Dos:Puntos - La revista de Godoy Córdoba - Edición septiembre 2024

GC
Septiembre 2024
Uso de la
inteligencia artificial
en la toma de decisiones judiciales
Pg.
16
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Pg.
4
Corte constitucional
declara la exequibilidad
de los pactos colectivos
¡Pilas! El SENA
incrementó la cuota
de aprendizaje para
los empleadores en
Colombia

Aviso legal
El contenido en este documento tiene un
carácter informativo, pero no representa una
relación abogado-cliente, por lo que no se debe
interpretar como una recomendación o asesoría
jurídica de ningún tipo, por lo tanto usted no debe
utilizar este material como fundamento jurídico
en ninguna estrategia de negocio, y en ningún
caso este informativo reemplaza la consulta a un
abogado.
Comité editorial:
Federico Bernal, Laura Buriticá, María Isabel
Vinasco, José David Ochoa y Nicolás Godoy.
Estilo y diagramación:
Zuly Bayona, Andrea Benavides Cárdenas
y Paula Granados.

CONTENIDO
N
04
Notas breves
¡Pilas! El SENA incrementó injustificadamente la cuota de
aprendizaje para los empleadores en Colombia
08 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta frente a los Fueros
de Salud para Trabajadores en Profesiones Liberales?
T
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U
16
G
20
D
24
Te contamos algo más
Uso de la Inteligencia artificial en la
toma de decisiones judiciales
Últimas novedades
Corte Constitucional declara la exequibilidad de los
pactos colectivos
GC 360°
Instrucciones en materia de tratamiento de datos
personales en Sistemas de Inteligencia Artificial
Del medio para ti
Negociación colectiva: ¿Derecho exclusivo
de asociaciones sindicales?

Notas breves
¡PILAS! EL SENA INCREMENTÓ DE MANERA
INJUSTIFICADA LA CUOTA DE APRENDIZAJE
PARA LOS EMPLEADORES EN COLOMBIA
EEl 30 de diciembre de 2023 el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) expidió
el Acuerdo 10 de 2023, mediante el cual
actualizó el listado de oficios y ocupaciones
establecidas en el Acuerdo 0009 de 2005.
Si bien el listado de oficios y ocupaciones que
son sustento para la definición de la cuota de
aprendizajes no había sido actualizado en los
últimos 19 años, el SENA incurrió en graves
errores técnicos en la actualización del listado de
profesiones.
A continuación, expondremos los errores técnicos
en los que incurrió el SENA con dicha actualización:
Incluyó más de 13.000 profesiones, dentro de
las cuales se encuentran, “conductores”, “artista
de hula hoop”, “conjurador”, “hombre bala”, “lanza
y traga fuego”, “payaso”, “prostituta”, “gigoló”,
“animador de club nocturno”, “azafata de club
nocturno”, “pareja de baile”, “prestador de servicios
sexuales”, “trabajador sexual a través de teléfono o
internet”, “modelo webcam”, “mecatera”, “vendedor
ambulante de alimentos perecederos”, “vendedor
callejeros de agua fresca”, “vendedor callejero de
comida”, “marionetista”, “titiritero”, “manipulador de
cuchillos”, “manipulador de diábolos”, “manipulador
de pañuelos”, “manipulador de jarrones chinos”,
“mago”, “imitador”, “hipnotizador”, “escapista”,
globoflexor”, “equilibrista de monociclo”, entre
otras miles más.brista de monociclo”, entre otras
miles más.
4 Septiembre - Revista Dos:Puntos

