22.11.2022 Views

Revista Tribunales Nº16

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Año 1 | Nº 16 | REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

La Bolivia que soñamos

desde las Escuelas Abiertas del Bicentenario

CENTRALES. Págs. 4-5.

OPINIÓN

La ley para distribución de escaños

y recursos

ENTREVISTA

¿Qué es el Observatorio Judicial

Defensorial?

ACTUALIDAD ACADÉMICA

Reseña del Libro

Constitucionalismo Crítico

Págs. 2.

Pág. 3.

Pág. 6.


TRIBUNALES

OPINIÓN

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

La ley para distribución de

escaños y recursos

correodelsur.com

2

º º OPINIÓN

Carlos Bellott,

Constitucionalista

en temas de

organización y

funcionamiento

del Estado.

º

CARLOS BELLOTT

s la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) la

que, mediante ley, debe establecer

la distribución de

los recursos entre los gobiernos,

la distribución de

escaños parlamentarios, el plazo para la

realización del Censo Nacional de Población

y Vivienda y el plazo para la publicación

de los datos oficiales. Al Órgano

Ejecutivo le corresponde definir la fecha

del Censo y remitir al Tribunal Supremo

Electoral los resultados en tal plazo. Este

último debe aplicar la nueva distribución

de escaños.

Como es de conocimiento común, el Órgano

Legislativo es el encargado de

normar; el Ejecutivo, únicamente

de ejecutar. Para hacer esto, tiene

la atribución para reglamentar

los procedimientos que aplicará

al implementar las leyes mediante

su estructura orgánica. En materia

electoral, esta potestad reglamentaria

y ejecutiva le corresponde al Órgano

Electoral.

En ese entendido, establecer la regla para

la distribución de los recursos fiscales

entre los gobiernos del país, no le corresponde

al Ejecutivo, sino al Legislativo

(Ley 031, art. 110.I y Disp. Trans. 17.II).

Eso porque este es el órgano normador

y no así el Ejecutivo. A este, lo que le corresponde

es reglamentar el mecanismo

mediante el cual transferirá esos recursos,

y efectivizar esa transferencia en los

plazos y periodos que establezca esa ley

y mediante el mecanismo que prevea el

reglamento.

Lo propio, respecto de la distribución

de escaños parlamentarios. La Constitución

Política del Estado (CPE) dice: “La

distribución del total de escaños entre

los departamentos se determinará por

el Órgano Electoral en base al número

de habitantes de cada uno de ellos, de

acuerdo con el último Censo Nacional,

de acuerdo con la Ley” (art. 146.V). En

coherencia con la potestad de normar

del Legislativo, esta última parte, establece

la reserva de ley sobre el tema. Es

decir, debe ser la ley la que distribuya los

escaños. Al Tribunal Supremo Electoral

(TSE) le toca presentar el proyecto de ley,

reglamentar eso y asignar tales escaños

parlamentarios.

Respecto del Censo Nacional de Población

y Vivienda, el Legislativo debe normarlo

y el Ejecutivo reglamentar su aplicación

y realizarlo. Establecer la fecha del Censo

no es parte de la norma sustantiva, sino

parte de la norma procedimental, por lo

que no es atribución de la ALP definirla.

Por eso, no corresponde elevar a rango

de ley el Decreto Supremo 4824 que dispone

la fecha de “empadronamiento del

Censo” y el mes para la “distribución de

los recursos económicos de coparticipación”.

Lo que sí puede hacer la ley es la

disposición transitoria que establezcan

un plazo para ambos aspectos. Esto es

posible, ya que fijar tiempos forma parte

de los dispositivos de eficacia de las leyes.

Es decir, de aquellos aspectos del contenido

de las leyes diseñados para garantizar

su aplicación.

Seguramente algunos lectores se están

preguntando: ¿acaso la ley no tiene el poder

de establecer lo que sea? La respuesta

es no. La regla de que un órgano norma, el

otro ejecuta y el otro administra justicia

es justamente la que hace a la naturaleza

del Estado de derecho. Esa regla es la que

evita la concentración del poder en un

solo órgano. Sin ella, siempre existiría el

riesgo del autoritarismo. Por eso la Constitución

prohíbe que cualquier órgano

de gobierno ejerza las funciones de los

otros: “Las funciones de los órganos públicos

no pueden ser reunidas en un solo

órgano ni son delegables entre sí” (art.

