Revista Tribunales Nº25

Año 1 | Nº 25 | REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
Es urgente trabajar en un escenario
post La Haya
CENTRALES. Págs. 4-5.
SOBREMESA
Un 8M más
DERECHO EN CONSTRUCCIÓN
Cuando se quiere,
se puede
TRIBUNALES AL DÍA
El Estado Plurinacional en Bolivia
y sus problemas
Págs. 2.
Pág. 3.
Pág. 6.

TRIBUNALES
SOBREMESA
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
Un 8M más
correodelsur.com
2
º º SOBREMESA
Sofía Gabriel.
Socióloga Marxista
DIRECTOR GENERAL
Marco Antonio Dipp Mukled
EDITORA TRIBUNALES
Jazmín Serrano Ramírez
DISEÑO DE PORTADA
Natalia Serrano Ramírez
EDITOR GRÁFICO
Juan Carlos Tococari Aguilar
Staff
º
TEXTO: SOFÍA GABRIEL
xiste un factor en particular
arrasando actualmente
dentro de las movidas organizativas
para la marcha
del 8 de Marzo. En realidad,
dentro de las estructuras
que definen al movimiento de mujeres de
clase en nuestras ciudades. Un factor despolitizante
y enceguecido en una idolatría
de derrota y victimismo. Al encontrarnos
con el 8 de Marzo, enfrentamos un feminismo
clasemediero que carece totalmente
de una concepción orgánica del mundo
y de la historia, porque ve únicamente los
efectos evidentes de la superficie social,
pero no las causas que nos trajeron a ellos,
ni la continuidad de los mismos. Esta organización
nos exige una anarquización
de nuestras posturas para así poder mantener
una “unidad” el día de la marcha,
volviéndose esta concepción de feminismo
una especie de sabiduría heterogénea
que ni siquiera entiende de las responsabilidades
de quienes quieren actuar desde
el conocimiento no superficial.
Las feministas que no entienden la
necesidad de las mujeres trabajadoras
de poder afiliarse a un partido
de izquierda en una sociedad
económicamente condicionada, le
faltan el respeto a lo sistemático y
por ende, a lo científico, lo cual las
dota de su carácter abstracto y las
aísla completamente de cualquier característica
revolucionaria. Lo que faltaría
recordar en cada organización que quiere
emprenderse durante el 8 de Marzo
para que así le corresponda su adecuada
conmemoración a la mujer trabajadora,
sería un análisis de las causas de la explotación,
un análisis de cómo la evolución
de la sociedad lleva hacia el socialismo
y un análisis de la lucha de clases como
la fuerza creadora en la realización del
socialismo.
CONSEJO EDITORIAL
Rubén Martínez Dalmau
Maria Elena Attard Bellido
Boris Wilson Arias López
Patricia Serrudo Santelices
Favio Chacolla Huanca
Mónica Gabriela Sauma Sankys
Fernando Bruno Escobar Pacheco
Soraya Santiago Salame
José Antonio Rivera Santivañez María
Liliana Estupiñán Achury
Franklin Pareja Aliaga
De cualquier otra manera, la anarquización
del feminismo lo convierte en un
aliado objetivo del pensamiento burgués.
Pongamos algunos contraejemplos; años
antes de las elecciones en Brasil, los movimientos
sociales ya se movilizaban mediática
y coyunturalmente a favor del Partido
de Los Trabajadores. No solo las comunidades
obreras, hago referencia también a
las movidas feministas de “clase media”,
las luchas antirracistas, el movimiento
trans, lxs trabajadorxs sexuales y hasta
colectivos ambientalistas, sin importar su
posición social y a pesar de no ser todxs
PTistas, porque reconocían la urgencia
de aferrarse a una estructura estatal
para poder salir del fascismo que los iba
exterminando todos los días. No porque
buscaran un paraíso socialista perfecto,
ni porque pretendiesen la liberación del
proletariado con la victoria de Lula.
Lo mismo pasaba en Colombia; colectivas
feministas de “clase media” denunciaban
mediáticamente y en las calles al Uribismo
paramilitar, nos hablaban de historia,
nos recordaban sobre las torturas durante
la Operación Orión, los falsos positivos,
los asesinatos a sangre fría a plena luz del
día y cómo votar por Petro era lo único
para sacar a Duque. Presenciamos también
a María José Pizarro recordando a su
padre y al M-19 desde el feminismo. Y es
que esto sucede porque esto es Latinoamérica
apelando lo más que se pueda hacia lo
popular desde cualquier pensamiento de
izquierda, no porque no se tengan críticas
ni cuestionamientos, no porque sus organizaciones
sean perfectas, mucho menos
sin reconocer que igual existe un derecho
burgués y patriarcal en cualquier estructura
de poder, sino, porque para conseguir
una salida a la represión que actualmente
existe, es necesario dejar de lado por un
rato las comodidades que trae el hecho de
no estar escogiendo ningún bando sólo
porque vaya en contra de tus intereses, y
poner a los de la clase obrera junto a las
sociedades marginadas como prioridad,
aunque no se trate de una realidad personal.
CORREO DEL SUR
Dirección: Calle Kilómetro 7 Nº 202 •
Teléfono: 64-61531 / 64-43202
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derechos. Prohibida la reproducción total o parcial
de cualquier información gráfica o escrita por
cualquier medio, sin permiso de la sociedad editora.
