Cuaderno 5. Contratos derivados de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de arrendamientos o servicios

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CONTRATACIONES
Contratos derivados de los procedimientos de
adquisiciones de bienes y contratación de
arrendamientos o servicios.
Autor: Juan Carlos García Durán
Colección: Cuadernos de contrataciones públicas
para los Municipios del Estado de México

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Órgano Superior
de Fiscalización
del Estado de México

Número 05.
contratación de arrendamientos o servicios.
Primera edición: Diciembre de 2023
ISBN de la colección: en trámite.
ISBN de este cuaderno: en trámite.
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1. ¿Qué tipos de Contratos prevé la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios?
1.1 Definición de Contrato y su objeto.
1.2 Naturaleza jurídica de los Contratos derivados de la aplicación de la Ley
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su
Reglamento.
1.3 Tipos de Contratos y sus modalidades.
1º Contratos Pedido.
2º Plurianuales.
3º A Precios Fijos.
4º Con Ajuste de Precios.
5º Abiertos.
6º De Suministro.
2. ¿Cuál debe ser el contenido mínimo de los Contratos?
2.1 De los Contratos en general.
2.2 De los Contratos Pedido.
2.3 Partes en los Contratos y Contratos Pedido.
ué aspectos importantes se deben tomar en cuenta en los Contratos y
Contratos Pedido?
3.1 Reglas para la interpretación de los Contratos y Contratos Pedido.
3.2 Penas convencionales.
3.3 Garantías.
3.4 Devolución de cantidades por pagos en exceso.
3.5 Subcontratación.
3.5 Consecuencias de la terminación anticipada o de la rescisión
administrativa.
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número
5
CONTRATACIONES
Contratos derivados de los procedimientos de
adquisiciones de bienes y contratación de
arrendamientos o servicios.
Colección: Cuadernos de
contrataciones públicas para
los Municipios del Estado
de México
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Introducción
No se concibe el aseguramiento de las mejores condiciones en cuanto a
oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás condiciones pertinentes en
un procedimiento de contratación pública, sin que se documente y estipule con
claridad, precisión y sin ambigüedades los derechos y obligaciones que desde la
convocatoria de la licitación pública, la carta invitación en la invitación restringida y
solicitud de participación en la adjudicación directa, se dieron a conocer en las
bases y anexos respectivos a los oferentes y éstos aceptaron al presentar sus
propuestas técnicas y económicas a la convocante.
El documento idóneo en el cual se estipula la forma en que se van a cumplir las
obligaciones ya no de los oferentes o licitantes, sino de los proveedores y
prestadores de servicios con la contratante, es precisamente el Contrato o Contrato
Pedido.
Un contrato, en términos generales, es un acuerdo de voluntades en el cual las
partes se obligan en la forma en que desean hacerlo, pero cuando se trata de
contratos derivados de la aplicación de la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y sus Municipios y su Reglamento, estos instrumentos adquieren la
naturaleza legal de administrativos y se caracterizan en que las ventajas son para
los entes públicos y no hay igualdad de condiciones entre las partes.
Esas ventajas, a grandes rasgos, estriban en que son los entes públicos, en este
caso los Municipios del Estado de México y sus organismos, los que ponen las
condiciones desde el procedimiento y por el sólo hecho de participar en éste, los
oferentes las aceptan y, por consecuencia, se obligan a suscribir el contrato y
cumplir con cada una de las obligaciones estipuladas en ese instrumento.
Una de esas prerrogativas, entre otras, es que el pago se realiza una vez
recibidos los bienes o se presten los servicios en los términos pactados en los
Contratos o Contratos Pedido, desde luego, a entera satisfacción de los municipios
y organismos.
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Por dicha razón, desde las bases de la licitación pública, invitación restringida y
condiciones que se dan a conocer a los licitantes en las solicitudes de participación
para adjudicación directa, se hace el señalamiento expreso de que las condiciones
contenidas en éstas no podrán ser negociadas o modificadas; incluso, las
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deben modificar las
condiciones que se dieron a conocer previamente en los documentos de los
procedimientos de contratación.
Lo anterior implica que no se debe realizar pago alguno, ya sea en concepto de
anticipo o total, sin que exista Contrato o Contrato Pedido y, desde luego, sin que
se hayan cumplido todas las obligaciones a cargo del proveedor o prestador del
servicio a entera satisfacción de los municipios o de sus organismos.
Conocida la importancia de los contratos, es menester decir que la suscripción del
contrato es la novena y penúltima fase del procedimiento de licitación pública y de
la invitación a cuando menos tres personas, y la última en la adjudicación directa;
una vez formalizado el contrato, es procedente la entrega de los bienes o la
prestación de los servicios, aunque la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios prevé la posibilidad de que esas obligaciones se materialicen
antes de que se firme este instrumento.
Sin embargo, para efectos del pago, el Contrato o Contrato Pedido es el
documento justificante que permite su realización, lo que significa que no se deben
hacer erogaciones a proveedores o prestadores de servicios por concepto de
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios, sin que previamente se haya
suscrito entre las partes el instrumento legal en el cual se hayan estipulado con
precisión y claridad las obligaciones y derechos de las partes.
Es tal la importancia del Contrato o Contrato Pedido que, el Código Financiero del
Estado de México dispone en su artículo 312, fracción III que los municipios y sus
organismos deberán cuidar bajo su responsabilidad que los pagos que se efectúen
con cargo a sus presupuestos aprobados se encuentren debidamente justificados
y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por
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justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación
de hacer un pago y por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega
de los bienes y servicios y el pago en dinero correspondiente.
Pero además de la importancia en el pago, es necesario que en los Municipios del
Estado de México y sus organismos se tomen en cuenta diversos aspectos
en los Contratos o Contratos Pedido derivados de los procedimientos de
adquisiciones de bienes y contratación de arrendamientos o servicios , que es
de lo que se trata precisamente esta entrega.
En ese sentido, esta entrega, el número 5 de la Colección de Cuadernos de
contrataciones públicas para los Municipios del Estado de México, se trata de los
tipos de contratos que prevé la Ley de Contratación Pública del Estado de México
y Municipios, partiendo de que su objeto siempre será la adquisición,
arrendamiento o prestación de los servicios, incluyendo los de cualquier naturaleza
previstos en el artículo 4 de la Ley, o bien, la compraventa si se trata de enajenación
de bienes y su finalidad que es la de satisfacer el interés público.
Es así como en este cuaderno se señala, en primer lugar, que la naturaleza jurídica
de los Contratos y Contratos Pedido es que son contratos administrativos, lo que
implica que por estar previstos en la Ley, se originan únicamente con la aplicación
de un procedimiento de contratación de tal manera que no es posible su existencia
sin que se haya aplicado previamente la licitación pública, la subasta pública, la
invitación restringida o la adjudicación directa.
También se explicará que, en términos de la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios y su Reglamento es posible realizar Contratos y Contratos
Pedido, señalando las diferencias entre un instrumento legal y otro y dependiendo
de su importe, cuál es el que se debe utilizar. Incluso, puede darse el caso que sea
posible adquirir bienes y contratar servicios sin que sea requisito formalizar
instrumento alguno cuando se trata de adquisiciones directas.
Atendiendo a lo dispuesto en el párrafo que antecede, y ya explicada la importancia
de los Contratos y Contratos Pedido, se detalla que éstos pueden tener la
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modalidad de abiertos o plurianuales, por lo que se hace referencia cuál es la
condición para que los instrumentos legales adquieran esas características y su
aplicación práctica, de acuerdo a las necesidades de los entes públicos.
También se indicará qué deben contener los Contratos y Contratos Pedido y, si
bien es cierto que en el Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios se encuentra el contenido mínimo de éstos, también lo es
la necesidad de reforzar aspectos importantes a tomar en cuenta, como son las
penas convencionales, garantías de cumplimiento y de vicios ocultos, y la forma en
que se deben reintegrar los pagos en exceso y las consecuencias de la
cancelación, terminación anticipada o rescisión administrativa por causas
imputables al proveedor o prestador de los servicios.
Un tema fundamental en este cuaderno son las partes que intervienen en la
formalización del Contrato o Contrato Pedido, por lo que se explica quién debe
suscribirlos por parte de los municipios y sus organismos, y qué requisitos hay que
cuidar del proveedor o prestador del servicio previamente a la suscripción.
Se espera que con el estudio de este cuaderno, las personas servidoras públicas
de los Municipios del Estado de México y sus organismos tengan presente que
cada procedimiento de contratación se debe llevar a cabo por fases y que la de
suscripción del Contrato o Contrato Pedido es la que regularmente precede a la
entrega de los bienes o la prestación de los servicios. Esto significa que no deben
realizar pagos sin que se cumpla la condición de formalizar el documento que
estipule las obligaciones pero, sobre todo, sin que el proveedor o prestador de
servicio haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo. De no observar lo
anterior, hay el riesgo de incurrir en faltas administrativas.
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¿Qué tipos de contratos prevé
la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y
Municipios?

