Dos:Puntos - La revista de Godoy Córdoba - Edición Junio 2024

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Los planes de retiro y las
transacciones laborales:
¿desconocen derechos de trabajadores?
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Capacidad laboral
residual ¿Acreditación
de semanas cotizadas en
virtud de una afiliación
voluntaria?
¿Cómo la
Inteligencia Artificial
impacta los procesos
de Talento Humano?
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Aviso legal
El contenido en este documento tiene un
carácter informativo, pero no representa una
relación abogado-cliente, por lo que no se debe
interpretar como una recomendación o asesoría
jurídica de ningún tipo, por lo tanto usted no
debe utilizar este material como fundamento
jurídico en ninguna estrategia de negocio, y
en ningún caso este informativo reemplaza la
consulta a un abogado.
Comité editorial:
Federico Bernal, Laura Buriticá, Jennifer Molina
José David Ochoa y Nicolás Godoy.
Estilo y diagramación:
Zuly Bayona, Andrea Benavides Cárdenas
y Paula Granados.

CONTENIDO
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Notas breves
Capacidad laboral residual ¿acreditación de semanas
cotizadas en virtud de una afiliación voluntaria?
Modulación del precedente de la Corte Suprema de Justicia en
materia probatoria en los procesos de ineficacia de la afiliación
Últimas novedades
Los planes de retiro y las transacciones laborales:
¿desconocen derechos de trabajadores?
Litigios
El poder de las pruebas en los procesos disciplinarios
Talento GC
¿Cómo la Inteligencia Artificial impacta los procesos de
Talento Humano?
Del medio para ti
Pensión de sobrevivientes, igualdad en parejas
homosexuales

Notas breves
CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL
¿ACREDITACIÓN DE SEMANAS COTIZADAS EN
VIRTUD DE UNA AFILIACIÓN VOLUNTARIA?
La capacidad laboral residual corresponde
a la posibilidad que tiene una persona
de ejercer una actividad productiva que
le permita garantizar la satisfacción de sus
necesidades básicas pese a las consecuencias
de su enfermedad. Los elementos esenciales de
esta prerrogativa jurisprudencial fueron definidos a
partir de la sentencia SU-588 de 2016, dentro de la
cual la Corte Constitucional habilita la posibilidad
de que una persona que padece una enfermedad
de tipo crónico, congénito o degenerativo pueda
acreditar la densidad de cotizaciones requeridas
para acceder a una pensión de invalidez de
manera posterior a la configuración de la fecha de
estructuración de su invalidez.
Una vez acreditada tal condición, corresponde
a las Administradoras de Fondos de Pensiones
la verificación de los aportes efectuados con
posterioridad a la estructuración de la invalidez,
pues los mismos deben ser realizados en el
ejercicio de una probada capacidad laboral del
interesado sin que tengan como único fin defraudar
el sistema. Amplia ha sido la discusión al respecto,
pues son precisamente tales características las que
han generado malestar dentro de la jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, quien de manera previa a la
emisión de la sentencia SL-747 de 2024 sostenía
que los aportes independientes efectuados por un
afiliado en virtud de su capacidad laboral residual
tenían que corresponder a tiempos efectivamente
laborados.
La sentencia en cita, que resulta ser precursora
de un cambio jurisprudencial, estudia el caso
4 Junio - Revista Dos:Puntos

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de un afiliado que acude al sistema con el fin
de obtener el reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez en virtud de su capacidad
laboral residual. El actor pretendía la acreditación
de la densidad de cotizaciones necesarias para
acceder a la prestación, pese a admitir dentro
de su interrogatorio de parte que algunas de
estas cotizaciones habían sido sufragadas por su
progenitor sin que mediara una efectiva prestación
del servicio.
Con el propósito de ventilar la resolución del
problema jurídico planteado, la Corte acudió a los
elementos definitorios de la seguridad social y a
sus respectivos principios, sosteniendo con ello la
inminente cobertura que debe otorgarse a quienes
cuenten con un ingreso económico derivado de
las formas de trabajo voluntario u obligatorio, pues
es precisamente ello lo que desarrolla el principio
de universalidad y materializa el mandato de
progresividad.
