Lanceras de Cristina 11

POR
Silvia Almazan

EDITORIAL MARZO
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Caminamos porque otrxs
caminaron antes.
Ocupamos las calles porque allí,
en el espacio público, reivindicamos
nuestra historia.
Lo hacemos las mujeres y en
ese acto, hacemos valer nuestra voz
mientras nos permitimos seguir moviendo
el mundo. Somos nosotras, las más
comprometidas con la construcción y
el fortalecimiento de un tejido social
que nos abrace a todxs. Y también
somos nosotras, quienes estamos
comprometidas con la soberanía
nacional y la expulsión de los piratas
de nuestras tierras.
Lo hace la comunidad en su
conjunto, y en esa caminata extensa,
repudia al terrorismo de estado, y
clama Memoria, Verdad y Justicia.
Abraza a las madres y las abuelas,
a su vocación y a ese amor maternal
que nos cobija como sociedad. En
ese abrazo, nos fundimos con los
organismos de derechos humanos y
su lucha inclaudicable.
Lo hacen las murgas, regando
alegría y colores en las veredas que
habitamos. En sus canciones, ofrecen una
porción de tradiciones y memoria. En sus
vestimentas, nos dan muestra del trabajo
colectivo. En sus pasos, evidencian la
esperanza de un futuro mejor. En sus
expresiones, reivindican como pocxs, la
cultura popular.
En esta edición, Lanceras te invita a
caminar, a veces con pasos agigantados,
como lo hizo Esther Fadul, como lo hacen
nuestras Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo; otras con un poco de ritmo,
como lo hacen las murgas; otras veces,
sosteniendonos de pie, tal como nos
cuenta Silvia Almazán, aunque intenten
derribarnos debemos tomar impulso y
hacer de las necesidades de la sociedad
políticas públicas que garanticen nuestros
derechos.
Lxs invitamos a caminar. Caminen,
corran, bailen… Pero jamás se detengan.
Involúcrense en este movimiento nacional
que pone a la vida de lxs sujetos en el
centro de la escena. Militen, militemos.
¡Hagamos ruido, hagamos que todo sea
como lo soñamos!
El Peronismo no olvida:
Por lxs 30.000 compañerxs
detenidxs y desaparecidxs. PRESENTES
¡AHORA Y SIEMPRE!
Por los héroes y heroínas de
Malvinas. ¡GLORIA Y HONOR A
NUESTROS SOLDADOS! ¡A MALVINAS
VOLVEREMOS A LIBERARLAS!
AGRADECIMIENTOS
A la compañera y maestra
Silvia Almazán, por hacer de
su militancia una pedagogía de
la esperanza.
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índice
06 bases
Crímenes de identidad y memoria, el
caso Argentina
Lorena Sempertegui
18
Fervientes
Esther Fadul, la mujer detrás del
modelo soberano de Provincia Grande
Paula Pfoh
26 Realidad
Efectiva
La Educación Pública, Nuestra
Bandera De Lucha
Silvia Almazán
30
Populares
La crítica y la glosa son de las
mujeres: Murgas, cultura popular
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BASES
CRÍMENES DE IDENTIDAD Y MEMORIA,
EL CASO ARGENTINA
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Lorena Sempertegui.
Responsable de Megafón Psicología UBA
Introducción
Los destinos de los crímenes
identitarios que significó la última
dictadura cívico-militar-eclesiástica
no solo implicaron a las personas
directamente afectadas entre los años
1976-1983 (personas embarazadas
que fueron torturadas con especial
énfasis en su posición de mujer, los niños
apropiados, sus familias biológicas), sino
que también marcó a la sociedad toda
con un redoblamiento del dolor sobre
los niños, ahora adultos, y sus familias
haciendo de este evento traumático su
correlato transgeneracional a nuestra
realidad actual.
Los modos de elaborar la
experiencia traumática a la cual fue
sometida la sociedad producto de una
escena rigurosamente planificada
e implacable son poderosamente
singulares en nuestro país. En otros
puntos cardinales del mundo, donde
se desarrollaron otras dictaduras en
simultáneo o con algunos años de
diferencia muestran que el caso de
Argentina ha logrado diferenciarse por
la estrategia de abordaje sostenida. Son
ejemplos de esto países como España,
que aún tienen una deuda sin saldar
con su pueblo respecto de los genocidas
apropiadores con quienes hoy cualquier
víctima puede toparse en las veredas de
cualquier ciudad.
En 1979 Videla dejaba en claro
“(…) mientras sea desaparecido, no
puede tener ningún tratamiento especial,
es una incógnita, es un desaparecido, no
tiene entidad, no está ni muerto ni vivo,
está desaparecido”. Esta desaparición de
la persona muerta lo era de su cuerpo,
su tumba, su nombre y con ello toda su
historia, su presente y futuro.
¿Por qué el caso de Argentina difiere
de cualquier otro del mundo?
En Argentina de manera
temprana la organización de un
grupo de familiares marcaría la
diferencia. Las Madres de Plaza de
Mayo reunieron rápidamente a las
familias de los desaparecidos para
aunar esfuerzos en su búsqueda.
A esto se sumaba la problemática de
aquellos casos donde algunas hijas o
nueras estaban embarazadas al momento
de ser secuestradas, o de aquellas que lo
fueron junto con sus niños muy pequeños.
Quienes fueron restituidos lo han
sido por el incansable trabajo que dio
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inicio con ellas, nuestras abuelas, las
abuelas de todos.
En efecto, gracias a ellas en 1987
se dio un salto de posibilidad en tanto el
deseo de encontrar a los desaparecidos
se tradujo en avances tecnológicos como
el Índice de Abuelidad, un examen por
el cual, ante la falta de los progenitores
biológicos podrían realizarse pruebas
de ADN con los abuelos, demostrando
así el lazo filial devolviendo al fin una
respuesta a quienes desde el amor los
esperaban desde hacía tanto tiempo,
por la fuerza de la verdad, de la justicia
al fin restablecida. Un apostar a lo
imposible de soportar para abrir campos
de lo posible para otros para salir de una
encerrona trágica, como diría Ulloa, con el
propósito de no permanecer en la trampa
y el odio de quienes deliberadamente
decidieron ponerlos allí.