En Bolivia, después de un golpe de Estado
y a dos años de las elecciones, tenemos
Comités Cívicos que nadie ha elegido, paramilitares
secuestrando y reprimiendo
a su propia gente y sucesivos intentos de
desestabilización democrática, mientras
nos encontramos con un feminismo anarquista
y apolítico privatizando espacios
de lucha en base a identidades y fragmentando
a los movimientos sociales en
pedazos cada vez más pequeños. Una cosa
es comprender que las voces de lxs oprimidxs
deben ocupar un espacio prioritario,
y otra muy diferente es censurar a los
sujetos dentro de la izquierda únicamente
por su identidad al haber convertido cualquier
afirmación que provenga de grupos
oprimidos en una ley que el resto no tenga
derecho a cuestionar.
Las políticas de identidad son simplemente
un sesgo neoliberal y posmoderno de
histeria que pone a la experiencia como
única y máxima autoridad, y oculta el hecho
de que existe también una lógica pura
y dura que no entiende de privilegios. Es
más importante si algo que se dice tiene
consistencia y sustento desde el lugar
donde se lucha que el hecho de que cierta
identidad no pertenezca a dicho paraguas
de opresión. Al anarquizar el 8 de Marzo
se desperdicia un grandísimo campo de
batalla al estar reduciendo toda actividad
revolucionaria a meros levantamientos
condenados al fracaso por carecer de plan,
estrategia y dirección. Personalmente y
desde mi propio entendimiento acerca
del feminismo marxista, la cuestión de
clase va negándose y definiéndose a cada
momento mientras encuentra sustento
en las conexiones que se identifican entre
el desarrollo de la economía mundial,
los constructos sociales y las posiciones
políticas, es por eso que condeno y condenaré
siempre la exclusión que se atrevan
a hacer en contra de las mujeres afiliadas
al IPSP dentro de las marchas feministas.
Es simplemente absurdo que exista un
rechazo tan agresivo en contra de las relaciones
que las mujeres proletarias ejercen
cuando se organizan en partidos políticos.
No puede existir ninguna organización
aceptable si es de individuos libres, de
carácter apolítico y no jerárquico porque,
además de ser esto carente de estructuras
representativas, aparece también una destrucción
hacia las pocas posibilidades que
tienen las mujeres proletarias de crear
algún frente a la burguesía en los terrenos
político, económico y social.
La reivindicación de igualdad de las mujeres,
cuando se despolitiza o anarquiza,
se vuelve un acuerdo entre mujeres burguesas,
se convierte en pura ideología de
grupos débiles sin raíces materiales y en
una farsa del antagonismo entre hombre
y mujer. A medida que el neoliberalismo
explota con éxito el género para los
intereses de clase del capital también en
nuestras calles, se vuelve un deber enfrentarnos
a una importante tarea de diseñar
estrategias anticapitalistas basadas en la
resistencia al mercado y su reproducción.
De cualquier otra forma, el 8 de Marzo continuará
siendo el parque de juegos en el
patio trasero de cualquier feminista que le
alcance para comprar un frasco de glitter
y escupirlo por donde camine.

TRIBUNALES
DERECHO EN CONSTRUCCIÓN
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
Cuando se quiere,
se puede
º º TEXTO: MARCO A. LOAYZA COSSÍO
esde hace días, varios ciudadanos
y ciudadanas de
manera voluntaria y en
ejercicio de sus derechos
vienen trabajando denodadamente
y a puro pulmón
para conseguir la nada fácil tarea
de lograr 1,5 millones de firmas de la población
boliviana para cristalizar hasta
ahora la única propuesta seria de reforma
a la justicia, dada la negligencia de
las diferentes instancias del Estado para
lograr algo que todas y todos deseamos:
una justicia independiente, transparente,
imparcial, objetiva, basada en derecho
humanos y el pluralismo establecido en
la Constitución Política del Estado.
Habíamos señalado en otras columnas
anteriores que lo más sabio y ético que
podían hacer nuestras autoridades de
justicia tanto del Órgano Ejecutivo como
Judicial, era adscribirse a esta cruzada
o por lo menos dejar que los bolivianos
y bolivianas ejerzan su ciudadanía, y
vayan a firmar. Pero como es consabido
en regímenes como el actual, alejado de
principios de derechos humanos, lo primero
que hicieron fue poner zancadillas
al proceso y por último atacarlo de manera
grosera con sus declaraciones y con el
uso de sus seguidores; incluso, algunos
dirigentes de diferentes sindicatos y organizaciones
sociales habrían prohibido
a sus afiliados suscribir los libros, clara
muestra de la naturaleza vertical de sus
organizaciones ante un ejercicio plenamente
democrático como es lograr un
referendo.
La anterior semana y de manera nada
sorpresiva, el Ministro de Justicia y
Transparencia Institucional volvió a desestimar
la propuesta, argumentando que
los plazos no se podrían aplicar y, por otra
parte, dijo de manera irracional que esta
solo busca un cuoteo político como en el
pasado, usando el mismo lenguaje que
tiene una resolución de la Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia Bartolina Sisa,
cuyas dirigentes principales fueron más
allá señalando que los promotores de la
iniciativa son abogados/as de la derecha
“con miras a buscar en el futuro un golpe
judicial al gobierno constitucionalmente
electo”. ¿Hermanas, y si nadie hace nada
por la justicia, a dónde vamos?