1.1 Definición de Contrato y su objeto.
Los artículos 7.30 y 7.31 del Código Civil del Estado de México disponen
respectivamente que: “Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones.” Mientras que: “Los convenios que
crean o transfieren obligaciones y derechos, reciben el nombre de contratos.” Por
lo tanto, el contrato crea y transfiere obligaciones y derechos, mientras que el
convenio los modifica o las extingue.
De acuerdo con la definición legal de contrato, proporcionada por el Código Civil
citado, en términos generales, es un acuerdo de dos o más personas a través del
cual se crean o transfieren derechos u obligaciones.
Sin embargo, para la materia de las contrataciones públicas, la definición obtenida
del Código Civil es en un sentido muy amplio, lo que hace necesario contar con
una apropiada, especialmente para lograr su aplicación en los municipios y los
organismos; pero para tenerlo, es necesario retomar el objeto de la LCPEMM y lo
que para esta Ley queda comprendido entre las adquisiciones, arrendamientos, por
lo que es indispensable retomar lo que disponen los artículos 1 y 4.
De acuerdo con su artículo 1, la LCPEMM tiene por objeto regular los actos relativos
a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la
adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios
de cualquier naturaleza que se realicen entre otros entes públicos, los Municipios
del Estado de México y sus organismos.
En ese sentido, la fase de la suscripción del contrato es un acto que se debe realizar
como la etapa previa a la culminación de la ejecución de las adquisiciones,
enajenaciones y arrendamientos de bienes y la contratación de servicios de
cualquier naturaleza.
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Por otra parte, el artículo 4 de la LCPEMM indica, para los efectos de esta Ley,
las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos
y servicios y ese debe ser su objeto:
La adquisición de bienes muebles e inmuebles.
La venta de bienes muebles e inmuebles.
El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
La contratación de servicios relacionados con bienes muebles.
La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de
bienes muebles.
La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así
como de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles.
La prestación de servicios profesionales.
La contratación de consultorías, asesorías y estudios e investigaciones.
La contratación de servicios de cualquier naturaleza.
De la aplicación práctica de los artículos 1 y 4, el resultado es que en los entes
públicos derivados del empleo de la LCPEMM y su Reglamento , se van a
formalizar regularmente contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios o
de compraventa si se trata de la enajenación de bienes muebles.
Por ello, es posible proponer las siguientes definiciones para uso en la función de
las contrataciones públicas en los Municipios del Estado de México y sus
Municipios.
Se definirá como contrato de adquisiciones, arrendamientos y servicios: “El
acuerdo de un Municipio del Estado de México o sus organismos - a los que se les
denominará contratante - con una persona física o jurídico moral - a la que se le
designará como proveedor o prestador de servicios - quienes se obligan a vender
o arrendar bienes o a prestar servicios.”
Por lo que corresponde a la definición de un contrato para la materia de las
enajenaciones, hay que tomar en cuenta que la enajenación es la transmisión de la
propiedad de un bien, ya sea por medio de la venta, permuta, donación o dación
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en pago, pero la que se proporciona es aplicable para la subasta pública y la
adjudicación directa, que son los procedimientos que prevé la LCPEMM.
Se define como contrato de enajenación de bienes: “El acuerdo de un Municipio
del Estado de México o sus organismos - a los que se les denominará contratante
- con una persona física o jurídico moral - a la que se le designará como comprador
- quien se obligan a adquirir y pagar los bienes adjudicados.
¿Cómo se determina correctamente el objeto
del Contrato o del Contrato Pedido?
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1.2 Naturaleza jurídica los contratos derivados de la aplicación de
la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
y su Reglamento.
Basados en las definiciones de contrato y convenio que proporciona el Código Civil
del Estado de México, es correcto que estas figuras implican un acuerdo de dos o
más personas, lo que en principio implica que existe libertad de las partes y cada
una se obliga en los términos y condiciones que acuerden; pero este principio, que
se conoce regularmente como el de la autonomía de la voluntad, se limita cuando
se trata de contratos regulados en la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios (LCPEMM).
Lo anterior se debe a que, tratándose de contratos que se derivan de un
procedimiento de contratación previsto en la LCPEMM, los acuerdos de voluntades
se sujetan al Derecho Público, que es la rama del Derecho que se encarga de las
disposiciones legales cuyas normas conciernen al poder público y sus relaciones
con los individuos, sus organizaciones y con él mismo.
Es así como los Contratos y Contratos Pedido, al estar previstos en la LCPEMM,
pertenecen al Derecho Público y por tanto, su naturaleza jurídica, o sea su esencia
y características principales es que son administrativos, los cuales se definen de
acuerdo con el maestro Jorge Fernández Ruiz como: “El acuerdo de un particular
con un órgano del poder público en ejercicio de función administrativa para crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales, en aras del interés
público, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario.” (Derecho
Administrativo: p. 180).
Para comprender que los Contratos y Contratos Pedido son administrativos de
acuerdo con la definición citada, se debe atender que los órganos del poder público
son los municipios y sus organismos; los particulares son los proveedores o
prestadores de servicios y las obligaciones que se crean serán para adquirir,
arrendar bienes o contratar servicios, los cuales se adjudican derivados de los
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servicios públicos y cumplimiento de finalidades que, desde luego, son de interés
público.
La sujeción al régimen excesivo de derecho ordinario estriba en que en los
contratos administrativos todas las ventajas tienen que ser para los municipios o
sus organismos y entrañan obligaciones que no son negociables, como la
estipulación de penas convencionales, garantizar el cumplimiento de las
obligaciones, pagar intereses cuando existan pagos en exceso, entre otras, las
cuales únicamente son aplicables al proveedor o al prestador del servicio y nunca,
bajo ninguna circunstancia, son a cargo de los entes públicos.
Para el objeto del estudio de las contrataciones públicas, es importante conocer
las diferencias esenciales entre un contrato administrativo frente a uno civil o
mercantil a través de las características de cada uno. A continuación se señalan las
siguientes, mismas que han sido tomadas de la bibliografía del autor citado:
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATOS PRIVADOS
El interés social está por encima
de la voluntad de las partes.
Su objeto son los servicios
públicos.
Existe desigualdad entre Estado
y contratante.
Las cláusulas son exorbitantes.
Interviene la jurisdicción
especial, ya sean tribunales
administrativos, o en propia
sede administrativa, según los
trámites establecidos por la ley o
por lo estipulado en el contrato
mismo.
La voluntad de las partes es la
ley suprema.
Su objeto son los intereses
particulares.
Existe igualdad de las partes.
Las cláusulas son las que
corresponden de manera natural
al tipo de contrato.
La jurisdicción para dirimir
controversias recae en los
tribunales ordinarios.
De la comparación anterior, es posible identificar que se está ante un contrato
administrativo si concurren los siguientes elementos: el interés social y el servicio
público; la desigualdad de las partes; las condiciones ventajosas para los entes
público; la existencia de cláusulas exorbitantes; y la jurisdicción especial.
Es inequívoco que los contratos derivados de la aplicación de la LCPEMM y su
Reglamento son administrativos, siempre deben ser a favor de los municipios y los
organismos, y los proveedores o prestadores de los servicios las aceptan desde
que participan en un procedimiento de contratación.
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¿Los municipios y sus organismos pueden otorgar garantías para
el cumplimiento de sus contratos y estipular en éstos la
obligación de penas convencionales a su cargo?
No. Ya que no hay ninguna disposición legal que lo prevea y de acuerdo al
principio de legalidad que rige en el servicio público: “Lo que a la persona
servidora pública no le es permitido en una ley o norma previamente establecida,
le está prohibido.”
Al respecto, el artículo 1 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de México para el Ejercicio Fiscal de que se trate, dispone que los entes
públicos, entre los que se encuentran los municipios y sus organismos, en el
ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal deberán observar las
disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de
Coordinación Fiscal, el Código Financiero del Estado de México y Municipios,
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y en las
disposiciones que en el marco de dichas leyes estén establecidas en otros
ordenamientos.
Ninguna de las disposiciones citadas prevé que los municipios o sus organismos
ejerzan esa posibilidad. Incluso, el artículo 56 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria dispone expresamente que los ejecutores de
gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de
sus obligaciones de pago.
Aunque en términos de la Ley citada las entidades públicas fiscalizables
municipales no son ejecutores de gasto, la disposición es de utilidad para ilustrar
que los municipios y sus organismos, al no tener la facultad expresa de otorgar
garantías y pactar penas convencionales a su cargo, les está prohibido.
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1.3 Tipos de Contratos y sus modalidades.
Cuando se habla de tipos se hace referencia a las especies de los contratos, es
decir, el conjunto de elementos semejantes entre sí. En ese sentido, de acuerdo
con la LCPEMM derivado de la aplicación de cualquier procedimiento de
contratación previsto en esta Ley, las convocantes deben cumplir con la fase de
suscripción del contrato con el oferente adjudicado.
En cuanto al tipo de contratos que se derivan de la LCPEMM, está el de adquisición
o enajenación de bienes, que también es posible llamarle de compraventa, el de
arrendamiento de bienes y el de prestación de servicios.
De acuerdo a la Real Academia Española, se entiende como adquisición: “La
acción de adquirir”. Por adquirir: “comprar” y por esta última, “Obtener algo por un
precio.” Para el arrendamiento, la misma fuente consultada indica que es la:
“Acción de arrendar”. Por su parte, “arrendar” se define como: “Ceder o adquirir
por un precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios”.
En tanto, el servicio se define como la: “Acción y efecto de servir”, y servir como:
“Estar al servicio de alguien” o “Estar sujeto a alguien por cualquier motivo
haciendo lo que él quiere o dispone.”
En relación a lo que señalan las diversas especies de contratos derivados de la
aplicación de un procedimiento de contratación previsto en la LCPEMM, son los
de adquisiciones o compraventa, arrendamientos y prestación de servicios, incluso
puede darse el caso de que en un instrumento legal concurran dos tipos, por
ejemplo, una compraventa y servicios.
En cuanto a las modalidades, de la revisión de la LCPEMM y su Reglamento, en
independencia de que se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios, se
desprenden los siguientes contratos: Contratos Pedido, Plurianuales, A Precios
fijos, Con ajuste de Precios, Abiertos y de Suministro.
Las modalidades de los contratos se explican a continuación y se proporciona el
fundamento legal correspondiente.
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1º CONTRATOS PEDIDO.
De acuerdo con el artículo 80 de la LCPEMM, son aquellos instrumentos que
permiten a los ayuntamientos y sus organismos adquirir bienes o contratar servicios
por una cantidad que no exceda los montos establecidos para la adjudicación
directa, de conformidad con lo previsto en la fracción XI del artículo 48 de la
presente Ley.
El artículo agrega que las dependencias deberán celebrar Contratos Pedido para la
contratación de bienes o de servicios que realicen al amparo de dicha fracción, lo
cual significa que es obligatorio que todos los procedimientos de contratación de
adjudicación directa por monto que tengan como fundamento el artículo 48
fracción XI de la LCPEMM, se formalicen con este tipo de instrumento legal.
Pareciera que, en principio, la obligación de formalizar Contratos Pedido cuando
se trate de montos que no excedan la adjudicación directa no es aplicable a los
municipios y los organismos; sin embargo, el artículo 141 del Reglamento de la
LCPEMM dispone que los celebrados al amparo del artículo 80 de la Ley, se
realizarán directamente por las unidades administrativas de las dependencias,
organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, y serán formalizados
con el proveedor que resultó seleccionado del análisis de al menos dos
cotizaciones obtenidas, en términos del artículo 92 del citado Reglamento.
Lo anterior significa que para la obligación de celebrar Contratos Pedido,
tratándose de adjudicaciones directas por monto que se realicen en los municipios
y sus organismos, también es aplicable la de formalizar sus adquisiciones,
arrendamientos o servicios a través de estos instrumentos.
En un sentido amplio, los Contratos Pedido son una forma simplificada de los
contratos en general que coadyuvan a que las adquisiciones, arrendamientos y
servicios adjudicados con el procedimiento de adjudicación directa por monto, se
formalicen de una manera pronta y expedita; así se garantiza que el procedimiento
sea eficiente y eficaz, y se formalice con un instrumento legal con esas mismas
características.
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¿Cómo se distinguen los Contratos en general de los Contratos Pedido
?
Se distinguen por su contenido mínimo. Para los Contratos en general, se deberá
observar lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de la LCPEMM, y si se
trata de Contratos Pedido, se atiende el artículo 141 de esa disposición.
Otra forma de distinguirlos es por el procedimiento de contratación que le
precede; se celebra contrato cuando la adjudicación se deriva de una licitación
pública, invitación restringida o de una adjudicación directa por materia que se
fundamente en cualquiera de las fracciones del artículo 48 de la LCPEMM, con
excepción de la fracción XI, que es una adjudicación directa por monto para la
cual se debe llevar a cabo Contrato Pedido.
2º PLURIANUALES.
De acuerdo con el artículo 3, fracción XII del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de México para el Ejercicio 2023 - que es en el que se elabora este
cuaderno - un Ejercicio Fiscal se define como: “Al periodo de un año presupuestario
y contable, equivalente a un año calendario, para el cual se presupuestan los
ingresos y gastos, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.”
Por su parte, el Glosario de “Términos Más Usuales en la Administración Pública
Federal” define al ejercicio presupuestario como: “Período de tiempo durante el
cual se han de ejecutar o realizar los ingresos y gastos presupuestados.
Normalmente coincide con el año natural.” (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público: p. 168)
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De acuerdo a la definición de ejercicio fiscal y ejercicio presupuestario, se
desprende que los Contratos y Contratos Pedido celebrados al amparo de la
LCPEMM, en principio deben limitar su vigencia o duración al 31 de diciembre del
año calendario en el que se celebran, ya que el ejercicio del gasto solamente se
debe realizar durante ese periodo.
Sin embargo, la ley especial que, en este caso la LCPEMM, sí prevé en su artículo
15 - cumpliendo ciertas condiciones - la posibilidad de celebrar contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios cuya ejecución rebase un ejercicio
presupuestal.
En ese sentido, un Contrato Plurianual en materia de adquisiciones, arrendamientos
y servicios es aquel cuya ejecución rebasa un ejercicio presupuestal con la
posibilidad de formalizarlo ya que puede resultar conveniente en casos necesarios
y de suma importancia para dar continuidad al suministro o la prestación de los
servicios, además que, en términos de economía, con un procedimiento se contrata
para varios ejercicios.
Las condiciones que cumplir para celebrar un Contrato o Contrato Pedido
Plurianual, son las siguientes:
Se deberá determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los
ejercicios subsecuentes.
Considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes.
Tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos que
aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Adicionalmente, es necesario que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 297
del Código Financiero del Estado de México y Municipios para realizar una
contratación plurianual, el área contratante o interesada en la contratación de
bienes o servicios, incluso ambas, deberán justificar lo siguiente:
Que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o
condiciones sean más favorables.
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Que el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la
competencia económica en el sector de que se trate.
Que se identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente.
Que se desglose el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal
correspondiente como para los subsecuentes.
¿Qué aspectos adicionales es necesario considerar
para celebrar Contratos Plurianuales?
De acuerdo al artículo 297 del Código Financiero del Estado de México, se
deberá obtener la autorización de la tesorería municipal, previa justificación
elaborada en términos de lo que se dispone en este artículo. En los organismos,
es necesario revisar la ley que crea a cada uno.
La autorización que se otorgue es meramente presupuestal, lo que significa que
la tesorería no debe pronunciarse respecto al procedimiento de contratación que
se lleve a cabo, ni sobre la adjudicación.
Tomar en cuenta que la celebración de Contratos Plurianuales queda sujeta a su
ejercicio y pago a la disponibilidad presupuestal de los años correspondientes y
así se deberá estipular en el Contrato o Contrato Pedido.
De igual manera, se deberá indicar en las bases o solicitudes de participación
que se celebrará un Contrato Plurianual indicando la vigencia y la condición de
que su continuidad se sujeta a la disponibilidad presupuestal para ejercicios
posteriores.
3º A PRECIOS FIJOS.
En términos del artículo 69 de la LCPEMM, en los contratos deberá pactarse la
condición de Precio Fijo, lo que significa que durante la vigencia del contrato éste
deberá ser permanente e invariable.
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4º CON AJUSTE DE . PRECIOS
Si bien es cierto que la regla general es que en los contratos se pacte la condición
de precios fijos, también existe la posibilidad de que se estipule en esos
instrumentos ajustes al alza o a la baja.
El artículo 69 último párrafo de la LCPEMM dispone que en los Contratos Abiertos
podrán pactarse ajustes al importe de los bienes o de los servicios contratados en
caso de aumento o decremento en los precios, dentro del presupuesto autorizado.
De conformidad con la disposición citada, la posibilidad de modificar los precios
durante la vigencia del contrato únicamente es procedente si se trata de Contratos
Abiertos y que se estipulen las reglas para el incremento o disminución, de acuerdo
con el artículo 138 del Reglamento de la LCPEMM.
En las reglas hay que considerar desde las bases de la licitación pública, de
invitación restringida o bien, en la solicitud de participación, si se trata de una
adjudicación directa; además de indicar que se trata de un Contrato Abierto, se
deberá señalar la posibilidad del ajuste de precios.
En ese sentido, cuando en el Contrato Abierto se vaya a estipular aumento o
decremento en los precios de los bienes o servicios contratados, se deberá indicar
lo siguiente:
Que el ajuste no será mayor al incremento o decremento del precio de los
bienes o servicios o, en su caso, del Índice Nacional de Precios al
Consumidor.
Se deberán indicar los plazos para revisar los precios pactados en el
contrato.
En los casos de desfasamiento en el calendario de entrega del bien o la
prestación del servicio por causas imputables al proveedor, el ajuste no
aplicará después de la fecha pactada para la entrega del bien o la prestación
del servicio.
En el caso de decremento, el ajuste deberá ser conforme a la reducción al
precio de los bienes o servicios o, en su caso, del Índice Nacional de Precios
al Consumidor.
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No está de más tener presente que la modificación de precios se deberá
documentar con el convenio modificatorio correspondiente y realizar los ajustes y
endosos a las garantías.
5º ABIERTOS.
El artículo 81 de la LCPEMM define a los Contratos Abiertos como aquellos
instrumentos que permiten adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y
plazo indeterminados, fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación
presupuestal correspondiente, y en el caso de los Ayuntamientos con sujeción a
las disposiciones legales correspondientes.
De acuerdo a la definición proporcionada por la LCPEMM la celebración de un
Contrato Abierto procede cuando no se cuenta con la certeza y precisión de los
bienes o servicios que se van a adquirir o contratar, lo cual significa que la cantidad
y plazo sean indeterminados, precisamente por la imposibilidad de cuantificar con
precisión las cantidades a requerir.
Determinar, de manera previa al inicio del procedimiento adquisitivo, la
cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o el plazo mínimo y
máximo de la prestación de servicios, así como la asignación presupuestal
disponible.
El programa de suministro que formará parte del contrato, en el cual se
establecerán las cantidades mínimas y máximas de los bienes o los plazos
mínimos y máximos de prestación de servicios y, en su caso, los precios
unitarios.
En general, los contratos tendrán una vigencia que no excederá del ejercicio
fiscal en que se suscriba, pero pueden ser plurianuales.
Se podrá rebasar un ejercicio fiscal, en cuyo caso los municipios o los
organismos en sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y
24

