Revista Korpus 21 - Volumen 8

Volumen 3, núm. 8
PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL DE EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.
El Colegio Mexiquense, A.C. (CMQ)
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Presidente
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Secretario General
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Korpus 21
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Directora
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Carlos Herrejón (COLMICH) * Daniela Spenser (CIESAS/CDMX)
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Asistentes editoriales
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Diseño de interiores, portada, formación y composición tipográfica
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Corrección de estilo
Editor Responsable
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Korpus 21, Vol. 3, núm. 8, mayo-agosto de 2023, es una publicación cuatrimestral de difusión gratuita editada, publicada y distribuida por El
Colegio Mexiquense, A.C. Exhacienda Santa Cruz de los Patos, s/n, col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec, C.P. 51350, México, tel. (722) 279
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al Uso Exclusivo 04-2021-041213264400-203 e ISSN 2683-2682, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de
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mayo de 2023 con un tiraje de 300 ejemplares.

Korpus 21 es una publicación cuatrimestral
orientada a la difusión de resultados de investigación
original sobre temas de historia
y ciencias sociales, editada por El Colegio
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carácter inter y transdisciplinar, pero está
abierta a aquellos que adopten una visión
unidimensional en historia, sociología, economía,
ciencia política, geografía, antropología,
así como áreas afines. Dos condiciones
son necesarias: a) el aval empírico, ya
sea de base factual y aparato crítico, en el
caso de historia, o de datos cuantitativos
o cualitativos que respalden hechos estilizados
que detonen y articulen la reflexión
teórica en las otras disciplinas, y b) que permitan
abonar al mejor entendimiento de la
sociedad contemporánea, de sus funcionamientos,
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La revista publica artículos y ensayos, después
de ser sometidos a dos dictámenes
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de algunos autores, sin que ello
implique la exención del cabal proceso editorial;
2) General: abierta a cualquier tema
incluido en las distintas áreas que abarca la
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y discuten un tema mediante el
cual se problematice o demuestre una hipótesis
a través de una secuencia argumentativa
que denote un profundo conocimiento
sobre dicho tema; 4) Lecturas y relecturas:
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aquellos que se presten a nuevas lecturas o
interpretaciones y 5) Infografías: ordenan y
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results on history and social science topics
and edited by El Colegio Mexiquense, A.C. It
privileges inter and transdisciplinary nature
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El Colegio Mexiquense, A.C.

Tabla de Contenidos
Table of Contents
Sección temática
Mílada Bazant, Maddelyne Uribe Delabra
Presentación
Presentation
Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta
Ciudad e (in)seguridad:
reflexiones sobre el Estado de México
City and (in) security:
reflections on the State of Mexico
Nelson Arteaga
La construcción simbólica de la unidad partidista para
la elección del Estado de México (2023)
The symbolic construction of partisan unity
for the election of the State of Mexico (2023)
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
Vulnerabilidad y asistencia social.
Los programas asistenciales en el Estado de México
(2014-2021)
Vulnerability and social welfare.
The social welfare programs at State of Mexico
(2014-2021)
Felipe González Ortiz
Construir modernidad sobre las ruinas de los pueblos
originarios. Indígenas en el Estado de México
Build modernity on the ruins of the original peoples.
Indigenous people in the State of Mexico
IX
197
217
235
267

Pablo Mejía-Reyes, Dulce Albarrán Macías
y Liliana Rendón Rojas
Crecimiento económico del Estado de México
ante el cambio en la estrategia de desarrollo,
1981-2021
Economic growth of the State of Mexico
before the change in the development strategy,
1981-2021
Elide Rosario Núñez Escandón
El Códice de los alfareros de Cuauhtitlan: estudio de una
pictografía mexiquense desde la arqueología
The Codex of Cuauhtitlan potters: an study of a Mexican
pictography from iconography and archeology
287
307
Sección general
Juan Alfonso Milán López
Fuego y sangre. La violencia retratada en
las litografías de El Libro Rojo, de Riva Palacio
Fire and blood. The violence portrayed in
Riva Palacios’s Red Book lithographs
329
Reseña
María de Lourdes Alejandra Ángeles Morales
Un gran reto para la educación mexiquense:
Libros de texto desde su contenido.
Historia de la Educación y enseñanza de la Historia
343

SECCIÓN TEMÁTICA

Presentación
LOS GRANDES RETOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
La conformación territorial del Estado
de México, que abraza en forma de herradura a
la capital de la república y, por ende, su cercanía,
ha sido un reto permanente en su acontecer
social, político, económico y cultural; está ante
el umbral de un futuro cercano en el cual deben
moverse todas las piezas del tablero espacial
–gobierno, sociedad civil y mercado–, como
propone Alfonso Iracheta Cenecorta, para dar
lugar a un nuevo reacomodo del orden social,
ya muy desfigurado. En este número de Korpus
21, los autores introducen e interrelacionan temas
trascendentales del escenario mexiquense
y proponen algunas medidas y estrategias para
encaminar el proceso de cambio.
Uno de los mayores retos que sin duda enfrenta
el Estado de México en su historia política
contemporánea es el de las próximas elecciones
para la gubernatura. Celebradas un año antes
que las de la presidencia del país, marcan hacia
dónde va a dirigirse la brújula de la Grande. Este
año las olas de la marejada electoral andan muy
agitadas y los mexicanos y mexiquenses nos hallamos
sobresaltados por el devenir de un futuro
incierto. En su artículo sobre “La construcción
simbólica de la unidad partidista para la elección
del Estado de México (2023)”, Nelson Arteaga
nos conduce por los tortuosos artilugios que
llevaron a la nominación de las dos candidatas
para la gubernatura: Alejandra Del Moral y Delfina
Gómez.
Basado en la etnografía de las narrativas comunicativas
que deambulan de la izquierda a
la derecha y que se despliegan en artículos de
opinión y reportajes, Arteaga analiza los dos
perfiles femeninos cuyos epicentros surgieron
de los ejecutivos estatal y federal. La sociología
cultural y otras banderas metodológicas construyen
el análisis del artículo cuyo autor nos enseña
cómo se articularon las fuerzas políticas
para teatralizar y significar el carácter puro, civil
y virtuoso de Del Moral y de Gómez. El desenlace
de la película de las candidaturas evidencia la
pobreza cultural en los andamios del rascacielos
político mexiquense.
Dice el dicho popular: Más vale prevenir que
remediar. El artículo de Alfonso Iracheta Cenecorta
“Ciudad e (in) seguridad: reflexiones sobre
el Estado de México” es sumamente propositivo:
expone varias claves para prevenir los delitos
mejorando el territorio socio-espacial del Estado
de México. Iracheta conoce como la palma de su
mano a la ciudad, área dorada en tiempos pasados,
no tan lejanos, pero que en estos momentos
necesita muchos salvavidas, pues los problemas
urbanos están hundiendo a los citadinos con
todo y su entorno.
Alfonso Iracheta primero analiza y explica su
universo de estudio: las diversas patologías que
se han generalizado en la sociedad como son
la desigualdad económica, social y espacial, la
pobreza, la discriminación por clase social, raza,
religión, género, color de piel y la violencia. Más
que de orden social, Iracheta examina cómo las
condiciones socio-espaciales, principalmente de
las áreas urbanas, tienden a ser las causas de los
delitos ocupando las zonas norte, oriente y Valle
de Toluca de la entidad mexiquense la tasa de
incidencia delictiva más alta del país. En consecuencia,
el reto es priorizar las políticas y estrate-
IX

PRESENTACIÓN
gias de inteligencia y los análisis de la geografía
ambiental. Sociedad civil, mercado y gobierno
deben amalgamar una tríada de gobernanza que
dé pie a un nuevo arte de gobernar. Sólo así podremos
vislumbrar a una Ciudad Siglo XXI segura,
llena de porvenir donde los mexiquenses
puedan ser flâneurs en todos sus espacios.
La vulnerabilidad entendida como una “situación
de indefensión condensada en fragilidades
o debilidades” encarna una paradójica dicotomía
entre inclusión-exclusión, convirtiéndose en
un concepto dinámico que condensa una serie
de parámetros mutables supeditados a un particular
proceso de selectividad en el que, cada
vez más lejos del concepto de universalidad, es
la acción pública la que identifica, define y segmenta
a quienes serán “susceptibles de recibir
incentivos y apoyo asistencial”. En su artículo
“Vulnerabilidad y asistencia social. Los programas
asistenciales en el Estado de México (2014-
2021)” Gloria Guadarrama Sánchez reflexiona
sobre el intrincado papel que el Estado ejerce
como responsable de “vigilar y asistir a la población”,
resolviendo distintas problemáticas sociales
e implementado “estrategias prioritarias de
protección, prevención […], rehabilitación e integración”
en busca de posibilitar el “desarrollo
humano, el bienestar y la igualdad de oportunidades”.
Guadarrama Sánchez nos guía no sólo a través
de un pormenorizado análisis de carácter
histórico que gira en torno a la conceptualización
misma de los sujetos “vulnerados y vulnerables”,
sino que también se interroga acerca de cómo
es que diversas prácticas de asistencia, procesos
de selectividad y marcos jurídicos se han transformado
de acuerdo con distintas racionalidades
políticas que, sin embargo, tienen implícito
un cierto grado de ambigüedad y uso discrecional.
Sugerente e innovador en sus postulados, el
texto de Guadarrama Sánchez se sustenta en un
sólido núcleo metodológico que tiene como eje
una revisión exhaustiva de diversos organismos,
instituciones y programas asistenciales implementados
en territorio mexiquense, contrastando
políticas públicas, modelos, mecanismos de
coordinación, “fines, normas, recursos, expectativas
y capacidades”. El resultado es un análisis
que avanza en diagnosticar algunas de las deficiencias,
obstáculos y dilemas que convergen en
el escenario asistencial mexicano.
En una tónica similar se inscribe el artículo
“Construir modernidad sobre las ruinas de los
pueblos originarios. Indígenas en el Estado de
México”, de Felipe González Ortiz, quien profundiza
sobre el ser indígena en un entorno globalizado,
donde el sujeto indígena y sus expresiones
culturales identitarias se reinterpretan según
los ojos de las élites político-sociales, como una
“anomalía” no deseada que debiera resolverse
en favor del “artificio occidentalista” y la modernización.
El autor sustenta que el proceso
de colonización que inició tras la llegada de los
españoles engendró un “arquetipo inaugural”
de dominación/subordinación que desplazó a la
sociedad indígena originaria, exponiéndola a los
embates de la “violencia fáctica y simbólica”, un
proceso, nos dice, inacabado y perenne.
De ahí que, “construir sobre pirámides antiguas”
sea la metáfora arquetípica que “asienta
la intención por desplazar, subordinar, destruir
y extinguir lo indígena”, un recurso discursivo
que González Ortiz deshilvana ejemplificando
a través de situaciones concretas y cotidianas,
cómo es que ahí donde las tierras ejidales se
transforman en nuevos proyectos habitacionales,
o donde un tianguis es desplazado por establecimientos
comerciales “bajo la lógica del
código de barras”, las comunidades indígenas se
ven obligadas a transmutar silenciosamente sus
identidades para no dejar de ser y sin embargo,
crean también múltiples formas de resistencia.
El Estado de México, donde al menos 1 de cada
39 mil 510 habitantes habla una lengua indígena,
se presenta así como un espacio privilegiado
que nos permite observar los claroscuros de la
disputa entre el proyecto de una sociedad indígena
frente a la directriz hegemónica de una sociedad
de aspiración occidentalizante.
En el artículo “Crecimiento económico del Estado
de México, 1981-2021: Efectos de la demanda
interna y externa”, Pablo Mejía Reyes, Dulce
Albarrán Macías y Liliana Rendón Rojas examinan
el impacto que trajo consigo el viraje de la
economía mexicana hacia un nuevo modelo de
desarrollo, caracterizado –entre otras cosas–
por una mayor apertura comercial y enfatizando,
principalmente, los múltiples efectos de este
fenómeno sobre el crecimiento del Producto Interno
Bruto de la entidad mexiquense a lo largo
de las últimas cuatro décadas. La propuesta de
los autores se sitúa en la vanguardia metodoló-
X

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, IX-XII
gica, proponiéndonos un “modelo econométrico”
en el cual contrastan diferentes variables e
indicadores macroeconómicos a fin de ofrecer
un análisis más profundo y esclarecedor, sobre
las dinámicas y complejas transformaciones que
ha experimentado el Estado de México, considerado
aún hoy como una de las principales entidades
exportadores del país.
La economía mexiquense, concluyen, se benefició
al adaptar sus estructuras productivas al
nuevo esquema de desarrollo propuesto, confirmando
primero, su “estrecha relación […] con
el resto de la economía nacional” y después, la
“ocurrencia de choques tanto internos como externos
que han afectado de manera similar, al
menos, a los estados más importantes del país”.
En consecuencia, los autores trazan no solamente
novedosas directrices de acercamiento
al análisis del desarrollo económico estatal, sino
que también contribuye a revalorizar el papel
que los mexiquenses han desempeñado en el
paulatino proceso de integración con las cadenas
globales de valor.
Cierra la sección temática el artículo “El Códice
de los alfareros de Cuauhtitlan: estudio de
una pictografía mexiquense desde la arqueología”,
de Elide Núñez Escandón, que identifica las
formas cerámicas plasmadas en el códice, a través
del método comparativo. El códice adquiere
particular relevancia porque posibilita visualizar,
de forma parcial, la producción y manufactura
cerámica durante la época inmediatamente posterior
a la conquista española. Aunque las vasijas
fueron elaboradas por manos indígenas, la mayoría
manifiesta elementos ajenos a la tradición
prehispánica, es decir, aparecen nuevas formas
de recipientes que, probablemente, fueron requisitadas
por los consumidores españoles, de
acuerdo con sus pautas culturales, tal es el caso
de las tinajas, alcarrazas, tazas y picheles. Definitivamente
es un reto para el Estado de México
superar la limitada información que se tiene
hasta ahora en esta materia, para lo cual es necesario
robustecer el estudio de las pictografías
a fin de comprender el contexto sociocultural
de representaciones pasadas que nos ayuden a
comprender nuestro presente.
Mílada Bazant
Maddelyne Uribe Delabra
El Colegio Mexiquense, A.C.
XI

PRESENTACIÓN
XII

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212023127
CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
CITY AND (IN) SECURITY:
REFLECTIONS ON THE STATE OF MEXICO
Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta
orcid.org/0000-0001-7511-3198
El Colegio Mexiquense, A.C.
México
axic@cmq.edu.mx
Abstract
This article presents a discussion and ideas for policy making about the relationship
between insecurity and violence and their effects on cities. The main argument is that
economic and social conditions of urban life as well as material conditions related
to housing, mobility, public space, among others, exert a great influence on the
exacerbation of these issues. Therefore, it is of utmost importance to gain a better
understanding of this relationship for their mitigation.
Keywords: Insecurity, Violence, Urban life conditions, Crime incidence.
Resumen
El texto presenta un conjunto de reflexiones e ideas de políticas públicas sobre las relaciones
entre inseguridad, violencia y ciudad, en el sentido de que las condiciones de
la vida urbana, no sólo las económicas y sociales, sino también las materiales, relacionadas
con la vivienda, la movilidad, el espacio público, entre otros, influyen de manera
muy importante en la agudización de estas patologías o en su mitigación.
Palabras clave: inseguridad, violencia, condiciones de la vida urbana, incidencia
delictiva.
197

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
Introducción
La inseguridad y el crimen impactan negativamente
la vida de una ciudad, al afectar la seguridad
personal, las actividades económicas, la
cohesión social y el disfrute del espacio público
y las comodidades urbanas. La urbanización,
particularmente en países como México, ha ido
acompañada de mayores niveles de delincuencia,
violencia y anarquía.
Abordar la violencia y las percepciones de
inseguridad, que afectan de manera desproporcionada
a niños, mujeres y grupos vulnerables,
son algunos de los desafíos más apremiantes
que enfrentan las ciudades; igualmente, es muy
importante elaborar propuestas de política pública
más integrales y con enfoque socioespacial
para enfrentar estos problemas.
Una responsabilidad primaria de los gobiernos
es garantizar los derechos de sus ciudadanos
a ser protegidos del crimen, la violencia y
la agresión; para lograrlo, deben conocer sus
causas y consecuencias como soporte esencial
para prevenir, mitigar y acabar con estos graves
problemas sociales. Por ello, es fundamental reflexionar
sobre lo que podríamos denominar la
espacialidad de la seguridad ciudadana desde la
óptica urbana.
Conforme se visibiliza y agudiza la inseguridad
en las ciudades, desde las ciencias sociales
y, más específicamente, desde el urbanismo surge
una pregunta de investigación respecto a la
relación que existe entre la estructura espacial
y las condiciones materiales de las ciudades y
la creciente inseguridad ciudadana. Para abonar
al debate y, sobre todo, para proponer caminos
para atender este flagelo, en este texto
desarrollo un conjunto de reflexiones sobre las
relaciones entre inseguridad, violencia y la ciudad,
en el sentido de que las condiciones de la
vida urbana, no sólo las económicas y sociales,
sino también las materiales, relacionadas con la
vivienda, la movilidad, el espacio público, entre
otros, influyen de manera muy importante en la
agudización de estas patologías o en su mitigación,
lo que trato de evidenciar en el caso del
Estado de México.
El texto está organizado en seis secciones y
una reflexión final. En “Reflexión inicial” introduzco
el tema de la (in)seguridad urbana, considerando
el enfoque sectorial que sigue predominando,
no obstante que esta patología social es
el resultado de múltiples factores, entre los que
destacan causas de orden socioespacial que no
han sido suficientemente consideradas en la investigación
académica y menos en las políticas
públicas; en la segunda sección, “Inseguridad y
pobreza en las ciudades”, describo cómo la violencia
se ha convertido en un problema endémico
y cotidiano en las ciudades y lo mucho que se
ha argumentado sobre su relación con la pobreza
y el precarismo urbano; además, argumento
porqué el estereotipo común de que la pobreza
es la principal causa de la violencia se ha venido
abajo. En la tercera parte del texto, titulada
“La (in)seguridad ciudadana es eminentemente
territorial”, destaco que la inseguridad ha sido
tradicionalmente concebida como asunto de
orden social, principalmente, con poca atención
a las condiciones espaciales y ambientales
de los lugares donde ocurre la mayor parte de
los delitos. En la cuarta sección, “Algunas causas
socioespaciales de la inseguridad”, discuto
por qué el Estado mexicano no ha logrado comprender
en su complejidad y menos controlar a
la delincuencia urbana, debido a la baja capacidad
institucional para la investigación criminal
con inteligencia, a lo que se agrega, entre otros
factores, la falta de control de los espacios urbanos
de riesgo por las autoridades responsables
de prevenir el delito. La quinta sección, titulada
“La incidencia delictiva en el Estado de México”,
se dedica al análisis de los datos proporcionados
por el Gobierno del Estado de México (GEM)
sobre los delitos registrados desde 2015 hasta
agosto de 2022, lo que permite detectar la magnitud
de los mismos y su localización desde la
escala estatal hasta la municipal. En la penúltima
sección, “Principios y estrategias para reducir
la inseguridad ciudadana”, trato de concentrar
un conjunto de ideas propositivas para ampliar
las políticas públicas a partir de visiones más
integrales que reconocen que la inseguridad es
una consecuencia de otros procesos que deben
ser atendidos en las esferas social, económica,
espacial-ambiental e institucional. El texto cierra
con algunas reflexiones finales a manera de
conclusión, en las que enfatizo la necesidad de
estructurar de manera más amplia los factores
espaciales —particularmente urbanos— en las
estrategias de prevención y de enfrentamiento
de la inseguridad y el delito, considerando, para
198

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
ello, las propuestas desarrolladas en la penúltima
sección del texto. Con ello, intento ampliar el
debate sobre la espacialidad de la (in)seguridad
en las ciudades.
Reflexión inicial
La sectorización del conocimiento, de las actividades
profesionales y de las funciones gubernamentales
ha llevado a la especialización de las
políticas públicas y a estructurar su campo de
acción en sectores con muy baja transversalidad
o alineamiento entre ellos, no obstante que
comparten y se aplican en los mismos ámbitos
sociales y espaciales. Un ejemplo ha sido la seguridad
pública, que podríamos considerar tradicional,
en el sentido de que se ha centrado en
la reacción ante la inseguridad y la delincuencia
y, en algunos casos, en la prevención, pero desde
la labor policial.
Poco se ha hecho para desarrollar políticas
de seguridad comunitaria a partir del análisis de
las causas sociales de la inseguridad y de la relación
que existe entre los fenómenos de violencia
social y delincuencia con los espacios donde
ocurren, especialmente en el ámbito urbano, no
obstante que las estructuras de organización
de los cuerpos de seguridad pública tienen un
componente claramente territorial. Es por estas
limitaciones que la espacialidad de la (in)seguridad
se considera un área de investigación en
desarrollo, que se orienta a estudiar las causas y
las consecuencias de la violencia y la delincuencia,
especialmente en las áreas urbanas (Moser
y Mcll Waine, 2009), desde una perspectiva socioespacial.
Medir la inseguridad y la criminalidad en una
ciudad es fundamental para cualquier gobierno;
para ello, se debe contar con sistemas de
información e indicadores sobre los delitos y
las fuentes de violencia que midan magnitudes,
impactos, lugares y, sobre todo, determinantes
sociales, económicos, políticos, culturales y
condicionantes geográfico-ambientales y de la
estructura y funcionalidad urbana, entre otros
factores relacionados con la incidencia delictiva,
a fin de contar con una aproximación sobre los
grados de afectación que provocan a las personas
en los diferentes grupos sociales, en las funciones
urbanas y en los diversos espacios que
conforman la ciudad.
La medición es la base de los análisis que se
requieren para conocer, entender y actuar sobre
las consecuencias de la inseguridad y la criminalidad.
Más importante aún: es fundamental para
vincular estas patologías con las condiciones de
la vida urbana, como seguridad en cada colonia
y barrio, seguridad en el trabajo, seguridad digital,
seguridad en salud, seguridad personal y
seguridad ambiental, a fin de explicar sus causas
desde perspectivas interdisciplinarias y establecer
estrategias intergubernamentales e interinstitucionales,
estrategias sociales multiactor y espaciales
multiescalares para reducir los niveles
de inseguridad, violencia y delincuencia.
En una ciudad segura, los individuos pueden
prosperar y la sociedad desarrollarse. Una ciudad
próspera busca aumentar la calidad de vida
de sus habitantes a través de una mejor gestión
de la seguridad, que conlleve a la reducción del
número de delitos.
Lamentablemente, la violencia letal y los delitos
violentos van en aumento y afectan a la
población de las ciudades, especialmente las
de rápido crecimiento, porque la violencia y la
delincuencia tienden a estar hiperconcentradas
espacialmente en áreas urbanas, particularmente
en los espacios de concentración de actividades
económicas y sociales y en las periféricas
que sufren todo tipo de desventajas; en ambas,
se ofrecen oportunidades intrínsecas para la
actividad delictiva, que se ve agravada por la
negligencia o baja coordinación y eficacia gubernamental.
La violencia también puede verse
agravada por una mayor densidad de delincuentes
reales y potenciales, en particular hombres
jóvenes desempleados.
La inseguridad urbana es consecuencia de
diversas patologías que se han ido ampliando y
generalizando en nuestra sociedad y que tienen
nombre: desigualdad económica, social y espacial,
pobreza, discriminación por clase social,
raza, religión, sexo y color de piel, individualismo
y violencia. Éstas se ubican en la estructura
económica, social, política, ideológica e, incluso,
cultural en los ámbitos nacional hasta local, así
como en las condiciones materiales en que se
desarrolla la vida de las personas en las ciudades.
También existe una creciente cultura de violencia
y delincuencia derivada de al menos tres
fuentes: a) la prevalencia en los medios de comunicación
masiva y en redes sociales de la
199

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
violencia cotidiana en ciudades y barrios, fuertemente
promovida por películas y videojuegos;
b) la creciente decepción social sobre la vida
presente y futura, que conduce a una paradoja:
las personas de los países y ciudades mejor clasificados
económica y socialmente no siempre
declaran ser las más felices; y c) el lobby global
de la industria bélica, siempre buscando o siendo
parte de la provocación de conflictos armados
nacionales e internacionales para mantener
los desarrollos científicos y tecnológicos orientados
a todo tipo de nuevas armas y artilugios;
la exportación hormiga de armas de alto calibre
de EUA a México usadas por la delincuencia, es
un ejemplo de esto.
Inseguridad y pobreza en las ciudades
Intentar establecer los vínculos entre inseguridad
pública y ciudad resulta relevante porque
la desintegración urbana que se observa y tiende
a agudizarse en muchas ciudades es fuente
de mayor inseguridad y violencia. En las áreas
urbanas de América Latina y el Caribe, la violencia
se ha convertido en un problema endémico
y cotidiano, especialmente en los barrios
y asentamientos pobres, alcanzando niveles
cada vez más altos, que la sitúan como la región
más violenta del mundo, ya que mientras
en 2000 el promedio global de homicidios fue
de 5/100,000 hab, el estimado para Latinoamérica
fue de 27,5 (Moser y Mcll Waine, 2009:
12). A este récord se deben agregar dos más: es
la región más urbanizada y la socialmente más
desigual del planeta.
Un ejemplo dramático ha sido la violencia
contra las mujeres, que en México se incrementó
durante el periodo de la pandemia de COVID-19,
alcanzando un total de 2472 víctimas asesinadas
en ocho meses de emergencia sanitaria (de
abril a noviembre de 2020) (Kánter, 2021: 105),
fenómeno que se asocia también a las condiciones
ambientales y habitacionales de los núcleos
familiares en las ciudades, haciendo más vulnerables
a las mujeres (Rimisp, 2021).
En efecto, como se ha argumentado ampliamente
(Carrión y Cepeda, 2022; Lois, 2020; Corti,
2020), la pandemia se originó y su contagio
se expandió en las ciudades por la movilidad física
de las personas, por su cercanía en lugares
cerrados y con altas concentraciones de personas;
igualmente, por las aglomeraciones en los
transportes públicos. Destacan las condiciones
limitadas de las viviendas que, asociadas a las
exigencias de “quedarse en casa” durante la
pandemia, provocaron el incremento de la violencia
intrafamiliar (Iracheta Cenecorta, 2021b;
Rodríguez y Sugranyes, 2020).
En el mismo sentido, se ha argumentado sobre
la relación entre la pobreza y el precarismo
urbano y la violencia y delincuencia, no en el
sentido del mito que establece una causalidad
directa y que genera estigmatización de la pobreza,
sino desde la perspectiva de los riesgos
que enfrentan las personas pobres para desarrollar
conductas delictivas por la urgencia de
atender necesidades básicas, situación que es
influida por las malas condiciones urbanas de los
barrios y asentamientos, en cuanto a la existencia,
calidad y cobertura de las infraestructuras,
espacios y servicios públicos.
El estereotipo común de que la pobreza es
la principal causa de la violencia se ha venido
abajo; investigaciones latinoamericanas demuestran,
con evidencias, que la desigualdad y
la exclusión, relacionadas con una distribución
desigual de los recursos y de las amenidades
para la vida en contextos urbanos, se intersectan
con la pobreza precipitando la violencia (Moser
y Mcll Waine, 2009: 15). En este contexto, Werth
argumenta:
Pese a los mitos que existieron durante muchos
años, que afirmaban que la delincuencia era un
tema que preocupaba principalmente a las personas
que tenían un mejor nivel socioeconómico,
la evidencia acumulada ha demostrado, enfáticamente,
precisamente lo contrario.
Hoy se sabe que la victimización es mayor en los
sectores de las ciudades en los que existen altos índices
de pobreza y donde —junto a la violencia y la
delincuencia— coexisten otros problemas urbanos
y sociales que afectan dramáticamente la calidad
de vida de las personas que viven allí. Asimismo,
se ha demostrado que la percepción de inseguridad
es mucho mayor también en aquellos barrios o
sectores de las ciudades en los que viven personas
en condición de pobreza y exclusión (2009: 6).
Por ello, se han planteado estrategias y políticas
integradas con un enfoque social y espacial,
como los programas que tienen como denomi-
200

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
nador común los conceptos de “Barrio seguro,
transporte seguro”, aplicados en múltiples ciudades
de la región latinoamericana y que se
centran en atender las necesidades socioeconómicas,
de acceso a servicios básicos y a los equipamientos
sociales, principalmente, enfatizando
los espacios públicos, porque es en estos donde
se estructura el tejido social y se reduce la inseguridad
(Ruiz y Lizana, 2009).
La (in) seguridad ciudadana es
eminentemente territorial
La seguridad ciudadana se conceptualiza como
el conjunto de sistemas, instrumentos y procesos
destinados a la protección de la vida de las
personas y de los bienes de los ciudadanos y
sus organizaciones y empresas, ante los riesgos
y amenazas provocados por factores —sociales,
económicos, culturales, espaciales, ambientales
e, incluso, psicosociales e institucionales—, que
favorecen, incitan o provocan conductas antisociales
y delitos de diversa índole (Rau, 2022).
Este concepto se amplía también a la protección
de la naturaleza —flora y fauna— y a las condiciones
y servicios ambientales que son esenciales
para la vida, como es el caso de la “criminología
verde” (Cedillo y Le Clercq, 2021).
La seguridad y la inseguridad ciudadanas han
sido concebidas como asuntos de orden social,
en los que poca atención se ha dado a las condiciones
espaciales y ambientales de los lugares,
especialmente urbanizados, donde ocurre
la mayor parte de los delitos y de los actos de
violencia contra las personas y los bienes, públicos
y privados. Esto deviene del enfoque reactivo
que históricamente han tenido los gobiernos
ante los fenómenos de inseguridad y delincuencia
y que se ha traducido en modelos de “represión
legitimada” por las leyes y ejecutada por las
fuerzas de seguridad, entre las que predominan
las diversas policías.
Conforme el mundo se ha ido urbanizando
—con lo que se han agudizado y diversificado
las condiciones de inseguridad, especialmente
en las ciudades—, han surgido nuevos enfoques,
entre los que destacamos los orientados a analizar
y poner en valor los modelos que analizan
la espacialidad de la inseguridad y que explican
sus causas y consecuencias asociadas a las condiciones
territoriales del entorno urbano y hacen
propuestas para prevenir, mitigar y enfrentar
estas patologías sociales desde la planificación
urbana, el urbanismo, la arquitectura y la geografía,
principalmente.
Ya sean los modelos y las metodologías
geoespaciales de la denominada “geografía del
delito” o los aportes de grandes investigadoras,
como Jane Jacobs (1961), y de arquitectos
y expertos en seguridad socioespacial, como
Oscar Newman (1973); además, Rau (2022) ha
analizado otros ejemplos, como Bill Hillier y C.
Ray Jeffery; todas estas referencias evidencian
la existencia de metodologías que se han vuelto
fundamentales para la prevención, el enfrentamiento
de la inseguridad y la resiliencia social
ante los fenómenos que afectan la vida cotidiana
de millones de habitantes, destacando los
que habitan en las ciudades.
Por ello, asumo que la seguridad ciudadana
y, por ende, la inseguridad son fenómenos socioespaciales
en el sentido que el espacio urbano
y las condiciones ambientales no sólo son la
arena o el sitio donde ocurren los delitos, sino
que tienden a ser causas de muchos ilícitos. Más
específicamente, se consideran las siguientes
razones para considerar de alta prioridad a la
espacialidad de la inseguridad:
• La primera es que prácticamente todos los
delitos ocurren en algún espacio físico, sea
urbano o rural, tal vez con la excepción de
delitos cibernéticos, que ocurren a través de
las redes sociales y que podrían considerarse
como a-espaciales.
• En segundo lugar, porque de manera creciente
se extienden delitos directamente espaciales
y ambientales, como la ya mencionada
criminología verde, que además de atentar
contra los recursos naturales y los servicios
ambientales, agreden e incluso asesinan a
defensores del ambiente, de los derechos humanos
y de los “derechos” de la naturaleza.
• En tercer lugar, la forma física de los espacios
urbanos y sus condiciones ambientales,
además de la oferta y concentración de actividades
económicas y sociales y de facilidades
para la vida urbana —como las infraestructuras,
los espacios públicos, los equipamientos
sociales, las viviendas y los transportes, entre
otras—, se consideran fundamentales para lo
que se denomina “decisión racional del delincuente”.
201

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
Este concepto se soporta en el análisis de
las motivaciones que tienen quienes delinquen
a partir de las oportunidades que les ofrece un
ambiente urbano deteriorado y carente y, por
ello, de menor riesgo de ser detenido o violentado
por ciudadanos o por las autoridades, al
tiempo que le incrementa la recompensa, sea
robar, agredir o incluso privar de la vida a alguna
persona, o irrumpir violentamente en alguna
empresa, vivienda u organización, con el propósito
de provocar algún daño, asaltar o directamente
agredir. En estos contextos, la decisión
de delinquir se toma cuando existen diversas
condiciones que, de acuerdo con Rau (2022),
son las siguientes:
• Tener una víctima o un blanco vulnerables.
Ya sea la edad, las discapacidades, el género,
entre otros atributos o condiciones de las
personas, hacen más vulnerables a algunas
frente a otras; igualmente, espacios y edificios,
por sus características, pueden ser unos
más vulnerables que otros para ser agredidos
de diversas maneras.
• Que el espacio sea accesible para delinquir,
es decir, con posibilidades claras y mayor facilidad
de acercamiento, ingreso y retiro o huida.
• Que existan deficiencias o ausencia de vigilantes
naturales o de policías y servicios públicos
de seguridad ciudadana.
• Que las condiciones del entorno urbano
sean deficientes y propicias para la delincuencia,
como es el caso de iluminación limitada o
inexistente en espacios públicos; igualmente
la forma, emplazamiento y estructura física
de los edificios y espacios públicos en los que
se crean “lugares trampa”; las carencias o limitaciones
de infraestructura básica, transporte
público, pavimentos, etcétera.
En síntesis, cada vez resulta más claro para la
ciudadanía y para las autoridades que los fenómenos
de la inseguridad y de la delincuencia se
asocian directa y simbióticamente con los espacios
donde ocurren los delitos y las agresiones
contra personas o contra sus bienes.
Una consecuencia de esto es la necesidad de
estructurar de manera más amplia los factores
espaciales —particularmente urbanos— en las
estrategias de prevención y de enfrentamiento
de la inseguridad y el delito. Esto tiene varias
implicaciones:
La primera, que las dependencias y organismos
dedicados a la seguridad pública y la procuración
de justicia deben priorizar las políticas
y estrategias de inteligencia y los análisis socioespaciales.
La segunda, que es de alta prioridad la transversalidad
y el alineamiento entre las dependencias
anteriores con las responsables del ordenamiento
territorial-urbano y el ambiental, así
como las responsables del bienestar social y el
desarrollo económico, entre otras.
Lo anterior se fundamenta en reconocer que
el conocimiento de los territorios, es decir, su
configuración física y social y su funcionamiento
cotidiano, así como su vinculación con otros
territorios a través de flujos (transportes, intercambios
de personas y mercancías, continuidad
de las trazas urbanas o de los usos del suelo,
concentración de funciones urbanas, entre otras
características) es fundamental para entender
los fenómenos de la inseguridad y para diseñar
estrategias socioespaciales, urbanísticas y arquitectónicas
para anticipar, prevenir y reducir
los índices de inseguridad, esto es, para contar
con políticas efectivas de prevención y mitigación
del delito.
Algunas causas socioespaciales
de la inseguridad
La inseguridad ciudadana es un fenómeno creciente,
que se agudiza día a día y del que el
Estado mexicano no logra comprender en su
complejidad y, sobre todo, controlar y ya no se
diga reducir sensiblemente. Una evidencia de
esto son los índices de impunidad que se ubican
arriba de 90% en la mayor parte de los delitos
y las “cifras negras” relativas a los delitos que,
de igual manera, se ubican en cifras muy altas
y que se asocian a la percepción de impunidad
que la sociedad tiene sobre los delitos de todo
tipo, inhibiendo la denuncia y profundizando
la sensación de impotencia frente al crimen en
espacios rurales y urbanos. Los delitos tienden
a ampliarse por la baja capacidad institucional
para la investigación criminal, para prevenir los
delitos con conocimiento científico y técnico,
para aplicar estrategias de inteligencia y para
enfrentar más eficazmente al crimen espontáneo
y al organizado.
202