De la misma manera, varios otros personeros
del gobierno expresaron que la
propuesta de los juristas independientes
sería contraria a las atribuciones de la
Asamblea Legislativa Plurinacional a
cargo de la preselección de los candidatos
y candidatas y, por lo tanto, sería inconstitucional;
sin querer darse cuenta de que
justamente el gran problema de los procesos
anteriores fue la sola intervención de
esa instancia “politiquera” que seleccionó
a sus adherentes, ahijados, militantes
solapados o no tanto, etc., aprovechando
de manera arbitraria sus dos tercios. Los
resultados que tenemos del trabajo de
los magistrados/as del Tribunal Supremo
de Justicia, Tribunal Constitucional
Plurinacional, Tribunal Agroambiental
y Consejo de la Magistratura, con sus
“metidas de pata”, negligencia en una
reforma de justicia, regresiones en la
protección de derechos humanos, su falta
de independencia en relación al Órgano
Ejecutivo, su obsecuente obediencia al
poder político partidario y, en muchos
casos, su propia conducta personal, son
suficiente ejemplo de que ese camino no
es el indicado.
Sería importante que nuestros legisladores
y legisladoras, principalmente del
oficialismo, no tengan una mirada miope
y que vean simplemente el ejemplo de
Honduras, que recientemente ha finalizado
una elección de magistrados/as
a su Corte Suprema de Justicia, que no
será una taza de leche ni el mejor ejemplo
como país, dados sus niveles de violencia,
corrupción y otros problemas muy parecidos
a los nuestros, pero que con voluntad
política las fuerzas partidarias se han
entregado las primeras etapas previas
a la preselección a lo que se denomina
una “Junta Nominadora de Candidatos
a Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia” (Decreto N° 74-2022) que es “un
órgano colegiado y deliberante, dotado de
absoluta independencia y autonomía en
sus decisiones”.
Esta Junta está conformada por: 1) Un
representante propietario y un suplente
designados por la Corte Suprema de
Justicia, electos por el voto favorable de
las dos terceras (2/3) partes de los magistrados,
en sesión plenaria extraordinaria;
2) Un representante propietario y
un suplente del Colegio de Abogados de
Honduras (CAH), elegidos en asamblea
extraordinaria; 3) El Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos (Conadeh),
quien designará su suplente; 4) Un
representante propietario y un suplente
del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), electos en asamblea extraordinaria;
5) Un representante propietario
y un suplente de los claustros de las
escuelas de ciencias jurídicas, convocados
a asamblea ad hoc por el Rector de la
Marco A. Loayza
Cossío, Abogado
“Sería
importante
que nuestros
legisladores y
legisladoras,
principalmente
del oficialismo,
no tengan una
mirada miope
y que vean
simplemente
el ejemplo de
Honduras, que
recientemente
ha finalizado
una elección de
magistrados/
as a su Corte
Suprema de
Justicia”.
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), quienes se elegirán
con el voto favorable de la
mayoría simple de los profesores
presentes; 6) Un representante
propietario y un suplente electos
por las organizaciones de la sociedad
civil según lo dispuesto en el
artículo siguiente, y 7) Un representante
propietario y un suplente de las
confederaciones de trabajadores que se
organizarán en asamblea extraordinaria
de acuerdo con su normativa.
Esta conformación demuestra pluralismo
y equilibrio entre lo técnico y lo social,
además de darle un papel fundamental a
la sociedad, fácilmente se podría adecuar
a nuestro contexto.
La Junta tiene como función única, la
preparación de una nómina conformada
al menos por cuarenta y cinco (45) candidatos/as
que reúnan los requisitos y no se
encuentren comprendidos en las inhabilidades
establecidas en la Constitución y la
Ley, entre los cuales el Congreso Nacional
de Honduras elige a quince (15) que integrarán
la Corte Suprema de Justicia.
A partir de la nominación de 45 candidatos
y candidatas respetando la equidad de
género idóneos, se estaría de alguna manera
garantizando personas con una alta
calificación y preparación académica,
además de altos valores democráticos y de
derechos humanos, y conducta personal
intachable, pues la normativa hondureña
dentro de las diferentes etapas a cargo de
la Junta, esta solicitará incluso pruebas
toxicológicas, psicométricas, además de
las académicas, justamente algo que necesitamos
urgentemente para nuestras
máximas autoridades judiciales.
Como se observa, cuando hay voluntad
política y realmente se quiere servir a la
sociedad y no servirse de ella, se puede
buscar alternativas que respondan a los
estándares internacionales, sin afectar
nuestra Constitución, para garantizar la
independencia judicial tanto de Naciones
Unidas y del Sistema Interamericano y
lograr realmente profesionales con una
alta conciencia, preparación e idoneidad
para garantizar un acceso a la justicia y
fallos apegados solo a los derechos humanos,
Constitución y la ley. Realmente
esperemos que la iniciativa de los juristas
independientes alcance su objetivo, por
ello animo a todas y todos a que vayan a
firmar, ejercer su derecho ciudadano y
lograr la tan anhelada reforma de la justicia.
correodelsur.com
3
º º DERECHO EN CONSTRUCCIÓN

TRIBUNALES
TEMA CENTRAL
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
Es urgente trabajar en un escenario
post La Haya
correodelsur.com
4
º º TEMA CENTRAL
En una entrevista compartida con Tribunales*, el ex Presidente Constitucional de Bolivia y
Agente ante la CIJ en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé nos habla sobre la judicialización
del caso marítimo y Silala, y los desafíos que surgen a partir de los fallos.
a demanda marítima no sólo
fue una decisión política,
fue una decisión de Estado
para encontrar una vía
consonante con el derecho
internacional. Una vía pacífica
que potencialmente podía tener un
resultado interesante para poner el tema
del diferendo entre Bolivia y Chile en términos
más actualizados con el derecho
internacional ¿Por qué lo significó? Porque
después de la creación de las Naciones
Unidas se abrió un nuevo lineamiento
en el orden internacional, la creación del
órgano, la aprobación de su Carta y el desarrollo
de sus instituciones, entre ellas la
Corte Internacional de Justicia, tenían un
mandato y la vocación de recuperar la seguridad,
la paz y la justicia internacionales
que habían tenido grandes crisis con
las guerras mundiales.