12.III). Esto implica que no es posible ni

siquiera si el legislador establece en una

ley un mandato para que el Ejecutivo u

otro órgano asuma alguna función de su

atribución o de la de los otros órganos.

Es común ver en algunas leyes mandatos

que dicen: “el Órgano Ejecutivo ampliará

y desarrollará la presente ley mediante

la reglamentación”. Este tipo de

disposiciones va contra la Constitución.

Los otros órganos únicamente pueden

normar los procedimientos a aplicar desde

su estructura institucional. No tienen

atribución para generar nueva norma

sustantiva, así sea para complementar lo

dispuesto en la ley.

En cuanto al conflicto en torno al Censo,

el problema fue que la Ley 1405 de

Estadísticas Oficiales y ninguna otra

actualmente establece la periodicidad de

esa gran encuesta. Es necesario que la

ALP complemente esa ley, estableciendo

que el Censo de Población y Vivienda se

realice cada diez años. Para la situación

actual, podría incorporar disposiciones

transitorias señalando un plazo para

la realización del siguiente Censo y un

plazo posterior para la publicación de los

resultados oficiales. Esto, según dijo el

TSE, tendría que ser máximo septiembre

del 2024, si se desea asegurar la realización

de las Elecciones Generales 2025 con

la nueva distribución de escaños parlamentarios.

Si la fecha prevista en el DS

4824 no se encuentra dentro ese plazo, el

Ejecutivo tendría que adecuarla.

DIRECTOR GENERAL

Marco Antonio Dipp Mukled

EDITORA TRIBUNALES

Jazmín Serrano Ramírez

DISEÑO DE PORTADA

Natalia Serrano Ramírez

EDITOR GRÁFICO

Juan Carlos Tococari Aguilar

DISEÑO DE MARCA

Pablo Pastor Ostermann

Staff

CONSEJO EDITORIAL

Rubén Martínez Dalmau

Maria Elena Attard Bellido

Boris Wilson Arias López

Patricia Serrudo Santelices

Favio Chacolla Huanca

Mónica Gabriela Sauma Sankys

Fernando Bruno Escobar Pacheco

Soraya Santiago Salame

José Antonio Rivera Santivañez María

Liliana Estupiñán Achury

Franklin Pareja Aliaga

Germán Gutiérrez Gantier

CORREO DEL SUR

Dirección: Calle Kilómetro 7 Nº 202 •

Teléfono: 64-61531 / 64-43202

Correo electrónico:

tribunales@correodelsur.com •

www.correodelsur.com

Correo del Sur no se hace responsable ni se

identifica con las opiniones que sus colaboradores

expresan a través de los trabajos y artículos

publicados. No se mantiene correspondencia sobre

originales no solicitados. Reservamos todos los

derechos. Prohibida la reproducción total o parcial

de cualquier información gráfica o escrita por

cualquier medio, sin permiso de la sociedad editora.

Sobre la distribución de recursos poscenso,

podría la misma ley darle un plazo a la

propia ALP para que esta apruebe la ley

de distribución de recursos. Finalmente,

podría esa ley también fijar un plazo

para la emisión de otra que establezca

la redistribución de escaños parlamentarios,

con base en los datos del nuevo

Censo. Con todo eso, la demanda de garantías

que solicitan los movilizados por

el Censo se realizaría tal cual desean que

se haga: mediante ley.


TRIBUNALES

ENTREVISTA

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

¿Qué es el Observatorio

Judicial Defensorial?

“Creado por Convenio entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo el 7 de noviembre”

º º JAZMÍN SERRANO • TRIBUNALES

¿Qué es el Observatorio Judicial

Defensorial con enfoque de

derechos humanos?

Suscribimos un Convenio con la

Defensoría del Pueblo para crear

el Observatorio Judicial Defensorial,

preocupados por grupos vulnerables

que muchas veces no reciben la atención

debida en las instituciones públicas, en

este caso, en la administración de justicia.

Hablamos de mujeres, niñas, niños y adolescentes

que han sufrido maltratos aberrantes

y que incluso han perdido la vida.

Tuvimos la oportunidad de recorrer varios

juzgados en el país que se encuentran en

las capitales, que usualmente son visitados,

pero también los que casi nunca son

visitados por las autoridades que incluso

tienen la competencia de fiscalizar y

supervisar el trabajo de los jueces, estos

son los que se encuentran en municipios

lejanos, en ciudades intermedias y hemos

constatado lamentablemente que las vulneraciones

en derechos los grupos vulnerables

mencionados, en muchos casos,

no pasan de haberse denunciado y no se

hace seguimiento hasta obtener justicia,

sentencias que al margen de imponer una

pena también deben considerar el resarcimiento

a la víctima.

