La defensa de la bio-reserva del Chocó Andino en medio de la pandemia del covid-19 por Rolando Goyes

La defensa de la bio-reserva del Chocó Andino en medio de la pandemia del covid-
19
La pandemia provocó un cambio en todos los sentidos: cuidados, normas de seguridad,
distanciamiento social y un confinamiento que nos mantuvo aislados en nuestros hogares
para evitar contagiarnos de covid-19. Durante este tiempo algunas personas y empresas
vieron la oportunidad de desarrollar, de manera ilegal, actividades mineras en una de
las reservas de biodiversidad más importantes de Ecuador. ¿Quién permitió el ingreso
de mineros ilegales a la Mancomunidad del Chocó Andino? ¿Qué se está haciendo para
proteger este territorio?
Por Rolando Goyes *
Orquídea del Chocó Andino. Foto: Rolando Goyes.
Son las siete de la mañana en la parroquia de Pacto, ubicada al noroccidente de la
provincia de Pichincha, Ecuador. Varios moradores llegan al parque central de esta
población con machetes, palos y rótulos en donde se lee: “Pacto no es una zona minera”;
en otros, “Pacto no se vende”.
Se dividen en grupos para cuidar el territorio y evitar la llegada de los mineros ilegales
que sacan material aurífero en costales para comercializarlo. Mencionan que en el 2021
había al menos 30 perforaciones en las montañas, donde estarían operando empresas
mineras que han ido reclutando a vecinos de la zona.
Los cuidadores se organizan: unos montan guardia en el parque central; otros, suben la
colina y se adentran en estos territorios para verificar que no haya personas ajenas a la
comunidad. Algunos de los vecinos consultados señalan que la fiebre del oro, así le dicen
a la explotación minera, creció a raíz de la pandemia causada por el covid-19.

Plantón de los moradores del Chocó Andino. Foto: Rolando Goyes.
Uno de ellos es Carlos Cortez, quien afirma que “durante la cuarentena, vinieron muchos
responsables de estas mineras y valiéndose de artimañas lograron convencer a los
propietarios de las fincas donde se han detectado minerales de que los dejaran perforar
un pequeño orificio. Ingenuamente han creído y les permitieron hacer esta actividad, sin
darse cuenta del impacto que eso tendrá a futuro”.
La evidencia de esta actividad minera en Pacto es clara: hay túneles de perforación,
carretillas llenas de tierra, piedras y piscinas con aguas amarillentas, donde antes había
vegetación.
Los dirigentes barriales y de la zona alertaron sobre esta destrucción ambiental a las
autoridades de gobierno, pero no han recibido ni una breve visita de las delegaciones de
control minero y ambiental; hasta el momento, no se ha llevado a cabo ninguna acción
concreta por parte de las autoridades para frenar la minería informal.
Según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), tan solo en la reserva del
Chocó Andino existen 14 concesiones mineras inscritas, varias de ellas en proceso de
aprobación, pero en el 2021ninguna estaba autorizada para ejecutar los trabajos.
De acuerdo con información proporcionada por esta agencia, entre el 2020 y abril de
2021, se realizaron cinco operativos y ocho inspecciones para combatir actividades
mineras ilegales en Pacto.
Este es el balance de estas acciones:
Campamentos deshabilitados: 2
Bocaminas deshabilitadas: 7
Motores decomisados: 2
Chanchas decomisadas: 1
Volquetas decomisadas: 2
Material mineralizado: 290 bultos
Tacos de dinamita: 14
Cable detonante: 10
Se ha solicitado información sobre los operativos que se han ejecutado en lo que va del
2022, pero hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades.