Para el psicoanalista Miguel
Bensayag, quien encontró al hijo
desaparecido de su pareja, “solamente
una vez que las personas restituidas
aceptan el contenido de la Historia
en su vida, pueden seguir viviendo su
propia historia”.
Entonces, es necesario preguntarse
¿Qué camino encuentra una persona
restituida para configurar su doble filiación
en relación a su familia apropiadora y
su familia biológica? ¿Qué sucede con
aquellos nietos que se identifican con el
opresor, el torturador de sus padres y no
desea saber o niega la realidad? ¿Por qué se
dice que el trauma producto del terrorismo
de Estado afecta transgeneracionalmente?
¿Qué implicó un abordaje liberal del
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trauma? ¿Por qué identidad y memoria son
sinónimo de Memoria Verdad y Justicia?
Lo traumático y la memoria
Si tomamos el aporte de Freud
acerca de cómo los recuerdos y las
imágenes reprimidas ejercen influencia en
el comportamiento y las acciones de los
sujetos, resulta difícil plantear la memoria
como un depósito estático. La memoria
colectiva, como así también el olvido,
condicionan el vínculo social. Vivir
en sociedad implica hacer memoria y
hacer olvido.
Los represores siguen muriendo sin
decir dónde están aquellos que padecieron
el terrorismo de Estado. Las ausencias
tangentes atraviesan a la comunidad
desde entonces y ante la incertidumbre
de esos paraderos, se evoca el pasado
para nombrarlo, para hacer otra cosa
diferente a ese silencio al que se intentó
hundir al país. Los desaparecidos, las
huellas de la violencia en los cuerpos,
los huérfanos o las madres con sus
vacíos, se hacen presentes, ejercen
fuerzas, despliegan movilizaciones,
construyen sujetos sociales y dotan
de identidad a los colectivos. En
estas formas sociales colectivas (grupos
de familiares, comisiones de revisión
para el pasado, Madres de Plaza de
Mayo, estudiantes organizados, etc.), así
como en la subjetividad social que las
constituye, el tiempo no es una condición
lineal: el pasado, el presente y el futuro se
encuentran constantemente superpuestos.
Se parte aquí de la idea de que
las experiencias vividas en el presente,
las formas de imaginar el porvenir y la
memoria son dimensiones esenciales en
la constitución de la subjetividad; dicho de
otro modo, podría decirse que el pasado,
entendido no como algo terminado sino
como un proceso en continua construcción,
es un elemento que dota de sentido a la
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ealidad social y participa de los modos en
que los sujetos significan y dan sentido al
mundo que les rodea. Las versiones que
los grupos y los sujetos confeccionan
sobre los acontecimientos pasados
son parte constitutiva de las prácticas
sociales. Por esta razón, cuando se
hable de memoria, más que referirse
a una memoria constituida, se aludirá
a una memoria constituyente; es decir,
a una memoria que es constructora
de la realidad social, que participa
de los modos de constitución de la
subjetividad, la memoria, ya como un
factor de lucha por la justicia.
Mecanismos para la restitución de la
identidad
Se estima que son
aproximadamente 400 bebés, 400
nietos de los cuales solo se han logrado
restituir las identidades de 130 a la
fecha gracias a la incansable lucha de
las Abuelas de Plaza de Mayo junto al
Estado. Estas personas recuperaron su
historia familiar y su derecho a la identidad,
y al igual que sus familiares, el derecho
a saber la verdad sobre lo ocurrido. La
asociación de Madres de Plaza de
Mayo se convierte así en un pilar ético
en la sociedad y un vehículo a través
del cual una generación diezmada
y posteriores generaciones hemos
podido instruirnos en la Historia del
país.
Ahora bien, para que la persona
restituida pueda aproximarse a esa
historia desconocida se requiere disponer
de una plataforma que abrace a cada
restitución. Que la persona pueda
comprender la época en la que vivían
sus padres biológicos y cómo pudieron
ser ellos mismos robados dándoles una
inscripción de orden genealógico y social
simultáneamente como salida “saludable”
a la desaparición.
La elaboración del propio pasado
tiene para la vida civil de cada sociedad
una importancia crucial. Debe tenerse
en cuenta que la elaboración es una
modalidad particular de trabajo mnémico.
A diferencia de un funcionamiento
espontáneo de los mecanismos del
olvido que tienden a descartar de la
conciencia todo lo que es problemático
o inquietante, la elaboración hace
posible la confrontación consciente
con lo negativo en un proceso que no
coincide con una reparación de los
perjuicios, sino con una asunción de
responsabilidad respecto de la propia
historia. Esta asunción conlleva tanto el
intento de comprender la génesis de los
acontecimientos traumáticos y a su vez
de un saber hacer con esta comprensión
como patrimonio para orientarse en el
futuro.
Singularidades del caso argentino
Si bien muchas naciones se
comprometieron en las últimas décadas a
hacer de las políticas públicas de memoria
una obligación del Estado para la provisión
de verdad, justicia, reparación y medidas
de no repetición de las graves violaciones a
los derechos humanos; existe la obligación
de reparar de manera integral los daños
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ocasionados y para eso es necesario la
adopción de medidas de restitución,
rehabilitación, investigación de
los hechos, determinación de los
responsables y, en su caso, sanción;
y garantías de no repetición, lejos
está de ser la norma siquiera a nivel
regional.