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
Si a estos factores se les agrega la corrupción
de funcionarios y el poder corruptor de
los delincuentes, la insuficiencia de estrategias
para prevenir la inseguridad en la mayor parte
de las dependencias gubernamentales y la falta
de control de los espacios urbanos de riesgo por
las autoridades responsables de prevenir el delito
y de perseguir y atrapar a los delincuentes,
se cierra un círculo negativo que deriva en un
deterioro social generalizado.
El fenómeno de la inseguridad no puede ser
explicado solamente por sus manifestaciones,
es decir, por los delitos y los actos que provoca
la inseguridad; sus causas son variadas y, si
bien cambian de acuerdo con las condiciones
históricas, sociales y espaciales de las ciudades,
existen interpretaciones causales del fenómeno,
entre las que destaco las siguientes:
El Estado mexicano ha cedido a los mercados,
como los considerados específicamente urbanos
—el inmobiliario, de la construcción y financiero—,
la verdadera conducción de las grandes
decisiones que se toman sobre el desarrollo urbano,
en particular, las relativas a la localización
de los usos del suelo y de las funciones urbanas.
Esta cesión se ha materializado en el desinterés
gubernamental por la planificación territorial
y ambiental, y por la aplicación de las normas
para el ordenamiento urbano y su crecimiento,
dejando que sean los actores de estos mercados
los que decidan donde asentar vivienda, centros
comerciales, equipamiento social e infraestructuras,
y a los gobiernos, especialmente locales,
la tarea de tratar de corregir las consecuencias
de estas decisiones que se les escapan.
Una de estas consecuencias ha sido la tendencia
de las ciudades a convertirse en grandes
mercancías, donde las decisiones están sujetas
a la especulación con el suelo urbano y urbanizable
y a la búsqueda de la ganancia –plusvalía–
que genera la obra y la acción pública, así como
a la formalización de los usos y densidades de
suelo a través de planes y programas.
Cuando el acceso al espacio urbano sólo se
logra por la capacidad de pago de cada ciudadano,
bajo condiciones especulativas, y deja de
ser un derecho humano a la ciudad para todas
las personas, provoca en los excluidos sentimientos
de rechazo hacia los que acceden por
su ingreso a las mejores localizaciones en el
entorno urbano, profundiza las condiciones de
desigualdad y pobreza, provocando baja calidad
o ausencia de servicios básicos y falta de
diseño en los espacios urbanos con enfoque de
seguridad comunitaria, todo lo cual es caldo de
cultivo para el conflicto por la apropiación de
los espacios dentro de las ciudades, para la inseguridad
porque la propia ciudad crea “lugares
trampa” y facilita la ya mencionada decisión racional
del delincuente.
Una segunda explicación que considero relevante
es la limitada importancia que tiene el desarrollo
urbano y ambiental y el ordenamiento
territorial en las políticas públicas, con énfasis en
las políticas de seguridad pública.
En general, no son temas de debate en las
más altas tribunas de los poderes formales del
Estado, ni en las de los poderes fácticos, especialmente
los mercados y los medios de comunicación.
Socialmente, su atención se concentra
en la investigación y en los debates en espacios
académicos y de organizaciones sociales
con poca influencia en los actores sociales que
toman las grandes decisiones en las tribunas
públicas y privadas, cuyas acciones terminan
transformando las ciudades.
Una tercera explicación, que deriva de las anteriores,
es la baja atención a las necesidades de
infraestructura, equipamiento, vivienda, espacio
público y movilidad de los grupos de más bajo
ingreso en el campo y con mayor agudeza en
las ciudades. Las evidencias son muchas y cotidianas.
Buena parte de los recursos públicos
para inversión urbana se destinan a mejorar los
espacios de las ciudades consolidadas y no se
aplican en reducir las carencias en los asentamientos
precarios de las periferias; igualmente,
se dedican a mejorar las condiciones de movilidad
del coche individual con mínima atención
al transporte público y a la infraestructura para
los peatones y los ciclistas (Iracheta Cenecorta
e Iracheta, 2014).
La incidencia delictiva en el Estado
de México
La Secretaría de Seguridad (SS) del GEM cuenta
con bases de datos detalladas que registran el
número de delitos y su localización, lo que permite
un análisis espacio-temporal a nivel estatal
de las regiones de seguridad, de los municipios
e incluso de los espacios urbanos, como las co-
203

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
lonias y asentamientos humanos 1 . El análisis 2
permite detectar la magnitud de los delitos y su
localización, mismos que corresponden a territorios
con mayor población, alta concentración
de unidades económicas y, con ello, un mayor
movimiento y afluencia de personas y la presencia
de más funciones urbanas.
La sobreposición de esta información, con
la que ofrece datos sobre condiciones socioeconómicas
de la población y sobre la cobertura
y condiciones de los servicios y equipamientos
urbanos —es decir, la que permite analizar la calidad
de vida de las personas y del espacio urbano
que habitan—, facilita acercarse a confirmar
las ideas y explicaciones antes expuestas y a
entender las causas y consecuencias de la espacialidad
de la inseguridad urbana y promover
políticas más integradas que atiendan el origen
de estas patologías sociales.
Para los propósitos de este texto, sólo se
hace un análisis escalar de los datos de la espacialidad
de la inseguridad, considerando al
estado como un todo y a las regiones o zonas
en que se ha dividido la entidad. Con ello, únicamente
pretendo mostrar las posibilidades de la
información y las de profundizar en los análisis
en las diversas escalas espaciales, como soporte
para entender las causas de los problemas y recomendar
otras estrategias para atenderlos.
Territorialmente, la SS (2022a) ha zonificado
a la entidad, dividiéndola en cuatro regiones o
zonas: Norte (32 municipios), Oriente (37 municipios),
Sur (25 municipios) y Valle de Toluca
(31 municipios) (figura 1), de acuerdo con siete
criterios: localización geográfica; colindancia regional
con estados periféricos; localización geográfica
con la Ciudad de México; distribución de
la población por municipio; interdependencia
en las vías de comunicación, longitud y tipo de
administración (estatal y federal); tasa de incidencia
delictiva de delitos de alto impacto por
cada 100,000 habitantes; y variación delictiva
porcentual con respecto a años anteriores.
1 La regionalización en zonas de seguridad ha sido definida
por el GEM y su SS con el fin de delimitar territorialmente a la
entidad en temas de seguridad e incidencia delictiva.
2 A lo largo del texto se analizan solamente los veintidós delitos
formalmente denunciados durante el periodo 2015-2022
(hasta agosto), de manera que se excluyen todas aquellas
denuncias que carecieron de suficientes elementos para presumir
la comisión de un delito y abrir la subsecuente carpeta
de investigación, de acuerdo con el criterio de las autoridades
locales, además de las llamadas cifras negras.
Figura 1
Regiones o zonas de seguridad
propuestas por el GEM
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría
de Seguridad del Estado de México (2022a).
La agrupación de los delitos por regiones o
zonas de seguridad permite espacializarlos y,
con ello, detectar los lugares en conflicto. Las
características socioeconómicas, ambientales y
urbanísticas de estos espacios tienen una relación
determinante para diversos delitos, destacando
las siguientes: magnitud y concentración
de población; áreas con alta concentración de
unidades económicas; zonas con mayor flujo de
vehículos y mayor movimiento y afluencia de
personas en las calles; áreas de bajo ingreso con
carencias de espacio público y con insuficiencias
en la prestación de servicios básicos urbanos,
como el alumbrado en calles y plazas, entre
otras. La presencia de alguna o algunas de estas
características posibilita la comisión de delitos.
En esta sección analizo la incidencia delictiva
en la entidad, tomando como fuente la información
de la SS del GEM, que se limita a 22 delitos
que son formalmente denunciados. Esta información
no incluye las denuncias que carecieron
de suficientes elementos para presumir la comisión
de un delito y para abrir la subsecuente carpeta
de investigación, de acuerdo con el criterio
de las autoridades locales. Tampoco se incluyen,
en este texto, las estimaciones de delitos, adicionales
a las anteriores, que son contabilizados
de manera individual por empresas, medios de
comunicación, organizaciones o académicos,
como tampoco las denominadas cifras negras.
204

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
Adicionalmente, y sólo para contar con otras
referencias, el análisis considera algunos datos
de otras fuentes reconocidas en materia de (in)
seguridad ciudadana, como es el caso de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (Envipe, Inegi, 2022b),
cuyo registro representa la suma de los delitos
captados por la encuesta, hayan sido o no
denunciados ante el Ministerio Público. Por su
parte, el Censo Nacional de Seguridad Pública
Estatal (CNSPE, Inegi, 2022a) se refiere a los
presuntos delitos registrados en las puestas a
disposición de personas ante el Ministerio Público
realizadas por el personal adscrito a las instituciones
encargadas de la función de seguridad
pública a lo largo de un año.
De acuerdo con el Laboratorio de Seguridad
Ciudadana del Estado de México y el Observatorio
Nacional Ciudadano (LSC y ONC, 2021), uno
de los estados con mayor incidencia delictiva en
el país es el Estado de México, ya que en 2021
se registraron 38,253 víctimas de algún delito,
17.7 por ciento más que en 2020, cuando se registraron
32,501 (LSC y ONC, 2021); estos datos
se refieren a víctimas de algún delito de alto impacto
(homicidio doloso, feminicidio, homicidio
culposo, secuestro, extorsión, trata de personas
y lesiones dolosas).
Álvarez-Lobato et al. (2022) analizan la Envipe
2022, que establece que el territorio mexiquense
tiene la tasa de incidencia delictiva más
alta, con 45,400 delitos cometidos por cada
100,000 habitantes; es decir, 6 de cada 10 personas
vivieron un episodio de esta naturaleza.
En el mismo sentido, la entidad ocupa la segunda
posición en percepción de inseguridad, con
90.6 por ciento de la población que identifica a
la inseguridad como la principal queja o problema
social, sólo después de Zacatecas; además,
el Estado de México ocupa el primer lugar del
país en la tasa de prevalencia delictiva, con 38.3
por ciento de la población.
La información proporcionada por el gobierno
estatal muestra que en el periodo 2015-2022,
de los 22 delitos denunciados en el Estado de
México, destaca el robo a vehículo, con 761,342
denuncias (61.39% del total), seguido por robo
a transeúnte (140,315; 11.31%) y robo a negocio
(96,868; 7.81%), entre otros delitos que afectan
principalmente al patrimonio (diversas modalidades
de robo y extorsión). Considerando que
el periodo analizado tiene 92 meses, el promedio
por mes de los tres delitos mencionados
sería de: 8275 para robo de vehículo, 1525 para
robo a transeúnte y 1053 para robo a negocio,
equivalentes a 276, 51 y 35 delitos por día, respectivamente.
En menor magnitud y durante el mismo periodo,
se ubican los delitos contra la vida e integridad
corporal de las personas, como homicidio
(22,582; 1.82%), violación (11,101; 0.90%), feminicidio
(437; 0.04%) y secuestro (280; 0.02%)
(cuadro 1), equivalentes a promedios mensuales
de 245 para homicidios, 121 para violaciones, 5
para feminicidios y 3 para secuestros. Igualmente,
se puede apreciar la tasa de incidencia delictiva
en las zonas y municipios para el mismo
periodo (cuadro 1 y gráficos 1 a 5).
Cuadro 1
Estado de México: incidencia delictiva
por tipo de delito, 2015-2022
Posición
1
2
3
4
5
6
7
Tipo de delito
Robo de
vehículo
Robo a
transeúnte
Robo a
negocio
Robo a casa
habitación
Robo a
transporte
Robo a comercio
Robo a
transportista
Incidencia delictiva por
magnitud
Absolutos
Relativos
761,342 61.39
140,315 11.31
96,868 7.81
48,591 3.92
40,894 3.30
30,574 2.47
29,751 2.40
8 Homicidio 22,582 1.82
9 Extorsión 16,340 1.32
10
Robo de
autopartes
12,326 0.99
11 Violación 11,101 0.90
12
13
Robo de hidrocarburos
Privación de la
libertad
10,895 0.88
6,589 0.53
14 Robo 6,359 0.51
205

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
Continuación Cuadro 1 Continuación Gráfica 1
Posición
Tipo de delito
Incidencia delictiva por
magnitud
Absolutos Relativos
15 Robo a escuela 1,957 0.16
16
17
Robo a institución
bancaria
Robo a cajero
automático
1,633 0.13
471 0.04
18 Feminicidio 437 0.04
19
20
Robo a cuentahabiente
Robo a casa
de cambio
336 0.03
295 0.02
21 Secuestro 280 0.02
22
Robo en
carreteras
266 0.02
Total 1,240,202 100
Nota: los delitos están ordenados de mayor a menor magnitud.
Fuente: elaboración propia con base en información de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022b).
Gráfica 1
Tasa de incidencia delictiva en zonas y
municipios del Estado de México, 2015-2022
206

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
Continuación Gráfica 1
Fuente: elaboración propia con base en información de Inegi
(2020) y Secretaría de Seguridad del Estado de México
(2022b).
Gráfica 2
Estado de México: delitos patrimoniales,
2015-2022
Nota: el eje vertical del gráfico muestra valores negativos, no obstante, no hay cifras negativas en ningún tipo de delito.
Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022b).
207

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
Gráfica 3
Estado de México: delitos que afectan la vida y la integridad corporal, 2015-2022
Nota: el eje vertical del gráfico muestra valores negativos, no obstante, no hay cifras negativas en ningún tipo de delito.
Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022b).
Gráfica 4
Estado de México: delitos que afectan
la libertad personal, 2015-2022
Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022b).
208

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
Gráfica 5
Estado de México: delitos que afectan la libertad y la seguridad sexual, 2015-2022
Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022b).
La información de LSC y ONC (2021) y la de
Envipe (Inegi, 2022b) reportada por Álvarez
-Lobato et al. (2022) coloca al Estado de México
en una condición de crecimiento de los delitos
en 2021. Contrastando estas afirmaciones con
la información oficial del gobierno estatal, este
fenómeno es muy claro de 2015 a 2018-2020
—según el tipo de delito—, periodo en que su
crecimiento fue extraordinariamente dinámico.
Sin embargo, con base en la misma fuente
oficial del Estado de México, destaca una clara
tendencia a la baja en el número de delitos en la
entidad durante el periodo de 2018 a 2022, con
diferencias entre cada delito. Esta tendencia se
ha mantenido durante el periodo de la pandemia
por COVID-19, lo que aparentemente contradice
la creencia que se ha generalizado, en el sentido
de que, durante los años 2020 y 2021, se incrementaron
varios delitos directamente vinculados
a la misma.
Como se evidencia por los datos analizados,
una reflexión fundamental sobre las cifras
de delitos que se publican en diversas fuentes
(Envipe, CNSPE, LSC y ONC, SS-GEM y otras)
es que éstas no coinciden, y en muchos casos
las diferencias son muy grandes. Por lo tanto, la
tasa de incidencia delictiva también resulta dis-
tinta con diferencias muy marcadas entre cada
fuente. Esto resulta así a pesar de que cada una
aparentemente utiliza las mismas fórmulas para
su cálculo, aunque también aplica criterios temporales
y de definición de delitos que son diferentes.
Como consecuencia de lo anterior, es necesario
realizar análisis profundos y detallados sobre
los datos, desde la escala estatal hasta la de barrios,
colonias y localidades y sobre las definiciones,
“rationale” y metadatos de cada delito. Para
efectos de este texto, como antes se comentó,
sólo se presentan algunos datos de diferentes
fuentes para confirmar lo anterior y se profundiza
a partir de la información oficial del GEM.
Desde otra perspectiva, es notable que no
se contabilice, en la información oficial del Estado
de México, otro tipo de delitos, como los
relativos a ciberseguridad, derechos humanos,
protección del patrimonio natural, cultural y
construido, entre otros, que son ampliamente
difundidos en los medios de comunicación y en
las redes sociales.
En el Estado de México se identifica una
tasa delictiva mínima de 247 delitos por cada
100,000 habitantes (Tlatlaya, en la zona Sur)
y una tasa máxima de 18,691 delitos por cada
209

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
100,000 habitantes (Ecatepec de Morelos, en la
zona Oriente).
Los municipios con incidencia delictiva alta y
muy alta se localizan en las zonas Norte, Oriente
y Valle de Toluca, destacando los que son
parte de las zonas metropolitanas del Valle de
México y del Valle de Toluca y en aquellos donde
residen más de 500,000 habitantes: Ecatepec,
Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tultitlán
y Tecámac (figuras 2 y 3). La tasa de incidencia
delictiva 3 es mayor en la zona Oriente, en comparación
con el resto de las zonas o regiones de
seguridad, con 11,913 delitos por cada 100,000
habitantes contabilizados con relación a la población
de 18 años y más; cifra superior a la tasa
estatal (cuadro 2 y gráfico 1).
3 De acuerdo con el Catálogo Nacional de Indicadores del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
de México (SNIEG, 2022), la tasa de incidencia delictiva
representa el total de delitos cometidos durante el año de
referencia en la entidad federativa de ocurrencia respecto
a la población de 18 años y más, multiplicada por cien mil
habitantes.
Figura 2
Estado de México: incidencia delictiva
por municipio, 2015-2022
Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022a).
Cuadro 2
Estado de México: tasa de incidencia
delictiva por zona 2015-2022
Entidad / Zona
Población de 18 años y
más, 2020
Número de delitos
Tasa de incidencia delictiva por
cada 100,00 habitantes
Estado de México 11,983,159 1,240,202 10,350
Zona Norte 3,912,847 430,555 11,004
Zona Oriente 5,180,740 617,178 11,913
Zona Sur 524,401 14,238 2,715
Zona Valle de
Toluca
2,365,171 178,231 7,536
Fuente: elaboración propia con base en información de Inegi (2020) y Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022b).
Figura 3
Estado de México: incidencia delictiva
por municipio (mapa de calor), 2021
Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (2022a).
210

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
Principios y estrategias para reducir
la inseguridad ciudadana
Principios
Ante el reconocimiento científico y político de
la importante relación entre la inseguridad y el
delito con las condiciones socioespaciales y ambientales
de los territorios, especialmente urbanos,
y habiendo adelantado ideas que intentan
explicar algunas causas de estas patologías sociales
desde las condiciones urbanas y las políticas
públicas, se impone la pregunta: ¿Qué hacer
para prevenir, reducir y enfrentar la delincuencia
desde una óptica socioespacial?
Más allá de lo que se ha escrito sobre estrategias
urbanas para mejorar la seguridad pública,
como algunas ya mencionadas, es necesario
proponer algunos principios que deberían
ser el soporte de cualquier política pública para
enfrentar los graves problemas de inseguridad
ciudadana y comunitaria que se viven en el Estado
de México y en buena parte de las ciudades
mexicanas.
Destaca, en primer lugar, la necesidad de recuperar
la esencia de lo público frente a la privatización
del espacio urbano y a la imposición
de decisiones mercantiles sobre la localización
de los usos del suelo y de las funciones urbanas
por encima de las necesidades de las ciudades
y sus colonias, barrios y asentamientos. La clave
es reconocer que sólo puede haber un mercado
fuerte si existe un Estado fuerte, que controle
sus excesos y que lo oriente y estimule para que
atienda también las necesidades de los grupos
sociales de bajo ingreso y no únicamente a la
demanda solvente de mediano y alto ingreso.
No sólo es cuestión de responsabilidad social
de las empresas, especialmente las de mayor
impacto urbano, como inmobiliarias, constructoras,
financieras, transportistas, entre otras,
sino de reconocer la urgencia de reducir las desigualdades
de ingreso y de acceso a los beneficios
de la urbanización entre grupos sociales,
porque es claro que la pobreza y la desigualdad
socioeconómica inducen la inseguridad cuando
el ambiente urbano es propicio para la delincuencia
y para la violencia, y son los más pobres
quienes sufren en mayor medida estas patologías
sociales.
Adicionalmente, los altos niveles de cumplimiento
de pago hipotecario de las viviendas
sociales a los fondos de vivienda y de lotes informales
o ilegales en asentamientos periféricos
urbanos por parte de compradores de bajo ingreso,
así como la responsabilidad y solidaridad
expresada en el envío de remesas de los trabajadores
que radican fuera del país, muestran que
existen nichos de mercado que podrían conducir
a nuevas industrias, como la del desarrollo de
polígonos de urbanización social o la de la regeneración
de barrios y asentamientos de muy
bajo ingreso, con lo cual se atacan causas de la
inseguridad y la delincuencia; en otras palabras,
los mercados podrían asumir nuevos proyectos
con enfoque social, siempre y cuando el Estado
los incentive, establezca las normas para la planeación
de los proyectos y ofrezca los soportes
legales y financieros.
Un segundo principio consiste en la necesidad
de una sociedad mejor preparada y organizada,
que participe en las decisiones que afectan
a sus comunidades y que esta participación se
entienda como un valor a desarrollar y no como
una confrontación con los poderes constituidos.
La participación social en la planeación y en
el desarrollo de proyectos y acciones para el
desarrollo de las ciudades ha crecido de manera
relevante en México. Sin embargo, persisten
procesos de participación con altos niveles de
exigencia, que rayan en violencia ante las limitadas
capacidades gubernamentales para la interlocución
y la atención de lo solicitado. En paralelo,
la participación de ciudadanos y actores
sociales de manera organizada y con propuestas
corresponsables también se ha desplegado,
como respuesta a necesidades sentidas y como
resultado de avances en la legislación y en la
planeación. Una consecuencia de los procesos
de participación en el desarrollo urbano ha sido
la generación de mejores decisiones y el seguimiento
social de las acciones de gobierno.
El hecho mismo de involucrarse en los debates
y en la selección de alternativas de solución
sobre los problemas que enfrentan las comunidades,
a nivel de ciudad o de barrio y asentamiento,
es una oportunidad de replantear la
relación gobierno-sociedad, porque si bien se
reconoce que corresponde al gobierno coordinar
y ejecutar diversas acciones y proyectos,
también se advierte que está para servir a la so-
211

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
ciedad, lo que permite conducir a mejores decisiones,
a la participación corresponsable y no
sólo de exigencia y a generar resultados positivos
en la construcción del tejido social y, con
ello, a reducir los riesgos de violencia e inseguridad
en las comunidades.
Cuando los actores políticos reconocen que
los problemas de inseguridad, violencia y delincuencia
tienden a rebasar las capacidades de
los gobiernos y aceptan la participación corresponsable
y organizada de la sociedad a fin de
sumar la experiencia, recursos y conocimiento
de los ciudadanos, de sus organizaciones y de
las empresas, se crea un círculo virtuoso de colaboración
y cooperación; es decir, se construye
gobernanza como un nuevo arte de gobernar.
Como he argumentado antes, ha sido la urbanización
un factor fundamental para la agudización
de la inseguridad, de la violencia y de la
delincuencia, o bien, para su prevención y control;
no es que per se el crecimiento de las ciudades
sea causa de la inseguridad, sino la forma en
que crecen, a quién benefician, hacia dónde se
expanden, cómo se distribuyen las infraestructuras,
los equipamientos públicos y los servicios
en los diferentes barrios y asentamientos que
conforman las ciudades, para quién gobiernan
los políticos y qué lugares son más beneficiados
que otros por las decisiones de planificación y
de aplicación de los presupuestos públicos.
El tercer principio es dar pasos firmes para
que la urbanización se asuma socialmente como
un proyecto y no como un destino fatal, la ciudad
se convierte en el mejor lugar para la vida
en comunidad y, consecuentemente, en un espacio
más seguro; si se avanza en la reducción
de la pobreza y de la desigualdad en el acceso
a las ventajas de la ciudad, y si los recursos y
las decisiones relativas al desarrollo urbano benefician
a la mayor parte de los ciudadanos, los
riesgos de inseguridad tienden a reducirse. Si,
por el contrario, la ciudad sólo crece y se hincha
y no logra desarrollarse porque predomina el lucro
como razón del crecimiento de las ciudades
y el desinterés, ignorancia o corrupción pública
sobre el aprovechamiento del suelo y sobre la
distribución de la riqueza generada, la tendencia
es a una ciudad desintegrada, fracturada y
segregada, en la que los poderosos se apropian
de las mejores localizaciones, de los recursos y
de las infraestructuras y los más pobres toman
lo que el resto de la sociedad les deja, agudizando
la informalidad y la precariedad urbana y
el deterioro de las condiciones físicas de la ciudad.
Entre las consecuencias esperables está el
crecimiento de la inseguridad, la violencia y la
delincuencia.
El cuarto principio para enfrentar la inseguridad
pública y la violencia en las ciudades es
reconocer y luchar por avanzar hacia la gobernanza
democrática de base territorial, entendida
como el proceso en el que los ciudadanos resuelven
colectiva y organizadamente sus problemas
de la mano de sus gobiernos, teniendo
como elemento central a la democracia representativa
y participativa, por ser fuente de creación
de ciudadanía y consubstancial a la gobernanza.
Desde las políticas de seguridad pública,
destaca el gobierno local por ser clave para la
gobernanza, implicando la necesaria transformación
de los gobiernos a fin de enfatizar su papel
de liderazgo relacional que más que dirigir,
desarrolla capacidades para concertar y organizar
con los actores sociales las políticas, estrategias
y proyectos, y acordar la repartición de
responsabilidades y de recursos.
Estrategias desde el urbanismo para
prevenir el delito
Las estrategias para enfrentar los problemas de
inseguridad, violencia y delincuencia, desde la
perspectiva de la planeación-acción urbanística,
tiene varios enfoques que parten de la necesaria
interpretación de la ciudad como una totalidad
compleja, que es multi e inter fenoménica y sectorial
y que requiere del concurso de los actores
sociales, de los tres ámbitos de gobierno en
sus diferentes dependencias y de los tres Poderes
del Estado para comprender los fenómenos,
para prevenirlos y para enfrentarlos eficazmente.
Destaca el enfoque socioespacial, cuyas estrategias
debieran dirigirse a cuatro prioridades:
a) Reducir la desigualdad y la pobreza urbanas
a través de programas y acciones de distribución
de la riqueza generada y de generación
de empleo decente.
b) Satisfacer, a través de la inversión pública
y la orientación de la privada, las necesidades
fundamentales de la población carente de los
servicios públicos urbanos y de acceso a los
212

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 197-216
equipamientos sociales de educación, cultura,
salud, abasto, deporte, recreación, entre
otros; es decir, a priorizar, desde los gobiernos,
la creación, ampliación y preservación
de los servicios y espacios públicos y a garantizar
que los desarrollos privados hagan lo
mismo.
c) Replantear las políticas de vivienda social,
enfocando dos grandes procesos: la regeneración
del hábitat con la participación de los
ciudadanos y la oferta de soluciones habitacionales
para los grupos de menor ingreso
para evitar que se asienten ilegalmente y en
zonas de riesgo.
d) Priorizar el transporte no motorizado (banquetas
y ciclovías) y el público estableciendo
nuevos acuerdos con los transportistas para
modernizar los vehículos y formalizar las rutas
de manera que sea la seguridad la prioridad
en la movilidad. Implica ofrecer incentivos
para conformar empresas, para ampliar
el transporte de trayecto (Metrobús) y para
establecer estrategias de multimodalidad.
Los ojos de la calle (Jane Jacobs) y otras
estrategias espaciales (espacio defendible, de
Oscar Newman; sintaxis espacial, de Bill Hillier;
prevención del delito mediante el diseño ambiental,
CPTED, por sus siglas en inglés, de C.
Ray Jeffery) son propuestas que han mostrado
eficacia en espacios urbanos conflictivos e inseguros.
Si la calle, la banqueta y el espacio público
son amplios, si se evitan lugares trampa, si la
infraestructura funciona y se cuida, si se reduce
la invasión de casas y el grafiti, si hay adecuada
iluminación, se posibilita una mayor integración
social y que la propia gente cuide y vigile; para
ello, se debe promover la articulación de vecinos,
la cooperación comunitaria y diseñar una
accesibilidad adecuada a los espacios públicos
y privados.
La reducción o pérdida de la escala humana
frente a los grandes espacios urbanizados
(torres, grandes conjuntos habitacionales y
comerciales) tiende a reducir la empatía entre
ciudadanos y a generar “no lugares”; además, la
reducción del espacio público y su abandono inhibe
la convivencia social y no aporta a la construcción
o consolidación del tejido social.
De lo anterior se desprende que un tema
transversal de la seguridad en las ciudades es la
recuperación de los espacios para la gente, particularmente
los de uso público y la promoción
del Diseño Urbano Apropiado, que incluye:
• Vigilancia natural: ver y ser visto (transparencia
de edificios, iluminación).
• Reforzamiento territorial.
• Control natural de accesos, marcando los
accesos de manera amable.
• Mantenimiento de los espacios públicos y
las infraestructuras comunitarias.
Para lograrlo, la participación de los ciudadanos
y de sus organizaciones es central en toda
política, porque los habitantes conocen su territorio
y, por ello, cuentan con conocimiento empírico
y con propuestas para asesorar y orientar
las acciones públicas y privadas para la prevención
de la inseguridad y para enfrentar a la delincuencia.
Regresar al barrio y la colonia como espacios
de construcción de ciudadanía. Si en el entorno
directo de la vivienda se cuenta con los equipamientos
sociales (guardería, centro de salud, comercios,
parques, escuelas), entonces se crean
condiciones de colaboración y solidaridad social.
La ciudad es su espacio público. Las políticas
urbanas mexicanas se han concentrado en
el espacio privado: centros comerciales, áreas
de vivienda, entre otras, y han olvidado el espacio
público: parques, plazas, áreas deportivas.
La cercanía cotidiana y la convivencia generan
empatía, reducen la desconfianza entre las personas
y mejoran la seguridad.
Reflexiones finales
De la investigación realizada, destaco que cada
vez resulta más claro para la ciudadanía y para
las autoridades que los fenómenos de la inseguridad
y de la delincuencia se asocian directa
y simbióticamente con los espacios donde ocurren
los delitos y las agresiones contra personas
o contra sus bienes. Una consecuencia de esto
es la necesidad de estructurar, de manera más
amplia, los factores espaciales —particularmente
urbanos— en las estrategias de prevención y
de enfrentamiento de la inseguridad y el delito.
Esto tiene varias implicaciones:
La primera: que las dependencias y organismos
dedicados a la seguridad pública y la pro-
213

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
curación de justicia deben priorizar las políticas
y estrategias de inteligencia y los análisis socioespaciales.
La segunda: que es de alta prioridad la transversalidad
y el alineamiento entre las dependencias
de seguridad y procuración de justicia con
las responsables del ordenamiento territorial-urbano
y el ambiental, así como con las responsables
del bienestar social y el desarrollo económico,
entre otras.
Lo anterior se soporta en reconocer que,
además de los análisis socioeconómicos, políticos
y culturales, es esencial el conocimiento de
los territorios, es decir, su configuración física y
social, su diseño espacial, sus infraestructuras y
equipamientos, su funcionamiento cotidiana y la
vinculación de cada “pedazo de territorio” (barrios,
colonias, conjuntos de viviendas, asentamientos,
etcétera) con otros espacios, a través
de los flujos entre ellos: transportes, intercambios
de personas y mercancías, continuidad de
las trazas urbanas o de los usos del suelo, concentración
de funciones urbanas, entre otras características.
Igualmente, es fundamental tener permanentemente
presente la opinión y percepción de los
ciudadanos sobre la (in)seguridad en sus comunidades,
ciudades o metrópolis como un todo.
Solo así será posible entender integralmente
los fenómenos que provocan la inseguridad ciudadana
y, a partir de esta comprensión, diseñar
estrategias socioespaciales, urbanísticas y arquitectónicas,
además de las ya existentes, para
anticipar, prevenir y reducir los índices de inseguridad;
es decir, para contar con políticas más
efectivas de prevención y mitigación del delito.
Agradecimientos
Las ideas principales de este texto corresponden
originalmente a Iracheta Cenecorta (2021a)
y partes relevantes del mismo se tomaron de
Iracheta Cenecorta (2022), capítulo elaborado
por quien esto escribe para el Atlas de Seguridad
del Estado de México, en prensa. Debo
agradecer el apoyo de la maestra Erika Soto y
del licenciado Isaías Martínez en la elaboración
de gráficos y mapas y en algunos cálculos; igualmente,
a la licenciada Elda Gómez por ser la primera
en realizar los complementos necesarios
relativos a las notas al pie, las referencias y en
general observar y atender el cúmulo de errores
que he cometido al escribir este texto.
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6-9.
Recibido: 24 de enero de 2023.
Aceptado: 16 de marzo de 2023.
Publicado: 8 de mayo de 2023.
215

ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA, CIUDAD E (IN)SEGURIDAD:
REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE MÉXICO
Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta
Es doctor en Estudios Regionales por la Universidad
de Varsovia. Profesor-investigador
de El Colegio Mexiquense y director general
de Centro EURE. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel II. Sus líneas de
investigación son: estudios y planeación del
desarrollo urbano-metropolitano, suelo y vivienda.
Entre sus más recientes publicaciones
destacan, como autor: “Pandemia: lecciones y
estrategias urbanas”, Korpus 21, 1 (2), Zinacantepec,
El Colegio Mexiquense, A.C., pp. 211-232
(2021); Otra ciudad es posible. Los retos del desarrollo
urbano en América Latina, Ciudad de
México, Friedrich-Ebert-Stiftung/Proyecto Regional
Transformación Social-Ecológica (2021);
“Dilemas ambientales y gobernanza: la Gran ciudad
de México” en Jacobi et al. (orgs.), Dilemas
ambientais-urbanos em duas metrópoles Latino
Americanas São Paulo e Cidade do México no
século XXI, São Paulo, Paco Editorial (2021); “La
ciudad que quisiéramos después del COVID-19”,
en Revista Architecture, City and Environment,
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
(2020).
216

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212023131
LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD
PARTIDISTA PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO (2023)
THE SYMBOLIC CONSTRUCTION OF PARTISAN
UNITY FOR THE ELECTION OF THE STATE
OF MEXICO (2023)
Nelson Arteaga
orcid.org/0000-0002-2660-7877
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
México
nelson.arteaga@flacso.edu.mx
Abstract
This work analyzes the competition of candidates for the position of governor of the
State of Mexico (2023-2029) through the conceptual lenses of pure and impure civil
meaning. Using cultural sociology as a theoretical frame, the conformation of cultural
classification structures by communicative institutions is explored, particularly opinion
columns, which define female candidates as transmission belts of virtues and defects
of their leaders, groups, and factions they represent, as well as the different political
projects they support. The effort to give a symbolic meaning to candidates’ designation
reveals the insufficiency of top-level agreements to build a potentially competitive
candidacy.
Keywords: Symbolic competition, Candidates, Elections, State government, Political
dramaturgy.
Resumen
Se analiza la competencia por el sentido civilmente puro e impuro de las candidatas
a la gubernatura del Estado de México (2023-2029). Mediante la sociología cultural
se explora la conformación de estructuras de clasificación cultural de instituciones
comunicativas —columnas de opinión—, que definen a las candidatas como correas de
transmisión de virtudes y defectos de sus líderes, grupos y facciones que representan,
así como de sus distintos proyectos políticos. Este esfuerzo por dar sentido simbólico
a la designación revela la insuficiencia de acuerdos cupulares para construir una candidatura
potencialmente competitiva, que sólo pueden ser operados en estructuras
culturales profundas.
Palabras clave: competencia simbólica, candidatos, elecciones, gobierno estatal,
dramaturgia política.
217