Esta situación nos preocupó y coincidimos

con el Defensor del Pueblo en que es

necesario sumar esfuerzos, si bien existen

normas, desde nuestra Constitución Política

del Estado (CPE) que es ampliamente

garantista y normas específicas como

la Ley N°348, éstas por sí solas no llevan

justicia a las víctimas, tienen que existir

acciones coordinadas entre las entidades

llamadas por ley y en este caso hablamos

del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y

la Defensoría del Pueblo (DP).

El Observatorio tiene un enfoque de

derechos humanos, así está concebido

en el Convenio, ¿qué es enfoque de derechos

humanos?

Los sectores vulnerables, involucrados

en el Observatorio, históricamente han

sufrido violaciones a sus derechos, no hay

un debido proceso, en muchos casos, que

garantice a las víctimas obtener justicia,

no se cumple con los principios básicos

de la CPE como el acceso a la justicia y

el debido proceso, por tanto, eso también

hace al componente de los derechos humanos

(DDHH). Este Observatorio tendrá la

tarea de visibilizar en qué casos de está

vulnerando derechos de las víctimas. Esta

iniciativa calará profundo en el sistema de

administración de justicia, no solamente

en la parte jurisdiccional, sino también al

Ministerio Público, la Policía Boliviana y

otras instituciones. El Observatorio permitirá

desnudar la realidad de la administración

de justicia entorno a estos grupos

vulnerables que merecen gozar de las garantías

que establece nuestra CPE.

Usted señala dos grupos vulnerables,

mujeres y NNA. En aplicación del enfoque

interseccional, ¿qué tratamiento

se dará a los casos en los que estén involucradas

mujeres que pertenecen a

la comunidad LGTBI+?

Cuando hablamos de violencia en razón de

género hablamos también de estos temas,

efectivamente, debemos reconocer como

Institución las debilidades que tenemos

que nunca fueron resueltas oportunamente

y una de ellas es no tener los datos precisos

que nos permitan asumir decisiones

concretas y específicas para remediar las

cosas irresueltas que tiene la administración

de justicia. Este Observatorio

permitirá la acumulación de datos, pero

no queremos llegar solamente a las estadísticas

frías, queremos ver más allá; ver a

la víctima, al ser humano, a la mujer, a los

niños y niñas, a la familia sufre de manera

colateral.

Entendemos que, a partir del mes de enero,

es el plazo que nos hemos dado ambas

instituciones, podremos contar con un

plan diseñado para ejercer los propósitos

que nos estamos planteando a través del

Observatorio.

Además de la recolección de datos ¿cuáles

son los objetivos del Observatorio

Judicial Defensorial?

Hemos firmado este Convenio con la Defensoría

del Pueblo porque es una institución

estratégica en el Estado Plurinacional

de Bolivia; enfocada en la defensa de los

derechos humanos y las recomendaciones

y los informes que emanan del Defensor

del Pueblo tienen carácter vinculante, por

tanto, el trabajo estadístico será objeto de

análisis y de elaboración de informes y

recomendaciones para las entidades que

correspondan, cuyo contenido deberá convertirse

en políticas de prevención y será

la base para enmendar la conducta que

corresponda de los servidores públicos,

como la de aquellos que son parte de las

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, del

Ministerio Público, SLIM, Órgano Judicial

y otros.

¿Cuáles son los avances a destacar en su

gestión, a más de un año como Presidente

del Tribunal Supremo de Justicia?

Dr Ricardo Torres

Echalar, Presidente del TSJ

no queremos

llegar solamente

a las estadísticas

frías, queremos

ver más allá; ver

a la víctima, al

ser humano, a

la mujer, a los

niños y niñas,

a la familia que

sufre de manera

colateral”.

