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Revista Tribunales Nº19

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Año 1 | Nº 19 | REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

Los derechos fundamentales

que nacen de la independencia judicial

CENTRALES. Págs. 4-5.

OPINIÓN

Reforma: entusiasmo, dudas e

inepcias

Págs. 2.

ENTREVISTA

TSJ: No nos dan presupuesto ni

jueces, solo hay discursos

Pág. 3.

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

Los crímenes de lesa humanidad,

para la jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Justicia de Bolivia

Pág. 6.


TRIBUNALES

OPINIÓN

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

Reforma:

entusiasmo, dudas e inepcias

correodelsur.com

2

º º OPINIÓN

Juan Del

Granado

º

TEXTO: JUAN DEL GRANADO

e está reanimando el debate público

sobre la Reforma Judicial

después del conflicto del censo, del

Mundial y de la navidad, y se han

conocido algunas opiniones que

están dinamizando esta gran cruzada

nacional que, con los libros de por medio,

se iniciará los primeros días de enero.

Tres opiniones recientes recogen por un

lado el optimismo, por otro la cautela y

finalmente, si no es mala fe al menos

el desconocimiento de la propuesta.

Veamos:

El abogado y catedrático

Carlos Derpic en su artículo

del domingo 4 de diciembre

manifiesta:

“El colectivo de Juristas

Independientes ha formulado

una propuesta de reforma vía Referendo.

No es por cierto la única, pero es la que

ha avanzado al punto que ahora se encuentra

a la espera de la entrega de los libros

para recolectar las firmas que dé paso a una

reforma parcial de la Constitución lo que

permitirá la reforma de la justicia”.

El periodista y escritor Emilio Martínez,

este 7 de diciembre ha publicado

“Alternativas para la Reforma

de la justicia, entre las que formula

las siguientes: “ya que el grupo de

Juristas Independiente logró que

el TSE emita los libros, acompañar masivamente

el proceso de recolección de firmas.

Un plan B, en caso de que falle el proceso de

iniciativa popular, sería la elaboración de

una lista ciudadana de prepostulantes que se

pondría a consideración de la Asamblea Legislativa

Plurinacional. Otra reforma parcial

a la CPE podría apuntar a una departamentalización

de la justicia (…) la designación de

los Tribunales Departamentales de Justicia

por las Asambleas Legislativas Departamentales,

sin pasar por el Parlamento

Nacional”.

Finalmente, el abogado Gustavo

Blacut en su columna del

pasado 1 de diciembre, duda si

“los Juristas Independientes

tienen la intención de reformar

el sistema judicial o si por

el contrario no quieren reformar nada”,

por lo que se anima a especular que estaríamos

“ante una movilización ciudadana

con fines exclusivamente políticos (y)

que hasta se podría pensar que existe un

acuerdo subrepticio entre el gobierno y

los Juristas Independientes”.

Valoramos la opinión de Derpic y solo

agregamos que, durante 6 meses debatimos

con varios grupos de abogados y de

sus visiones distintas recogimos valiosos

aportes que enriquecen y están en la propuesta

final.

Frente a cierto escepticismo de Martínez,

que plantea opciones de no lograrse el

Referendo, vemos más difícil que salgan

de los colegios de profesionales o de la

academia la lista de postulantes. O peor

que sean las asambleas partidarias departamentales

las que nominen a los

jueces, donde el manoseo partidocrático

solo se trasladaría a las regiones. Es en

todo caso una opinión respetable.

Y lo que afirma el abogado Blacut nos ha

dejado desconcertados: porque al tiempo

de denigrar a los juristas independientes

que estarían en acuerdos ocultos con

el gobierno, se plantea interrogantes

pueriles, como quién redactará los artículos

nuevos o los reformados de la

Constitución, o cúal sería el contenido de

los mismos, lo que da cuenta que Blacut

cree que la Reforma se limita a 4 preguntas,

desconociendo que, junto a ellas, en

la propuesta integral de Reforma que

hemos presentado al TSE, está el texto

normativo, con la redacción alternativa

completa que aprobaría el Referendo sin

necesidad de ningún redactor oficioso a

posteriori.

Quiero creer que se trata de ligereza y

desinformación del Dr. Blacut porque el

31 de julio de 2022 dos días después de

presentada la propuesta le hice llegar

directamente a su WhatsApp el siguiente

texto que ahora solo lo resumo:

Se han “presentado ante el TSE 4 documentos

que sostienen esta iniciativa

ciudadana: 1. El memorial petitorio que

recoge los mandatos de la democracia

directa (…) 2. La exposición de motivos

con el diagnóstico de las carencias centenarias

de la justicia. 3. El texto normativo

donde esta el detalle de los 15 Arts.

modificatorios de la CPE junto a 2 nuevas

disposiciones constitucionales y 2 disposiciones

transitorias, y 4. Las 4 preguntas

que se proponen al electorado”.