D:P D:P D:P D:P
D:P D:P D:P D:P
D:P D:P D:P D:P
D:P D:P D:P D:P
Haz clic aquí para ver el video de la nota
• Al verificar el anexo técnico del Acuerdo 10 de
2023, identificamos que es un copy and paste
exacto de la tabla de Clasificación Única de
Ocupaciones para Colombia 2024 publicada
por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) mediante Resolución No.2212 de 2023.
• Lo anterior, es un error técnico de alto
impacto, pues las ocupaciones descritas por
el DANE no son el indicador definido en el
artículo 36 de la Ley 789 de 2002, mediante
el cual se establece que el listado de oficios
materia del contrato de aprendizaje deben
ser oficios u ocupaciones que requieran de
capacitación académica integral y completa
para su ejercicio y que se encuentren
reconocidos como propios de formación
educativa técnica-profesional, tecnológica
o profesional universitaria titulada.
• Al incrementar exponencialmente las cuotas
de aprendizaje de los empleadores en
Colombia está creando de manera injustificada
y arbitraria una carga parafiscal adicional sin
cumplir con el requisito legislativo requerido
para ello.
El 30 de diciembre de
2023 el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) expidió
el Acuerdo 10 de 2023".
N
Revista Dos:Puntos - Septiembre
5

N
Contenido desarrollado por:
Alejandro
Lombana
Asociado
Para la gran mayoría de empleadores del
país obligados a cumplir con su cuota de
aprendizaje, incluir ocupaciones que no
requieren capacitación académica integral
y completa para su ejercicio y que tampoco
están reconocidas como propias de formación
educativa técnica-profesional, tecnológica o
profesional universitaria titulada, implica un
incremento exponencial de los costos asociados
al cumplimiento de esta obligación laboral.
En efecto, para sectores empresariales tales como
el sector transporte, incluir a sus conductores en
el reporte de la cuota de aprendizaje, implicará
un incremento aproximado de 4 aprendices por
cada 1 aprendiz vinculado antes de la entrada
en vigencia del Acuerdo 10 de 2023, de acuerdo
con información analizada por el capítulo de
transporte de pasajeros de la ANDI.
Ante este cambio regulatorio que entró en vigencia
a partir del 02 de abril de 2024 (día siguiente al de
su publicación el 01 de abril de 2024 en el Diario
Oficial año CLIX No.52.715, pág.17), es necesario
evaluar las distintas estrategias de gestión laboral
que les permitan al empleador cumplir con este
nuevo cambio regulatorio, que no se limitan a la
simple vinculación o monetización de la cuota.
6 Septiembre - Revista Dos:Puntos

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SIEMPRE CUMPLAS
TUS OBLIGACIONES
MIGRATORIAS
De acuerdo con la Resolución
5477 de 2022, los titulares de
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bajo regulaciones anteriores y
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Notas breves
¿QUÉ ASPECTOS SE DEBEN TENER EN CUENTA
FRENTE A LOS FUEROS DE SALUD PARA
TRABAJADORES EN PROFESIONES LIBERALES?
En sentencia SL1996 del 5 de junio de 2024,
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abordó
aspectos relevantes de cara al fuero de salud
en profesiones liberales, entiéndase las mismas
como el ejercicio de una profesión por parte de
una persona con formación profesional calificada
como, por ejemplo, los abogados, contadores
públicos, médicos, profesionales en los que
la actividad desarrollada se fundamenta en el
ejercicio de una actividad de carácter intelectual.
Aclarado lo anterior, y con ocasión al fuero de salud
alegado por la demandante cuya profesión era de
contadora y que pese a ello debía trasladarse a
visitar clientes, a la Corte le correspondió resolver
el siguiente problema jurídico: ¿Erró el tribunal
al considerar que la lesión que sufrió la actora y
sus respectivos padecimientos constituyen una
barrera social con ocasión a su profesión como
contadora?
Para resolver la controversia, la Corte recordó que
para efectos de que sea procedente la protección
alegada, se deben analizar los siguientes requisitos
de causación: Que exista una deficiencia física,
mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo
plazo; la existencia de barreras que puedan impedir
al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio
efectivo de su labor, en igualdad de condiciones
con los demás; el conocimiento de dicha situación
por parte del empleador en el momento del
despido.
Adicionalmente, la corte resalta aspectos
relevantes de cara al análisis que deben hacer los
jueces cuando nos enfrentamos a fueros de salud
8 Septiembre - Revista Dos:Puntos