NELSON ARTEAGA, LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD PARTIDISTA
PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (2023)
Introducción
El artículo analiza la competencia en la esfera
civil por el sentido de la designación de las aspirantes
a la candidatura al cargo de gobernador
en el Estado de México para el 2023. Se examina
cómo dicha competencia generó innovaciones
semánticas sobre el sentido de las instituciones
democráticas y sobre el carácter civil y anti civil
que se atribuye a los actores sociales y políticos
en el Estado de México y al presidente de
la república. Se analiza cómo se construyó el
argumento de que el triunfo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) o del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), depende
de la capacidad de ambos partidos por asegurar
una candidatura de unidad con el respaldo
tanto del ejecutivo estatal como federal. Alejandra
Del Moral —candidata del PRI— y Delfina Gómez
—candidata de Morena— fueron dibujadas
como figuras que condensaron las aspiraciones
e intereses encabezados, por un lado, por Alfredo
Del Mazo Maza —gobernador del Estado
de México— y Andrés Manuel López Obrador —
presidente de México—. Sobre ambas candidatas
recayó la viabilidad institucional y simbólica
de la continuidad o derrota del PRI —en una
entidad que este partido ha gobernado por 90
años de forma continua— y la fortaleza o debilidad
del proyecto de López Obrador: la llamada
4ª Transformación de México (4T). 1 Este análisis
se construye a partir de examinar si ambas
candidatas son consideradas en las instituciones
comunicativas de la esfera civil como abanderadas
de la ciudadanía, la militancia o las élites
políticas, si instancian el poder simbólico de los
ejecutivos estatal o federal y si son capaces de
generar cohesión entre sus simpatizantes y al interior
de sus partidos.
La designación de Gómez y Del Moral activó
las viejas prácticas políticas de nominación de
candidatos impuestas como reglas no escritas
durante el régimen posrevolucionario, donde
el poder ejecutivo tanto federal como estatal
juegan un papel relevante en la designación de
1 La 4T se percibe desde el gobierno como un cambio revolucionario
en todos los sentidos, similar a la Guerra de Independencia
(1810-1821), la Guerra de Reforma (1858-1861) y la
Revolución mexicana (1910-1921). Una transformación orientada
a terminar con las élites políticas y económicas que han
gobernado el país durante décadas, a las que denomina “la
mafia del poder”, y enfrentar los problemas de violencia, inseguridad,
corrupción y desigualdad social.
gobernadores. Si bien la competencia electoral
en la entidad se presenta en clave democrática
—donde PRI y Morena buscan convencer al
electorado que son la mejor opción para traducir
sus demandas de cambio social y político—,
se instanciaron los mecanismos institucionales y
simbólicos propios del régimen patrimonialista
mexicano. Esto genera semánticas que interpretan
la futura elección por la gubernatura como
un momento en el que se pondrán a prueba no
sólo la legitimidad de los ejecutivos estatal y federal,
sino que abre pautas para entender cómo
se disputará la elección presidencial en 2024.
El entrelazamiento entre un orden institucional
y simbólico de carácter democrático y otro en
el que operan intereses de grupo o facción, responde
a la lógica de las sociedades democráticas
(Lukes, 1974). La selección de las candidatas
a gobernadora por el Estado de México permite
apreciar ese entrelazamiento. La competencia
por el control del sentido de la designación de
las candidatas del PRI y el Morena expresa cómo
se activaron las estructuras culturales profundas
que definen cómo se clasifica y distingue el carácter
puro e impuro, adecuado o inadecuado
de las candidatas de ambos partidos. El análisis
es relevante porque explora cómo se instancian
las narrativas que definen quiénes merecen ser
considerados como aspirantes calificadas y el
grado de legitimidad de las instituciones y símbolos
de poder que las respaldan. Esta línea de
estudio es una aportación alternativa de aquellas
que sólo miran la política como una mera
expresión de los juegos entre élites (Mills, 1987),
los aparatos burocráticos (Skocpol, 1984) y estructuras
de poder (Lukes, 1974) y no contemplan
el juego de emociones (Gellner, 1994) que
generan pugnas políticas que a veces dividen y
particularizan, mientras que en otros casos unifican
y propician la solidaridad social.
A través de la sociología cultural se explora
cómo se instancian las estructuras de clasificación
cultural (Alexander y Smith, 2019). Esto
permite apreciar cómo se les define en tanto
correas de transmisión de las virtudes y defectos
de sus respectivos líderes políticos, de los
grupos y facciones que representan, así como
de los distintos proyectos políticos que sustentan.
Estas atribuciones de las cuales son objeto
definen a la buena candidata, aquella que genera
unidad y es capaz de traducir las demandas
218

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
políticas y sociales de la ciudadanía. El que una
candidata sea considerada como factor de unidad
de su partido no depende de los acuerdos
o caprichos que establecen grupos, élites y facciones,
sino que se construye a partir de las interpretaciones
en la esfera civil, particularmente
en el debate mediático.
Siguiendo a Augé (2010) este proceso se
reconstruye a través de una etnografía de las
narrativas comunicativas que se despliegan en
artículos de opinión y reportajes, a través de los
cuales se movilizan códigos que clasifican tanto
a Del Moral como a Gómez como candidatas
que aseguran la unidad de su partido y el
apoyo de sus militancias partidistas, así como
del electorado. Artículos de opinión y reportajes
suministran un comentario meta-social (Geertz,
2003) que clasifica y significa la candidatura de
ambas políticas. Para comprender esos comentarios
es necesario entender que la proyección
de las candidatas no es el resultado de la forma
personal de gobernar, sino que está anclada en
una profunda estructura cultural de la política
nacional.
El artículo abre con una breve discusión sobre
la articulación del poder político y la esfera
civil desde la sociología cultural, para mostrar
cómo los partidos no sólo luchan por el poder,
sino por ser reconocidos por sus cualidades civiles.
Sus candidatas dependen más de las representaciones
simbólicas que proyectan que
de los argumentos racionales de sus propuestas.
Posteriormente se analiza cómo se construyó
históricamente el mecanismo de sucesión en
México durante el régimen posrevolucionario, su
crisis y cómo se entrelaza con la emergencia del
marco democrático en el Estado de México. A
continuación, se examina la disputa por el sentido
de las aspiraciones políticas de Gómez y Del
Moral que permite dar cuenta de los códigos
movilizados. En las conclusiones se discuten las
aportaciones de este artículo para extender el
análisis de los procesos electorales.
Poder político y la esfera civil
Todos los partidos se esfuerzan —no importa
su ideología— por proyectar una imagen pública
y tratan de controlar cómo se interpreta
dicha imagen en la sociedad (Alexander, 2010).
Los medios de comunicación, los intelectuales
y los académicos orientan sus capacidades
y habilidades para evaluar a los partidos en el
teatro político (Mast, 2019). Sus observaciones
y comentarios advierten que las movilizaciones
dramatúrgicas se reducen a una mera manipulación
simbólica o una retórica ideológica que
oculta intereses y caprichos de facciones políticas
(Smith, 2020). Este tipo de interpretaciones
—de carácter utilitario— reducen la política
a meras decisiones cupulares (Lukes, 1974). Así,
el mundo de la opinión pública, la ciudadanía y
los votos quedan sujetos a los caprichos de la
élite del poder. Si esto fuera cierto, la competencia
política sería reducible a la operación de los
aparatos partidistas, la coordinación de élites y
el uso eficiente de recursos institucionales (Skocpol,
1984). A esto habría que sumar la emisión
correcta y sin ambigüedades de mensajes para
someter al votante más crítico a una entidad pasiva
y manipulable.
Para la sociología cultural, candidatos y partidos
están sujetos a mecanismos de clasificación
moral (Alexander, 2010) que definen quién
es un buen o mal candidato o una buena o mala
política, así como quien detenta los vicios y las
virtudes civiles (Farge, 1994). De esta forma,
entre el poder de las élites políticas y el poder
del Estado, existe otro poder que se asienta en
un espacio cultural e institucional que se puede
llamar esfera civil (Alexander, 2006): un mundo
definido por normas legales que está formado
por los sentimientos y los valores que acentúan
la solidaridad entre los miembros de la sociedad,
no importa el estatus o el poder que tengan. En
las elecciones, los partidos no sólo luchan por el
poder, sino por ser clasificados por sus virtudes
civiles. Para que los partidos y sus candidatos
sean vistos como merecedores del voto, deben
esforzarse por aparecer como potencialmente
racionales, honestos, confiables, abiertos y conectados
con la ciudadanía (Alexander, 2010).
Ésta es la información que tratan de transmitir
a través de los medios de comunicación hacia
militantes y ciudadanos.
Aquellos partidos políticos y sus candidatos
que buscan detentar los cargos públicos dependen
más de las representaciones simbólicas que
proyectan y las emociones que movilizan (Gellner,
1994), que de los argumentos racionales
sobre sus plataformas y propuestas. Las imágenes
sobre las cualidades civiles que portan se
219

NELSON ARTEAGA, LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD PARTIDISTA
PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (2023)
construyen a partir de códigos y narrativas que
se transmiten a la ciudadanía (Habermas, 1981).
Esta última expresa con su voto los sentimientos
sobre la vida política y social (Alexander,
2006). Las campañas electorales funcionan en
consecuencia como el espacio donde los partidos
se esfuerzan por traducir las disparidades y
las tensiones sociales en discursos y mensajes
orientados a generar procesos de reconstrucción
del poder estatal (Mast, 2019). Durante este
esfuerzo de traducción los adversarios políticos
se contaminan con los atributos de la impureza
civil, se acusan mutuamente como incapaces
para acceder al control de la burocracia estatal
y advierten que si sus oponentes llegan al poder
establecerán instituciones autoritarias, jerárquicas
y excluyentes.
Como advierte Alexander, “así como no hay
religión que no divida el mundo entre salvos y
condenados, no hay discurso civil que no conceptualice
el mundo entre aquellos que merecen
ser incluidos y aquellos que no” (2006: 55).
La adscripción a una clase, género, grupos o institución
política se utiliza para juzgar qué tanto
las personas cumplen con los ideales de la virtud
o el vicio civil (Kivisto y Sciortino, 2019). De
hecho, los actores políticos y sociales pueden
confrontarse en las sociedades democráticas
porque se imponen relacionalmente las mismas
atribuciones. Las instituciones comunicativas y
regulativas de la esfera civil cristalizan las atribuciones
de pureza o impureza civil en sanciones,
mecanismos de inclusión y exclusión, así como
en recompensas y castigos (Alexander, 2006).
Las primeras estructuran los sentimientos en
discursos y mensajes que traducen los códigos
binarios con los que se juzgan los motivos, las
relaciones y las instituciones a la que supuestamente
se adscriben los políticos en descripciones
y evaluaciones específicas (Luengo e
Ihlebaek, 2019). La opinión pública, los medios,
las encuestas y las asociaciones civiles forman
parte de las instituciones comunicativas de la
esfera civil. Las instituciones regulativas están
conformadas por el voto, los partidos políticos,
las campañas electorales, los cargos de la función
pública y la ley. Estas instituciones materializan
las disputas comunicativas en términos
de normas y regulaciones sociales (Shimizu,
2019) y resultan instanciaciones de poder civil
(Thumala, 2018; Villegas, 2019). En las campañas
electorales las organizaciones civiles y medios
ponen bajo el escrutinio público el desempeño
de las instituciones estatales, los candidatos que
compiten, sus equipos de trabajo, así como sus
aliados y simpatizantes.
Para efectos de este artículo interesa entender
cómo en los medios de comunicación
—particularmente las columnas de opinión— se
disputaron el control sobre el sentido puro o
impuro, auténtico o inauténtico de la designación
de Gómez y Del Moral como candidatas a
la gubernatura del Estado de México. También,
cómo dichas atribuciones de pureza e impureza
se interpretaron como una garantía para asegurar
la cohesión de las élites y facciones de sus
respectivos partidos, el apoyo de su militancia y
la ciudadanía.
Se analiza cómo en las columnas de opinión
imputaron a ambas aspirantes motivos, relaciones
e instituciones que resaltaron sus supuestas
virtudes o vicios civiles. Los columnistas construyeron
sus comunicaciones subrayando si Del
Moral y Gómez: a) cristalizaron las preferencias
de la ciudadanía, la militancia y las élites del poder;
b) instanciaron el poder simbólico tanto del
presidente de la república como del gobernador
del Estado de México; y c) redujeron al mínimo
las dinámicas centrífugas de los aspirantes que
quedaron fuera de la competencia.
Se recurre al método de la hermenéutica estructural
(Sherwood et al., 1993) con el fin de
reconstruir la interpretación de las atribuciones
a Del Moral y Gómez desde una etnografía de
las narrativas periodísticas (Augé, 2010). Estas
últimas acumulan, organizan y divulgan no solo
las buenas razones del debate, sino las buenas
interpretaciones que deben ser tomadas en
cuenta (Smith, 2005). Tanto la candidata del
PRI como de Morena fueron clasificadas a partir
de instanciaciones repetidas que responden
a estructuras culturales profundas que no son
conjunciones únicas, ni significados localmente
situados e irrepetibles, sino expresiones de representaciones
colectivas ancladas en lo profundo
de una estructura cultural (Smith, 2005).
Los medios no expresan una opinión particular o
gremial a la designación de las candidatas, sino
que utilizan las estructuras simbólicas sedimentadas
socialmente para interpretar las lógicas de
poder a partir de guiones con los que se interpretan
dichas lógicas.
220

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
En el caso mexicano, las columnas de opinión
constituyen el medio por el cual la clase política
y sus intelectuales se comunican entre sí y
con la población (Adler-Lomnitz et al., 2004).
Los eventos políticos en México se interpretan
simbólicamente, según Adler-Lomnitz y Melnik
(2000), incluso por encima de sus dimensiones
instrumentales. Las columnas políticas funcionan
en México —a decir de Adler-Lomnitz et al.
(1993)— como dispositivos exegéticos para decodificar
los mensajes políticos al interior de la
sociedad mexicana. Esas columnas instancian
representaciones sedimentadas históricamente
en la estructura cultural, por lo que se requiere
explorar cómo ellas traen a cuenta representaciones
poderosas que se anclan en el pasado.
Esta perspectiva se aleja de las visiones tradicionales
y hegemónicas en las ciencias sociales
que examinan los medios de comunicación
desde un modelo utilitarista que asume que los
medios son meras herramientas de presión política.
Este tipo de aproximaciones (Gutiérrez
Vidrio, 2015; Salazar, 2022) reduce el análisis a
reivindicar o desenmascarar los posicionamientos
progresistas o conservadores de los medios,
así como las redes de poder detrás de ellos. La
sociología cultural reconoce que los medios y
sus columnistas tienen intenciones diversas, a
veces ocultas, pero para traducirlas, los columnistas
necesitan una narrativa que sólo pueden
tomar de las sedimentaciones culturales históricas.
Sin embargo, estas narrativas están sujetas
a interpretación abierta, nunca están cerradas a
ser comprendidas en un solo sentido.
Se revisaron y analizaron 31 columnas de los
periódicos Reforma, La Jornada, 2 El Universal,
Milenio y Excélsior, que representó el universo,
no una muestra, de las columnas publicadas sobre
el tema. 3 Los periódicos revisados fueron seleccionados
por varias razones: a) cada uno presenta
en su contenido columnas políticas con
distintas opiniones, a veces incluso opuestas; b)
circulan de forma digital y de forma impresa a
2 Este periódico no publica una sola columna de opinión al
respecto del trabajo que se realiza en este artículo.
3 Las columnas periodísticas son parciales y sesgadas en las
interpretaciones que ofrecen, debido a que se construyen en
marcos de interpretación anclados en referentes morales específicos
(Río, 2008). Este sesgo es relevante porque los medios
de comunicación son una fuente para observar cómo las
interpretaciones activan la discusión en la esfera civil. Como
sostienen Butler y Luengo (2016), los medios de comunicación
construyen mensajes que traducen situaciones concretas
en códigos civiles con pretensiones universales.
nivel nacional; c) ocupan una posición dentro
del tradicional espectro político que van de la
izquierda a la derecha; 4 d) se referencian entre
ellos tanto para fines críticos como para encadenar
comentarios. Se recogió y sistematizó la
información de las columnas a partir del 1 de febrero
de 2022 hasta el 13 de enero de 2023 —la
primera fecha es aquella en donde aparece por
primera vez el tema de interés de este artículo y
la última fecha el cierre de este artículo—. Cada
columna y noticia revelada fue interpretada a
partir de las siguientes preguntas: ¿Qué motivos
se asignaron a la nominación de Gómez y
Del Moral como candidatas de Morena y el PRI?
¿Qué redes de relaciones se atribuyen a ambas
candidatas? Y, finalmente, ¿a qué tipo de instituciones
supuestamente pertenecen quienes
fueron designadas como abanderadas del PRI y
Morena? Estas preguntas organizaron el análisis
de las columnas para observar el esfuerzo realizado
por controlar el sentido de la designación
de las aspirantes a la gubernatura.
Viejas prácticas autoritarias,
nuevos escenarios democráticos
Después de la revolución de 1910 el país construyó
un campo patrimonial discursivo e institucional
que permitió un conjunto acotado y
negociado de libertades democráticas (Arteaga
y Arzuaga, 2018). Los pilares de este discurso
fueron una política de masas que garantizaba la
satisfacción de las reivindicaciones populares a
través de un Estado autoritario de carácter paternalista
que operaba como puntal de la conciliación,
la organización y el desarrollo material
de la sociedad (Córdova, 1973). El patrimonialismo
mexicano constituyó solidaridades fincadas
en referentes tradicionales de carácter sectorial,
corporativo y clientelar que regularon las relaciones
de poder (Langston, 2017). Mientras que
el presidente era el eje de funcionamiento del
régimen, el PRI operaba como un aparato político
disciplinado a través del cual el presidente —
4 Es difícil establecer un perfil ideológico de los diarios en
México, ya que en las páginas de cada uno hay columnistas
que regularmente critican y apoyan al presidente, al tiempo
que tienen posiciones ideológicas distintas. De forma general,
se podría decir que Excélsior se encuentra a la derecha
del espectro político mexicano, mientras que Milenio y El Universal
en el centro y Reforma puede ser catalogado como
liberal, en tanto que La Jornada está a la izquierda del espectro
político.
221

NELSON ARTEAGA, LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD PARTIDISTA
PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (2023)
como líder de facto— gobernaba las cámaras de
Diputados y de Senadores durante los seis años
que duraba su mandato (Nacif, 2004).
Este poder correspondía, como advierte Balandier
(1994), con la forma en que la sociedad
mexicana concebía, en una dimensión hasta tal
punto dramática, el problema del orden, lo cual
permitió modelar las prácticas de las esferas
política y la civil. El papel del presidente, que
evocaba los referentes carismáticos del antiguo
caudillo revolucionario, era garantizar la satisfacción
de las necesidades populares a través
de la gestión autoritaria, pero paternalista de
la sociedad, donde el Estado era visto como el
puntal de la organización y el desarrollo material
de la nación. Según las reglas de este régimen
patrimonial, el presidente en turno y su grupo
político podían usufructuar para sí la estructura
política e institucional.
Como sugiere Krauze (1996), las fuerzas económicas
y políticas del régimen giraban alrededor
de la figura presidencial, como planetas
alrededor del Sol. Las atribuciones metaconstitucionales
del presidente le permitían impulsar
negociaciones directas con los actores sociales
en materia impositiva, de gasto público, crediticia,
laboral, educativa, minera, religiosa, entre
otras (Meyer, 1993). Una de las atribuciones del
presidente era la de poder designar a su sucesor,
el cual de inmediato se convertía en el candidato
del partido oficial. Todo el poder del presidente
se desvanecía al momento de dejar el
cargo y los poderes de la investidura eran transmitidos
al gobernante en turno. Al dejar el cargo
el expresidente debía guardar silencio y asumir
la responsabilidad de los problemas que enfrentara
el nuevo presidente (Weldon, 1997). 5
Aunque cada presidente tenía el poder de designar
a su sucesor, el PRI servía como un espacio
de consulta que permitía a sus distintos grupos
expresar sus preferencias por los posibles candidatos
y sus proyectos políticos (Cosío Villegas,
1975; Langston, 2001). A nivel de las entidades, y
reproduciendo las prácticas en el ámbito estatal,
los gobernadores tenían un peso relevante para
designar diputados locales y presidentes municipales,
así como a su sucesor (Almada, 1982).
Sin embargo, tenían que establecer negociacio-
5 Como una vez señaló el expresidente Adolfo Ruiz Cortines
(1952-1958): una vez que se deja el cargo se tiene como primer
deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina.
nes al interior del PRI de su entidad y negociar
posiciones con el presidente de la república en
turno (Cornelius, 1999). Gracias a la expansión de
una esfera civil más crítica en los años setenta
y ochenta, pero sobre todo a partir de la aprobación
de la Ley Federal de Organizaciones Políticas
y Procesos Electorales (LOPPE) de 1977,
los canales democráticos del país poco a poco se
abrieron, no sin resistencia por parte del régimen.
El PRI fue perdiendo sus bases de apoyo
elección tras elección tanto en municipios como
en distritos locales y federales. Esto terminó por
afectar la disciplina partidista, el poder de los gobernadores
y del presidente para designar a los
candidatos que consideraban pertinentes (Rodríguez
Montaño y Pineda Pablos, 2017). Si bien
movilizaban aún sus recursos institucionales y
simbólicos para señalar quiénes eran los elegidos
a ocupar ciertos cargos de elección popular,
los políticos que se sentían desplazados terminaban
por apoyar a candidatos de oposición o
se afiliaban a otros partidos con el objetivo de
competir en el marco del incipiente orden democrático.
En consecuencia, las elecciones estatales,
como sugiere Espinosa Santiago (2015),
se volvieron más impredecibles y sujetas a dinámicas
coyunturales. Pese a ello, fue evidente,
como sugiere Sonnleitner (2018), que las prácticas
políticas del viejo régimen comenzaron a
articularse con el nuevo orden democrático.
Durante gran parte de los años ochenta el PRI
del Estado de México no vivió una turbulencia
política significativa que pusiera en riesgo su hegemonía
sobre el cargo del ejecutivo estatal, ya
que mantenía el control de la totalidad de los
municipios y los distritos electores. Sin embargo,
como en otras entidades federativas, el Estado
de México experimentó una alteración de
la vida política en las elecciones presidenciales
de 1988. La campaña de Cuauhtémoc Cárdenas
como candidato del Frente Democrático Nacional
(FDN) —un antiguo militante del PRI, exgobernador
de Michoacán, que sintió que el entonces
presidente Miguel de la Madrid (1982-1988)
lo había descartado junto con otros políticos de
la lista de futuros sucesores a la presidencia—,
llevó al PRI a perder un importante número de
diputaciones federales. El shock fue tal que el
entonces gobernador, Mario Ramón Beteta,
dejó el cargo, el cual fue ocupado por Ignacio
Pichardo Pagaza.
222

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
Pese a una significativa recuperación del PRI
en las elecciones de 1991, durante la década de
los noventa la entidad vivió distintos procesos
de alternancia política (Ramírez Mercado y Palacios
Espinosa, 2010), gobiernos divididos (Espejel
y Díaz, 2018), emergencia de candidatos independientes
(Espinosa Santiago, 2022) y altos
niveles de competencia electoral tanto a nivel
municipal como distrital (Ortiz Álvarez, 2022).
Pese al escenario competitivo, el PRI no ha dejado
de estar al frente del poder ejecutivo (Padilla
Macayo, 2014). Para algunas interpretaciones
académicas, esto se debe a la supuesta presencia
de un grupo cohesionado y articulado de políticos
del valle de Toluca denominado “Grupo
Atlacomulco” (Morales, 1989). Sin embargo, hay
quienes consideran que dicho grupo en realidad
es un mito que ha generado una leyenda “entre
romántica y negra […] uno de los mitos mejor logrados
por los analistas y en parte por el mismo
sistema político” (Hernández-Rodríguez, 1996:
5). Como muestran distintos trabajos, el PRI en
el Estado de México no es una entidad monolítica
y carente de fisuras (Villarreal, 2015).
El hecho de que el PRI no haya perdido la gubernatura
ha sido interpretado por la fragmentación
del voto entre distintas fuerzas políticas
de oposición (Arzuaga, 1999); incluso, pese a
que dichas fuerzas se convirtieron rápidamente
en aparatos profesionalizados para las elecciones
(Padilla Macayo, 2008). Esto propició que
la oposición se volviera dominante en ciertos
municipios, reduciendo la competencia, la pluralidad
y la alternancia (Cedillo Delgado, 2017).
Los municipios con mediana alternancia terminaron
por disputarse el poder entre el PRI y el
Partido Acción Nacional (PAN), mientras que en
otros se alternaron el poder el PRI y el Partido de
la Revolución Democrática (PRD). Aquellos caracterizados
por una baja alternancia acabaron
controlados por el PAN o el PRD (Cedillo Delgado,
2006). Sin embargo, como sugiere Almaraz
(2015), ahí donde gobernaba el PRI durante los
noventa y los primeros años del 2000 se debió
en gran parte a la movilización de recursos que
activó el gobernador para favorecer a su partido.
Pese a que la competencia y la alternancia
política debilitaron los mecanismos tradicionales
de cohesión de la clase política del PRI, esto
no impidió la creación de acuerdos para impulsar
candidatos de unidad con el fin de mantener
la gubernatura (Arzuaga-Magnoni et al., 2007).
Entre otros factores esto fue lo que permitió
que Enrique Peña Nieto ganara la elección de
2005 con una amplia ventaja del 20% frente a su
principal oponente, el candidato del PAN, Rubén
Mendoza Ayala (Cortés Padilla, 2022); unidad
política que no pudieron alcanzar los partidos
de oposición (Castillo Vaquera, 2011). La capacidad
de crear acuerdos al interior del PRI se repitió
al designar a Eruviel Ávila como su candidato
en 2011. En dicha elección el PRI obtuvo más
de 60% de la votación frente a la coalición del
PRD, Partido del Trabajo (PT) y Convergencia —
que apenas logró rebasar el 20% de los votos—
y frente al PAN —que no alcanzó ni siquiera el
5% de los sufragios emitidos— (Cedillo Delgado,
2012). Los resultados para elegir diputados
estatales fueron también favorables al PRI, ya
que recuperó su condición de partido dominante
(García Luna, 2016), reforzando su tradicional
capacidad para controlar a la oposición en la
cámara local (Muñoz Armenta y Díaz Jiménez,
2017; Pérez Ramírez, 2022).
El triunfo del PRI en el 2011 permitió al exgobernador
Peña Nieto posicionar su candidatura
a la presidencia de la república en 2012 (Corona
Armenta, 2012). El PRI dejó ver que podía sobrevivir
a las nuevas condiciones que le imponía
la vida democrática nacional (Hernández-Rodríguez,
2015). También se evidenció la debilidad
institucional de la oposición para articular un
frente común ante el PRI, que en parte se explicó
por su fuerte dependencia a los liderazgos
políticos regionales (Muñoz Armenta, 2016). En
la elección para gobernador en 2017, los mecanismos
de selección de los candidatos de los
principales partidos siguieron los patrones tradicionales
de designación por acuerdos cupulares
(Muñoz Armenta, 2018), dejando dos candidatos
claramente en competencia: Alfredo Del Mazo
por el PRI —en alianza con el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Partido Nueva Alianza
(PNA) y Partido Encuentro Social (PES)— y
a Delfina Gómez por Morena. 6 La decisión del
electorado dio el triunfo al candidato del PRI
con sólo 3% de ventaja sobre Morena.
En las elecciones presidenciales de 2018, el
PRI se debilitó aún más, ya que Morena logró la
6 El PRD obtuvo 17.8% de votos, el PAN 11.2%, el Partido del
Trabajo (PT), 1.8 y la candidata independiente María Teresa
Castell, 2.1%.
223

NELSON ARTEAGA, LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD PARTIDISTA
PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (2023)
mayoría en el congreso local (Rosiles y Navarrete,
2019), aunque el PRI mantuvo y recuperó algunos
municipios en manos de la oposición (Rosiles,
2021). En las elecciones de 2021 el PRI dio
un revés a Morena, que perdió casi la mitad de
las diputaciones que tenía hasta entonces (Navarrete
Vela y Rosiles Salas, 2018), mientras que
el PAN y el PRI obtuvieron más escaños en la
legislatura estatal —incluso este último partido
casi dobló el número de sus diputados— (Nateras
González y Palacios Arzate, 2022). De esta
forma, los triunfos y las derrotas de ambos partidos
se interpretaron como efecto de la capacidad
de cohesión que desarrollaron.
Sin embargo, como sugiere Espinosa Santiago
(2015), para el caso del Estado de México un
buen desempeño electoral no pasa necesariamente
por evitar las fracturas al interior del PRI.
Durante el proceso de designación de Peña Nieto
como sucesor de Arturo Montiel (2006-2012),
este último tuvo que sortear la resistencia abierta
del dirigente estatal del PRI, arriesgando el
proceso de sucesión en la entidad. Montiel evitó
finalmente que la ruptura fuera mayor e impuso
a Peña Nieto como su candidato. De esta forma,
mantuvo la vigencia de las reglas no escritas del
régimen posrevolucionario, donde el poder ejecutivo
estatal definía en gran parte el proceso
de sucesión. Una práctica que sus antecesores
llevaron a cabo negociando siempre con el presidente
de la república en turno, y que en ese
momento Montiel podía llevar a cabo con mayor
libertad porque no había en la presidencia un
político del PRI.
Si bien es cierto que la continuidad política
del PRI en el Estado de México se debe, en parte,
a que su élite logra la unidad pese a su fragmentación
en coyunturas específicas (Espinosa
Santiago, 2015; Hernández-Rodríguez, 2021),
dicha unidad no sólo pasa por acuerdos políticos
en el que solamente se articulan intereses,
aspiraciones y caprichos (Escutia-Miranda y Torres-Ruiz,
2021). Implica escenificar que la unidad
es real frente a la opinión pública, que no es
un artificio, sino un hecho auténtico, no inauténtico.
Esto significa que la unidad es un proceso
que se construye institucional y simbólicamente.
Es a partir de esa teatralización política que la
esfera civil interpreta y evalúa la supuesta fuerza
y debilidad de partidos y candidatos, la capacidad
que estos últimos tienen para generar
dinámicas centrípetas de articulación colectiva.
¿Cómo Morena y el PRI en el Estado de México
activaron los mecanismos de teatralización y representación
que definieron las candidaturas de
Gómez y Del Moral?
Por lo que se refiere a la construcción del perfil
de Gómez como candidata al gobierno del Estado
de México, cabe destacar su fuerte vínculo
con López Obrador. 7 En su designación como
candidata en 2016 a la gubernatura, la entonces
diputada federal por Morena fue calificada por
López Obrador —entonces presidente nacional
de ese partido— como un factor de unidad, ya
que fue electa por los 400 integrantes del comité
de Morena “con mucha responsabilidad, madurez,
sin pleitos y sin envidias, porque pusieron
por delante el interés del pueblo” (Dávila, 2016:
6). En ese momento, López Obrador afirmó que
sólo “organizados se podrá derrotar al PRI y al
Grupo Atlacomulco” (Dávila, 2016: 6). Como ya
se dijo, Gómez perdió la elección, pero ganó
un escaño en el senado en 2018, derrotando a
Del Moral. Apenas dos meses después de que
arrancaron los trabajos en el Senado, Gómez fue
designada por López Obrador como delegada
de programas del gobierno federal en el Estado
de México. Para el 2020 el presidente la nombró
Secretaria de Educación Pública (SEP), para dos
años después ser reconocida por López Obrador
como la mejor opción de Morena para encabezar
el proceso electoral de 2023.
Con relación a la construcción del perfil de
Del Moral como candidata al gobierno del Estado
de México, cabe destacar su fuerte vínculo
con el grupo conformado por Montiel, Peña Nieto
y Del Mazo. Durante el gobierno del primero,
fue dirigente local del PRI en Cuautitlán Izcalli,
y compitió en el 2005 y 2006 para diputada local
y federal. Perdió ambas elecciones, pero fue
nombrada durante el gobierno de Peña Nieto
como directora de relaciones internacionales
del gobierno estatal. En 2009 ganó la elección
para asumir el cargo de alcaldesa de Cuautitlán
Izcalli y luego se convirtió en diputada federal.
Al término de su gestión se sumó al gobierno
del presidente Peña Nieto como directora general
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios
7 Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco (2012)
sin tener afiliación a un partido político en particular, pero fue
postulada al cargo por el Partido del Trabajo y por Movimiento
Ciudadano. Posteriormente fue diputada federal por este
último partido por el distrito 38 del Estado de México.
224

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
Financieros (Bansefi). Posteriormente el gobernador
Ávila la nombró Secretaria de Desarrollo
Social. Compitió por un escaño en el senado, el
cual perdió frente a Gómez. Cuando Del Mazo
llegó a la gubernatura fue designada como presidenta
del PRI estatal y al poco tiempo compitió
y ganó una diputación local. Después regresó
como titular de la Secretaría de Desarrollo Social
a principios de 2022. A mediados de ese año
el PRI estatal, en voz de Erick Sevilla, la nombró
Coordinadora por la defensa del Estado de México
para las elecciones de 2023.
Las carreras de Gómez y de Del Moral permiten
apreciar cómo se construye un perfil político
a la sombra de las figuras de poder, cuyos
epicentros están hoy en día, por un lado, en
el ejecutivo federal y, por el otro, en el estatal.
Dichos epicentros se asumen con la atribución
de poder designar a quienes consideran representan
sus intereses, proyectos y reúnen el perfil
adecuado para ser una buena candidata. Su
designación implica dinámicas de negociación,
acuerdo y consenso que permiten a distintos
grupos expresar sus preferencias por uno u otro
candidato. Pese a que esta forma de construir
candidaturas refleja de alguna manera las antiguas
prácticas políticas de designación de candidatos
—impuestas como reglas no escritas
durante el régimen posrevolucionario—, esto no
exime que Gómez y Del Moral tengan que competir
en el marco de reglas democráticas, donde
deben convencer al electorado que son la mejor
opción para traducir sus demandas de cambio.
Para llegar a este momento deben someterse a
la crítica sobre la autenticidad de su designación
en el teatro político.
La candidata del presidente
La construcción de la figura de Gómez como
candidata vinculada a la imagen del presidente
López Obrador y con la pureza suficiente generar
la unidad de Morena se fue definiendo desde
la primera mitad de 2022. Fue entonces que se
acordó realizar un conjunto de encuestas para
determinar las preferencias y conocimiento de
la ciudadanía de varios candidatos que podrían
garantizar la unidad de Morena y sus aliados.
Aparte de Gómez aparecían como posibles aspirantes,
el senador Higinio Martínez; el director
de la Agencia Nacional de Aduanas de México,
Horacio Duarte; y el alcalde de Ecatepec, Francisco
Vilchis. Una vez que se dio a conocer que
las encuestas se inclinaban a Gómez, se llevó a
cabo un segundo movimiento: designarla como
coordinadora de los Comités de Defensa de la
Cuarta Transformación en el Estado de México.
Este nombramiento fue interpretado como la
virtual designación de Gómez como candidata.
Finalmente, el presidente respaldó dicho nombramiento:
Me da mucho gusto, aunque al final van a ser los
ciudadanos del Estado de México, que van a decidir
de manera libre, democrática, pero me da mucho
gusto que un partido haya tomado la decisión
a partir de encuestas de que sea [Delfina Gómez]
posible candidata al Estado de México. La maestra
Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena,
trabajadora, honesta, una maestra de grupo (Arista,
2022).
Para un conjunto de voces afines a López
Obrador, el nombramiento significaba que bases
sociales, líderes y dirigentes de Morena habían
logrado articularse alrededor del partido y
el presidente (Rangel de León, 2022). Particularmente
se enfatizó que Gómez tenía la “bendición”
del presidente como la “candidata de unidad”
para el Estado de México (García, 2022).
Para otras voces que simpatizan con el presidente
y Morena, la designación se interpretó
primeramente como artificial. Advirtieron que
era evidente que algunos grupos políticos estaban
molestos con el presidente nacional de su
partido, Mario Delgado, por la forma en cómo
se llevaron a cabo las encuestas (Rodríguez,
2022). Particularmente se subrayó que había un
profundo descontento entre el grupo político de
Martínez, quien contaba —según esta lectura—
con una amplia presencia en la zona oriente de
la entidad (Milenio, 2022a). Conforme avanzaron
los meses se argumentó que Morena logró
superar las fracturas internas y cerrar filas con
el fin de sacar al PRI de la gubernatura (Milenio,
2022a) —particularmente cuando Martínez fue
nombrado delegado especial de Morena para la
elección en la entidad y Duarte coordinador de
la precampaña—. Esto fue posible, se argumentó,
gracias a que Gómez fue capaz de establecer
claramente que era la preferida de López Obrador.
225