Saludamos todas las opiniones que se

viertan y que animan el debate y la gran

cruzada nacional por la justicia, pero las

saludaremos más si es que las mismas

están exentas de mala fe, o al menos estuvieran

acompañadas de un honesto

esfuerzo de información y estudio.

El debate siempre está abierto, aunque

los plazos se cerraron para presentar

propuestas. Lo que ahora corresponde es

explicar más y mejor los contenidos completos

de la misma que es seguramente

una de nuestras principales deficiencias.

Al tiempo de abrir los libros, este mes de

enero en todo el país, pondremos el mayor

empeño en una mejor y más completa

difusión, pero mientras tanto no caigamos

en el exitismo ni en el derrotismo y

peor evitemos la mezquindad fácil y las

inepcias.

DIRECTOR GENERAL

Marco Antonio Dipp Mukled

EDITORA TRIBUNALES

Jazmín Serrano Ramírez

DISEÑO DE PORTADA

Natalia Serrano Ramírez

EDITOR GRÁFICO

Juan Carlos Tococari Aguilar

DISEÑO DE MARCA

Pablo Pastor Ostermann

Staff

CONSEJO EDITORIAL

Rubén Martínez Dalmau

Maria Elena Attard Bellido

Boris Wilson Arias López

Patricia Serrudo Santelices

Favio Chacolla Huanca

Mónica Gabriela Sauma Sankys

Fernando Bruno Escobar Pacheco

Soraya Santiago Salame

José Antonio Rivera Santivañez María

Liliana Estupiñán Achury

Franklin Pareja Aliaga

Germán Gutiérrez Gantier

CORREO DEL SUR

Dirección: Calle Kilómetro 7 Nº 202 •

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Correo electrónico:

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identifica con las opiniones que sus colaboradores

expresan a través de los trabajos y artículos

publicados. No se mantiene correspondencia sobre

originales no solicitados. Reservamos todos los

derechos. Prohibida la reproducción total o parcial

de cualquier información gráfica o escrita por

cualquier medio, sin permiso de la sociedad editora.


TRIBUNALES

ENTREVISTA

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

TSJ: No nos dan presupuesto ni

jueces, solo hay discursos

Entrevista con el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia – Correo el Sur

icardo Torres advierte intereses

políticos que son

diferentes a los del Órgano

Judicial.

La reforma judicial en Bolivia

responde a una agenda

que manejan los jueces, pero también

los políticos. Estos, según el Presidente

del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),

Ricardo Torres, “tienen otros intereses,

legítimos obviamente (…)” que están alejados

de la institucionalidad del Órgano

Judicial.

Torres concedió a CORREO DEL SUR

una entrevista en la que sostiene que hay

un compromiso en los operadores para

mejorar el sistema de administración de

la justicia. “No lo mediatizamos, no buscamos

a los medios para que estos temas

estén en los titulares de los medios de

comunicación y, por eso tal vez no se distingue,

no se nota las transformaciones

en el Órgano Judicial”, reafirma.

Destaca algunos avances en el marco

de esta reforma, entre ellos, la refuncionalización

de juzgados, la compra de

alrededor de 40 cámaras Gesell para los

asientos judiciales no solo de capitales

sino también de ciudades intermedias, la

creación de 42 juzgados y 162 ítems para

personal de apoyo jurisdiccional. También

la creación de ítems en Derechos

Reales y plataformas de los tribunales

departamentales de justicia con la intención

de mejorar el servicio a la ciudadanía.

“Hay diferencias cualitativas en relación

a lo que hace el Órgano Judicial y a lo que

hacen o dicen los políticos”, compara.

“OTROS INTERESES”

Torres dice que la reforma judicial también

tiene un componente político que

responde a una agenda que manejan los

actores políticos y en la cual no está el

Órgano Judicial. “Obedece a otros fines,

a otros intereses, legítimos obviamente,

para los actores políticos, pero lejana a la

institucionalidad del Órgano Judicial”,

manifiesta.

“Por eso el tema de la reforma judicial

se enciende cuando los políticos la

encienden por diferentes razones; no

precisamente por buscar la reforma,

puede ser que existan otros intereses

por detrás de encender y darle otra tonalidad

en determinado momento, pero

hay otros momentos en el que también

mantienen un perfil bajo respecto al

tema”, agrega.

Explica que el Órgano Judicial maneja

una agenda institucional, relacionada

con el trabajo netamente jurisdiccional.