servicios, deberán determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a
los ejercicios subsecuentes, considerando los precios vigentes. (Véanse la
condiciones que cumplir para los contratos plurianuales).
Tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos que
aseguren la continuidad de la entrega de los bienes o prestación de los
servicios. (Véanse las reglas para los ajustes de precios).
El proveedor deberá suministrar los bienes, y el prestador proporcionar los
servicios en las cantidades y en las fechas que determine la parte
contratante, de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
Aunado al cumplimiento de las reglas anteriores, es necesario atender también las
que dispone el artículo 137 del Reglamento de la LCPEMM para los Contratos
Abiertos, que indica que se deberá considerar como mínimo lo siguiente:
Establecer la cantidad mínima y máxima de bienes por contratar o bien, el
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse.
Si se trata de la contratación de servicios, se establecerá el plazo mínimo y
máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que
podrá ejercerse.
Los municipios y sus organismos podrán celebrar Contratos Abiertos
cuando tengan la suficiencia presupuestaria para cubrir el monto máximo
del mismo.
La cantidad mínima de bienes o servicios por contratar; o bien, el
presupuesto o plazo mínimo por ejercerse no podrá ser inferior al sesenta
por ciento de la cantidad, presupuesto o plazo máximo que se determine en
el momento de iniciar el procedimiento.
Considerar las previsiones presupuestales para aquellos contratos que
rebasen un ejercicio fiscal.
La garantía de cumplimiento deberá constituirse considerando el porcentaje
que se establezca como monto máximo total del contrato.
25

