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Revista Tribunales Nº8

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Año 1 | Nº 8 | REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

El derecho a un

aborto legal y seguro

CENTRALES. Pág. 4-5

OPINIÓN

Crisis en la Asamblea Legislativa

y la importancia de la Defensoría

del Pueblo

Pág. 2

ENTREVISTA

“La independencia es una garantía

de funcionamiento y de vida

del Órgano Judicial”

Pág. 3

GÉNERO Y DERECHO

Nuestro cabello es político

Pág. 7


TRIBUNALES

OPINIÓN

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

Crisis en la Asamblea Legislativa y la

importancia de la Defensoría del Pueblo

correodelsur.com

“La población no debería concentrar sus críticas en el nuevo Defensor del Pueblo, sino

en la falta de ética de nuestros asambleístas y la crisis de representatividad en el país”

ºTEXTO: º FRANCO ALBARRACÍN

2

º º OPINIÓN

Franco Albarracín

DIRECTOR GENERAL

Marco Antonio Dipp Mukled

EDITORA TRIBUNALES

Jazmín Serrano Ramírez

DISEÑO DE PORTADA

Natalia Serrano Ramírez

EDITOR GRÁFICO

Juan Carlos Tococari Aguilar

DISEÑO DE MARCA

Pablo Pastor Ostermann

a historia nos demuestra

constantemente la importancia

de aquellas personas

capaces de generar

espacios de consenso y

coordinación entre distintos

grupos. En general, estas personas

suelen ser sensibles ante el abuso del

poder y luchan a favor del respeto de la

dignidad del ser humano. Lo que hoy conocemos

como “Ombusdman”, en la antigua

Grecia era conocido como “Euthynol”.

En la epoca Bizantina (395-1453

D.C.) existía la figura del “Defensor

Civitatis”, y en el Imperio Inca se lo

conocía como el “Tucuyricuj”.

Nuestra experiencia nos ha demostrado

la necesidad de figuras

o instituciones que defiendan al ser

humanos frente a los excesos del poder;

por eso surge la figura del Ombudsman

o “Defensor del Pueblo”.

En el caso boliviano, por mandato constitucional,

la figura del Defensor del

Pueblo fue creada a través de la aprobación

de la Ley N°1818. Al principio, a

pesar de las dificultades que existieron

para nombrar a la nueva defensora del

pueblo, fue elegida la reconocida y respetada

periodista, Ana Maria Romero

de Campero. El rol de Anamar fue indispensable

para mediar y conciliar durante

varios conflictos en el país. Desde

entonces, el rol del Defensor del Pueblo

ha sido fundamental para la promoción

y defensa de los derechos humanos en el

país.

Ante la crisis de derechos humanos que

vive el país, la elección de una nueva

Staff

CONSEJO EDITORIAL

Rubén Martínez Dalmau

Maria Elena Attard Bellido

Boris Wilson Arias López

Patricia Serrudo Santelices

Favio Chacolla Huanca

Mónica Gabriela Sauma Sankys

Fernando Bruno Escobar Pacheco

Soraya Santiago Salame

José Antonio Rivera Santivañez María

Liliana Estupiñán Achury

Franklin Pareja Aliaga

Germán Gutiérrez Gantier

Defensora del Pueblo era fundamental

para la búsqueda de una reconciliación

nacional. Lamentablemente, nuestros

representantes en la Asamblea Legislativa

no lograron comprender a cabalidad

la importancia del tema, por lo tanto,

prevalecieron sus intereses políticos

y particulares en lugar de los intereses

del pueblo boliviano.

Si bien la maniobra política utilizada

por el Movimiento Al Socialismo es

legal, podemos afirmar que carece de

legitimidad. Claramente el proceso

se ejecutó de mala fe, vulnerando los

principios éticos y morales básicos

que deben prevalecer en toda elección

dentro de la Asamblea Legislativa. Sin

embargo, tampoco podemos ignorar que

la maniobra pudo ejecutarse debido a la

ausencia injustificada de una gran cantidad

de asambleístas de la oposición. Es

importante resaltar que los opositores

ni siquiera habilitaron a sus suplentes,

muy probablemente para no perder los

beneficios de sus cargos al momento de

CORREO DEL SUR

Dirección: Calle Kilómetro 7 Nº 202 •

Teléfono: 64-61531 / 64-43202

Correo electrónico:

tribunales@correodelsur.com •

www.correodelsur.com

Correo del Sur no se hace responsable ni se

identifica con las opiniones que sus colaboradores

expresan a través de los trabajos y artículos

publicados. No se mantiene correspondencia sobre

originales no solicitados. Reservamos todos los

derechos. Prohibida la reproducción total o parcial

de cualquier información gráfica o escrita por

cualquier medio, sin permiso de la sociedad editora.

realizar viajes en el país (pasajes viáticos

y otros beneficios).