“Cuando vemos la necesidad de contar

con más jueces, refuncionalizamos juzgados;

los actores políticos, cuando ven que

el país tiene necesidad de contar con más

jueces, no nos otorgan ni presupuesto ni

nos otorgan jueces, solamente discursos”,

enfatiza.

Sin embargo, afirma que tal vez los más

indicados para discutir las reformas son

los funcionarios del Órgano Judicial y,

en ese ámbito, están generando espacios

para debatir y elaborar propuestas sobre

el tema.

¿Por qué el Órgano Judicial no asume la

conducción de la reforma judicial? Torres

responde que la reforma no tiene un

“título de propiedad”. El Órgano Judicial

hace lo que le corresponde y no puede

impedir las iniciativas legislativas, de

ciudadanos, actores políticos y órganos

del Estado, en el marco de la libertad de

expresión.

RECLAMO

Ricardo Torres Echalar, Presidente del

Tribunal Supremo de Justicia

El presidente del TSJ reclamó para el

Órgano Judicial la necesidad de discutir

la reforma judicial entre autoridades

y funcionarios al ser “los más

indicados”.

correodelsur.com

3

º º ENTREVISTA


TRIBUNALES

TEMA CENTRAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

Los derechos fundamentales

que nacen de la independencia judicial

correodelsur.com

4

º º TEMA CENTRAL

º

TEXTO: FERNANDO B. ESCOBAR PACHECO

a consolidación en Bolivia

del paradigma del Estado

Constitucional de Derecho,

implica entre otras cosas

la supremacía de la Constitución

por encima de los

Poderes del Estado, lo que incluye la

noción de la separación de funciones a

efectos moderar el ejercicio del poder

público.

En la construcción moderna el Estado el

Órgano Judicial ejerce una función vital

que consiste en convertir la voluntad del

Constituyente y del Legislador en decisiones

concretas que impactan día a día

la vida de la gente.

Esa función no se podría realizar sin

considerar a la independencia judicial

como el pilar fundamental del buen

funcionamiento del Sistema de Justicia;

según la Constitución, una de las garantías

constitucionales básicas de la independencia

es la existencia de la Carrera

Judicial.

Por otra parte, el artículo 10 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos

señala:

“Toda persona tiene derecho, en condiciones

de plena igualdad, a ser oída públicamente

y con justicia por un tribunal

independiente e imparcial, para la determinación

de sus derechos y obligaciones

o para el examen de cualquier acusación

contra ella en materia penal”.

Entre otros los derechos que nacen de la

independencia, son:

- El derecho a ejercer la función jurisdiccional

sin ser acosados, amenazados

o intimidados por eso;

- A tener herramientas institucionales

oportunas y eficaces que permitan la

denuncia, investigación y sanción de

actuaciones que pongan en peligro la

integridad de jueces;

- A La libertad de expresión y desempeñarse

de forma que sea compatible con

la dignidad de su profesión y la independencia

e imparcialidad de su cargo;

- A la transparencia e imparcialidad de

los procesos sancionatorios;

- A contar con una carrera judicial que

dependa únicamente del desempeño

para garantizar la continuidad y estabilidad;

- A que los procesos de evaluación se

realicen con criterios de igualdad,

transparencia y objetividad;

- Derecho de aspirar a la mejora continua

de las condiciones de ejercicio de

la función judicial;

- Derecho a la estabilidad funcionaria

en la función judicial;

En estos derechos/garantías que nacen

de la independencia judicial y de su

dimensionamiento práctico a efectos

Fernando B.

Escobar Pacheco,

Abogado, docente y

consultor.

no sólo de constituir garantías para el

ciudadano en términos del buen funcionamiento

de la justicia; sino en un principio

de protección para jueces.

No es una novedad que el ejercicio del

poder esté tentado por expandirse lo más

posible así sea en detrimento del Órgano

Judicial; sin hacer acusaciones

puntuales, es una tendencia global

y natural asociada con la detentación

del poder.

La limitación de esa pretensión le

corresponde al Sistema de Justicia,

que tiene la difícil labor de erigirse

sobre el pilar de su propia independencia.

Para lo cual debe existir una mentalidad

basada en la fortaleza institucional

de asumir el reto histórico de que la interacción

con los otros Órganos del Estado

es un ejercicio de auténtica valentía.

En esa labor, la carrera judicial aparece

como la pieza clave en el fortalecimiento

de este pilar de independencia, esto porque

sin carrera los derechos antes mencionados

se hacen más débiles frente a

los vaivenes de las situaciones políticas.

El blindaje institucional que otorga la

carrera judicial al Sistema de Justicia

consiste en dar una garantía de continuidad

a la función judicial que está simple

y llanamente condicionado a demostrar

un ejercicio probo de la labor de juzgar.