¿Cómo se determina la vigencia de los
Contratos Abiertos?
Aunque el artículo 81 de la LCPEMM dispone que los Contratos Abiertos
permiten adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo
indeterminados, éstos terminan cuando se cumple cualquiera de las siguientes
dos condiciones.
La primera, cuando se alcanza el monto máximo del contrato, en independencia
de la duración en el plazo estipulado, por lo que a los Contratos Abiertos se les
da seguimiento desde que se entrega al proveedor o prestador de servicios la
orden de suministro y no en el momento de realizar el pago.
La segunda, cuando se llega a la fecha final de duración del contrato, sin que
sea obligatorio agotar el monto máximo, incluso sin que sea requisito alcanzar
el mínimo, pero es recomendable estimar adecuadamente las cantidades de
bienes o de servicios a contratar.
6º DE SUMINISTRO.
De acuerdo con el Diccionario de Derecho, el Contrato de Suministro: “Es aquél
por el cual una persona (suministrador) se obliga mediante un precio, a realizar en
favor de otra (suministrando o consumidor), prestaciones periódicas o continuadas
de cosas o servicios.” (Rafael de Pina: p. 181).
De la definición que se proporciona, se desprende que el requisito imprescindible
para que se trate de un Contrato de Suministro es que exista la entrega de bienes
o la prestación de servicios de manera repetida y prolongada, por lo que el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores o prestadores de
servicio que se agota en un solo momento no tiene el carácter de suministro.
26