Por consiguiente, el nuevo Defensor del

Pueblo surge de un proceso irregular

y turbulento, donde la población pudo

conocer con mayor profundidad a las

personas que nos están representando

dentro de la Asamblea. Por un lado,

tenemos a los oficialistas que están dispuestos

a ejecutar artimañas y jugadas

completamente inmorales y, por el otro,

tenemos a los opositores que ignoran

la importancia de su cargo y prefieren

asistir a eventos sociales, en lugar de

participar en la elección de una de las

autoridades más importantes para el

país. En ese sentido, considero que la

población no debería concentrar sus

críticas en el nuevo Defensor del Pueblo,

sino en la falta de ética de nuestros

asambleístas y la crisis de representatividad

en el país.

A pesar de las recomendaciones provenientes

de organismos internacionales

de derechos humanos, el proceso de

elección del nuevo Defensor del Pueblo

no cumplió con lo dispuesto en la Constitución

Política del Estado ni tampoco

con los parámetros establecidos en los

Principios de Paris.

Bolivia necesita a una Defensora del

Pueblo que pueda encaminar un proceso

de reconciliación nacional y búsqueda

de verdad, justicia y reparación,

ante las graves violaciones a derechos

humanos cometidas durante el conflicto

postelectoral. Claramente, el proceso de

elección pone en duda la independencia

e imparcialidad del nuevo defensor, sin

embargo, depende de esta nueva autoridad

mitigar las críticas y demostrar a

la sociedad boliviana que la confianza y

credibilidad de la Defensoría del Pueblo

puede ganarse mediante la defensa de

los derechos humanos frente a los abusos

del poder político.

El Defensor tiene un papel preponderante

para el encuentro entre distintos sectores

dentro de una sociedad polarizada,

espero que el señor Pedro Callisaya, a

diferencia de aquellos que lo eligieron,

tenga mayor responsabilidad, ética y

moral, durante el ejercicio de sus funciones.


TRIBUNALES

ENTREVISTA

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

“La independencia es una

garantía de funcionamiento y de vida

del Órgano Judicial”

Entrevista a Marvin Molina Casanova, Presidente del Consejo de la Magistratura

Segunda parte

correodelsur.com

Cómo autocalificaría su gestión?

¿Cuáles fueron los retos

más difíciles en este tiempo al

cargo?

Es complejo autocalificarse, lo

que más podría destacar de la

gestión, a diferencia de las anteriores, nos

ha tocado acontecimientos serios, empezamos

la gestión y se destapó hechos de

corrupción de jueces involucrados en la

liberación de asesinos, feminicidas, prácticamente

negociaban las condenas de los

privados de libertad. Esta situación nos

obligó a innovar actos de carácter administrativos

jurisdiccional que no estaban

previstos, hemos tenido que generar un

protocolo inmediato de intervención.

Se hicieron intervenciones a los dieciocho

juzgados de instrucción penal, hemos

destituido a diez jueces, hemos procesado

al restante, del mismo modo, se intervino

los veintiún juzgados disciplinarios, con

ingratas sorpresas lastimosamente.

Hasta ahora, calificaría la gestión como

positiva, a pesar de todas las vicisitudes

que hemos tenido, pues no solamente soy

yo, el Consejo es un ente colegiado, un

equipo a nivel nacional.

Respecto a las recomendaciones del

Informe del Relator Especial sobre

la independencia de los magistrados

y abogados de Diego García Sanyán

¿Qué acciones concretas está tomando

el Consejo de la Magistratura?

Hemos tenido la oportunidad de conversar

de manera directa con el Relator,

es una persona muy amable, asequible.

Siendo honesto, no sé si el contenido del

Informe haya sido el resultado cabal de las

intervenciones directas, al Consejo nos

concedió una hora.

Uno de los paradigmas que sustentan

la actividad judicial en el mundo es la

independencia judicial, creo que las recomendaciones

van a fortalecerla, pero

haciendo una autovaloración de la histórica

narrativa de lo que es el concepto

y la materialización de este principio,

garantía, derecho y paradigma jurisdiccional,

la independencia siempre se ha

visto soslayada, es parte de las taras con

las que nace la República, desde el primer

Decreto de 1825, siempre hubo una especie

de sujeción política.

La independencia es una garantía de funcionamiento

y de vida del Órgano Judicial

que está en constante evolución y es deber

de todos mantenerla, fortalecerla y eso no

se hace en base a leyes, sino con voluntad

y conducta.

¿Considera que existe una real voluntad

para garantizar independencia del

Órgano Judicial?

Si, la voluntad está puesta, honestamente

no creo que ninguno de los actuales magistrados

en ejercicio, nuestros más de mil

jueces que tenemos en Bolivia, ninguno

está dispuesto a perder la independencia

judicial, esto estará siempre en constante

defensa, protección y fortalecimiento, en

tanto no se entienda que el rol de las entidades

es de coordinación.

En toda la historia republicana siempre

ha sido tentación del poder político subsumir

al poder judicial, entonces, el problema

está más en las miradas del poder

político hacia el judicial, sociológicamente

hablando.

En lo administrativo ¿Existen problemas

entre la Dirección Administrativa

y Financiera del Órgano Judicial y el

Consejo de la Magistratura?

No lo conceptualizaría como un problema,

no es un tema de carácter personal entre

autoridades, nosotros no legislamos, ejecutamos

lo que se legisla, operamos, administramos

en los diferentes niveles que

se tiene y de acuerdo a las competencias.