En el desarrollo de la existencia de la Corte
Internacional y el derecho internacional
se fueron forjando posibilidades para que
los Estados encuentren alivio o remedios
a estas diferencias que antes se libraban
a través de la guerra o la fuerza. Bolivia,
desde que perdió su condición marítima
en una guerra, había insistido en acudir
a las vías diplomáticas para revertir esa
situación, sin mayor éxito. Paralelamente,
Chile, reconoció la necesidad de Bolivia de
contar con una salida al Pacífico e intentó
diversas negociaciones y aproximaciones,
algunas notablemente cercanas como el
intercambio de notas para iniciar negociaciones
en los años 50 o las negociaciones
tangibles y concretas, diplomáticamente
convenidas entre los presidentes Pinochet
y Banzer en los años 70.
Este escenario de aproximaciones llevó
a quienes trabajaron esta demanda inicialmente
a entender que Bolivia y Chile
habían tenido negociaciones con compromisos,
sobre todo de parte de Chile,
de reconocer y ofrecer salidas que tenían
efectos jurídicos vinculantes y exigibles
judicialmente. La Sexta Comisión de la
Asamblea General de Naciones Unidas
había trabajado durante los años 90 en
los principios que orientaban estos lineamientos
de derecho internacional, por los
que las negociaciones o las expresiones
diplomáticas emitidas por autoridades
competentes podían generar obligaciones
jurídicas exigibles. Sobre esa base, que
era relativamente contemporánea, Bolivia
decidió trabajar una demanda que
planteaba que Chile, en el contexto de diversas
negociaciones y expresiones, contrajo
la obligación de negociar de buena
fe una salida al océano Pacífico. Entonces
se trazó una línea de argumentos jurídicos
que, además de estos conceptos de
derecho internacional, también estaban
acompañados por precedentes de la misma
Corte orientados a resolver situaciones
de diferencias entre Estados a partir
de expresiones o voluntad de negociación.
La demanda marítima no fue una improvisación
ni mucho menos, se trabajaron
con mucho rigor los argumentos del derecho
internacional y además, los argumentos
fácticos objetivos que demostraban
ante la Corte que el enclaustramiento
marítimo no solamente resultaba injusto
en términos de su convivencia con la comunidad
internacional, sino que restaba
posibilidades a Bolivia en su coexistencia
con el mundo y el desarrollo humano de
su propia colectividad y que, los tratados
de cese de hostilidades y el de paz y límites
con Chile no alcanzaban a suplir este
tremendo encierro.
En resumen, esos fueron los grandes argumentos
de nuestra demanda que la Corte
atendió parcialmente. El fallo emitido
después de más de cinco años de proceso
describe que Bolivia y Chile tuvieron
múltiples intentos y aproximaciones diplomáticas
para solucionar un problema
que todavía subsiste: El encierro, la mediterraneidad
de Bolivia.
Pero estas aproximaciones e intercambios
y todo aquello que Bolivia y Chile se encargaron
de presentar ante la Corte, según su
decisión, no alcanzaba para exigirle judicialmente
a Chile que negocie con Bolivia
y menos con un resultado predeterminado
como era el “acceso soberano”. Por tanto,
la Corte rechazó la demanda. Pero, al propio
tiempo, sostuvo que, subsistiendo el
problema, ambas partes deben encaminar
negociaciones significativas, en el marco
de las relaciones de buena vecindad, para
encontrar una solución.
Eduardo
Rodríguez Veltzé,
ex Presidente
Constitucional y
Agente ante la CIJ en
La Haya.
Mi crítica a
los gobiernos
de Morales,
Añez y Arce
Catacora es que
no afrontan ese
desafío porque
no se terminó
de entender la
decisión de la
Corte, menos
existe el debate
en términos
académicos, ni
políticos y peor
aún, desde que se
produjo el fallo,
no se cuenta
con una política
exterior hacia
Chile”.
Esta decisión de la Corte, a mi juicio, no es
otra cosa que la devolución del diferendo
-irresuelto-, a Chile y Bolivia para que sigan
negociando aquello que aún sometido
ante instancia judicial sigue existiendo.
La decisión de la Corte no es necesariamente
lo que esperábamos, pero tiene
la virtud de haber reconocido que
subsiste la controversia y traza una
línea de aproximación para resolverla
en el marco del derecho internacional.
Al invocar la Corte el
concepto de “buena vecindad” está
transmitiendo las bases de la coexistencia
pacífica entre Estados reflejada
en la Carta de Naciones Unidas, en la
Carta de la OEA y en docenas de tratados
multi y bilaterales que se fundan en el
principio de la “buena vecindad”.
Bolivia y Chile tienen un desafío enorme.