NELSON ARTEAGA, LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD PARTIDISTA
PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (2023)
Las voces críticas a Morena y al presidente
cuestionaron la veracidad y utilidad de las encuestas
ya que, por un lado, han sido “repudiadas
una y otra vez por los militantes de Morena”
como medios efectivos en la selección de
candidatos y, por otro lado, se mencionó que las
encuestas sólo sirven para legitimar las decisiones
que el presidente ha tomado previamente
(Milenio, 2022b). A diferencia de los simpatizantes
de López Obrador y Morena, las encuestas y
el aval presidencial a la candidatura de Gómez
operaron para sus críticos como atributos que
contaminaron el carácter civil y democrático de
la que fue llamada la “candidata del presidente”
(Rock L., 2022). Este respaldo que, a decir
de estos posicionamientos, marcara el carácter
impuro de la candidata de Morena, quedó de
manifiesto cuando la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum —de quien
estas mismas voces dicen que sucederá a López
Obrador en la presidencia—, acompañó a Gómez
en su última actividad como encargada de
la SEP (Ornelas, 2022).
También se advirtió que otro elemento contaminante
de la designación de Gómez fue su
nombramiento como coordinadora de los comités
de defensa de la 4T. Una figura que fue
creada, según esta interpretación, para torcer la
ley y ocultar el hecho de que es ya la candidata
por Morena y está en campaña política en la entidad
(Aguilar Camín, 2022). Esto abrió la puerta
para recordar que supuestamente Gómez se ha
alejado de los parámetros del buen funcionario
y que está marcada por ciertos vicios públicos.
Se dijo que en su último día al frente de la SEP
utilizó su carácter de funcionaria para promoverse
políticamente, al anunciar que gracias a
sus gestiones la SEP daría en próximos días plazas
permanentes a mil maestros en el Estado de
México (Bartolomé, 2022a). También se recordó
que Gómez fue señalada de cometer supuestos
delitos electorales cuando fue alcaldesa de Texcoco
(Richter, 2022), al retener el 10% del salario
de los trabajadores del ayuntamiento durante
tres años (Backhoff Escudero, 2022; Rodríguez
Prats, 2022). Gómez reconoció en su momento
que dichos descuentos no fueron forzosos, sino
voluntarios (Sarmiento, 2022). Para evitar que
este tema adquiriera relevancia, Gómez decidió
denunciar ante la autoridad electoral del Estado
de México que cualquier acusación en este
sentido debía ser considerada como “violencia
política de género” (Milenio, 2022c).
Los críticos de Morena advirtieron que, pese
a todos estos señalamientos, aparentemente
de carácter contaminantes de su imagen, no la
afectaría realmente. El supuesto riesgo para llegar
al cargo de gobernadora estaba más bien
en la narrativa triunfalista que Gómez y López
Obrador desarrollaron. Su efecto era tan potente
que había ya generado pugnas al interior de
Morena por los supuestos futuros puestos que
ya tenían en el bolsillo (Milenio, 2022a). A decir
de esta interpretación, esto se percibe en el
hecho de que la campaña de Gómez no termina
por fortalecerse, a tal punto que, en Nezahualcóyotl,
bastión electoral de Morena, Del Moral
ha movilizado más militancia que el partido del
presidente (Bartolomé, 2022b).
La candidata del gobernador
La construcción de la figura de Del Moral como
candidata vinculada a la figura del gobernador
Del Mazo y con la fuerza suficiente para generar
la unidad del PRI se fue definiendo desde principios
de 2022. En primer lugar, Del Moral renunció
a su encargo como presidenta del Comité
Directivo Estatal del PRI para ocupar la Secretaría
de Desarrollo Social (Juárez, 2022a). Algunas
voces consideraron que esta designación tenía
por objetivo posicionarla en el escenario de la
sucesión a la gubernatura. Desde ese puesto el
gobernador apoyaría a Del Moral para convertirla
en la cabeza visible de los programas sociales
de su administración. Además, al poco tiempo
de tomar posesión en su nuevo cargo, Del Moral
no dudó en afirmar que estaba en su mente
algún día ser gobernadora (Milenio, 2022d). Declaraciones
similares planteó la diputada federal
priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, lo que generó
el temor de que “la disciplina y el respeto de los
tiempos políticos [que] son fundamentales en
su partido” se resquebrajaran (García Castelán,
2022a).
Sin embargo, en un segundo momento, a mediados
de 2022, Del Moral aseguró que ella no
podría ser gobernadora sin el apoyo de Del Mazo:
Estoy hecha en la escuela de un priismo mexiquense
institucional que respeta la figura del gobernador,
entiende que es el momento del gobernador
226

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
y que ya en su momento vendrá la sucesión y las
cosas cambian […] No me veo buscando la gubernatura
queriendo molestar al gobernador o yendo
en contra de lo que él diga. Mi relación con él y la
estabilidad de mi estado está por encima de una
aspiración personal (Garfias, 2022).
Y afirmó: Del Mazo no va a entregar el Estado
de México a Morena. “Está su historia, es su
prestigio, lo que el apellido Del Mazo significa
para el Estado de México” (Garfias, 2022).
Algunas voces interpretaron esta declaración
como una señal de que Del Moral no tenía por sí
misma la fuerza suficiente para generar unidad y
cohesión al interior de su partido, por lo que era
necesario mostrar que su posible designación
como candidata del PRI dependía del respaldo
de la figura del gobernador. Para dichas voces
esto era evidente si se tomaba en consideración
que la propia Del Moral perdió la elección
al senado contra Gómez (Bartolomé, 2022c).
Sin embargo, otras voces enfatizaron que las
declaraciones de Del Moral eran la prueba de la
institucionalidad de la futura aspirante a la candidatura
del PRI.
A finales de octubre de 2022, el PRI estatal
nombró a Del Moral como Coordinadora por la
defensa del Estado de México en vista al proceso
electoral de 2023. Esto fue interpretado
como una designación de facto —en la vieja tradición
del destape— de Del Moral como candidata
al gobierno del Estado de México (Juárez,
2022b). Los que simpatizaron con el nombramiento
destacaron los supuestos valores civiles
y las virtudes públicas de la coordinadora: producto
de la cultura del esfuerzo, con capacidad
para acercarse a las comunidades, empática con
la sociedad y con experiencia en diversos cargos
públicos y de representación. De igual forma se
subrayó su formación académica y su calidad
como madre y esposa: “una mujer con las faldas
y los pantalones bien puestos” (Barranco, 2022).
Su designación no estuvo exenta de críticas
entre supuestos miembros de su partido. Se dijo
que Del Moral no era una figura política fuerte
y que por ello el gobernador había intentado
reforzar su presencia e imagen a través de los
programas asistenciales del gobierno (Bartolomé,
2022d). En otro momento se dijo que quien
negociaba realmente por Del Moral era su esposo,
quien “quiere ser el primer ‘damo’” (Aranda,
2022); contaminando a Del Moral como una mujer
carente de autonomía y dependiente de su
vínculo matrimonial. Otras voces señalaron que
Del Moral no tardó mucho en mostrar sus habilidades
políticas al difundir en redes sociales
imágenes acompañada de los exgobernadores
Emilio Chuayffet, Alfredo Baranda, César Camacho,
Eruviel Ávila y Arturo Montiel, con el objetivo
de reflejar la unidad de la clase política de
la entidad y enfatizar a la militancia del PRI que
era viable ganar las elecciones del 2023 (Milenio,
2022e).
Pese a estas señales, se argumentó que ello
no impidió a Herrera Anzaldo seguir promoviéndose
como posible candidata del PRI a la gubernatura.
Dichos comentarios consideraron que el
comportamiento de Herrera podía ser peligroso
para el priismo de la entidad porque el partido
necesitaba el apoyo completo y la unidad
de sus actuales y antiguos líderes para ganar la
elección (García Castelán, 2022b). Así, Herrera
Anzaldo fue presentada como un elemento contaminante
en la designación de la sucesora a la
gubernatura. Con todo, Herrera Anzaldo se retiró
de la competencia, aunque se dijo, no porque
apoyara a Del Moral, sino para evitar cualquier
ruptura en su partido. Para algunos analistas la
imagen que proyectó el día que anunció su retiro
de la contienda fue un posicionamiento político:
usó un traje sastre de color verde bandera
para mostrar su institucionalidad al PRI (Zepeda,
2022). Al poco tiempo, Herrera Anzaldo fue
nombrada por su partido a nivel nacional como
delegada para el Estado de México. Se dijo que
el trabajo para garantizar la unidad del PRI fue
llevado a cabo personalmente por Del Mazo, lo
cual abrió el camino para que Del Moral pudiera
reunirse con todo el respaldo político con líderes
y aspirantes a la gubernatura del PAN y el
PRD, sentando las bases para competir en coalición
por la gubernatura (Bartolomé, 2022e).
Construcción y continuidad
de horizontes políticos
¿Qué principios institucionales y simbólicos se
activaron en el proceso de construcción de las
aspirantes a la candidatura de Morena y el PRI?
Como se puede observar en la tabla 1, la activación
corrió a partir de movilizar, alrededor de la
primera aspirante, la supuesta fuerza de un líder
227

NELSON ARTEAGA, LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA UNIDAD PARTIDISTA
PARA LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (2023)
El resultado de una elección es la suma de un
cúmulo de procesos que le anteceden. Parafraseando
a Elster (1991) es muy difícil predecir el
resultado de una elección como explicarlo una
vez que ha sucedido. El presente artículo no
pretendió construir un escenario posible a partir
de examinar cómo en los medios de comunicación
se trató de controlar el sentido sobre la
fuerza de dos aspirantes a cargos de elección
popular. Su intención fue más bien otra: examinar
uno de los tramos que componen la larga
vía que lleva al proceso electoral. El análisis de
ese tramo permite ver el esfuerzo de las fuerzas
políticas en competencia por teatralizar y sigcarismático
y alrededor de la segunda, la de un gobernador. De igual forma se sustentó la legitimidad
de la aspirante de Morena a través de las encuestas, mientras que la aspirante del PRI se legitimó
con el apoyo que recibió de militantes y exgobernadores. A la primera se le encargó defender
un proyecto político nacional, mientras que a la segunda proteger al Estado de México. El respaldo
que recibieron permitió a las candidatas apelar a la unidad partidista con vistas a, por un lado, garantizar
el futuro del proyecto de López Obrador y, por el otro lado, mantener la continuidad del
PRI en el estado.
Tabla 1
Principios de movilización política
Candidata
Apoyo de líder
Método de
selección
Delfina Gómez López Obrador Encuestas
Alejandra
Del Moral
Gobernador
Fuente: elaboración propia.
Militancia/
exgobernadores
Contendientes
Duarte, Martínez
y Vilchis
Herrera Anzaldo
Propósitos
Defensa de la 4T, Unidad Partidista,
Proyecto político
López Obrador
Defensa del Estado de México, Unidad
Partidista, Continuidad del PRI
La construcción de Gómez y de Del Moral
como candidatas de unidad tiene como origen
el impulso que, respectivamente, les proporcionaron
el presidente de la república y el gobernador
del estado, no obstante que entre ambas
figuras hay una diferencia en la forma en cómo
se definió dicho impulso. Mientras que López
Obrador lo hizo a partir de su liderazgo, basado
en su carisma, Del Mazo utilizó las formas institucionalizadas
de la autoridad que le otorga el
cargo de gobernador. En tanto que López Obrador
buscó con el respaldo a Gómez fortalecer
un poder institucional y simbólico en proceso de
construcción, Del Mazo buscó dar continuidad
a una forma institucionalizada y simbólica del
ejercicio del poder. Tanto López Obrador como
Del Mazo pusieron en dos figuras emergentes
de la política —en tanto que ambas saltan abiertamente
a la vida política en la primera década
del siglo XXI— una parte de sus horizontes políticos
futuros.
Si bien el impulso a ambas candidatas se estableció
de forma vertical y jerárquica, requirió
mecanismos de validación en sentido contrario.
Gómez fue definida como la mejor opción del
presidente a través de un conjunto de encuestas.
De esta manera, se aseguró sancionar su
viabilidad como candidata por la opinión pública.
En este sentido, no resultó extraño que Gómez
fuera designada como defensora de la 4T
en la entidad, un proyecto que sustenta desde
años atrás López Obrador. Por el contrario, Del
Moral fue respaldada por la militancia del partido,
por las bases electorales del PRI y por los
exgobernadores. Su designación fue legitimada
a la vieja usanza del PRI. Del Moral fue representada
como la defensora del Estado de México,
identificando a este último con el PRI. Estas atribuciones
simbólicas a Gómez y Del Moral son
las que les permitieron presentarse frente a sus
correligionarios como figuras legítimas de negociación,
acuerdo y reconciliación para arribar
unidos a la elección.
Conclusión
228

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 217-234
nificar el carácter puro, civil y virtuoso de sus
candidatas, así como de las columnas políticas
por generar un meta comentario a veces incluso
contradictorio con aquel que pretendían mostrar
las fuerzas políticas con sus escenificaciones
de unidad y mediación del conflicto interno.
Al mismo tiempo permitió dar cuenta del compromiso
que tienen, ya sea con la construcción
de un liderazgo político o con la continuidad de
una institución política. Este esfuerzo por dar
sentido a dos candidatas da cuenta de la forma
en cómo los acuerdos personales y cupulares no
son suficientes para construir una candidatura
potencialmente competitiva.
No obstante, la cultura no es una envoltura
que cubre los acuerdos y consensos entre intereses
en competencia. Estos últimos ciertamente
existen, pero operan en el marco de estructuras
culturales profundas que le dan sentido. La
designación de las candidatas se hizo a partir de
instanciar y subrayar las cualidades que poseen:
personas honestas, trabajadoras, que se han forjado
en la cultura del esfuerzo, que han estado
trabajando directamente con la ciudadanía, que
comprenden y fomentan la solidaridad social y
son leales y fieles a las instituciones y personas
que las respaldan. Sin estos argumentos, no es
posible movilizar los referentes de unidad partidista,
militante y de grupo, ni mucho menos
generar tracción frente a la ciudadanía. La puesta
en escena para mostrar las virtudes de una
candidata es clave para garantizar las dinámicas
centrípetas a su alrededor y evitar las de carácter
centrífugo. De esta forma constantemente se
acusó que ambas candidatas formaban parte de
redes e instituciones que estaban sometidas, ya
sea a las virtudes o a los vicios civiles. Un conjunto
de atribuciones que serán retomadas muy
seguramente una vez que dé inicio la campaña
electoral en el Estado de México.
El artículo arrojó luces sobre cómo se teatralizaron
los mecanismos institucionales y
simbólicos propios del régimen patrimonialista
mexicano. Su inserción en un marco democrático
generó una semántica en la que las formas
de legitimación política del pasado se consideraron
justas y adecuadas para ser sometidas al
escrutinio ciudadano. Por eso la elección para
gobernador del Estado de México se lee no sólo
como una contienda entre instituciones, actores
y narrativas democráticas, al mismo tiempo se
le percibe como un quiebre político donde se
juega la legitimidad del orden y la estructura jerárquica
que emana tanto del ejecutivo estatal
como federal. Independientemente del resultado
que se tenga en el 2023 en el estado, este último
alimentará las narrativas políticas sobre el
significado de lo que representa para la elección
presidencial de 2024.
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Nelson Arteaga
Es doctor en Sociología por la Universidad de
Alicante, España. Actualmente se desempeña
como profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO-México)
y Faculty Fellow en el Center for Cultural
Sociology de la Universidad de Yale. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Sus líneas de investigación son: Sociología cultural,
violencia y vigilancia. Entre sus más recientes
publicaciones destacan, como autor: Semantics
of Violence: Revolt and Political Assassination
in Mexico, Londres, Palgrave-Macmillan (2022);
“Salvaguardar las Elecciones: entre el Centro
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A. Monsiváis (eds.), Expectativas Democráticas
e Instituciones en Disputa, Ciudad de México,
Instituto Mora/Conacyt (2022); “La societalización
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Recibido: 26 de enero de 2023.
Aceptado: 21 de marzo de 2023.
Publicado: 8 de mayo de 2023.
234

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212023132
VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES
EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
VULNERABILITY AND SOCIAL WELFARE
THE SOCIAL WELFARE PROGRAMS AT STATE OF MEXICO (2014-2021)
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
orcid.org/0000-0003-3726-5646
El Colegio Mexiquense, A.C.
México
gguadarr@cmq.edu.mx
Abstract
Currently social policies and programs in Mexico, that previously had universalist aspirations,
have been defined as focused routes of care, limited by the characteristics
of the population identified as vulnerable. The objective of this article is to analyze
the configuration of selection processes in social assistance through a closer inspection
of the construction of target population (vulnerable groups) subject of public
intervention. The analysis is based on the review of programs operating in the Estado
de México during the period 2014-2021. The results reveal the limitations in the exercise
of the right to social protection.
Keywords: Social welfare, Vulnerability, Vulnerable groups, Inclusion-exclusion’ mechanisms,
Social protection.
Resumen
Actualmente, en México, las políticas y programas sociales, anteriormente con aspiraciones
universalistas, se han ido definiendo como vías focalizadas de atención,
limitadas por las características de la población identificada como vulnerable. El objetivo
de este artículo es analizar la configuración de los procesos de selectividad en
la asistencia social, a través de la construcción de grupos de población objetivo en la
intervención pública. El análisis se sustenta en la revisión de los programas en operación
en el Estado de México en el periodo 2014-2021, con resultados que muestran
las limitaciones en procurar el ejercicio del derecho a la protección social.
Palabras clave: asistencia pública, vulnerabilidad, grupos vulnerables, mecanismos
de inclusión-exclusión, protección social.
235

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Introducción
Uno de los argumentos que guían la aproximación
sobre la vulnerabilidad en la asistencia social,
que se examina en este texto, se basa en
la premisa de que la noción de vulnerabilidad,
imbuida en las políticas, orienta sus fines, marca
sus alcances e incide en la determinación selectiva
sobre quiénes pueden recibir sus beneficios,
y sostiene que la posición del Estado funciona
como determinante para establecer quiénes son
los vulnerables merecedores de la asistencia.
Como es posible constatar, actualmente, en
México, las políticas y programas sociales, anteriormente
con aspiraciones universalistas, se han
ido definiendo como vías estrechas de atención,
limitadas por las características de la población
identificada como vulnerable y como una lucha
entre universalismo y focalización, que ha ido
decantándose a favor de ésta última. En esas
circunstancias, se busca explorar la reconfiguración
de la asistencia social desde una mirada
que considera que la forma asumida es resultado
de su construcción social. Poner el acento
en la construcción social reviste un conjunto de
problemas vinculados a la complejidad del mundo
social y a la multiplicidad de enfoques desde
los que se utiliza el concepto.
Aquí se parte de reconocer que la forma en
la que se comprende el mundo es resultado del
conjunto de ideas, significados, valores y prácticas
establecidas como parte de la actividad
humana, que se comparten, son internalizadas y
apropiadas, individual y colectivamente (Berger
y Luckmann, 1997; Yáñez, 2010). Las políticas
públicas son parte de esos procesos de transmisión
y estructuración del orden social, y se estima
que se configuran en función del papel que
asume el Estado ante los problemas públicos. 1
En ese marco, el análisis de las políticas considera
que la forma en que los conceptos son internalizados
y apropiados en las estrategias de la
política son determinantes en el ordenamiento
social (Sewell, 2005; Koselleck, 1993).
1 La premisa de las políticas públicas como construcciones
sociales sigue las tesis clásicas de Berger y Luckmann, en el
sentido de que las instituciones políticas y económicas confieren,
transmiten y hacen obligatorios ciertos sentidos asociados
a los fines que están en sus áreas de responsabilidad,
que son internalizados e institucionalizados como valores comunes
e interpretaciones compartidas de la realidad (Berger
y Luckmann, 1997; Yáñez, 2010).
Se traza, así, una línea entre la posición del
Estado en la provisión de la protección social,
expresada en dimensiones de universalidad o
focalización de sus estrategias, con la configuración
de mecanismos selectivos de inclusión/
exclusión, a través de los cuáles se administra
el acceso a los bienes asistenciales y se ejerce
el derecho a la asistencia. El sentido estriba en
explicar que las acciones de territorialización y
espacialización que instrumenta la política construyen
grupos específicos entre los vulnerables,
configurando formas de gobernar y administrar
la atención a los problemas públicos. En esa trama,
que deja fuera a algunos individuos de oportunidades
que aseguran su bienestar; a partir de
considerar que la desigualdad siempre genera
exclusión, Therborn afirma que la inclusión es un
mecanismo igualitario que derriba obstáculos,
abre puertas y asegura derechos:
La exclusión resulta de impedir el avance o el acceso
de otros: es una división entre los que pertenecen
y no pertenecen […] como un conjunto de
obstáculos que se colocan delante de algunas personas,
un conjunto que incluye impedimentos, “techos
de cristal”, discriminaciones de diversos tipos
y compuertas cerradas […]. La estigmatización es
un indicador de la exclusión que abre heridas culturales
incurables en los que quedan afuera (Therborn,
2015). 2
En el trazo de esos vínculos, el uso de normas
de selectividad como mecanismos de inclusión/
exclusión en las políticas permiten al Estado introducir
criterios específicos de consideración
social, que establecen límites y diferencias en el
acceso a las prestaciones. Asimismo, en coincidencia
con las reflexiones de Mascareño y Carvajal
(2015), se asume que ni la exclusión ni la
inclusión deben ser contempladas como distinciones
estáticas y opuestas, ya que no son estados
sociales absolutos, sino situaciones dinámicas
y procesos en constante movilidad. Además,
se toma en cuenta que intervenciones públicas
concebidas como incluyentes tienen implícitos
2 Los vínculos de la exclusión con la estigmatización de los
vulnerables y los del estigma con la vulnerabilidad son también
advertidos por Goffman (1990-1963), al explicar la estigmatización
como un el proceso mediante el cual las sociedades
deshumanizan y excluyen a quienes se percibe que
exhiben conductas no deseadas, o bien, que no encajan en
los patrones del orden establecido. La sociedad utiliza la estigmatización
como forma de categorizar personas.
236

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
resultados excluyentes o refuerzan condiciones
de estratificación o de inclusión en la exclusión;
es decir, que existen distintas combinaciones y
grados de inclusión/exclusión que pueden combinarse
en las políticas.
La vulnerabilidad, a su vez, tiene componentes
endógenos y exógenos: de inicio está la vulnerabilidad
como alta exposición al riesgo, vista
como amenazas que se ciernen sobre los grupos,
las personas, las comunidades; la mayor exposición,
como condición de los vulnerables, se
encuentra imbricada con la precariedad, la pobreza
o las limitaciones de sus recursos; se mira
como una predisposición ligada a circunstancias
de su entorno que elevan la posibilidad de ser
afectados. En el mismo sentido, tales condiciones
inciden en una mayor posibilidad de que los
derechos humanos de los vulnerables sean violentados
(Wisner, 2016; Estupiñan-Silva, 2014;
González de la Rocha y Escobar, 2018). Desde lo
endógeno, la vulnerabilidad se identifica como
situación de indefensión condensada en fragilidades
o debilidades, que hacen a las personas
mayormente susceptibles al daño. Saraví (2006)
identifica tres dimensiones determinantes de
la vulnerabilidad: los recursos de los actores, la
estructura de oportunidades en que se insertan
y la protección social que reciben. 3 Siguiendo a
Castel (2010), enfatiza que la fuente de la vulnerabilidad
no reside sólo en los recursos ni en las
oportunidades, sino, principalmente, en la desprotección
social de los individuos, hogares o
comunidades.
Así, a partir de la centralidad de los conceptos
en la política, se exploran, en el análisis, los
mecanismos que construyen las poblaciones
particulares de los vulnerables que pueden ser
sujetos de la asistencia, mediante la revisión de
los programas puestos en operación en el Estado
de México, durante el periodo 2014-2021. Metodológicamente,
el estudio se integra a partir
del análisis documental de los programas en sus
objetivos generales, las precisiones contenidas
sobre su población objetivo y el uso que hacen
3 En opinión de Saraví (2006), la consideración aislada de las
dimensiones no permite explicar qué es la vulnerabilidad: “La
vulnerabilidad depende de los recursos, de las estructuras de
oportunidades y de las protecciones y derechos sociales que
garantice el Estado”. Su insuficiencia produce daños al bienestar
y, cuando esos daños se encadenan, se integran en otra
dimensión mayor: la de la exclusión, como “una experiencia
de alta concentración y acumulación de desventajas” (Saraví,
2006: 257).
del concepto de vulnerabilidad; la intención es
visibilizar si los criterios de selectividad aplicados
en ellos otorgan formas distintivas a la exclusión
y si la universalidad de los presupuestos
que dan sustento a los programas se mira restringida
por las definiciones de la población objetivo
y por los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios, ya que para recibir la ayuda social
deben demostrar que están en necesidad de calificar
para recibir asistencia. La indagación tiene
en cuenta que, además de las leyes y reglamentos
que constituyen las prescripciones regulatorias,
el contenido de las reglas de operación de
los programas resume los criterios de selectividad
y los requisitos que deben cumplir los beneficiarios.
A efecto de trazar esos procesos en la
asistencia, se introduce, primero, una reflexión
sobre el papel del Estado en la construcción social
de las políticas; a continuación, se revisan los
antecedentes de los programas asistenciales y
se procede al examen de los que fueron puestos
en operación en la entidad federativa durante
2014-2021.
Vulnerabilidad y políticas
de asistencia social
Georg Simmel había dicho ya, al inicio del siglo
XX, que la asistencia como acción pública interviene
en interés de la totalidad social, subrayando
que “Es la estructura general del contexto social
la que decide la cuestión del lugar que ocupa
el pobre” (Simmel, 2014). Simmel considera que
existen diferencias entre ser pobre en el sentido
individual y ser pobre en un sentido social; asume
que esas diferencias se establecen cuando se
acepta la asistencia pública, porque los receptores
de los apoyos están sujetos a objetivos,
leyes y reglas que aseguran sus derechos, pero
que también establecen límites. La aceptación
de la asistencia, argumenta Simmel, “remueve
al hombre de su estatus previo y lo reclasifica,
es la ayuda del Estado la que define al pobre y
lo clasifica o desclasifica” (2014). Lo relevante,
para nosotros, en las interacciones sobre las que
reflexiona Simmel, estriba en la importancia de
que la sociedad reconozca ese estatus especial
y que, como señala el autor, es la acción pública
la que construye quiénes son los que pueden recibir
apoyos, porque les asigna una pertenencia
o estatus que los identifica y separa. Sus con-
237

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
ceptualizaciones sobre la acción del estado y
la identificación de quiénes son los que pueden
recibir asistencia son importantes para entender
las estrategias que atienden la vulnerabilidad
moderna, por la claridad con la que advierte el
papel del Estado en la mediación entre lo individual
y lo colectivo.
La reflexión de Thomas H. Marshall sobre el
papel del Estado en asegurar los derechos sociales
es, asimismo, pertinente, ya que advierte
que, paradójicamente a lo que implica la igualdad
básica —implícita en el estatus de ciudadanía—,
la imposibilidad del Estado para asegurar
todos los derechos y atender todos los reclamos
individuales y colectivos da lugar a que acabe
haciendo distinciones entre las personas, a partir
de diversos criterios (Marshall, 1997); es decir,
“que al buscar garantizar que la igualdad de
status se traduzca en igualdad de oportunidades
en la práctica, se terminan generando brechas
entre los beneficiarios desde el momento mismo
en que éstos proceden a ejercer sus oportunidades
iniciales” (Castro, 2019).
Como puede notarse, el proceso de asistir implica
acciones de discriminación que excluyen a
grupos o personas, derivando en la presunción
de que son las estrategias de la política pública
las que construyen las dimensiones de la exclusión.
En este punto, cabe la consideración de la
asistencia como forma de inclusión compensatoria
(Mascareño y Carvajal, 2015); este tipo de
inclusión se percibe relacionada con “un restablecimiento
de condiciones de igualdad ante
diferencias contingentes injustificables (por lo
tanto no legítimas)”, ante las cuales, las políticas
buscan equilibrar situaciones desventajosas que
se asumen temporales; intencionalidad que hace
de este tipo de inclusión una exclusión incluyente
sustentada en identificar grupos estimados
como vulnerables o desiguales como poblaciones
objetivo de la intervención pública (compensación);
la acción se transforma en una inclusión
excluyente, en el sentido de que, al incluir a los
afectados, se institucionalizan las desigualdades
(Mascareño y Carvajal, 2015).
En el mismo sentido se había pronunciado
Castel (2010), puntualizando que las políticas
cumplen la función selectiva de la acción social,
al delimitar zonas de intervención que pueden
dar lugar a acciones de reparación.
Toda la tradición de la ayuda social, por lo demás,
va en ese sentido. Ésta se desplegó caracterizando
“poblaciones seleccionadas” a partir de un déficit
específico. Así se cristalizaron categorías cada vez
más numerosas de poblaciones que dependen de
un régimen especial: inválidos, disminuidos, ancianos,
económicamente débiles, niños en dificultades,
familias monoparentales, etc. (Castel, 2010:
262).
Desde esos ángulos es factible identificar factores
que inciden en la construcción de lo que es
reconocido como exclusión y como vulnerabilidad,
dado que las formas de intervención determinan
la constitución selectiva de poblaciones,
mediante normas y criterios que permiten la discriminación
sobre quiénes son susceptibles de
recibir ayuda social. Se infiere que el papel del
Estado es determinante, primero, porque construye
quiénes son los vulnerables, a partir del
reconocimiento de su pertenencia a ese sector,
cuando se les otorga asistencia; después, porque
el Estado, ante la existencia limitada de recursos
que resuelvan los problemas públicos, aplica
criterios selectivos y establece los mínimos necesarios
para su atención; finalmente, porque, a
través de las instituciones y prácticas, ejerce el
control y la gobernabilidad de la sociedad. Se argumenta,
siguiendo a Castel, que la vulnerabilidad,
como la exclusión, es un estatuto conferido
a ciertos sectores o grupos como resultado de
procedimientos oficiales: “una forma de discriminación
negativa que obedece a estrictas reglas
de construcción” (Castel, 2010).
La interpretación sobre el sentido de las reglas
a través de las cuales se controla política
y socialmente a la sociedad, mediante la formación
de determinados dominios de la política y
de la red de instituciones que funcionan como
mecanismos para vigilar y asistir a la población,
fue desarrollada por Foucault (1992), quien identificó
esos mecanismos como formas de poder
político y económico con las que el Estado vincula
a las personas con los aparatos de producción,
a través de su pertenencia a ámbitos
controlados de micropoder. En sus reflexiones,
Foucault advierte a la indagación como parte de
los métodos de formación y transformación de
los individuos, en función de normas construidas
a partir de lo que los individuos son o pueden
hacer: “el Estado se presenta como una cierta
238

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
disposición espacial y social de los individuos en
las que todos están sometidos a una única vigilancia”
(Foucault, 1992).
La argumentación coincide con la estructura
de racionalidades políticas y tecnologías de
gobierno, con referencia a los procedimientos
prácticos a través de los cuales se logra gobernar
a las personas, a efectos de alcanzar fines
que se consideran deseables, concebidos como
mecanismos o dispositivos para ejercer el poder
y el control, que incluyen técnicas de notación,
registro y cálculo; procedimientos de examen y
evaluación; sistemas de entrenamiento e inculcación
de hábitos; introducción de profesionalismos
y vocabularios técnicos (Osorio y Arteaga,
2013). 4 En ese sentido, Rose (2007) aporta una
reflexión interesante al advertir cambios en la territorialización
y espacialización de los ámbitos
de los gobiernos, que modifican las formas de
construcción de lo social como una orientación
centrada en las concepciones de la universalidad
de los derechos y de la ciudadanía, para desplazarse
hacia la identificación de grupos y comunidades
con diferentes demandas y riesgos, y que
obligan a nuevas codificaciones de los sujetos,
en las que ni los excluidos ni los incluidos son
gobernados como ciudadanos sociales.
Las instituciones forman la base de los órdenes
jurídicos de la protección social y actúan
como fuerzas de configuración de las políticas
públicas. La posibilidad de ubicar a la asistencia
como política de protección social está dada
precisamente por su carácter institucional, que
se ha ido modificando como parte de las formas
de gobernar. Por estas razones, y ante la imposibilidad
de examinar todos los aspectos que
inciden en la construcción de las políticas de
protección social, se centra la atención de este
análisis en los programas asistenciales que tienen
vigencia en el país y, particularmente, en el
Estado de México.
4 Osorio y Arteaga (2013) realizan un recorrido por los dispositivos
utilizados por las instituciones asistenciales mexicanas
para atender a los niños en situación de riesgo desde
1960 a 2010. El análisis destaca las formas de intervención y
control para la atención de los menores en situación de calle,
formas en las que se maneja de manera diferencial la carga
y descarga de responsabilidades de las instituciones públicas
frente al problema de los niños callejeros, con estrategias
que consideran o asignan responsabilidades a la familia, la
comunidad, los actores privados y los municipios; ampliando
o restringiendo las oportunidades de los menores para recibir
asistencia.
Los programas asistenciales
La asistencia social, como política pública en
México, comprende el conjunto de acciones que
han emprendido los gobiernos para asegurar
que las personas que no pueden protegerse por
sí mismas reciban la ayuda que necesitan y se
garantice el ejercicio de sus derechos. Estos rasgos
son destacados en la exposición de motivos
del Decreto por el que se aprueba el Programa
Nacional de Asistencia Social 2020-2024, cuando
señala que:
Conforme a los artículos 168º de la Ley General de
Salud y 12 de la Ley de Asistencia Social, son servicios
básicos de salud en materia de asistencia
social, entre otros, la atención a personas que, por
sus carencias socioeconómicas o por capacidades
diferentes, se vean impedidas para satisfacer sus
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo
(DOF, 2020a).
La acción de proporcionar la asistencia necesaria
consiste en estrategias prioritarias de
protección, prevención, habilitación, rehabilitación
e integración social. Las estrategias se instrumentan
mediante programas específicos, que
definen problemas, marcan objetivos, delimitan
espacios, precisan actores, acotan responsabilidades
y obligaciones del Estado, consideran los
recursos y precisan a los beneficiarios de las acciones
públicas.
Entre los rasgos distintivos de la asistencia
social, está el que casi siempre “tiene un carácter
emergente, es decir, se dirige a satisfacer situaciones
o necesidades urgentes; así como un carácter
temporal, o sea, no tiende a otorgarse por
largos periodos de tiempo; asimismo, es específica
en los satisfactores que ofrece a los grupos
o individuos a los que se dirige” (Fletes, 2004).
Estos rasgos condensan las prioridades y pueden
ser interpretados como un proceso selectivo,
integrado al conjunto de acciones a través
de las cuales el Estado cumple con la responsabilidad
de brindar ayuda social.
La asistencia se configura como una responsabilidad
del Estado y como un derecho de los
ciudadanos a lo largo de un proceso histórico. En
ese proceso se observa que, si bien en las distintas
etapas de la historia las acciones estuvieron
destinadas a brindar ayuda a niños en situación
239