Sin embargo, la LCPEMM y su Reglamento consideran, por un lado de manera
adecuada, el término “suministro” cuando se trata de los Contratos Abiertos, en el
cual sí existe la entrega de bienes o prestación de servicios de forma periódica y
continuada, toda vez que las cantidades y plazos son indeterminados, pero
también lo contempla cuando la obligación se cumple o agota en un único plazo.
De acuerdo a lo anterior, aplicando la LCPEMM y su Reglamento, es válido que se
utilice indistintamente suministro o entrega de los bienes o prestación de los
servicios, procurando que cuando se trate de contratos abiertos se utilice el
primero, que es el adecuado.
¿Qué otros tipos de contratos se pueden utilizar
derivado de la aplicación de la LCPEMM?
Puede ocurrir que en la prestación de algunos servicios (por ejemplo,
fotocopiado o impresión de documentos), el prestador proporcione equipos en
calidad de comodato, pero este es un contrato por el cual uno de los
contratantes concede gratuitamente el uso de un bien, y el otro contrae la
obligación de restituirlo individualmente.
En este caso, el objeto del contrato es la prestación de servicios consistente en
lo que se trate, con el otorgamiento gratuito de bienes en comodato.
En la enajenación de bienes se pueden utilizar en determinados casos los
contratos de donación, permuta y dación en pago, para los cuales es necesario
recurrir al Código Civil del Estado de México que señala las reglas para estos
contratos.
25 27

28
¿Cuál debe ser el
contenido mínimo
de los Contratos?

2.1 De los Contratos en general.
Este contrato es aplicable cuando se origina en una la licitación pública, invitación
restringida o adjudicación directa por materia y, de acuerdo al artículo 65 de la
LCPEMM, la adjudicación de los contratos derivados de los procedimientos de
adquisiciones de bienes o contratación de servicios, obligará a la parte convocante
y al licitante ganador a suscribir el contrato respectivo dentro de los diez días
hábiles siguientes al de la notificación del fallo.
De la revisión del artículo citado se desprenden dos actos de los muchos previstos
en la LCPEMM. El primero de ellos, es la obligación de firmar autógrafa o
electrónicamente el contrato o contrato pedido; y el segundo, el plazo para la
suscripción, el cual no debe rebasar los diez días hábiles siguientes al que se dé a
conocer el fallo.
Los dos actos citados, aunque en principio son para la licitación pública, la
invitación restringida y la adjudicación directa por materia, que son los
procedimientos que entrañan la obligación de otorgar un fallo, también son
aplicables para las adjudicaciones directas por monto, por lo que la suscripción del
Contrato Pedido también se debe realizar en la forma y plazo establecidos en el
artículo 65 de la LCPEMM, computando el plazo considerando la fecha en que se
informe al oferente que resultó adjudicado.
En cuanto al contenido mínimo de los Contratos, se encuentra enunciado con
precisión en el artículo 120 del Reglamento de la LCPEMM, siendo el caso que en
independencia de la estructura que se utilice en los municipios o sus órganos, es
requisito que cada instrumento se ciña a estipular cada uno de los requisitos del
precepto legal citado y completar el objeto, las declaraciones y las cláusulas con
toda la información necesaria y obtenida en el procedimiento de contratación
aplicado.
Los aspectos importantes y los cuales necesariamente deben de estipularse en los
contratos con especial cuidado, se detallan en el apartado de los aspectos
importantes de los Contratos y Contratos Pedido.
29

2.2 De los Contratos Pedido.
Como ya se señaló en este cuaderno, el Contrato Pedido en un sentido amplio es
un contrato simplificado, al cual no es necesario incorporar todos los requisitos del
artículo 120 del Reglamento de la LCPEMM y se utiliza para formalizar las
adjudicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación directa por monto y
fundamentadas en el artículo 48 fracción XI de la LCPEMM.
El contenido mínimo del Contrato Pedido está previsto en el artículo 141 del
Reglamento de la LCPEMM, pero se deben considerar aspectos adicionales, los
cuales son importantes y es necesario tomar en cuenta en su elaboración,
previamente a la suscripción
En cuanto al Contrato Pedido es necesario que las unidades administrativas
contratantes en los municipios y los organismos tengan presente que, dentro de
los cinco primeros días hábiles del mes siguiente se debe remitir a la Contraloría
municipal o al Órgano Interno de Control de los organismos un reporte mensual de
todos los contratos pedido celebrados en el mes inmediato anterior.
El reporte mensual debe contener, al menos, el proveedor o prestador de servicios
adjudicado, el importe, los bienes adquiridos o servicios contratados y es una
herramienta con la cual las contralorías y órganos internos de control pueden
identificar fraccionamiento de las operaciones.
30