Los principios contenidos en los arts. 178

y 180 de la CPE son indicadores claramente

establecidos de cómo el Constitu-

¿Por qué debe existir el principio de independencia

judicial?

Debe existir por dos razones principales,

primero porque es la única forma de

garantizar un juicio justo en base a un

debido proceso para todo ciudadano; y

segundo, porque es un pilar del Estado

democrático de Derecho.

Para cumplir con su rol constitucional de

juzgar el Órgano judicial debe ser totalmente

independiente de los otros Órganos

del Estado que es la única vía para

garantizar a la no intromisión en el acto

de decisión que ejerce el Órgano judicial.

Ahora bien, en esta retorica tradicional

vemos a la independencia judicial como

una forma de limitar el ejercicio del poder,

sin embargo, también se puede presentar

a la independencia judicial como

un principio que fundamente la existencia

de auténticos derechos y garantías de

los guardianes de la independencia, es

decir de los jueces.


TRIBUNALES

TEMA CENTRAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

yente idealiza la labor del juez boliviano,

y a eso debe apuntar el trabajo del Consejo

de la Magistratura en términos de

reclutamiento y evaluación de jueces.

En lo relativo a la carrera judicial la Constitución

establece atribuciones generales

y principios, pero establece un amplio

margen de apreciación al Legislador sobre

cómo debe ser la carrera judicial y sus

componentes. Según el art. 183. IV. 7 de la

LOJ es competencia del Consejo de la Magistratura

regular y administrar la carrera

judicial, en el marco de la Constitución Política

del Estado de acuerdo a reglamento.

El art. 215 de la Ley del órgano judicial,

establece que, la carrera judicial garantiza

la continuidad y permanencia

de juezas y jueces en el desempeño de

la función judicial, en tanto demuestre

idoneidad profesional y ética, además de

ser evaluado positivamente. La carrera

judicial comprende a las juezas y jueces.

Asimismo, señala que, el Consejo de la

Magistratura establecerá un Sistema de

Carrera Judicial que permita el acceso

de profesionales abogados que demuestren

idoneidad profesional.

En ese contexto, el titular del ejercicio

institucional de esta garantía constitucional,

es decir del diseño e implementación

de la Carrera Judicial es el Consejo

de la Magistratura, el cual aprobará el

reglamento que regule el sistema de ingreso

a la carrera judicial, estabilidad,

evaluación, promoción, traslados y permutas,

suspensión y destitución de juezas

y jueces.

Algunos aspectos relativos a la configuración

de este diseño institucional son:

- La Carrera Judicial para lograr la auténtica

institucionalización de la función

judicial debe tener un enfoque

basado en derechos fundamentales;

- La Carrera Judicial debe incluir un

esquema de movilidad en el cual no

sólo los jueces sino los integrantes del

Sistema de Justicia deben tener un espacio

en el cual desarrollen un sentido

de pertenencia al Órgano judicial ante

la permanente aspiración de crecer

por un desempeño profesional idóneo;

- Los parámetros de evaluación deben

ser objetivos y deben tener como misión

principal el equilibrio entre el

respeto a la independencia del juez al

mismo tiempo que permiten una evaluación

transparente de la función de

juzgar.

En materia de los indicadores de la evaluación

del desempeño la labor es tan delicada,

que como lo dijo bien el Informe 17

del 2014 del Consejo Consultivo de Jueces

Los principios

contenidos en

los arts. 178 y

180 de la CPE

son indicadores

claramente

establecidos de

cómo el Constituyente

idealiza

la labor del juez

boliviano, y a

eso debe apuntar

el trabajo

del Consejo de

la Magistratura

en términos de

reclutamiento

y evaluación de

jueces”.

Europeos sobre la Evaluación del Trabajo

de los Jueces, la Calidad de la Justicia y

el Respeto de la Independencia Judicial,

“…la norma fundamental de cualquier

evaluación individual de los jueces debe

ser el mantenimiento del respeto total por

la independencia judicial…” de ahí que

el propio Informe hace referencia a las

Recomendaciones de Kiev de 2010 sobre la

Independencia Judicial que en lo relativo

a la evaluación del desempeño refieren a

que cuando se realicen evaluaciones profesionales

de los jueces, no deben usarse

para perjudicar la aplicación independiente

del Derecho. La evaluación del desempeño

de los jueces será principalmente

cualitativa y se centrará en sus habilidades,

incluida la competencia profesional

(conocimiento de la Ley, capacidad para

llevar a cabo juicios, capacidad para redactar

decisiones razonadas), competencia

personal (capacidad para hacer frente

a la carga de trabajo, capacidad para decidir,

apertura a las nuevas tecnologías),

competencia social (capacidad de mediación,

respeto a las partes).