El problema fundamental es un tema de

carácter estructural, es la proyección de

lo que fue la estructura jurídica que tiene

el Estado con referencia a la estructura orgánica

del Órgano Judicial que viene plasmada

en la Ley 025. Cuando trabajamos

en su proyecto de Ley, se mantenía que el

Consejo de la Judicatura había degenerado

la administración de los recursos y se

tenían demasiados indicios e índices de

corrupción, no es un secreto para nadie.

Marvin Molina

Casanova.

Presidente del Consejo

de la Magistratura

Entonces, se propuso la descentralización

administrativa y financiera, con base

en la lógica de que, si la gerencia administrativa

y financiera del Consejo de la

Judicatura funciona con 42 funcionarios,

sacamos esta gerencia y generamos una

entidad descentralizada con 50 funcionarios,

pero hoy la Dirección Administrativa

y Financiera (DAF) tiene 508, diez

veces más de lo que se había proyectado.

Si funciona bien o mal es otro tema.

El criterio fundamental era que los recursos

económicos del Estado que se

invierten en justicia iban a ser mejor

manejados, fiscalizados y controlados,

generando un directorio que

tenga en su estructura a las tres

entidades que hacen al Órgano

Judicial, con el fin de controlar de

mejor manera el manejo de los recursos,

con mayor autonomía, pero

la Ley cambia todo esto por ignorancia

administrativa, generando una lógica que

ya había sido superada en los 90s, concentrando

el Poder en el Tribunal Supremo

de Justicia, que tiene dos de los tres miembros

del directorio, no existe posibilidades

de control y fiscalización del Consejo de la

Magistratura y, lo peor, se desconcentra

en lugar de descentralizar, lo que no le

permitirá nunca la DAF ser la entidad que

podría ser por su naturaleza legal.

Se están haciendo cosas ilegales, en el

estricto concepto de la palabra, no es que

las autoridades obren mal, la estructura,

la ingeniería jurídica de la DAF no le permite

hacer lo que está haciendo. Por ello

la Contraloría General del Estado, en el

informe y auditoría especial que hizo al

Órgano Judicial, lo primero que observa

es la dualidad de funciones, por no decir la

usurpación y la inflación administrativa

que ha tenido la DAF.

En este momento tienes una DAF desnaturalizada

que debería ser descentralizada,

no debería tener una unidad de auditoría

interna, unidad de transparencia,

no debería hacer otra cosa que gestión y

administración financiera como dice la

Ley.

Esto sí debería ser tema de la Reforma Judicial,

qué se hace con la plata que nos da

el Estado para la administración de justicia,

de esa plata salen las posibilidades

de tener mayor número de jueces, apoyo

judicial, la administración de los recursos

de Derechos Reales.

3

º º ENTREVISTA


TRIBUNALES

TEMA CENTRAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

El derecho a un aborto legal

y seguro

ºJAZMÍN º SERRANO RAMÍREZ • TRIBUNALES

correodelsur.com

4

propósito del 28 de septiembre, Día

por la Despenalización del Aborto

en América Latina y el Caribe y el

Año de la Despatriarcalización en

Bolivia, es ineludible recordar las

obligaciones de respeto y garantía

que tiene el Estado.

º º TEMA CENTRAL

Tenemos un Código Penal, vigente desde 1973, que

en el artículo 266 establece el aborto sin sanción

en los casos de violación, estupro, rapto, incesto

y cuando el embarazo implique un riesgo a la

salud y vida de la mujer. El año 2012, se presentó

una Acción de Inconstitucionalidad contra varios

artículos del Código Penal, entre ellos el 266

porque exigía dos requisitos para la interrupción

legal del embarazo; que el proceso penal hubiese

iniciado y que se tuviera autorización judicial.

Estos dos requisitos eran vulneratorios porque las

autoridades judiciales demoraban en emitir la autorización

o se acogían a la objeción de conciencia

o rechazaban la autorización, impidiendo que las

mujeres puedan acceder a una interrupción.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, identificó

que esta exigencia normativa era obstáculo

real para que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales

y reproductivos, entonces declaró la inconstitucionalidad

de ambos requisitos a través de la

Sentencia Constitucional 0206/2014. Esta sentencia

interpretó que para la interrupción legal del

embarazo solo se requerirá que la mujer víctima

de violencia sexual comunique este hecho ante la

autoridad competente y acuda a un centro de salud

público o privado, con una fotocopia de su denuncia

para que se le practique el procedimiento.

A consecuencia, el 2015, el Ministerio de Salud emitió

un procedimiento técnico para el cumplimiento

de la Sentencia, la RM 027/2015 de 29 de enero

de 2015, este procedimiento establece que, una vez

que la mujer acuda al centro de salud público o

privado, existe la obligación del personal de salud

de aplicar el procedimiento de la interrupción del

embarazo dentro de las 24 horas, previa presentación

de la fotocopia y del consentimiento expreso

de la mujer, esto último jamás debe ser entendido

como la aplicación de cuestionarios improvisados

que re victimicen a las mujeres. En relación a la

objeción de conciencia señala además que es un

derecho que puede ser ejercido a título personal

del médico, pero en ningún caso el establecimiento

de salud no podrá alegarla.