Lo anterior, cobra vital relevancia en los elementos
de juicio asumidos por la Sala, pues la misma
centra la línea de su debate en la categorización
de los afiliados al sistema, sosteniendo que, los
trabajadores independientes mutan la naturaleza
de su afiliación a partir de la reforma introducida
por la Ley 797 de 2003, convirtiéndose con ella en
afiliados obligatorios al sistema. En tal sentido, el
pago de cotizaciones y aportes por terceros debe
ser discriminado, pues para la jurisprudencia laboral
en virtud de tales disposiciones, es perfectamente
válido que un trabajador independiente decida
mantenerse vinculado al sistema, como afiliado
voluntario, sin que medie una relación jurídica con
un tercero.
A juicio de la Corte, la decisión de permanencia al
sistema pese a no ostentar la calidad de trabajador
subordinado o independiente trae consigo la
liberalidad del pago de aportes, de lo que se
deriva la irrelevancia de la fuente de financiación
de las cotizaciones. En el caso concreto, el alto
colegiado concluyó que el demandante, al no
contar con un ingreso ni ostentar la calidad de
trabajador subordinado o independiente, no tenía
la obligación de pagar aportes, tal como lo dispone
el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, de lo que se
deriva que sus cotizaciones deban considerarse
propias de la afiliación voluntaria, evento en el
cual no resultaba determinante que las mismas
hubieran sido sufragadas por su progenitor.
Concluir lo contrario, en opinión de la Sala, sería
transgredir el principio de universalidad al impedir
que una persona con capacidad laboral no pueda
acceder a las prestaciones económicas por el
solo hecho de no tener una relación laboral o
contractual, pese a contar con la posibilidad de
efectuar los pagos de manera voluntaria.
Pese a que, a modo de cierre, la Corte recuerda
la necesidad de que en cada caso se estudie el
ánimo de defraudar el sistema, lo cierto es que
los argumentos dados alrededor de la afiliación
voluntaria convergen en la apertura del sistema
a la elaboración de la propia prestación por parte
del afiliado, y en la dificultad que comportara a las
administradoras el análisis de dichas prestaciones.
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Contenido desarrollado por:
Tania
López
Asociada
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Notas breves
MODULACIÓN DEL PRECEDENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EN MATERIA PROBATORIA
EN LOS PROCESOS DE INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN
La Corte Constitucional a través de la
sentencia SU-107 de 2024 se dispuso a
revisar 25 fallos de tutelas dirigidos contra
decisiones judiciales en las que se resolvió la
ineficacia del traslado de régimen de prima media
con prestación definida (RPM) al régimen de
ahorro individual con solidaridad (RAIS) efectuado
por afiliados dentro del lapso de tiempo entre
1993 y 2009. Para este organismo, era necesario
determinar si el precedente de la Corte Suprema
de Justicia en materia probatoria en esta clase de
procesos es contrario a la constitución.
Para ello, la Corte Constitucional en sentencia
SU-107 de 2024, destacó la relevancia que tiene
el deber de otorgar una información clara, veraz
y suficiente a cada potencial afiliado que tenga
interés de trasladarse de régimen. Dado que del
precedente de la Corte Suprema de Justicia donde
ha sostenido que “siempre que se indique, en la
demanda, que una Administradora de Fondo de
Pensiones - no informó sobre las consecuencias
de un cambio de régimen pensional, corresponde
a la AFP al fondo de pensiones demostrar que
sí brindó dicha información” (CSJ SL, 09 sep.
2008, rad. 31989) se ha traducido en un traslado
de la carga de la prueba del afiliado al fondo de
pensiones demandado.
En vista de esta regla de decisión reiterada
por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional en sentencia SU-107 de 2024 se
ocupó de analizar este problema jurídico desde
un enfoque constitucional, reconociendo que
6 Junio - Revista Dos:Puntos

La Corte Constitucional
comprende que la inversión
de la carga de prueba no
puede ser de aplicación única
a una sola parte dentro del
proceso, dado que esta solo
se debe incluir dependiendo
de las particularidades del
caso en concreto".
este precedente genera una desproporción en
la inversión de la carga de la prueba, premisa en
la cual la administradora de fondos de pensiones
demandada siempre debe demostrar que brindo
la debida y correcta información al afiliado. Es
por esta razón que, a través de sus facultades
dispuestas en la Constitución, esta alta corporación
analiza la función de la prueba, desde lo dispuesto
en el artículo 167 del Código General del Proceso,
donde se establece que el juez como director del
proceso, tiene la potestad de manera oficiosa de
decretar, practicar y valorar las pruebas que estime
necesarias, teniendo en cuenta que para los años
en que se realizaron la mayoría de los traslados
entre regímenes no se exigía documentar por
escrito dicha actividad de afiliación.