¿Qué pasó entre abril y diciembre de 2021? Es precisamente en este tiempo en que los
moradores de la mancomunidad denunciaron el ingreso de empresas y mineros ilegales,
que valiéndose del confinamiento se asentaron en estos territorios.
La minería en el Ecuador
Si bien es cierto que el Estado ecuatoriano garantiza la actividad minera cumpliendo los
protocolos de extracción, en las parroquias del noroccidente de Pichincha los habitantes
alertaron sobre el ingreso de personas ajenas a su territorio durante los días de cuarentena,
quienes comenzaron a destruir las montañas y a extraer material pétreo sin autorización.
En el Ecuador existen mineros artesanales que cumplen sus labores con las limitaciones
propias de sus condiciones económicas; en su mayoría, son finqueros, colonos e incluso
indígenas que ven en esta actividad un medio de subsistencia —reconocida y protegida
por las leyes nacionales—; su labor no es considerada ilegal, pues operan con pequeñas
dragas o batean a lo largo de los ríos en las zonas rurales del Ecuador. Los mineros
artesanales trabajan con herramientas simples, no utilizan tecnologías de extracción que
afectan al medio ambiente.
Inti Arcos, biólogo y coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, durante una
entrevista realizada el 20 de enero de 2022 por la Coordinadora de Medios Comunitarios,
Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE), mencionó que con el ingreso de
empresas mineras en la zona que buscan explotar oro, cobre y plata se ha ocasionado “una
fractura del tejido social de la comunidad. Algunos habitantes ven en esta actividad una
forma de subsistencia y trabajan en estas empresas, dejando así su forma de vida
tradicional, como la agricultura. Esto ha generado conflictos entre los propios
moradores”. Además, considera que la presencia de personas ajenas a esta zona cambió
el sentido de asociación y vecindad, pues varios de estos ciudadanos son extranjeros que
buscan en la minería una forma de subsistencia y que desconocen el impacto ambiental
que están ocasionando.
Arcos cita un ejemplo: las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Nono, Pacto y Gualea son
consideradas como pueblos de paz, de descanso y de encuentro con la naturaleza; sin
embargo, las tensiones que surgen alrededor del agua, el uso del suelo, incluso, del acceso
a la tierra, traen una serie de preocupaciones para los pobladores que temen por la
inseguridad que amenaza a sus territorios.
Como lo señala Arcos, a pesar de que el Estado ha entregado concesiones para la actividad
minera en estos sitios, toda extracción de minerales, ya sea legal o ilegal, genera impactos
en la naturaleza.
Jeannine Moreno, moradora de este sector y presidenta de la Mancomunidad del Chocó
Andino, mencionó que durante el confinamiento que se decretó para evitar la propagación
del covid-19 los mineros ilegales ingresaron al territorio con su maquinaria, pese a que
existía restricción de movilidad con el toque de queda: “varios de estos mineros llegaron
a Pacto con sus maquinarias. Aprovecharon las horas de la noche o la madrugada para
invadir poco a poco esta zona”, dijo durante un encuentro de los habitantes del Chocó
Andino en Quito, en el que les pidieron a las autoridades que intervengan y le den paso
al pedido de consulta popular, y que sean los quiteños los que decidan si se permite la
extracción de minerales en estos territorios.