La Sentencia Constitucional 0206/2014 fue mucho

más allá, porque uno de los artículos cuestionados

también fue el 263 del Código Penal que establece

el delito del aborto “El que causare la muerte de

un feto en el seno materno o provocare su expulsión

prematura, será sancionado: 1) Con privación

de libertad de dos (2) a seis (6) años, si el aborto

fuere practicado sin el consentimiento de la mujer

o si ésta fuere menor de diez y seis años (16)”.

Bueno, paréntesis, el embrión pasa a feto en la semana

8 del embarazo, así que si usted abortó antes

no sería un delito, ¿no?

Sigamos, la Sentencia, respecto a la interpretación

de este artículo, del 263, en el marco de las

recomendaciones de organismos de derechos humanos,

exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional

a que emita leyes que permitan el ejercicio

de los derechos sexuales y reproductivos de las

mujeres y que ponga fin a los abortos clandestinos,

pero que además estas normas estén conforme a

las recomendaciones de los órganos de protección

de los derechos humanos, especialmente del Sistema

Universal de los Derechos Humanos.

Bolivia pertenece a dos sistemas de protección de

derechos humanos, el Sistema Universal y el Sistema

Interamericano de Derechos Humanos, en

ambos existen normas contenidas en instrumentos

internacionales de derechos humanos, pero

también Órganos de protección que tienen una

función contenciosa, que supervisan el cumplimiento

de las obligaciones asumidas por el Estado,

pero que además tienen la función interpretativa,

que fueron creados a la luz de los mismos Pactos o

Convenios, en el caso del Sistema Universal, están

los Comités.

La Recomendación General número 24 del Comité

para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer (Comité de la CEDAW), que hace referencia

al tema de la mujer y la salud, señala la obligación

de los Estados de respetar el acceso de la mujer a

los servicios médicos y de abstenerse de “poner

trabas a las medidas adoptadas por la mujer para

conseguir sus objetivos en materia de salud”. El

Comité de la CEDAW explica que “el acceso de la

mujer a una adecuada atención médica tropieza

con obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas

intervenciones médicas que afectan exclusivamente

a la mujer y castigan a las mujeres que se

someten a dichas intervenciones”.

Asimismo, señala que “en la medida de lo posible,

debería enmendarse la legislación que castigue el

aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas

a mujeres que se hayan sometido a abortos”.

En varias observaciones finales, el Comité

de la CEDAW ha manifestado su preocupación por

el limitado acceso de las mujeres a los servicios

e información en materia de salud reproductiva,

criticando los factores que entorpecen la asistencia

médica a las mujeres, tales como la influencia

religiosa, la privatización de la salud, y las restricciones

presupuestarias.

El Informe del Relator Especial sobre la tortura y

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

de 5 de enero de 2016 señaló que, “El aborto

practicado en condiciones de riesgo ocupa el tercer

lugar entre las principales causas de muerte

materna en todo el mundo. Cuando el aborto está

restringido por ley, la mortalidad materna aumenta,

pues las mujeres se ven obligadas a someterse

a abortos clandestinos en condiciones peligrosas y

antihigiénicas. También aparecen consecuencias

físicas y psicológicas a corto y largo plazo cuando

las mujeres se someten a abortos en condiciones

de riesgo y cuando se ven obligadas a llevar el embarazo

a término contra su voluntad (A/66/254).

Estas políticas restrictivas tienen unas repercusiones

desproporcionadas en las mujeres y niñas

marginadas y desfavorecidas. La existencia de

leyes muy restrictivas, que prohíben los abortos

incluso en casos de incesto, violación, deficiencia

fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la

madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser


TRIBUNALES

TEMA CENTRAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

sometidas a tortura o malos tratos. Sin

embargo, algunos Estados siguen restringiendo

con prohibiciones absolutas del

aborto el derecho de las mujeres a abortar

de manera legal y sin riesgos. Restringir

el acceso a la interrupción voluntaria del

embarazo provoca muertes innecesarias

de mujeres”.

En el mismo sentido, el Comité de Derechos

Humanos, en su Observación general

núm. 36, de 2019, a momento de interpretar

el artículo 6 (derecho a la vida)

del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,

señala que, “aunque los Estados partes

pueden adoptar medidas para regular la

interrupción voluntaria del embarazo,

estas no se deben traducir en la violación

del derecho a la vida de la mujer o la niña

embarazada, ni de los demás derechos

que se les reconocen en el Pacto. “(…) ni

suponer una discriminación contra ellas

o una injerencia arbitraria en su vida

privada. Los Estados partes deben proporcionar

un acceso seguro, legal y efectivo

al aborto cuando la vida y la salud

de la mujer o la niña embarazada corran

peligro, o cuando llevar el embarazo a

término causaría dolores o sufrimientos

considerables a la mujer o la niña embarazada,

especialmente si el embarazo es

consecuencia de una violación o incesto,

o si no es viable. Además, los Estados

partes no pueden regular el embarazo o

el aborto en todos los demás supuestos de

manera contraria a su deber de velar por

que las mujeres y las niñas no tengan que

recurrir a abortos peligrosos, y deberían

revisar en consecuencia la legislación

pertinente”.