De manera que, la Corte Constitucional comprende
que la inversión de la carga de prueba no puede
ser de aplicación única a una sola parte dentro
del proceso, dado que esta solo se debe incluir
dependiendo de las particularidades del caso
en concreto ante la parte que no encuentre otra
forma viable de hacer valer sus derechos y no
como exclusivo o único método del cual se puede
demostrar un hecho.
La Corte Constitucional también se pronuncia
frente a la afectación del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, consagrada en el
artículo 48 de la Constitución Política, dado que,
frente a la aplicación del precedente de la Corte
Suprema de Justicia esto generó masivos traslados
efectuados por vía judicial, en los que se ha tenido
como consecuencia un impacto fiscal significativo
y relevante para el Régimen de prima media, esto
debido al alto regreso de afiliados provenientes del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y
que genera que esta entidad pública deba hacerse
cargo de cada uno de estos afiliados ocasionando
un impacto financiero superior para el sistema.
Así las cosas, para la Corte la condena a devolver
los aportes efectuados en el RAIS es deficiente
para conceder una mesada pensional con un
ingreso base de cotización elevado; por ende,
aunque se declare la ineficacia de la afiliación,
es materialmente imposible devolver las cosas a
su estado original, pues cada uno de los afiliados
aportó y se benefició de un sistema privado donde
se consolidó su situación pensional durante toda
su vida laboral.
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Contenido desarrollado por:
Lina
Varela
Asociada
De esta manera, en la sentencia SU-107 de 2024,
la Corte Constitucional modula el precedente y
concluye que en cada uno de los procesos donde
se tenga como pretensión la declaratoria de
ineficacia del traslado de régimen de prima media
al régimen de ahorro individual, se debe tener en
cuenta de manera especial cada una de las reglas
consagradas en la Constitución política, el Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, en
el Código General del Proceso. En consecuencia,
la Corte señaló que la aplicación de su decisión
tendrá efectos inter pares, de forma extendida
y de inmediato cumplimiento, frente a todas las
demandas que se encuentren cursando en la
jurisdicción ordinaria laboral.
8 Junio - Revista Dos:Puntos

AL AIRE
¡Escucha ahora
nuestro nuevo episodio!
LIBRETO DE TU VIDA
ep. 07
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godoy cordoba
Ana C. Medina
Socia de Godoy Córdoba
María Clara Villegas
Conferencista, consultora
y escritora
Estudiar una carrera, tener un trabajo "exitoso", casarse y tener hijos, son
algunos de los hitos de un libreto implícito que la sociedad nos impulsa a seguir.
En una cercana y emotiva charla, bajo la conducción de Ana C. Medina, socia de
Godoy Córdoba, nuestra invitada María Clara Villegas, conferencista, consultora
y escritora sobre la felicidad, nos comparte, a través de sus experiencias de vida,
una guía para reescribir ese "libreto" y construir el éxito hecho a tu medida.
Para mí, el
éxito se traduce en
construir relaciones
a largo plazo”.
- María Clara Villegas
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Últimas novedades
LOS PLANES DE RETIRO Y LAS TRANSACCIONES
LABORALES: ¿DESCONOCEN DERECHOS DE
TRABAJADORES?
La Corte Suprema de Justicia, en reciente
Sentencia SL391-2024, abordó una importante
clarificación sobre la validez de los acuerdos
transaccionales en la terminación de contratos
laborales en Colombia. En esta sentencia, la Corte
reafirmó su postura sobre la legalidad de dichos
acuerdos y los requisitos necesarios para su
implementación, especialmente en contextos de
cierre empresarial.
