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Edicion 28 de octubre de 2022

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6 Viernes 28 de octubre de 2022 Nacionales

Diario Co Latino

Qué pudo hacer fracasar las negociaciones del TPS

que puso a miles en riesgo de deportación

Tomado de Univisión

El colapso de las negociaciones

entre el gobierno

y una coalición

que intenta mantener vivo y extender

el Estatus de Protección

Temporal (TPS) de cientos de

miles de inmigrantes centroamericanos,

deja una serie de

interrogantes sobre el futuro

de estas personas que durante

años han dependido del programa

para permanecer en suelo

estadounidense.

¿Qué pasará después del 31

de diciembre de 2022 cuando

finalicen los TPS de El Salvador,

Honduras y Nicaragua?

¿Deportará el gobierno de Biden

a los más de 260,000 extranjeros

protegidos por el programa,

que además les otorga

una autorización temporal de

empleo que se renueva cada 18

meses? ¿Deben comenzar a preparar

las maletas? ¿O el gobierno

anunciará una nueva prórroga

poco antes de fin de año?

A 24 horas del anuncio de la

caída de las negociaciones, hecha

por la Unión Americana de

Libertades Civiles (ACLU) (que

representa a los demandantes),

algunas organizaciones y líderes

de la comunidad inmigrante

afectada hablaron con Univision

Noticias para explicar

“detalles” que se filtran de una

negociación a puertas cerradas

protegida por un “acuerdo de

confidencialidad”.

Qué pudo haber sucedido

“Estamos esperando respuestas

porque no sabemos

qué va a ocurrir con nuestra

comunidad”, dice Cecilia Rodríguez,

directora ejecutiva de

la Alianza Hondureña de Los

Ángeles (AHLA). “Queremos

saber qué pasará con el TPS de

los centroamericanos. Nunca

hemos tenido problemas con

las renovaciones y no sabemos

por qué se cayeron las negociaciones”.

Rodríguez también se queja

por la falta de información

respecto a las negociaciones.

“Sabíamos que estaban hablando

con el gobierno, pero no nos dijeron

qué parte de nuestro TPS estaban

negociando. Y ahora, 18 meses

después de iniciado ese proceso,

nos dicen que todo se les

cayó, pero no está clara la información”.

A la pregunta de si entre los temas

que se discutían se encontraba

un nuevo TPS con camino a

la residencia, la activista dijo que

“escuchamos eso, pero nadie lo

sabe. Ojalá nos lo digan pronto”.

Filtraciones no confirmadas

Activistas en Washington DC

mencionan posibles puntos que

se contemplaron en las negociaciones,

pero no confirman que

hayan sido las causas por las cuales

se dio por terminado el diálogo

aprobado en junio del año pasado

por la Corte de Apelaciones

del 9º Circuito.

“Hemos escuchado que había

diferencia respecto a cuánta protección

se estaba discutiendo”,

dice Abel Núñez, director ejecutivo

del Centro de Recursos Centroamericanos

(CARECEN) en el

Distrito de Columbia. “La coalición

de demandantes quería cinco

años y el gobierno les insistió

en que no podía excederse de las

prórrogas de 18 meses autorizadas

por ley”.

Núñez dijo además que “no

creo que la fecha de registro haya

estado sobre la mesa de negociaciones

porque ese asunto va más

allá de la demanda”.

La modificación de la fecha de

registro abriría la puerta para que

un mayor número de inmigrantes

se acojan al programa. En el caso

de nicaragüenses y hondureños, el

TPS protege a todos aquellos que

se encontraban en Estados Unidos

a partir del 30 de diciembre

de 1988 o antes. La protección de

El Salvador ampara a todos quienes

se encontraban en EEUU el 9

de marzo de 2001 o antes.

Situación delicada

Otro factor que pudo haber influido

en la caída de las negociaciones

es la crisis migratoria que

se vive en la frontera. “Hay muchos

intereses en juego”, dice Salvador

Sanabria, director de El

Rescate, en Los Ángeles, California.

“La negociación entre los beneficiarios

del TPS y el gobierno

de Biden tuvo consideraciones de

tipo político y diplomático de los

intereses de Estados Unidos en la

región”, agregó.

“Y no se trata de una visión regional,

sino bilateral que Estados

Unidos tiene con cada una de las

naciones, en este caso El Salvador,

Honduras y Nicaragua”, dijo.

Sanabria indicó además que

“dada situación crítica en esos

tres países, puede haber valoraciones

de tipo geopolítico de cara a

los intereses de seguridad nacional,

y de cómo tratar en la región

la crisis y los refugiados de esos

países. Todo eso tuvo impacto en

las negociaciones”.

El director de El Rescate dijo

además que “la decisión que se

tome sobre el programa será humanitaria,

de emergencia y política”.

Y señaló que “el único que

en este tema puede dar una solución

definitiva es el Congreso, no

el presidente.

A la pregunta de si estima que

haya una prórroga por decisión

de la Casa Blanca, el activista dijo

que “esperamos que el secretario

de Estado recomiende al presidente

una extensión antes del vencimiento

de los TPS”.

Si bien las razones del colapso

en las negociaciones siguen siendo

confidenciales, “lo que está

claro es lo que deben hacer los

miles de beneficiarios del TPS, no

entrar en pánico”, dice Núñez.

Agregó que en este momento

los titulares de TPS afectados “no

tienen que hacer nada, y que si llega

el 31 de diciembre “la gente

no se quedará desprotegida”.

Núñez explicó que “al caerse

las negociaciones, el panel

completo de jueces de la Corte

de Apelaciones del 9º Circuito

debe tomar una decisión final

sobre la demanda”. Y que, si el

fallo es negativo, “habrá que esperar

la resolución de otras demandas

(casos) pendientes en

los tribunales de justicia”.

El director ejecutivo de CA-

RECEN también explicó que

“la Casa Blanca de Biden también

tiene la habilidad ejecutiva

de proteger a esta gente, incluso

con un nuevo TPS. Así es

que, con todo esto por delante,

no hay que entrar en pánico.

Pero sí hay que estar al tanto

de las informaciones que vayan

fluyendo en las próximas semanas”,

apuntó.

La página digital de la Alianza

Nacional por el TPS tiene publicada

una nota en la que menciona

el tema de la residencia legal

permanente para los beneficiarios

del TPS.

¿Qué queremos decir con ResidencyNow?,

pregunta la publicación.

La repuesta señala que

“reconocemos que el TPS se

creó como una solución a corto

plazo para problemas complejos,

pero lo que brinda una

comprensión más profunda de

las circunstancias de los beneficiarios

es comprender la agitación

presente en sus países de

origen”.

Agrega que el fracaso en el

Congreso del debate de la reforma

migratoria dejó a los beneficiarios

de TPS en un limbo legal

permanente. Ante esta situación,

claman por la aprobación

de una ley que les permita “ajustar

de estatus sin tener que salir

de Estados Unidos, incluso si se

ingresa sin inspección” al país.

Este beneficio, añade, incluiría

a todas las personas que tienen

TPS y eran originalmente

elegibles para el programa, incluso

si no han podido continuar

manteniendo su registro

al día, o si su estado de TPS ha

sido revocado.

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