Sin prejuzgar cómo se debe ejercer la

facultad reglamentaria en la materia

creemos que la consolidación de un Sistema

de Justicia independiente tiene

una vertiente central de legitimación en

la manera en que se van a instituir los

mecanismos del Sistema de Carrera Judicial

mencionados.

correodelsur.com

5

º º TEMA CENTRAL

La premisa, sobre la cual corresponde generar una propuesta de reforma judicial, es que la

impartición de justicia no es una labor exclusiva del Órgano Judicial, imperativamente la

misma exige niveles de coordinación con otros entes, dependiendo la materia, por ejemplo,

en el área penal, se requiere la participación del Ministerio Público, Policía Nacional, Régimen

Penitenciario y el Órgano Judicial, de ahí que lo prudente, es hablar del “Sistema de Justicia”.

SE EMITIERON INSTRUCTIVOS QUE COADYU-

VAN A TRAMITAR CON CELERIDAD, TRANSPA-

RENCIA Y EFICACIA LOS PROCESOS PENALES.

Entre los meses de enero y febrero de 2022, el

Tribunal Supremo de Justicia, mediante su

Presidencia, emitió varios instructivos,

(mismos que están publicados en la Página

web), destacando entre estos el Nº 7 y 15, los

cuales siguen vigentes, instrumentos legales,

que han establecido la necesidad de priorizar

el tratamiento de delitos como feminicidios,

infanticidios, violencia contra la mujer, estando

a cargo de su cumplimiento el Presidente y

Vocales de los diferentes Tribunales Departamentales

de Justicia, en coordinación con el

Consejo de la Magistratura.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL.

El 5 de diciembre de 2022, se suscribió un

Convenio entre el Tribunal Supremo de

Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia

Institucional, Ministerio Público, Defensoría

del Pueblo y Asociaciones

Municipales de

Bolivia, que permitió

la creación de la

Comisión Nacional,

Comisión Departamental

y la Secretaria

Técnica, espacios

institucionales de Escanea el código QR para

Coordinación y

acceder al convenio

Cooperación Interinstitucional que permitirán

coordinar acciones entre los diferentes actores

principales, que tienen relación directa con la

atención, tramitación y ejecución de los delitos

de feminicidio, infanticidio y violencia contra

niños, niñas y adolescentes.

Esta Comisión Nacional coordinará sus actividades

con la Mesa Nacional Interinstitucional

de Lucha contra la Violencia de Género para la

revisión de casos de Feminicidio, con el

Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial

para temas de Niña, Niño y Adolescente,

a fin de revisar casos de Feminicidio y demás

iniciativas de carácter institucional que se han

generado en esta temática, en estos últimos

años.

Con la finalidad de evitar la revictimización de

las víctimas de feminicidios, infanticidios y

demás delitos conexos, el Presidente del TSJ

TSJ EN LA GESTIÓN 2022 ASUMIÓ EL RETO DE COADYUVAR

A UNA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Ricardo Torres Echalar, firma convenio de creación de la Comisión Nacional.

Es en este contexto, que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Dr. Ricardo

Torres Echalar, respaldado por la Sala Plena, en la Gestión 2022, asumió la decisión firme de

generar e implementar, diferentes mecanismos que coadyuven a mejorar la atención que se

brinda a la población boliviana, en materia penal, incidiendo en delitos de feminicidio,

infanticidio y violencia contra niña, niño y adolescente.

asumió la firme decisión de implementar en la

próxima gestión, 51 Cámaras Gesell, distribuidas

en ciudades capitales y provincias.

EJE CUENTA CON UN DIRECTOR TITULAR A

PARTIR DE LA GESTIÓN 2022.

El 7 de abril de la presente gestión, se terminó

con muchos años de interinato en la Escuela

de Jueces del Estado, con la posesión del

nuevo Director, posesión que permitió

cumplir con las expectativas que tiene este

cargo a fin de construir la Carrera Judicial.

Como aporte académico, el TSJ y la EJE en

convenio con la Universidad Amazónica de

Pando, impulsaron el "Diplomado de Auditoria

Jurídica para el Órgano Judicial” que

desarrolla programas de postgrado para

fortalecer los conocimientos de profesionales

abogados del país.

IMPLEMENTAR PLATAFORMAS, ES

TRANSPARENTAR LA JUSTICIA.

Las Plataformas de Atención al Público e

Información tiene entre sus principales

funciones recibir y distribuir causas nuevas,

mediante un sistema informático, garantizando

con ello, transparencia e imparcialidad,

ello implica que donde no hay una Plataforma

de Atención al Público e Información, se

asume que el sorteo de causas se hace de

manera manual.