Hay una decisión del órgano judicial de
Naciones Unidas que señala que ambos
Estados deben encontrar soluciones al
problema. A mi juicio, esta fue una decisión
interesante que abre un nuevo tiempo
en las relaciones post litigio entre Bolivia
y Chile y que marca un desafío para
la diplomacia, sobre todo a la nuestra. No
hablaré de la chilena que es propia de un
Estado soberano, pero a mi juicio, Bolivia
tiene un enorme desafío de replantear
sus relaciones con Chile, debe recuperarlas
y debe abrir un tiempo de relación de
buena vecindad.
Mi crítica a los gobiernos de Morales,
Añez y Arce Catacora es que no afrontan
ese desafío porque no se terminó de
entender la decisión de la Corte, menos
existe el debate en términos académicos,
ni políticos y peor aún, desde que se produjo
el fallo, no se cuenta con una política
exterior hacia Chile, a más de dos años
del Gobierno de Arce Catacora todavía no
se ha designado a un Cónsul General.
Bolivia debe restablecer relaciones con
Chile, entre otras tantas cosas que implica
una vecindad compleja, para abordar
un tiempo post Haya del tema marítimo,
pero me temo que no hay una visión a la
altura de ese desafío.
El caso sobre las “aguas
del Silala”
En el caso del Silala, Chile fue el Estado
demandante. Estimo que la motivación
chilena para precipitar la vía judicial
respondió a la necesidad política de lograr
un contrapeso a la decisión de la CIJ

TRIBUNALES
TEMA CENTRAL
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
del año 2015 en el caso marítimo, oportunidad
en la que le dio la razón a Bolivia
al declararse competente para seguir
conociendo la causa. Chile había objetado
la competencia de la Corte; planteaba
que en el caso marítimo no había nada
que discutir con Bolivia por tratarse de
un tema absolutamente cerrado por el
Tratado de 1904. La Corte rechazó esa
excepción preliminar.
Chile necesitaba un contrapeso de política
interna para demandar a Bolivia con
algún éxito frente a ese primer fiasco que
tuvo ante la Corte. Lo encontró en las
controversias sobre el tratamiento de los
recursos hídricos transfronterizos que se
habían venido discutiendo en el último
tiempo, particularmente sobre la naturaleza
y las obligaciones que generaba a
ambos Estados un curso de agua internacional
denominado Silala próximo al desierto
del Siloli. Según la posición de Chile
estas aguas eran de curso internacional
y sujetas al principio de uso equitativo y
razonable como lo describe la Convención
de Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho
de uso de aguas transfronterizas para
usos distintos a la navegación.
En esa temporada, el presidente Evo
Morales había declarado que llevaría el
caso del Silala a la Corte Internacional
de Justicia, aunque posteriormente el
Canciller Choquehuanca aclaró que esa
demanda no era inmediata y que era
necesario estudiarla. A mi juicio, esas
declaraciones no fueron afortunadas,
como tampoco fue la decisión chilena de
llevarla directamente a la vía judicial sin
agotar negociaciones diplomáticas más
comprometidas con un posible consenso.
El diferendo también tiene antecedentes
remotos en tanto se consignó al Silala
como “río” en el Tratado de 1904 y en
sucesivos documentos de las comisiones
bilaterales Boliviano - Chilenas de límites.
Así se reconocía al Silala hasta fines
de los años 90 cuando Bolivia tiene un
giro en su entendimiento. Los cancilleres
Murillo y Fernández, en comunicados
públicos e intercambios diplomáticos
con Chile sostuvieron que no se trataba
de un curso de agua internacional, sino
de manantiales que empezaban y terminaban
en Bolivia y que, por efecto de
unos canales artificiales construidos por
Chile, transitaban hacia su territorio. Estas
declaraciones también responden a
la representación consular chilena sobre
una licitación pública para concesionar
la explotación de las aguas del Silala en
sustitución de una concesión que hizo el
Departamento de Potosí el siglo pasado
a una empresa anglo-chilena FCAB para
suplir el uso de sus locomotoras.
Bolivia adoptó desde entonces una posición
de controversia con Chile que
mantenía el criterio de que se trataba de
aguas naturalmente transfronterizas.
En este contexto, hay que decir también
que paralelamente y en diversas oportunidades
se hicieron aproximaciones
para estudiar de manera conjunta esas
cuencas y tomar decisiones que lleven
a acuerdos mucho más fraternales y
convenientes. Así lo hizo el año 2009 la
Cancillería de Bolivia, cuando el canciller
de entonces, David Choquehuanca
intentó un acuerdo que fue rechazado
por las instituciones cívicas del Departamento
de Potosí.
En materia de la controversia ante la CIJ,
Bolivia responde y actúa en ese proceso
con base en estudios científicos comprensivos
y completos. Los que disponía hasta
conocer la demanda eran insuficientes o
preliminares para contrastarlos en una
contestación o contrademanda.
Cuando Bolivia tuvo a su alcance una
serie de estudios realizados por profesionales
bolivianos y extranjeros, destacando
aquellos realizados por el Instituto
Hidrológico Danés (DHI), presentó ante
la Corte una postura fundada en estudios
científicos comprensivos y debidamente
respaldados por información y estudios
de campo. Trabajos muy rigurosos que
contemplaban el examen de resultados
de la perforación de docenas de pozos,
estudios geológicos, hidrológicos, superficiales
y subterráneos y de todo orden.