¿Qué hay que hacer para asegurar que los Contratos y
Contratos Pedido siempre cuenten con el contenido mínimo?
Es conveniente que al interior de los municipios y organismos se cuente con
modelos de Contrato y de Contrato Pedido elaborados especialmente para
adquisiciones, arrendamientos o servicios, ya que las obligaciones son distintas
en cada materia.
Los modelos dependiendo de la materia de que se trate, deberán contener
textos obligatorios y por ningún motivo se deben eliminar o modificar ya que
corresponden al cumplimiento del contenido mínimo del Contrato y del Contrato
Pedido.
También es importante que los modelos tengan la posibilidad de adecuarlos al
objeto del contrato y naturaleza de la contratación a efecto de que las áreas
contratantes incorporen las particularidades, especificaciones y características
propias de los bienes, arrendamientos o servicios contratados.
2.3 Partes en los Contratos y Contratos Pedido.
Considerando que la naturaleza jurídica de los Contratos y Contratos Pedido que
se suscriben como resultado de la aplicación de un procedimiento de contratación
previsto en la LCPEMM es que son administrativos, además de sujetarse a un
contenido mínimo, tratándose de los términos que se utilicen, deben ser los que se
prevén en la Ley y en el Reglamento.
Por tanto, en los Contratos las partes van a ser los Municipios del Estado de México
y sus Organismos, a los cuales se les tiene que denominar “contratantes” y que,
de acuerdo con la definición prevista en el artículo 2, fracción VI del Reglamento de
29 31

la LCPEMM, son los que celebran un contrato con un proveedor de bienes o
prestador de servicios que haya resultado adjudicado en un procedimiento para la
adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o servicios, en términos de la
Ley y del presente Reglamento.
La otra parte en el Contrato o Contrato Pedido puede ser un prestador de servicios
o un proveedor que, de acuerdo con el artículo 2, fracciones IXX y XXII del
Reglamento de la LCPEMM, son las personas que celebran contratos de prestación
de servicios con los municipios u organismos o contratos de adquisición de bienes,
respectivamente.
Puede suceder que en los Contratos o Contratos Pedido una de las partes sea un
prestador de servicios profesionales, el cual se define de acuerdo con el artículo 2,
fracción XX, como la persona que celebra contratos de consultoría, asesoría,
estudios e investigaciones con los municipios u organismos.
En este caso, y en independencia de la prestación de que se trate, es
imprescindible cumplir con el requisito de contar con título profesional de
conformidad con lo previsto en el Libro Tercero del Código Administrativo del
Estado de México, específicamente el artículo 3.31, que define a la profesión como
la facultad adquirida a través de la formación académica de tipo medio superior o
superior para prestar un servicio profesional; y por profesionista, a la persona que
obtenga o revalide el título legalmente expedido por las instituciones facultadas
para ello; o el extranjero que obtenga la autorización para ejercer su profesión en
la entidad, de la autoridad federal competente, conforme a las leyes aplicables.
Incluso, en términos del Código Civil para el Estado de México, el artículo 7.827
dispone que los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para
cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no
tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios que hayan prestado.
32

Otra de las partes puede ser un proveedor social, el cual se define de acuerdo con
el artículo 2, fracción XXIII del Reglamento de la LCPEMM a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de conformidad con lo establecido por la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Los proveedores sociales son aquellos a los que se les da preferencia en caso de
existir igualdad de condiciones como resultado del procedimiento de contratación,
pero en la práctica, su denominación en los Contratos y Contratos Pedido puede
ser la de únicamente proveedor, ya que la condición de social se aplica en la
adjudicación.
Derivado de lo anterior, una vez que se lleva a cabo y con la formalidad debida la
fase de suscripción del Contrato, la parte convocante se asume como contratante
y el oferente adjudicado como proveedor, prestador de servicios o prestador de
servicios profesionales; pero si se trata de enajenación de bienes al postor que
resulte adjudicado, es válido que se le denomine comprador, de acuerdo con lo
que se explica enseguida.
Para las enajenaciones derivadas de la aplicación de la subasta pública y la
adjudicación directa resulta aplicable que se denomine a los municipios y
organismos como contratantes, ya que la definición prevista en el artículo 2,
fracción VI del Reglamento de la LCPEMM lo permite para celebrar Contrato con
quien haya resultado adjudicado de un procedimiento de enajenación de bienes.
Sin embargo, a la persona que resulte adjudicada de un procedimiento de
enajenación de bienes y suscriba un contrato de compraventa, no se le puede dar
la denominación de proveedor o prestador del servicio ya que no está entregando
bienes o prestando servicios, sino comprando los bienes objeto de la subasta
pública o de la adjudicación directa.
33

Ante la ausencia en el Reglamento de la LCPEMM respecto a la denominación de
una de las partes en el Contrato como resultado de un procedimiento de
enajenación de bienes, se recurre a la aplicación supletoria del Código Civil del
Estado de México que, en las reglas de la compraventa, a la parte que adquiere la
llama “comprador”, por lo que resulta válido el uso de este término en el Contrato.
¿A quién le corresponde la suscripción de los Contratos
y Contratos Pedido en los municipios y los organismos?
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, el presidente o presidenta municipal les corresponde asumir la
representación jurídica del ayuntamiento y de las dependencias de la
Administración Pública Municipal. Asimismo, cuentan con facultades para
otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio
para la debida representación jurídica correspondiente pudiendo convenir en los
mismos.
Atendiendo lo dispuesto en artículo citado es a la presidenta o presidente
municipal a quienes, en principio, les corresponde la atribución; sin embargo,
ésta puede ser delegada y regularmente se hace al titular del área de
administración y debe quedar expresa indicando esencialmente en el
reglamento orgánico del municipio que la facultad es para la suscripción o firma
de contratos y convenios derivados en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y enajenaciones.
En el caso de los organismos, es necesario atender la ley que los crea y su
reglamento interno.
Cualquier otra persona que participe en la suscripción de los contratos y no
cuente con atribución expresa para ese acto, es innecesaria y ociosa su
intervención.
34

¿Qué aspectos
importantes se
deben tomar en
cuenta en los Contratos
y Contratos Pedido?