Contexto del Caso
El proceso se originó con un trabajador que
cuestionaba la legalidad de la terminación de su
contrato laboral, argumentando que el acuerdo
transaccional al que accedió para la terminación
de su contrato era ilegal, pues consideraba que
se había originado en el cierre de la planta de
producción donde laboraba y ello requería una
autorización previa del Ministerio del Trabajo.
Este supuesto vicio del consentimiento, según el
demandante, invalidaba el acuerdo suscrito por las
partes.
Decisiones de Instancias
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí,
en primera instancia, y posteriormente el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, en
segunda instancia, fallaron a favor de la empresa
demandada. Ambas instancias concluyeron que
no existía vicio del consentimiento en la firma del
acuerdo transaccional y que no era necesario
obtener autorización del Ministerio del Trabajo para
la terminación del contrato por mutuo acuerdo.
10 Junio - Revista Dos:Puntos

Consideraciones de la Corte Suprema
La Corte Suprema, al revisar el recurso de casación,
ratificó las decisiones de los jueces de primer y
segundo grado. La Corte destacó varios puntos
claves en su análisis:
• Validez de los Acuerdos Transaccionales:
La Corte reafirmó que los acuerdos
transaccionales son válidos siempre que
sean fruto de la libre voluntad de las partes.
En este caso, se comprobó que el trabajador
accedió al acuerdo sin coacción y con pleno
conocimiento de las condiciones, recibiendo
una compensación adecuada que incluso
superaba las indemnizaciones legales por
despido sin justa causa.
• Autorización del Ministerio del Trabajo: La
Corte aclaró que la autorización del Ministerio
del Trabajo en el proceso de liquidación de
la empresa es necesaria únicamente en
casos de despido colectivo, no cuando la
terminación del contrato se realiza por mutuo
acuerdo mediante un acuerdo transaccional.
Este punto es crucial para diferenciar entre
una terminación forzada y una voluntaria del
contrato laboral.
• Protección de derechos laborales: La
sentencia enfatizó que los acuerdos
transaccionales no deben lesionar los
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derechos laborales ciertos e indiscutibles de
los trabajadores. En el caso del casacionista,
se comprobó que todos sus derechos
laborales fueron respetados y compensados
adecuadamente, lo cual valida el acuerdo.
Precedente Jurisprudencial
La Corte Suprema reiteró su jurisprudencia
pacífica sobre la autorización que debe elevar el
empleador ante el Ministerio del Trabajo cuando
realizará despidos colectivos en virtud de una
liquidación empresarial. En el caso bajo estudio, se
enfatizó en la validez y legalidad de los planes de
retiro y acuerdos transaccionales, reafirmando que
el hecho de que el empleador ofrezca beneficios
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adicionales para que el trabajador acepte un
plan de retiro no resta validez jurídica al acuerdo,
siempre y cuando no se afecten los derechos
ciertos e indiscutibles del trabajador.
Un punto clave de la sentencia consiste en
determinar que la exigencia de solicitar autorización
al Ministerio del Trabajo es predicable solo cuando
se pretenda el despido de trabajadores en el
momento del cierre del establecimiento, más no
respecto de aquellos cuyo contrato haya terminado
por mutuo acuerdo entre las partes.
Validez de las
transacciones
laborales durante
la liquidación
empresarial:
¿Es necesaria la
autorización del
Ministerio del Trabajo?"
Contenido desarrollado por:
Ma. Alejandra
Ramírez
Asociada
Implicaciones prácticas y conclusiones
La sentencia SL391-2024 establece directrices
claras para empleadores y trabajadores en casos
de terminación de contratos laborales por mutuo
acuerdo al margen de un proceso de liquidación
empresarial. Los empleadores deben asegurarse
de que los acuerdos sean fruto de la libre
voluntad y que todas las obligaciones laborales
sean cumplidas. Los trabajadores, por su parte,
deben estar informados de sus derechos y deben
considerar que la voluntad que allí se plasme debe
ser completamente libre.
