vela por
el cumplimiento de los derechos humanos, había manifestado su preocupación por la falta

de camas en las UCI de los hospitales públicos en todo el país, lo que pone en riesgo la
salud de los ecuatorianos, un derecho que está contemplado en los artículos 3 y 32 de la
Constitución de la República.
Pero las camas UCI de las clínicas privadas no son las únicas que tienen un alto costo en
Quito. Lo mismo le sucedió a Fernanda. 2 Su madre estaba internada en el Hospital
Eugenio Espejo, y tuvo que pagarle diez mil dólares a un funcionario público para que le
asignara una cama UCI. El contacto con este funcionario se lo dieron otros pacientes que
intentaban conseguir el dinero para salvar a sus familiares. “El pago lo hicimos en
efectivo”, cuenta. Ella dice que la lista de espera para una cama UCI era de más de sesenta
personas. Fernanda y su padre hicieron un préstamo a chulqueras (personas que prestan
dinero a intereses muy altos) y lograron obtener el dinero. Su madre, tras un mes
hospitalización, logró superar el covid-19.
Este panorama de corrupción se presenta en varios países; incluso, el Comité de Naciones
Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en una declaración del
17 de abril de 2020, exhortó a los Estados a “que velen porque la extraordinaria
movilización de recursos para hacer frente a la pandemia del covid-19”.
El caso de Fernanda no fue el único, pues en el país se presentaron otros hechos de
corrupción que fueron expuestos por la prensa, como el de Daniel Salcedo, quien fue
acusado por el delito de peculado por la compra irregular de insumos médicos en el
hospital Los Ceibos durante la pandemia. Estos sobrecostos en mascarillas N95,
medicamentos y otros elementos están siendo investigados por la Fiscalía de Ecuador.
***
Mi hermana Paola todavía se pregunta qué hubiera pasado si a mi madre le hubieran
asignado a tiempo una cama UCI. Tal vez estaría con nosotros. Su muerte nos dejó una
un montón de preguntas. “El Estado intenta culpar a la ciudadanía de los contagios, y no
cumplió con los requerimientos para una buena atención en los hospitales públicos”, dice
Paola.
Algo distinto opina el gobierno: según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias y el comité de Operaciones de Emergencia Nacional, se hicieron los
esfuerzos necesarios para frenar las muertes en la pandemia. Entre las acciones que se
llevaron a cabo, destacan la identificación de hospitales para la atención de pacientes con
covid-19; la ampliación y certificación de la red de laboratorios para toma de muestras;
el fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública para la
detección de casos; la reprogramación de atenciones y cirugías para descongestionar las
emergencias, las unidades de cuidado intensivo y salas de aislamiento; la implementación
de telemedicina en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para personal
asistencial con perfil de riesgo; el aumento progresivo de la capacidad resolutiva; el
incremento de camas hospitalarias y de unidades de cuidado intensivo en la red de
servicios; la regulación de horarios de funcionamiento de farmacias y botiquines; el
fortalecimiento del talento humano y la obligatoriedad de recibir las capacitación de la
Organización Panamericana de la Salud.
Aunque las acciones presentadas por las entidades gubernamentales parecerían ser un
aporte significativo para frenar las muertes por covid-19, para la OIT “en Ecuador la
emergencia sanitaria ha generado presiones al sistema de salud, con mayores necesidades
2
El nombre fue cambiado por solicitud de la fuente.

de recursos financieros, humanos, materiales y de infraestructura. La respuesta financiera
del Gobierno no ha reflejado, al menos para el sector de la salud, esos mayores
requerimientos. Frente a los altos costos derivados de la atención relacionada a la covid-
19, y el costo de oportunidad por el desplazamiento de otras atenciones y la distribución
del presupuesto”. Además, esta entidad internacional explica que “las condiciones
estructurales del sistema con barreras de acceso, inequidad, segmentación y
fragmentación se suman a las dificultades generadas por la pandemia, y se mantienen e,
incluso, se pueden complejizar por los cambios impuestos por la covid-19”.
En definitiva, el país no pudo frenar las muertes. El 19 de marzo de 2021 Ecuador reportó
2.214 contagios en 24 horas. De acuerdo con información del Ministerio de Salud,
Pichincha fue la provincia con el mayor número de contagios (106.633 casos) y
fallecimientos (2.343 muertes) durante este mes. Para el 26 de marzo de 2021, día en que
murió Mariela, mi madre, se confirmaron 2.795 nuevos casos de covid-19 y 16.632
fallecidos.
Esta es la tumba donde visitamos a mi madre. Foto: archivo familiar.
Mi hermana Cristina recuerda el momento en que recibió la noticia: “a las tres de la tarde
me dijeron que mi mami tuvo un infarto y una falla masiva de sus órganos, y murió. En
ese momento me puse en contacto con las personas de la funeraria, se acercaron a mi casa
y me explicaron el protocolo que tenían con las personas que fallecían a causa del covid-
19. En la noche me dijeron que no podíamos verla, que ellos la trasladaban directamente
al crematorio. Al día siguiente me acerque al hospital y de la morgue sacaron el cuerpo
de mi madre. Estaba cubierta con una funda negra y no me permitieron abrirla para
verificar si la persona que estaba ahí era mi mami. Solamente, y bajo mi responsabilidad,
me dejaron palpar la funda. Así pude despedirme de mi mami”.

Mi madre un año antes de la pandemia. Foto: archivo familiar.
***
Escribí este artículo para entender los esfuerzos y negligencias que se presentaron durante
el primer año de la pandemia. Como periodista reporté varios casos de covid-19 en las
familias del personal de salud. Me quedó claro que hicieron falta medidas de protección
que evitaran el contagio masivo en las familias de este sector. Nunca pensé que la historia
de mi familia me permitiría retratar el camino que vivieron los seres queridos de las
personas que fallecieron esperando una cama UCI en el Ecuador.
* Esta historia fue elaborada por Sofía Meneses en el marco del Curso de periodismo científico
Vientos Alisios, conocimiento colectivo, un proceso de formación que permitió un primer
acercamiento al periodismo científico para periodistas, comunicadores y comunicadoras de
medios locales en Ecuador, Colombia y Perú.
Vientos alisios es un proyecto de DW Akademie financiado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo en el marco de la iniciativa “Transparencia y libertad de los
medios de comunicación – Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial”. Vientos Alisios se
realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.
Esta y las demás historias resultantes del proceso, se pueden leer también en
www.vientosalisios.net.