(Descargue y conozca

el Convenio entre el

Tribunal Supremo de

Justicia y la Defensoría

del Pueblo)

Un año y medio en gestión pública es un

plazo corto, lamentablemente quisiéramos

hacer mucho más en este tiempo,

pero la burocracia en sí del sistema estatal

no permite avanzar con las necesidades

urgentes que tiene la Institución y el

país. Sin embargo, hay que precisar que

habíamos anunciado la modernización

del Órgano Judicial y este objetivo será

cumplido a través del sistema único de

gestión de causas que, en breve será presentado

de forma conjunta con la Agencia

de Gobierno Electrónico y Tecnologías de

Información y Comunicación (AGETIC),

el Ministerio de Justicia, el Consejo de la

Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

Estamos hablando de un sistema que permitirá

digitalizar y llegar al expediente

electrónico dentro del Órgano Judicial,

no solamente facilitando el trabajo de

los operadores de justicia, sino también

el acceso a la justicia transparentando el

trabajo.

Otro tema pendiente que tenía el Órgano

Judicial era institucionalizar la Escuela

de Jueces, lo hemos logrado, hoy tenemos

un Director Institucionalizado, eso nos

ha permitido llevar adelante con éxito y

transparencia la incorporación de nuevos

abogados que se están formando para ser

jueces, se ha modificado la Ley N°025 la

cual estipulaba que estos abogados debían

formarse durante un poco más de dos años

para ser jueces, situación que conforme a

nuestra coyuntura era inadecuado, ahora

se formarán durante diez meses. Para

el mes de agosto de 2023, tendremos 160

jueces nuevos debidamente formados con

las destrezas, principios y valores que requiere

el Estado Plurinacional.

Del mismo modo, había una tarea pendiente

por mandato de la Ley N°1173

acerca de la refuncionalización; se han

refuncionalizado 35 tribunales de sentencia,

que, a través de la ampliación de competencias

en 105 juzgados, hoy contamos

con: 97 jueces de sentencia penal, 14 jueces

de sentencia anticorrupción, 24 jueces de

sentencia de violencia contra la mujer, 10

jueces de instrucción en lo penal, 18 jueces

de instrucción de violencia contra la

mujer y corrupción, 8 jueces de ejecución

penal, 40 jueces técnicos en materia penal,

26 jueces de trabajo y seguridad social, 21

jueces de familia, 18 jueces en materia

civil y comercial, 17 jueces de niñez y adolescencia

y, 3 jueces de pérdida de dominio.

La refuncionalización ha permitido

la ampliación de competencias y que los

jueces puedan atender esta cantidad de

materias que acabo de señalar.

correodelsur.com

3

º º ENTREVISTA


TRIBUNALES

TEMA CENTRAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

La Bolivia q

desde las Escuelas Abi

correodelsur.com

4

º º TEMA CENTRAL

º º JAZMÍN SERRANO RAMÍREZ • TRIBUNALES

stamos próximos a conmemorar

los 200 años de independencia

de nuestro país,

y, sobre todo en días como

los que hemos vivido un

conflicto que ha recogido

discursos divisionistas seguramente nos

preguntamos: ¿hacia dónde vamos?

El 31 de agosto de este año se presentó el

Plan Estratégico en las nueve capitales

de departamentos, en cuyo acto el Presidente

del Estado, Luis Arce, destacó que

“el Bicentenario es un acontecimiento

extraordinariamente importante en

nuestra historia y es una oportunidad

única para consolidar el Estado Plurinacional

y conmemorar unidos los 200

años del país” (Periódico La Razón,31 de

agosto de 2022)

El Plan Estratégico Nacional del Bicentenario

tiene como frase titular “La Bolivia

que soñamos” y con ello desglosa directrices

de trabajo de cara a esta importante

conmemoración y es cardinal analizar

qué respuestas se están dando a nuestras

necesidades, pues, como se viene señalando,

la buena administración pública es un

derecho que todas y todos tenemos y, vigilar

las actividades de nuestros servidores

y representantes de Estado es vital para

su materialización.

En esta ocasión, tomando como punto de

partida lo anotado en la anterior edición de

Tribunales, es fundamental que la trasformación

hacia una cultura de paz tenga un

diseño trasversal con la justicia social y observar

lo que el Plan Estratégico propone,

que a decir verdad, es bastante ambicioso,

pues tiene el propósito de materializar

obras de salud con especialización, educación

en innovación tecnológica, seguridad

y soberanía alimentaria, industrialización

de los hidrocarburos y la minería, promover

la producción nacional y la sustitución

de importaciones, entre otros.

Por esta amplitud, tomaremos una de las

propuestas del eje sobre educación del

Plan Estratégico, pues el camino hacia la

vida digna está condicionado a la materialización

del acceso a la educación. Así

se tiene, dentro del Plan el “Programa Somos

Generación Bicentenario” que, entre

otros, proyecta las “Escuelas Abiertas

hacia el Bicentenario de Bolivia”.