En el período de reapertura de los
juicios por delitos de lesa humanidad en
nuestro país en 2006 por decisión política
de Néstor y Cristina Kirchner, se supo de
notas en las que algunos profesionales
que participaron acompañando a las
víctimas decían que “los jueces no estaban
preparados para escuchar las cosas que
los testigos tenían para contar”. El impacto
y la dimensión del horror que se hacía
público a escala nacional y en juicios
orales en toda la Argentina era inmenso.
Y eso sucedía a través del cuerpo y la voz
de las mismas personas que lo habían
padecido, relatándolo en muchos casos
frente a sus torturadores, apropiadores o
responsables de la desaparición de sus
compañeros o familiares.
A más de quince años de aquel
momento histórico que transformó
nuestro país y puso al Estado nacional
de cara al pueblo y a la Historia,
podemos decir respecto de este punto
estrictamente lo mismo. No solo la
justicia; nadie está preparado ni podría
estarlo para escuchar, presenciar los
relatos sobre el horror del genocidio
argentino. Dicho esto que, en otras
palabras, significa que por definición
no hay preparación ante el horror y
tampoco para su relato, nos queda
como posibilidad asumir este límite
para hacer algo a partir de ello.
Frente a esto, se plantean las
políticas de reparación, desde la cuales
se buscó y busca ofrecer condiciones para
un trabajo de elaboración, de un tiempo
y un espacio singulares y diferentes,
para hacer algo distinto con los efectos
traumáticos del horror. Para así, instaurar
otra escena donde pueda interrumpirse
las series mortíferas de la repetición que
operan en lo singular y en lo colectivo,
con lo específico que cada una de estas
dimensiones tiene y que incluye los modos
de articulación entre ambas.
Freud denominaba un tipo específico
de neurosis, “la neurosis de guerra”, que
estaba relacionada a eventos externos
que irrumpen en la vida del sujeto con
una dimensión, una magnitud y una
intensidad imposibles de elaborar para
el aparato psíquico. Eventos que no se
pueden anticipar, no se pueden inscribir,
al menos bajo el modo en que irrumpen,
y de los cuales no se puede salir sin algún
proceso elaborativo.
A partir del puntapié que
significó y significa el inmenso trabajo
de las Madres de Plaza de Mayo,
las siluetas en la Plaza de Mayo, los
pañuelos blancos, los carteles con las
imágenes de los hijos desaparecidos
o asesinados han dado no solo
visibilidad, sino un piso de enunciación
y construcción social del problema, así
como una significación acerca de esos
hechos: “asesinatos” “desaparición
con vida” “terrorismo de Estado” y una
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interpretación de los lugares: víctimas
y victimarios. En todos estos casos hay
una sanción social de los hechos y una
búsqueda de reparación vía la demanda
de una ley transgredida: “juicio y castigo
a los culpables”. Esta demanda es un
gesto ético pues en ninguno de estos
casos las personas que fueron víctimas
cometieron actos de venganza, hecho
que como sociedad nos emplaza como
un pueblo donde la ley simbólica se
ha encarnado con una profundidad
inusitada. Ni un solo familiar se asimiló
a sus “verdugos”, ni entró en la rueda
mortífera de la venganza, cuestión
que implicaría otra transgresión a la ley.
Por el contrario, la demanda de justicia
sostiene el lugar simbólico de la ley en su
apelación, incluso ante la más profunda
impunidad que vivió nuestro país en la
década de los 90.
Dicen las Madres que, si se
cometieran esos actos de venganza,
se emparentarían con los genocidas,
con los asesinos. Y esta es la posición
que, en los peores momentos de
nuestro país, se han mantenido como
bandera de dignidad, ética y humana
en la búsqueda de restitución y
emplazamiento social de la ley que se
había trastocado. Este posicionamiento
ha tenido y tiene efectos subjetivos
en las Madres y familiares, así como
ha tenido efectos en la sociedad. En
un sentido inverso, podrían enumerarse
otros posicionamientos de la comunidad
(la indiferencia, la estigmatización, el
rechazo, la condena social hacia las
víctimas, el negacionismo) que generan
efectos contrarios a los señalados y que
transforman lo traumático en un dolor sin
ataduras, ni ligazón social produciendo
una mayor patologización individual.
Se debe tener presente que para
poder salir de la escena del horror en
países donde se comentan violaciones
a los DDHH, se debe suponer dos
movimientos necesarios: por un lado la
interrupción de los hechos de violencia
(materiales y simbólicos) y, por otro, un
movimiento del sujeto para pasar a otra
escena. Pero junto a ellos, también
es necesario un tercer movimiento,
el de las instituciones del Estado. Si
la violencia se interrumpe y el sujeto
realiza un movimiento en busca de
posicionarse de un modo diferente,
pero las instituciones no asumen lo
ocurrido como algo que también les
concierne, el hecho queda meramente
en la interioridad de cada persona y las
posibilidades subjetivas de cada quien.
Los traumatismos que involucran
colectivos sociales y, más aún, los
que ocurren como consecuencia de
violaciones a los derechos humanos
deben asumirse como un hecho
que concierne al Estado, porque por
definición el Estado está comprometido
en esta violencia. Más radicalmente,
podríamos decir que no hay posibilidad
de que el Estado (sus tres poderes)
no asuma posición. El tema está en
cuál es la posición que va a asumir, ya
que cualquiera de ellas va a producir
indefectiblemente un efecto. Ante hechos
tan graves como son las violaciones a los
derechos humanos, en primer lugar, debe
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ponerse en funcionamiento la Justicia y
la reposición de la ley transgredida para
reconocer las responsabilidades y hacer
justicia.
Para que la inscripción de las
víctimas en la comunidad no sea
excluyente, estigmatizante o las segregue,
y puedan filiarse a una genealogía social
común se requiere también de un Estado
presente. Esta inscripción de las víctimas
en la comunidad en la Argentina hace de
nuestro país un hecho único en el mundo.