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
de abandono, minusválidos y ancianos, como
poblaciones legitimadas para recibir asistencia,
la intervención del Estado tuvo propósitos múltiples
y siguió cursos diversos para llegar a definirse
como política pública, y fue gradualmente
que se le consideró un derecho de las personas a
la protección social (Guadarrama, 2001). 5 Es de
notar que las aspiraciones igualitarias y la aceptación
amplia de los derechos individuales fueron
elementos incorporados a la vida social que
impregnaron el lenguaje político de la modernidad,
adquiriendo formas universalizantes, que
pretendieron incluir a todos, al tiempo que tomaron
fuerza las ideas sobre la responsabilidad
del conjunto social. Así, los principios se convirtieron
en normas constitucionales, es decir, se
transformaron en fines y obligaciones del órgano
estatal, adquiriendo una dimensión pública.
La Declaración Universal de los Derechos
instituida en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas, en 1948, se constituyó paulatinamente
en una valiosa herramienta para orientar
las políticas públicas en busca del desarrollo
humano, el bienestar y la igualdad de oportunidades,
desde la óptica que apunta a que los vulnerables
están expuestos, en grados variables, a
sufrir violaciones en sus derechos fundamentales:
salud, educación, alimentación, a vivir vidas
seguras y protegidas. Los cambios en la concepción
de los derechos humanos y su ampliación
fueron plasmados en el Pacto Internacional de
las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y
Políticos y en el Pacto Internacional de las Naciones
Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, así como en acuerdos y convenciones
especiales, esto es, para la protección
de grupos específicos estimados vulnerables,
como las personas con discapacidad (2006), las
mujeres (1979), los niños (1989) o los migrantes
(1990) (ACNUDH, 2006).
El marco jurídico de los derechos humanos
se consolida en 2011, con la reforma al artículo
1 constitucional, que estableció que en México
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Carta Magna y en los
tratados internacionales, y que obliga al Estado
a promoverlos, respetarlos y garantizarlos, de
5 Entre los diversos propósitos pueden anotarse: la consolidación
del Estado; el desplazamiento de la caridad religiosa
hacia una acción estatal, entendida como beneficencia pública;
y la asistencia como derecho social y como medio de
compensación ante los embates del mercado.
conformidad con los principios de universalidad,
indivisibilidad y progresividad. El proceso, desarrollado
a lo largo de más de seis décadas, fue
impregnando las directrices de las políticas públicas,
marcando el papel del Estado como garante
de derechos, entre ellos a la seguridad y la
protección social.
Es en tiempos recientes que se incorporan a
la visión asistencial las ideas de que las personas
que sufren daños no son receptores pasivos o
víctimas, sino sujetos portadores de derechos,
conocimientos y capacidades para enfrentar las
amenazas y contribuir en su protección. En este
giro se concibe la vulnerabilidad a partir del reconocimiento
de las desigualdades que existen
en las posibilidades de ejercer los derechos que
el Estado debe asegurar y de que, si bien se procura
su acceso a través de las políticas públicas
de facto, esto depende de factores sociales, y
económicos, que incluyen el género, el origen
étnico, la condición social y la edad (CIDH, 2003;
Wisner et al., 2003). 6
En ese contexto, podemos decir que, en México,
es a partir de la segunda mitad del siglo
XX que los programas asistenciales comienzan
a asumir su carácter distintivo y a consolidarse
como parte de un modelo nacional; los rubros
más importantes de esa configuración son: a)
programas de atención al mejoramiento nutricional;
b) promoción del desarrollo familiar y
comunitario; c) protección y asistencia a la población
desamparada; y d) asistencia a personas
con discapacidad. La Ley sobre el Sistema Nacional
de Asistencia Social (DOF, 1986) prescribió
la obligación que tiene el Estado mexicano
de proporcionar, en forma sistemática, servicios
de asistencia social a los grupos vulnerables, según
su exposición de motivos. En esa etapa, la
asistencia se dividió en dos grandes campos de
acción: por una parte, la protección de los individuos
y grupos más débiles de la sociedad y,
por la otra, las labores de fomento de la integración
familiar y comunitaria. Para esos fines,
la intervención gubernamental contemplaba los
programas como instrumentos de acción específicos
(DIF, 1990).
6 Rosmerlin Estupiñan-Silva (2014), al examinar la vulnerabilidad
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, advierte que las posibilidades reales de
ejercicio de los derechos dependen del conjunto de atributos
sociales que son necesarios para aprovechar las oportunidades
de acceso a los mismos.
240

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Posteriormente, los programas fueron ajustándose
para aplicar criterios de selectividad,
temporalidad, productividad, coordinación y
concertación, participación y autogestión comunitaria
y descentralización de funciones en
la asistencia. 7 Con estas directrices se pretendía
identificar a las poblaciones menos favorecidas
y focalizar la asistencia, optimizar los recursos
y compartir las responsabilidades, transformando
el sistema nacional en normativo y promotor,
reduciendo su papel en la prestación de apoyos
asistenciales (DIF, 1994). A partir de 1995, la asistencia
social estuvo permeada por la aplicación
de los criterios de atención a la vulnerabilidad,
que fue conceptualizada como una disfuncionalidad
en los mecanismos de desprotección, desintegración,
desamparo o discapacidad, y marcó
la política con estrategias dirigidas a segmentos
de población muy identificados, que no contaban
con condiciones mínimas para incorporarse
a los mecanismos de integración y movilidad social.
Los principios que guiaron la operación de
los programas fueron: focalización, integralidad,
regionalización y participación ciudadana (SN-
DIF, 1995); también se precisaron criterios para
la asignación de los apoyos y se desarrollaron
indicadores de gestión y modelos de atención
específicos para los problemas que atiende la
asistencia social (DIF, 1998).
Con el arribo del milenio, las políticas de asistencia
se vieron impregnadas por los enfoques
de cambio en las funciones del gobierno, para
dar mayor eficiencia a la administración pública;
la visión gerencial destacó la necesidad de
que se siguieran líneas de profesionalización y
corresponsabilidad que contaran con una sistematización
tecnológica. Esas orientaciones dieron
peso a los programas de capacitación para
el personal, ya que los reducidos resultados en la
protección social fueron explicados por la escasa
preparación del personal que atendía las instituciones,
por lo que se buscaba hacer más eficiente
la intervención de los gobiernos (Osorio y Arteaga,
2013). Se intentó, entonces, construir un
padrón nacional de niños vulnerables, que pretendía
identificar y referir a los sujetos asistidos
7 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
como la institución responsable de la asistencia, había sido
establecido desde 1977, mediante la fusión de las diferentes
instancias de protección a la infancia que funcionaron anteriormente
en el país. La institución es, asimismo, identificada
como DIF Nacional.
para sustentar la focalización de los programas,
a través de un Sistema Nacional de Información
sobre Asistencia Social, a fin de atender específicamente
a los sujetos que lo necesitaran. 8 Es
importante notar que tales reformas obedecieron
a las prescripciones de una nueva Ley de
Asistencia Social (DOF, 2004), que contempló la
creación del Sistema Nacional de Asistencia Social,
conformado por las instituciones públicas y
privadas responsables de esos servicios.
En esta trayectoria es posible observar el encausamiento
de la asistencia hacia una atención
focalizada, que utiliza la vulnerabilidad de las personas,
grupos y comunidades para delimitar su
territorio y que requiere de la profesionalización
y la capacitación de los funcionarios públicos
para que puedan actuar con precisión y eficiencia
sobre los espacios delimitados como campos,
sectores o poblaciones objetivo. A modo de
ejemplo, se menciona que la legislación vigente
divide a los sujetos preferentes de asistencia social
en 12 grupos y 19 subgrupos, conformando
poblaciones en las que niños, mujeres y ancianos
son clasificados y reclasificados, a efecto de ser
identificados como sujetos en condición de recibir
la ayuda pública. De ese modo, una parte importante
de la orientación de los programas está
dirigida a precisar quiénes son los vulnerables, y
a construir, etiquetados, los grupos de personas
que potencialmente podrían tener acceso a la
asistencia. Un ejemplo de formación y etiquetación
de grupos se observa cuando, de conformidad
con lo que establece el artículo 4 de la Ley
de Asistencia Social (DOF, 2004), la atención
preferente a los niños se dirige a grupos específicos
de niños en situación de riesgo o afectados
por: a) desnutrición, b) deficiencias en su desarrollo
físico o mental o cuando éste sea afectado
por condiciones adversas, c) maltrato o abuso,
d) abandono, ausencia o irresponsabilidad de
progenitores en el cumplimiento y garantía de
sus derechos, e) ser víctimas de cualquier tipo
de explotación, f) vivir en la calle, g) ser vícti-
8 La medida implicaba, por ejemplo, “registrar la información
de las niñas y los niños en función del grupo vulnerable al que
pertenecían […] digitalizando no sólo su huella dactilar, sino
también su imagen” (Osorio y Arteaga, 2013: 231). La integración
de los padrones de beneficiarios no pudo concretarse;
actualmente se recaba información sobre servicios y apoyos
proporcionados por el SNDIF, los sistemas estatales y, en
menor grado, por los sistemas municipales. La información
incluye datos como el número de beneficiarios, los apoyos
distribuidos, el número de albergues y de consultas médicas.
241

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
mas del tráfico de personas, la pornografía y el
comercio sexual, h) trabajar en condiciones que
afecten su desarrollo e integridad física y mental,
i) infractores y víctimas de delito, ser hijos de
padres que padezcan enfermedades terminales
o en condiciones de extrema pobreza, k) ser migrantes
y repatriados, l) ser víctimas de conflictos
armados y de persecución étnica o religiosa,
y m) ser huérfanos (ver anexo 1).
De acuerdo con los reportes de una encuesta
realizada a los sistemas municipales DIF, en
2015 estuvieron instrumentadas de manera diversa
en el país 18 líneas programáticas de atención,
9 a través de las cuales se atendían hasta 27
grupos diferenciados en poblaciones objetivo.
Puntualmente, los servicios y prestaciones tenían
distintos tipos y coberturas en las entidades
federativas y en los municipios con diferencias
en sus poblaciones a atender, por lo que no
todos los programas estaban necesariamente
en funcionamiento en el territorio. De acuerdo
con la información de la consulta, los municipios
mexicanos desarrollan un promedio de seis programas
por año (SNDIF, 2016), el programa con
mayor presencia en los municipios es el de alimentación
(42%).
Con esos elementos resulta evidente que,
en la medida en que se aplican criterios selectivos,
se requiere integrar marcos normativos
que puedan dar sustento legal a la selección de
beneficiarios y a la temporalidad de las prestaciones,
lo que se logra a través de la legislación,
las normas técnicas, los reglamentos y estatutos
institucionales y de reglas de operación de los
programas que delimitan universos de beneficiarios
y tipos de beneficios a los que se puede
tener acceso. El instrumento rector es la Ley de
Asistencia Social, que define bases, prioridades
y modalidades para el acceso a los servicios
asistenciales, establece la concurrencia de
la federación, de las entidades federativas y de
los municipios en esta materia. El ordenamiento
precisa los sujetos que pueden recibir asistencia
y coloca en el marco legal la vulnerabilidad,
regulando y caracterizando los programas que
9 Adopción, alimentación, asistencia jurídica para la familia,
buen trato (en la familia y acoso escolar), capacitación,
seguimiento a la Convención de los Derechos de la Niñez,
explotación sexual y comercial infantil, desarrollo comunitario,
migración infantil no acompañada, adicciones, embarazo
adolescente, promoción de los derechos de la niñez, niños en
situación de calle, rehabilitación, medicina general, odontología,
rehabilitación, trabajo infantil (SNDIF, 2016).
se desarrollan en el territorio como parte de un
programa y un modelo nacional. La asistencia
se ordena, también, por leyes estatales y decretos
o acuerdos que prescriben lo que deben y
pueden hacer las instituciones y los programas.
Siguiendo la línea que guía la argumentación
sobre la forma en la que los gobiernos han ido
construyendo los universos de la vulnerabilidad
como ámbitos selectivos para la territorialización
de la asistencia, se recupera la reflexión de
Rose (2007), en el sentido de que los cambios
en la orientación seguida por los gobiernos, para
la procuración del bienestar, han estado marcados
por la desaparición de las concepciones de
lo social —sustentado en la idea de ciudadanía
y la universalidad de los derechos—, para desplazarse
hacia la conformación de zonas, grupos
o comunidades marcadas por la división de los
sujetos con distintas codificaciones, que permiten
la inclusión o exclusión; la agrupación y
fragmentación implícita en este desplazamiento
requiere de desarrollar una nueva expertise para
gobernar. Los ámbitos de la acción pública son
constituidos como espacializaciones o nuevos
territorios: movimientos que construyen las dimensiones
de la protección social. 10
En ese contexto, desde el final de los años
noventa, la expertise de los operadores pasó
a formar parte de los programas asistenciales,
mediante estrategias de capacitación para la
aplicación de los modelos de atención y como
aspecto fundamental de la evaluación del desempeño
institucional, asimilada a una orientación
normativa de la política nacional, que asumía
el propósito de hacer de las instituciones
asistenciales instancias especializadas. 11
10 Nikolas Rose (2007) considera que la reconfiguración de
los territorios de gobierno, en términos de comunidad, tiene
características significativas, entre las que incluye una
“des-totalización” de la noción de ciudadanía social, la cual
es sustituida por la diversidad de comunidades construidas
de modo localizado, heterogéneo, superpuesto y múltiple,
algunas veces definidas geográficamente como microlocalidades,
otras como comunidades virtuales e, incluso, imaginadas;
son identificaciones construidas por el discurso en
espacios no geográficos. La posición puede aplicarse a las
clasificaciones de los vulnerables observando la conformación
de grupos mediante distinciones y juicios expertos de
diverso tipo, entre los que son considerados “ciudadanos
competentes y aquellos que no lo son” (Rose, 2007: 11).
11 La mención del empleo de elementos asociados a conceptos
especializados y profesionalizantes como discriminadores
en los procesos de inclusión-exclusión refiere a la discriminación
entre conjuntos de personas identificadas como
vulnerables, en situación de abandono, desamparo o con sus
derechos vulnerados, sobre la base de que es necesario probar
la condición para recibir el apoyo asistencial. Obviamen-
242

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Asistencia social y selectividad
En continuidad con el argumento, a efecto de
explorar los procesos de selectividad y la forma
en que se configuran zonas de inclusión para la
población con derecho a acceder a la protección
social, se destacan, entre las prescripciones
del Programa Nacional de Asistencia Social
(PONAS) 2020-2024 (DOF, 2020b), algunas definiciones
sobre la orientación, contenido y aplicación
del programa.Primero, se observa que el
programa marca el rumbo a través de dos objetivos:
1) garantizar la protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes para lograr
que vivan en un entorno de bienestar; y 2) mejorar
las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad para lograr su desarrollo
integral y bienestar.
En seguida, esas metas generales se delimitan
a través de señalar problemáticas nacionales
prioritarias. La primera precisión acota que las
problemáticas nacionales que el PONAS busca
atender son dos: a) niñas, niños y adolescentes
con sus derechos vulnerados y b) personas en
situación de vulnerabilidad. La delimitación de
la zona de intervención gubernamental se traza
al constreñir la asistencia a niñas, niños y adolescentes
(NNA) que ya tienen sus derechos vulnerados
—como quiera que pueda interpretarse
ello—; en tanto que la segunda precisión, contradictoriamente,
deja abierta la atención a todas
las personas en situación de vulnerabilidad.
Con esas líneas, el programa suma a las condiciones
de las poblaciones potencialmente receptoras
de prestaciones asistenciales el haber
padecido, o ser con anterioridad, víctimas de
distintos males que han vulnerado sus derechos.
Después, se marcan condiciones a la situación
de vulnerabilidad para efectos de ubicar la acción
como dirigida solamente a la población focalizada,
identificada con términos como abandono,
desamparo o discapacidad (DOF, 2020b).
Así, el programa identifica primero, entre las
personas en situación de vulnerabilidad, a quienes
sufren alguna discapacidad, a los adultos
mayores, los NNA en desamparo, la población
con carencia de redes sociales de apoyo, los habitantes
de localidades de alta y muy alta marte,
este supuesto no es aplicable a las estrategias de rehabilitación,
atención a discapacitados, atención a la salud y otras,
cuyas normas técnicas precisan que solamente pueden ser
aplicadas por personal profesional, debidamente certificado.
ginación con destrucción de su tejido social, la
población sin posibilidad de acceso a servicios
de esparcimiento y recreación, así como aquella
que requiere de asistencia por haber sido afectada
por algún desastre natural.
En estas prescripciones resulta claro que el
programa nacional se mueve en una dimensión
de inclusión-exclusión cuando incluye a todos
los NNA que se encuentren en situación de riesgo,
a las mujeres, los indígenas y los desplazados.
Sin embargo, en sus precisiones puede notarse
la construcción de una población objetivo
limitada a grupos específicos, en las que se identifican
“principalmente” a los ya vulnerados y no
a los vulnerables: los menores abandonados,
ancianos en desamparo y discapacitados, con
lo cual la amplia definición de los sujetos que
podrían ser asistidos enfrenta restricciones. Es
de tomar en cuenta que priorizar la asistencia en
los ya vulnerados lleva implícita la concepción
de las personas como aquellas que han sufrido
con anterioridad daños, es decir, se los considera
víctimas y no sujetos con derechos a la protección
social.
A esta interpretación se suma la mención de
la obligación del Estado de identificar los grupos
que requieren atención prioritaria y que señala:
“Por ello, es menester garantizar servicios
de asistencia social a los considerados como los
desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados
en el PND 2019-2024, con el propósito
de que gocen de un entorno de bienestar, atendiendo
los principios rectores de No dejar a nadie
atrás, no dejar a nadie fuera y Por el bien de
todos, primero los pobres” (DOF, 2020b).
Para la intención de este análisis, es relevante
notar las dificultades de interpretar quiénes son
considerados desposeídos, oprimidos, despojados
o discriminados, es decir, quiénes son ellos,
los vulnerables, ambigüedad que hace posible
las interpretaciones discrecionales que sustenten
los criterios asociados al acceso a los bienes
asistenciales. En resumen, las observaciones sobre
el proceso selectivo en el programa nacional
se concentran en los siguientes puntos:
• La orientación para promover, coordinar,
fomentar, impulsar, más que asumir, responsabilidades
directas.
• La intención de seleccionar y construir
grupos específicos de población objetivo.
243

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
• La prescripción para que las intervenciones
estén dirigidas a poblaciones claramente
identificadas, por lo que la acción es focalizada.
• El uso de términos ambiguos e indiscriminados
para identificar a los sujetos de la
asistencia, que dejan abiertos márgenes muy
amplios de discrecionalidad para su interpretación.
La normatividad desplaza la intencionalidad
de que la asistencia se concrete como
un derecho social.
En otras palabras, el programa deja claro que,
en materia de asistencia, el Estado sólo interviene
en los casos graves de incapacidad o desprotección.
La posición se traza como una línea de
restricción que conduciría a proporcionar asistencia
solamente a sujetos con vulnerabilidades
acumuladas, definidos como “quiénes ya han
sido vulnerados”.
Las reglas de operación
y el proceso selectivo
Si se tiene en cuenta que la asistencia pública en
el país se organiza mediante un sistema nacional,
vinculado a través de niveles de gobierno
y de programas que concretan las estrategias
dirigidas a resolver los problemas, se infiere que
el proceso de construcción de las poblaciones
objetivo es guiado por las reglas que regulan
los programas; se conforman, así, mecanismos
a través de los cuáles las relaciones, atribuciones
y obligaciones del Estado son establecidas
como reglas de operación, asegurando el control
del gobierno sobre las decisiones de la política.
Las reglas de operación son el conjunto
de normas regulatorias en la implementación de
los programas y tienen carácter obligatorio en
su aplicación para las instituciones responsables
de la ejecución de las políticas públicas.Consecuentemente,
las reglas resumen el conjunto de
prescripciones que dan cuerpo y sentido a los
programas, delimitan su campo y especifican a
los sujetos de la asistencia, a través de precisar
los criterios aplicables para la ejecución correcta
de cada programa. Desde la óptica de este análisis,
las reglas de operación se constituyen en la
herramienta política a través de la cual se ejerce
el control de la acción gubernamental. Cabe
notar que no obstante el supuesto de ser formuladas
como el medio para asegurar eficiencia
en la operación y procurar el uso adecuado de
los recursos, las reglas de operación no son apolíticas
ni neutrales, tampoco son instrumentos
meramente técnicos de procedimiento, ya que
inciden en la regulación de la implementación y,
sin ellas, el programa no tiene aplicabilidad. En
ese sentido, las reglas de operación pueden ser
vistas como las herramientas que delimitan los
territorios, las características y las dimensiones
de la intervención gubernamental; no debe desecharse
la intencionalidad de la administración
de mejorar y controlar los procesos de ejecución,
y el hecho de que no son intencionalmente
negativas o discriminatorias, aun cuando generalmente
subyace en ellas la presunción de que
los recursos no son suficientes para atender a
todos los demandantes, por lo que es necesario
fijar prioridades, metas e indicadores de logro
en el desarrollo de los programas.
Los modelos de intervención
Otro de los mecanismos de regulación, control
y selectividad en las políticas son los modelos
que integran propuestas específicas de procedimiento
en los servicios asistenciales, que funcionan
a manera de normas técnicas de proceso y
certificación. Los modelos resumen la forma en
la cual se combinan distintos elementos que imprimen
una dirección a la política. Cada modelo
integra los principios, fines, normas, recursos,
expectativas de resultados y capacidades de los
agentes. A través de su conformación se orientan
las formas específicas que debería asumir la
prestación de los servicios.
En México, los modelos de intervención en el
campo de la asistencia están determinados por
las prescripciones legales, normas técnicas, conceptos
y criterios para la obtención de la certificación.
El modelo es el resultado de un proceso
sistematizado y estructurado, que permite construir
propuestas de intervención planificadas y
fundamentadas, conceptual y metodológicamente.
Los modelos usan distintas concepciones
de la vulnerabilidad como identificadores de
la población objetivo.
Al poner la mirada en este mecanismo habría
que tener en cuenta que el establecimiento de
los sistemas municipales DIF, al final de la década
de los noventa, tuvo como propósito hacer
244

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
mejor las cosas; pero, históricamente, las diferencias
en el desarrollo de los municipios y de
las propias dependencias generaron desigualdades
regionales y locales en su operación y, sobre
todo, crearon divergencias en el acceso y la calidad
de los servicios que se brindaban; con ello,
muchos problemas se enfocaron en saber el qué
y el cómo de la asistencia. Ante esa situación, el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (SNDIF) promovió la elaboración de lo
que llamó “modelos de intervención en asistencia
social”, los cuales comprendieron propuestas
de atención a problemas específicos. Esto puede
verse como un esfuerzo emprendido para ordenar
acciones sociales de orden asistencial que
se encontraban muy dispersas; también, como
un esfuerzo para recuperar experiencias en la
atención a la población vulnerable.
La propuesta de trabajar con modelos inicia
en 1999, cuando el SNDIF cambió sus funciones
de operativas a normativas, al no poder asumir
responsabilidades directas por la calidad en la
prestación de los servicios; a eso se sumaban los
problemas para lograr una acción coordinada
entre el área central y las dependencias locales.
Entonces, se estimó necesario impulsar el desarrollo
de los sistemas municipales, para fortalecer
sus capacidades de funcionamiento y operación,
por lo que era indispensable brindarles
los apoyos metodológicos que permitieran una
atención eficiente, que respondiera a las necesidades
de la población vulnerable.
La estrategia elegida fue el diseño de modelos
que funcionaran como guías que recogieran la
experiencia institucional y el conocimiento sobre
las mejores prácticas de atención a la vulnerabilidad
social. 12 Cabe mencionar que el desarrollo
de modelos en el ámbito social era relativamente
nuevo, por lo que el papel del SNDIF, desde
su postura normativa y coordinadora, resultaba
fundamental para el cambio en el quehacer de la
asistencia; se puso, entonces, en primer plano la
capacitación y el asesoramiento a los sistemas
estatales y municipales en la elaboración de los
modelos, bajo la premisa de conformar inter-
12 Producto de esta orientación fue la elaboración de materiales,
entre los que destacan: “Criterios y Lineamientos
Normativos para el Diseño de Modelos de Intervención”, que
establece los elementos mínimos para la construcción de un
modelo; “Manual para el Diseño de Modelos de Intervención
a partir de necesidades detectadas” y “Manual para el Diseño
de Modelos de Intervención a partir de la sistematización de
experiencias”.
venciones institucionales orientadas a atender o
prevenir problemas en la esfera de la asistencia.
Algunos modelos consolidados son, por ejemplo,
el modelo de atención para la operación de
los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI), que atienden a la infancia institucionalizada;
el de atención a menores albergadas; el de
casas cuna y otros que se presentan en el cuadro
1, aun cuando se aclara que el SNDIF contaba ya,
en 2013, con 38 modelos de atención.
Núm.
1
2
3
4
5
6
Cuadro 1
Modelos de Intervención
en Asistencia Social del SNDIF
Modelo
Metodología para la Atención de
Adolescentes Fronterizos en Estaciones
Migratorias
Modelo Preventivo de Riesgos
Psicosociales para Menores Adolescentes.
Chimalli. DIF
Modelo de atención CADI (infancia
institucionalizada)
Modelo de atención CAIC (infancia atención
comunitaria)
Modelo de educación no formal (menores
trabajadores)
Programa para la Prevención, Atención y
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano
Marginal
7 Modelo de Atención a Casas Cuna
8 Modelo de Atención a Menores Albergadas
9 Comunidad DIFerente
10
Estrategia integral de Asistencia Social
Alimentaria
Fuente: Elaboración propia con base en SNDIF, 2013.
Si bien el modelo es un instrumento metodológico
que, a partir de experiencias, combina
elementos para entender y guiar la función
de proveer asistencia, y queda claro que su intencionalidad
primaria está dirigida a asegurar
condiciones de calidad para una atención digna
y respetuosa a quienes son asistidos, cuidando
que se cumpla con los requisitos de eficiencia
y profesionalización, en su concepción como
guía de implementación se percibe también su
uso como herramienta de selectividad de los
beneficiarios. En ese sentido, es la concepción
de la vulnerabilidad desde la cual se integran
245

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
las acciones, donde los modelos determinan sus
posibilidades de promover equidad en el acceso
a los derechos sociales y pueden favorecer
condiciones de exclusión de individuos y grupos
poblacionales. La acción inclusiva/excluyente
puede observarse en el modelo de “Atención de
Casa Hogar para niñas o adolescentes”, dirigido
a acoger niñas huérfanas abandonadas por los
padres o por uno de ellos, siempre y cuando el
otro no esté capacitado para atender a la menor,
hijas de padres enfermos, privados de la libertad
o que sean víctimas de un medio hostil que impida
su sano desarrollo. En suma, tanto las reglas
de operación como los modelos de atención son
mecanismos que guían y controlan la correcta
implementación de las estrategias asistenciales;
simultáneamente, se constituyen en referencias
clave para la evaluación del desempeño institucional,
por lo que son componentes básicos
para la consecución de sus objetivos. La consideración
de su función selectiva se implica en el
manejo diverso de la noción de vulnerabilidad
contenida en tales instrumentos, que se traduce
en la conformación de grupos que, no obstante
compartir características afines, pueden ser
excluidos del acceso a los bienes asistenciales,
de tal modo que se marcan divisiones entre los
vulnerables, condicionando que algunos puedan
recibir ayuda y otros no.
Los programas de asistencia social
en el Estado de México
En el seguimiento que hemos emprendido de los
mecanismos que construyen los grupos particulares
de los vulnerables que tienen acceso a la
asistencia se ha argumentado que esta vertiente
de la protección social se articula, en la política,
en ámbitos diferenciados de intervención, a través
patrones normativos institucionalizados; los
ámbitos de institucionalización relevantes son:
a) La conformación de un marco jurídico normativo
—Ley General de Salud, Ley de Asistencia
Social, Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, leyes estatales
de asistencia social—, que integran los servicios
en un Sistema Nacional de Asistencia Social
y un conjunto de normas que regulan el
tipo de prestaciones y las responsabilidades
de su procuración.
b) El establecimiento de mecanismos de
coordinación, como parte del Sistema Nacional
de Asistencia Social que configura la
protección asistencial en el territorio, el cual
establece y vincula las responsabilidades de
la federación, los estados de la república, los
municipios y el sector privado en la prestación
de los servicios y en la procuración de
los recursos para su gestión.
c) El establecimiento de instituciones administradoras
y prestadoras de servicios asistenciales:
sistemas estatales, sistemas municipales,
oficinas, centros asistenciales, centros
de atención, unidades móviles y de atención
comunitaria. Las instituciones —como es el
caso de los sistemas municipales DIF— son
unidades concentradoras de atención de los
programas e incluyen dependencias, como
casas cuna, casas hogar, unidades básicas de
rehabilitación, centros de desarrollo infantil
y centros de asistencia infantil comunitarios.
A través de ellas se ofrecen las prestaciones
de asistencia alimentaria, asistencia a la discapacidad,
albergues, etcétera. En 2015, las
instituciones prestadoras de servicios con mayor
presencia en el país fueron las unidades
básicas de rehabilitación (978 municipios) y
las de alimentación escolar (781 municipios);
en contraste, los establecimientos con menor
presencia fueron las casas hogar para niños y
niñas (28 municipios) y casas cuna (24 municipios)
(SNDIF, 2016). La distribución y tipo de
establecimientos en el territorio es variable.
d) El desarrollo de estrategias operacionales
a través de planes, programas, reglamentos,
normas técnicas, reglas de operación y guías
de apoyo para el establecimiento, la procuración
y la prestación de los servicios.
El organismo que tiene a su cargo la coordinación
general de la asistencia es el SNDIF (DOF,
1977; DOF, 1986), como la institución responsable
de regular y coordinar el funcionamiento del
Sistema Nacional de Asistencia Social. Este sistema
se integra por las instituciones públicas y
privadas que brindan servicios asistenciales; en
él se integran los 32 sistemas que operan en las
entidades federativas y los 2469 sistemas municipales
DIF. 13 Los sistemas municipales son
13 El dato refiere al número de municipios que tenía el país
en 2020 (Inegi, 2020). Algunos de ellos no cuentan con un
246

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
las unidades institucionales responsables de la
procuración de la asistencia y de la ejecución
de los programas. El análisis de Blázquez (2017)
sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social
refiere que en 2017 se operaban, en los municipios
del país, 13,154 programas, lo que muestra
no solamente la importancia de las políticas
en el territorio, sino la diversidad de las estrategias
asistenciales. Otro sector que se integra
a la asistencia se constituye por los actores privados,
a quienes se les conceden autorizaciones
para procurar servicios. 14 Con esas atribuciones,
el SNDIF es el rector de la política social asistencial
y le corresponde orientar los programas; en
las últimas décadas se ha observado un desplazamiento
en el que las acciones gubernamentales
se han trasladado hacia áreas diferentes de la
administración pública. 15
Los programas asistenciales
Acompasadamente con los procesos de institucionalización
de la asistencia emprendidos por
el país, desde 1997 en la entidad mexiquense se
constituyó el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México (DIFEM). El
decreto de creación asignó al DIFEM la responsabilidad
de dirigir la asistencia; la dependencia
inició su operación con cuatro programas básicos:
medicina preventiva y nutrición, educación,
promoción social y desarrollo de la comunidad.
La importancia de articular la asistencia con programas
se advierte en que, en ese año, se puso
en operación, por primera vez, el presupuesto
por programas, y fue el DIFEM la primera dependencia
asistencial en el país en funcionar con
sistema municipal DIF formalmente constituido y la referencia
alude solamente a la dependencia responsable de la asistencia.
14 Existen otras vertientes de la acción gubernamental dirigidas
a la procuración del ejercicio de los derechos humanos
para la población, como las procuradurías para la Defensa del
Menor y la Familia y para la Defensa del Adulto Mayor; en algunos
estados de la república, existen las procuradurías para
la Defensa de las Personas con Discapacidad. Cabe notar que
no son dependencias que brinden servicios asistenciales, aun
cuando operan en estrecha vinculación con instancias de los
sistemas DIF estatales y municipales.
15 En las últimas décadas se implementaron en el país programas
asistenciales que han sido adscritos a otras áreas
administrativas de procuración de bienestar; por ejemplo, el
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
2019, consistente en la entrega de una pensión no contributiva.
Este programa es operado por la Secretaría del Bienestar,
no por el SNDIF, que históricamente había procurado la asistencia
a los adultos mayores.
ese esquema. Es de notar que la ejecución de los
programas y su interpretación en términos de su
contribución a la procuración de protección social
fue flexible y divergente, con estrategias que
comprendían educación vial, cursos de manejo a
la defensiva, instalaciones piscícolas, reforestación,
casas de cultura, música, conciertos y excursiones
turísticas; actividades que no necesariamente
estaban vinculadas con los grupos a los
que se destinaba la asistencia (DIFEM, 1978). 16 En
esa secuencia, hasta 1989 el DIFEM realizaba sus
actividades con base en el programa nacional,
que comprendía a su vez 10 subprogramas básicos,
pero a partir de 1990 se puso en operación
una nueva estructura programática, con cinco
programas: Enlace Comunitario, Atención y Mejoramiento
Nutricional, Promoción del Desarrollo
Familiar y Comunitario, Protección y Asistencia
a la Población en Desamparo y Asistencia a
Minusválidos. La estructura incorporaba los programas
y subprogramas anteriores, y agregaba
la oportunidad de atender necesidades específicas
de la entidad. Una vertiente importante de
los programas fue el establecimiento de cocinas
populares; otra, la de atención a menores en situación
extraordinaria.
Cinco años después, los programas fueron 12,
la vulnerabilidad, además de atender a grupos
específicos, se ubicaba en comunidades con elevados
indicadores de marginación. Este enfoque
procuró la identificación de beneficiarios y se
construyeron indicadores particulares dirigidos
a reorientar programas que no atendían grupos
de alto riesgo y se dio prioridad a consolidar la
descentralización de los sistemas municipales
(DIFEM, 1995). 17 En 1997 se juzgó necesario efectuar
una reorientación del programa general de
asistencia en la entidad; se partió de reconocer
que las acciones eran limitadas y no se contaba
con la suficiente capacidad para atender a toda
la población que requería asistencia, por lo que
se propuso optimizar los recursos integrando los
programas a través del diseño de un “Modelo de
16 En 1978 se había constituido en el país un fondo asociado
a la asistencia pública, denominado Fondo para Actividades
Sociales y Culturales (Fonapas), a través del cual se canalizaban
recursos para actividades de difusión cultural y artística.
17 La conformación de los sistemas municipales DIF había iniciado
desde 1985, pero fue en el periodo 1993-1995 cuando
se formalizó y completó su constitución como organismos
públicos descentralizados, con patrimonio propio, responsables
de ejecutar la asistencia social en los 122 municipios que
integraban el Estado de México en ese entonces.
247