TRIBUNALES

TEMA CENTRAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

ue soñamos

ertas del Bicentenario

Un proyecto novedoso en nuestro país,

pero que ya fue implementado en países

como Brasil con las “Escuelas Abiertas

de Brasil para el Fomento de una Cultura

de Paz” que brindó capacitaciones e inserción

laboral a jóvenes de poblaciones

vulnerables, así como la experiencia que

tuvo el Argentina con los “Patios abiertos”

desarrollados como espacios para la

inclusión educativa y aprendizaje a través

de propuestas recreativas, culturales,

artísticas y deportivas.

En Bolivia, el racismo es un problema

estructural de la sociedad y un obstáculo

hacia la consolidación de la cultura de

paz, así lo ha refrendado el último Informe

del Grupo Interdisciplinario de Expertos

Independientes (GIEI) el año 2021. En

el mismo año, según datos de la Dirección

de Lucha contra el Racismo y toda forma

de Discriminación, se registraron aproximadamente

240 denuncias por discriminación

racial, orientación sexual, cultura,

discapacidad, edad, estado de embarazo,

entre otras formas de exclusión. Sobre la

situación de violencia en razón de género,

la Encuesta de Características y Prevalencia

de la Violencia contra las Mujeres del

Instituto Nacional de Estadísticas (INE

2016), establece que 7 de cada 10 mujeres

bolivianas sufrieron algún tipo de violencia

a lo largo de sus vidas. Asimismo,

el año 2021, según reportes de la Fiscalía

General del Estado (FGE), se registró 108

feminicidios y 46 infanticidios.

Tomando en cuenta esta realidad, la

iniciativa “Escuelas Abiertas Hacia el

Bicentenario” pretende la apertura de

las escuelas y/o colegios de educación

regular durante los fines de semana, días

feriados y vacacionales, para la realización

de toda clase de actividades lúdicas,

recreativas, deportivas y culturales,

abiertas a todos los jóvenes del entorno

(y no sólo a los estudiantes) fomentando

el protagonismo de los propios jóvenes y

de sus familias.

En palabras del Delegado Presidencial,

Dr. Martín Maturano, quien compartió

un espacio de entrevista con Tribunales,

el Plan Estratégico del Bicentenario

expone las Escuela Abiertas como una

estrategia para realzar el orgullo de ser

bolivianos y soñar con un país unido que

dialoga, construye paz y enfrenta problemas

asociados a la violencia, la discriminación,

la falta de oportunidades, entre

otros.

Por ello se pretende promover un proceso

de descolonización a través de la interculturalidad,

entendida como la interrelación

de los saberes, valores, prácticas

y experiencias de cada cultura con otras

culturas. La interculturalidad supone

entonces, una mirada hacia afuera, una

mirada hacia el diálogo e intercambio

mutuos, hacia el respeto entre culturas.

Se plantea una sociedad plural e intercultural

que comparta conocimientos y un

conjunto de saberes para eliminar la discriminación

racial y cultural, en el marco

de una revolución cultural descolonizadora

y despatriarcalizadora, en la que todas

y todos los habitantes tengan igualdad de

oportunidades para desarrollar su máximo

potencial como seres humanos.

Las Escuelas Abiertas son un medio para

lograr este impacto, tomando como principales

actividades el fortalecimiento de

capacidades formativas en: descolonización,

despatriarcalización, educación

popular, cultura de paz y salud sexual y

reproductiva, con el objeto de generar

actores líderes.

“El Plan

Estratégico del

Bicentenario

expone las

Escuela Abiertas

como una

estrategia para

realzar el orgullo

de ser bolivianos

y soñar con

un país unido

que dialoga,

construye paz

y enfrenta

problemas

asociados a la

violencia, la

discriminación

y la falta de

oportunidades”.

Los objetivos que este programa educativo

buscan mejorar los vínculos sociales

en las escuelas y entornos comunitarios,

reducir la violencia contra las mujeres,

asumir a la juventud boliviana como

sujeto de derechos y actores estratégicos

del desarrollo, promover la educación

integral, reducir el rezago escolar, democratizar

el acceso a espacios públicos,

trabajar de manera integral y mancomunada

y, fortalecer el enfoque pedagógico

comunitario.