independientemente si estamos o no frente a
profesiones liberales, por lo cual, los mismos
deben evaluar todos los elementos del caso,
incluso, cuando no estén disponibles puede
decretar pruebas de oficio, y en general acudir
a todos los medios de prueba que ilustre cómo
la deficiencia del trabajador interactúa con el
entorno laboral, y garantizar que se examinen
los componentes de la discapacidad, y en esa
medida, aplicar una carga probatoria equilibrada
entre las partes, y que en consecuencia, no sea el
trabajador el único que debe probar.
También resalta que una vez se hayan acreditado
los requisitos mencionados en párrafos anteriores,
el empleador debe realizar ajustes razonables
en aras de compatibilizar la discapacidad con el
empleo, y que después de hacer estos ajustes
ya puede entrar a adoptar una determinación de
terminar el contrato de trabajo.
Analizando el caso en concreto, la Corte no apoya
la argumentación del tribunal tendiente a que la
actora no enfrentó barreras en el entorno laboral
porque su deficiencia era de tipo físico y trabajaba
como contadora pues, previo a esa determinación,
lo que realmente debía estudiar era si con tal
deficiencia en su escenario de trabajo la actora
podía cumplir con sus funciones en igualdad de
condiciones con los demás.
En ese sentido, la corte entiende que el análisis
de las barreras requiere un examen minucioso e
integral de las labores que ejecuta el trabajador
y cómo las condiciones del entorno pueden
dificultar su participación efectiva. En el caso de
las profesiones liberales, como la contabilidad,
las barreras pueden ser igualmente significativas y
deben ser evaluadas en función de cómo afectó
su desempeño.
En ese orden de ideas, la Corte considera
que realmente lo que se debía analizar eran
las funciones específicas del cargo, pues
independientemente que estuviésemos frente a
una persona que contaba con una profesión liberal
como lo es la contaduría, no es menos cierto, que
con ocasión a su cargo la actora debía realizar
constantes desplazamientos.
Se resalta la equivocación del tribunal en el sentido
de que supuso que, dada la profesión de la
demandante, la misma únicamente debía realizar
actividades de carácter intelectual y que, en todo
caso, no se evidencia en el expediente que el
empleador haya adoptado todas las medidas
tendientes para efectos de que la demandante,
pese a su discapacidad pudiese desarrollar sus
funciones en mismas condiciones que los demás,
y, en consecuencia, poder superar esa barrera
social.
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Revista Dos:Puntos - Septiembre
9

N
Así las cosas, y para resolver el problema jurídico
planteado, la Sala considera que el tribunal
se equivocó al determinar que la profesión de
contadora per se descartaba la existencia de una
barrera de tipo laboral, sin tener en cuenta que
la demandante debía movilizarse al interior de
la compañía, y que prueba de ello, era el hecho
mismo que la actora haya sufrido un accidente
en la compañía, precisamente cuando la misma
desarrollaba actividades administrativas que
no necesariamente implicaban o requerían un
despliegue intelectual.
“El reto no solo es revisar la
labor del trabajador desde
su profesión, sino analizar
sus funciones de manera
integral, y determinar si
en virtud de ello estas
requieren por parte de este
un despliegue de carácter
físico, ya que esto puede ser
determinante para revisar
si la limitante que sufre el
trabajador constituye una
barrera social”.
Así las cosas, y de cara a este decisión, el reto
que tenemos como abogados para este tipo de
casos es no solo analizar la labor del trabajador
desde su profesión o desde lo que se describe
en los manuales de funciones, sino que se debe
ir más allá e indagar con las áreas de recursos
humanos y supervisores si las actividades diarias
que realiza el trabajador no solo comprenden un
ejercicio de carácter intelectual, sino que adicional
a ello requieren por parte del colaborador un
despliegue de carácter físico, pues esto puede
ser determinante para efectos de analizar un fuero
de salud.
Contenido desarrollado por:
Youssef
Amara
Asociado
10 Septiembre - Revista Dos:Puntos