“Los Estados partes deberían eliminar

los obstáculos existentes al acceso efectivo

de las mujeres y las niñas a un aborto

sin riesgo y legal, incluidos los derivados

del ejercicio de la objeción de conciencia

por proveedores individuales de servicios

médicos y no deberían introducir nuevas

barreras. “Los Estados partes también

deberían proteger eficazmente la vida de

las mujeres y las niñas contra los riesgos

para la salud mental y física asociados con

los abortos practicados en condiciones de

riesgo. “(…) Los Estados partes deberían

garantizar a las mujeres y las niñas una

atención sanitaria prenatal y posterior al

Según el

Informe “Las

cifras hablan II”,

de IPAS, del año

2016, se estima

que 59.646

abortos fueron

realizados en

Bolivia, es decir,

163 abortos por

día”

aborto de calidad, en todas las circunstancias

y de manera confidencial, así como el

acceso efectivo a esa atención”.

Estas recomendaciones y otras, son parte

del cuerpo normativo del Estado Plurinacional

de Bolivia, no cumplirlas sería

vulnerar el deber de respeto y garantía de

los derechos humanos.

Pero veamos, en Bolivia, según el Informe

“Las cifras hablan II”, de IPAS, del año

2016, se estima que 59.646 abortos fueron

realizados en Bolivia, es decir, 163 abortos

por día.

Debido a la penalización del aborto, en

nuestro país las mujeres que deciden

practicar el aborto sufren complicaciones

de salud graves que requieren de atención

médica inmediata. Los casos más

frecuentes que se presentan -además del

daño psicológico- son hemorragias, perforaciones

uterinas, lesiones intra abdominales

y procesos infecciosos, causantes

de secuelas crónicas como la esterilidad,

dolor pélvico agudo y, en los peores casos,

la muerte.

Esto representa un grave problema de

salud pública, así lo entendió, en 2017, la

ex ministra de salud, quien sostuvo que

115 mujeres acuden a hospitales del país

al día por complicaciones relacionadas

con abortos clandestinos mal realizados

o por consumir pastillas anticonceptivas

sin prescripción médica. Se estimaba que

200 mujeres se realizan este tipo de procedimientos

en lugares clandestinos cada

día porque los lugares a los que las mujeres

acuden son insalubres y clandestinos.

Sostuvo que “el aborto es una realidad

esté penalizado o no, hoy es la tercera causa

de muerte materna en nuestro país y

no lo podemos negar. Si sigue penalizado

va seguir existiendo la muerte materna

por esta causa”. Asimismo, señaló que

debido a que el aborto está penalizado no

se puede generar un registro específico

legal.

La Defensoría del Pueblo e Ipas Bolivia,

el año 2020, realizaron un Informe sobre

la situación de la interrupción legal del

embarazo como derechos humanos de las

mujeres en el marco del cumplimiento de

la Sentencia Constitucional Plurinacional

0206/2014 y la aplicación del procedimiento

técnico para la interrupción legal del

embarazo (ILE). El informe refleja que no

existen garantías para el ejercicio de los

derechos sexuales y reproductivos de las

mujeres, pues la mayoría de las mujeres

que acuden a un hospital con un embarazo

producto de una violación son sometidas

a cuestionamientos del personal médico

acerca de su decisión de que le sea practicado

un procedimiento de ILE, ya sea por

prejuicios, desconocimiento de la norma

o decisiones arbitrarias, situaciones que

provocan angustia, dolor, sufrimiento y

re victimización en las mujeres, esto es

violencia.

Este año, la Defensora del Pueblo, Nadia

Cruz, manifestó el 28 de junio, en una entrevista

para el periódico La Razón, que

“(…) la penalización del aborto “sirve además

para perseguir a las mujeres, que después

de haber pasado por un proceso tan

doloroso y crítico —que seguramente los

hombres, jueces y fiscales no lo saben—

son perseguidas”. “En Bolivia, en este

momento hay 186 mujeres que están siendo

procesadas por el tipo penal de aborto.

Este número incluye a muchas víctimas”.

La violencia contra la mujer es estructural,

no solo incluye abuso físico que normalmente

es más visible, sino también

emocional, psicológico y sexual, la Ley

348 en nuestro país reconoce 14 formas de

violencia como delito, sin embargo, hablar

de que una mujer, de cualquier edad

y condición socio económica esté obligada

a continuar con un embarazo no deseado

también es violencia. La penalización del

aborto claramente no ha resuelto nada,

someterse a un aborto clandestino en

situaciones infrahumanas no solo pone

en riesgo la vida y la salud física y psicológica

de miles de mujeres en Bolivia,

sino que alimenta un mercado negro de

muchos médicos que inescrupulosamente

lucran a diario con el dolor y la vida,

que, casualmente toman posición moral a

favor de los grupos antiderechos.