La petición ha sido apoyada por varias organizaciones como el Comité Ampliado del
Corredor Ecológico del Oso Andino, la Red de Jóvenes, el Frente Antiminero de Pacto y
la Mancomunidad del Chocó Andino, quienes han exigido la intervención de las
autoridades de la provincia y del Ministerio del Ambiente.
¿Qué pasó con la solicitud de una consulta popular?
El pasado 28 de enero de 2022, la Corte Constitucional le dio paso al pedido de los
moradores de la Mancomunidad del Chocó Andino, quienes podrán decidir a través de
una consulta popular sobre la explotación de minería metálica a escala artesanal, pequeña,
mediana y a gran escala en esta zona.
El dictamen fue aprobado por el pleno de la Corte Constitucional con seis votos a favor
y esto es lo que consta en la resolución: “Esta Corte observa en el cuestionario planteado
que estas medidas a adoptar en caso de ser aprobadas en el plebiscito operarán hacia el
futuro y respetando las competencias institucionales establecidas en la Constitución y la
ley. De tal suerte, que no existiría una afectación al derecho constitucional a la seguridad
jurídica, por cuanto de ser favorable el pronunciamiento ciudadano en la consulta, no se
modificarían situaciones jurídicas previas”, define la sentencia.
Tras conocer esta resolución los representantes de estas parroquias acudieron al Consejo
Nacional Electoral (CNE) para obtener los formularios y recolectar las firmas, paso que
se debe seguir para llevar a cabo la consulta popular que definirá el rumbo que tomarán
las actividades extractivistas dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de
Desarrollo Productivo Sostenible, integrada por las parroquias de Nono, Calacalí,
Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, las cuales conforman la Mancomunidad del Chocó
Andino. Según el CNE, la consulta popular se podría realizar con las elecciones
seccionales que se llevarán a cabo en el 2023.
Sylvia Bonilla, abogada de los proponentes de esta iniciativa, en una rueda de prensa que
se realizó en el organismo electoral, el pasado 31 de enero de 2022, recalcó: “es una
consulta popular por iniciativa ciudadana. Eso quiere decir que se tiene que cumplir con
la legitimación democrática y la recolección del 10 % de las firmas del último padrón del
Distrito Metropolitano de Quito”. Es decir, para llevar a cabo la consulta, como lo explica
Jannine Moreno, deben recolectar 200 mil firmas, proceso que inició el 28 de marzo; en
total, tendrán 180 días (6 meses) para reunir las rúbricas necesarias.
Bonilla explicó que, si la ciudadanía apoya la prohibición de la minería, la consulta
popular tendrá tres efectos, los cuales serán de carácter obligatorio para el Gobierno
Nacional: no se podrán graficar más bloques mineros y los que ya se encuentren
graficados no podrán ser concesionados; si las concesiones actuales en el Chocó Andino
son retiradas por vulneración de derechos, no podrán entregarse nuevamente.
El presidente del Gobierno Autónomo de Pacto, Richard Paredes, en esa rueda de prensa
también añadió que uno de los objetivos de esta iniciativa es “defender el jardín botánico
que es de todos los quiteños”. Les recordó a los asistentes que el Chocó Andino es la
séptima reserva de biosfera de Ecuador, reconocida por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2018.
Todos los esfuerzos que realizan los pobladores de la bio-reserva buscan mantener el
territorio libre de toda actividad extractivista que pueda ocasionar un daño irremediable
en la zona.

Mientras se llevan a cabo estas acciones, el presidente Guillemo Lasso tiene otras
expectativas dentro de su plan de gobierno, ya que el pasado 7 de julio de 2021 firmó el
Decreto Ejecutivo 95, donde definió la nueva estrategia de la producción petrolera en el
país. Una de las labores que se contempla es la extracción petrolera en el área Ishpingo,
una de las tres zonas que forman parte del bloque ITT (Ishipingo, Tiputini, Tambococha).
Este bloque, ubicado en las inmediaciones de la reserva ecológica Yasuní, en la selva
amazónica, actualmente es considerado como el más importante de Ecuador por su
biodiversidad, pero también causa polémicas por la oposición de comunidades indígenas
y ambientalistas que rechazan la explotación de este lugar.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo 151, firmado el 5 de agosto de 2021, versa sobre un
plan de acción para el sector minero. El documento estipula que el Ministerio de Energía
reglamentará los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y
nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones
gubernamentales puedan influir en sus territorios, conforme a los lineamientos
determinados por la Corte Constitucional del Ecuador.
Estos decretos son la hoja de ruta del gobierno ecuatoriano para la implementación del
plan de acción para el sector minero en los siguientes cien días (hasta diciembre de 2021),
y su objetivo es fortalecer la política pública minera para generar un ambiente de negocios
propicio a la inversión. Las autoridades mencionaron que este plan es financiado con un
crédito de 78,4 millones de dólares que fue otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), lo que incrementa la deuda pública externa.
En este punto cabe mencionar que ambos decretos formalizan los mecanismos para que
instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables
y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica puedan otorgarles a las
industrias petroleras y mineras licencias ambientales en menor tiempo.
¿Por qué es importante proteger la Mancomunidad del Chocó Andino?
Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto conforman la Mancomunidad del
Chocó Andino, zona que el 25 de julio de 2018 fue declarada por la Unesco como la