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USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN LA TOMA DE DECISIONES JUDICIALES
A
través de la sentencia T-323 de 2024, la Corte
Constitucional hace un primer acercamiento
al uso de Inteligencia Artificial (IA) por parte
de jueces, con el fin de determinar si esta práctica
es viable jurídicamente o si por el contrario
desconoce derechos y garantías fundamentales.
Este pronunciamiento se da cuando la Corte revisa
una acción de tutela presentada por una madre
en representación de su hijo menor de edad con
diagnóstico de autismo, en el que busca a través
de esta acción se proteja los derechos a la salud y
seguridad social de su hijo.
Dentro del trámite de tutela, un Juez de Circuito
del país al momento de emitir sentencia acudió
a la herramienta de IA denominada ChatGPT
3.5, bajo el argumento que la Ley 2213 de 2022
que tiene por objeto la incorporación de las TIC
en procesos judiciales lo habilitaba para realizar
esta práctica. Para lo anterior, formuló a ChatGPT
3.5 cuatro preguntas relacionadas directamente
con el objeto de la acción de tutela, al punto
de cuestionar si en estos procesos debe o no
prosperar la tutela.
Para contextualizar, en este pronunciamiento la
Corte acude, entre otros, a una definición dada por
la Comisión Europea sobre el concepto de IA, en
la que se entiende como un sistema de software
diseñado por humanos que, mediante el suministro
de datos, puede interpretarlos razonando sobre
el conocimiento o procesando la información
derivada de estos y decidiendo la mejor acción a
tomar, según el objetivo propuesto.
12 Septiembre - Revista Dos:Puntos

La Corte destaca que, en Colombia no existe una
regulación específica sobre el uso de IA, mucho
menos para la toma de decisiones judiciales, motivo
por el cual debe recurrirse tanto a regulaciones
que tienen relación con esta tecnología como lo
es el caso del uso de datos personales, así como
estructurar estrategias que permitan autocontroles
que armonicen el uso de la IA con principios y
derechos constitucionales.
La Corte es clara al precisar que, la creación de la
regulación de la IA será fundamental a la hora de
determinar el alcance que tendrá esta tecnología
en el desarrollo de actividades, incluido el servicio
estatal y más específicamente el desplegado por
la Rama Judicial a la hora de impartir justicia. Ahora,
en la medida que la Corte expone en este caso
criterios mínimos que armonizan el respeto de
derechos fundamentales con el uso de la IA, esta
sentencia deberá ser una guía para el legislador
al momento de adoptar esta regulación, pues
seguramente de optar por un modelo que ignore
estos postulados, la constitucionalidad de la ley se
vería seriamente comprometida.
Más allá de la definición, la Corte en su sentencia
acude a pronunciamientos de empresas que
desarrollan esta tecnología, en las que reconocen
que los resultados pueden llegar a ser inexactos,
engañosos y hasta mentirosos, en función a los
datos y la actualización de estos que estén al
alcance de la IA. Por lo cual, los usuarios deben
tener especial precaución, validando, revisando y
confirmando la información antes de tenerla como
un hecho cierto.
Considera la Corte que, el uso de la inteligencia
artificial para la toma de decisiones judiciales
puede entrar en tensión con derechos y garantías
fundamentales, como lo son el debido proceso,
el juez natural, la imparcialidad del juez, la forma
como se valoren pruebas, entre otras.
Haz clic aquí para ver el video de la nota
D:P D:P D:P D:P
D:P D:P D:P D:P
D:P D:P D:P D:P
D:P D:P D:P D:P
Un uso indiscriminado de la IA por los jueces
vulneraría estas y otras garantías, al punto que se
abriría el debate de si quien está administrando
justicia es el juez, o una herramienta tecnológica.
Se recuerda que los resultados que arroje la IA
dependerán necesariamente de la fuente de
datos a su disposición, y el grado de actualización
de esta, por lo cual es difícil garantizar la veracidad
de los resultados a la vez que los mismos pueden
ser sesgados en función de las bases de datos que
alimentan la IA.
T
Revista Dos:Puntos - Septiembre
13