En el Año de la Despatriarcalización en

Bolivia, este tema debería ser central en

la agenda, pero la indiferencia estatal continúa.

correodelsur.com

5

º º TEMA CENTRAL

Derecho Empresarial

Arbitraje Comercial

Derecho Financiero

y Bursátil

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

Derecho de Seguros

Derecho Constitucional

Derecho Administrativo

y Regulatorio

Propiedad Intelectual

Energía e Hidrocarburos

Infraestructura, Transporte

y Telecomunicaciones

La Paz

Av. Arce Nº 2519, plaza Isabel la

Católica, edificio Torres del Poeta,

Torre A, piso 12.

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Santa Cruz

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Tarija

Calle Sucre Nº 681 esq. calle Ingavi,

planta alta, oficina A.

(591-4) 6658388

01006696


TRIBUNALES

ARTÍCULO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

El derecho humano a la buena

administración pública

correodelsur.com

6

º º ARTÍCULO ACADÉMICO

º º TEXTO: E. HUBERTH VARGAS CAMACHO

nte las crecientes denuncias

que se vienen realizando

por diferentes

medios de comunicación

o plataformas digitales,

sobre los constantes abusos

que sufre la población por parte de

la administración pública en general, en

todos los niveles de gobierno, surge la

necesidad de incluir en el debate, no solo

a la administración de justicia está en

crisis, sino también a la administración

pública.

Para fines del presente artículo, se puede

definir a la administración pública como

el conjunto se personas e instituciones

que se encargan de administrar los recursos

del Estado, para lograr la satisfacción

de los intereses de los ciudadanos. La administración

pública, entonces, tiene por

finalidad el interés público, su acción es

continua y permanente.

En ese entendido, a palabras del Dr. Rodriguez-Arana,

la administración pública

debe ser un entorno de entendimiento y

un marco de humanización de la realidad

que fomente la dignidad del ciudadano y

el ejercicio de todos los derechos fundamentales

de la persona, removiendo los

obstáculos que impidan su efectivo cumplimiento.

Entonces, la Administración Pública tendría

que dejar de limitarse a una simple

prestación de servicios, evitando confundir

la potestad imperativa del Estado, con

autoritarismo, abuso o arbitrariedad, en

perjuicio a los ciudadanos; debiendo retomar

su finalidad que es el interés público.

Ante tal escenario es que el Derecho Internacional

de Derechos Humanos (DIDH)

transita de la simple concepción de la administración

pública al reconocimiento a

la “Buena Administración Pública”

Desde una visión garantista de derechos,

el individuo se encuentra en el centro

de la sociedad y de las actuaciones de la

administración pública, bajo esta lógica

el Estado debe tutelar los derechos de los

ciudadanos y brindar un servicio objetivo

de interés general. Es de esta manera que

surge la buena administración, como una

obligación de la administración pública

y consecuentemente, como un derecho

fundamental cuya titularidad les corresponde

a las personas y contiene varios

subderechos que le asisten a fin de limitar

la interdicción de la arbitrariedad del Estado.

Cuando se habla de “buena administración”,

Jaime Rodríguez-Arana, señala que

no se está refiriendo a un juicio de valor,

relacionado a la “bondad o maldad intrínseca

de este o aquel modelo administrativo”,

pues el significado de la expresión

habla sobre la adecuación del modo de

administrar los fines que el ordenamiento

jurídico destina al Estado. El derecho a la

buena Administración solo adquiere real

importancia cuando supera la literalidad

de su positivización y pasa a ser concebido

como un norte para la actuación estatal y

para la atribución de sentido al derecho

administrativo y sus instituciones.

Si bien en Bolivia no se encuentra consagrado

como derecho fundamental el derecho

a una buena administración pública,

el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos y el mismo reconocimiento que

establece la CPE en su artículo 13 que dispone:

los derechos que proclama la constitución

no serán entendidos como negación

de otros derechos no enunciados; nos

brindan el fundamento para reconocer,

impulsar y proteger el derecho a la Buena

Administración Pública. Pero, además

de lo señalado, se puede concluir que la

actual Constitución, reconoce de manera

tácita este derecho, o en otras palabras

no se encuentra como derecho expreso o

nominado, pero se pretender garantizar a

la luz de otros derechos que resultan ser

derechos accesorios a éste, como ser los

ya mencionados derechos a la petición, al

debido proceso y la tutela administrativa

efectiva.

En ese sentido, el tema se deberá centrar

no solo en su reconocimiento, sino en los

instrumentos o medios por los cuales los

ciudadanos harán exigible este derecho.

Para lograr garantizar una buena administración,

se necesita poner a disposición

de la población, un conjunto de herramientas

que permitan tener contacto con

los administradores, como lo es la posibilidad,

por ejemplo, de presentar peticiones

respetuosas, que se tenga un debido proceso

en cada acción ante la administración,

que se dé publicidad de las actuaciones,

que haya respuesta de la administración a

las diferentes peticiones que se realicen, y

en caso de que estas no sean contestadas se

dé la respuesta presunta, que se materializa

en el instituto del silencio administrativo,

entre otros, donde lo que se pretende es

amparar a las personas y que se cumpla el

deber ser de la administración.