3.1 Reglas para la interpretación de los Contratos y Contratos pedido.
El artículo 75 de la LCPEMM dispone que en las adquisiciones y arrendamientos
de los bienes inmuebles y en la enajenación de bienes muebles e inmuebles, el
otorgamiento del contrato se sujetará supletoriamente a las disposiciones del
Código Civil del Estado de México.
La aplicación supletoria del código citado en el párrafo que antecede es de utilidad
cuando en la ejecución de los Contratos se presente alguna desavenencia o dudas
respecto a lo que efectivamente se quiso contratar.
El Título Segundo del Código Civil del Estado de México, denominado “De los
Contratos”, en su Capítulo X que se designa “De la Interpretación de los Contratos”,
proporciona las reglas para explicar o aclarar el sentido de cada una de las
cláusulas del Contrato o Contrato Pedido en caso de que en éste se encuentren
discrepancias, o bien se hayan utilizado términos equívocos, dudosos o ambiguos.
Si bien es cierto que ni en el artículo 120 y 141 del Reglamento de la LCPEMM se
señala como requisito que se indiquen las reglas a utilizar para la interpretación del
Contrato o del Contrato Pedido, es conveniente que en estos instrumentos se
realice la estipulación respectiva, ya que de esta manera estarán en posibilidad de
resolver situaciones como las siguientes y previstas en los artículos 7.94 al 7.99 del
Código Civil del Estado de México:
Si las palabras son contrarias a la intención de la contratante y del
proveedor, prestador de servicios o comprador.
En caso de que el proveedor pretenda entregar bienes distintos a aquellos
que la contratante se propuso contratar.
Si se estipulan cláusulas contradictorias.
Si se utilizan palabras con diferentes significados.
36 34

Para que quede claro cómo aplicar las
reglas de interpretación de los Contratos
Como un ejemplo, se puede poner la adquisición de gasolina o gas licuado de
petróleo. En este caso, el objeto del contrato recae sobre bienes muebles en
independencia de su estado físico, el cual es líquido o gaseoso,
respectivamente, por lo que es evidente que es una adquisición que se contrata
con la modalidad de suministro.
Regularmente la gasolina y el gas se contratan como servicios lo cual es
incorrecto, pero si se presentara alguna duda para interpretar de manera
correcta el objeto del contrato se recurre al artículo 7.94 del Código Civil del
Estado de México, que dispone que: “Si las palabras parecieren contrarias a la
intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.”
Otro ejemplo es cuando erróneamente se utiliza en los Contratos “servicio de
arrendamiento”
37

38
.

3.3 Garantías.
El artículo 76 de la LCPEMM dispone que los proveedores o prestadores de
servicios que celebren contratos de adquisiciones y servicios deberán garantizar a
favor de la parte contratante el anticipo que reciban; los bienes o materiales que
reciban; el cumplimiento de los contratos; y en su caso, los defectos o vicios
ocultos de los bienes.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la garantía es la: “Cosa que
asegura y protege contra algún riesgo o necesidad.” Mientras que una garantía
contractual o de proveeduría que es a la que nos referimos en este cuaderno se
define como: “Locución que se refiere a los contratos de garantía cuya finalidad es
asegurar al acreedor el pago de su crédito otorgando, con ello, confianza en el
deudor. Son pues, necesariamente contratos accesorios. (Diccionario Jurídico
Mexicano: p.265)
En otra definición ya más encaminada a los Contratos y Contratos Pedido de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, la garantía es la: “Acción y efecto de
afianzar por medio de documentos, prenda o hipoteca lo estipulado. Aval que
asegura y protege contra algún riesgo o eventualidad. Forma establecida por la ley
para que la Administración Pública Federal asegure el cumplimiento de las
obligaciones contraídas con ella por los proveedores, arrendadores, prestadores
de servicios o contratistas . ” (Glosario de Términos Más Usuales en la
Administración Pública Federal: p. 200).
Se hace la aclaración que la definición citada se refiere a la Administración Pública
Federal, pero es extensiva a los municipios y sus organismos ya que estos entes
son parte de la Administración Pública Municipal.
Otros términos que hay que tener presentes, en lo que corresponde a las garantías,
se refiere a la calidad y los vicios ocultos, los cuales también es requisito que se
garanticen por los proveedores y se explican enseguida.
39

La calidad es exigible en bienes y servicios, mientras que los vicios ocultos aplican
únicamente para los bienes y esta aseveración se desprende de las siguientes
definiciones:
La calidad se define de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española como:
“Una propiedad que tiene una cosa u objeto, y que define su valor, así como la
satisfacción que provoca en un sujeto.” También se entiende de acuerdo con el
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación como: “Propiedad o conjunto
de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.” (Sistemas de
gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario: página 12).
En ese sentido, la calidad es de utilidad ya que los proveedores y prestadores de
servicios tienen la obligación de entregar los bienes y realizar las cosas libres de
defectos, lo que significa que no deben contener imperfecciones, deficiencias,
desperfectos o fallas; de presentarse, se aplica la garantía.
En lo que corresponde a los vicios ocultos, se puede decir que son aquellos
defectos que al momento de recibir los bienes no se pueden ver y consisten en
imperfecciones, deficiencias, desperfectos y mala calidad en los materiales e
insumos utilizados en la fabricación de los bienes.
En cuanto la forma, plazos en los que se deben de entregar las garantías y su
vigencia, de acuerdo con los artículos 128 y 130 hay que considerar lo que se indica
en el siguiente esquema:
TIPO DE
GARANTIA
FORMA IMPORTE PLAZO PARA LA
ENTREGA
VIGENCIA
Anticipo.
Fianza, cheque
Por el total de
Diez días hábiles
Hasta la total
certificado
o
monto
otorgado,
posteriores a la
amortización
cheque de caja.
más IVA.
suscripción
del
anticipo.
contrato.
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TIPO DE
GARANTIA
FORMA IMPORTE PLAZO PARA LA
ENTREGA
VIGENCIA
Anticipo.
Fianza, cheque
Por el total de
Diez días hábiles
Hasta la total
certificado
o
monto
otorgado,
posteriores a la
amortización
cheque de caja.
más IVA.
suscripción
del
anticipo.
contrato.
Por los bienes
Fianza, cheque
Por el total de los
Diez días hábiles
Hasta
la
o materiales
certificado
o
bienes o materiales
posteriores a la
devolución
o
que reciban
cheque de caja.
entregados,
más
suscripción
del
pago
a
los
IVA.
contrato.
satisfacción del
proveedores.
bien, producto o
servicio.
De
Fianza, cheque
Diez por ciento del
Dentro del plazo de
Hasta la total
cumplimiento.
certificado
o
importe total del
diez días hábiles
extinción de las
cheque de caja.
contrato, sin incluir
posteriores a la
obligaciones
el IVA.
suscripción
del
pactadas
a
contrato
cargo
del
respectivo,
salvo
proveedor
o
que el objeto del
prestador
del
contrato se cumpla
servicio.
dentro de dicho
plazo.
De defectos o
Fianza, cheque
Diez por ciento de
Dentro del plazo de
Por lo menos un
vicios ocultos.
certificado o
la cantidad máxima
cinco días hábiles
año contado a
cheque de caja.
o del importe del
siguientes a la
partir de la
plazo máximo, sin
recepción de los
recepción de los
incluir el Impuesto
bienes.
bienes,
al Valor Agregado.
atendiendo a su
propia
naturaleza.
41

De seriedad
Cheque
Tratándose
de
En la presentación
Cuando
se
de la postura
certificado o
subasta pública de
de la postura.
cumplan
las
tratándose de
cheque de caja
bienes
inmuebles,
obligaciones de
enajenaciones.
será del cinco por
pago.
ciento del precio
fijado en la
.
convocatoria y las
bases.
Tratándose
de
subasta pública de
bienes
muebles,
para la convocante
será del diez por
ciento,
tomando
como referencia el
avalúo de los
bienes muebles a
enajenar.
42