T
No se puede usar con el fin
de reemplazar la función
esencial del juez o resolver
de fondo el asunto".
De acuerdo con lo anterior, la Corte establece unos
escenarios en los que la IA puede ser utilizada por
la Rama Judicial, como lo es para el ámbito de
gestión administrativa y documental, así como en
el apoyo a la gestión judicial, corrección y síntesis
de largos textos.
El primordial criterio para determinar hasta donde
pueden ser utilizadas estas tecnologías en la
administración de justicia, radica en que no se
puede usar con el fin de reemplazar la función
esencial del juez, que no es otra que conocer
y resolver de fondo el asunto puesto en su
conocimiento por ser de su competencia.
Aunque la Corte establece unos principios que
deben guiar esta actividad, se profundiza en dos;
el de transparencia y el de responsabilidad:
• El de transparencia, implica que el juez al
momento de impartir justicia no solo debe
informar a las partes que en su labor ha
hecho uso de herramientas de IA, sino que
debe exponer cuál utilizó, de dónde proviene,
qué bases de documentos utiliza, quien la
desarrolla, cuál versión utiliza, por qué se
acude a esa en particular. Lo anterior, para
que sea claro para las partes la forma como
se utilizó la IA y con ello garantizar el debido
proceso y derecho de contradicción.
• El de responsabilidad, impone al juez la carga
de revisar, verificar y constatar la información
obtenida por la IA, pues no podría utilizar
información desactualizada, errada o confusa
como sustento de una decisión.
Así pues, la Corte hace un primer acercamiento
al uso de la IA en Colombia por parte de la Rama
Judicial a la hora de tomar decisiones judiciales,
lo cual estará sujeto a cambios conforme se vaya
desarrollando la regulación sobre la materia, así
como los propios avances de esta tecnología. Se
destaca que su utilización es avalada por la Corte,
siempre y cuando con ello no se reemplace la
función del juez, ni se afecten derechos y garantías
fundamentales.
Aunque los principios previstos por la Corte lucen
razonables y proporcionales, sí surge la duda de su
practicidad, pues seguramente los jueces opten
por no utilizar estas herramientas, pues generaría
reprocesos que implican más tiempo que el que
se ahorran con su uso.
Contenido desarrollado por:
Carlos
Suárez
Asociado
14 Septiembre - Revista Dos:Puntos

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Últimas novedades
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA LA
EXEQUIBILIDAD DE LOS PACTOS COLECTIVOS
¿
Los pactos colectivos están permitidos? sí.
Así lo ratificó la Corte Constitucional en
la Sentencia C-288/2024, con ponencia
de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en
relación con la demanda de inconstitucionalidad
presentada contra los artículos 481 del Código
Sustantivo del Trabajo y 70 de la Ley 50 de 1990,
normas que regulan la celebración de pactos
colectivos entre empleadores y trabajadores no
sindicalizados.
En esta decisión, la Corte declara la exequibilidad
de las normas demandas, al considerar que se
encuentran acordes y son compatibles con la
Constitución Política, pero condicionó el artículo
481 en cuanto a que los pactos colectivos no
pueden menoscabar el derecho de negociación
colectiva ni de asociación sindical, siendo esta
una decisión crucial de cara al trámite que se está
adelantando ante el Congreso con la Reforma
Laboral en materia de derecho colectivo.
Resulta relevante tener en cuenta que, los artículos
demandados estaban siendo cuestionados por
presuntamente violar los derechos de asociación
sindical y de negociación colectiva, señalando que
estos desconocían lo establecido en el artículo
2 del Convenio 98 de la OIT y en los artículos 2 y
3 del Convenio 154 de la OIT, que forman parte
del bloque de constitucionalidad en virtud de
lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución
Política.
Al respecto, la Corte Constitucional abordó la
demanda tomando en consideración varios
aspectos, tales como el derecho de asociación y
la libertad sindical, el deber estatal de fomentar la
negociación colectiva y la coexistencia de pactos
16 Septiembre - Revista Dos:Puntos