12 Junio - Revista Dos:Puntos

QUEREMOS QUE
SIEMPRE CUMPLAS
TUS OBLIGACIONES
MIGRATORIAS
De acuerdo con la Resolución
5477 de 2022, los titulares de
visas tipo Residente, emitidas
bajo regulaciones anteriores y
actualmente vigentes, deben
realizar el traspaso de dicha
visa antes de la fecha límite:
22 DE OCTUBRE
DE 2024
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Litigios
EL PODER DE LAS PRUEBAS EN
LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS
En materia probatoria es posible afirmar que,
si bien se predica una libertad probatoria
para acreditar la falta, como regla general,
no debe perderse de vista que al empleador no le
está permitido recaudar la totalidad de las pruebas
que enuncia el Código General del Proceso, sino
que, por el contrario, detenta un actuar limitado
que hace imposible el asimilar ambos procesos,
principalmente por el hecho de que el empleador
no cuenta con poderes de ordenación o instrucción
que si se atribuyen a los Jueces de la república.
Por otro lado, resulta indispensable que el tema
probatorio no solo se ajuste a los derechos de
contradicción y defensa, sino también con otros
derechos fundamentales como son la intimidad
y la dignidad en el trabajo, lo cual no solo limita
los medios de prueba que pueden ser utilizados,
sino que también exige formalidades a la hora de
hacerlos valer dentro de un proceso disciplinario.
De acuerdo con lo anterior, es importante
referirnos a los principios de utilidad, pertinencia y
conducencia en materia probatoria, entendidos, en
su respectivo orden, como la relación que existe
entre la prueba y los hechos que se busca probar,
la trascendencia de la prueba y la existencia o no
de una prohibición de utilizar dicha prueba.
Ahora, profundizando frente a la conducencia de
las pruebas, de cara a los procesos disciplinarios,
es posible afirmar que la Corte Constitucional ha
hecho primar los derechos fundamentales de
los trabajadores sobre la necesidad de acreditar
la comisión de la falta y, con ocasión a ello, ha
prohibido el uso de algunos tipos de pruebas o a
limitado su recaudo y valoración. Siguiendo esta
línea, se exponen algunas de las discusiones más
significativas que se han dado, así como las posturas
que jurisprudencialmente se han adoptado:
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Grabaciones de seguridad en lugares de trabajo
En sentencia T-768 de 2008, la Corte Constitucional
indicó que el derecho a la intimidad no es absoluto
y que encuentra limitaciones en el interés general,
con lo cual, el empleador puede grabar a los
empleados, en el ejercicio de sus labores, como
medidas para velar por la seguridad de su actividad
y el control de las funciones ejercidas, con lo cual,
las grabaciones obtenidas en el lugar de trabajo
son válidas para adelantar procesos disciplinarios.
Extracción de información íntima o privada de
equipos corporativos
En la sentencia T-405 de 2007, se precisó que
incluso si un trabajador almacena en un computador
corporativo una carpeta que se denomine
“personal” el empleador no puede extraer dicha
información y utilizarlas como pruebas dentro de
un proceso disciplinario. Sin embargo, precisó que
para acreditar el uso indebido de herramientas
de trabajo le es suficiente al empleador emitir
un informe, por el área correspondiente de la
compañía, que permitiera acreditar la comisión
de la falta, sin que se use directamente los
documentos personales encontrados.
Informes de dependencias y/o de seguridad
Acorde a lo dispuesto en el subtítulo anterior,
es clara la relevancia que tienen los informes
de seguridad y/o de otras dependencias
de la compañía como pruebas en procesos
disciplinarios y es que este no solo permitiría
compilar información obtenida con ocasión a
investigaciones realizadas y censurar información
de índole privada para sustentar la imposición de
una sanción, sino que, a su vez, se erige como
una modulación al principio de inmediatez que
se exige en los procesos disciplinarios, teniendo
en cuenta que, tal y como se expuso en la
sentencia con radicado 62078 del 27 de junio de
2019, la inmediatez no implica una simultaneidad
de la sanción con la comisión de la falta y, por el
contrario, el empleador tiene derecho a adelantar
previamente las investigaciones que considere
pertinentes para acreditar la comisión de la falta
y/o para recaudar el material probatorio necesario
para tener certeza frente al incumplimiento.
Grupos corporativos de WhatsApp
Mediante sentencia T-574 de 2017, la Corte
Constitucional precisó que en grupos de
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La Corte Constitucional
primó los derechos
fundamentales de los
trabajadores sobre la
necesidad de acreditar la
comisión de una falta".