En cuanto a las y los beneficiarios, el Dr.

Maturano señaló que se tomarán criterios

básicos para la selección de escuelas

participantes, como, por ejemplo, aquellas

en las que se registran altos índices

de violencia, en su entorno o en ambos,

la brecha de desigualdad compuesta por

situaciones de vulnerabilidad social, así

como las que estén situadas en áreas con

poca o ninguna disponibilidad de espacios

públicos y alternativas de cultura,

deporte, recreación y entretenimiento.

Con esta iniciativa, se calcula que las y

los beneficiarios y beneficiarias en todo

el país ascenderán a 340.000 estudiantes

y 1.700.000 personas del entorno comunitario

y, para la gestión 2023 se pretende

beneficiar a 90.000 bolivianas y bolivianos.

Con el lanzamiento se concluyó con la

fase de planificación y hoy el Plan se

encuentra en plena fase de implementación

y es deber de todas y todos ser parte,

vincularnos al trabajo haciendo seguimiento

de la consolidación de “la Bolivia

que soñamos” desde el Plan Estratégico

del Bicentenario y su materialización a

través del trabajo de las y los servidores

de las y los bolivianos que trabajan en la

Delegación Presidencial.

correodelsur.com

5

º º TEMA CENTRAL

Derecho Empresarial

Arbitraje Comercial

Derecho Financiero

y Bursátil

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

Derecho de Seguros

Derecho Constitucional

Derecho Administrativo

y Regulatorio

Propiedad Intelectual

Energía e Hidrocarburos

Infraestructura, Transporte

y Telecomunicaciones

La Paz

Av. Arce Nº 2519, plaza Isabel la

Católica, edificio Torres del Poeta,

Torre A, piso 12.

(591-2) 2150248 - 2150281 - 2150319

Santa Cruz

Calle F-Este Nº 125

Equipetrol Norte

(591-3) 3431050 - 3449864

Sucre

Calle Rosendo Villa Nº 179

Zona Central

(591 - 4) 6914124

www.sanmiguelabogados.com.bo | info@sanmiguelabogados.com.bo

Tarija

Calle Sucre Nº 681 esq. calle Ingavi,

planta alta, oficina A.

(591-4) 6658388

01006696


TRIBUNALES

ACTUALIDAD ACADÉMICA

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

Reseña del libro:

“Constitucionalismo Crítico:

Reforma a la Justicia;

correodelsur.com

6

º º ACTUALIDAD ACADÉMICA

Restricciones de Derechos por

la COVID y Función Consultiva

º

TEXTO: ARTURO YÁÑEZ CORTES

a Academia Boliviana de

Estudios Constitucionales

(ABEC) ha sido instituida

para promover la investigación

científica y difusión

del Derecho Constitucional

y disciplinas afines, a través de aportes

académicos con el propósito que los ciudadanos

conozcan y puedan ejercer sus

derechos fundamentales, opinen y participen

en los debates constitucionales y,

en definitiva, contribuyan a consolidar

un Estado Social y Democrático de Derecho.

Para ello, nos encargamos de difundir estudios,

generar debates, análisis críticos

y estudios sobre la ciencia del Derecho

Constitucional. Esta nueva publicación

denominada “Constitucionalismo Critico:

Reforma a la Justicia; Restricciones

de Derechos por COVID y Función Consultiva

de la CIDH” se inscribe dentro de

esos fines y, en la ocasión, a la vista de las

dificultades que por el momento se mantienen

para organizar nuestras habituales

Jornadas y eventos presenciales con

la participación de prestigiosos expositores

nacionales y extranjeros, tenemos

a bien presentar este nuevo trabajo académico

que contiene las ponencias de la

mayor parte de los miembros de número

que integran la ABEC.

Pendientes del estado del arte de la ciencia

del Derecho Constitucional no sólo

en Bolivia sino en el mundo, esta nueva

publicación ha sido estructurada con

base a estos ejes temáticos que resultan

de actualidad: 1) Análisis de la Opinión

Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana

de DDHH sobre la reelección

presidencial indefinida; 2) Reforma de

la justicia en Bolivia; 3) Corrupción y

transparencia y, 4) Derechos fundamentales

y la COVID 2019.

de la Corte IDH

En el primer eje sobre la Opinión Consultiva

No. 28/21 de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos sobre la reelección

indefinida, que sin duda alguna

constituirá en el inmediato futuro por su

naturaleza jurídica, trascendencia y las

obligaciones asumidas por el estado boliviano

ante la comunidad internacional,

el referente jurídico decisivo para ese

tema; la ABEC a través de sus miembros

exponemos nuestras posturas fundadas

en Derecho. En este eje, contribuyen los

miembros de número: Iván Sandro Tapia

Pinto; Alan E. Vargas Lima; William

Herrera Añez y mi persona, formulando

nuestras posturas académicas acerca del

alcance, naturaleza jurídica, efectos y

otros aspectos constitucionales y convencionales

de la OC.