y convenciones colectivas en el ordenamiento
jurídico colombiano. Frente a esto, se señaló que
dicha coexistencia no vulnera los derechos de
asociación sindical ni de negociación colectiva,
siempre que los pactos no interfieran con los
derechos de los trabajadores a organizarse
y negociar colectivamente. La Corte también
reafirmó que la negociación colectiva no es
un derecho exclusivo de las organizaciones
sindicales, sino que los pactos colectivos también
se enmarcan en el derecho a la negociación
colectiva, tal como se establece en el artículo 55
de la Constitución Política y en los convenios 87,
98 y 154 de la OIT.
No obstante, la Corte reconoció que una aplicación
indebida de la norma ha generado un contexto que
podría interpretarse como una amenaza para los
derechos de asociación sindical y de negociación
colectiva, sin embargo, concluyó que los pactos
colectivos en sí mismos no son incompatibles con
los Convenios 98 y 154 de la OIT. Por estas razones,
es necesario que, como se ha promovido desde
la expedición de la Ley 50 de 1990, la celebración
de los pactos sea fruto de verdaderos procesos de
negociación, reflejando una auténtica democracia
laboral.
Por otro lado, también se hizo referencia a las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical,
indicando que tenían origen en denuncias y
quejas contra el Estado colombiano por el uso
indebido de los pactos para afectar el derecho
de asociación sindical. Señalando que este uso
inadecuado no implica una incompatibilidad de
los pactos colectivos en sí mismos, considerados
con los Convenios 98 o 154. Y respecto de los
informes de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios de la OIT, se señaló que, aunque
no son vinculantes, se reconocían conductas
antisindicales por parte de los empleadores, sin
que llegaran a ser determinantes para establecer
que la figura del pacto colectivo fuera contraria a
los Convenios 98 y 154 de la OIT.
De esta manera, de los fundamentos principales
de la decisión podemos concluir que:
1. Se realiza un reconocimiento de la negociación
colectiva más allá de los Sindicatos: La Corte
Constitucional reafirma que la negociación
colectiva no es un derecho exclusivo de las
organizaciones sindicales, sino que los pactos
colectivos entre empleadores y trabajadores
no sindicalizados también forman parte del
marco de negociación colectiva reconocido
en la Constitución. Esto amplía las opciones
de negociación para trabajadores que, por
diversas razones, no están sindicalizados,
permitiéndoles alcanzar acuerdos colectivos
que mejoren sus condiciones laborales,
siendo esta una expresión de la libertad
sindical en el sentido negativo.
2. Hay una legitimación de la figura de los pactos
colectivos dentro del ordenamiento jurídico
colombiano: Siempre que se respeten los
derechos fundamentales de los trabajadores,
la Corte legitima la figura de los pactos
colectivos.
U
Revista Dos:Puntos - Septiembre
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Ú
3. Reconocimiento de mecanismos de control:
La Corte reconoce que, aunque existe la
posibilidad de que los pactos colectivos
se usen de manera indebida para afectar
derechos sindicales, el ordenamiento
jurídico colombiano cuenta con mecanismos
adecuados para prevenir y sancionar estos
abusos. Esto da la posibilidad al Ministerio
de Trabajo de expedir reglamentaciones
adicionales a las ya existentes para
contrarrestar y controlar conductas
antisindicales desde su función de inspección
y vigilancia, y reafirma la posibilidad que
tienen las organizaciones sindicales de acudir
la justicia penal al considerar que se está
desplegando alguna conducta antisindical
con la celebración de pactos colectivos.
4. Fomento de la democracia laboral: Al validar
los pactos colectivos, la Corte promueve un
entorno de mayor pluralidad y democracia
laboral, en el cual tanto trabajadores
sindicalizados como no sindicalizados
pueden participar en la negociación de sus
condiciones laborales. Esto fortalece el
diálogo social y permite una mayor inclusión
de diferentes grupos de trabajadores en los
procesos de negociación colectiva.
Contenido desarrollado por:
María Isabel
Vinasco
Asociada
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18 Septiembre - Revista Dos:Puntos