Cuando se produjo la inclusión de los
organismos de derechos humanos
en las políticas de Estado como una
referencia, un modelo, se generó
un hecho inédito: quien entonces
representaba al Estado argentino,
el compañero Néstor Kirchner, se
reconocía como “hijo de las Madres
y las Abuelas”. Lo que hasta ese
entonces había sido segregado,
perseguido y estigmatizado hasta
con apelativos despectivos como “las
locas” fue reconocido como núcleo
ético de filiación de una generación
y estableciera el inicio de una serie
de nuevos períodos de la historia
argentina que permitió dejar la
elaboración del trauma librada a la
suerte de lo individual, para que se
retomara el horror perpetrado desde
el Estado como suceso colectivo y
actual.
Ni el Estado ni la Justicia le
ahorraban ningún trabajo al sujeto
pero sí le ofrecieron a partir de
entonces las condiciones para ese
trabajo. Así como los efectos de violencia
se multiplican en lo simbólico y material
si estos tuvieron origen en el Estado,
también hay que decir que los efectos de
reparación también se multiplican si surgen
de él. Que sea el Estado quien asume
el peso de las políticas de reparación
produce una pacificación del tormento
interior porque ya hay un exterior que
lo reconoce y, en ese movimiento, lo
vuelve algo que existe más allá del
sujeto. En este sentido, permite un lugar
donde inscribir ese padecimiento como un
padecimiento que ya no es solamente algo
entre la víctima inmediata y su verdugo.
Permite salir de la “encerrona trágica” de
la que hablaba Fernando Ulloa cuando
tematizaba los efectos del terrorismo de
Estado.
El Estado Nacional a partir de
2003 y particularmente desde el Poder
Ejecutivo, asumió las responsabilidades y
las deudas con la historia, con las víctimas
y con el pueblo, reponiendo el lugar del
Estado para hacer valer la ley. “Vengo
a pedir perdón en nombre del Estado
Nacional por la vergüenza de haber
callado durante tantos años tantas
atrocidades...” decía Néstor Kirchner.
Este enunciado sintetiza la apertura
de otro período de nuestra historia
y otra relación del Estado con la ley.
Un pedido de perdón que solo puede
pronunciarse si en ese mismo momento
se asume en toda su dimensión el
lugar simbólico del Estado y con ello
no solo sus potencias, sino también
sus deudas. Este enunciado, encadenado
a un gesto, el de descolgar en pleno acto
del ejército los cuadros de los genocidas,
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como muestra del desanudamiento del
horror y el poder de la muerte de los
símbolos nacionales y acompañado luego
por el envío al Congreso de un proyecto
de derogación de las leyes de impunidad,
forzando a actuar a otro de los poderes
del Estado como es la justicia, fue el acto
inaugural de un Estado democrático con
todas sus consecuencias materiales y
simbólicas. Este acto permitió transitar otra
historia a las víctimas por el reconocimiento
simbólico de su lugar y por la apertura
del proceso, ya no solo de Memoria y
Verdad, sino también de Justicia. Justicia
que continúa día a día en todos los
juicios por delitos de lesa humanidad en
la Argentina. Fue asumir, encarnar, el
lugar simbólico del Estado para hacer
valer una ley burlada durante más de
tres décadas en la Argentina.
Néstor Kirchner supo decir “Vengo
a pedir perdón en nombre del Estado…”
haciendo asumir al Estado desde y
donde la ley podía operar. Y asimismo
cuando dijo “no es rencor ni odio lo que
nos guía y me guía, es justicia y lucha
contra la impunidad” vino a desplegar la
contracara de lo que ocurría en el país
hasta entonces, un periodo de impunidad
neoliberal donde el vaciamiento del
Estado no era meramente una entrega del
patrimonio nacional al mercado, sino que
con ello también había una entrega del
lugar simbólico del Estado.
Ante eventos catastróficos, de
alto potencial traumático, la posición
que asume el Estado a través de sus
tres poderes, fundamentalmente el
judicial y el ejecutivo, es determinante.
Y cuando el Estado se desentiende, no
imparte justicia, no ampara ni repara y
cuando no produce un revestimiento e
inscripción simbólica del acontecimiento
con todas sus consecuencias (judiciales,
reparatorias, etc.), los sujetos quedan
en “caída libre”, hecho que se evidencia
en la alta tasa de suicidio que tiene, por
ejemplo, la población de Malvinas.
Cuando esto pasa, cuando hay
ausencia del Estado, de las políticas
de Estado para con las víctimas, estas
quedan libradas meramente a su
singularidad, su propia suerte, a la
fortuna meritocrática de la víctima que
en último caso, es la sociedad toda.
Nada más liberal en última instancia
que el corrimiento del Estado, así como
nada más democrático que la potencia
de su aparición, pues nos vuelve
iguales aun con nuestras diferencias.
Estados democráticos que asumen
su función y que tienden a la inclusión
social, la justicia y la garantía de derechos
generan mayor bienestar, mayor salud y
mejores posibilidades para la reparación
subjetiva de las grandes catástrofes de la
historia. Brindan mejores condiciones que
aquellos Estados que tienden a la exclusión,
la inequidad social, vaciándose para que
las reglas no sean las del Estado, sino las
del mercado. El mercado, en el mejor de
los casos, regula bienes mientras que el
Estado, al menos aquellos donde sus
gobernantes están dispuestos a hacer
valer su función, garantizan derechos
y hacen valer para ello la ley como
ordenador simbólico y jurídico de una
sociedad de iguales.
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FERVIENTES
ESTHER FADUL,
LA MUJER DETRÁS DEL MODELO SOBERANO DE PROVINCIA GRANDE
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Paula Pfoh
Presidenta del Centro de Estudiantes UNTDF AIAS. Responsable
del Frente Universitario Megafón en Tierra del
Fuego, Atlántida e Islas del Atlántico Sur.