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Asistencia Social a Grupos Vulnerables”, que estuvo
dirigido a identificar los factores de vulnerabilidad
y a los grupos sociales específicos que
serían atendidos por las instituciones asistenciales,
focalizando la atención en las comunidades
indígenas y las zonas marginadas.
En el final de la década de los noventa se informa
que el DIFEM procuraba proporcionar una
asistencia eficiente, oportuna, cálida y amable, a
través de la ejecución de nueve programas, 20
subprogramas y 41 proyectos, aceptando que la
institución tenía una capacidad limitada y que
la provisión estaría dirigida solamente a quienes
solicitaran los servicios. La asistencia, concebida
como instrumento para abatir desigualdades, se
comprendía dirigida a la gente en condiciones
de pobreza. La vulnerabilidad no estuvo especificada
(DIFEM, 2001).
En el seguimiento de la forma de atender las
necesidades de asistencia social también es observable
el desplazamiento de las áreas responsables
de su procuración, desde el DIFEM hacia
la Secretaría de Desarrollo Social. En 2014 se reportaba
la ejecución de nueve programas asistenciales,
con 31 rubros de intervención (Saimex,
2020); no obstante, algunas estrategias de atención
alimentaria y el programa de atención a los
adultos mayores ya habían sido transferidos al
área de desarrollo social.
Los programas que tenían vigencia en la entidad
en 2016 pueden observarse en el cuadro 2.
Cuadro 2
Programas de asistencia social en el Estado de México, 2016
Alimentación y nutrición familiar
Prevención y bienestar familiar
- Desayuno escolar frío.- Raciones vespertinas.-
Nutrición familiar.- Atención a menores de cinco
años.- Horta DIF.- Orientación alimentaria.- Desayuno
escolar comunitario.- Espacios de alimentación,
encuentro y desarrollo.
Adultos mayores
- Atención integral al adulto mayor.- Integración de
grupos de adultos mayores.- Casa del adulto mayor.-
Paseos recreativos para adultos mayores.- Emisión
de credencial del DIFEM.- Gestión de convenios
y cartas compromiso con prestadores de
bienes y servicios.- Trabajo social para adultos mayores.-
Capacitación a promotores municipales.- Capacitación
a adultos mayores.- Convivencia intergeneracional.
Otorgamiento de zapato ortopédico
- Atención a los menores trabajadores urbano marginales.-
Atención integral al adolescente.- Atención
integral a la madre adolescente.- Servicio de orientación
psicológica.- Red de difusores infantiles.- Prevención
de las adicciones.- Atención psicológica y
psiquiátrica.- Departamento de salud mental de la
mujer.- Integración familiar.- Planificación familiar y
salud reproductiva.
Canasta mexiquense, nutrición en grande
para personas con discapacidad
Consiste en la entrega bimestral de una canasta alimentaria
para personas con discapacidad, a niñas, niños,
adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores
con discapacidad permanente de tipo intelectual,
auditiva, neuromotora o visual, de escasos recursos
económicos.
Entrega de becas “Metrum”
(Menores Trabajadores Urbano Marginales)
Destinado a niñas y niños de 4 a 7 años y 11 meses de
edad, con defectos plantares, inscritos en escuelas
públicas del Estado de México.
Becas a niñas, niños y adolescentes en situación de
calle o en riesgo de 6 a 17años 11 meses, para fortalecer
el ámbito educativo y contribuir a la prevención,
desaliento y, a largo plazo, erradicación del trabajo
infantil en la entidad.
248

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Continuación Cuadro 2
Programa de desarrollo social para atención a
niñas y niños menores de cinco años
Entrega de apoyos alimentarios y acciones complementarias
de orientación alimentaria a niñas y niños
menores de cinco años no escolarizados que sean
diagnosticados por el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México con desnutrición
o en riesgo, ubicados en comunidades marginadas
de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas
prioritarias del Estado de México, focalizando a los
municipios prioritarios de acuerdo a resultados del
Quinto Censo Estatal de Peso y Talla, a la herramienta
del Reloj de la Desnutrición en México y los municipios
prioritarios.
Programa de desarrollo social desayuno escolar
comunitario
Entrega de insumos alimentarios no perecederos
para la preparación diaria de un primer alimento, desayuno
caliente, a menores escolares de educación
básica de los sistemas educativos estatal y federal,
que asistan a planteles escolares públicos, ubicados
en el Estado de México.
Al beneficiario se le cobrará una cuota de recuperación
que los padres de familia definirán en asamblea,
que oscila de $3.00 a $6.00; el fondo de ahorro producto
de las cuotas de recuperación serán utilizadas
para la compra de los productos perecederos que
complementarán los menús, para la reposición o reparación
del mobiliario, equipo y utensilios.
Fuente: elaboración propia a partir de Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México (2016).
El recorrido por los programas implementados
en la entidad muestra que si bien existen
líneas de continuidad en la prestación de servicios,
también están presentes una diversidad de
estrategias e, incluso, una dispersión programática,
traducida en desviación de los propósitos
asistenciales, que da lugar a acciones discrecionales,
focalizadas y excluyentes, y a que la asistencia
no pueda ser integral o que la ayuda y
protección social sean mínimas, en función de
ajustar el gasto público. En resumen, se puede
decir que la interpretación de quienes son los
vulnerables beneficiarios de la ayuda social ha
obedecido a criterios temporales y discrecionales,
que podían, potencialmente, generar las
desigualdades que pretendían aliviar.
La noción de vulnerabilidad
y los procesos de selectividad en los
programas asistenciales mexiquenses.
La configuración de la propuesta analítica
El eje del estudio de los programas se estructura
en torno a la idea de que, a efecto de procurar
la protección social en el ámbito de la asistencia
pública, los programas, además de ofrecer
prestaciones, bienes y servicios, configuran zonas
y grupos de población objetivo que implican
procesos de inclusión/exclusión para los beneficiarios
y demandantes de la ayuda social. La
propuesta analítica sustentada en la revisión documental
de las reglas de operación de los programas
es guiada por la premisa de que el uso
conceptual de la vulnerabilidad y los criterios de
selectividad aplicados marcan la asistencia con
tendencias restrictivas, que obstaculizan el acceso
a las prestaciones asistenciales a grupos
y personas que, potencialmente, tendrían derecho
a ser atendidos; es pertinente aclarar que el
examen sigue una metodología comprensiva-interpretativa,
a partir de la identificación conceptual
en dos etapas: la primera, a través de dos
descriptores: objetivo del programa y población
objetivo; la segunda, centrada en el concepto
descriptor de la vulnerabilidad (ver anexos 1 y
2). A través de esos descriptores se integran criterios
selectivos, que son la base de la inferencia
sobre las tendencias de la políticas.
La revisión se realizó mediante el seguimiento
de los programas aplicados en la entidad mexiquense
en el periodo 2014-2021, sobre puntos
clave de la incorporación de mecanismos que
amplían o restringen el acceso a la asistencia. Los
puntos considerados son: a) el objetivo general
explícito de cada programa, b) la población objetivo
a la cual se destina la atención o servicio,
c) el concepto de vulnerabilidad inferido en sus
planteamientos, d) la tendencia que siguen los
mecanismos de selectividad para la conformación
de grupos específicos de atención.
La exploración se presenta en cuadros representativos
del contenido de los programas aplicados
en el periodo que comprende el estudio.
Adicionalmente a la recopilación y sistematización
de la información, se traza la interpretación
249

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
semántica de lo que ha sido estimado como vulnerabilidad,
que configura una representación
de los vulnerables merecedores de recibir la
ayuda social (ver anexos 1 y 2).
Los mecanismos de selectividad, identificados
aquí como criterios de selectividad, son los
siguientes:
a) Selectividad por edad.
b) Selectividad por pobreza/bajos ingresos/
línea de pobreza.
c) Discapacidad/ enfermedad/ condición física
d) Vulnerabilidad/pertenencia a grupos vulnerables.
e) Selectividad por escolaridad/cumplimiento
de requisitos escolares.
f) Selectividad por condición de riesgo/víctimas
de cualquier forma de explotación.
g) Selectividad por situación de calle.
h) Selectividad por desnutrición/riesgo de
desnutrición.
i) Selectividad por condición de migración.
j) Selectividad por sexo/género.
k) Selectividad por zona de marginación/
zona de rezago social.
l) Otros factores.
Cabe notar que la agrupación por criterio de
selectividad se integró con base en las reglas de
operación de los programas, y que en ellas se
advierte que los criterios se encuentran intrínsecamente
vinculados a los objetivos generales de
los programas y a la identificación de su población
objetivo, lo cual se corresponde apropiadamente
con su estructura, por lo que marcan
la norma para su implementación, así como su
cobertura, en un proceso de racionalidad que se
estima indispensable para alcanzar los fines de
la política. No obstante, desde el punto de vista
de este estudio, esas prescripciones se configuran
como criterios de inclusión/exclusión cuando,
al criterio que define la población objetivo,
se suman condicionamientos particulares, que
configuran subgrupos discrecionales, los cuales
operan como factores adicionales de clasificación
y reclasificación que extreman la focalización
del programa, dejando fuera a grupos y
personas que potencialmente tendrían derecho
a ser beneficiarios de éste (los beneficiarios que
quedan fuera son identificados en las reglas de
operación como población potencial comprendida
o descrita como la población destinataria
general del programa).
Los rasgos de la conformación
de la selectividad
En la construcción del proceso de comprensión-interpretación
de las tendencias asistenciales
se revisaron 28 programas que estuvieron en
operación durante el periodo 2014-2021, organizados
en cuatro categorías: programas para
personas con discapacidad, nutricionales, comunitarios
y mujeres (ver anexo 1). El énfasis fue
puesto en el concepto de vulnerabilidad y en la
formación de grupos particulares de beneficiarios,
por lo que no se examina cuantitativamente
la población atendida anualmente, tampoco los
números sobre los apoyos otorgados. Así, por
ejemplo, se percibe como focalización que puede
ser excluyente si, para otorgar un apoyo consistente
en unos lentes para un adulto mayor, se
agrega comprobar sus bajos recursos, vivir en
zonas clasificadas como de alta marginación o
presentar alguna otra discapacidad. Este tipo
de apoyo sería también excluyente si solamente
puede ser recibido una única vez —de tal modo
que un escolar no podría recibir o ajustar sus
gafas de acuerdo con sus necesidades oftalmológicas—,
es decir, se configura como procedimiento
de inclusión/exclusión.
Por éstas y otras razones similares (como el
no residir en un municipio considerado prioritario)
resulta importante identificar el número de
criterios de selectividad que aplican los programas
y que son adicionales al que marca su población
objetivo. De ese modo, se puede inferir
qué programas que aplican hasta cinco criterios
obligan a reclasificar en grupos a las personas
que solicitan los bienes y servicios asistenciales,
lo cual también expresa, sumariamente, los criterios
de vulnerabilidad que orientan la estrategia.
Asimismo, se considera que se construyen grupos
y espacios de territorialización que actúan
como delimitaciones restrictivas, sobre todo si
se tiene en cuenta que la población que no tiene
acceso a la seguridad social en la entidad continúa
siendo muy elevada (52.7%, 9,005,317 personas)
(Secretaría de Bienestar, 2022) y que la
condición de pobreza alcanza a 8,342,500 personas
(Coneval, 2020).
250

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Cuadro 3
Identificación de criterios de selectividad en los programas asistenciales
Criterio de selectividad
Programas mexiquenses de asistencia
social 2014-2021
Delimitados discrecionalmente por la edad 17
Pobreza/Bajos recursos 13
Discapacidad/condición física condicionante 7
Educación básica 6
Vulnerabilidad social/Grupos vulnerables 13
En riesgo o víctimas de cualquier forma de explotación 1
Situación de calle 1
Riesgo de/o desnutrición 8
Migrantes o en riesgo de migración 1
Sexo/género 2
Zonas de marginalidad y rezago social 14
Otros factores aplicados a situaciones particulares 8
Fuente: elaboración propia con base en las reglas de operación de los Programas del DIFEM publicadas en el Periódico Oficial
Gaceta del Gobierno, Estado de México, para los años 2014-2021 (DIFEM 2014/2021).
Gráfica 1
Programas mexiquenses de asistencia social
que aplican criterios de selectividad,
2014-2021
Gráfica 2
Programas mexiquenses de asistencia social
y criterios de selectividad
Fuente: elaboración propia con base en las reglas de operación
de los programas del DIFEM publicadas en el Periódico
Oficial Gaceta del Gobierno, Estado de México, para los años
2014-2021 (DIFEM, 2014/2021).
Fuente: elaboración propia con base en las reglas de operación
de los programas del DIFEM publicadas en el Periódico
Oficial Gaceta del Gobierno, Estado de México, para los años
2014-2021 (DIFEM 2014/2021).
Como puede observarse, la totalidad de los programas aplican más de un criterio adicional al
indicado por su población objetivo y 50% de ellos utiliza hasta cuatro o cinco criterios adicionales
que los beneficiarios deban cumplir para tener acceso al apoyo, lo cual obliga, procedimentalmente,
a una reclasificación en subgrupos. En el proceso quedan excluidos quienes solamente cumplen
con uno, dos o tres criterios de inclusión (cabe advertir que, como su aplicación es discrecional, es
posible que el manejo de los criterios sea flexible y, en mayor o menor medida, incluyente).
251

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Asimismo, en la interpretación de la selectividad
y en la observación de las dificultades
para su aplicación objetiva y no discrecional,
las consideraciones sobre las concepciones de
vulnerabilidad contenidas en los programas son
importantes; por eso, algunos de ellos se apoyan
adicionalmente en glosarios sobre la interpretación
que debe darse a los términos que condensan
el criterio (ver anexo 2). Sumariamente,
la revisión preliminar del contenido de los programas
asistenciales mexiquenses en los rubros
de su objetivo general, la población objetivo y
el concepto de vulnerabilidad que incorporan
para la conformación de las zonas o sectores de
atención (anexo 1) muestra la existencia de mecanismos
de inclusión/exclusión que pueden ser
empleados de manera discrecional, para reducir
o ampliar la cobertura de los servicios y prestaciones
de la asistencia. Se observa en ellos que
la noción de vulnerabilidad se encuentra asociada
a las condiciones de pobreza de los demandantes,
a quienes se solicita, en muchos casos,
comprobar tal condición a efecto de recibir los
apoyos.
En este punto habría que recuperar la discusión
de que conceptualmente pobreza no es
lo mismo que vulnerabilidad y que la población
que requiere de asistencia incluye personas en
situación de riesgo, no necesariamente caracterizadas
como pobres; por ejemplo, madres solteras,
adultos mayores o discapacitados.
En consecuencia, un problema significativo
para aproximarse al entendimiento del concepto
de vulnerabilidad, y a su contextualización
en la asistencia, estriba en que en sus distintas
acepciones está estrechamente relacionado con
otros conceptos, como pobreza, capacidades,
riesgos, desastres y resiliencia. En lo que concierne
a la pobreza, algunas formas de considerar
la vulnerabilidad marcan distinciones claras
entre pobreza y vulnerabilidad; la pobreza refiere
a privación, a necesidades básicas insatisfechas,
a restricciones de acceso a recursos o
bienes; mientras que la vulnerabilidad refiere a
la falta de capacidad de protegerse a sí mismos
y de recuperarse de los daños o calamidades
(Chambers,1989; Cardona, 2003).
Problemas similares se generan con la frecuente
inserción de la marginalidad como criterio
selectivo de la vulnerabilidad, que es empleado
para determinar quiénes pueden ser
asistidos, puesto que si bien puede ser percibida
como una noción útil para priorizar poblaciones
en mayor situación de riesgo, las necesidades y
las demandas de protección social también se
encuentran en poblaciones que no se ubican
en zonas de alta marginalidad. De ese modo, se
construyen ámbitos discrecionales de territorialización
de la asistencia, que afectan la universalidad
que presuponen las políticas.
De la revisión de los programas puede inferirse,
también, que la vulnerabilidad es definida, de
manera muy general, como poblaciones en situación
de riesgo o con desventajas acumuladas,
lo cual, como señalan Rubio y Flores-Palacios
(2018), genera un uso superficial del concepto
que no permite el logro preciso de metas; se observa,
además, que las estrategias contenidas
se alejan de la idea de que la vulnerabilidad es
prevenible. En esta línea se inscribe la observación
de que la ayuda es condicionada, temporal
y limitada, lo que no permite resolver las causas
de la vulnerabilidad; no se aprecian estrategias
ligadas a políticas de empleo, educación, salud y
no se conforma como una protección social que
otorgue seguridad a quienes la reciben.
En el mismo sentido, en las concepciones
sobre la vulnerabilidad puede observarse una
tendencia a considerar como beneficiarios de la
asistencia a personas con vulnerabilidades acumuladas,
tales como ser pobre, vivir en una zona
de alta marginalidad, presentar una o varias discapacidades,
no tener apoyos de protección
familiar y otros rasgos que incrementan o disminuyen
la posibilidad de tener acceso a los servicios
asistenciales. 18 De este modo, es necesario
reconocer que los criterios de preferencia por
grupos o personas con vulnerabilidades acumuladas
opera como discriminador en la focalización,
pero también actúa como una directriz
en la que la ayuda solamente puede brindarse
a quienes acumulan numerosos males, restringiendo
el derecho a la asistencia y conformando
zonas de exclusión. 19
18 Las consideraciones sobre quiénes deben ser los asistidos
orientan los servicios en forma preferente a poblaciones en
situación de riesgo extremo: indigentes, menores en situación
de calle, víctimas de violencia, adultos mayores, personas
en condición de abandono, maltrato o en condiciones
de fragilidad extrema para protegerse por ellos mismos, lo
cual se corresponde con los fines asistenciales. El cuestionamiento
está dirigido al manejo discrecional del acceso a la
protección social.
19 En ese sentido, puede interpretarse, por ejemplo, entre los
criterios de selección del programa de desarrollo social “Fa-
252

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
La identificación de la tendencia a considerar
la vulnerabilidad como pobreza coincide con la
visión de Rosas y Sánchez (2019) sobre la incidencia
que tienen, en los procesos de inclusión/
exclusión de grupos, las imprecisiones del concepto
de vulnerabilidad, advirtiendo la utilidad
del enfoque de vulnerabilidad, diferente del de
pobreza multidimensional, para definir a la población
objetivo de los programas sociales.
Finalmente, es posible decir que el perfil general
de la exploración muestra una tendencia
general, con directrices duales, de universalización-focalización,
que marca distancia entre los
objetivos generales de los programas asistenciales
nacional y estatal, con su reglas específicas
de operación. La articulación de esa tendencia
puede ser visibilizada entre las barreras que
dificultan el ejercicio del derecho a la asistencia;
no obstante, se destaca la necesidad de realizar
estudios desde un enfoque de derechos que
permitan profundizar en la relevancia de la posición
del Estado.
Reflexiones finales
La exploración de las relaciones entre la vulnerabilidad,
la selectividad y la asistencia ha destacado
la forma en que se articulan los mecanismos
que construyen las poblaciones particulares
de los vulnerables. El análisis estuvo dirigido a
visibilizar los criterios que generan la exclusión,
marcando los puntos que construyen y definen
la vulnerabilidad. En esta interacción, la universalidad
de los presupuestos que dan sustento a
los programas es restringida por las definiciones
de la población objetivo y por los requisitos que
deben cumplir los beneficiarios. De ese modo,
la estructura normativa de la asistencia legitima
milias fuertes, comunidades productivas”, que para recibir un
apoyo alimentario bimestralmente sea necesario pertenecer
a cualquiera de los siguientes grupos de vulnerabilidad social:
madre soltera con hijos de hasta 12 años de edad, niñas y
niños menores de cinco años y las personas adultas mayores
de 60 a 64 años de edad, presentando acta de nacimiento.
Las personas que presenten padecimientos crónicos (diabetes,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, cáncer,
sida), mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia
deben presentar constancia médica elaborada por el Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM) y avalada por el
Seguro Popular que acredite el padecimiento; asimismo, se
estima que las familias podrán dejar el estado de vulnerabilidad
en un año, por lo que el apoyo se dará durante ese
tiempo, sólo de ser necesario podrán permanecer en el programa
por un año más, siempre y cuando no dejen de residir
en localidades de alta marginación (Periódico Oficial Gaceta
del Gobierno, 2018).
las formas de intervención. Lo anterior deriva,
como lo ha señalado Castel, en formas de ayuda
muy inferiores y que son condicionadas: sus
beneficiarios tienen que demostrar que están
fuera del régimen general de protección social y
deben calificar para recibir la ayuda del Estado
(Castel, 2010).
La revisión conceptual de los programas y
modelos puestos en operación por el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en el país
y en el Estado de México recupera las percepciones
sobre los significados teóricos y operacionales
de la asistencia. Los programas están determinados
o insertos en el conjunto de elementos
filosóficos, jurídicos, políticos, organizacionales
presentes en la visión de la vulnerabilidad y de la
ayuda social; la combinación de esos elementos
condiciona las posibilidades de las estrategias
de incidir en el bienestar y las de promover la
equidad y la inclusión.
Como lo muestran los programas, las diversas
definiciones de la vulnerabilidad y de los vulnerables
se constituyen como mecanismos de selectividad
para discriminar quiénes pueden ser
asistidos, restringiendo el acceso, en función de
criterios de idoneidad, temporalidad y recursos;
de ese modo, la noción de vulnerabilidad sirve a
los propósitos de legitimación de la política.
Desde otros ángulos, de acuerdo con la perspectiva
de exigibilidad de los derechos como
parte fundamental del desarrollo humano, cuando
se formulen políticas públicas y programas
de desarrollo, su objetivo principal debe ser la
realización de los derechos humanos, y un principio
transversal al ejercicio de cualquier derecho
es el de igualdad y no discriminación (Alza,
2014). Desde el enfoque de derechos, la carencia
en el acceso a la protección social debería ser
concebida como una violación de los derechos
humanos, por lo que hace falta ampliar y profundizar
el estudio de la asistencia considerando
las carencias de protección social como una violación
de derechos y un problema público que
puede ser integrado de forma distinta a la inclusión
compensatoria en la agenda pública.
A estas consideraciones, resulta imperativo
sumar los puntos positivos de la focalización, ya
que mientras no se cuente con mínimos sociales
de bienestar y existan recursos limitados, la discriminación
resulta indispensable para asegurar
que los apoyos se brinden a quienes están des-
253

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
tinados. En ese tenor, se concluye que la solución
está en recuperar o, al menos, equilibrar los
criterios de universalización-focalización en las
políticas públicas de asistencia social. En otras
palabras, se confirma que la alternativa para
prevenir, atender y dar soluciones consistentes
a la vulnerabilidad de las personas, grupos o comunidades
estriba en incorporarlos a una opción
sólida de seguridad y asistencia social, por
lo que las políticas requieren de ser revisadas en
su planeación e implementación.
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KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Anexos
Anexo 1
Configuración de conceptos y tendencias de la noción
de vulnerabilidad en la protección social
Programas DIFEM, 2014-2021
Personas con discapacidad
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
2014
Niños de 4-7 años con
defectos plantares.
Otorgamiento
de zapato ortopédico
2016
No se modifica (se
especifica 7 años y 11
meses de edad).
Mejorar los problemas
de postura atendiendo
a niños de entre
4-7 años.
Grupos de población específicos
delimitados discrecionalmente
por la edad.
Mejora de la calidad de
vida.
2017
2014
Adultos mayores o
estudiantes de nivel
básico de bajos recursos
con problemas de
la vista.
Mejorar la capacidad
visual de adultos mayores
y estudiantes de
nivel básico, con la finalidad
de que logren
una plena integración
social.
Entrega de lentes
oftalmológicos
2016
Mejorar la capacidad
visual para elevar la
calidad de vida.
Pobreza, bajos recursos,
vivir en zonas marginadas.
Mejorar la calidad de
vida/incrementar los
niveles de bienestar.
Mejorar el desempeño
escolar y la integración
social.
2017
Adultos mayores, niños,
niñas y adolescentes de
nivel básico de escasos
recursos.
A lo anterior se añade:
elevar la autoestima
de los adultos mayores.
Familias fuertes,
visión para el
futuro
2018
Adultos mayores y
estudiantes de nivel
básico (primaria y secundaria).
Mejorar la capacidad
visual, el rendimiento
escolar y la integración
social.
Capacidad de una persona
o grupo social para prevenir,
resistir y sobreponerse
a impactos negativos.
Elevar la calidad de vida
de adultos mayores y
fortalecer la permanencia
y conclusión de
la educación de estudiantes.
257

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Continuación Anexo 1
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
Otorgamiento
de ayudas funcionales
para
personas con
discapacidad
2014
2016
2017
Personas con discapacidad;
se privilegia a
quienes se encuentren
en condiciones de vulnerabilidad
social.
Mejorar la calidad
de vida, favorecer la
igualdad de oportunidades
y la inclusión
social.
Otorgar una ayuda
funcional o apoyo
especial a personas
con discapacidad en
estado de vulnerabilidad
en el Estado
deMéxico.
Tener alguna discapacidad.
Rehabilitación, inclusión
social y prevención de
discapacidades.
2018
Personas con discapacidad
en estado de
vulnerabilidad.
Otorgar una ayuda
funcional, apoyo especial
o transferencia
de recursos a personas
con discapacidad
en estado de
Padecer alguna discapacidad
o estar en riesgo probado
de padecerla.
Inclusión social.
vulnerabilidad
Familias fuertes,
apoyos funcionales
para
personas con
discapacidad
2019
2020
2021
Personas con alguna
discapacidad. Se prioriza
la atención a personas
pertenecientes a
grupos vulnerables.
Otorgar ayuda funcional
o apoyo especial
a personas con discapacidad.
Acumulación de desventajas,
por lo tanto, mayor
posibilidad de recibir daño
por causas sociales, personales
o culturales.
Favorecer la rehabilitación,
inclusión social y
prevenir discapacidades
secundarias.
Canasta mexiquense,
nutrición
En Grande para
personas con
discapacidad
2016 Niñas, niños, adolescentes,
mujeres, hombres
y adultos mayores
con discapacidad
permanente de tipo
intelectual, auditiva,
neuromotora o visual,
de escasos recursos
2017 económicos.
Favorecer el acceso a
los alimentos.
Alguna forma de discapacidad
y escasos recursos
económicos.
Promoción de la integración
social.
Familias fuertes,
nutrición para
personas con
discapacidad
2018
Personas con discapacidad,
niñas, niños,
adolescentes, mujeres,
hombres y personas
adultas mayores con
discapacidad permanente
de tipo
intelectual, auditiva,
neuromotora o visual,
de escasos recursos
económicos.
Favorecer el acceso a
alimentos.
La población objetivo que
viva con escasos recursos
económicos.
258

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Programas nutricionales para niños, niñas y adolescentes
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
2014
Fortalecer la disponibilidad
alimentaria con calidad
nutricional.
Desayuno escolar
comunitario
2015
2016
Población escolar de
educación básica en
localidades rurales y
urbanas.
Contribuir a la seguridad
alimentaria de la población
beneficiaria.
Familias en
condiciones de
pobreza.
Entrega de un primer
alimento completo
para lograr seguridad
alimentaria.
2017
Familias fuertes con
desayunos escolares
2018
Niñas, niños y adolescentes
en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad
social.
Disminuir la inseguridad
alimentaria de la población
escolar.
Condiciones de
riesgo, resultado
de la acumulación
de desventajas
sociales.
Seguridad alimentaria,
mejora de hábitos alimenticios,
convivencia
y de higiene.
Entrega de becas
METRUM
2014
Menores y familiares
en situación de riesgo
o víctimas de cualquier
forma de explotación.
2016 Niños, niñas y adolescentes
trabajadores
o en necesidad de
trabajar.
2017
Prevención, desaliento y,
a largo plazo, erradicación
del trabajo infantil.
No se modifica.
Se añade: generar responsabilidad
social.
Pobreza, situación
de calle,
necesidad de
trabajar siendo
menor de edad,
vivir en zonas
marginadas.
Erradicación del trabajo
infantil a través
de la promoción de
la educación para los
menores y el apoyo a
sus familias.
Desayunos escolares
fríos y raciones vespertinas
2014
Niños de nivel de
escolaridad preescolar
y primaria con riesgo
de desnutrición o
desnutrición de bajos
recursos en zonas
marginas.
2016 Se cambia “población
infantil” por “niños,
2017 niñas y adolescentes”.
Contribuir a la seguridad
alimentaria de la población
infantil.
Comunidades de
alta y muy alta
marginación; zonas
rurales, indígenas
y urbanas
marginadas.
Mejora de la calidad de
vida/ incrementar los
niveles de bienestar.
Familias fuertes, nutrición
escolar
2018
Niñas, niños y adolescentes
de nivel
preescolar o primaria
diagnosticados con
desnutrición o riesgo
de padecerla.
Contribuir a la seguridad
alimentaria de niños, niñas
y adolescentes.
Carencias sociales
y bajo
ingreso.
Fomentar la seguridad
alimentaria. Fomentar
la práctica de buenos
hábitos alimentarios,
de convivencia e higiene.
259

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
EdoMéx nutrición
escolar
2019 Niñas, niños y adolescentes
detectados
con malnutrición o en
riesgo de padecerla
2020
que asistan a planteles
públicos de educación
básica.
2021
Contribuir a la seguridad
alimentaria; fomentar
la práctica de buenos
hábitos alimenticios, de
convivencia e higiene y
fomentar la participación
de la sociedad civil.
Malnutrición y
riesgo de padecerla
en localidades
de alta y
muy alta marginación.
Contribuir a la seguridad
alimentaria.
Atención a menores
de cinco años
2015
Niños menores de
cinco años con desnutrición
o en riesgo,
que vivan en zonas
marginadas, indígenas,
rurales o urbanas;
27 municipios prioritarios
de la entidad.
Contribuir a la seguridad
alimentaria.
Comunidades de
alta y muy alta
marginación en
zonas indígenas,
rurales o urbanas.
Disminución de condiciones
de vulnerabilidad.
2016
2017
31 municipios prioritarios
de la entidad.
33 municipios prioritarios
de la entidad.
Situarse por
debajo de la
línea de bienestar
marcada por
Coneval.
2018
47 municipios prioritarios
de la entidad
Familias fuertes, alimentación
para la
niñez
2016
Niños y niñas menores
de cinco años con
desnutrición o riesgo
de padecerla.
44 municipios prioritarios
de la entidad.
Contribuir a la seguridad
alimentaria de niños y
niñas menores de cinco
años, no escolarizados,
que se encuentren en
condiciones de riesgo y
vulnerabilidad.
Vivir en comunidades
de alta o
muy alta marginación.
Disminución de las
condiciones de vulnerabilidad.
Otorgamiento de
becas a niñas, niños
y adolescentes repatriados
y en riesgo de
migración
2017
Niños, niñas o adolescentes
repatriados o
en riesgo de migración
de entre 6 y 17 años 11
meses.
Contribuir a la prevención,
desaliento y disminución
de la migración infantil
no acompañada de la
entidad, a través del
otorgamiento de becas
educativas a niñas, niños y
adolescentes repatriados
o en riesgo de migración
no acompañada, mediante
la atención integral a sus
familias.
Circunstancias
que ponen en
riesgo la integridad
física, mental
y emocional.
Encontrarse en
riesgo de migrar.
Pertenecer a
un territorio de
tradición migratoria.
Fortalecer arraigo
educativo, contribuir
a la prevención, desaliento
y disminución de
la migración no acompañada.
260

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Programas comunitarios
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
Promoción a la participación
comunitaria
“comunidad
DIFerente”
2014
2016
Grupos de desarrollo en
localidades con alta y
muy alta marginación.
Mejorar las condiciones
de vida del
grupo de población
beneficiario.
Promover el desarrollo
comunitario
formando grupos
de desarrollo que
implementen proyectos
productivos
y adquieran habilidades.
Personas con condiciones
de pobreza extrema.
Desarrollo y fortalecimiento
de proyectos
productivos para lograr
autosuficiencia alimentaria,
salud, educación y mejoramiento
de la economía y la
vivienda.
Fortalecimiento de las condiciones
sociales de vida.
Superar circunstancias que
impidan el desarrollo.
Familias fuertes,
apoyos comunitarios
2018
Familias, niñas, niños
y adolescentes que se
encuentren en situación
de riesgo, mujeres embarazadas
y en periodo
de lactancia, personas
adultas mayores, personas
con discapacidad,
mujeres y hombres,
jornaleras o jornaleros
agrícolas migrantes y
personas indígenas.
Promover el desarrollo
comunitario;
mejorar las condiciones
sociales
de la vida de las
personas y familias
en estado de vulnerabilidad.
Desprotección de los
individuos, familias y
comunidades respecto
al desarrollo económico,
político y social alcanzado
por la sociedad
mexicana.
Mejorar las condiciones de
vulnerabilidad de los grupos
de desarrollo (población
beneficiaria), a través
de acciones de fortalecimiento
productivo, como
capacitaciones, para lograr
la autogestión de recursos.
Fortalecimiento de los
derechos sociales.
2019
Familias en situación
de pobreza y pobreza
extrema.
Atenuar las carencias
sociales.
Abatir carencias sociales
producidas por la pobreza.
Apoyos productivos
comunitarios
EdoMéx
2020
2021
Familias que habiten
en el Estado de México
que se encuentren en
situación de pobreza,
presenten carencia por
acceso a la alimentación
y residan en localidades
rurales.
Fomentar la práctica
de actividades
tendientes a la
producción de
alimentos de autoconsumo,
mediante
la capacitación y
entrega de proyectos
productivos y
equipamiento para
acceder a agua
limpia para beber,
promoviendo la
organización y
participación comunitaria.
Habitar en localidades
de alta y muy alta marginación.
Presentar una o
más carencias sociales.
Contribuir a la carencia
alimentaria de las familias;
abonar a que se adopten
estilos de vida saludables.
Fomentar la salud y bienestar
comunitario.
2014
Espacios de alimentación,
encuentro y
desarrollo
2015
2016
2017
Familias en condiciones
de pobreza.
Fortalecer la disponibilidad
alimentaria
con calidad
nutricia.
Población de bajos
recursos en zonas marginadas.
Mejora de los hábitos alimenticios.
Familias fuertes,
comunidades productivas
2018
Población del Estado
de México. Se prioriza a
quienes pertenezcan a
algún grupo vulnerable.
Contribuir a la seguridad
alimentaria
de la población en
condiciones de pobreza
de alta y muy
alta marginación.
Habitar localidades de
alta y muy alta marginación.
261

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
2014
Familias en comunidades
de alta y muy alta
marginación.
Personas con condición
de carencia alimentaria.
HortaDIF y proyectos
productivos
2016
2017
Población en condiciones
de vulnerabilidad
de localidades rurales y
urbanas.
Personas desempleadas,
jornaleros agrícolas
e indígenas, padres de
familia con interés de
participar en el programa,
población escolar,
población de centros de
rehabilitación, personas
con discapacidad, adultos
mayores.
Fomentar la
producción de
alimentos de autoconsumo
y comercialización
de
excedente.
Condición de riesgo (por
motivos de edad, sexo,
estado civil y origen
étnico); imposibilidad de
ser parte de un proyecto
de desarrollo.
Mejora de la economía y
acceso a alimento de las
familias. Producción de
alimento para el autoconsumo
y comercialización
del excedente.
Habitantes de zonas de
alta y muy alta marginación.
Familias fuertes con
apoyos HortaDIF
2018
Prioridad a: personas
desempleadas, personas
que trabajan en
el campo, personas
indígenas, padres de
familia con interés de
participar en el programa,
población escolar,
población de centros de
rehabilitación, personas
con discapacidad, adultos
mayores.
Fomentar producción
para autoconsumo
y comercialización.
Habitar en una zona de
alta o muy alta marginación.
Mejoramiento de la economía
y al acceso de alimentos
para las familias.
Canasta mexiquense
2014 Madres solteras adolescentes
de hasta 21 años,
mujeres embarazadas,
mujeres en periodo de
lactancia, menores de
cinco años, personas
2016
que presenten padecimientos
crónicos,
adultos mayores (de 60
a 64 años) de comunidades
urbanas y rurales
2017 marginadas.
Mejorar la ingesta
de alimentos de las
familias.
Vivir en condiciones
de pobreza o extrema
pobreza y riesgo de
padecerla.
Mejorar la ingesta de alimentos.
Paquete alimentario
para familias
fuertes
2018
Madres solteras con
hijos de hasta 12 años,
mujeres embarazadas,
mujeres en periodo de
lactancia, niñas y niños
menores de cinco años,
personas que presenten
padecimientos crónicos
y las personas adultas
mayores (de 60 a 64
años).
Fortalecer la ingesta
de alimentos.
Habitar en una zona de
alta y muy alta marginación;
tener alguna o
varias condiciones de
riesgo.
Complementar la dieta
familiar, fomentar mejores
hábitos alimenticios.
262