?
Qué significa que en GC tengamos
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GC 360°
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
EN SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En ejercicio de las funciones asignadas por
la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el pasado 21
de agosto la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) emitió la Circular Externa 002
de 2024, por medio de la cual entregó algunas
instrucciones sobre el Tratamiento de Datos
Personales en Sistemas de Inteligencia Artificial.
De acuerdo con la propia Circular Externa,
el propósito de ésta es, por un lado, proveer
certidumbre a los Administradores de Datos
personales sobre el Tratamiento de Datos
Personales para desarrollar, desplegar o usar
Sistemas de Inteligencia Artificial y, por otro
lado, brindar a los titulares seguridad sobre el
uso de sus Datos Personales en los sistemas
en mención. Lo anterior, teniendo en cuenta
que la Ley Colombiana permite el uso de este
tipo de tecnología para dar Tratamiento a Datos
Personales, pero su creación, implementación y
uso debe garantizar el cumplimiento estricto de
las normas aplicables en materia de Protección
de Datos Personales.
Vale la pena destacar que, la Superintendencia
de Industria y Comercio recordó que, tanto la
Ley 1266 de 2008 como la Ley 1581 de 2012, son
normas que se aplican a todo tipo de Tratamiento
de Datos Personales incluyendo la recolección
y/o Tratamiento de Datos Personales para
desarrollar, probar y monitorear Sistemas de
Inteligencia Artificial.
Por esta razón, entre otras aclaraciones, por
medio de la Circular Externa 002 de 2024, la SIC
resaltó la necesidad de que los Administradores
20 Septiembre - Revista Dos:Puntos

de Datos Personales den estricto cumplimiento
al principio de “responsabilidad demostrada”
en virtud del cual los Administradores de Datos
Personales deben adoptar medidas útiles,
oportunas, eficientes y demostrables para
acreditar el cumplimiento de las normas en
mención y demás normas aplicables.
Algunas de las instrucciones presentadas en la
Circular Externa son:
1. El Tratamiento de Datos personales en los
Sistemas de Inteligencia Artificial presupone
la necesidad de realizar una ponderación
de los siguientes 4 criterios: Idoneidad,
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad
(en sentido estricto). Lo anterior, con el
objetivo de salvaguardar los principios
definidos en la Ley 1266 de 2008 y en la Ley
1581 de 2012.
2. En caso de presentarse falta de certeza
frente a los potenciales daños que puede
causar el Tratamiento de Datos Personales,
los Administradores de Datos Personales
deberán abstenerse de realizar el Tratamiento.
4. Previo al diseño y desarrollo de Sistema de
Inteligencia Artificial es necesario efectuar
y documentar un estudio de impacto de
privacidad.
5. Los Datos personales sujetos a Tratamiento
deben ser veraces, completos, exactos,
actualizados, comprobables y comprensibles.
6. Para cumplir el principio de seguridad, en
el desarrollo y despliegue de los Sistemas
de Inteligencia Artificial, se requiere
adoptar medidas tecnológicas, humanas,
administrativas, físicas, contractuales y de
cualquier otra índole necesarias para evitar,
entre otros, el uso no indebido, el uso no
autorizado y la manipulación de la información.
7. El Tratamiento de Datos Personales que
se realice en Sistemas de Inteligencia
Artificial debe prever estrategias pertinentes,
eficientes y demostrables para garantizar
el cumplimiento de los derechos de los
Titulares de conformidad con la Ley 1266
de 2008, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios.
3. En desarrollo del principio de “responsabilidad
demostrada”, los Administradores de Datos
personales deben identificar y calificar los
riesgos cuando den Tratamiento a Datos
Personales por medio de Sistemas de
Inteligencia Artificial.
Haz clic aquí para ver el video de la nota
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360°

360°
La Ley permite el uso de tecnologías
para dar Tratamiento a Datos
Personales, pero su creación,
implementación y uso debe
garantizar el cumplimiento estricto
de las normas aplicables en materia
de Protección de Datos Personales".
Estas y otras instrucciones presentadas por
la Superintendencia de Industria y Comercio
representan uno de los primeros acercamientos
de la autoridad en materia de Protección de
Datos Personales en Sistemas de Inteligencia
Artificial.
Con la presencia, cada más relevante, de este
tipo de sistemas en la vida de los titulares
de la información, se hace indispensable
que aquellas personas naturales o jurídicas
que den Tratamiento a Datos Personales de
terceros adapten y mantengan actualizados
todos los documentos, políticas y formatos que
les permitirán dar cumplimiento estricto a las
normas aplicables en materia de Protección de
Datos Personales en Colombia.
Contenido desarrollado por:
Daniel
Duque
Asociado
22 Septiembre - Revista Dos:Puntos