En coordinación con el Consejo de la Magistratura,

las referidas Plataformas, también

ofrecen al público usuario, los servicios del

REJAP, CENVI, etc. Coadyuvando a la efectivización

rápida y oportuna de esta clase de

servicios, como ser las autorizaciones de

viajes del menor al exterior.

En la gestión 2022, por decisión de la Sala

Plena del TSJ se implementaron, las siguientes

Plataformas de Servicios Comunes.

3

3

1

1

2

IMPLEMENTACIÓN DE

PLATAFORMAS Y SERVICIOS

COMUNES EN MUNICIPIOS

GESTIÓN 2022

17

TOTAL

27

01-012714 / 13


TRIBUNALES

ARTÍCULO ACADÉMICO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

Censo transparente

correodelsur.com

6

º º ARTÍCULO ACADÉMICO

º º TEXTO: WILLIAM HERRERA ÁÑEZ

l censo de población y vivienda

no es un secreto de

Estado como para que se

limite la información y la

participación social en las

denominadas mesas técnicas.

El proceso censal no solo tiene que

ser serio, objetivo y real sino, fundamentalmente,

tiene que ser transparente y de

dominio público. El gobierno central ha

ocultado y distorsionado la información

sobre el censo, y con ello ha generado

susceptibilidades en un asunto de interés

general.

La información pública y transparente

puede recobrar la confianza que necesita

la recolección de información general.

El acceso a la información pública se ha

convertido en un derecho fundamental

para todos los ciudadanos que deseen

buscar y recibir información del Estado.

El ejercicio de este derecho fortalece la

participación ciudadana, las políticas y

gestión pública y la gobernabilidad. La

necesidad de transparentar el proceso

censal va mucho más allá de “el derecho

a saber” o “romper con la cultura del

secreto”, que aún prevalece en muchas

reparticiones del Estado.

El acceso a la información pública no

sólo es un derecho humano básico sino

también un instrumento clave para el

ejercicio de otros derechos como los económicos,

sociales, políticos y culturales.

La información veraz y oportuna permite

a los ciudadanos planificar y tomar decisiones

informadas y acciones concretas

con el fin de mejorar las condiciones

de vida. Con el acceso a la información

pública se pueden proteger derechos y

prevenir abusos del Estado como la corrupción

y el autoritarismo.

La Convención Americana sobre Derechos

Humanos reconoce los derechos a

“buscar” y a “recibir” “informaciones”,

y protege el derecho que tiene toda persona

a solicitar el acceso a la información

bajo el control del Estado, con las salvedades

de las restricciones que establece

la Convención. Así se ampara el derecho

de las personas a recibir la información

y el Estado tiene la obligación positiva

de suministrarla. Las personas necesitan

conocer la información completa sobre el

censo o, en su caso, recibir una respuesta

fundamentada cuando el Estado considere

que puede limitar este derecho.

La Organización de Estados Americanos

ha proyectado la Ley modelo sobre acceso

a la información y recomienda a los

Estados que esta ley se aplique a “toda

autoridad pública perteneciente a todas

las ramas del gobierno (poderes ejecutivo,

legislativo y judicial) y en todos los

niveles de la estructura gubernamental

interna (central o federal, regional, provincial

o municipal) […]; a los órganos,

organismos o entidades independientes

o autónomos de propiedad del gobierno o

controlados por el mismo, bien actuando

por facultades otorgadas por la Constitución

o por otras leyes y […] a las organizaciones

privadas que reciben fondos o

beneficios públicos sustanciales (directa

o indirectamente), o que desempeñan

funciones y servicios públicos…”

William Herrera

Áñez. Jurista y autor

de varios libros.

En la interpretación de la Comisión Interamericana,

el derecho de acceso a la

información impone al Estado la obligación

de suministrar al público la máxima

cantidad de información en cuanto a: (a)

la estructura, funciones, presupuesto

de operación e inversión del Estado;

la información que se requiere para el

ejercicio de otros derechos —por ejemplo,

la que atañe a la satisfacción de los

derechos sociales como los derechos a la

pensión, a la salud o a la educación—; (c)

la oferta de servicios, beneficios, subsidios

o contratos de cualquier tipo;

y (d) el procedimiento para interponer

quejas o consultas, si existiere.

La información debe ser completa,

comprensible, con un lenguaje accesible

y encontrarse actualizada y disponible.

Y como hay sectores de la población

que no tienen acceso a las nuevas

tecnologías y muchos de esos derechos

pueden depender de que conozcan la información

sobre cómo hacerlos efectivos,

el Estado debe encontrar formas eficaces

y honrar la obligación de transparencia

activa en tales circunstancias.