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Programa de desarrollo
social
Vigencia
Sujetos beneficiarios
del programa
Objetivo
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
2019
Familias que habitan
en localidades de alta
y muy alta marginación.
Madres o padres
solteros con hijos de
hasta 12 años; mujeres
embarazadas, mujeres
en periodo de lactancia,
niños de 0 hasta 4 años,
personas que presenten
padecimientos crónicos
y personas adultas
mayores de 60 a 64
años que habiten en el
Estado de México, en
localidades de alta y
muy alta marginación.
Contribuir a la seguridad
alimentaria.
Familias fuertes,
nutrición EdoMéx
2020
2021
Personas de 2 años y
hasta 5 años 11 meses
de edad no escolarizados,
que habiten en el
Estado de México, que
presenten carencia por
acceso a la alimentación.
Personas de hasta 64
años de edad, que
habiten en el Estado de
México, que presenten
carencia por acceso a la
alimentación.
Contribuir al acceso
y consumo de
alimentos inocuos y
nutritivos.
Personas o grupos que
enfrentan situaciones
de riesgo y se asume
que requieren ayuda
gubernamental para
afrontarlas.
Seguridad alimentaria,
orientación alimentaria.
Mujeres
Programa de
desarrollo
social
Vigencia Sujetos beneficiarios del programa Objetivos
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
Salario rosa
por el desarrollo
integral
de la familia
2019
Mujeres de 18 a 59 años que se encuentren
en condición de pobreza
multidimensional o vulnerabilidad, que
se dediquen a labores del hogar, no
perciban remuneración, sean madres o
responsables del cuidado de uno o más
hijos/as con discapacidad y que requieran
asistencia para las actividades
básicas de la vida diaria.
Contribuir a la
disminución de la
pobreza multidimensional
y vulnerabilidad
de las
mujeres mediante
el otorgamiento
de transferencias
monetarias.
Población y personas
que por diferentes
factores o por la combinación
de ellos, enfrentan
situaciones de
riesgo o disminución
de sus niveles de vida.
Disminuir la
condición de
pobreza multidimensional
y la
vulnerabilidad de
las mujeres.
2020 Mujeres de 18 a 59 años que tengan
ingresos económicos por debajo de las
líneas de pobreza y de pobreza extrema
por ingresos, que no tengan un
trabajo formal y no perciban remuneración,
y sean responsables del cuidado
2021 de una o más personas que tengan
alguna discapacidad.
Contribuir a elevar
el ingreso
económico de las
mujeres.
Recibir ingresos
económicos por debajo
de las líneas de
pobreza y pobreza
extrema.
Elevar el ingreso
económico de las
mujeres.
263

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
Programa de
desarrollo
social
Vigencia Sujetos beneficiarios del programa Objetivos
Concepto de
vulnerabilidad
Tendencia
Salario rosa
por la vulnerabilidad
2019
2020
2021
Mujeres de 18 a 59 años en condición
de pobreza multidimensional o vulnerabilidad,
que se dediquen a las
actividades del hogar, no perciban
remuneración por ello y que se encuentren
en estado de gestación o sean
madres de uno o más hijos/as en edad
de lactancia.
Mujeres de 18 a 59 años que habitan
en el Estado de México que tengan
ingresos económicos por debajo de las
líneas de pobreza y pobreza extrema
por ingresos, que se dediquen al trabajo
del hogar, no perciban remuneración,
que se encuentren en estado de
gestación o sean madres de uno o más
hijos/as en edad de lactancia.
Contribuir a la
disminución
de la pobreza
multidimensional
y vulnerabilidad
de las mujeres
mediante el
otorgamiento de
transferencias
monetarias.
Contribuir a elevar
el ingreso
económico de las
mujeres de 18 a 59
años, que tengan
ingresos económicos
por debajo
de las líneas de
pobreza y de
pobreza extrema
por ingresos.
Población y personas
que por diferentes
factores o por la combinación
de ellos, enfrentan
situaciones de
riesgo o disminución
de sus niveles de vida.
Disminuir la
condición de
pobreza multidimensional
y la
vulnerabilidad de
las mujeres en estado
de gestación
o madres lactantes.
Elevar el ingreso
económico de las
mujeres.
Fuente: elaboración propia con base en las reglas de operación de los programas del DIFEM publicadas en el Periódico Oficial
Gaceta del Gobierno, Estado de México, para los años 2014-2021 (DIFEM 204/2021).
Anexo 2
Glosario
Término Año/programa Definición
Carencias sociales
Marginación
Marginalidad
Vulnerabilidad
2020 - Salario rosa para el desarrollo
integral de la familia
2014-2018 - Desayunos escolares
fríos y raciones vespertinas
2018 - Familias fuertes, apoyos
comunitarios
2014 - HortaDIF y proyectos
productivos
2015 - HortaDIF
2018 - Familias fuertes, apoyos
funcionales para personas con
discapacidad
2018-2019 - Familias fuertes con
desayunos escolares
2018 - Familias fuertes, apoyos
comunitarios
2019 - Familias fuertes, apoyos
funcionales para personas con
discapacidad
2019 - Salario rosa por el desarrollo
integral de la familia/Salario
rosa por la vulnerabilidad
Uno o más derechos no satisfechos para el desarrollo social asociados a
los indicadores del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a
saber: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios, y alimentación.
Condición social en la cual las personas en hogares pueden presentar
carencias sociales y bajo ingreso, y se encuentran geográficamente fuera
del acceso y disponibilidad de bienes y servicios necesarios para su
desarrollo integral.
Fenómeno estructural que valora dimensiones socioeconómicas tales
como educación, vivienda, ingresos y distribución de la población en
el territorio nacional e identifica las formas de exclusión de aquella población
que no disfruta de los bienes y servicios para el desarrollo de sus
capacidades básicas.
Se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su
condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en
condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a
mejores condiciones de bienestar.
Individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas
o socioeconómicas requieran de servicios especializados para su protección
y restablecimiento de las circunstancias de vulnerabilidad que les
impiden su pleno desarrollo.
Cualquier persona que por su condición de edad, sexo, estado civil y
origen étnico se encuentra en condición de riesgo que le impide incorporarse
al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. La
vulnerabilidad es resultado de la acumulación de desventajas y una mayor
posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas
sociales y de algunas características personales o culturales.
Condiciones de riesgo, resultado de la acumulación de desventajas sociales.
Desprotección de los individuos, familias y comunidades respecto al desarrollo
económico, político y social alcanzado por la sociedad mexicana.
Resultado de la acumulación de desventajas que conlleven a la mayor
posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas
sociales y de algunas características personales o culturales.
Núcleos de población y personas que por diferentes factores o por la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o disminución de
sus niveles de vida.
264

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 235-266
Término Año/programa Definición
Vulnerabilidad social
Exclusión social
Pobreza
Pobreza extrema
Pobreza multidimensional
Personas en situación de
vulnerabilidad
Situación de vulnerabilidad
2019 - Familias fuertes, nutrición
EdoMéx
2018 - Familias fuertes, apoyos
comunitarios
2019 - Salario rosa por el desarrollo
integral de la familia/Salario
rosa por la vulnerabilidad
2018 - Familias fuertes, apoyos
comunitarios
2020 - Salario rosa para el desarrollo
integral de la familia/Familias
fuertes, apoyos funcionales
para personas con discapacidad
2019 - Apoyos productivos comunitarios
EdoMéx
2019 - Salario rosa por la vulnerabilidad
2018 - Familias fuertes, visión
para el futuro
2018 - Familias fuertes, visión
para el futuro
Núcleos de población o personas que por diferentes factores o por la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación,
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren
de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar.
Separación o rechazo de una o varias personas de un grupo social con
respecto a una necesidad social, política y económica (educación, salud,
alimentación, jurídica, etcétera) o de sus garantías y derechos civiles e
individuales.
Condición de las personas en la cual la insuficiencia de vínculos con la
sociedad le limitan una adecuada integración y desarrollo, por razones
de etnicidad, género, discapacidad o autoestima, así como aquéllas que
pudieren vulnerar sus derechos humanos y sociales.
Efecto económico que determina esta condición social, es decir, un individuo,
familia, o comunidad es pobre cuando sus niveles de ingreso y
consumo están por debajo del nivel mínimo establecido que le permite
atender sus necesidades básicas en materia de alimentación, educación,
salud, vivienda, vestido y recreación.
Situación en la que se encuentran las personas cuando no tienen garantizado
el ejercicio de al menos uno de sus derechos y sus ingresos son
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer
sus necesidades.
Es el estado más bajo de pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer
varias de sus necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad
de alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información.
Situación en la que se encuentran las personas cuando no tienen garantizado
el ejercicio de al menos uno de sus derechos y sus ingresos son
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer
sus necesidades.
Personas o grupos de personas, que, debido a sus condiciones de vida,
pobreza y marginación, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación
que les impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su
capacidad para
prevenir, resistir y sobreponerse a un impacto
Nota: los cuadros anteriores son de elaboración propia con base en información obtenida en Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno (s/f), Gobierno del Estado de México (2022) y Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (s/f).
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
Recibido: 28 de enero de 2023.
Aceptado: 6 de marzo de 2023.
Publicado: 8 de mayo de 2023.
Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Se desempeña como docente investigadora
en El Colegio Mexiquense, A.C. Sus líneas de investigación son: instituciones, políticas públicas,
género, asistencia social, sociedad civil y tercer sector. Entre sus más recientes publicaciones se
encuentran, como autora: “Agenda emergente de género en municipios mexiquenses y Covid-19”,
Korpus 21, 2 (4), Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, A.C., pp. 39-58 (2022); “El modelo de fundaciones
comunitarias en México”, Cooperativismo & Desarrollo, 27 (115), Bogotá, Universidad Cooperativa
de Colombia, pp. 1-27 (2019); como coautora: “La apropiación y el uso del espacio público
urbano. Los comunes en el parque urbano”, Economía, Sociedad y Territorio, 21 (65), Zinacantepec,
El Colegio Mexiquense, A.C., pp. 57-85 (2021); “Gobernanza y derecho al agua: Prácticas comunes
y particularidades de los comités comunitarios de agua potable”, Sociedad y Ambiente, 20 (2019),
San Cristóbal de Las Casas, El Colegio de la Frontera Sur, pp. 53-77 (2019); como cocoordinadora:
¿Problemas complejos, soluciones nuevas? Debates sobre el desarrollo social sustentable en el Estado
de México, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, A.C. (2019).
265

GLORIA JOVITA GUADARRAMA SÁNCHEZ, VULNERABILIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (2014-2021)
266

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
DOI: http://dx.doi.org/10.22136/korpus212023130
CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS
RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
BUILD MODERNITY ON THE RUINS
OF THE ORIGINAL PEOPLES.
INDIGENOUS PEOPLE IN THE STATE OF MEXICO
Felipe González Ortiz
orcid.org/0000-0003-3923-2987
UAEMéx-FCPyS
México
fgonzalezo@uaemex.mx
Abstract
The main argument of this work is that every form of violence against indigenous people
is the result of an original archetype coming from the times of the Spanish Conquest,
where the native peoples were undervalued. Since then, three elements were privileged
within the Mexican social system: the colony, modern Indigenous, and neoliberalism. Building
new cities on ancient pyramids is the archetypal metaphor seen in building in low-income
houses on Indian land, in substituting itinerant market for supermarkets, in building
infrastructure that hinders the connection of Indian sanctuaries with their communities.
Keywords: Indigenous communities, Public politics, Violence and domination.
Resumen
Se parte de una idea polémica pero creativa: la violencia hacia los pueblos indígenas es resultado
de un arquetipo originario desde los tiempos de la conquista, donde se subvaloró
al indio. Los momentos que se privilegian son los de la Colonia, el indigenismo moderno y
el neoliberalismo. Construir sobre pirámides antiguas es la metáfora arquetípica que se observa
en la actual construcción de casas de interés social sobre la tierra india; en sustituir
tianguis por supermercados; en construir infraestructura que obstaculiza la conexión de
los santuarios indios con sus comunidades. El escenario territorial es el Estado de México.
Palabras clave: comunidades indígenas, políticas públicas, violencia y dominación.
267

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
Introducción
Las formas para contabilizar la presencia de población
indígena se ha hecho a través del indicador
“hablar alguna lengua indígena”. No obstante,
se deberían considerar otros factores para
determinar la presencia cultural indígena, entre
ellos, la participación obligada de los deberes y
derechos a la vida en comunidad (apegos primarios
de relación) y la presencia en el tiempo
según dicta la investigación histórica, pero incluso
la afirmación identitaria de pertenencia (que
se está considerando ahora, bastando declarar
la pertenencia). Si combinamos esta diversidad
de variables, veremos que el Estado de México
tiene una presencia indígena, se puede decir
subterránea, muy intensa. Esta será la primera
parte del trabajo.
La segunda hipótesis se sostiene a partir
del proceso histórico por el que los pueblos indígenas
de México han atravesado desde los
tiempos de la conquista y hasta la fecha. Este
proceso se caracteriza por la violencia fáctica
y simbólica a las comunidades indígenas desde
aquellos tiempos. Dicha violencia se expresa no
sólo en el rechazo a su cultura ancestral, en formas
de violencia simbólica como el racismo y
el clasismo, sino también en las formas políticas
de intervenir los territorios indios, 1 siempre justificados
por la retórica del desarrollo y el progreso.
La hipótesis sostiene que esta empresa
colonial es un proyecto inacabado que las elites
mantienen (Botey, 2014), con distintas gradaciones
según sean las coyunturas económicas y
políticas, cuya intencionalidad general se constituyó
como un arquetipo de relaciones de dominación/subordinación
entre los pueblos indios y
las elites occidentalizantes. Ese debate lo abordaré
en la segunda parte de este trabajo.
Ahora bien, el proyecto colonial que pretende
eliminar la presencia indígena en favor de
una cultura ciudadana de corte occidental es intenso
y perpetuo, los pueblos indígenas no se
mantienen pasivos a estas dinámicas históricas,
por el contrario, responden siempre mediante
fórmulas creativas de asimilación o mediante el
1 Muchos son los proyectos de infraestructura (carretera,
energía de viento) que se hicieron sobre territorios indios,
generando desplazamientos forzados y desestructuración
comunitaria (Composto y Navarro, 2014; Gutiérrez, 2013), lo
que llevó a considerar este tipo de acciones como una etapa
de acumulación de capital por desposesión (Harvey, 2005).
uso práctico del disfraz mestizo en acciones de
protesta y resistencia política que hace que las
instituciones cambien elementos notables en la
educación, la implementación de justicia, la defensa
institucional de los derechos individuales
y colectivos o la capacitación de los ministerios
públicos, ganando autonomía y cierto pluralismo
jurídico, limitado, pero existente. Esa será
la siguiente parte de este trabajo que permitirá
dar ejemplos de cómo el proyecto colonial se
manifiesta en las políticas públicas de la entidad
y cómo los pueblos reaccionan ante esta intención.
La metáfora de este proceso colonial y de respuesta
está representado por la construcción de
edificaciones sobre las ruinas de las pirámides
antiguas. En esta metáfora se asienta la intención
por desplazar, por subordinar, por dominar,
por destruir y extinguir lo indígena. En la última
parte daré ejemplos de este proceso mediante
la construcción de casas en serie que inmobiliarias
construyen en los territorios indígenas y en
las formas como los mercados de lógica de código
de barras desplazan a los tianguis, además
de otros ejemplos.
Los pueblos indígenas en el
Estado de México
El indicador de hablar o no una lengua indígena
se ha formulado como el más material y visible,
pero es claro que, como se dijo en la introducción,
deja fuera posibilidades distintas de
ser indígena que pueden expresarse sin hablar
la lengua. Entre estas formas se encuentra la de
participar en una serie de prácticas culturales
(rituales) que obligan a compromisos de relación
para hacer comunidad, es decir, reforzar y
proyectar los vínculos primarios, pues las identidades
étnicas se destilan en las formas comunitarias
(Medina, 2007).
En este sentido, el territorio y las formas de
apropiación del territorio desde las comunidades
es una clave para identificar lo indígena, lo
cual se ve fortalecido cuando lo cruzamos con
la investigación histórica que indica presencia
prehispánica. 2 “Arrebatarle” la lengua originaria
2 Tanto la propia Ley de Derechos y Cultura Indígena del
Estado de México de 2002 como la Constitución mexicana
reconocen la diversidad cultural de México con base en la
existencia de estos pueblos desde tiempos prehispánicos.
Ese es el criterio.
268

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
a los pueblos indígenas ha sido una de las metas
planteadas desde comienzos del siglo XX (bajo
el modelo arquetípico en su fase indigenista integracionista),
pues en el programa educativo
de Vasconcelos (1982) se buscaba un perfil nacional
(la raza cósmica) que hablara en español
(González Ortiz, 2022), dejando a las lenguas
como un sustrato no deseado, lo que las recluyó
al degradado estatus de dialectos. 3 El planteamiento
colonial ha dado sus frutos, pues en
buena medida los idiomas de origen americano
(mesoamericano), en México, han venido a la
baja como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1
Proporción de hablantes de lengua
indígena (HLI) en México de 1930 a 2020
Año Población total Proporción de HLI
1930 16 552 722 16%
1940 22 600 000 14.80%
1950 25 000 000 11.20%
1960 37 771 861 10.40%
1970 51 493 565 7.80%
1980 67 760 000 S/D
1990 84 170 000 7.50%
2000 98 785 000 7.10%
2010 114 100 101 6.70%
2015 121 900 000 6.60%
2020 126 014 024 6.20%
Fuente: Inegi (1930-2020).
En este mismo orden de ideas, al año 2015 se
hablaban en México 68 lenguas con 364 variantes
(dialectales) de origen americano, agrupadas
en 11 familias lingüísticas (Inali, 2015). Para
ese año, el total de hablantes de algunas de estas
lenguas era de 7 millones 364 mil 645. Llama
la atención que sean tan pocos los que hablan
tan vasta variedad de lenguas. Esto responde
a que en el proceso de integración indigenista
(producto del arquetipo inaugural que mira a
estas lenguas como residuales frente a la concreción
de la sociedad occidental), la práctica
cultural que más se pierde es la lengua. Sin embargo,
como se dijo antes, este proceso no significa
que se pierda la identidad.
En el Estado de México el total de hablantes
de alguna lengua indígena para el año 2020 fue
de 417 mil 603, lo que representa 5.67% respecto
de los hablantes de lengua indígena en el país. El
Estado de México, no obstante, tiene hablantes
de alguna lengua americana cuyo origen no se
encuentra en estas tierras (en la actual entidad
federativa) desde tiempos prehispánicos y que
debido a los procesos migratorios que la entidad
experimenta como polo de atracción (sobre
todo en los municipios del valle de México, pero
cada vez más también en los de Toluca), cuenta
con más hablantes de lenguas indígenas aunque
se definan como no originarias del Estado de
México.
Por ejemplo, El Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas (CE-
DIPIEM), contempla que de los 417 mil 603 hablantes
únicamente pertenecen a las lenguas
originarias de la entidad 308 mil 587 (CEDIPIEM,
2020), es decir, los pueblos originarios de la entidad
representan 73.89% del total de hablantes
de alguna lengua indígena que radican en la
entidad. Siguiendo este modelo interpretativo,
cabe preguntar la proporción de hablantes por
lengua en la entidad para mantener la “calidad
de originaria”. Buscar en la proporcionalidad de
hablantes de cada lengua nos lleva a un anclaje
territorial entre una entidad que se define como
lugar de origen y el Estado de México como lugar
de destino. La tabla 2 muestra este ejercicio
para el total de lenguas indígenas habladas en
la entidad.
3 El dialecto es la variante lingüística del habla de una lengua,
pero en el contexto del indigenismo se nombró dialectos a
las lenguas americanas para degradarlas, es decir, para no
darles el estatus de idiomas o lenguas, como sí se hacía con
las lenguas europeas. En el año 2004 se crea el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI) que reconoció a las 354
variantes lingüísticas como lenguas nacionales. En ocasión
de dicho reconocimiento, muchos hablantes de las lenguas
americanas decían que sus idiomas habían, por fin, dejado de
ser dialectos para convertirse en lenguas, lo cual se interpretó
como una recuperación de estatus, tanto de sus lenguas y
sus grupos culturales.
269

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
Tabla 1
Lenguas habladas en el Estado de México según lugar originario de los hablantes y
proporción de hablantes en la entidad
Lenguas Familia Lugar de origen
Hablada en el
Edomex
Hablada en
el país
Proporción
Tlahuica Otomangue Edomex 1536 1548 99.22
Matlatzinca Otomangue Edomex 1330 1568 84.82
Mazahua Otomangue Edomex y Michoacán 124626 147088 84.72
Otomí
Otomangue
Edomex, Hidalgo, S.L.P.,
Querétaro, Michoacán,
Tlaxcala, Guanajuato
106959 307928 34.73
Tepehua Totonaco-Tepehua Hidalgo, Puebla y Veracruz 818 10427 7.84
Mazateco Otomangue Oaxaca 16882 239078 7.06
Teko Maya Chiapas 81 1193 6.78
Triqui Otomangue Oaxaca 1615 25674 6.29
Mixteco Otomangue Oaxaca y Puebla 31709 517665 6.12
Kaqchikel Maya Campeche y Quintana Roo 3 61 4.91
Mixe Mixe-zoque Oaxaca 6046 133632 4.52
Totonaco Totonaco-Tepehua Puebla y Veracruz 11702 267635 4.37
Náhuatl
Yuto-nahua
Puebla, Hidalgo, Veracruz,
S.L.P., Oaxaca, Colima,
Durango, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos,
Nayarit, Tabasco, Tlaxcala
Edomex y CDMX
74136 1725620 4.29
Cuicateco Otomangue Oaxaca 442 13318 3.31
Zapoteco Otomangue Oaxaca 15037 479474 3.13
Chocholteco Otomangue Oaxaca 19 729 2.6
Chinanteco Otomangue Oaxaca 2862 138741 2.06
Tlapaneco Otomangue Guerrero 2256 134138 1.68
Huave Huave Oaxaca 273 18539 1.47
Amuzgo Otomangue Guerrero y Oaxaca 802 57589 1.39
Chichimeco-Jonaz
Otomangue Guanajuato 17 2134 0.79
Huasteco Maya Veracruz y S.L.P. 1060 173765 0.61
Yaqui Yuto-nahua Sonora 111 20340 0.54
Pima Yuto-nahua Sonora y Chihuahua 4 743 0.53
Lacandón Maya Chiapas 4 998 0.4
Huichol Yuto-nahua Nayarit, Durango y 221 52483 0.42
Jalisco
Chontal Maya Oaxaca 105 27666 0.37
Chatino Otomangue Oaxaca 172 51612 0.33
Pame Pame S.L.P. 35 12232 0.28
Zoque Mixe-zoque Chiapas y Oaxaca 185 68157 0.27
270

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
Continuación Tabla 1
Lenguas Familia Lugar de origen
Popoloca Mixe-zoque Veracruz 97 37707 0.25
Maya Maya Yucatán 2087 859607 0.24
Q’eqchi Maya Campeche y Quintana Roo 3 1324 0.22
Tseltal Maya Chiapas y Tabasco 845 556720 0.15
Chuj
Kiche’
Maya
Maya
Chiapas, Campeche
y Quintana Roo
Campeche, Chiapas
y Quintana Roo
4 2890 0.13
1 730 0.13
Tsotsil Maya Chiapas 550 487898 0.11
Ch’ol Maya Chiapas y Tabasco 249 251809 0.09
Tojolabal Maya Chiapas 45 55442 0.08
Purépecha Tarasco Michoacán 96 141177 0.06
Mam Maya Chiapas 5 11387 0.04
Q’anjob’al Maya Campeche, Chiapas y
Quintana Roo
Fuente: elaboración propia con base en el Inali (2015).
Hablada en el
Edomex
Hablada en
el país
50 859607 0.005
Mapa 1
Lenguas habladas en el México central a la llegada de los españoles
Proporción
Fuente: elaboración propia.
271

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
Los idiomas de las familias lingüísticas que no se hablan en el Estado de México pertenecen a la
Álgica, la Cochimí-yumana y la Seri. Las demás lenguas pertenecientes a las restantes ocho familias
lingüísticas que se hablan en esta entidad. Las consideradas lenguas originarias de la entidad: mazahua,
otomí, tlahuica y matlatzinca pertenecen a la familia lingüística Oto-mangue; mientras que
la náhuatl a la familia Yuto-nahua. La tabla 2 muestra, además, cómo las lenguas llamadas originarias
del Estado de México son las que proporcionalmente se hablan más en la entidad respecto de
las consideradas no originarias. Como se puede observar la lengua tlahuica, a pesar de sus pocos
hablantes, la hablan 99.2% en la entidad; lo mismo sucede con la lengua matlatzinca que la hablan
en la entidad 84.82% y la mazahua que la hablan 84.72%. Procediendo de esta manera, podemos
acercarnos de mejor forma al sentido de lenguas originarias de la entidad frente a las que se consideran
no originarias. Con la lengua otomí y náhuatl sucede algo distinto, pues la distribución de
hablantes se extiende por muchas entidades federativas. Estas dos lenguas eran las más habladas,
en el centro del país, a la llegada de los españoles (Gibson, 1996; Soustelle, 1993). (Mapa 1).
Respecto a las lenguas consideradas no originarias de la entidad, cobra importancia ver la proporción
de sus hablantes que radican en algún municipio del Estado de México. Saber los municipios
en los que radican los hablantes originarios y no originarios permite ver la conformación de
redes de migración que conectan al Estado de México, como lugar de destino, con los lugares de
origen de las distintas lenguas, 4 además de focalizar las políticas públicas si se desea la recuperación
de la lengua o su documentación lingüística.
Ahora bien, considerando la variable de hablantes de lengua indígena es importante decir que en
la entidad y en todos los municipios existe al menos de una persona hasta 39 mil 510 que habla una
lengua indígena. La tabla 3 muestra los municipios en los que más de cuatro mil personas hablan alguna
lengua indígena. Dicha tabla ilustra también que a mayor densidad poblacional la proporción
de hablantes de lengua indígena desciende.
Tabla 3
Población de tres años y más, hablante de lengua indígena
por municipio en el Estado de México
Territorio Población total HLI Proporción Territorio Población total HLI Proporción
Estado de
México
San Felipe del
Progreso
16 260 058 417 603 2.56 Estado de México 16 260 058 417 603 2.56
135 482 39 510 29.16 Villa Victoria 100 602 8 974 8.92
Ixtlahuaca 152 111 24 754 16.27 Tlalnepantla de Baz 650 011 8 715 1.34
Temoaya 99 955 24 661 24.67
Ecatepec de
Morelos
Acambay de Ruiz
Castañeda
64 085 8 601 13.42
1 582 401 24 647 1.55 Chalco 381 284 7 790 2.04
Toluca 871 233 24 201 2.77 Donato Guerra 34 922 7 584 21.71
Chimalhuacán 669 370 20 232 3.02 Atizapán de Zaragoza 503 771 6 522 1.29
Naucalpan de
Juárez
804 437 18 711 2.32 Texcoco 265 833 6 096 2.29
Atlacomulco 103 594 13 242 12.78 Chapa de Mota 30 017 5 956 19.84
Nezahualcóyotl 1 041 504 13 008 1.24 Jiquipilco 72 506 5 572 7.68
San José del
Rincón
Valle de Chalco
Solidaridad
92 987 12 068 12.97 Morelos 31 232 5 160 16.52
372 376 10 798 2.89 Tultitlán 495 630 4 893 0.98
Ixtapaluca 518 766 10 261 1.97 Tecámac 528 993 4 874 0.92
La Paz 289 669 10 038 3.46 Otzolotepec 84 141 4 611 5.48
Temascalcingo 62 883 10 022 15.93 El Oro 35 099 4 586 13.06
Nicolás
Romero
412 254 9 795 2.37 Cuautitlán Izcalli 536 603 4 344 0.8
Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2020).
4 A su vez, este procedimiento, además de vincular al Estado de México con otra entidad federativa del país, permite ver la
construcción de comunidades transnacionales que articulan también con una ciudad de Estados Unidos (González, 2005).
272

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
Tanto las lenguas indígenas originarias como
las de los inmigrantes se hablan en municipios
que pertenecen a la actual megalópolis del centro
del país que se compone por las metrópolis
del valle de México, de Toluca, de Puebla/Tlaxcala,
de Pachuca, y de Cuautla/Cuernavaca. Es
interesante constatar que esta densidad moderna
megalopolitana se haya construido sobre las
bases organizativas de los pueblos indígenas ya
existentes en el centro del país. La nueva sociedad
urbana y moderna se construye sobre las
ruinas de la sociedad indígena: la metáfora se
observa en la construcción de edificios sobre las
pirámides antiguas.
¿Podemos afirmar que la construcción de la
región urbana del centro del país responde a
este arquetipo de sociedad fundado en el tiempo
de la conquista? La respuesta puede ser afirmativa
si consideramos la metáfora anterior.
Con base en discursos de integración moderna,
de crecimiento económico y de desarrollo social
se termina por clausurar el modelo de sociedad
indígena que subsiste en lo profundo de
la subalternidad, como si éste se encontrara en
la primera capa de la construcción urbana moderna,
como si la parte indígena fuera la primera
sedimentación de una sociedad que desea “enterrar”
para olvidar aquel origen.
El mismo modelo se replica para el caso del
Estado de México cuando analizamos los orígenes
de los asentamientos actuales (indicadores
que nos muestra la investigación histórica) y las
zonas industriales. Focalizando en el valle de
Toluca, existían 37 altepemes antiguos precortesianos
(García Castro, 1999), (Figura 2), sobre
cuyas bases se construyó la metrópoli del valle
de Toluca y se asentaron los parques industriales
(este planteamiento es extensivo a las zonas
industriales del valle de México que incorporan
municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec,
Tepozotlán, Tultitlán, Texcoco y otros en
los que se han instalado parques industriales). Es
interesante enfatizar que los corredores industriales
se han construido cerca de los lugares de
residencia de las comunidades indígenas (quizás
con la intención de abastecerse de mano de
obra y transformar así la vida campesina en vida
proletaria, aumentando la dependencia personal
al mercado de trabajo). De similar forma se ha
procedido con la construcción de autopistas que
comunican a las metrópolis de esta extensa región
urbana del centro del país (que desconecta
a las comunidades de sus lugares sagrados en
cerros y manantiales). 5 Si bien estos proyectos
se justifican discursivamente por el desarrollo,
la producción, el crecimiento y la conectividad;
en un segundo plano son desestructuradores
de la cultura indígena, pues en la medida que
transforman el territorio, transforman la cosmovisión
de los pueblos indígenas, convirtiendo a
su población en mano de obra (en nombre de la
generación de empleo) y a sus comunidades en
paisajes pobres para el deleite del transeúnte en
auto que atraviesa las metrópolis, contemplando
comunidades no conectadas a estas vías, a
la distancia.
La empresa colonial persiste
Hay en México (y en América Latina en general)
una intención, consciente o inconsciente, eso sí
permanente y perenne, por clausurar el pasado,
presente y futuro indígena, es decir, borrar
el proyecto de sociedad que se enarbola desde
la matriz civilizatoria de los pueblos originarios.
Esta clausura es iniciativa, la justifican discursivamente
las elites, con argumentos modernizantes
y desarrollistas que se nutren con aquellos
otros que dictan la inevitabilidad de la alineación
a los “rieles” del crecimiento económico, antes
nacional y ahora global, que plantea la occidentalización
de las naciones a lo largo y ancho del
mundo. 6 La clausura de los indígenas se refuerza
en la mirada y definición que se hace sobre ellos
como objeto de interés (o de cuidado) de la política
pública, lo que excluye completamente su
proyecto de sociedad política del debate nacional.
Esto se observa en las políticas públicas que
5 Esto aún y cuando la Ley de Derechos y Cultura Indígena
del Estado de México, creada el 10 de septiembre de 2002
(siendo la primera ley indígena estatal de México), establece
en el Artículo 5 numeral V, el derecho al territorio de los
pueblos indígenas, donde se reconoce que dicho territorio es
sustento de la cosmovisión y de la comunidad, aunque también
se limita la ley a indicar que este reconocimiento se realizará
sin detrimento del Estado de México ni la autonomía de
los municipios (LEGISTEL, 2002). El resultado sigue siendo
una ley que proclama la defensa de los Derechos Indígenas
por debajo de un interés superior, dictado por la entidad y los
municipios, en este caso.
6 Esta ausencia se observa claramente en el libro de Tello y
Cordera: La disputa por la nación (1981), donde los indígenas
no se mencionan; tendencia que continúa en el libro de Delgado
y Páez: La disputa por México (2022), donde los líderes
de los partidos políticos no mencionan a la población indígena
como un asunto de trascendencia nacional. En ambos
libros (ambas disputas) se omite la participación y existencia
de la sociedad indígena.
273

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
Mapa 2
Antiguos altepemes existentes en el valle de Toluca
Fuente: elaboración propia.
definen la población-objeto con criterios que no
incorporan la singularidad cultural indígena, lo
cual hace pensar que le asignan un valor secundario,
pues no se les construye como fines en sí
mismos, sino como objetos de la política, lo que
los subordina del llamado interés general.
Si bien se pueden considerar algunos logros
institucionales que pretenden el cuidado de los
Derechos Culturales de los pueblos (expresados
en el Derecho Internacional como el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); en el artículo Segundo Constitucional
de la nación mexicana o en las leyes estatales
como la del 10 de septiembre de 2002 del Estado
de México; incluso en la creación de la Unidad
Especializada para la Atención de Asuntos
Indígenas del Ministerio Público), encontramos
todavía que en la práctica jurídica son los criterios
occidentales y no la filosofía indígena la que
se aplica en los tribunales estatales (San Miguel,
2017). 7 Esta es consecuencia de que a los indígenas
se les construye como objetos de cuidado
institucional y no como sujetos de derecho
propio.
7 Dice Josué San Miguel Mora que el Tribunal Unitario del
Décimo Tercer Circuito de la ciudad de Oaxaca fue el primero
en atender un caso con la visión de los pueblos indígenas,
donde se le abordó considerando los derechos de los pueblos
indígenas, reconociendo sus sistemas normativos y sus
instituciones jurídico-tradicionales (2017: 289). De la misma
forma, en el estado de Michoacán se realizó una querella que
benefició a la comunidad purépecha de Nurío para recibir la
parte proporcional del presupuesto municipal provenientes
de los Fondos III de Obra pública; IV de Seguridad y el de
Gasto Corriente, cuestión que se ha repetido desde 2005 a
la fecha (Ventura, 2018). La recurrencia a la ley de amparo es
otro mecanismo al que muchas comunidades han recurrido,
por ejemplo, las comunidades de Xochicuautla que ganaron
un amparo en 2015 contra la construcción de la autopista
Toluca/Naucalpan por fallas en el procedimiento de consulta
a la comunidad (Leyva y Arriaga, 2020).
274