En el siguiente eje temático sobre la

Reforma del sistema de administración

de justicia boliviano, el Maestro José

Antonio Rivera Santibañez; Carlos Andrés

Miranda Ramírez; Gabriela Sauma

Zankys; Oscar Gonzalo Barrientos Jiménez;

Sonia Eliana Roca Serrano; Soraya

Santiago Salame; Betty Carolina Ortuste

Tellería; Aquiles Ricardo Sotillo Antezana

y Rafael Humberto Subieta Tapia;

abordan las temáticas vinculadas sobre

la crónica reforma a nuestro sistema

judicial, desde múltiples perspectivas relacionadas

con los distintos ámbitos que

una reforma de ese calado, acarrea. En

algunos casos parten del estado actual

del sistema y/o de algunos de sus productos

o controversias, siendo éste el eje más

amplio, dadas las variadas perspectivas

abordadas.

En el eje temático sobre Corrupción y

transparencia; se tiene la ponencia del

miembro de número Ciro Añez Núñez,

quien aborda el tema “Corrupción, Delincuencia

Organizada y algunas repercusiones

a los Derechos Humanos”.

Arturo Yáñez

Cortes, presidente

de la Academia

Boliviana de Estudios

Constitucionales

Finalmente, en el eje Derechos Fundamentales

y la COVID 2019, nuestros académicos

María Micaela Alarcón Gambarte;

Raúl Castro Zota; Pedro Gareca Perales y

nuestro flamante miembro Juan Manuel

Navarro Ameller; encaran el hoy imperdible

análisis de las consecuencias de la

COVID2019, para con nuestros derechos

fundamentales. Un aspecto altamente

polémico y controversial dado los

riesgos que para aquellos bienes

ha generado por ejemplo las cuarentenas,

vacunación obligatoria

y otros, que por supuesto, merecen

ser abordado desde una perspectiva

jurídica constitucional.

De esta manera, la Academia Boliviana

de Estudios Constitucionales continúa

con su labor académica orientada a reflexionar

y formular doctrina principalmente

boliviana sobre los grandes temas

que concitan el interés del mundo jurídico

boliviano y global.

Si usted está interesado en adquirir el

libro, comuníquese con los números

72875474 o 71736151.


TRIBUNALES

ARTÍCULO ACADÉMICO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

Avanza el

autoritarismo

William Herrera

Áñez, jurista y autor

de varios libros.

º

TEXTO: WILLIAM HERRERA ÁÑEZ

ue el presidente Luis Arce

haya ocupado dos horas

y medias para informar

al país sobre su gestión,

y no haya hecho ninguna

referencia al censo de población

y vivienda que tenía tensionado

al pueblo boliviano, evidencia no solo

soberbia y discriminación contra Santa

Cruz, sino también desnuda el autoritarismo

que tiene a flor de piel. Durante

el paro indefinido hubo terrorismo de

Estado: los grupos afines al MAS,

protegidos por la policía boliviana,

cercaron los principales ingresos

de alimentos a la ciudad capital y

provocaron violencia. Utilizaron

el hambre como herramienta de

lucha política.

La protesta pacífica es un derecho

humano, reconocido en la Constitución

y el sistema interamericano de derechos

humanos. El autoritarismo en sentido

amplio es una categoría que engloba

aquellas experiencias no democráticas

y que tienen un denominador común:

se prescinde del consentimiento de los

gobernados, pero con un trasfondo ideológico

reaccionario. Lo que late en el fondo

de las soluciones autoritarias es una

profunda desconfianza en la capacidad

de autogobierno del pueblo. Aquí se afirma

sin complejo alguno, que ciertas elites

son superiores a la masa y se cultiva

una fe ciega en un líder carismático, que

posee (supuestamente) cualidades excepcionales

(es prácticamente infalible) e interpreta

las necesidades nacionales con

un sentido providencial y, por tanto, sólo

responde ante la historia (La historia me

absolverá, Fidel Castro).