Cumple mencionar que muchas de estas

herramientas ya se encuentran garantizadas

en la CPE como otros derechos (derecho

a la petición, al debido proceso, entre

otros); pero, el derecho a la buena administración

pública, tiene consecuencia en el

contenido del derecho y su eficacia. Como

la garantía está íntimamente relacionada

a exigir que la administración pública sea

eficiente, efectiva, oportuna, transparente

E. Huberth Vargas

Camacho

y participativa; su vulneración no solo

debe exigir el restablecimiento de dichos

derechos accesorios, sino que, el derecho

a la buena administración pública, persigue

también establecer responsabilidad

del Estado por los daños que cause a los

particulares como motivo de su actividad

administrativa irregular.

Lo mencionado, ubica a la persona en el

centro del actuar administrativo, lo que es

comprensible, cuando se logra dimensionar

que la razón por la cual se ha formado

la administración pública es para lograr

el bienestar de las personas y la respuesta

oportuna para satisfacer sus necesidades;

lo contrario resultaría que por acción u

omisión la administración pública incumpla

con los estándares promedio de funcionamiento

de la actividad o servicio, en este

supuesto el particular podrá demandar la

indemnización directamente al Estado.

Finalmente, corresponde concluir

que será labor del Tribunal Constitucional

Plurinacional, el de, en

primera instancia, reconocer, en el

marco del DIDH, el bloque de constitucionalidad

y el artículo 13 de la

CPE, el derecho a la “Buena Administración

Pública”; en los casos que

amerita, determinar que la obligación y

responsabilidad derivada es la realización

objetiva del hecho dañoso, imputable al

Estado, y no la motivación subjetiva del

agente de la administración; consecuentemente,

la razón de la responsabilidad

patrimonial es propiciar y garantizar que

la actividad administrativa sea regular y

que la gestión pública se preste conforme

a ciertos estándares de calidad, lo que

encierra en sí mismo el derecho fundamental

a una eficiente administración

pública, pues si se incumple con esos estándares

se tiene garantizado el derecho a

la indemnización.

Por ello, cuando en la prestación de un

servicio público se causa un daño en los

bienes y derechos de los particulares por

la actuación irregular de la administración

pública, se configura, por una parte,

la vulneración al derecho humano a la

buena administración pública y por ende

la responsabilidad del Estado y, por otra,

el derecho de los afectados a obtener la

reparación.

Bajo estas premisas, el TCP deberá evaluar

y considerar, dentro de su función de

precautelar el respeto y la vigencia de los

derechos y garantías constitucionales, en

sus instrumentos de decisión, lo siguiente:

i) compensación de daños; ii) crear incentivos

tendentes a la prevención de daños y

accidentes; iii) control del buen funcionamiento

de la acción administrativa; y, iv)

demarcación de las conductas administrativas

libres de la responsabilidad civil.


TRIBUNALES

GÉNERO Y DERECHO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

Nuestro Cabello

es Político

º º LILIANA OROPEZA

n el judaísmo ortodoxo

las mujeres casadas deben

raparse las cabezas

y luego usar pelucas,

para mostrar modestia,

su cabello es considerado

algo muy íntimo que debe ser

sólo compartido con sus maridos. El

catolicismo no está tan separado de

esta práctica, pues si pensamos en

las monjas, quienes figurativamente

se casan con Dios, también se cortan

y esconden sus cabelleras.

En Francia, a título de laicidad e

igualdad, es prohibido usar hiyab

en los colegios y el niqab en lugares

públicos, lo cual va en desmedro de la

libertad de credo y puede considerarse

islamófobo.

Hace unos años en Sudáfrica, un

colegio prohibió a sus estudiantes

llevar melenas afro, prohibición

bastante extraña en un país africano,

que tiene amplia historia luchando

contra el racismo y la discriminación

y que derrotó el apartheid.

En distintos lugares, hay imposiciones

estéticas que perciben al cabello

ondulado y afro como descuidado,

desprolijo, poco profesional e inadecuado

refiriéndose a las “peinadas”

como quienes tienen el cabello lacio,

siendo una feminidad normativa con

cánones occidentales.

Me permito dar un ejemplo autorreferencial,

aceptar mi cabello crespo y

su volumen ha sido revelarme contra

cánones, que considero racistas y sexistas,

hoy llevo mi cabello al natural

como parte de mi identidad y como

reivindicación.

La importancia que se le da al cabello

en distintas estructuras culturales

debe cuestionar la relación del cabello

con la feminidad. Al fin y al cabo,

¿Quién determina lo que es bello y

femenino?

En Irán, mostrar algunos mechones

de cabello le ha costado la vida a una

joven de 22 años, Mahsa Amini. Fue

detenida por la policía de la moral

por portar mal su hiyab y luego apareció

en coma, según indican por un

repentino paro cardíaco, muriendo

un par de días después. Fotos de su

rostro ensangrentado ponen en duda

aquello.

Me parece haber escuchado de esto

antes, podríamos hacer un paralelo

con Bolivia donde hace unos meses,

María Fernanda Paucara murió en la

estación policial de Chasquipampa,

en La Paz, por “causas naturales”,

luego de su detención por consumo

de bebidas alcohólicas en espacios

públicos.