Contenido desarrollado por:
Juan José
Cataño
Asociado
Daniel
Gómez
Asociado
WhatsApp, de índole corporativo, era válido tomar
las conversaciones que allí se sostengan como
pruebas en procesos disciplinarios, incluso si el
trabajador disciplinado no suministró expresamente
su consentimiento para su uso, entendiendo que
fue catalogado como información de índoles
semi-privada donde la perspectiva de privacidad
se atenúa y por ende, el control a la divulgación de
lo allí dicho también.
En conclusión, si bien existe libertad probatoria
para acreditar las faltas disciplinarias, lo cierto es
que las pruebas que se recauden no solo deben ser
útiles para acreditar las faltas que se le atribuyen
y oportunamente trasladadas al trabajador, sino
que ellas también deben respetar los derechos
fundamentales del disciplinado para que las
sanciones no sean desvirtuadas en el curso de un
proceso ordinario laboral.
16 Junio - Revista Dos:Puntos

¿A ti qué te
genera tranquilidad?
Esta es la sonrisa de un trabajador extranjero
que no debe preocuparse por las implicaciones
de su movilidad laboral y la de su familia,
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Talento GC
¿CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPACTA
LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO?
En la vanguardia de la revolución del talento,
la Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como
nuestra aliada estratégica. Con un avance
acelerado, los procesos de Talento Humano, desde
la selección hasta el desarrollo del talento, están
experimentando una transformación significativa,
impactando en varios aspectos del área:
1. Reclutamiento y selección de personal: La IA
ayuda a optimizar el proceso de reclutamiento
al analizar grandes volúmenes de datos para
identificar candidatos potenciales que se
ajusten mejor a los requisitos del rol.
Los algoritmos de IA pueden examinar hojas
de vida, perfiles en redes sociales y otros datos
para identificar habilidades y experiencias
relevantes, que a su vez permitirán filtrar
candidatos potenciales que se ajusten mejor
a los requisitos del rol. De esta manera, la IA
agiliza el proceso de reclutamiento y mejora
la calidad de las contrataciones.
2. Automatización de tareas administrativas:
La IA permite automatizar tareas rutinarias
y administrativas, como la programación de
entrevistas, el seguimiento de candidatos,
la gestión de documentos y la respuesta a
consultas comunes de los colaboradores,
permitiendo liberar tiempo para que el equipo
de Talento Humano pueda enfocarse en
actividades estratégicas y generar un mayor
impacto en la organización.
3. Análisis predictivo y gestión del talento:
Los sistemas de IA pueden analizar datos
de desempeño, retroalimentación de
colaboradores, y otras variables para
identificar tendencias y patrones en el
18 Junio - Revista Dos:Puntos

comportamiento del personal. Esto permite
anticipar necesidades de capacitación,
identificar posibles problemas de fidelización
y tomar decisiones más informadas sobre el
desarrollo del talento (analizando encuestas y
resultados sobre cultura, clima y/o burnout).
4. Asistencia virtual para colaboradores: Los
chatbots y asistentes virtuales impulsados
por IA pueden proporcionar respuestas
rápidas a preguntas comunes de los
colaboradores sobre políticas de la empresa,
beneficios, vacaciones, entre otros. Este
tipo de herramientas permiten reducir
la carga administrativa sobre el equipo y
mejora la experiencia de los colaboradores
al proporcionar acceso inmediato a la
información que necesitan.
5. Evaluación del desempeño y
retroalimentación: La IA puede facilitar la
evaluación del desempeño mediante la
recopilación y el análisis de datos objetivos,
como métricas de rendimiento, para
proporcionar retroalimentación personalizada
y precisa a los colaboradores, ayudando a
identificar áreas de fortaleza y oportunidades
de mejora de manera más eficiente.
Cabe aclarar que, la implementación de la IA
también plantea desafíos éticos y prácticos,
como la necesidad de garantizar la equidad y
la transparencia en los algoritmos utilizados. Así
mismo, es necesario abordar preocupaciones
sobre la privacidad de los datos, el posible sesgo
algorítmico y la preocupación de perder puestos
de trabajo que la IA reemplace con sus nuevas
funciones.