“La semilla que sembró Eva Perón hoy dio su fruto en la Argentina,
dándonos a una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner que
piensa en un país federal”
Esther “La Pingüina” Fadul
Tal vez para el lector o la lectora que
provenga de una provincia constituida
como tal antes de la conformación del
propio Estado-Nación, el relato de nuestra
provincia —la más joven del país— resulte
un tanto extraño. Son también provincias
jóvenes Chaco, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Misiones
y Formorsa. Pero Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
(además de ser la más recientemente
provincializada), fue desmembrada,
des-provincializada, reintegrada, reprovincializada,
invadida, militarizada,
pirateada y disputada en un vaivén de
intereses que hasta el día de hoy no
dan tregua.
El interés sobre esta región
extremadamente austral comenzó
hacia finales del siglo XVIII, en plena
expansión de la industria ballenera
y lobera, motorizada también por la
búsqueda de un canal entre el Océano
Pacífico y el Atlántico y de ingentes
riquezas mineras o metalíferas que
se creía podían abundar en un nuevo
continente ubicado en el sur de
América, así como en la obsesión por,
colonizar y ocupar nuevos continentes.
Por aquel entonces la “Terra Australis
Ignota” o “Incógnita” era un continente
imaginario basado en la hipotética simetría
geométrica del planeta, que databa de la
Grecia antigua. La llegada de Occidente
a América reflotó estos antiguos mapas
imaginarios del Siglo I y los cartógrafos
europeos comenzaron a incluirla a partir
del Siglo XV. De hecho en 1539, el Reino
de España nombraría Gobernador de
las islas y tierras al sur del Estrecho de
Magallanes, a Pedro Sanchez de la Hoz.
Más adelante, el Virreinato del Río de La
Plata crearía en 1785 el Fuerte de Carmen
de Patagones como proyección hispánica
sobre el Atlántico Sur.
Recién a mediados del siglo XIX
comenzó el asentamiento de colonias
anglicanas en Tierra del Fuego y estalló
la denominada “edad heróica de la
exploración antártica”, una carrera
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por la exploración oceánica austral
entre potencias de ultramar que
habían quedado por fuera del reparto
colonial del sur de América, como
Inglaterra, Noruega, Suecia, Francia
y Bélgica. A aquella época se remonta
el recientemente hallado ”Endurance”
del Capitán Shackleton, a 3.000 km
de profundidad en el Mar de Weddell
del sector antártico argentino, donde
yacía hace más de 100 años cuando
fue financiado por la famosa Expedición
Imperial Transatlántica del Reino Unido.
Pero volviendo al siglo XIX,
concretamente a 1810, el principio
del derecho internacional americano
uti possidetis jure (proveniente del
derecho romano), estableció como
límites de las naciones emancipadas,
aquellas antiguas fronteras, mares y
territorios —incluidos los más remotos
y despoblados— que formaban
parte de las anteriores unidades
administrativas del Imperio Español
en América. Pues al momento de la
emancipación no existían ya tierras
en carácter de res nullius (tierras de
nadie) que fueran susceptibles de ser
ocupadas por potencias extrañas. Este
principio constituyó fundamentalmente un
límite a las ambiciones colonialistas de
otras potencias.
En 1862, el ya constituído Gobierno
Nacional mediante Ley N°28, estableció
que “todos los territorios existentes fuera
de los límites o posesión de las Provincias
son nacionales, aunque hubiesen sido
enajenados por los Gobiernos Provinciales
desde el 1° de marzo de 1853” (Art.1°).
Luego, en 1884, la Ley Orgánica de
Territorios Federales creó los territorios
nacionales, cuya figura constituía
una división administrativa temporal
destinada a la creación de nuevas
provincias. Se crearon entonces nueve
territorios nacionales: tres en el norte
y seis en el sur.
En ese entonces, los territorios
provinciales ocupaban un total de
1.588.347 kilómetros cuadrados, es decir
que, los territorios federales constituían
más de la mitad del territorio nacional.
Asimismo, poseían una alta dependencia
del gobierno central: los funcionarios
eran designados por el Poder Ejecutivo,
los Gobernadores y Jueces Letrados por
el Presidente con acuerdo del Senado, y la
conformación de Legislaturas sólo estaba
prevista para aquellos territorios que
contaran con más de 30.000 habitantes.
Es decir, ninguno.
En fin, lo interesante —o indignante—
es que esta figura “provisoria” que
implicaba la existencia de habitantes
parvos de derechos políticos así como
autoridades carentes de autonomía
funcional y presupuestaria (en notable
contraste con la organización provincial
autonómica del sistema republicano y
federal argentino), pasaba desapercibida
en el siglo XIX. Aún cuando muchos
territorios cumplieron los requisitos
previstos por la ley para instalar el poder
legislativo, ser provincializados o designar
un delegado parlamentario; el centralismo
porteño hizo uso y abuso de sus privilegios
hasta bien entrado el siglo XX. La
ampliación de los derechos políticos de
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los territoriales debió esperar hasta la
presidencia de Juan Domingo Perón,
quien dió por finalizada la figura de
los territorios nacionales creando las
últimas cinco provincias argentinas
y completando así la existencia,
de hecho y de iure, de una Nación
representativa, republicana y federal.
La Ley N°14.408 del año 1955
creaba la Provincia Patagonia “limitada
al norte por el paralelo 46°S” (límite norte
de la actual Provincia de Santa Cruz) “al
Este, por el Océano Atlántico; al Oeste,
por la línea divisoria con la República de
Chile, y al Sur, con el Polo, comprendidos
Tierra del fuego, islas del Sur Atlántico y
sector Antártico Argentino”. La República
Argentina ratificaba así por fin su extensión
desde la Quiaca al Polo Sur, su presencia
marítima y su condición bicontinental.