La policía “moral” iraní vigila a todas

las mujeres y niñas, se desplazan

para examinar vestimentas, el largo

Obra de la artista

Edith Dekyndt

Liliana Oropeza

de su atuendo y la cantidad de maquillaje

que lleva. La pena por dejarse ver sin

velo en público puede ser de detención,

prisión, multa o latigazos.

La muerte de Mahsa, ha desencadenado

una serie de protestas en varias ciudades

de Irán, donde las mujeres están quemando

sus velos y cortándose el cabello

como protesta. Estas protestas ya se cobraron

la vida de más de 40 personas,

hay más de 1000 detenidos y el internet

tiene cortes esporádicos, cada vez más

largos.

No es una lucha contra el yihab, sino contra

su obligatoriedad, establecida por ley

en Irán. Deja de ser cultural o religioso

cuando es obligatorio, pero no siempre lo

fue, sino desde el año 1979 luego de la revolución

islámica. El que esté prohibido

por ley lo hace un arma estatal contra las

mujeres.

La Alta Comisionada interina de Naciones

Unidas para los derechos humanos,

Al-Nashif ha solicitado la derogación de

todas las leyes y reglamentos discriminatorios

que imponen el velo obligatorio,

“las autoridades deben dejar de atacar,

acosar y detener a las mujeres que no

cumplen las normas sobre el yihab”

Sin embargo, la tutela sobre los cuerpos

y mentes de las mujeres, no son exclusivas

de Irán. Se manifiestan en diferentes

formas y grados en muchos países, se

llama patriarcado.

En palabras de Rita Segato, “el patriarcado

es un orden político primordial que

se basa en el control, el disciplinamiento

y la opresión de las mujeres mediante

narrativas muy diversas y dispersas en

el planeta, que son narrativas de diversas

religiones, narrativas de diversas

culturas, que son diversas narrativas

morales”.

No sólo indigna la muerte de Mahsa,

sino su detención, su acción de ninguna

forma debió implicar quedar en manos

de la policía.

Las mujeres queremos que se detenga la

vigilancia constante de nuestros cuerpos,

que se legisle sobre ellos, y que nuestras

elecciones y creencias sean respetadas.

Ahora, el cabello se volvió una bandera

que flamea como símbolo de resistencia

y luchas contra el sometimiento y la opresión

a las mujeres, venga de donde venga.

correodelsur.com

7

º º GÉNERO Y DERECHO


TRIBUNALES

MIS DERECHOS PASO A PASO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 27 de septiembre de 2022

Renovación de Licencia para

Conducir – Categoría M, P, T, A, B Y C

correodelsur.com

8

¿QUÉ NECESITO?

- Cédula de Identidad vigente

- Certificado Médico original (otorgado por el Centro

de Salud autorizado por el SEGIP-SEGELIC)

- Certificado de Antecedentes de TRÁNSITO

º º MIS DERECHOS PASO A PASO

- Boleta de depósito en Entidades Financieras autorizadas

por el SEGIP (Categorías “M” y “T” Bs.- 80;

Categorías “P”, “A”, “B” y “C” Bs.- 225) No hay número

de Cuenta, indicar al cajero del banco que es para Licencia

de Conducir

- Licencia para Conducir Caducada (en caso de reposición

de kardex)

PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE

1

Debe dirigirse a un Centro de Salud con certificado

de autorización otorgado por el SEGIP-SEGELIC, para

obtener el CERTIFICADO MÉDICO.

IMPORTANTE:

• El costo del trámite de Categorías “M” y “T”

• Forma de pago: DEPOSITO

• N° Cuenta Bancaria (Banco Unión): Indicar al cajero del

banco que es para Licencia

2

3

Obtener el Certificado de Antecedentes de Tránsito

en (estadodigital.mingobierno.gob.bo/cudap)

Dirigirse a una Entidad Financiera autorizada por

el SEGIP, para realizar el depósito Bancario según la

Categoría, no hay número de Cuenta, indicar al cajero

del banco el tipo de servicio.

• Monto: 80 BS

• El costo del trámite de Categorías “P”, “A”, “B” y “C”

• Forma de pago: DEPOSITO

• N° Cuenta Bancaria (Banco Unión): Indicar al cajero del

banco que es para Licencia

• Monto: 225 BS

4

El ciudadano puede realizar Reserva de citas en línea

para una atención más ágil en las Oficinas Operativas,

evitando filas en la atención (ticketlicencias.segip.gob.bo/)

FUENTE: SERVICIO GENERAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR

5

6

El ciudadano debe apersonarse a las Oficinas

Operativas de Licencias para Conducir SEGELIC-

SEGIP de su ciudad y presentar los requisitos exigidos

al Área de Descarte.

Usted recibirá un Ticket una vez revisado el

cumplimiento de sus requisitos y pasa al Área de

Espera a ser atendido, firmar la Ficha Kardex, dirige

al Área de Impresión y esperar al llamado de su

nombre para recoger su Licencia para Conducir.

(www.gob.bo/tramite/1381)

estadodigital.mingobierno.gob.bo/cudap

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