En Godoy Córdoba creemos en el poder del conocimiento
Por eso, te invitamos a conocer este gran libro
Leyes y Leyendas
Siete juicios que cambiaron la historia
Escrito por Víctor Cabezas,
socio de Godoy Córdoba - Ecuador
Leyes y Leyendas hace un recorrido por siete grandes juicios
que marcaron la historia, pero que permanecían desconocidos
por la complejidad del lenguaje jurídico. En Leyes y leyendas,
Víctor logró transformar estos juicios en crónicas fáciles de
leer, entretenidas e ilustrativas.
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Del medio para ti
NEGOCIACIÓN COLECTIVA: ¿DERECHO
EXCLUSIVO DE ASOCIACIONES SINDICALES?
¿
Podría reforzarse la inspección por parte del
Ministerio del Trabajo a las empresas con
pactos colectivos? Todo indicaría que sí,
pues la Corte Constitucional en su comunicado
No. 30 incluyó la sentencia C-288 de 2024,
encargada de declarar exequible el artículo 481
del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo
70 de la Ley 50 de 1990, mediante los cuales se
permite la celebración de pactos colectivos entre
empleadores y trabajadores no sindicalizados y;
se limita la mencionada celebración de pactos
colectivos siempre que uno o varios sindicatos
agrupen más de la tercera parte de los trabajadores
de la empresa.
¿Cuál fue la razón para que la Corte tomará esta
decisión?
En primera medida, la Corte Constitucional
consideró que la celebración de pactos colectivos
cuando existen convenciones colectivas de
manera simultanea no va en contravía de los
derechos de asociación sindical y de negociación
colectiva, ya que esta última es un derecho que no
solo tienen los trabajadores que deciden asociarse
sino aquellos que no lo hacen.
Por lo anterior, la Corte consideró que la obligación
estatal de fomentar y estimular negociaciones
colectivas también abarca a aquellos trabajadores
no sindicalizados para que puedan generarse
eventualmente pactos colectivos.
¿Por qué ha sido una constante discusión la
posibilidad de suscribir pactos colectivos entre
empresas y trabajadores no sindicalizados?
La Corte Constitucional recalcó que la norma sobre
celebración de pactos colectivos ha sido usada
de manera indebida, y que, por ello, podría llegar
24 Septiembre - Revista Dos:Puntos

atentar contra el derecho de asociación sindical y
el de negociación colectiva por el hecho de que
exista abuso de la figura por parte de distintas
empresas en Colombia.
Por lo tanto, la exequibilidad de la norma se
condiciona a que la celebración de pactos
colectivos no puede menoscabar los mencionados
derechos, pues su uso indebido no implica
automáticamente que exista incompatibilidad
entre los pactos y las convenciones colectivas.
A su vez, al estudiar las recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical y los informes del
Comité de Expertos de la OIT, la Corte concluye
que, si bien son importantes para conocer las
denuncias sobre el uso indebido de pactos
colectivos, no son determinantes para establecer
que sean contrarios a los Convenios 98 y 154 de la
misma organización.
Así las cosas, ¿es la negociación colectiva
un derecho exclusivo de las asociaciones
sindicales?
De acuerdo con lo determinado por la Corte
Constitucional, no se puede afectar el derecho
de negociación colectiva de los trabajadores que
de manera libre y voluntaria hayan decidido no
afiliarse alguna organización sindical, por lo que la
negociación colectiva no es entonces un derecho
exclusivo de las asociaciones sindicales.
¿Qué debo tener en cuenta como empresa ante
esta decisión?
Es importante que las empresas se aseguren que
todo el procedimiento surtido ante presentaciones
de pliegos por parte de trabajadores no
sindicalizados cumpla a cabalidad con las
normas laborales, y así mitigar cualquier tipo de
cuestionamientos por parte del Ministerio del
Trabajo.
Finalmente, con la decisión tomada por la Corte
Constitucional, el Congreso de la República mal
haría en apartarse de la misma y por lo tanto es
decisiva para la nueva Reforma Laboral.
Contenido desarrollado por:
Daniela
Silva
Asociada
D
Revista Dos:Puntos - Septiembre
25

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