Edicion 05 de Noviembre de 2022

4 Sábado 5 de noviembre de 2022 Nacionales
Diario Co Latino
Población LGBTIQ+ demanda adecuar
marco normativo con enfoque de igualdad
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Población LGBTIQ+ demanda del gobierno el fortalecimiento de la institucionalidad para la aplicación de normativas
y fiscalización de su cumplimiento y el ejercicio de rendición de cuentas. Así como impulsar procesos de
capacitación y sensibilización de los derechos de esta población. Foto Diario Co Latino/archivo.
“Esta actividad es parte
de la difusión y
defensa de los derechos
humanos de la población
LGBTI desde el Observatorio
Nuestra Mirada”,
dijo, Vilma Vaquerano,
coordinadora de observatorios
de ORMUSA, en la
presentación del Informe sobre
el Impacto de la Violencia
Institucional y la Discriminación
en la Población
LGTBI
“Se analiza el contexto en
los ámbitos de violencia, acceso
al empleo y la respuesta
del funcionarato en cuanto
lineamientos y compromisos
en el marco derechos
humanos. El acceso a los servicios
públicos y el acceso a
la justicia de la población
LGBTI”, agregó Vaquerano.
Vaquerano agregó que
el contexto de los derechos
humanos de la población
LGBTI ha estado invisibilizada
históricamente y
que se desencadenan en los
“sesgos” de falta de conocimiento
o prejucios que hay
sobre esta población.
“Este documento que
van a presentar enfatiza la
capacitación del funcionariado,
sobre todo, y los
avances que debe haber desde
la institucionalidad desde
su parte interna hacia lo
público, eso es clave, sobre
todo, porque hay mucha
desinformación sobre los
derechos de la población
LBGTI”, acotó Vaquerano.
Mientras, Marcos Molina,
encargado del componente
de Diversidad de Derechos
Sexuales y Reproductivos
de ORMUSA, señaló
en la presentación de los resultados
de la investigación
en torno a los impactos físicos,
psicológicos, económicos
y materiales de la violencia
institucional y la discriminación
de las personas LGB-
TIQ+ , encuesta que se realizó
entre febrero a marzo de
2022.
“Queremos que los funcionarios
públicos, sociedad civil,
academia y medios de comunicación
presenten algunas
realidades de la población
LGBTIQ+, a través de un pequeño
ejercicio que contó
con una miscelánea de técnicas
de investigación debido
a la complejidad que tiene el
tema de acceso a la justicia”,
afirmó.
“Se ha hecho un estudio de
los marcos normativos, aunque
no es nuevo, es bueno saber
sobre el andamiaje jurídico
que son parte de los factores
protectores de las personas
LGBTIQ+ y como están
concatenados como la Ley del
Nombre o la Ley de Pensiones,
en donde muchas personas
no pueden acceder a estos
derechos”, sostuvo Molina.
La investigación priorizó
tres componentes: el formalnormativo
referido a las leyes
vigentes que discriminan o reconocen
derechos de la población
LGBTIQ+ ; el estructural
que indagó el rol del funcionario
y los recursos con los
que cuentan las instituciones
públicas destinadas al género
y a esta población y el último,
el impacto de la violencia institucional
y la falta de debida
diligencia en la vida de la población
LGBTIQ+.
“Hicimos una muestra con
124 personas que han tenido
en algún momento un tipo de
acercamiento o vivido una situación
de violencia ya sea, en
la vía pública, su hogar, institución
o un servicio. Y tenemos
que 6 de cada 10 personas
han sufrido una o dos tipos
de violencia de discriminación
en ámbitos públicos y
privados”, afirmó.
En cuanto a los medios de
vida, Molina señaló que las
mujeres y hombres trans y
mujeres en su diversidad biosexuales
y mujeres lesbianas,
tienen salarios mucho menor
al salario mínimo, lo que consideró
como un elemento de
análisis a partir del acceso a la
justicia de la población LGB-
TIQ+, por lo 3 de cada 10 personas”,
sostuvo Molina.
Otro dato relevante, acotó
Molina, es que el 80% de las
personas encuestadas reportó
situaciones de violencia institucional
o discriminación en
diferentes ámbitos, siendo los
hombres trans (92.9%) y mujeres
trans (100%) las personas
mayormente afectadas en
sus derechos.
“De las personas que realizaron
una denuncia, solo un
8.3% afirmó que esta fue atendida
y resuelta favorablemente
. Y las razones que expresaron
para no denunciar es: no
sirve para nada, miedo a represalias
y desconocimiento a
de la ruta de denuncia, entre
otras”, agregó.
“Sobre la violencia ejercida
por autoridades de seguridad,
la Policía Nacional Civil
(PNC) y la Fuerza Armada
(FAES) fueron las más señaladas.
Y las personas que manifestaron
haber sido forzadas a
dejar su domicilio el 70.8%,
expresó haberse visto imposibilitada
de volver a su hogar y
en cuanto a los impactos que
ha ocasionado estas experiencias
el 69% señaló el nivel psicológico
y un 23.4% el económico”,
acotó Molina.
En cuanto al componente
“formal-normativo”, el informe
señala que identificaron
que existe normativa jurídica
y políticas públicas, pero están
dispersas y con un alcance
limitado, no obstante, el llamado
que ha hecho la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (2021) al
Estado salvadoreño a establecer
“normas específicas“
para erradicar la discriminación
y la violencia contra
la población LGBTIQ+
, pero no se ha aplicado.
“El informe es muy importante
porque expresa de
viva voz, de personas que
han tenido o estado en la
ruta de justicia que ha sido
desagradable y han vivido
el tema de la impunidad o
del sobreseimiento de sus
casos, y tenemos que San
Salvador es de los más violentos
departamentos para
la población LGBTIQ+, al
que le sigue Santa Ana, San
Miguel y La Libertad, que
son los 4 departamentos
que tienen esas cifras rojas
por la violencia y con énfasis
en mujeres trans y hombres
gay”, manifestó.
“En el componente estructural,
en la sociedad
salvadoreña persiste una
ideología y cultura antiderechos
que es altamente
doctrinaria y dogmática,
que ignora el principio de
laicidad del Estado salvadoreño,
y lo alimenta con
una cultura homo-lesbobi-transfóbica
que limita u
obstruye el reconocimiento,
goce y ejercicio de derechos
de esta población”,
aseguró.
“El estudio en cuanto al
componente cultural, señala
la discriminación social
y la violencia contra
las personas LGBTIQ+, estrechamente
vinculada a la
existencia de prejuicios y
estereotipos relativos a la
sexualidad heteronormada
que constituye el modelo
socialmente válido de relaciones
sexoafectivas y de
parentesco”, expresó Molina.