séptima reserva de biósfera de Ecuador. Tiene una extensión de 2086.805,534 hectáreas,
lo que equivale al 30,31 % del territorio de la provincia de Pichincha.
Cascada La Piragua, Nanegal. Foto: Rolando Goyes.
Según una publicación de la Red de Bosques Escuela, hasta el 2021 la Mancomunidad
del Chocó Andino tenía una población de más de 18 mil habitantes, quienes por mucho
tiempo se han dedicado a la agricultura, la ganadería y el comercio. Desde el 2015, estas
comunidades se han enfocado en el turismo vivencial y de conservación y en la
reestructuración del ecosistema nativo.
En este hábitat viven una centena de mamíferos: venados, pumas, osos de anteojos y el
olinguito (Bassaricyon neblina), cuya importancia radica en que podría ser el último
mamífero carnívoro descubierto por la ciencia. También se pueden ver aves como el
picaflor, el quinde, el tucán del Chocó Andino, el zamarrito pechinegro y el gallo de la
peña; además, es el hogar de la rana cohete de Pichincha.
Picaflor del Chocó Andino. Foto: Rolando Goyes.

En la reserva hay bosques que están ubicados a 360 metros sobre el nivel del mar (msnm)
y páramos, a 4.700 msnm. Se calcula que en todo el Chocó Andino hay unas 3.200
especies de plantas; además, hay cuencas hídricas que abastecen de agua a unas 900.000
personas aproximadamente, dentro de la reserva y más allá de sus límites.
Esta zona tiene una inmensa riqueza desde el punto de vista ecológico, productivo y
social; además, es una gran reserva de minerales. Se la considera como el último
remanente de ríos cristalinos de la provincia de Pichincha. Según la organización
Conservación Internacional, varios biólogos la han denominado zona hotspot, es decir,
“un lugar que se encuentra altamente amenazado puesto que ha perdido al menos el 70 %
de su superficie natural y alberga más del 0,5 % de las especies vegetales vasculares del
mundo en calidad de ‘endémicas’”.
Cañón del Río Blanco, San Miguel de los Bancos. Foto: Rolando Goyes.
La esperanza de los moradores de la mancomunidad
Empera Cisneros, habitante de Nanegal, está sentada en una de las bancas del parque
central de esta población. Mientras tararea una canción, le cuenta a una de sus amigas lo
afortunada que se siente por vivir allí: “Oiga, Estelita, ¡qué lindo es vivir aquí! El aire que
se respira es puro, no hay ruido como en la ciudad. Con razón los turistas prefieren venir
acá, pues lo encuentran todo”.
Empera aún tiene la esperanza de conservar este territorio, que las nuevas generaciones
puedan disfrutar de la flora y la fauna de las parroquias que conforman esta
mancomunidad. Quiere ver más atardeceres en medio de las montañas, escuchar el canto
de los pájaros y la bulla de las ranas en las riberas de los ríos que cruzan estas poblaciones.
* Esta historia fue elaborada por Rolando Goyes en el marco del Curso de periodismo científico
Vientos Alisios, conocimiento colectivo, un proceso de formación que permitió un primer

acercamiento al periodismo científico para periodistas, comunicadores y comunicadoras de
medios locales en Ecuador, Colombia y Perú.
Vientos alisios es un proyecto de DW Akademie financiado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo en el marco de la iniciativa “Transparencia y libertad de los
medios de comunicación – Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial”. Vientos Alisios se
realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.
Esta y las demás historias resultantes del proceso, se pueden leer también en
www.vientosalisios.net.