¿Hay posibilidad de exceptuar la entrega
de la garantía de cumplimiento o de vicios ocultos?
De acuerdo con lo que dispone el artículo 77 de la LCPEM, es posible exceptuar
a los proveedores o prestadores de servicios de otorgar la garantía de
cumplimiento del contrato, siempre y cuando se entreguen los bienes o se
presten los servicios antes de la suscripción del contrato y el monto del contrato
no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente.
La excepción procede únicamente cuando se cumplen las dos condiciones ya
que entre uno y otro supuesto se encuentra la letra “Y” lo que hace obligatorio
el cumplimiento de ambos requisitos y no la letra “O”, lo que posibilitaría no
entregar garantía si se cumple una u otra.
En lo que corresponde a la excepción de garantía de vicios ocultos, el artículo
141, fracción IV del Reglamento de la LCPEMM, dispone que los contratantes
bajo su responsabilidad y previa justificación documental que deberá obrar en
el expediente de contratación, podrán exceptuar a los proveedores de otorgar
la garantía de defectos o vicios ocultos.
Esta excepción únicamente procede cuando se trata de Contratos Pedido
derivados de la aplicación del procedimiento de adjudicación directa por monto.
43

3.4 Devolución de cantidades por pagos en exceso.
Uno de los requisitos obligatorios que debe contener el Contrato, de acuerdo con
el artículo 120, fracción VIII del Reglamento de la LCPEMM y también aplicable a
los Contratos Pedido, es la estipulación de los términos en que el proveedor o
prestador del servicio, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibido en exceso.
Lo anterior significa que en los Contratos y Contratos Pedido no es suficiente con
indicar qué proveedor o prestador del servicio regresará las cantidades de dinero
recibidas que, sin tener derecho a ello reciban, sino que la parte contratante debe
estipular - de origen - la forma y plazo; es decir, cómo y cuándo se debe
reincorporar al erario la suma pagada, e incluso la tasa de interés aplicable durante
el lapso en que se realice efectivamente el reintegro.
En la materia de contrataciones públicas, un pago en exceso es toda cantidad de
dinero que hace la contratante a un proveedor o prestador de servicios sin que
éstos tengan derecho a la retribución debido a que no hay contraprestación alguna;
es decir, se realiza sin que se hayan cumplido las obligaciones a entera satisfacción
de los municipios o de los organismos.
Es importante tomar en cuenta que un pago en exceso puede tener como origen
un error, es decir, una acción equivocada o desacertada la cual, atendiendo a la
buena fe y haciéndolo del conocimiento tanto al superior jerárquico como al
proveedor o prestador de servicios para que lo reintegre de manera inmediata, no
tendría consecuencias para la persona servidora pública que haya realizado un
pago en exceso.
Pero si el pago en exceso se realiza como una acción mal intencionada con el
propósito de beneficiar de manera indebida a un proveedor o prestador de
servicios, entonces se configura una falta administrativa, incluso grave, para la
persona servidora pública y una falta administrativa grave vinculada con actos de
particulares para el proveedor o prestador del servicio.
44

¿De dónde se obtiene tasa de interés aplicable
para la devolución de pagos en exceso?
Aunque en principio los pagos en exceso no son créditos fiscales, pero se deben
reintegrar al erario en caso de que se llegara a realizar, se puede tomar como
referencia lo previsto en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, y la tasa puede ser la señalada en el artículo 3 de la Ley de
Ingresos de los Municipios del Estado de México, cuando se concedan
prórrogas para el pago de créditos fiscales.
Esta previsión es recomendable que se realice desde las bases de la licitación
pública e invitación restringida y en la solicitud de participación de la
adjudicación directa y, desde luego, estipularla con claridad en el Contrato
o el Contrato Pedido, ya que será el fundamento legal para hacer el
requerimiento para la devolución del pago en exceso.
3.5 Subcontratación.
En términos del artículo 66, segundo párrafo de la LCPEMM, el proveedor o el
prestador de servicios no podrá subcontratar, total o parcialmente, el suministro de
bienes o la prestación de servicios, salvo que cuente con la autorización previa y
expresa de la parte contratante, en cuyo caso, el proveedor o prestador de servicios
será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Por su parte, el artículo 124 del Reglamento de la LCPEMM dispone que en los
Contratos se deben establecer los casos concretos en los que procederá la
subcontratación y prohíbe expresamente que se realice a personas que hayan
participado por sí, o a través de terceros, en el procedimiento de contratación del
cual se derive el contrato.
45

Aplicando de manera práctica los artículos citados, se desprende de manera
inequívoca la obligación de las partes en el contrato de estipular desde el contrato
con precisión la cantidad de bienes o la parte de la prestación de los servicios que
se van a subcontratar.
Continuando con ese ejercicio de aplicación práctica, la subcontratación no puede
ser objeto de convenio entre las partes ya que la LCPEMM no la permite,
precisamente por no prever esta posibilidad.
3.5 Consecuencias de la terminación anticipada o de la rescisión
administrativa.
El artículo 68 de la LCPEMM dispone la obligación de estipular en los Contratos las
diversas consecuencias de la cancelación, de la terminación anticipada o de la
rescisión administrativa por causas imputables al proveedor o prestador de
servicios, por lo que hay que agregar las causales como complemento al contenido
mínimo del contrato o del contrato pedido.
Para realizar la estipulación a que se refiere el artículo citado, hay que tomar en
cuenta que la naturaleza jurídica de los Contratos derivados de la aplicación de los
procedimientos previstos en la LCPEMM es de carácter administrativo, por lo que
las consecuencias de cancelación, de la terminación anticipada o de la rescisión
administrativa aplican únicamente al proveedor o prestador del servicio y no a los
municipios o los organismos.
En ese sentido, es necesario que en los Contratos y Contratos Pedido se estipule
con la cláusula correspondiente que las consecuencias serán el pago de los daños
o perjuicios a cargo del proveedor o prestador del servicio y desde luego también
para el comprador si se trata de la enajenación de bienes.
46

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el daño o perjuicio no es lo mismo y para
determinar con precisión, es aplicable de manera supletoria el Código Civil del
Estado de México, el cual proporciona en sus artículos 7.347 y 7.348,
respectivamente, los conceptos siguientes: “Se entiende por daño la pérdida o
menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación”
y “Se reputa por perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera
haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.”
Con base en las definiciones que proporciona el código citado, en caso de
cancelación, terminación anticipada o rescisión administrativa del contrato o
contrato pedido por causas imputables al proveedor, prestador de servicios o
comprador, en los municipios o los organismos de configurarse cualquiera de
dichas situaciones se debe realizar la cuantificación correspondiente y hacer la
reclamación del pago correspondiente por concepto de daños o perjuicios, según
se trate.
Lo que se explica con anterioridad son los aspectos importantes que tomar en
cuenta en la celebración de los Contratos y Contratos Pedido, pero hay que
considerar que este cuaderno es un material de apoyo que pretende reforzar esos
instrumentos, por lo que se recomienda siempre tener presente lo que dispone la
LCPEMM y su Reglamento.
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