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
Exploro esta intención a través de la repetición
permanente del arquetipo (primer modelo
implementado para configurar una cosa) que
inició con la conquista y se consolidó durante
la Colonia (creando una nueva sociedad), generando
efectos de temporalidad de larga duración
(Braudel, 1994); para después adquirir otro
impulso con la política indigenista de principios
del siglo XX, en ocasión de la formación moderna
de México y que en la actualidad, en estos
tiempos postneoliberales, se ha experimentado
en las políticas territoriales que implican despojar
a los indígenas de sus tierras en favor del llamado
interés general, además de las acciones
de racialización y clasismo donde lo indígena es
visto de manera subvalorada o peligrosa. Estos
factores de relaciones culturales entre los grupos
8 se delinean por la presencia de ese arquetipo
originario que comenzó en la conquista de
estas tierras. Dicho arquetipo se puede resumir
en un mandato social inconsciente: ¡Construir la
sociedad occidental moderna sobre las ruinas de
los pueblos indígenas! Los tres momentos más
expresivos de este arquetipo son la evangelización
del tiempo de la Colonia, la política nacionalista
y modernista de integración llamada
indigenismo en tiempos posrevolucionarios, y la
acumulación por desposesión en los tiempos del
neoliberalismo. Así, la hechura de este ideal de
sociedad occidental comenzó con la evangelización
del indígena (que preguntó sobre la calidad
de humanidad de los indios conquistados). Imagen
política que se expresa en forma de metáfora
cuando es representada por las pequeñas
iglesias construidas sobre los monumentos piramidales
o por la destrucción completa de los
vestigios arquitectónicos y escritos que se llevaron
a cabo durante la Colonia. Su continuidad se
establece por la política indigenista que definió
a los indígenas como una sociedad inacabada
8 Esta subvaloración se puede rastrear desde la pregunta
sobre la humanidad de los pueblos indios en el debate de
Fray Bartolomé de las Casas, pero también en la separación
de las Repúblicas de indios y de españoles que rigió durante
la Colonia y posteriormente en llamar gente de razón a
los españoles y gente de costumbre a los indios (Bartolomé,
2004). Ya en los tiempos posrevolucionarios se puede cifrar
este arquetipo en encajonar a los pueblos como tradicionales
y escépticos al desarrollo, como decía Gamio (1987) al mencionar
que en México existían dos proyectos de sociedad,
uno basado en el progreso y el otro en la tradición, por lo
que habría que cambiar el proyecto indio hacia el progreso
occidental. De la misma forma, es común en estas sociedades
postcoloniales de América confundir la vida ritual de los
pueblos indígenas con absurdos como la brujería.
cuya completud se alcanzaría al insertarse en los
cauces del desarrollo occidental, 9 a condición de
desplazar su cultura en favor de la nacionalista
occidental moderna, es decir, como si se tratara
de una anomalía que se debe resolver para lograr
la plena occidentalización. Ahora, asistimos
al neoliberalismo, que comenzó la desestructuración
de la comunidad indígena, último vestigio,
mediante la modificación de la propiedad
social y su posible dominio como propiedad privada
para la implementación de proyectos empresariales.
Este modelo originario (arquetípico) dio origen
a una nueva sociedad, dividida y con una
distribución desigual de poderes y privilegios,
cuyo proyecto evangelizador e integrador fue
asociado a la elite occidentalizada 10 que se define
a sí misma como la poseedora de la verdad,
la “iluminada”, por lo que “sabe” cómo se puede
resolver “el problema indígena”, es decir, cómo
deben estos pueblos o comunidades integrarse,
primero a la sociedad cristiana, después al desarrollo
y al progreso, y posteriormente alinearse
con la voluntad general, 11 es decir, a la sociedad
occidental moderna.
En la metáfora de las iglesias construidas sobre
los basamentos piramidales, se proyecta la
yuxtaposición de una sociedad sobre la otra,
la metáfora alude a las jerarquías de la estructura
social, a los estratos y clases sociales. Por
otro lado, la destrucción de los vestigios de la
arquitectura indígena proyecta la imposición de
la cultura occidental sobre la indígena mesoamericana.
Estas disposiciones metafóricas a la
yuxtaposición y a la destrucción de la “piedra
india”, se proyectan en la evangelización, la integración
y el imperativo de alineación (a la volun-
9 Este proceso no ha parado. En la actualidad, su sentido
político y económico se sustenta en la idea de integrar al desarrollo
al sur del país, precisamente donde habitan la mayor
parte de pueblos originarios.
10 La emergencia de alcurnias locales siempre ha estado articulada,
en un sentido de red, con los poderes económicos
y políticos locales y nacionales de corte occidentalizante. Un
ejemplo de ello se observa en la configuración posterior a la
Revolución mexicana en la que el gobierno central hizo alianza
con las elites de los distintos estados (Ginzberg, 2019).
11 El argumento de la voluntad general se asumió como inevitablemente
deseado para el bienestar de las mayorías, lo que
daba entrada a zonas de sacrificio en nombre de dicha voluntad.
Expresiones coloquiales de esta voluntad general son
parecidas a las siguientes: “lo que México necesita es…”, “luchemos
por nuestro Estado de México…”, es decir, en nombre
de una abstracción poblacional/territorial se establece
un interés mayor a las sociedades singulares y particulares
que habitan los territorios concretos.
275

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
tad general) del indio a la sociedad occidental
moderna. Tanto en la evangelización temprana
colonial como en la integración política del México
moderno y el neoliberalismo hay un ideal
de salvación (Botey, 2014), enarbolado por las
elites, que se cifra en que las diferencias puedan
y deban alinearse al proyecto occidental.
Con la evangelización se trata de alinear al
indio a las creencias religiosas occidentales (en
nombre de Dios y del rey) (Zavala, 1991), sólo de
esa manera podrá salvarse, salvársele, desde la
perspectiva de las elites 12 que toman en sus manos
el destino de los indios; por su parte, ya en
los tiempos modernos del siglo XX, la salvación
de los indígenas, a través del indigenismo [que
proyectaba la integración política y cultural para
construir la homogeneidad nacional mediante la
realización de eso que llamamos lo mexicano (la
raza de bronce o la raza cósmica) (Vasconcelos,
1982) o con la integración a occidente mediante
proyectos productivos orientados al mercado y
al progreso haciendo patria (Gamio, 1992)], podrá
lograrse sacándolo del oscurantismo de sus
tradiciones culturales; mientras que en los tiempos
del neoliberalismo será integrándolos mediante
la educación 13 o tomando sus territorios
en nombre de un bien más general (aunque se
implementen acciones institucionales que aparentan
ayudar y apoyar los derechos colectivos
de los miembros de los pueblos). 14 Evangelización,
integración y alineación son proyectos
que las elites diseñaron para “salvar” al indio.
El sentido de salvación se traduce en la fórmula
que obliga a los indígenas a dejar de ser, a
transmutar sus identidades en favor del artificio
12 Es común que, en los países de América Latina, los no indios
se refieran a los indios como “nuestros indios”, “nuestras
comunidades”, “nuestras artesanas” dando la idea de una
relación armónica cargada de comprensión y consideración
(pues enfatiza en la salvación para el indio desde la visión de
la elite). Este dispositivo discursivo se encripta en relaciones
de armonía y comprensión empática, pero sirve como instrumento
para remarcar las desigualdades, construyéndose
como una ideología o dispositivo ideológico que perpetúa
la desigualdad económica a través de relaciones coloniales
(González y Valencia, 2019).
13 La creación del subsistema de educación intercultural se
encuentra en esta intención.
14 Es notable que mientras se intervienen los territorios indios
en proyectos de infraestructura o de vivienda de interés
social se amplían los servicios de defensoría de los pueblos
con orientación en derechos colectivos; por ejemplo las intervenciones
judiciales que se hicieron en el primer semestre
del 2022, 216 se hicieron en mazahua; 183 en otomí; 124 en
mazateco; 113 en náhuatl; 67 en mixteco; además de chinanteco,
amuzgo, huave, huirrarica, matlatzinca, maya y tsotsil
(PJEDOMEX, 2015), es decir, incluyendo tanto las lenguas llamadas
originarias como las de migrantes.
occidentalista. Así, la evangelización originaria
de la Colonia, la integración cultural del México
posrevolucionario y el neoliberalismo se engarzan
como productos históricos que permiten la
producción fortalecida del arquetipo que se cifra
en la conquista como tiempo originario de
esta nueva sociedad, arquetipo que genera disposiciones
de interacción jerárquicas, de significantes
movilizados políticamente que garantizan
que el proyecto de sociedad de las elites se
considere, imaginariamente “como el que conviene
a todos” tanto a los de abajo como a los
de arriba; tanto a los indios como a los no indios.
Se mezclan en este arquetipo las identidades de
clase y las de cultura.
Los indígenas, desde este proyecto evangelizador/integrador/asimilador
son construidos,
imaginariamente, como subsistencias de un glorioso
pasado que se esfumó con la llegada de occidente.
Lo indígena se mantiene como pedazos
inconexos de vestigios (del pasado y susceptibles
a desaparecer), cuyas marcas arquitectónicas
representan espectros (o están por descubrirse
para deleitar la imaginación arqueológica
a través de la semántica de las piedras direccionadas
al turismo). En esta idea se encuentra la
inevitabilidad del desarrollo y el progreso que
los alcanzará en algún momento (“desarrollar el
sur”, es la consigna de los gobiernos mexicanos)
y cuyo logro se constatará cuando los indígenas
dejen de existir. La famosa fórmula de la raza
cósmica vasconceliana (1982) se centra en esta
intención (González Ortiz, 2022).
El Estado de México (y el centro del país en
general) es paradigmático en este sentido, pues
las ideas del desarrollo y la modernización, sustentadas
en las acciones de la industrialización
y la urbanización, se han desplegado sobre las
tierras de los pueblos mesoamericanos cuya
existencia se cifra desde tiempos prehispánicos.
La propia Ley de Derechos y Cultura Indígena
del Estado de México incorpora, alineándose al
mandato constitucional, el criterio histórico que
cifra la existencia precortesiana de estos pueblos
en el actual territorio de la entidad, no obstante,
los proyectos modernizadores se han construido
(y los siguen haciendo) sobre las ruinas de
la propiedad social de los pueblos indígenas, lo
que muestra que el proyecto de evangelización/
integración/asimilación es una empresa inacabada,
aún no realizada pero siempre activa. No
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KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
afirmo que este proyecto se esté realizando de
manera consciente (aunque muchas acciones
públicas podrían interpretarse afirmativamente
si consideramos sus efectos perniciosos contra
los territorios indios); más bien afirmo que es la
fuerza del arquetipo originario la que lleva a la
realización de la permanente y perpetua colonización
del indígena. 15 Es desde ese arquetipo
que se constituye la empresa colonizadora, desde
las elites (Botey, 2014).
Si el proyecto de relación entre indígenas y
no indígenas se sustenta en este arquetipo ¿qué
tipo de relaciones sociales se esperaría pudieran
traducirse en beneficios colectivos para la diversidad
cultural?, ¿o es esperable transformar
completamente la sociedad para que se pueda
trascender este arquetipo que se manifiesta
siempre como trampas que se traducen en la
perpetuación de la inequidad y la desigualdad?
La existencia indígena plantea el problema del
contrato civil fundado en la diversidad cultural,
en esta sociedad mexicana que no es ni completamente
americana ni completamente europea,
es decir, ni indígena ni occidental. Por el otro
lado, plantea la cuestión de la desigualdad y las
clases sociales.
El cambio cultural de los
pueblos indígenas para mantenerse
La hipótesis del apartado anterior afirma que
el proceso colonial es una empresa inacabada 16
(Botey, 2014) en países como México. No obstante,
esto no significa que los pueblos indios
se mantengan pasivos ante los embates de este
violento proceso (antes evangelizador, después
integrador y ahora asimilador), por el contrario,
hay muchas maneras de hacerle frente al proyecto
colonizador desde la existencia indígena.
Las metáforas arriba esbozadas como yuxtaposición
y extinción de la “piedra indígena” se
expresan, fenomenológicamente, en las relaciones
sociales. La formación social mexicana es la
expresión contradictoria del proceso colonial y
la resistencia indígena o, más exactamente, la
negociación del proceso histórico-social que se
15 Obviamente esto no quita la responsabilidad de las elites
sobre la condición de pobreza y desigualdad en la que viven
los indios.
16 Tesis intuida por González Casanova (2006) cuando indica
la continuidad del colonialismo en las naciones independientes,
descrito como colonialismo interno.
expresa en la memoria oral y la memoria ritual
(Abercrombie, 2006). Los pueblos indígenas se
mantienen pese al proceso de destrucción de
sus culturas. Bonfil Batalla (1994) decía, desde
la década de los ochenta, que esta resistencia
se observa en las formas sutiles de mantener
una identidad en silencio, ante la negación que
occidente le asigna cuando la evalúa y define,
es decir, cuando se encuentra bajo la mirada del
México imaginario, distinción contrastante con
el México profundo (eminentemente mestizo).
Esta suerte de resistencia cultural a los embates
occidentalizadores, se constata en las formas
estratégicas de seguir siendo indígena en la
profundidad cultural de la identidad, aunque en
la superficie se camufle, pragmáticamente, bajo
la égida (protección o amparo) de volverse mestizo
ante la mirada de las elites dominantes. 17 El
concepto de resistencia cultural proyecta la idea
de hacer política desde el silencio fenomenológico,
una especie de secreto colectivo, una especie
de caballo de Troya en que la apariencia es
un objeto que esconde en su interior una identidad
compartida, no inmediatamente visible a los
que no pertenecen, pero sensible a quién sabe
leer el código cultural. El concepto de resistencia
cultural se asemeja al de sincretismo religioso
(si bien uno es secular y el otro no), pues ambos
esconden sentidos y significados culturalmente
compartidos pero escondidos, simulados en
significantes delineados por la apariencia de
los objetos y el mestizaje práctico (pragmático)
de los sujetos. Pero esta resistencia trasciende
el silencio para manifestarse en forma de movimiento
social cuando sus territorios están en
disputa. Es el tiempo donde la cultura transmuta
en política. Podemos preguntar hasta qué punto
la emergencia de las instituciones jurídicas actuales,
tanto estatales como nacionales e internacionales,
que defienden los derechos sociales
y los individuales, no son el resultado de dicha
resistencia hecha movimiento social por parte
de los indígenas.
Miguel Bartolomé le llamó a este proceso
transfiguración cultural (2006). Focaliza en la
crítica a aquellas posturas que miran la cultura
indígena en pleno proceso de desaparición o
extinción. Para este autor se trata más bien de
17 En buena medida, el mestizaje explica las formas singulares
de racializar a las personas no por su color de piel (solamente)
sino fundamentalmente por su acercamiento o lejanía
del proyecto occidental (Navarrete, 2004).
277

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
un proceso de asimilación y respuesta que se
traduce en la reconfiguración de nuevas identidades
que sirven para seguir siendo, es decir, se
trata de estrategias de asimilación que no terminan
por integrar las culturas indígenas a la cultura
hegemónica (occidentalizante). La transfiguración
cultural es el producto estratégico para
no dejar de ser, para no “dejarse extinguir”. En
la idea de la resistencia y de la transfiguración
subsiste una cultura propia que se encuentra
subsumida en un proyecto hegemónico, lo que
le queda, es mantenerse desde las posiciones
subalternas, desde los estatus subordinados,
yuxtaponiéndose a la cultura hegemónica sin
llegar a la extinción: perpetuándose silenciosamente.
Aquella idea de la pedacería dispersa de
la cultura indígena, queda redefinida, ahora, a
espectros silenciosos susceptibles de emerger y
articularse como movimientos sociales en situaciones
de emergencia étnica.
En la misma tesitura aunque de otra forma
se encuentra el planteamiento de las culturas
híbridas. Para García Canclini, el mundo globalizado
ha incorporado los significantes globales
a las culturas locales de todo el mundo, de ahí
que la accesibilidad a ellos ha terminado por
hibridarlas, lo que hace que la apropiación de
dichos significantes se convierta en estrategias
movilizadas para entrar y salir de la modernidad
(1989). Llevado a otro nivel de profundidad teórica,
el mismo autor afirma que todos los significantes
globales pertenecen a todas las culturas,
es decir, todos ellos, en tanto cada cultura se
los ha apropiado, transmutan en patrimonio cultural
para cualquier grupo (2004), lo que lleva
a una realidad cuyas diferencias culturales son
explicables más por los significantes compartidos
(hablar inglés, saberse mover en los mercados
globales, usar tarjetas de crédito, acceder
a los alimentos estandarizados a nivel mundial,
los conocimientos sobre el uso de los recursos
jurídicos de los distintos ámbitos del derecho,
además de conservar las claves identitarias de
la propia cultura) que por las diferencias. La hipótesis
de las culturas híbridas se acerca a las de
la resistencia y transfiguración cultural cuando
le asignamos una fuerte carga pragmática a la
agencia, es decir, al uso práctico de significantes
globales (García Canclini, 1989).
Resistencia, hibridación o transfiguración
cultural suponen cierto pragmatismo desde la
agencia cultural indígena. Esta disposición se
cifra en seguir siendo, en el marco de la subordinación,
al proyecto político colonial, hegemónico,
que subsume a las culturas indias. Estos
conceptos nos llevan a un pragmatismo indígena
silencioso, observador del contexto y consciente
de lo que toma e incorpora a su cultura,
sabedor y consciente sobre lo que elimina de la
propia y lo que mantiene. Se trata de un sujeto
reflexivo subordinado.
Un desarrollo intelectual más, en esta hipótesis,
se da bajo la categoría de ciudadanía multicultural
que, encerrada en los planteamientos
liberales de corte occidental, se propone, explícitamente,
la protección jurídica de las culturas
en favor de sus usuarios, cuya base política es el
reconocimiento (Taylor, 2009). Estas posturas
han llevado a considerar el derecho a la diferencia
como la cuarta generación de los Derechos
Humanos (Cortina, 2003). 18 Este argumento se
topa con la idea liberal que dicta que bastan
los derechos sociales para garantizar una vida
buena a los ciudadanos (Habermas, 2009), por
lo que los derechos colectivos o culturales son
subvalorados, por no decir desdeñados. Es interesante
que en México, y en el Estado de México
en particular, la defensa de los derechos culturales
sea una práctica de tribunales y ministerios
públicos que, aunque opera con mucho desconocimiento
sobre la normatividad jurídica indígena,
se puede argumentar que se están construyendo
las bases para un pluralismo jurídico
cuya orientación sea la defensa articulada de los
derechos individuales, sociales y culturales.
18 En esta tendencia del reconocimiento se forjan los derechos
culturales como un asunto específico para los pueblos
indígenas que habitaban estas tierras antes de la llegada de
Europa. El artículo segundo constitucional de México responde
a esos derechos y pone a disposición de las comunidades
indígenas, en articulación con el derecho internacional
(Stavenhagen, 2012), recursos jurídicos de gobierno y autodeterminación
que se traducen en el derecho a la parte proporcional
del financiamiento municipal (Ventura, 2018), pero
también en las leyes de organización autonómica que generan
una nueva episteme política (Darling, 2020) o de justicia,
seguridad comunitaria y regional, además de procesos de reinserción
social (Fernández, 2009) o de consulta informada
hacia las comunidades indígenas cuando se va a afectar su
territorio (Bárcenas, 2015). Aunque dichos recursos siempre
son cuestionados por los representantes del derecho positivo,
que no ceden ante nuevas formas de derecho, especialmente
los colectivos, es menester reconocer que existen y se
han aplicado en algunas experiencias locales. De esta forma,
se aprovecha el derecho internacional, el constitucional y el
local comunitario (llamado usos y costumbres) para el logro
de autodeterminaciones relativas.
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KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
Estas categorías, todas, son interesantes
en la medida que se enarbolan como hipótesis
teóricas que le asignan a los pueblos indígenas
un nivel de agencia para su subsistencia cultural
y política, ya sea mediante una práctica de
asimilación relativa que se cifra en resistencia,
en hibridación, en transfiguración cultural; o en
planteamientos de ciudadanía multicultural que
suponen una igualación suficiente que permitiría
el diálogo intercultural entre los distintos grupos
(Schmelkes, 2010; González Ortiz, 2007) ante
la ley. No obstante, cabe preguntar si este tipo
de rutas teóricas ocluyen el proceso histórico,
repleto de injusticias y de violencia, por el que
los grupos indios atravesaron y atraviesan en la
formación social actual (Botey, 2014). Llama la
atención y refuerza esta idea, la hipótesis de Giddens
que considera que la tradición es, en realidad,
una invención de la modernidad (2009).
La subsunción de los pueblos indígenas en el
proceso histórico hegemónico moderno debe
obligar a una reflexión teórica en la que se tenga
que revisar el papel y el desempeño de las
orillas o los márgenes sociales, allí donde se encuentran
los indígenas, para forjar el proceso
histórico propio, sin estar subordinados a la lógica
del proyecto colonizador. Spivak (2010) ha
propuesto una ruta reflexiva que se resume en
los llamados estudios poscoloniales, como método
hacia la deconstrucción de las estructuras
discursivas del poder de la hegemonía, para así
reconstruir el discurso desde los márgenes, desde
los subalternos.
Hace falta una postura en la que la diversidad
cultural no sea calibrada en función de la
occidentalización, sino más bien en función de
las propias maneras de ser sin hacer abstracción
de la violencia que implicó el proceso histórico
que se funda en el arquetipo de la dominación/
subordinación mexicana. Esto conlleva al reconocimiento
de la existencia de un capitalismo
desalmado, rapaz y global que está acabando
no sólo con la diversidad cultural sino con la vida
planetaria, lo que obliga a mirar las utopías hechas
a mano que se llevan a cabo en las rendijas
del sistema (Bartra, 2008), que son conscientes
del proceso histórico que han experimentado en
carne propia (repleto de violencias estructurales)
y de la negación que se hace a sus propias
culturas (como expresión de violencia simbólica).
De esa manera estaremos en condiciones
de construir nuevos horizontes cuyos insumos
sean los contenidos simbólicos y cognitivos
de las comunidades indígenas que subyacen,
viviendo y reproduciendo su cultura, en los intersticios
más marginados de la escala social. De
esta forma, la idea de la yuxtaposición cultural
merece una atención teórica, pues nos lleva a la
consideración de que existen, en competencia,
dos proyectos de sociedad, distintos y diferentes,
que se expresan en relaciones políticas yuxtapuestas
pero entendibles por la subsunción de
una a la otra, lo que explica las formas culturales
singulares de seguir siendo, pero cambiando.
Más que fusión o aculturación, se trata de yuxtaposición.
19
La identidad cultural en un péndulo
oscilante o transitar de mestizo a etnia
En la entidad, asistimos a una sociedad en que
las relaciones de las elites con los pueblos indígenas
bien pueden ser el paradigma del arquetipo
inicial. En él, las marcas de la identidad indígena
se muestran ambivalentes, como si se tratara de
un péndulo que se mueve hacia la aparente extinción
(o mantenimiento silencioso) y después,
súbitamente, hacia su reforzamiento como respuesta
política (la emergencia del espectro).
Este péndulo mantiene la existencia subsumida
del indígena en “la máquina hegemónica colonial”
(Bartra, 2008), lo perpetúa vivo pero en
forma espectral (Botey, 2014), encontrando salidas
expresivas, por un lado, en la profundidad
del silencio camuflado en mestizaje o en la asimilación
pragmática, y en la súbita protesta o
la organización del movimiento social, cuando
se atenta contra sus territorios, reactivando la
memoria colectiva de los orígenes ancestrales,
por el otro lado.
Estas tendencias pueden cifrase dentro del
proyecto de colonización (traducibles por la
evangelización primigenia y su continuidad en
la integración indigenista y la asimilación neoliberal),
en la medida que refuerzan su clausura
en favor de una ciudadanía mexicana, abstracta
y general, y pese a la existencia de reconocimientos
a la autodeterminación del gobierno
19 De esta forma, el propio derecho tendría que cambiar su
orientación hacia los pueblos: no imponer el derecho positivo
sino dar continuidad al derecho que se ejerce desde las
comunidades, lo que en términos generales se llama usos y
costumbres.
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FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
indígena como postulado constitucional. En
contraste, existen formas y prácticas culturales
que corren al contrario de dicho proceso, lo que
en este trabajo hemos aglutinado bajo los conceptos
de reconocimiento ciudadano intercultural,
transfiguración, hibridación o resistencia
cultural, 20 base fundamental de la reflexividad
desde el subordinado o la subalternidad. Esto ha
dado entrada a reconocer que hay comunidades
indígenas que lo son sin que sus miembros
estén enterados (Medina, 2007). Entre las prácticas
que corren a favor de mantener las identidades
se encuentran las fiestas tradicionales a
los santos patrones y las peregrinaciones en una
cartografía territorial sagrada, pero también la
subsistencia esforzada del trueque en algunos
mercados de la zona metropolitana del valle de
Toluca (González Ortiz, 2021) que, por otro lado,
también sufren embates culturales para desplazar
su importancia; y en la emergencia de protestas
contra proyectos de intervención estatal
de infraestructuras que se argumentan con las
pertenencias ancestrales movilizando memoria
colectiva.
La mediación entre estos estados pendulares
es el mestizaje, pues éste se convierte en un disfraz
para subsistir y sobrellevar el racismo y el
clasismo de la sociedad mexicana en general; el
mestizaje oculta el bilingüismo, define los espacios
y el uso social del lenguaje; incluso admite
lograr el monolingüismo en español sin perder
la identidad, sin necesidad de reivindicarla. El
mestizaje permite cambiar la identidad cultural
al mismo tiempo que la mantiene. Permite imaginarnos
occidentales sin serlo, pero también
ocultar la identidad indígena sin perderla del
todo. Esconde el arquetipo de las relaciones de
dominación que dieron origen a esta sociedad,
sólo que, en el mismo acto de esconderlas, las
encripta en otros significantes (como el folclor)
sin eliminarlas, manteniéndolas en potencia,
subalternas, espectrales, pero nunca pasivas. El
mestizaje permite trabajar en la industria o en
los servicios financieros al mismo tiempo que se
es mayordomo de la fiesta patronal, peregrino
a algún santuario regional, danzante en la fiesta
tradicional o chamán elegido por la centella.
La yuxtaposición es la marca permanente del
20 La base de este modelo fue explicada como fuerzas centrípetas
y centrífugas desde 1952 por Cámara Barbachano,
quien explicaba estas fuerzas a partir del análisis del sistema
de cargos (1952).
mestizo. Ejemplo de esta situación son la región
mazahua de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca
o Atlacomulco que transitan sus vidas en una
especie de cultura indígena resguardada, donde
los dispositivos cosmológicos no son del orden
público (Galinier, 1990) sino se “deslizan” en las
narrativas privadas en el interior de las casas, de
las familias.
Por otro lado, cuando las identidades pasan a
la acción (en el otro polo del péndulo), también
se encriptan en significantes culturales, pero
ahora desplegando su potencial político, dejando
a un lado al folclorista mestizo. Esto sucede
cuando los indígenas se ven sometidos a iniciativas
que afectan sus costumbres, sus territorios,
sus creencias o sus prácticas culturales. Emerge
de súbito el indio americano que subyace en la
profundidad. Entonces, las comunidades enarbolan
las demandas culturales de la identidad
étnica como demandas políticas para no perder
posiciones en la arena social presente. Ejemplo
de ello son los habitantes de Xochicuautla
que resaltan la pertenencia otomí ante las constructoras
de infraestructura carretera (Leyva y
Arriaga, 2019) que conecta a las áreas metropolitanas
que se construyen como telarañas en
medio de sus cerros y manantiales sagrados.
Otros ejemplos, en este polo del péndulo, son
los otomís de los pueblos de Toluca que han encabezado
una batalla permanente por lograr y
mantener la autonomía de los pozos de agua;
similar situación sucede en los pueblos de origen
náhuatl de Capultitlán y Cacalomacan quienes
dejaron sus pozos de agua bajo la promesa
de que se les retribuiría en el futuro y que, ante
la no realización de la promesa, quieren recuperarlos.
En este mismo tenor, se encuentran los inmigrantes
en los municipios metropolitanos del
valle de México que, con base en su cultura, han
construido comunidades transnacionales, que
articulan los territorios de Oaxaca, de Ciudad
Nezahualcóyotl y de Nueva York (González Ortiz,
2005). ¿Qué nos dice, entonces, la existencia
de los pueblos indígenas en el Estado de México?
Informa que la discursividad del crecimiento,
a través de la infraestructura, refleja una relación
de dominación colonial que no está exenta
de respuestas políticas por parte de los pueblos.
Si bien las intervenciones políticas construyen al
indio como objeto de la política (objeto de aten-
280

KORPUS 21, VOL. 3, NÚM. 8, 2023, 267-286
ción especial), éste recupera su sentido político,
transformándose en sujeto de la política.
La ciudad crece sobre las ruinas
de la propiedad social
Siguiendo la hipótesis del arquetipo inaugural
de la sociedad mexicana, que se basa en las
relaciones de poder entre la elite y los grupos
indígenas: En el Estado de México, las elites gubernamentales
y los empresarios inmobiliarios 21
construyeron casas en serie de interés social en
los municipios de Toluca, Atlacomulco y Almoloya
de Juárez, en el valle de Toluca; y en Huehuetoca,
Zumpango y Tecámac en el de México,
bajo una discursividad sustentada en los derechos
a la vivienda que estableció las bases para
construir sobre las tierras de propiedad social
(ejidal o comunal) de estos municipios. El nombre
del proyecto fue “Ciudades del Bicentenario”;
la motivación, celebrar la Revolución de Independencia
y la Revolución mexicana.
Uno se pregunta las razones por construir
este tipo de vivienda en los albores de los pueblos
de origen indígena, como si la intención
fuera, además de afectar el sentido de territorialidad
de los pueblos, el de juntar a dos sectores
de bajo poder adquisitivo. Hay, aquí, una
reproducción de los dispositivos arquetípicos
de esta relación de dominación originaria, pues
al juntar este tipo diverso de asentamientos humanos,
es decir, al combinar dos tipos de hábitats,
22 se pretende, en un segundo plano (ya sea
consciente o inconsciente) erosionar la cultura
indígena. Vale decir que este tipo de política urbana
ha generado problemas de salud pública
con las juventudes, la violencia se ha incrementado
y la producción y recolección de alimentos
de origen rural han ido a la baja.
El antecedente que abrió la posibilidad de
obtener la tierra social para la construcción de
21 La Ley General de Asentamientos Humanos de 1993 reduce
y relega la obligación del Estado para la construcción de
vivienda, otorgando esta competencia a la iniciativa privada,
destacando la apertura de nuevo suelo urbanizable en suelo
agrícola (normalmente sustentada en una tenencia social de
la tierra) y en reservas naturales, lo que lleva a que las transformaciones
sociales de las zonas urbanas quede en manos
de las inmobiliarias y sus lazos políticos con los gobiernos en
sus distintos niveles (Méndez y Villar, 2018).
22 Entiendo hábitat como la apropiación del territorio desde
la subjetividad que da el residir un espacio doméstico articulado
con un barrio, una colonia o un fraccionamiento residencial
que permite localizarse, a la persona, en el ámbito
metropolitano (Giglia, 2012; Lindón, 1999).
este tipo de residencias en serie, se encuentra
en la modificación del artículo 27 Constitucional
que permite la venta de tierra ejidal y comunal,
liberando a los campesinos del mandato
de mantener sembradas las tierras y a la vez
despojándolos del criterio de justicia social con
el que se creó la propiedad social a partir de la
Revolución mexicana (Bautista y Crespo, 2019).
Importante es destacar que la ciudad popular
(casas en serie de interés social junto a pueblos
en proceso de conurbación) se construye sobre
las ruinas de la propiedad social, una propiedad
que estuvo motivada por la justicia social del periodo
posrevolucionario.
Los centros comerciales desplazan las
formas de comercio de los pueblos
indígenas
Otra variable que es dable constatar, empíricamente,
es aquella que dicta que: allí donde existe
un mercado tianguis (mercado itinerante),
se instala un Bodega Aurrera. 23 Comienza así
un paulatino proceso de desplazamiento de la
actividad económica indígena que incorporaba
el intercambio de productos de distintos pisos
ecológicos. Por ejemplo, en el mercado de Tianguistenco
subsiste una sección de trueque en
la que los distintos mercaderes llevan productos
de sus distintos lugares (o pisos ecológicos)
para intercambiar. Los de las montañas altas llevan
madera y carbón; los de las laderas de las
lagunas, charales, acociles, malvas y pescados;
otros llevan artesanías como petates o jarras
de barro. El trueque, en dicho mercado, es una
actividad que subsiste no como un mecanismo
que cubra las necesidades locales sino como
una respuesta política cuya meta es la subsistencia
y perennidad indígena. En una ocasión,
una institución gubernamental, “montada” en la
discursividad del desarrollo, quiso construirles
infraestructura para ofertar sus productos, a lo
que los comerciantes se negaron rotundamente,
pues la práctica del trueque se motiva más por
las formas políticas para la conservación cultural
23 Bodega Aurrera pertenece a la firma empresarial Walmart
sólo que su presencia se hace en las regiones pobres
(González y Vega, 2016). Basta una observación de campo
en municipios que tienen o tenían tianguis de cierta fama regional
como Ocoyoacac, Tianguistenco, Toluca, Ixtlahuaca,
San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Almoloya de Juárez,
etcétera, para constatar esta afirmación. Todos esos municipios
albergan comunidades de origen mazahua y otomí.
281

FELIPE GONZÁLEZ ORTIZ, CONSTRUIR MODERNIDAD SOBRE LAS RUINAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
INDÍGENAS EN EL ESTADO DE MÉXICO
que en la lógica del intercambio de bienes por
necesidad (como era antes).
Los tianguis pueden cifrarse en los tiempos
prehispánicos (Yoma y Martos, 1990) y su subsistencia
se ha mantenido desde entonces. En la
actualidad, cobra importancia que la construcción
de Bodega Aurrera en las zonas donde hay
tianguis sea una constante. La intención es desplazar
a este tipo de mercados en favor de esos
establecimientos comerciales que se definen
bajo la lógica del código de barras (González y
Vega, 2016). La metáfora de construir sobre las
ruinas existentes es clara. El desplazamiento de
los mercaderes indígenas en el valle de Toluca
significa su desaparición en la medida que los
productos de los pisos ecológicos pierden sentido
para la subsistencia, pues la dependencia al
dinero se muestra como la aspiración clave para
entrar al mercado de bienes. La misma ciudad
de Toluca, en la primera mitad del siglo XX, era
un mercado repleto de productos de los distintos
pisos ecológicos; se podía encontrar papas
y hielo de las partes altas; madera y carbón de
los bosques; pescados, tules, malvas y ranas de
las zonas lacustres; frutos de las zonas medias;
flores de las zonas bajas; artesanías de todas las
regiones. Pero esto se acabó cuando “la ciudad
mercado” 24 desapareció en favor de un ordenamiento
de los productos en mercados tradicionales
fijos, para dar entrada, posteriormente, a
los supermercados.
Conclusiones
La historia contada en este artículo parece reproducir,
en forma metafórica, aquella idea de la
conquista y la colonización en que occidente se
recrea o reinventa sobre la base de la estructura
de origen americano. Expresiones de esto se
observan en el continuo acto bautismal (definir
al otro) que occidente hizo y hace sobre los indígenas,
primero dudando de su condición humana,
lo que justificaba construir sobre sus ruinas
arquitectónicas y sociales; después, ya en el México
moderno, definiéndolo como una anomalía
que había que corregir para integrarlo al devenir
del desarrollo y del progreso que la sociedad
occidental dictaba; y, en tiempos neoliberales,
24 Avelious, un periodista italiano de los tiempos de Mussolini,
llamó a Toluca “la ciudad mercado”. Decía que si desaparecía
el mercado desaparecía también Toluca (Sánchez,
1992).
definiéndolo como sector de sacrificio (al hacer
de sus territorios los lugares de la inversión privada)
en nombre de la voluntad general, por lo
que se crean instituciones que lo atienden en su
especificidad cultural, llamando la atención sobre
los derechos culturales (contradicción que
se resuelve en la simulación).
Partí de una metáfora: la construcción moderna
sobre las ruinas arquitectónicas de los indígenas.
Este fenómeno lo propuse como un arquetipo
inaugural de la sociedad mexicana, una
especie de limbo entre estar atrapado en la aspiración
occidental y el realismo indio mesoamericano.
Este arquetipo genera relaciones sociales
jerárquicas, mantiene valoraciones axiológicas
desiguales entre las culturas y define a la simbología
indígena como una parte del ser nacional
que debe extinguirse para lograr su “salvación”.
El acto bautismal de la hegemonía sobre los indígenas
es lo que caracteriza este arquetipo, es
decir, el hecho de que quién define al indígena
es precisamente la elite no indígena.
Empíricamente, la empresa colonial se observa,
además en los actos bautismales, en el
desplazamiento de las actividades tradicionales