Bolivia respondió a la demanda con sus
propios estudios científicos a los que
agregó aquellos referidos a la existencia
y los efectos de canales artificiales construidos
por FCAB, la empresa concesionaria
de las aguas, canales que incrementaban
la velocidad a ciertos cursos.
Con base en esta información Bolivia
contrademandó a Chile con relación al
uso de estos canales que se encuentran
bajo su soberanía argumentando que, si
se los mantenía, debían llegarse a acuerdos
para a compensar las ventajas del
flujo artificialmente mejorado.
En el curso del proceso resultaron evidentes
las coincidencias de los estudios
presentados por las partes sobre la naturaleza
del Silala en los cursos superficiales
y subterráneos que transcurren
por ambos estados y su correspondencia
con los alcances de la Convención de Naciones
Unidas de 1997, su definición de
“curso de agua internacional” y los principios
aplicables al uso de aguas transfronterizas.
También Bolivia tomó nota
de la contestación de Chile a la contrademanda
aceptando el derecho soberano de
Bolivia de disponer de los canales sin que
su desmantelamiento pudiese generar
reclamos ulteriores.
En síntesis, tal como declaré después
de renunciar como Agente al gobierno
de J. Añez, el proceso del Silala, por sus
características, abrió en su tiempo la
oportunidad de iniciar una negociación
diplomática formal para explorar soluciones
de consenso frente a la pérdida de
objeto de la controversia en el ámbito judicial.
Los presidentes Morales y Piñera
aproximaron conversaciones en Brasilia
en oportunidad de coincidir en la posesión
del presidente Bolsonaro, para que
las Cancillerías inicien un diálogo. En el
curso de las reuniones celebradas con este
propósito, Chile presentó formalmente
La causa
marítima y
la causa del
Silala, fueron
experiencias
sobre las que
cabe autocrítica,
reflexión y
proyección.
Ambas nos
trajeron
lecciones
importantes,
entre las que
destaco que la
diplomacia debe
ser en muchos
casos más
proactiva que la
tentación de la
judicialización”.
una propuesta para iniciar una negociación,
(este documento también lo exhibió
durante las audiencias orales ante la CIJ),
concentrada en una solución diplomática
de la controversia sobre la naturaleza y
condiciones del uso de las aguas del Silala.
Lamentablemente, ni la Cancillería boliviana,
entonces a cargo de Diego Pary
ni las últimas gestiones a cargo de Karen
Longaric y Rogelio Mayta dieron continuidad
a lo que a mi juicio era una salida
mucho más práctica y razonable para
zanjar el tema del Silala con proyección a
toda la cuenca fronteriza, incluso en términos
económicos. Pero, además, era un
precedente interesante para acompañar
los desarrollos del derecho internacional
de aguas que privilegia a los acuerdos y
la gobernanza común antes que el litigio.
La Corte definió el pleito de una manera
singular pero interesante. Por una parte,
al declarar que las peticiones de los Estados
habían quedado sin objeto o materia
que la Corte deba dilucidar, confirmó que
las coincidencias científicas expuestas o
las posturas de absolución a las contrademandas
confirmaban que no tenía nada
que resolver. Por otra parte, la Corte no
emitió las sentencias declarativas esperadas
por Chile ni generó conceptos
novedosos que conviertan la decisión
en un precedente destacado, se limitó a
recomendar a los estados a cooperar y
coordinar tareas en el marco del derecho
internacional de aguas. Tal como calificó
en opinión anexa uno de los magistrados,
se trató de una sentencia más bien
“vacía” frente a las expectativas sobre la
controversia. No menos relevante, quedó
expuesta la ausencia de mecanismos
procesales que eviten que los Estados en
controversias como las del Silala sostengan
onerosos procedimientos judiciales
en lugar de alentarse soluciones de consenso,
particularmente importantes en
el régimen de aguas transfronterizas.
La causa marítima y la causa del Silala, fueron
experiencias sobre las que cabe autocrítica,
reflexión y proyección. Ambas nos
trajeron lecciones importantes, entre las
que destaco que la diplomacia debe ser en
muchos casos más proactiva que la tentación
de la judicialización o la preservación
del conflicto y el distanciamiento y que en
ambos casos se han abierto nuevos desafíos
para que los Estados puedan trabajar
estas diferencias. Bolivia y Chile seguirán
siendo vecinos y notablemente complementarios,
tienen una frontera de casi
1.000 kilómetros y sobran las razones para
que acompañen los grandes desarrollos del
derecho internacional en materia tanto de
los derechos de los estados sobre el tránsito
y acceso a los océanos como el de los
recursos hídricos transfronterizos. Ambos
imprescindibles para abordar una agenda
“post La Haya”. No advierto todavía una
política exterior nítida en ambos temas por
el Gobierno del presidente Arce Catacora.
Ojalá que el restablecimiento de relaciones
plenas con Chile en el marco de la “buena
vecindad” sea un nuevo comienzo.
*Liliana Oropeza Acosta
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º º TEMA CENTRAL

TRIBUNALES
TRIBUNALES AL DÍA
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
El Estado Plurinacional
en Bolivia
correodelsur.com
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º º TRIBUNALES AL DÍA
y sus problemas
º
TEXTO: ALAN E. VARGAS LIMA
inicios del nuevo año, se
ha celebrado un aniversario
más de la fundación
del Estado Plurinacional,
como sucede cada año en
Bolivia; ello por disposición
del Decreto Supremo 405 de 20 de
enero de 2010, en virtud del cual se decreta
el 22 de enero de cada año, como día de
la “Fundación del Estado Plurinacional
de Bolivia”, y asimismo, se declara ese
día feriado con suspensión de actividades
públicas y privadas a nivel nacional.