¿Pero cómo se relaciona toda
esta historia con una mujer fueguina? y
¿por qué existe tan escasa bibliografía
que documente la corta existencia
de esta Provincia que abarcaba en
una única y extensa jurisdicción los
archipiélagos de Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwichs del Sur, los
espacios marítimos circundantes, la
Antártida, la Isla Grande de Tierra del
Fuego y la actual provincia de Santa
Cruz?
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La iniciativa patriótica de lograr
“una provincia grande hasta el
Polo”, está estrechamente vinculada
a la historia de una joven nacida en
Ushuaia, a quien Evita y Juan apodaron
cariñosamente “La Pingüina”.
Corría el año 1948 cuando Esther
Fadul comenzó a militar, por iniciativa
propia, la convocatoria de niños y
niñas del entonces territorio nacional
de Tierra del Fuego a los primeros
Juegos Nacionales Evita. Soñaba con
que los juegos federales tuvieran
representación fueguina y sabía lo
significativa que sería esa experiencia
para aquellos niños y niñas que jamás
habían salido de la Isla. Esta iniciativa le
valió el inmediato reconocimiento de Eva
Perón, quien aún sin conocerla, la nombró
delegada de los Juegos Nacionales Evita
en el territorio nacional de Tierra del
Fuego. Así comenzó un estrecho vínculo
entre esta joven militante del sur y el
peronismo, que potenciaría su sueños
de participación política (¡siendo
mujer!) y de defender las Malvinas
desde un rincón del país que hasta
entonces siquiera tenía representación
política.
Por aquella época, el territorio
nacional de Tierra del Fuego había
sido denominado desde 1943 como
“Gobernación Marítima” dando cuenta
de su carácter eminentemente marítimo.
Dependía del Ministerio de Marina y en
1948 había ampliado su jurisdicción a los
sectores antárticos argentinos, marítimos
e insulares del Atlántico Sur. Esther
Fadul, soñaba con su provincialización
como un paso imprescindible para la
definitiva recuperación de las Islas
Malvinas. Es así, que tras su primera tarea
como delegada de los Juegos Nacionales
Evita, la joven muchacha volvió a su casa
con una responsabilidad aún mayor:
Perón le pidió que trabajara para que
los territorios que tuvieran entre 50 y
70 mil habitantes se transformaran en
provincias. Esther Fadul fue nombrada
entonces Presidenta de la Comisión
de Territorios Nacionales, gestión
durante la cual se provincializaron
Chaco y La Pampa; y pese a no contar
con la población suficiente en 1951 para
replicar el proceso en su propia tierra de
origen, consiguió que la población de
la Gobernación Marítima eligiera por
primera vez en la historia diputados y
¡diputadas!.
La Pingüina se convirtió en
Delegada Censista para promover
el voto femenino en el sur del país,
fundó el Partido Justicialista en TDF y
fue designada Inspectora de Unidades
Básicas de toda la Patagonia. Esta mujer
fundadora del peronismo fueguino, solía
contar con picardía que Evita le había
ordenado cambiarse la edad para poder
ser candidata a diputada, es por ello que
jamás confesaba su verdadera fecha de
nacimiento en las entrevistas. Podemos
deducir entonces que siendo muy joven,
Esther Fadul fue electa Diputada
Nacional en 1952 por el pueblo
fueguino. No sólo pasó a convertirse
en una de las primeras Diputadas de
la historia argentina, sino también
en la primera Diputada fueguina sin
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precedente masculino alguno.
Su labor parlamentaria fue digna
del proyecto de país que encarnaba y
del modelo de provincia que soñaba:
presentó alrededor de 300 proyectos
en menos de tres años, vinculados
en su gran mayoría al ejercicio de la
soberanía sobre el Atlántico Sur, pero
también otros destinados a promover
los derechos de las mujeres. Esther
Fadul fue autora, entre otros, de los
proyectos para establecer el 10 de junio
como Día de la Afirmación de nuestros
derechos soberanos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico; para que
Aerolíneas Argentinas llegará a Tierra del
Fuego; para que hubiese vuelos directos
entre Comodoro Rivadavia y Malvinas;
para la edificación de una escuela
bilingüe en las Islas donde los y las niñas
aprendieran español, que funcionó hasta
1982; para el intercambio de maestras,
estudiantes, técnicos y profesionales con
las Islas Malvinas; y otros tantos proyectos
para consolidar allí las instalaciones de
YPF, Gas del Estado, Correo Argentino
y otras empresas públicas. Sin lugar
a dudas comprendía y compartía el
marco estratégico de Perón para la
recuperación de las Islas Malvinas por
vía diplomática y pacífica: dentro de la
paz todo, fuera de la paz nada.
La ley 26.561 del año 1973,
presentada por Esther Fadul y
promulgada por Juan Domingo
Perón, elegía el 10 de junio como
fecha de reafirmación de nuestros
derechos soberanos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico, a
modo de conmemoración del día que
el gobierno criollo creó en 1829 la
Primera Comandancia política-militar
argentina. A la sazón, Luis Vernet había
sido designado Gobernador de Malvinas
para emprender la construcción del
Puerto Luis junto a colonos españoles,
afrodescendientes, gauchos como
Antonio Rivero y nativos acriollados;
todos ellos fundadores de ese pueblo
floreciente que fue Malvinas hasta la
usurpación colonial británica en 1833.
Sin embargo, esta ley fue derogada tras el
rendimiento de la Dictadura cívico-militar
ante los británicos y reemplazada por la
ley N° 22.769 de 1983 que establecía al
2 de abril como “Día de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur”. ¿Se
trató acaso de un simple cambio de fecha?
Muy por el contrario, marcó el comienzo
de la estrategia desmalvinizadora con un
gesto de negación hacia la población
malvinera preexistente (pacífica y
desterrada por la fuerza en 1833).
Afortunadamente, cuando de
torcer la voluntad de los pueblos
se trata, el tiempo y la memoria se
encargan de hacer justicia. Así, con
el retorno de la democracia, la ley de
Perón fue rescatada y restaurada la
conmemoración del 10 de junio. El 2
de abril pasó a denominarse “Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas”, en conmemoración de
esos patriotas y en honor a los más de 600
soldados argentinos caídos en la Guerra.
