REVISTA INDUSTRIALES _3 JULIO 2022

BITÁCORA INDUSTRIAL
Karla Mercado, en la redacción de legislación y un reglamento único
de compras. La Lcda. Mercado acogió la mayoría de nuestras
recomendaciones reglamentarias y, posteriormente, hemos tomado
un rol de asesores, ofreciendo múltiples cursos a sus compradores.
Resultó de suma importancia el hecho de destacar la necesidad
de velar por dos elementos que impactan la industria puertorriqueña.
Primero, la debida redacción de especificaciones en compras,
incluyendo -como se dijo- cursos a compradores. En segundo término,
velar apropiadamente por quien honra las garantías una vez
adquirido el producto mediante subastas. El manufacturero local
cubre sus garantías pero, en compras a distribuidores, quien honra
la garantía no siempre tiene presencia en Puerto Rico, algo perjudicial
para la agencia que adquiere el producto.
En julio de 2021 se nos presentó el reto del paro de camioneros,
quienes reclamaban un alza de tarifas de acuerdo con una Orden
Administrativa emitida por el Negociado de Transporte de Puerto
Rico. Cabe mencionar que esto fue cuestionado por la Junta de
Supervisión Fiscal, pues no se siguió el proceso para discusión,
revisión y aprobación de tal Orden. Todo
el sector privado estuvo de acuerdo en que
un alza era meritoria en todos los servicios de
transporte típicamente regulados (como grúas,
taxis y servicios de transporte de punto “A” a punto
“B”). Pero también estuvimos alineados en que no se debía pretender
regular los contratos negociados por volumen.
El paro en cuestión causó inestabilidad en la cadena de suministros,
afectando a todos por igual en Puerto Rico. Pero si esto fue
un problema, la reacción de otra unión no se hizo esperar al entrar
en un paro en la descarga de mercancía en el muelle internacional,
medida que afectó al 20% de la entrada de carga a Puerto Rico,
incluyendo al 80% de materias primas. El país nunca entendió el
real impacto de esta interrupción, pues los suministros de comida y
abastos en general -desde Estados Unidos- no se afectaron.
En torno a este bloqueo, inicialmente solicitamos sin suerte la
intervención de Fortaleza, pues se entendió que era un asunto entre
patronos y sus uniones. No obstante, pudimos demostrar que era
una cuestión de país y que se estaba impactando toda la cadena de
suministros de la manufactura. Finalmente, Fortaleza asignó al secretario
del Departamento del Trabajo para participar en carácter
de mediador y 90 días después se alcanzó un acuerdo. De todos
modos, el daño a la manufactura ya estaba hecho y se enviaba
al mundo entero el mensaje de que aquí es muy complejo hacer
negocios.
Un “cortocircuito contractual”
En el camino institucional apareció entonces el contrato de administración
de LUMA, un tema controversial desde el principio.
Aunque todos en el sector privado estábamos de acuerdo con privatizar
la transmisión y distribución (“T&D”) lo hicimos con cautela
ante el desconocimiento y hermetismo de los términos del acuerdo.
Ya adjudicado vimos que, una vez más, el gobierno no le había
puesto suficientes garras al contrato. Subsiguientemente, terminamos
con una empresa privada con más hermetismo y menos transparencia
que PREPA, en detrimento de una sana administración
del sistema eléctrico del país.
LUMA negoció los términos con su unión de Estados Unidos
y, aunque está en todo su derecho, ha querido imponer esos términos
a sus suplidores de servicios en Puerto Rico; consideramos
que es algo injusto. A nuestro entender, los empleados tienen derecho
a unirse y exigir que la unión vele por beneficios, pero son los
empleados quienes escogen unionarse. En este caso, LUMA está
imponiendo su unión y términos a las empresas que les trabajan,
no es que los empleados de estas empresas hayan
escogido unionarse.
Hemos dado una batalla incansable -en
forma de cartas, comunicaciones y reuniones-
ante los más altos niveles ejecutivos de
LUMA y Fortaleza. Sin embargo, hemos obtenido cero resultados
y tenemos pocas esperanzas de que esto cambie. Es obvio que no
debemos claudicar, pues se encarecerán los costos de proyectos de
infraestructura eléctrica, se realizarán menos proyectos con los fondos
asignados, y se está desestabilizando y poniendo en desventaja a
la empresa local en materia industrial eléctrica.
¿Reforma deformada?
En el año fiscal de gobierno 2021-2022 trabajamos intensamente,
enviando y presentando ponencias relacionadas a la Reforma
Laboral. Dada la variedad de legisladores de múltiples partidos,
algo que ocurre por primera vez en Puerto Rico, el tema de revisar
nuevamente la reforma laboral ha sido de gran intensidad. En
la AIPR seguimos sosteniendo la reforma laboral de 2017, pues
ha sido bien aceptada por el sector privado y nuestros socios. Lógicamente,
nuestra posición ha causado incomodidad en algunos
legisladores, pues perciben que estamos en contra del trabajador.
Esto no es correcto. Nuestro punto ha sido que los beneficios ya
aprobados son suficientes y el hecho de volver a cambiar leyes cada
3 o 4 años envía un mensaje de inestabilidad y falta de credibilidad
como país.
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