Ello nos brinda la oportunidad para repensar
la idea de “Estado Plurinacional”
que se tiene en Bolivia, el primero del
continente en adoptar esa denominación
de país, a nivel internacional; cuyas repercusiones
han llegado a otros lugares
donde también discutieron la factibilidad
de implementar esta idea, como fue
el reciente caso del proceso constituyente
de Chile.
Recuerdo que en el primer capítulo de
mi libro sobre Justicia Constitucional en
Bolivia (2021), hice referencia a la configuración
constitucional del Estado Plurinacional,
intentando indagar sus orígenes
o la fuente de dónde provino esta idea
en el país, señalando además algunas de
sus características más sobresalientes.
Allí se estableció, que fueron las propuestas
de las principales organizaciones
indígenas, quienes enarbolaron esta idea
demandando el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas originarios
campesinos, así como también una
mayor participación en las actividades
del nuevo Estado que se tenía que construir
en la Asamblea Constituyente.
Producto de ello, es que el primer artículo
de la Constitución Política del Estado
(CPE) aprobada el año 2009, lo caracteriza
como un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías,
que se funda en la pluralidad
y el pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país. Y el artículo
tercero, refuerza este entendimiento, al
señalar que: “La nación boliviana está
conformada por la totalidad de las bolivianas
y los bolivianos, las naciones y
pueblos indígena originario campesinos,
y las comunidades interculturales y afrobolivianas
que en conjunto constituyen
el pueblo boliviano”.
Algo similar sucedió en Ecuador, que en
el primer artículo de su Constitución
(2008), también se declaró como un:
“Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. (…)”.
Ese modelo sui generis de Estado, implantado
por el constituyente boliviano,
conjuga varios elementos que los encontrarán
explicados con mayor detalle doctrinal,
y su desarrollo jurisprudencial,
en el libro a que hago referencia.
En todo caso, de lo que se trata ahora es
comprender cuáles han sido sus avances,
o retrocesos, lo que no es tarea fácil porque
requiere de una amplia evaluación
integral. Sin embargo, de manera general
podemos apuntar algunos aspectos
evidentes.
Así, por ejemplo, si bien la configuración
del Estado Plurinacional tuvo la virtud de
haber consagrado el autoreconocimiento
de un país diverso; sin embargo, hay que
reconocer que los pasos andados hasta
ahora no han sido los más acertados para
lograr satisfacer aquellas legítimas aspiraciones
de los pueblos indígenas y de la
población urbana en su conjunto.
Por ello, se ha manifestado un descontento
generalizado en la población boliviana,
dado que -en contraste con lo definido por
la Constitución-, en estos últimos años,
el Estado Plurinacional se ha debilitado
a nivel institucional, sobre todo por la
actitud arbitraria de un “presidente indígena”
que no se subordinaba a la Constitución,
sino que, por el contrario, la infringía
de manera reiterada, a través de
sus continuos intentos de perpetuarse en
el ejercicio del poder, después de haberlo
ejercicio por más de una década, lo que
finalmente derivó en su renuncia (desvirtuando
en consecuencia que hubiera
existido un presunto golpe de estado) y la
posterior sucesión presidencial.
Alan E. Vargas
Lima
si bien la
configuración
del Estado
Plurinacional
tuvo la virtud
de haber
consagrado
el autoreconocimiento
de un país
diverso; sin
embargo, hay
que reconocer
que los pasos
andados hasta
ahora no han
sido los más
acertados para
lograr satisfacer
aquellas
legítimas
aspiraciones”
Por su parte, el Órgano Legislativo, se
ha convertido en una instancia subordinada
a las determinaciones del
Órgano Ejecutivo, cuyas propuestas
normativas deben ser aprobadas
por órdenes superiores, sin mayor
debate ni discusión, y muchas veces
sin ningún conocimiento de la ciudadanía,
restringiendo además la participación
de los sectores de oposición
presentes en la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
De igual forma, el Órgano Judicial no
goza de independencia plena en el ejercicio
de sus funciones, dado que existe
una constante injerencia política en sus
actividades; no siendo posible en ese
contexto, garantizar a los bolivianos y
bolivianas un acceso a una justicia independiente,
imparcial, pronta y oportuna,
como proclama la Constitución;
asimismo, también es evidente que la
elección por voto popular de los magistrados
de los máximos tribunales de
justicia del país, no ha sido una solución
idónea a la actual crisis estructural del
sistema judicial del Estado, todo lo cual
justifica adoptar una inmediata reforma
judicial vía referendo popular; más aún
si se considera que la corrupción judicial
(falta de idoneidad), la retardación
de justicia (mora procesal) y la manipulación
política del sistema judicial
(politización de la justicia), han sido las
causas determinantes del estado crítico
en que se encuentra.
En consecuencia, no compartimos el
mensaje presidencial, que aparentemente
centrado en la unidad y estabilidad
económica, ha sostenido que el reciente
aniversario del Estado Plurinacional
representaría “la consolidación de la
Revolución Democrática y Cultural”;
cuando en realidad, desde esferas del
mismo Gobierno central se está persiguiendo
a los opositores, promoviendo
continuamente la confrontación entre
bolivianos. Ello ha provocado a su vez,
la aparición de voces regionalistas que
pretenden profundizar la división entre
los departamentos del país, lo que no
nos asegura una sana convivencia. Entonces,
ya es hora de deponer actitudes,
y ponernos de acuerdo en un diálogo de
manera consensuada y sin condiciones,
por el bien de todos(as).