Pero volvamos a nuestra protagonista.
La primera pingüina peronista, que
fue electa 3 veces diputada nacional
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pero sólo logró terminar el primero de
sus mandatos. En 1955, la Revolución
Fusiladora la forzó a exiliarse en Valdivia
(Chile) hasta 1973. Como si aquello
fuera poco, el Gral. Pedro Eugenio
Aramburu se encargó de destruir su
sueño de la Provincia Grande. Junto
con la derogación de la Constitución
Nacional de 1949, desmembró la
Provincia Patagonia mediante Decreto-
Ley N°2.191 de 1957: “Art. 1.- Queda
restablecido el Territorio Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sud”. Allí quedó por un lado
la Provincia de Santa Cruz y relegada
por otro lado la Antártida, Tierra del
Fuego, las Malvinas, los mares y el
resto de las islas del Atlántico Sur, a
su antigua condición de territorios
nacionales bajo jurisdicción militar.
Por supuesto, todo esto sin miramiento
alguno al principio federal de la integridad
territorial de cada provincia.
En 1973 Esther volvió al país y
fue electa Diputada Nacional, pero un
nuevo Golpe de Estado la destituyó en
1976. Ya no era su primera vez proscrita,
ni tampoco la primera vez que Tierra del
Fuego sería desmembrada. El decreto-
Ley N°681 del año 1982, firmado por
Leopoldo Fortunato Galtieri establecía
“Artículo 1°.- Constitúyese en gobernación
militar al territorio de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, con exclusión
de toda otra jurisdicción sobre el mismo, a
partir de la cero hora del día 3 de abril
de 1982.” y “Artículo 2°.- Desaféctese al
territorio de las islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur del territorio nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, a partir de la cero hora del
día 3 de abril de 1982”.
Así, el pueblo fueguino debió
esperar hasta 1990 para volver a
conquistar el sueño de una Provincia
Grande. Esta vez, el proyecto que
llegaría al Congreso de la mano del
Diputado Nacional fueguino por el
Partido Justicialista, Martín Torres. Este
último y magnífico proyecto de Ley que
provincializó definitivamente Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siguió el legado de Esther Fadul. En este
sentido, me interesa destacar que detrás
del modelo de provincia fueguina
soberano, marítimo, bicontinental,
anticolonial y malvinero, se encuentra
ni más ni menos que una mujer.
Esther Fadul fue un personaje
con muchas interseccionalidades:
“La Pingüina”, como fundadora del
peronismo fueguino, como precursora
de la participación política de las
mujeres, como impulsora de los
derechos económicos de las mujeres
(por ejemplo, su proyecto de ley para la
jubilación de las amas de casa), como
propulsora de la provincialización
de los territorios nacionales, como
militante social, como educadora,
como ideóloga de un modelo de
provincia marítima y “grande hasta el
Polo”, pero sobre todo como Malvinera
incansable. Su contemporaneidad aún
nos permite salvarla del olvido y la
invisibilidad, a la que tantas veces la
historia condena a las mujeres.
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REALIDAD EFECTIVA
LA EDUCACIÓN PÚBLICA, NUESTRA
BANDERA DE LUCHA
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Silvia Almazán
Secretaria general adjunta SUTEBA
En la pandemia, la escuela pública
viene teniendo una centralidad como
referencia del Estado y las políticas
públicas en toda la provincia de Bs. As.
Fuimos y somos parte, lxs trabajadorxs
de la educación junto a la trama de
políticas estatales, de la concreción
de derechos: a la educación, a
la alimentación, a la salud, a la
vacunación, etc. Trabajo colectivo y
solidario invalorable realizado por
docentes, auxiliares de la educación
junto a las comunidades educativas
desde cada escuela bonaerense.
La pandemia y un complejo escenario
mundial han puesto en debate en los
continentes, las perspectivas de desarrollo
y de soberanía política, económica,
cultural, ambiental, comunicacional,
científica y tecnológica de los pueblos y
naciones. La derecha dinamiza las
tensiones y disputas entre mercado y
Estado; intentan avanzar los sectores
más concentrados del poder económico
en procesos de privatización de los
derechos y la educación es central en
su proyecto político. Lo demostraron
durante 4 (cuatro) años Macri a nivel
nacional y Vidal en la Pcia. de Buenos Aires
con ajuste, desfinanciamiento, intentos
de cierres de escuelas, transferencias de
responsabilidades y recursos a fundaciones
de multinacionales junto a una sistemática
persecución a lxs docentes y sus
organizaciones. Denunciada durante años
desde el SUTEBA y que va quedando en
evidencia, las responsabilidades políticas
de los gobiernos antes mencionados,
en la trama de la denominada Gestapo
Sindical.
El neoliberalismo disputa las
políticas y el consenso para reducir
las intervenciones del Estado como
garante de derechos colectivos,
disputa la concreción de los proyectos
y las políticas por las que luchamos
las organizaciones populares e incluso
ponen en el centro de las tensiones
la democracia y la amplificación o
reducción de las institucionalidades y
de los derechos.
Las leyes de Educación, de
Financiamiento Educativo, de Educación
Sexual Integral, Educación Técnico
Profesional, de derechos de niñxs y
adolescentes, de educación ambiental
integral, de Paritaria Docente, por las que
luchamos, son una matriz política que nos
convocan a transitar en este siglo XXI hacia
la escuela pública que queremos y que
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necesitamos, la escuela que tenemos
que seguir construyendo vinculada al
desarrollo de un proyecto de un país
más justo más solidario e igualitario.
Consideramos
avances
trascendentales, que fueron promovidos
por las leyes que conquistamos, por las
luchas que desarrollamos y por las políticas
estatales que los van concretando.