Lo anterior, demuestra como la IA está
transformando la manera en la que se llevan a
cabo las actividades en el área de Talento Humano,
permitiendo una mayor efectividad y capacidad a la
hora de tomar decisiones informadas. Sin embargo,
está claro que todavía la IA no puede reemplazar por
completo las habilidades y capacidades humanas
en el ámbito laboral, siendo indispensable el
conocimiento de un buen reclutador, coordinador
o gerente de Talento Humano.
La inquietud se inclina al riesgo de volvernos un área
transaccional y menos humana, particularmente
en lo que se refiere a los temas de atracción y
desarrollo del talento. El desafío está en generar
claridad del rol de la IA en nuestros procesos y su
alcance, logrando eficiencia en los procesos, pero
su vez, evitando caer en la “automatización” de las
relaciones laborales y humanas.
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Contenido desarrollado por:
Ma. Paula
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Del medio para ti
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES,
IGUALDAD EN PAREJAS HOMOSEXUALES
Según la sentencia SL 2517 del 11 de
septiembre de 2023, las parejas del mismo
sexo tienen los mismos derechos que
las parejas heterosexuales a conformar una
familia, teniendo en cuenta el artículo 42 de la
Constitución Política de Colombia, entendiéndose
que dicha garantía debe ser reconocida no solo a
las parejas heterosexuales sino también a las del
mismo sexo que tengan la voluntad responsable
de conformarla.
¿Quiénes son las personas habilitadas para
reclamar el reconocimiento prestacional de
sobrevivientes?
De conformidad con la sentencia antes enunciada,
la pensión de sobrevivientes es una prestación
económica que se reconoce a los beneficiarios
del afiliado o pensionado cuando este fallece. Sin
contrariar la postura jurisprudencial, las parejas
homosexuales y heterosexuales están sometidas
a las mismas reglas para hacerse beneficiarias al
reconocimiento de dicha prestación, resaltando,
que todas gozan de los mismos derechos
constitucionales. Por tanto, las personas habilitadas
serán aquellas que acrediten el pleno de requisitos
legales para obtenerla sin importar su condición o
preferencia sexual.
¿Son los mismos los requisitos necesarios para
obtener una pensión de sobrevivientes que para
la sustitución pensional?
No. La norma aplicable en caso de pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento del
fallecimiento del causante. En el caso concreto, las
normas aplicables al caso son los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo
12 de la Ley 797 de 2003, que en lo referente a los
requisitos para obtener dicha prestación para el
20 Junio - Revista Dos:Puntos

afiliado al sistema que fallezca, señala que deberá
acreditar cincuenta semanas de cotización dentro
de los tres últimos años inmediatamente anteriores
al fallecimiento.
¿Existe un término mínimo de convivencia para
ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes?
No. Mediante el fallo analizado el legislador
únicamente condicionó un tiempo mínimo de
convivencia como requisito indispensable para el
caso de muerte de un pensionado, mas no para
un afiliado como es el caso bajo estudio, ya que,
ante la muerte de este último, no fue previsto por
el legislador un tiempo mínimo de convivencia.
¿Es equiparable la publicidad dada dentro
de las relaciones heterosexuales como
las homosexuales respecto de los medios
de prueba para el reconocimiento de esta
prestación?
No, es equivocado reprochar que las parejas
homosexuales no den a su convivencia una
publicidad igual a la que se espera respecto de las
parejas heterosexuales porque con ello se estaría
desconociendo la realidad social y familiar que las
rodea.
¿Qué medios de prueba se pueden llegar a este
tipo de procesos?
Seguirán siendo los mismos medios de prueba
descritos en el artículo 168 del Código General del
Proceso para acreditar la convivencia tanto en parejas
homosexuales como en parejas heterosexuales.
En conclusión, la Corte Suprema de Justicia reiteró
que tanto las parejas heterosexuales como las
homosexuales deberán acreditar iguales requisitos
legales a fin de obtener las prestaciones a las que
aspiran en calidad de beneficiarios resaltando
que los jueces no podrán emplear lenguajes
discriminatorios al momento de dirigirse ante este
tipo de población.
Contenido desarrollado por:
Manuel
Jaimes
Asociado
D
Más allá de los estigmas
sociales, la pensión
de sobreviviente para
parejas del mismo
sexo es un hecho en
Colombia".
Revista Dos:Puntos - Junio
21

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