TRIBUNALES
GÉNERO Y DERECHO
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora
º
TEXTO: CLAUDIA MIRANDA DÍAZ
l 8 de marzo de 1908, 129 mujeres
trabajadoras que militaban
en el Partido Socialista
de Nueva York (EEUU),
murieron a causa de un incendio
en la fábrica Cotton
en la que trabajaban, donde se declararon
en huelga con permanencia en su trabajo,
su protesta fue: por un igual salario al de
los hombres, reducción laboral a 10 horas
de trabajo y mejoras en sus condiciones
laborales. El 3 de mayo de 1909 en Chicago
(EEUU), el Partido Socialista realizó
un acto por el “Día de la Mujer”, que fue
el preámbulo para que el 28 de febrero de
1909 en Nueva York, se conmemore por
primera vez “el Día Nacional de la Mujer”.
En 1910, durante la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas en
Copenhague, Dinamarca (que trataba el
sufragio universal para todas la mujeres),
por moción de Clara Zetkin se proclamó
oficialmente, el 8 de marzo como el “Día
Internacional de la Mujer Trabajadora”,
en homenaje a las mujeres caídas en la
huelga de 1908.
Claudia Miranda
Díaz, economista,
columnista en
varios medios de
comunicación
impresos y digitales.
carácter originario, reduciéndola a un
reclamo por la doble jornada de trabajo
realizada por las mujeres que es “el trabajo
doméstico” -lo que hoy se denomina
“economía del cuidado”- y su falta de
valoración emocional y pecuniaria.
El 8 de marzo que recuerda la lucha
de clases de las mujeres -al igual
que otras fechas-, se trató de tergiversar
convirtiéndola de una fecha
conmemorativa de mujer trabajadora
a una fecha de marketing, de consumismo
de “felicitación a las mujeres”, donde
se les regalaba flores y chocolates. En el
presente reciente, en memoria a las mujeres
que ofrendaron su vida en 1908 en
Nueva York, en el mundo entero y en Bolivia
también, tratamos de reivindicar esta
fecha con el significado original que tuvo,
de ahí nace la frase “no quiero flores, ni
chocolates, quiero respeto”.
La lucha iniciada por las valientes mujeres
en 1908, continúa de forma permanente
junto a los varones, por alcanzar
una sociedad equitativa.
No hay nada que festejar, la situación de
la mujer -por su condición de género- desde
1975 hasta hoy, mejoró sus condiciones
respecto a la equidad de género en el
ámbito público; en tanto, en al ámbito
privado está completamente atropellada
(con maltrato físico, emocional, psicológico,
económico y otros), violencia, abuso
sexual a mujeres adultas, jóvenes y niñas;
feminicidios. Bolivia se ha convertido en
el país más violento de la región, por su
violencia hacia las mujeres; el mismo 8
de marzo del pasado año, un hombre decapitó
a su esposa en Potosí. El machismo
-tanto de hombres, como de mujeres- debe
ser una lucha diaria de erradicación desde
nuestra individualidad, esa sería una
excelente contribución de nuestra parte
a la construcción de una mejor sociedad.
Hasta las bromas cotidianas de diferencia
de roles de género, refuerzan el Machismo.
correodelsur.com
7
º º GÉNERO Y DERECHO
La Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), proclamó
1975 como “el Año Internacional de la
Mujer”; fue en este año cuando declaró
oficialmente el “Día internacional de la
Mujer”, y desde 1977 se recuerda esta fecha
a nivel mundial. Al haberle cambiado
el nombre de “Día Internacional de la
Mujer Trabajadora” (que lucha por una
igualdad de salario y de mejores condiciones
laborales) al “Día Internacional
de la Mujer” (que lucha por una equidad
de género ante el varón, sin cuestionarse
el Patriarcado), le quitó a esta fecha su
No hay nada que festejar, la situación de la mujer -por
su condición de género- desde 1975 hasta hoy, mejoró
sus condiciones respecto a la equidad de género en el
ámbito público; en tanto, en al ámbito privado está
completamente atropellada”.

TRIBUNALES
MIS DERECHOS PASO A PASO
REVISTA JURÍDICA | Martes, 7 de marzo de 2023
¿Cómo obtener
la licencia
y CI digitales?
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1
Busca la aplicación “Mi Identidad”, desde Play
Store o App Store, al seleccionar la opción de
“instalar” aparecerá en pantalla los términos y
condiciones que deberá leer y aceptar si está de
acuerdo.
º º MIS DERECHOS PASO A PASO
2
Una vez instalada la aplicación
deberá ir a una oficina
de SEGIP para registrar la
aplicación en su celular,
para ello escaneará un código
QR.
3
biometría
En el SEGIP registrarán su
facial.
4
Una vez concluidos los pasos
anteriores, recibirá un
mensaje a su correo electrónico
con los accesos a la
aplicación, donde estarán
disponibles su licencia y CI
digitales.
IMPORTANTE:
• Esta aplicación está disponible para todas y todos
los ciudadanos mayores de 18 años.
• El costo de habilitación es de 20
bolivianos.