Por eso, desde el SUTEBA,
concebimos a la educación pública
como nuestra bandera de lucha, y
nos planteamos la centralidad de
construir propuestas de políticas
públicas, en tanto hay un estado
provincial con presencia política con
una inversión educativa inédita desde
la recuperación de la democracia.
En el presupuesto educativo 2022,
la inversión en educación representa el
30 % del total del presupuesto general.
El gobierno provincial está invirtiendo
más de 10 mil millones de pesos en
obras de infraestructura escolar, y
destinó recursos a la creación de más
de 3.600 cargos de EOE, a más de
20 mil cargos del Programa ATR para
fortalecer las trayectorias educativas
de nuestrxs pibxs, etc. Hay aún una
agenda de cuestiones pendientes que
estamos planteando desde el SUTEBA
y el FUDB, para una pronta resolución
que implica más presencia e inversión
estatal en políticas educativas, más
construcciones de escuelas, acceso a
tecnología y conectividad, creación de
cargos docentes, nuevas normativas
que mejoren las condiciones de
trabajo, más políticas socioeducativas
para nuestrxs estudiantes, etc.
“A 100 años del natalicio de
Paulo Freire, recuperando aquello de la
Escuela no transforma el mundo pero
forma a quienes van a transformarlo,
consideramos que La Escuela Pública
de este tiempo histórico debe
garantizar la circulación, apropiación,
construcción de conocimientos para
transformar el mundo, para hacerlo
más justo y más solidario. Por ese
sueño nos desafiamos, luego de cuatro
duros años de políticas neoliberales y
más de dos en contexto de pandemia, a
formar parte de una lucha colectiva, de
una épica educativa. Todxs enseñando y
todxs aprendiendo en la Escuela Pública.
La educación pública de calidad debe
ser una meta colectiva, el desafío es
fortalecer una institución fundamental
para la transformación social, para
la formación de sujetos críticos que
se organicen ante las injusticias, las
desigualdades, las violencias y las
crueldades.
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Una Escuela que forme sujetos
sociales capaces de transformar su vida y
la de su comunidad.
Una Escuela que modifique el origen
de cuna y las experiencias de vulneración
de derechos de los sectores populares, que
organice proyectos de transformación de
vidas y de realidades colectivas injustas.
Una educación pública con
contenido popular, democrática,
emancipadora, con perspectiva de
DDHH, feminista y de géneros y
diversidades, con conciencia ambiental,
multicultural y latinoamericana.
Una educación pública, en la que
también se sigan construyendo derechos
para lxs trabajadores de la educación,
en sus condiciones laborales, en la salud
laboral, en cada puesto de trabajo de los
diferentes niveles y modalidades. Y que
se continúe consolidando una política
salarial en el ámbito paritario que siga
garantizando, en este contexto complejo,
que el salario supere a la inflación, tanto
para docentes en actividad como para lxs
jubiladxs.
Por eso junto a todxs lxs
trabajadorxs organizadxs, nosotrxs
en la CTA T, decimos que la deuda
es con el pueblo, no puede haber
condicionamientos, ni vulneración
de nuestros derechos. Debe seguir y
profundizar el camino de reconstrucción
desde la acción estatal y desde el
financiamiento de políticas públicas,
es fundamental que se avance en la
generación de condiciones de vida dignas
para nuestrxs pibxs y todxs lxs trabajadorxs.
Luchamos y construimos
colectivamente junto a nuestro pueblo,
por eso debatimos y proponemos
construir políticas públicas para una
educación pública que prepare para
un presente y un futuro más justo. Es
nuestro derecho.
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POPULARES
La crítica y la glosa son de las mujeres:
Murgas
cultura popular
La murga representa gran parte de
las discusiones que suceden en la sociedad
en general, pero en particular, aquellas
que refieren a lo cotidiano; que surgen
desde el fondo de los barrios emanando
cultura popular. La murga grita y baila
su realidad, su identidad y sus problemas.
Es por esta razón que la temática de
géneros está muy presente y el feminismo
atraviesa de lleno en una de las formas
más grandes y convocantes de cultura
popular: la cultura murguera.
La murga reivindica las tradiciones
y las costumbres de la cultura popular,
y en ella, la memoria colectiva ocupa
un lugar central. Sin embargo, al
interior de este espacio no dejaron de
reproducirse roles: para las mujeres,
de acompañamiento, y los varones,
de dirección. Afortunadamente,
estás tradiciones están cambiando
y actualmente las mujeres tocan el
bombo, dirigen, recitan.
La murga es un espacio
fundante. Se trata de un lugar donde
habita lo familiar, lo colectivo; permite
poder desarrollar una actividad
con hijxs a la vez que permite
abrazar y contener a lxs pibes que
en sus comunidades no encuentran
espacios de participación. En otras
palabras, la murga posibilita volver
protagonistas a lxs más humildes,
a lxs olvidadxs y a lxs excluidxs. De
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este rol también históricamente son
las mujeres las que se hacen cargo.
Pero, como suele suceder en nuestra
historia, las expresiones artísticas que
reflejan la realidad del pueblo y le
brindan alegría, molestan a los sectores
poderosos que constantemente
buscan prohibirlas, demonizarlas
y vetarlas. Es por esto que quienes
integran las murgas se ven obligadoxs
a luchar para conseguir y mantener su
tradición. Una notable de este sector
que alcanzó a toda la sociedad fue la
restauración del feriado de carnaval
durante el gobierno de Cristina, luego
de 34 años de incansable esfuerzo.
La murga acompaña todos los
procesos: desde el ámbito político propio
de la cultura murguera hasta la formación
de comisiones para resguardar sus
intereses artísticos. Actualmente, también
la murga es un espacio para discutir letras
y contenidos con perspectiva de género. Al
fin y al cabo de eso surge la murga: de
atrevimientos y rupturas, de derechos
colectivos y luchas populares.
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