Estado han de subordinarse los intereses

individuales, como en su momento lo graficó

Mussolini: “Todo en el Estado, nada

fuera del Estado, nada contra el Estado”.

Algunas notas diferenciales del Estado

autoritario, que contrastan con el Estado

democrático y liberal:

Frente al principio liberal de división

de poderes, se opta por la

concentración de poderes, de funciones,

en el jefe del Estado, que

lo es también del Gobierno y del

partido, sin cortapisa alguna.

Para facilitar el ejercicio discrecional

del poder, se prescinde

de cualquier garantía

constitucional efectiva, como

la propia rigidez de la Constitución.

Se descarta todo tipo de consulta

o procedimiento electoral

fiable (sólo se organizan algunos

plebiscitos). Se desprecia

la representación política, que

se descalifica como signo de la

descomposición liberal, y se reemplaza

por un sucedáneo: la representación corporativa

en instituciones a las que se encomienda

la función de conciliación de intereses,

controladas por el partido único.

La ausencia de límites en el

ejercicio del poder comporta

la abolición de los derechos y

libertades individuales. Todo

brote de oposición o disidencia

es sofocado, llegándose incluso

a la eliminación física.

partido.

Junto al aparato del Estado

existe un partido único que desempeña

un papel decisivo como

centro de impulso y dirección

de la vida política: se produce

una confusión entre Estado y

La imposición de una ideología

oficial (de una moral oficial incluso),

exclusiva y excluyente,

mediante técnicas de propaganda

y medidas represivas

muy intensas, porque una buena

dosis de terror cumple una función

de intimidación. Se trata de modelar las

conciencias con un férreo control y una

manipulación sistemática de la información.

Identificación o completa fusión

de la organización del Estado

y la organización del partido

único, hasta el extremo de que

las estructuras del Estado están

subordinadas al centro real de

poder que es el partido, incluso con milicias

propias, con una parafernalia militar

(desfiles, uniformes, jerarquía).

La seguridad jurídica brilla por

su ausencia, y la situación de

indefensión resulta aún mayor

para los catalogados “enemigos”

del régimen que son perseguidos

y reprimidos y a los que

se aplican medidas de aislamiento cuya

expresión más trágica fueron los campos

de concentración, de exterminio en la

Alemania de Hitler.

correodelsur.com

7

º º ARTÍCULO ACADÉMICO

El autoritarismo se fundamenta, igualmente,

en el nacionalismo exasperado,

y exacerbado, asociado en ocasiones a la

idea de superioridad, incluso racial como

el mito de la superioridad de la raza aria

con Hitler, que terminó conduciendo al

holocausto y el exterminio de millones

de judíos. Y lo que es más importante, al

El autoritarismo en sentido amplio es una categoría

que engloba aquellas experiencias no democráticas

y que tienen un denominador común: se prescinde

del consentimiento de los gobernados, pero con un

trasfondo ideológico reaccionario”.


adania/

TRIBUNALES

MIS DERECHOS PASO A PASO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 22 de noviembre de 2022

¿Tienes pensado comprar

un vehículo?

correodelsur.com

8

¿Cómo saber si los

impuestos están al

día?

Al momento de comprar un vehículo es importante

tener a mano información sobre el pago de los impuestos

para concretar la transacción con completa

seguridad.

A continuación, te presentamos una guía para saber

de manera rápida si un vehículo tiene deudas.

8

call center

https://www.gob.bo/ciud

la página:

a Ingrese

6

º º MIS DERECHOS PASO A PASO

1

2

Debe ingresar al sitio web oficial del Registro

Único para la Administración Tributaria

Municipal (RUAT).

https://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf

Una vez en la página, ingrese

a la opción “CONSULTA

DEUDA VEHÍCULOS’’.

3

Inmediatamente aparecerá

un buscador en pantalla solicitando

la información de

la placa (PTA) del vehículo,

complete los datos y la verificación

de caracteres y seleccione

el botón de Buscar.

4

En la pantalla se mostrará los detalles

del vehículo y si el mismo tiene deudas

o no. Del mismo modo, usted tendrá la

opción de GENERAR UNA PROFORMA

si así lo requiere.

Con estos sencillos pasos podrá saber de

forma precisa, rápida y fidedigna si tu

elección es correcta o no al momento de

comprar un vehículo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!