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MONROY - El Poder_ Judicial en el Bicentenario

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JUAN MONROY GÁLVEZ

estados monopolizaron la creación legislativa y el control coactivo

de su cumplimiento.

La segunda función descrita varía su nombre en función de la

importancia que se le otorgue. Se le llama “Administración de Justicia”

o “Poder Judicial”, según se considere que solo es una función pública

más o si se trata del ejercicio de un poder estatal, respectivamente. La

diferencia no es banal. Si se considera que es lo primero, los jueces

encargados de hacerla efectiva serán funcionarios públicos subordinados

a otras manifestaciones del poder estatal o, lo que es peor, del

poder privado. En cambio, si se les reconoce como titulares de un

poder estatal, significará que pertenecen a una organización con autonomía

en su estructura, organización y presupuesto y además, que

son independientes en el ejercicio de su función respecto de cualquier

otro poder y también respecto de otros jueces.

Nuestra historia republicana sobre esta materia no es negativa, es

inexistente. Lo primero supondría afirmar que el interés en convertir

a la judicatura en un poder autónomo ha fracasado en los últimos

doscientos años. Ello sería falso. Ni por asomo hemos tenido siquiera

un gobierno que haya pretendido lograrlo y fracasado en el intento.

Ningún gobierno republicano —elegido en las urnas o de facto—

ha considerado a la cuestión judicial como relevante, sea porque

está inserta en los fundamentos de filosofía política o de teoría de la

justicia de su partido, sea simplemente por intuición. Entonces, no

es que hayamos fracasado en la materia, sino que ni siquiera hemos

intentado su reforma en dos siglos. Si un solo gobierno hubiera analizado

la cuestión judicial y concluido, por ejemplo, que su solución

no es esencial para el país, por lo menos tendríamos un informe que

ayudara a comprender lo que padecemos.

Francis Fukuyama dice que: “Hay una tradición en América

Latina de que el poder judicial sea débil” 1 . La frase y quien la dice

1

Diario El Comercio del 2 de agosto de 2020, p. 4.

16

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