Bolivia necesita una Ley de acceso a la

información pública, y así ponerse a

tono con la comunidad internacional y el

sistema interamericano que demandan

una normativa específica. Tenemos que

terminar con esta cultura del secretismo,

que ahora se impone con el censo, e

institucionar la transparencia para que

la ciudadanía pueda estar informada en

asuntos que son de interés general.


TRIBUNALES

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

Los crímenes de lesa

humanidad,

para la jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Justicia de Bolivia

correodelsur.com

7

º º TEXTO: ARTURO YÁÑEZ CORTES

n un reciente Auto Supremo

(No. 993/2022) del 12 de

agosto, la Sala Penal del

Tribunal Supremo de Justicia

reitera un extraño

señalamiento anterior contenido

en su AS No. 596/2017 (dentro del

caso 24 de mayo), para evitar la prescripción

de una acción penal por supuestas

lesiones leves, señalando en lo relevante:

“…conforme los preceptos manifestados

que la imprescriptibilidad de los tipos penales

no solo abarca con relación a aquellos

actos lesivos de violaciones graves de

derechos humanos; sino también, al concepto

de las violaciones en general de los

derechos humanos, señalados en el artículo

7.1 inc. k) como tratos inhumanos

del Estatuto de Roma. De esta manera,

habiendo quedado establecido durante

la presente causa a través de la determinación

asumida por el Tribunal de Sentencia,

que los delitos de lesiones leves,

cuya prescripción se solicita con el efectivo

extintivo por el transcurso del tiempo

establecido por el art. 29 inciso 4) del

CPP, son en definitiva considerados como

trato degradante e inhumano por las características

que implican se considera

de lesa humanidad, al estar inmersos en

la normativa internacional del Estatuto

de Roma (…) al estar considerado el delito

de lesiones leves dentro del catálogo de

agravios a los derechos humanos del Estatuto

de Roma que define como agravios

a la comunidad internacional”.

Sin embargo, del análisis serio del Estatuto

de Roma para la Corte Penal Internacional

y a la vista del tipo penal de lesiones

leves (art. 271 del CP que se realiza por

una incapacidad que no supera de 14 días

y se castiga con trabajos comunitarios); se

tiene que el chapeau del art. 7.1 describe

taxativamente los delitos de lesa humanidad,

ordenando: “…se entenderá por

crimen de lesa humanidad, cualquiera

de los actos siguientes cuando se cometa

como parte de un ataque generalizado o

sistemático contra una población civil y

con conocimiento de dicho ataque”, con lo

que resulta elemental que esa tipificación

exige que cualquiera de esos hechos, se

cometan -como su nombre además lo indica-

como parte de un ataque generalizado

o sistemático contra la población civil.

Así el estado del arte normativo universal,

resulta imposible jurídicamente que

el delito de lesiones leves que, además,

por su escaso grado de reproche (no tiene

ni siquiera pena privativa de libertad),

pueda ser considerado un delito de lesa

humanidad cuya naturaleza jurídica

exige hechos que merecen el mayor nivel

de reproche, pues como hasta su nomen

iuris enseña por adelantado, se trata de

crímenes que atentan contra la humanidad.

Su historia, enseña además que proviene

de un largo proceso de codificación jurídica

doctrinal (70 años aproximadamente,

partiendo de los Juicios de Nuremberg)

qué entre otros aspectos, se fundamenta

porque atentan contra valores comunes

para toda la comunidad internacional

(paz y seguridad internacionales), que

conmocionan la conciencia de la humanidad

y vulneran normas de ius cogens.

La jurisprudencia de la propia CORTE

PENAL INTERNACIONAL enseña qué

tratándose del elemento de ataque sistemático,

debe estar: “completamente organizado

y siguiendo un patrón regular

sobre las bases de un política común que

envuelve recursos públicos o privados

sustanciales” descartando precisamente

hechos aislados o fortuitos, sino la comisión

múltiple de esos actos; mientras

que su elemento generalizado, se refiere

a una masividad de víctimas del ataque,

siendo necesario exista un número de

víctimas, aunque no necesariamente

elevado. Además, el ataque debe estar

dirigido contra la población civil, sin que

implique que la población entera de un

estado o territorio sea la victimizada, sea

en tiempo de paz o guerra.

En similar sentido, en vía de Control de

Convencionalidad, la jurisprudencia

inicial de la CORTE IDH (Sentencias

Arturo Yáñez

Cortes, Doctor en

Derecho, actual

Presidente de la

Academia Boliviana

de Estudios

Constitucionales.

de los casos Almonacid Arellano; Penal

Castro y Castro y la Kantuta), también

ha reiterado para la realización de esos

crímenes, que es necesario la presencia

de estos elementos: ataque generalizado

o sistemático contra la población civil

con conocimiento de ese ataque (dolo) y

la conducta subyacente, que podría ser

una sola. Obviamente, se trata de muy

graves violaciones a los DDHH y no de

hechos, aunque delictivos, leves.

En doctrina, una de las mayores expertas

mundiales en la materia, la Doctora en

Derecho boliviana Elizabeth Santalla ya

discrepó fundadamente similar entendimiento,

enseñando que: “… la interpretación

de que los actos inhumanos sean

delitos de lesa humanidad conforme

al artículo 7 ECPI es perplejamente

intrépida. Si bien la cláusula residual

con carácter analógico del

artículo 7.1.k ECPI emplea la fórmula:

“otros actos inhumanos de

carácter similar”, con lo que da a

entender que los actos enumerados

en los literales a) al j) son considerados

actos inhumanos, éstos sólo pueden

reputarse crímenes de lesa humanidad

en el marco del ECPI cuando se cometen

como parte de un ataque generalizado o

sistemático contra una población civil y

con conocimiento de dicho ataque (artículo

7.1), es decir, cuando se han cumplido

los requerimientos del chapeau”.

El chapeau o núcleo de la tipificación de

los crímenes de lesa humanidad (artículo

7.1 ECPI) constituye el estándar que

distingue a éstos de los delitos ordinarios

o comunes y como reiteradamente se

acaba de demostrar desde la normativa,

jurisprudencia y doctrina, exige necesariamente

la presencia de un ataque

generalizado o sistemático contra la población

civil y con conocimiento de dicho

ataque. Obviamente, el delito de lesiones

leves jamás podría caber dentro de ese

entendimiento y, fuera aún más absurdo,

pretender forzadamente recurrir a la

analogía in malam partem, vulnerando

groseramente el principio de legalidad

bajo su faceta de ley estricta.

º º ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL


TRIBUNALES

MIS DERECHOS PASO A PASO

REVISTA JURÍDICA | Martes, 13 de diciembre de 2022

Renta Dignidad

y beneficio de gastos funerarios

correodelsur.com

8

º º MIS DERECHOS PASO A PASO

equisitos para el registro en la base de datos

de la Renta Dignidad; pago mensual,

universal y vitalicio que provee el Estado

Plurinacional de Bolivia a las personas de

60 años o más, residentes en el país:

• Tener 60 o más años de edad cumplidos

• Vivir en Bolivia

• No cobrar un sueldo del sector público

• No tener resolución administrativa que suspenda el

cobro de un beneficio en el Régimen No Contributivo

DIGNIDAD

IMPORTANTE:

Pasados los 6 meses y máximo hasta los 18 meses,

solamente pueden cobrar este beneficio la o el cónyuge

o conviviente, las hijas/os, las hermanas/os

o los padres de la persona beneficiaria fallecida y

pasados los 18 meses prescribe el beneficio a favor

del Fondo.

Para obtener información

adicional puede escanear el

código QR que lo redireccionará

al sitio web oficial de la

Gestora Pública o llamar a la

línea gratuita 800 10 1610.

Beneficio de gastos funerarios

Es un beneficio de Bs1.800 que se paga por única vez, al fallecimiento de un

Asegurado del SIP según corresponda, para la persona que acredite haber

efectuado el pago de los gastos funerales del Asegurado Fallecido. (Previo

cumplimientos de requisitos establecido en la normativa vigente).

PLAZO DE SOLICITUD

Debe ser solicitado en un plazo máximo de 18 meses posteriores al fallecimiento

del Asegurado.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?

Dentro de los primeros 6 meses posteriores al fallecimiento del Asegurado,

cualquier persona que acredite haber realizado el pago de los gastos

funerales.

REQUISITOS

• Original del Certificado de Defunción del Beneficiario, emitido por el

SERECI.

• Original y fotocopia legible del documento de identidad del Beneficiario

fallecido con el que se encuentre registrado en la Base de Datos de

Beneficiarios de Renta Dignidad. Si no se cuenta con el documento de

identidad original, se debe presentar una certificación original emitida

por la Institución responsable de la emisión de dicho documento,

que acredite su existencia.

• Original y fotocopia legible del documento de identidad

vigente del Solicitante

• Factura comercial original a nombre del Solicitante o recibo

más la declaración jurada de dos testigos que den fe que el

Solicitante pagó efectivamente los gastos de sepelio del Beneficiario,

debiendo adjuntar fotocopias legibles y vigentes de los

documentos de identidad de los testigos.

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y Bursátil

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